“Estoy muy agradecido con esta invitación del Sindicato, el primero que accedió a esta reunión de trabajo, con una presencia multitudinaria”, resaltó además. “Me llevo muchas acotaciones y sugerencias que seguramente van a enriquecer este proceso de reglamentación”, destacó por último el presidente de la Caja.

Durante la reunión, de la que participó el secretario general José Allende junto a dirigentes, delegados y representantes de UPCN de distintos puntos de la provincia, el gremio reiteró su postura crítica sobre algunos aspectos de la reglamentación de la reforma previsional. Desde la organización señalaron que existen puntos que consideran insuficientemente definidos y advirtieron que continuarán analizando el texto con su equipo técnico para impulsar modificaciones. “Queremos una reglamentación que garantice los derechos de los trabajadores y no implique nuevos avances sobre ellos”, remarcaron.

El documento de respaldo a la reforma fue firmado por la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la Bolsa de Comercio de Entre Ríos (BCER), la Cámara de la Industria Cárnica de Entre Ríos (Cicer), la Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos (Capper), el Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), el Distrito III Entre Ríos de Federación Agraria Argentina (FAA), la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) y la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER).

Consideraron que la reforma “aborda un tema trascendente en la provincia como es el desequilibrio estructural de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos” y afirmaron que “solucionarlo es clave para sanear las finanzas públicas, mejorar la competitividad, impulsar la inversión y abrir nuevas posibilidades de desarrollo futuro”.“La magnitud del déficit previsional exige decisiones responsables, profundas y sostenidas en el tiempo, por su impacto en el conjunto de la economía provincial”, sostuvieron.“El desfinanciamiento del sistema previsional afecta a todos los entrerrianos porque absorbe recursos públicos crecientes que podrían destinarse a infraestructura, educación, salud, seguridad, reducción de la presión tributaria, promoción de la inversión y generación de empleo privado”, enfatizaron.En ese sentido, destacaron que la iniciativa reconoce la gravedad del problema, preserva los derechos adquiridos de los actuales jubilados y pensionados, y propone una transición gradual orientada a recuperar el equilibrio del sistema”.“Los fundamentos resultan consistentes con una premisa central: defender el régimen previsional no significa negar sus problemas, sino corregirlos a tiempo para garantizar su sustentabilidad”, aseveró.Luego ratificaron “la importancia de ordenar las cuentas públicas, modernizar elEstado y establecer reglas previsibles que favorezcan la producción, la inversión y el trabajo” y expresaron que “ello es clave para el desarrollo de la provincia”.“La reforma previsional responsable es una condición necesaria para construir una provincia más competitiva, con un Estado financieramente sostenible y con capacidad real de acompañar el desarrollo productivo”.Tras la media sanción, las entidades sostuvieron la necesidad de “continuar el debate legislativo con seriedad institucional, transparencia y vocación de diálogo, sin dilaciones que profundicen el problema. La provincia necesita acuerdos maduros y decisiones firmes”.“Es clave ahora que los Diputados avancen definitivamente hacia una solución estructural, equilibrada y sustentable, a la altura de la responsabilidad histórica que demanda este momento”. (APFDigital)

Las transferencias no automáticas que el Gobierno nacional giró a las provincias durante junio alcanzaron los 48.300 millones de pesos, lo que representa una caída real interanual del 87,7%, el peor registro para un mes de junio desde, al menos, 2005, según un informe elaborado por Politikon Chaco en base a datos del Presupuesto Abierto y del Indec. En ese contexto, Entre Ríos recibió 2.308 millones de pesos, ubicándose en el octavo lugar entre las jurisdicciones con mayores transferencias del mes. Sin embargo, esos recursos representaron una baja del 55,2% en términos reales respecto de junio de 2025 y equivalieron al 4,8% del total distribuido entre provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los fondos girados a la provincia estuvieron concentrados principalmente en el programa de Universalización de la Jornada Extendida, que aportó 1.773 millones de pesos. También recibió 236 millones para planificación y seguimiento de proyectos del hábitat y 170 millones correspondientes al Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional.

Sin fondos para la Caja de JubilacionesEl informe remarca además una situación que afectó a Entre Ríos y a otras provincias con sistemas previsionales no transferidos: durante junio se interrumpieron las transferencias a las cajas previsionales provinciales, con la única excepción de Corrientes.De ese modo, Entre Ríos no recibió recursos para su Caja de Jubilaciones pese a tener vigente un convenio con la Nación que prevé envíos mensuales. La misma situación alcanzó a Córdoba, La Pampa, Misiones, Santa Fe, Chubut y Neuquén.

El semestreA pesar de la caída registrada en junio, el acumulado del primer semestre muestra un escenario diferente para Entre Ríos.Entre enero y junio la provincia recibió 52.251 millones de pesos en transferencias no automáticas, equivalente al 8,2% del total distribuido, ubicándose como la tercera jurisdicción que más fondos captó, detrás de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la comparación interanual, el incremento real fue del 107,5%.La mayor parte de esos recursos correspondió a transferencias para la Caja de Jubilaciones, que totalizaron 30.000 millones de pesos durante el semestre. Además, la provincia recibió 10.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN), 9.613 millones por el programa de Universalización de la Jornada Extendida y 2.638 millones por otros rumbos.No obstante, el informe advierte que, a nivel nacional, el primer semestre cerró con una baja real del 61,8% en las transferencias no automáticas respecto del mismo período de 2025, configurando el segundo peor primer semestre desde 2005, solo por encima del registrado en 2024. (APF Digital)

En el marco del debate que se desarrolla en la Legislatura sobre la reforma de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, considero imprescindible aportar algunos datos que permitan dimensionar la magnitud del problema que enfrentamos.

Actualmente, el déficit de la Caja asciende a aproximadamente 45.000 millones de pesos mