Durante la reunión los representantes de los diferentes estamentos de trabajadores activos y jubilados plantearon su preocupación por la reforma que impulsa el gobierno de Rogelio Frigerio, ante lo cual los legisladores se comprometieron su oposición a cualquier proyecto que vulnere los derechos de los trabajadores activos o de los jubilados.En el mismo sentido, los legisladores indicaron que hasta el momento no conocen el contenido del proyecto y que tampoco obtuvieron respuesta a los pedidos de información formulados al respecto. Igualmente se indicó que la reforma previsional forma parte de la agenda del oficialismo mientras que para los bloques opositores la agenda urgente tiene otros componentes, como es la situación alimentaria o la crisis de salud mental que afecta a miles de entrerrianos y entrerrianas. La reunión con los gremios fue encabezada por los presidentes de los bloques opositores: Laura Stratta en la Cámara de Diputados y Marcelo Berthet en el Senado. Participaron también las legisladoras Silvia Moreno, Andrea Zoff, Silvina Deccó, Lorena Arrozogary y Claudia Silva; y los legisladores Sergio Castrillón, Yari Seiler, José María Kramer, Enrique Cresto y Juan Diego Conti.

El Gobierno de Entre Ríos respondió formalmente el pedido de informes presentado por senadores del bloque Justicialista vinculado al financiamiento y la situación previsional de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia.La respuesta fue elaborada aún antes de que el requerimiento adquiera estado parlamentario, luego de que el pedido fuera difundido públicamente.En ese marco, el Ejecutivo provincial brindó precisiones sobre las gestiones realizadas ante ANSES y el Estado Nacional, el estado de las auditorías previsionales, los acuerdos de financiamiento suscriptos y las acciones judiciales impulsadas por la Provincia para recuperar recursos adeudados.Entre los principales puntos informados, se destacó que durante los años 2024 y 2025 la Provincia percibió aproximadamente 74.000 millones de pesos en concepto de financiamiento previsional por parte del Estado Nacional, en el marco de convenios celebrados con ANSES.Asimismo, se informó que los ejercicios correspondientes al período 2017–2020 ya fueron auditados y que el ejercicio 2021 se encuentra actualmente en proceso de auditoría técnica.En la respuesta remitida al Senado, el Gobierno provincial sostuvo que “hasta el año 2024 no existía una sola auditoría realizada”, situación que, según se indicó, “significaba un obstáculo para efectuar cualquier reclamo o acción” vinculada al recupero de fondos previsionales adeudados por Nación.El informe también afirma que “durante años la provincia no contó con la información, las auditorías ni la decisión política necesarias para defender sus recursos previsionales”, y señala que fue la actual gestión la que impulsó “por primera vez un proceso integral de auditoría, reclamo administrativo, recupero de fondos y litigio judicial”.

También se confirmó que la Provincia mantiene en trámite una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el Estado Nacional y ANSES por el recupero de fondos previsionales adeudados, acción iniciada en abril de 2024.

“Es la primera vez en la historia que nuestra Provincia judicializa este reclamo”, señala la respuesta oficial.Además, el Gobierno provincial precisó que el monto estimado del reclamo asciende actualmente a aproximadamente 154.606 millones de pesos, sujeto a la determinación definitiva resultante de las auditorías en curso.En otro tramo del informe, el Ejecutivo sostuvo que “durante años los montos permanecieron congelados, sin reclamo”, y destacó que la actual gestión logró “no sólo reactivar los pagos, sino incrementarlos significativamente”.Por otra parte, la respuesta aclara que los acuerdos de financiamiento celebrados con Nación “no implican condicionamientos ni compromisos obligatorios de reforma previsional”, y ratifica que “la Provincia no resigna sus derechos” en el marco de las negociaciones técnicas y judiciales en desarrollo.

Finalmente, el informe sostiene que la actual gestión logró revertir un escenario de “desconexión institucional” con los organismos nacionales y avanzar en una estrategia activa de defensa del sistema previsional entrerriano.“A diferencia de lo ocurrido durante años, hoy nuestra Provincia audita, reclama, litiga y recupera fondos”, concluye la respuesta remitida a la Cámara de Senadores.

La iniciativa busca aportar claridad sobre el financiamiento del déficit previsional y el alcance de los compromisos asumidos en el marco de las negociaciones con Nación, en un contexto que requiere información precisa y previsibilidad.Entre los principales puntos, los legisladores solicitaron conocer los montos efectivamente transferidos, el estado de ejecución de los convenios firmados y el detalle de la deuda que, según los cálculos provinciales, mantiene el Estado Nacional con Entre Ríos.

Asimismo, el pedido pone el foco en el convenio suscripto en octubre de 2025 con ANSES, requiriendo información sobre sus condiciones, su implementación y su posible impacto sobre el reclamo judicial que la provincia sostiene por el cobro de fondos previsionales.

Otro de los aspectos relevantes es la consulta sobre eventuales condicionamientos en el envío de recursos nacionales, particularmente en relación con posibles modificaciones del sistema previsional provincial. En ese sentido, se solicita precisar si existen exigencias vinculadas a cambios en la edad jubilatoria, la fórmula de cálculo de haberes o el esquema de aportes.

Los senadores también requirieron detalles sobre el avance de las auditorías que deben determinar el monto definitivo del déficit y la deuda, así como la proyección financiera de la Caja de Jubilaciones a mediano y largo plazo.

Finalmente, el pedido incluye información sobre las gestiones y reuniones mantenidas con funcionarios nacionales, con el objetivo de garantizar transparencia institucional en un tema clave para la provincia. 

Uno de los puntos más críticos que planteó es el déficit de la Caja de Jubilaciones, estimado en unos 430.000 millones de pesos anuales. Para dimensionarlo, señaló que ese rojo equivale al gasto total en energía eléctrica de todos los entrerrianos, y que sin ese desequilibrio el Estado podría incluso cubrir ese servicio.Colello afirmó que las medidas adoptadas desde el inicio de la gestión permitieron reducir en un 40% el déficit proyectado. Entre ellas, mencionó el incremento de aportes y una revisión de datos que detectó irregularidades en el sistema previsional.

Según explicó, esos recursos fueron redireccionados a obra pública, con intervenciones en rutas, hospitales y escuelas. En ese sentido, indicó que cerca del 40% de la red vial provincial presenta trabajos de mantenimiento o mejora.

Sobre la situación heredada, fue contundente: aseguró que al asumir no había reservas disponibles, lo que obligó a gestionar fondos para cumplir compromisos inmediatos como el pago de aguinaldos. También mencionó deudas en dólares y un cuadro financiero deteriorado.Pese a las limitaciones, destacó avances en infraestructura, la ejecución de obras en hospitales y escuelas, y la planificación de nuevas licitaciones viales estratégicas. Además, subrayó el impulso a inversiones privadas por unos 300.000 millones de pesos, con impacto en la generación de empleo.En materia energética, sostuvo que la provincia logró mejorar su posición tarifaria y que las utilidades se están reinvirtiendo en obras.Respecto a la relación con Nación, planteó una postura de acompañamiento y señaló la necesidad de una reforma impositiva integral. En el plano salarial, reconoció que los docentes deberían percibir mejores ingresos, aunque afirmó que no perdieron frente a la inflación.

Finalmente, remarcó que el foco está puesto en la gestión y no en el calendario electoral. “El desafío es administrar bien el dinero”, sintetizó, en un contexto donde los recursos escasean y las demandas continúan en aumento.

El anteproyecto de reforma no se mandó a los sindicatos y legisladores como se prometió. El gobierno volvió a difundir los “lineamientos” del texto que habría elaborado y que se mantiene bajo secreto.

Según dijeron fuentes legislativas a esta Agencia, el punteo “es poco claro” y precisaron: “Quieren ver qué repercusiones tiene”.

Desde los sindicatos, comentaron que evaluarán “el punteo” y la semana próxima darán a conocer una posición sobre los aspectos que el gobierno quiere poner en discusión.

Qué dice el EjecutivoSegún el gobierno, la propuesta “fue elaborada a partir de estudios técnicos y busca preservar el sistema previsional provincial, asegurando su equilibrio financiero sin afectar derechos adquiridos”.En ese sentido, el documento establece expresamente que las disposiciones de la reforma no modificarán la situación de quienes ya se encuentran jubilados o pensionados, garantizando el respeto de los beneficios otorgados y de las situaciones previsionales vigentes.Entre los principales lineamientos del proyecto se destacan el sostenimiento del 82% móvil sobre el haber bruto para el cálculo del haber inicial, tomando como base la historia laboral real de los trabajadores.Respecto a los regímenes especiales vigentes, se propone la continuidad de su aplicación para actividades con características particulares como docentes, personal de salud expuesto a riesgos y trabajadores con discapacidad.También se propone un esquema de movilidad previsional basado en índices que reflejen la evolución salarial de los trabajadores en actividad y permitan acompañar las variaciones sectoriales.A su vez, se incluye la armonización de pensiones por fallecimiento, invalidez y edad avanzada con parámetros de los sistemas previsionales nacionales y provinciales vigentes y la incorporación de herramientas de financiamiento del sistema, que podrán incluir aportes solidarios temporales cuando existan desequilibrios financieros que comprometan la sustentabilidad del régimen previsional.Asimismo, se impulsa una actualización gradual de la edad jubilatoria y de los años de aportes, en un esquema progresivo que comenzará a aplicarse cinco años después de la sanción de la ley. Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el objetivo de esta instancia es abrir un proceso de diálogo institucional con legisladores, gremios y sectores involucrados, para enriquecer la propuesta antes de su envío formal a la Legislatura. El borrador del proyecto continuará siendo analizado en las próximas semanas con el objetivo de incorporar aportes y construir consensos que permitan avanzar en una reforma que garantice la sustentabilidad del sistema previsional de Entre Ríos. 

Bagnat señaló que el sistema actual presenta distorsiones que se fueron acumulando durante años y que hoy generan un fuerte desequilibrio. En Entre Ríos, explicó, el cálculo del haber inicial se realiza sobre el salario bruto del trabajador, lo que provoca que la jubilación inicial sea muy similar al ingreso que percibía como activo.

Con el paso del tiempo y las actualizaciones salariales, ese monto incluso puede superar al salario de quienes aún están trabajando. “Hoy el promedio de jubilaciones que paga la Caja ronda el millón y medio de pesos, mientras que el promedio de los activos está cerca de un millón doscientos mil”, detalló.

Cambios en la movilidad jubilatoriaUno de los ejes de la reforma apunta a modificar el sistema de movilidad, es decir, la forma en que se actualizan los haberes de los jubilados.Actualmente, explicó Bagnat, la legislación provincial incorpora múltiples variables vinculadas a aumentos y adicionales que se otorgan en distintos organismos del Estado. Esto obliga a trasladar esos incrementos a los jubilados aunque no hayan aportado sobre esos conceptos.“Tenemos más de 80 escalafones dentro del Estado provincial y cada uno puede generar adicionales que terminan impactando en el sistema previsional. Eso provoca una movilidad que en algunos casos llega al 110%, algo que hoy el sistema no resiste”, advirtió.La propuesta es avanzar hacia un índice que acompañe la evolución del salario de los trabajadores activos, pero que evite esas distorsiones.

Regímenes especiales y años de aporteOtro punto central del debate son los regímenes especiales, que permiten jubilarse a edades más tempranas en determinadas actividades.El titular de la Caja aclaró que no se modificarán las edades previstas en esos regímenes, pero sí se buscará garantizar que todos los beneficiarios completen al menos 30 años de aportes.Actualmente el promedio de aportes en el sistema provincial ronda los 26 años. La reforma apunta a elevar ese número para fortalecer el financiamiento del régimen.Según explicó Bagnat, quienes se jubilen por regímenes especiales podrán hacerlo cuando cumplan los requisitos de edad, pero deberán seguir aportando hasta alcanzar el tiempo de aportes exigido por el sistema.

Auditorías y control de beneficiosEl funcionario también destacó que en los últimos meses se realizaron auditorías sobre distintos beneficios previsionales.Entre las medidas adoptadas se revisaron pensiones por viudez que continuaban pagándose aun cuando la persona había vuelto a formar pareja, lo que implicaba perder el derecho al beneficio según la legislación vigente.También se analizaron los llamados matrimonios “in extremis”, celebrados poco antes del fallecimiento de un beneficiario. En esos casos se verifican las condiciones de convivencia real para determinar si corresponde otorgar la pensión. Además, se controlaron incompatibilidades de personas que percibían jubilación mientras ejercían cargos en la administración pública.

Reclamo de fondos a la NaciónBagnat indicó que otra parte clave del equilibrio del sistema depende de los recursos que la Nación debe transferir a la provincia.Según explicó, se avanzó en auditorías que permitirían reclamar el pago de una deuda acumulada y regularizar las transferencias mensuales que corresponden al sistema entrerriano.

“Defender el 82% móvil”El presidente de la Caja insistió en que ninguna reforma afectará los derechos adquiridos de quienes ya están jubilados.

“Lo que buscamos es garantizar que los 120 mil trabajadores estatales que hoy están activos puedan jubilarse en el futuro y que el sistema siga pagando el 82% móvil”, remarcó.Para Bagnat, el debate que se abre ahora con gremios, legisladores y distintos sectores apunta a actualizar una ley que lleva décadas sin modificaciones.“Si no hacemos ajustes ahora, dentro de algunos años el sistema podría entrar en crisis. Por eso buscamos reformas consensuadas que permitan sostener uno de los mejores regímenes previsionales del país”, concluyó. 

“El equilibrio de la Caja debe lograrse con una mirada integral sobre su financiamiento: recuperando deuda histórica de Nación, auditando distorsiones internas, asegurando que cualquier cambio sea gradual y equitativo, y preservando los derechos adquiridos de los docentes, la policía, los trabajadores de la salud y de quienes sostienen al Estado con su trabajo diario”.El legislador justicialista remarcó la necesidad de contextualizar con precisión la situación financiera provincial antes de avanzar en cualquier análisis o solución.“Algo hay que hacer con el déficit previsional, en eso coincidimos todos. Pero primero debemos contextualizar con precisión por qué ya no hay margen para atenderlo como antes”, señaló Sanzberro.

En ese sentido, advirtió que “la situación actual de la Caja no se origina exclusivamente en decisiones provinciales. El déficit previsional se agravó con el desfinanciamiento brutal al que el gobierno nacional somete a la provincia y la deja en modo de supervivencia financiera”.

“Las políticas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei —y que la gestión provincial acompaña— eliminaron asignaciones no automáticas, redujeron drásticamente la coparticipación real por la recesión inducida y mataron la recaudación provincial. El desempleo formal derrumba el consumo, las ventas y los ingresos fiscales. Eso explica la urgencia desesperada con la que se impulsa esta reforma: es reacción forzada a un combo que nos asfixia desde Nación”, agregó el senador.

Sin embargo, enfatizó que “esa falta de margen no puede justificar que el costo del ajuste recaiga principalmente sobre trabajadores y jubilados”.El senador victoriense cuestionó además prácticas que debilitan el financiamiento de la Caja: “El Estado provincial tampoco puede desfinanciar el sistema. No es coherente otorgar aumentos salariales no remunerativos -como los decretados recientemente-, que no generan aportes jubilatorios y profundizan el desequilibrio”.

Finalmente, Sanzberro subrayó que una reforma de esta envergadura requiere “diagnóstico serio, debate institucional amplio y consenso social genuino”.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos oficializó la actualización del monto mínimo inembargable para sus beneficiarios. La decisión, tomada por el Directorio del organismo mediante la Resolución, publicada en el Boletín Oficial Nº28.285, responde a la necesidad de ajustar los valores vigentes tras los aumentos otorgados a los haberes del sector pasivo.Según los considerandos de la normativa, esta actualización se fundamenta en la Ley Nº 10.162 y en el Artículo 24º de la Constitución Provincial. El objetivo central es "asegurar a los beneficiarios del Organismo un ingreso mínimo efectivo", entendiendo que la protección del haber tiene como fin último "asegurar el derecho de alimentación".El Directorio, presidido por Gastón Bagnat, justificó el ajuste señalando que, ante la evolución de los haberes desde la normativa anterior, resultaba indispensable una nueva adecuación para no desvirtuar el espíritu de la ley.En su parte dispositiva, la resolución establece con precisión el nuevo valor que rige para los jubilados y pensionados entrerrianos: "Dispone la actualización del monto mínimo inembargable de haberes previsionales, en la suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE con 34/100 ($ 535.987,34), con vigencia a partir del mes de febrero del año 2.026".Asimismo, el documento aclara que este monto "mantendrá su vigencia hasta la próxima actualizaciones que se disponga por este Directorio" y que ya se ha asignado el "Código Nº 803 para la aplicación de la presente" a través del área informática. 

La CajaLa situación de la Caja de Jubilaciones provincial es compleja; nadie podría negarlo. El sistema previsional debe ocupar un lugar central en la agenda pública porque el debate sobre su sostenibilidad ya no admite postergaciones. La ley vigente fue concebida en una realidad muy distinta a la actual. Hoy la Caja enfrenta un desequilibrio estructural marcado por una menor relación entre trabajadores activos y beneficiarios, una mayor expectativa de vida y fuertes restricciones presupuestarias.

La relación ideal de tres aportantes por cada jubilado está lejos de alcanzarse. El deterioro progresivo de ese vínculo impacta directamente en la capacidad financiera del sistema y pone en tensión el objetivo histórico de sostener el 82% móvil.Ese es el diagnóstico. Y puede ser correcto.Lo que genera alarma es la conclusión que empieza a insinuarse: que el problema se resuelve tocando el corazón del derecho jubilatorio.

El 82% móvil no es un privilegio ni una anomalía del sistema. Mucho menos lo es el 85% móvil, otro derecho adquirido del que casi no se habla. Son conquistas históricas que expresan una idea simple: quien trabajó toda su vida merece jubilarse con dignidad. Y la dignidad no puede redefinirse cada vez que las cuentas públicas atraviesan tensiones.Cambiar la forma de cálculo, desenganchar los haberes jubilatorios de los salarios activos, postergar edades o relativizar porcentajes no es simplemente “ordenar” el sistema. Es decirle al jubilado que la promesa que sostuvo durante décadas ahora será reinterpretada. Y eso, más allá del lenguaje técnico, es una decisión política.

El riesgo de vaciar sin decirloExiste una estrategia conocida: no eliminar un derecho, sino vaciarlo progresivamente. Mantener el nombre, pero alterar el contenido. Decir que se “garantiza” el 82% móvil mientras se lo convierte en una fórmula cada vez más distante del salario real.

Ese camino puede resultar eficaz en términos comunicacionales, pero es profundamente injusto. Porque el jubilado no discute planillas Excel; discute su posibilidad de pagar medicamentos, sostener su vivienda y vivir con autonomía.

La técnica no es neutralSe insiste en que se trata de una discusión técnica. No lo es. La técnica siempre responde a valores. Y cuando esos valores no se explicitan, se esconden detrás de porcentajes y proyecciones.

Hablar de sustentabilidad no implica, en sí mismo, hablar de ajuste. Implica garantizar que quienes hoy perciben un haber continúen cobrando en tiempo y forma, y que quienes están en actividad puedan jubilarse mañana con los mismos derechos. Pero también supone revisar inequidades, regímenes diferenciales y asimetrías que, de no corregirse, comprometen la viabilidad del conjunto.La discusión, por lo tanto, no puede reducirse a consignas simplificadas. El verdadero desafío es encontrar un equilibrio entre responsabilidad fiscal y justicia previsional. Sin previsibilidad, sin reglas claras y sin ampliar la base de aportantes, cualquier esquema queda expuesto a crisis recurrentes. Pero ajustar siempre sobre quienes ya no tienen margen para recomponer ingresos no es equilibrio: es regresión.

El silencio también decideEn este contexto, la ausencia de una palabra clara del gobernador no es menor. Gobernar también es asumir los costos políticos, no limitarse a utilizar redes sociales o canales indirectos para instalar temas o generar clima. Delegar decisiones sensibles y reservarse la prudencia no fortalece el debate; lo debilita.El sistema previsional no es una oficina más del Estado. Es un pacto entre generaciones. Romperlo —o licuarlo silenciosamente— deja una marca profunda que no se corrige con discursos posteriores.

Sustentar sin empobrecerDefender el 82% móvil no significa negar la realidad ni oponerse a toda reforma. Significa poner un límite. Existen otras herramientas: ampliar recursos, revisar exenciones, combatir la evasión, discutir aportes extraordinarios si fuera necesario. Ajustar siempre sobre los mismos no es valentía fiscal; es comodidad política.

Entre Ríos puede y debe dar un debate serio y maduro. Pero ese debate debe partir de una premisa clara: la sustentabilidad no puede lograrse a costa de la dignidad.El 82% móvil no es un número heredado del pasado. Es una definición sobre qué tipo de provincia queremos ser. Y esas decisiones, tarde o temprano, nos terminan definiendo.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Bagnat afirmó que “venimos hace dos años haciendo docencia con el tema previsional porque había que explicarle muchas cosas a la sociedad para que vaya entendiendo en qué punto estamos y qué medidas son necesarias tomar. Creo que el gobernador Frigerio en eso ha sido un pionero, en tomar medidas realmente, no solo anunciarlas sino tomarlas, y en ese mismo contexto venimos trabajando hace muchos meses. Ya en la etapa que viene, que es una etapa de muy largo plazo que excede a la gestión, pero que considera el gobernador que es uno de sus objetivos dejar un sistema sustentable a largo plazo. Así que, en ese marco, y coincidiendo un poco con la lectura que hacen todos los actores involucrados en el sistema político estatal, se está llevando a cabo de esa manera, consultando, dialogando, aclarando y profundizando en determinados temas. Lo vengo haciendo yo con todos los sindicatos, la parte política viene interiorizándose absolutamente de todo, y creo que es el marco en el cual se va a dar, no en un marco de urgencia ni de emergencia, sino que en un marco realmente de reforma profunda para que el sistema pueda ser sostenible a largo plazo. Así que, todas esas explicaciones que veníamos dando, explicando qué fue lo que pasó, qué se recibió, por qué los sistemas después de 30 años entran en un desgaste muy acelerado, el desafío que tiene el Estado, la cantidad de gente en activos que se tienen que jubilar y que el sistema los tiene que poder recibir”.

En tal sentido, planteó que “ese fue el primer gran desafío que tuvimos, porque hay un montón de gente que, a la situación recibida ya preocupante, había que agregarle más peso, más presión, y por todo lo que se hizo en el 2024, todas esas medidas que se tomaron, pudimos pasar un 2025 bastante estabilizados, afrontando esos desafíos, recibiéndolos, y sin que eso repercutiera en un agravamiento sustancial de la situación. Obviamente que no alcanza para seguir, hay que adelantarse al desgaste de los próximos años, hay que hacerlo de manera consensuada y de manera muy seria y ese es el proceso en el cual estamos inmersos.  Me excede manejar los tiempos y decir si va a ser ahora, dentro de 10 días, dentro de un mes, dentro de dos meses, pero sí estamos fuertemente trabajando y reuniéndonos mucho para llegar a ese punto”.

Respecto de la preocupación por el 82% móvil, indicó que “es uno de los temas en que también estamos haciendo docencia en este momento, porque el sistema nuestro, la ley nuestra, nos lleva mucho más arriba de ese 82. O sea, cuando vamos a la hora de los números, después de muchos años, ese 82 sobre el bruto es la base, pero sigue habiendo paritarias y ajustes por adicionales que siguen pasando en activos, y la ley exige que se los traslades a pasivos, y el pasivo al otro día ser jubilado deja de aportar, empieza a igualar y a pasar ese líquido que cobra cuando es activo”.

Ejemplificó que “si hoy alguien cobra 100 como activo, mañana se jubila, cobra 82. Al año siguiente dan 10 pesos de aumento, y sobre los 110 el trabajador activo sigue pagando el aporte, 19 puntos, pero el pasivo no lo sigue pagando. Entonces, proporcionalmente empieza a crecer mucho más la jubilación que, cuando ves hoy el promedio de la jubilación contra el promedio de cuánto cobra el mismo en activo, ya la jubilación es superior al 100%”.

Aclaró que “sobre esto se está explicando, para ver cómo se distorsiona el haber, qué se puede incluir y qué no en una reforma, si podemos seguir trasladando cosas sobre las cuales no aportaste. O sea, vos te jubilaste y dentro de cinco años hay un adicional nuevo que no estaba cuando vos eras activo y no aportaste sobre ese adicional, pero al adicional después te lo tengo que trasladar a vos, hay que ver si el sistema lo puede sostener o no”.

“El límite es que no nos da lo mismo que el déficit sea 40.000 millones por mes a que sea 80.000. Entonces, el límite es poder contarle a la sociedad bien cuánto es el déficit y que sea un déficit tolerable, no algo desbocado que te impide tener otras prioridades también en el gobierno, como son obra pública y montones de cosas. Entonces, ese es un poco del lado que estamos todos hoy, que estamos todos preocupados por eso y tenemos que ponernos a discutir seriamente. Por ejemplo, de 110 sistemas previsionales en las edades estamos 94 en los hombres y fuera de rango en las mujeres, ahí hay que decidir si se puede seguir sosteniendo eso, dando ese hándicap. Esos son los debates que tenemos que tener, que van a hacer que el sistema se vaya amortiguando y suavizando en el mediano y largo plazo y vaya empezando a observar toda esa cantidad de activos que hay y que se van a jubilar”, planteó.

Advirtió asimismo que “una característica muy importante de esta gestión es hacer cosas que estén bien hechas y que después no sean judicializables y llenemos de juicios al Estado, y también a una ley hay que implementarla y necesita muchísimas resoluciones. Por eso acá lo que se trata es de dar pasos sólidos, que no tengan una visión de corto plazo, de política, sino de largo plazo, y eso implica que el sistema se sostenga y sea sostenible. Entonces, creo que por ahí pasa, determinar cuáles son los principales vectores, obviamente el cálculo del haber inicial se va a defender, la movilidad posterior es otro de los vectores, las edades, las pensiones, los regímenes especiales”.

Puntualmente sobre regímenes especiales advirtió que “es muy distorsivo porque son edades muy tempranas donde la persona que tiene una expectativa de vida hoy mucho más larga deja de aportar muchísimos años antes, entonces es un tema de debate decidir cuántos años realmente el sistema necesita que uno siga aportando, más allá de que se pueda jubilar o no”. Por eso “esa cláusula que tiene la ley actual, que se ejecutó a través del decreto, de cobrarle 3% a los que ya estaban jubilados pero que no tenían la edad de la jubilación ordinaria, son cosas que por algo están pensadas para no desbalancear el sistema, para no sacarle fondos que se necesitan para poder pagar todos los meses, como se está pagando. Porque también hay que decir que, a pesar de toda la situación difícil y de la mayor cantidad de jubilados que hay, el cronograma se cumple a rajatabla, el aguinaldo se pagó en tiempo y forma, se está pagando bien, no hay reclamos. Entonces, fueron dos años difíciles, pero que sirvieron para ver lo importante”.

“Hoy creo que están todos mucho más permeables a debatir el tema de las edades, a debatir el tema de la movilidad en un Estado tan descentralizado que tenemos y que genera decenas de paritarias por fuera del escalafón general y de adicionales y de cosas que después terminan impactando en los jubilados, y están todos mucho más conscientes de que hay que ser más cautos y que cada decisión que se toma después hay que trasladarla a los jubilados y hay que poder pagarles. En ese plano de diálogo estamos hoy, que es mucho más profundo y más parejo que cuando arrancamos. Creo que es el mecanismo y la forma correcta. Creo que el gobernador, que es el que está liderando todo esto con la iniciativa, está respetando eso y lo está planteando así, y hay muchas reuniones que están sucediendo en la cual todos los que van a formar parte de esa toma de decisiones están participando y no es que se van a enterar por la prensa un día de un proyecto”, sentenció.

En este marco, el funcionario confirmó que “estamos en el proceso” de elaboración de un borrador del proyecto. “Se están terminando de consultar y de definir las cosas más importantes. Hay que ver la composición de la pirámide poblacional de activos, cuántos se van a ir jubilando de acá a tantos años, qué edades tienen, y en función de esos números, después hay que tomar la decisión de corte y decir cómo se va a hacer y la gradualidad con la que se va a hacer, todo en un marco donde el gobernador resalta de que no se afecten derechos adquiridos. Se está siendo muy respetuoso de todo eso, trabajando seriamente, no a las apuradas ni con urgencias. Sí el mismo gobernador lo dice que el 2026 es el año, con lo cual antes o después eso va a pasar”, aseveró.

Finalmente, consultado por los aumentos no remunerativos que dispone el gobierno provincial para los salarios estatales, Bagnat mencionó que “se está haciendo un trabajo muy importante y el gobierno tomó el año pasado una medida trascendental que fue eliminar todos esos contratos que antes aportaban al ANSES y que hoy aportan al sistema. Eso es sumamente importante y es un paso también definitivo a largo plazo. En cuanto a las medidas que tienen que ver con temas financieros de coyuntura, yo no participo de esa toma de decisiones porque tienen que ver con un contexto momentáneo de recursos, de recaudación y de paritaria de activos, pero sí uno levanta la mano y pide que se trate de que sea todo remunerativo. Hay situaciones momentáneas, trimestrales o semestrales de negociaciones paritarias, y donde se toma la mejor decisión en función de los números, pero uno siempre va a insistir en que sea todo remunerativo”.

“Yo tomo como un gran avance que han sido cientos de contratos que antes eran de obra, que tributaban con monotributo, que hoy aportan a la provincia, y eso es un avance. No es fácil cambiar una cultura de 30 años de trabajo en un año. Lleva tiempo y lo importante es ir dando pasos firmes y para adelante”, concluyó. (Análisis)

La atención se realizará únicamente con turno previo, que deberá gestionarse de manera online a través del sitio web oficial del organismo: www.cajajper.gov.arLas jornadas de atención se llevarán a cabo exclusivamente en casa central, ubicada en Andrés Pazos 127.Al respecto, el presidente de la Caja, Gastón Bagnat, destacó que "esta iniciativa tiene como objetivo ampliar el acceso a los servicios del organismo y dar respuesta a quienes no pueden realizar trámites durante la semana laboral".En ese sentido, remarcó que "se trata de la primera vez que la Caja implementa atención presencial los días sábados, incorporando una alternativa ordenada y planificada, siempre bajo la modalidad de turno previo", finalizó Bagnat.Desde el organismo se señaló que esta medida apunta a mejorar la calidad de atención, facilitar el acceso a los trámites y consolidar una gestión más cercana, accesible y eficiente para los entrerrianos.

El gobernador Rogelio Frigerio analizó sus primeros dos años de gestión y proyectó lo que vendrá a partir de 2026 y se mostró optimista, aunque asegura que va por más. “Yo soy muy exigente conmigo mismo y con el equipo, así que siempre quiero más. No, no estoy conforme con lo que se ha hecho aún a sabiendas de que hemos tenido un contexto muy difícil, el más difícil de la historia para nuestra provincia y para la mayoría de las provincias argentinas en términos de la caída abrupta de los ingresos –aseveró-. De hecho, hoy todavía la provincia cuenta con ingresos parecidos a los que había en la pandemia, pero con muchísimas más responsabilidades que atender”.En declaraciones a Radio Plaza 94.7, el titular del Poder Ejecutivo aceptó que, más allá del escenario adverso, “hemos logrado cumplir con lo que nos habíamos propuesto, que era ordenar el desastre y el desorden que encontramos, poner gestión, compromiso donde había desidia y poner luz donde había oscuridad. Y creo que eso sí lo hicimos. Avanzamos también en una agenda institucional muy importante, pudimos poner en marcha toda la obra pública que habíamos encontrado parada y llena de problemas y deuda. Pero falta mucho todavía, Me quedan 24 meses todavía de gestión. Tengo muchísimos proyectos y objetivos que cumplir”.En ese marco, apuntó que “en término de infraestructura hemos intervenido diez mil kilómetros de rutas y caminos, pero me faltan otros quince mil. Hemos arreglado quinientas escuelas, pero me faltan casi mil más. Pudimos arreglar un tercio de los hospitales pero todavía tengo dos tercios para esta segunda parte de la gestión, así que falta mucho por hacer, y tenemos 24 meses para seguir demostrando que este es el camino”, publicó Entre Ríos Ahora.“La gente ya entendió y lo plasmó con contundencia en las urnas: tiene claro cuál no es el camino, a donde no hay que volver nunca más, que es la política populista, demagógica. Bueno, nosotros tenemos la responsabilidad de demostrar que el camino es este que estamos llevando adelante, es el camino que finalmente le va a solucionar los problemas a la gente”, aseguró.-Al inicio de gestión, habló mucho de la transparencia, de la reforma política, y después el escenario económico le fijó el rumbo. 

¿Qué proyecta para 2026?-A pesar del contexto difícil, pudimos avanzar muchísimo en la agenda institucional, la reforma política, la ley de acceso a la información, los gastos reservados. Hicimos muchísimo en términos de control. Terminamos con los ingresos al Estado por ser amigo del político de turno. Ahora todos los ingresos a la planta permanente se hacen solamente por necesidad y a través de un concurso público abierto y transparente. Terminamos con los parientes, los amigos, y los militantes del poder entrando por la ventana al Estado. Para esta segunda parte del gobierno tenemos que acelerar todo ese proceso de reformas importantes. Tenemos esa agenda de infraestructura pendiente, que implica intervenir al 100% las rutas provinciales. Estoy convencido que lo vamos a poder hacer. Y también avanzar en reformas importantes. Por ejemplo, empezar a achicar año a año el déficit enorme que tenemos con la Caja de Jubilaciones, que bancan un millón y medio de entrerrianos, aunque son una minoría los que se benefician con la Caja. Además, seguir transformando la obra social de los empleados públicos de la provincia.

-¿Se va a avanzar con la reforma en el sistema jubilatorio?-Nosotros vamos a hacer todas las reformas que tengamos que hacer para defender el 82% móvil, y para sostener nuestra Caja provincial, que estaba casi a punto de explotar cuando asumimos. Hicimos algunos cambios que no alcanzan claramente, pero son los que pudimos hacer sin ley, a través de decretos y resoluciones. Ahora, tenemos que avanzar en una reforma más profunda, en una discusión con todos los actores, los gremios, la oposición, tocando todos los temas. Todo está en discusión y en debate. No puede haber temas que no se discuta. No puede haber alguien que determine cuáles son los temas que se pueden debatir y cuáles no. No me parece que eso sea democrático. Vamos a ir con toda claridad y diciéndole la verdad a la gente. Vamos a poner sobre la mesa todos los temas, intentando llegar a un acuerdo, a un consenso que permita la sostenibilidad en el tiempo de la Caja de Jubilaciones, y por supuesto también sostener el 82%.

-¿El año 2026 será el año en el que se discuta en la Legislatura esta reforma?-Lo vamos a plantear en el próximo año. Sin duda. No vamos a patear la pelota para adelante como hicieron otros. Usted sabe que los últimos gobernadores siempre planteaban la necesidad, decían que lo iban a tratar y después, por una cosa o la otra, no se animaban a hacerlo. Bueno, nosotros llegamos acá con un mandato claro de la gente: agarrar los problemas y resolverlos, no patear la pelota para adelante, ni esconderlos abajo de la alfombra. Y vamos a cumplir con ese mandato.

-¿Está conforme con lo que se ha logrado con la nueva obra social de Entre Ríos?-Era una obra social en la que se robaba, una obra social en la cual encontramos cerca de 40 mil millones de pesos de deudas, y ordenamos básicamente todo ese desastre y nos queda muchísimo todavía por hacer, muchísimo. Mejoramos todo el tema de prótesis, las compras de medicamentos, que ya no son las más caras del país, como pasaba antes. Todavía falta mucho.

-En 2026 se viene la discusión paritaria salarial con los gremios.-Es una demanda que se viene planteando desde hace años, décadas, me animaría a decir. Nosotros, en dos años muy complejos, probablemente los más difíciles de los últimos 40 años en términos de ingresos para el Estado, con enorme esfuerzo sostuvimos el poder de compra del salario público, cosa que no ocurrió en el sector privado, y esto claramente también hay que decirlo. Y lo vamos a seguir haciendo a ese esfuerzo para que el salario no pierda poder de compra, y si la cosa mejora, si la recaudación mejora, si mejora la situación macroeconómica, seguramente también nos vamos a poder plantear algo que se debe de hace muchísimos años, que es una mejora. Es decir, no solo sostener el poder de compra, sino mejorarlo, y por supuesto que eso, si los recursos están, se va a poner como una prioridad.

-¿Imagina un 2026 con mejores perspectivas en materia económica?-Sí, yo creo que sí, yo creo que vamos a poder ver una recuperación de la economía, de la mano de la recuperación del crédito también. Apostamos a eso, apostamos a que las reformas que está intentando llevar adelante el Gobierno nacional tengan un impacto positivo en el mercado. Ojalá podamos recuperar la economía, el crecimiento, el consumo, el empleo, para todos los argentinos, y también, por supuesto, para que el Estado cuente con más recursos para hacer las cosas que todavía adeudamos a la sociedad.

-¿Y cómo analiza la discusión del Presupuesto en el Congreso y el revés que tuvo el Gobierno nacional?-La verdad que no tengo muchos elementos. No he tenido comunicación con el Gobierno nacional sobre ese tema. No sabía que había un tema que tenía algún riesgo de no salir. La verdad que me estoy interiorizando en estos momentos de lo que pasó en la sesión, con la pandemia, con lo que pasó en la sesión, como a través de los medios. No sé dónde estuvo el problema.

-Agmer, el sindicato más importante de la docencia entrerriana, viene planteando que hay una política de ajuste en educación, ¿qué le responde el Gobernador?-Me cuesta responder el eslogan político. Si hay un debate y hay una idea y hay algo más que un eslogan, estoy dispuesto a discutirlo, a debatirlo, por supuesto, como lo hago siempre. Los he recibido de infinidad de veces. Ellos mismos reconocen que ningún gobernador los ha recibido tantas veces. Para mí, la educación es una prioridad en serio. Intentamos mejorar la situación. De hecho, hemos firmado una paritaria que no se había hecho nunca en la historia, que es una paritaria para todo el año, donde no solo garantizamos  que no pierda poder de compra el salario docente frente a la inflación, sino que empezamos lentamente a mejorar la pirámide salarial docente, que se había achatado mucho. La verdad que no sé a qué se refieren, pero estamos lejos de un ajuste. Pretendemos poner finalmente a la educación en el lugar que se merece, que es el más importante en toda la función de un Estado.

-Gobernador, está transitando la segunda parte de su mandato. ¿Imagina su futuro después de 2027?-No, no, no. La verdad que no tengo capacidad de pensar tan a largo plazo. Tengo muchos problemas en el corto plazo, muchas tareas por delante, no se me ocurre pensar en mi situación personal en el 2027. Está lejos de ser una prioridad para mí, y no debería serlo además. No pienso la política en esos términos. No necesito eternizarme en el poder. Quiero concentrarme en estos próximos 24 meses en tratar de cumplir la mayor parte de los objetivos que nos trazamos cuando iniciamos este desafío de transformar la provincia. 

Gastón Bagnat, presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, avisó con firmeza sobre la necesidad de una reforma previsional en la provincia. En diálogo con el programa “Despertá Con Nosotros” de Oíd Mortales Radio, el funcionario señaló que 2026 será “un año clave” para avanzar en los planes del gobierno de Rogelio Frigerio, cuyo objetivo central es dotar de sustentabilidad al sistema jubilatorio provincial.“La ley actual nos tiene encorsetados; es difícil seguir lijando el déficit, por más que hemos mejorado muchísimo. Empieza otra etapa, saber que se va a seguir desgastando el sistema y que hay que hacerlo sustentable a largo plazo”, remarcó Bagnat, al tiempo que enfatizó la intención de la gestión de “dejar cosas a largo plazo que trasciendan a nuestra gestión”.

El déficit gigante y la edad jubilatoriaEl titular de la Caja expuso la crítica situación financiera del organismo, detallando que la diferencia entre aportes y pagos (el déficit) es de 30.000 millones de pesos mensuales. “Es un número gigante”, admitió, aunque destacó que representa la mitad del déficit que hubieran alcanzado si no se hubieran tomado medidas previas.Bagnat confirmó que uno de los puntos a debatir es la edad jubilatoria, aunque no explicitó los nuevos parámetros. “Estamos con un promedio muy bajo con respecto a la Nación, y encima la Nación está planteando subirla. Estamos lejos. Es un debate que tenemos que dar con sentido común”, insinuó.

Las medidas ya adoptadasAntes de encarar la reforma de fondo, Bagnat repasó las medidas implementadas hasta el momento para controlar el gasto y optimizar el ingreso de recursos: Aporte Diferido: Quienes se jubilan antes de la edad ordinaria continúan aportando hasta alcanzarla.Regímenes Especiales: Si un agente tiene múltiples cargos, cobra el beneficio del régimen especial (si corresponde) recién al alcanzar la edad de jubilación ordinaria para ese cargo.

Aumento de Aportes: Suba de tres puntos de aporte a todos los activos.Control del Gasto: Auditorías y cruces de datos para detectar incompatibilidades, deudas y beneficios que perdieron su derecho.Gestión con ANSES: Gestiones para la obtención de los fondos correspondientes, siendo la única provincia que firmó el anticipo por dos años y está en proceso de auditoría para el control de stock de deuda. Blanqueo de Códigos: Controlar los aportes de municipios y escuelas, exigiendo que pongan en blanco todos los códigos de pago para evitar el “pago en negro” que no genera aportes.

El 82% móvil: Defensa sobre el brutoRespecto a las preocupaciones sobre una posible modificación en la forma de cálculo, Bagnat reiteró que el objetivo de la reforma no es quitar el 82% móvil, sino garantizar su continuidad.“Se hará todo lo que hay que hacer que defienda el 82% móvil sobre el bruto, como lo liquidamos nosotros, que es único creo yo en el mundo”, afirmó. Consultado sobre si estaba entre las posibles reformas cambiar el cálculo al haber neto, el funcionario fue enfático: “No, no creo, no es intención del gobernador”.No obstante, señaló que sí será necesario corregir aspectos ligados al cálculo de la ley inicial y la movilidad, en particular el impacto de los 84 escalafones descentralizados que dictan sus propios incrementos.

La ecuación activo/pasivo, en emergenciaEl titular de la Caja advirtió que la relación entre la cantidad de activos (aportantes) y pasivos (jubilados) está en un nivel crítico. Relación Óptima: 3,50 activos por cada pasivo.Relación Actual: 1,8 y pico activos por cada pasivo (menos de dos a uno).Bagnat explicó que, bajo la fórmula actual, “por cada 100 pesos que vos le echas al sistema, te devuelve 20 de déficit”. Advirtió que esta relación “va a empeorar” debido a que la política de no cubrir vacantes si no están justificadas generará cada vez menos ingresos de nuevos activos, sumado al aumento de la expectativa de vida.

La deuda histórica con bancarios y energíaFinalmente, el presidente de la Caja se refirió a un “grave error” cometido al privatizarse el banco provincial y la empresa de energía. Explicó que los empleados de estas compañías pasaron a aportar al régimen nacional (ANSES), pero sus jubilaciones siguen siendo pagadas por la Caja de Entre Ríos.“No solo rompés esa cadena en esos dos escalafones... sino que muchos de los que siguen trabajando en el banco se van a terminar jubilando por la provincia como pasó, pero esos aportes los siguieron haciendo a Nación”, lamentó. Esto, que hoy representa unos 5.000 millones de pesos en jubilaciones para la Caja sin el ingreso de aportes, es una “deuda histórica que tiene la política con el sistema previsional”, publicó El Entre Ríos.

El diputado provincial Marcelo López, representante de Concordia por Juntos por el Cambio, se refirió a la situación de la Caja de Jubilaciones y al tratamiento del Presupuesto provincial 2026, que comenzará a debatirse esta semana en la Cámara de Diputados.

López destacó la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de avanzar con una reforma previsional y afirmó que “es fundamental reconocer que el problema de la Caja no es nuevo”, recordando que ya en 2007 se hablaba del déficit estructural que hoy amenaza la sustentabilidad del sistema. “Si no se toman medidas en el corto plazo, la Caja podría quebrar y no podrá pagar jubilaciones y pensiones”, advirtió.

El legislador sostuvo que el objetivo es equilibrar las cuentas sin afectar derechos adquiridos, manteniendo el 82% móvil, pero eliminando regímenes especiales con privilegios frente al resto de los trabajadores estatales.

“Es lógico que quienes se jubilan antes o con menos años de aporte tengan una contribución mayor durante su etapa activa”, explicó.

Consultado sobre la relación con el Gobierno nacional tras la designación de Diego Santilli como ministro del Interior, López consideró que “la relación personal entre él y Frigerio puede facilitar el diálogo inicial”, aunque subrayó que “lo central será la relación institucional entre Nación y provincia”. Valoró el recambio en el gabinete nacional como una señal positiva “cuando las cosas no funcionan adecuadamente”.

En cuanto al Presupuesto 2026, adelantó que será tratado esta semana en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y lo definió como “realista y equilibrado”, con previsión de crecimiento del 14% en gastos generales y del 21% en personal.

Destacó además la posibilidad de un crédito por 300 millones de dólares destinado exclusivamente a obras públicas, lo que permitiría ejecutar proyectos por cerca de un billón de pesos el próximo año.

Finalmente, López se refirió al proyecto de una empresa aérea que operará vuelos entre Concordia y Buenos Aires, celebrando la iniciativa como “una oportunidad para potenciar el desarrollo regional”. Señaló que los vuelos, inicialmente estimados en 100 dólares, rondarán ahora los 230 mil pesos, y subrayó que el aeropuerto local “cuenta con infraestructura moderna y está listo para aprovechar esta nueva etapa de conectividad”.

Gracias al entendimiento, el gobierno no asistirá a la audiencia prevista por el tema en la Corte Suprema, donde el máximo tribunal del país iba a tomar cartas en el reclamo iniciado por la gestión de Rogelio Frigerio por $154 mil millones. Con este convenio, prácticamente un tercio de lo pedido estará arribando a Entre Ríos entre fines de 2025 y mediados de 2026.

Rodríguez Signes explicó, asimismo, que la diferencia que aún resta acordar será pautada en un nuevo convenio, luego de que se hagan las auditorías correspondientes y se certifique el monto exacto del pasivo pendiente de cobro.

“Con el acuerdo se suspendió la audiencia de conciliación. Al final del proceso si llegamos a que la nación pague lo que corresponde se termina el juicio y se desiste de las acciones, y si no nos ponemos de acuerdo se seguirá con el juicio. Los términos del convenio que logró el gobernador son coincidentes con los de la demanda, entonces implica un cierto grado de conformidad por parte de Anses de lo que nosotros demandamos.

Después implica que vamos a recibir 48 mil millones en el término de ocho meses y en tercer lugar que, en vez de continuar con un juicio que quizás es largo, vamos por un camino abreviado, son renunciar a ningún derecho”, explicó el fiscal.

Es la primera vez que la provincia plantea recursos judiciales ante el desfinanciamiento nacional. Esta vez, se echó mano de tres recursos judiciales: una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), y una medida cautelar por los fondos de Anses; y una acción de inconstitucionalidad por los recursos de Salto Grande.

Que no se innove el DNULa medida cautelar se presentó por para que no se innove “el art. 18 del Decreto de Necesidad y Urgencia que estipula textualmente: “Establécese que los artículos 81, 92, 93 y 94 de la Ley N° 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2023, no se encuentran comprendidos en la prórroga dispuesta por artículo 1º del Decreto Nº 88/23”.“Dicho artículo, inserto en una norma más amplia cuyo emisor ha calificado unilateralmente como de ‘necesidad y urgencia’ (cuestión que será materia de discusión por su evidente inconstitucionalidad e improcedencia formal y material en la instancia y ante el fuero correspondiente) exhibe la inescrupulosa y también voluntaria y deliberada decisión del P.E.N. de evadir la ejecución presupuestaria prevista en los arts. 92, 93 y 94 de la ley 27.701 para 2023, que fuera prorrogada para el ejercicio 2024 por Decreto 88/23”.“Las provincias acreedoras como Entre Ríos, que venían percibiendo injustamente montos mínimos en relación al total que deben recibir (circunstancia que motivará próximamente la interposición de demanda ordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación), quedan ahora privadas al 100 % de los recursos indispensables para afrontar el pago de las jubilaciones y pensiones de los empleados públicos de su jurisdicción (se eliminan los recursos presupuestarios destinados a ello y sus respectivas transferencias)”, se planteó en el recurso judicial.En concreto, en la cautelar se pidió que “se ordene al Estado nacional que se abstenga de aplicar el art. 18 del DNU 280/24 (B.O. 27/03/2024) y/o cualquier otra norma reglamentaria o complementaria, sea a consecuencia y/o como correlato directo del acto referido, y proceda en forma urgente al restablecimiento del circuito de pago y desembolso mensual, actualizado y automático de los anticipos correspondientes al financiamiento de la caja previsional no transferida entrerriana, conforme los parámetros establecidos en el Consenso Fiscal 2017, la ley nacional 27.260 y demás normativa aplicable y ut supra detallada”.

Demanda por $154.606.298.614,49Además del recurso judicial para que no se innove el Artículo 18 del DNU, la provincia de Entre Ríos presentó una demanda de cobro ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)  por “el incumplimiento del Régimen de Asistencia Financiera de Déficits del Sistema Previsional. Plantean inconstitucionalidad del decreto nº 280/2024”.El dinero que reclama Entre Ríos “asciende estimativamente a la suma total de pesos Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Seis Millones Doscientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Catorce con 49 centavos ($ 154.606.298.614,49), conforme cálculo efectuado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos”.Entre Ríos peticionó a la CSJN que se declare competente para resolver el conflicto; que “ordene librar oficio a la Procuración del Tesoro de la Nación, con copia de la presente demanda, y oportunamente se dé traslado de ella al Estado Nacional, como también de la documentación agregada, eximiéndose de la remisión de copias de dicha documentación, en atención a su magnitud”; “que dicte sentencia haciendo lugar íntegramente a la demanda, condenando al Estado Nacional” el pago de la suma reclamada y que efectúe en tiempo y forma simulaciones y auditorías.  “Hasta el mes de diciembre 2023, a consecuencia del mencionado incumplimiento, la Provincia de Entre Ríos, venía percibiendo anticipos provisorios en base al déficit provisorio determinado para el año 2019 y no con relación al año anterior, los cuales, desde el mes de enero 2024, se suspendieron abrupta y completamente”, se remarcó en la demanda provincial.Más adelante se marcó que “no existió compromiso alguno asumido por la Anses para financiar el déficit previsional provincial por el valor definitivo correspondiente al Ejercicio 2019, ni por los años subsiguientes (2020, 2021, 2022 y 2023)”.“La obligación nacional de actualizar los anticipos y déficits anuales que deben recibir las Provincias no encuentra consagración normativa originaria en la ley de presupuesto 2023. El inobjetable derecho de las unidades endonacionales a recibir dichos fondos de manera ‘actualizada’ responde a una lógica y razonable derivación del principio de igualdad financiera consagrado en el Pacto Fiscal 2017 y demás normas inferiores dictadas en consecuencia”, se aclaró.En la demanda se plantearon “las indiscutibles obligaciones del Estado nacional en relación al financiamiento continuo, actualizado y automático mediante anticipos y determinaciones (provisorias o definitivas) que debe proveer a los sistemas previsionales provinciales cuyas cajas no fueron transferidas a la Nación, se vean absolutamente desnaturalizadas y carentes de efectividad presupuestaria y fáctica. Las provincias acreedoras como Entre Ríos, que venían percibiendo injustamente montos parciales y desactualizados, quedaron ahora privadas al 100 % de los recursos indispensables para afrontar el pago de las jubilaciones y pensiones de los empleados públicos de su jurisdicción (se eliminaron los  recursos presupuestarios destinados a ello y sus respectivas transferencias). Con este infundado DNU, el deudor agrava sustancialmente el conflicto previsional de público y notorio conocimiento general, profundizando el incumplimiento consumado, ya que desde el 27 de marzo del corriente el Estado Nacional pretende socavar aún más los tesoros provinciales que ahora deben afrontar en su totalidad el financiamiento de su propio sistema previsional, en claro incumplimiento del conjunto normativo de jerarquía superior que consagra con máxima claridad los compromisos que oportunamente asumió (que exigen correlativamente, la previsión presupuestaria para su satisfacción y su efectivo desembolso mensual actualizado)”.

Acción de inconstitucionalidad por los fondos de la represaEn paralelo a los reclamos que presentó la provincia por los fondos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones; se planteó una acción de inconstitucionalidad por las remesas que Nación devuelve por la energía que produce la Represa de Salto Grande.  El recurso judicial ante la Corte Suprema refiere a una “ruptura del sinalagma contractual del pacto intrafederal, y solicita la fijación de un nuevo sistema de remuneración de la central hidroeléctrica salto grande para restablecer su sentido reparatorio y una indemnización por los daños y perjuicios sufridos”.La provincia reclama a la Corte que declare la inconstitucionalidad de varias resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación, y reestablezca un criterio sustentable de fijación de precios de la energía de Salto Grande equiparable al esquema de precios vigente “desde la firma del Pacto Intrafederal hasta el año 2013, oportunidad en que fue afectado por la Resolución N° 95/2013 de la Secretaría de Energía de la Nación, de acuerdo a la fórmula propuesta en el acápite correspondiente del presente memorial; y restablecido el valor de la energía según los criterios planteados, se lo aplique retroactivamente a fin de determinar y recomponer los daños y perjuicios sufridos por la Provincia de Entre Ríos por los períodos no prescriptos hasta la fecha de interposición de la presente”.El recurso judicial planteado habla de los perjuicios que sufrió y sufre Entre Ríos y su población desde que el Gobierno nacional decidiera instalar la represa de Salto Grande; describió el “trasplante” de Federación; el impacto demográfico en Concordia; la inundación de 78.300 hectáreas productivas; la infraestructura de valor social y cultural bajo agua; la retención de agua estancada, contaminada, la erosión costera, entre otros aspectos.El recurso judicial muestra la variación de precios de la energía que estableció Cammesa para Salto Grande a lo largo de los últimos años.“Surge claro que actualmente se le está pagando solo una tercera parte de lo que Salto Grande cobraba en promedio desde 1998 hasta 2013, momento en que comenzó ese proceso continuo y deliberado de apropiación de los excedentes de Salto Grande”. A la baja del precio del despacho de Salto Grande le siguió, lógica e inevitablemente, una importante reducción de los excedentes que le corresponden a las provincias damnificadas”.“Los ingresos totales desde 2010 hasta la fecha por la operación de la Central Hidroeléctrica resultaron de USD 1141 millones. No obstante, a partir de la Resolución SEN N° 95/2013 y sus posteriores modificatorias, que establecieron una remuneración fija actualizable trimestralmente de las hidroeléctricas binacionales por fuera del régimen de remuneración al precio spot del mercado (de unos 33 USD/MWh), provocó una pérdida de remuneración por producción de la central Salto Grande de más de USD 700 millones en el período”.En el petitorio que hizo la provincia, se solicita a la Corte que ordene una pericia ambiental, una contable, una socioambiental, una pericia técnica interdisciplinaria, se propone un consultor técnico y la producción de testimoniales.(I:Análisis)

A través de una publicación en sus redes sociales, el ex funcionario nacional manifestó: “Por el DECRETO Nº 1576 del 24 de junio de 2024 el Gobierno estableció el “INCREMENTO DE APORTES Y CONTRIBUCIONES” para los trabajadores y jubilados. El artículo 1° dispuso el incremento del TRES POR CIENTO (3%) de los Aportes Personales y de las Contribuciones Patronales sobre los haberes de todos los trabajadores activos. Luego, en el artículo 2°, se establece un aporte personal del TRES POR CIENTO (3%) para los jubilados provinciales que hayan accedido a la jubilación ordinaria especial”.“A la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos la salvaron los trabajadores y jubilados con más aportes personales (y menor ingreso de bolsillo). El gobierno entrerriano anunció que ‘redujo un 50% el déficit de la Caja de Jubilaciones’ de la provincia. Lo que no dice ni explica es quién PUSO LA PLATA para eso”, dijo Michel.Seguidamente, Michel indicó: “En criollo, el tan anunciado ‘redujimos el déficit de la Caja’ es producto de dos ingresos adicionales que genera el Decreto 1576: Un primer ingreso adicional que tiene la provincia de unos $ 3.000 millones mensuales (aproximados) que aportan los trabajadores del Estado (sin ninguna distinción de acuerdo con el nivel del salario, el 3% es el mismo que paga cualquier funcionario o los enfermeros o agentes de policía). Otro ingreso adicional de, aproximadamente, $ 3.000 millones mensuales que son mayores contribuciones del empleador (la provincia) que se ‘sacan’ de rentas generales -es decir, menos fondos para salud, seguridad, desarrollo, o cualquier otra inversión que hace el estado provincial en beneficio de los entrerrianos, y se destina a cubrir el déficit de la Caja”.“En definitiva, la plata para reducir el déficit de la CAJA DE JUBILACIONES la pusieron los trabajadores estatales y los jubilados -por la suba del aporte personal en un 3%, lo que implica un menor ingreso de bolsillo- y también todos los entrerrianos por la menor inversión en otras partidas presupuestarias (salud, seguridad, calles y rutas).Nadie está en desacuerdo en gestionar con cuentas públicas ordenadas, pero pongamos en valor quiénes hacen el esfuerzo principal para lograr ese orden: LOS TRABAJADORES Y JUBILADOS”, concluyó.

El gobernador Rogelio Frigerio anunció este jueves un avance histórico en materia previsional: “En un año salvamos la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Llevamos cinco meses consecutivos con una reducción del déficit superior al 40 por ciento y, con el acuerdo con Luz y Fuerza, consolidamos una reducción del déficit de más del 50 por ciento”.El mandatario precisó que actualmente el déficit de la Caja asciende a 20.000 millones de pesos.“Si no hubiéramos hecho todo este esfuerzo, hoy estaría en 34.000 millones. Esta diferencia es concreta, es real, y representa un alivio enorme para todos los entrerrianos”, subrayó Frigerio en una conferencia de prensa ofrecida en Casa de Gobierno, junto al presidente del organismo, Gastón Bagnat. Esto se suma al acuerdo alcanzado con el gremio de Luz y Fuerza, que restituye los aportes de los trabajadores al sistema previsional provincial. “Teníamos 40 aportantes y pagábamos más de 700 jubilaciones de empleados de Enersa. Era un absurdo. Este acuerdo corrige una distorsión histórica”, explicó. Con esta medida, el gobierno prevé consolidar una reducción de más de la mitad del déficit.El resultado, remarcó, es fruto del “esfuerzo, el compromiso y la decisión política de ordenar las cuentas públicas”, y permite garantizar la sostenibilidad del sistema, preservando el 82 por ciento móvil, un beneficio previsional que distingue a Entre Ríos del resto del país.

Transparencia y decisiones estratégicas“El déficit de la Caja fue durante años una mochila pesada para todos los entrerrianos. Hoy, gracias a decisiones responsables, estamos logrando achicarla considerablemente. Además, las cuentas de la Caja son transparentes, abiertas y están a disposición de todos los ciudadanos”, afirmó Frigerio.Un reclamo al gobierno nacionalFrigerio también hizo referencia al reclamo que la provincia mantiene ante el gobierno nacional: “Pasamos de no recibir nada a recibir unos 2.000 millones de pesos mensuales por parte de Nación, pero deberíamos estar recibiendo 9.000 millones. Ese reconocimiento, junto con una ley de reforma del sistema jubilatorio, será clave para continuar con esta recuperación y alcanzar el equilibrio”. 

El acuerdo establece un esfuerzo conjunto en el proceso de traspaso de aportes previsionales de los trabajadores en relación de dependencia de la empresa Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (Enersa) a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.Se enmarca en el proceso de saneamiento del déficit crónico de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, para lo cual una de las medidas clave es la incorporación de nuevos trabajadores jóvenes con un horizonte previsional prolongado.En ese sentido, el acta compromiso busca torcer la situación de Enersa, ejemplo claro del desequilibrio entre aportantes y pasivos, ya que actualmente la Caja abona el beneficio a 707 jubilados mientras que los aportantes activos son tan solo 44. Además del gobernador, también firmaron el convenio el secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, Guillermo Moser; y los representantes de los sindicatos de Luz y Fuerza de Entre Ríos, Sergio Menéndez; y de Concepción del Uruguay, Pablo Rodríguez.

Asimismo, Frigerio estuvo acompañado por los ministros de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; y de Hacienda, Fabián Boleas; los presidentes de Enersa, Uriel Brupbacher; y de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat; y los secretarios de Legal y Técnica, Esteban Vitor; y de Trabajo, Mariano Camoirano.Reparación "histórica"Al considerar los alcances del acuerdo, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, señaló que "se trata de una oportunidad histórica de reparación" y destacó que el Poder Ejecutivo enviará un proyecto de ley a la Legislatura para que los trabajadores de Luz y Fuerza -empleados de ENERSA- dejen de aportar a la Caja Nacional y pasen a hacerlo a la Caja de Jubilaciones de la provincia. "Esto corrige un desfasaje enorme en el déficit de la entidad", sostuvo, y añadió que en poco más de un año de gestión de este gobierno se logró "reducir en gran medida el déficit de la Caja de Jubilaciones"."La firma de este acuerdo y el envío del proyecto a la Legislatura es una medida más para fortalecer los ingresos y aportes, contribuyendo a la sustentabilidad del sistema", redondeó.Por su parte, el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, subrayó el impacto positivo de la medida: "Estimamos que esta decisión permitirá reducir el déficit y fortalecer el sistema previsional. De este modo, sumamos aportes de trabajadores con una expectativa laboral de 15 ó 20 años, que es clave para generar ingresos y mejorar la estructura financiera de la Caja".Una demanda de años. En tanto, los representantes sindicales Mosser y Menéndez coincidieron en destacar el consenso de trabajo alcanzado: "Es algo que venimos reclamando desde 2007 para que los trabajadores vuelvan a ser beneficiarios de la Caja. Por suerte encontramos eco en este gobierno, en la búsqueda de alternativas que beneficien a los trabajadores dependientes de Enersa y que también contribuyan a los aportes que recibirá la entidad". 

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, mantuvieron en Villaguay un encuentro con intendentes de toda la provincia en el que explicaron el funcionamiento de 26 nuevos puntos fijos de asesoramiento y orientación en materia previsional en distintas localidades de la provincia.“Uno de los principales objetivos del gobernador (Rogelio) Frigerio es descentralizar la gestión para estar más cerca de la gente, para mejorar el acceso y los servicios que son fruto del aporte de todos”, señaló el titular de la cartera de Gobierno y Trabajo, y explicó que para ello se viene trabajando mano a mano en cada localidad para mejorar los servicios que ofrece la entidad. “Logramos gestionar e inaugurar estos 26 nuevos puntos de atención que van a permitir a un jubilado, a una jubilada, realizar y resolver sus consultas en su ciudad, sin tener que gastar tiempo y dinero viajando a Paraná”.Por su parte, el titular de la Caja de Jubilaciones expresó: “Este es un encuentro que reafirma nuestro compromiso con los ciudadanos de Entre Ríos. La inauguración de 26 puntos fijos en la provincia no solo es un logro operativo, sino una clara demostración de que, cuando trabajamos en equipo, gobierno, ministerios y municipios, podemos acercar las soluciones a la gente. Gracias al trabajo conjunto de Rogelio Frigerio y el acompañamiento del ministro (Manuel) Troncoso, estamos facilitando el acceso a los derechos previsionales y la gestión de la jubilación”.Los 26 nuevos puntos son los siguientes: Colón, San José, Ubajay y Villa Elisa (departamento Colón); La Criolla, Los Charrúas y Puerto Yeruá (Concordia); Chajarí, Los Conquistadores, San Jaime de la Frontera y Villa del Rosario (Federación); Conscripto Bernardi y Sauce de Luna (Federal)Además: San José de Feliciano (Feliciano); Larroque (Gualeguaychú); Ibicuy y Villa Paranacito (Islas); Bovril, La Paz y Santa Elena (La Paz); Cerrito y Hernandarias (Paraná); San Salvador (departamento homónimo); Herrera (Uruguay); Nogoyá (departamento homónimo) y Villaguay (departamento homónimo).

El anuncio se realizó en Villaguay con la presencia de las autoridades de la Caja, Claudia Vallori y Alfredo Francolini; el senador de Nogoyá, Rafael Cavagna; y el intendente anfitrión, Adrián Fuertes. También estuvieron el secretario de Gobiernos Locales, Miguel Heft, y el director de Asuntos Municipales, Juan Aostri; junto a los intendentes.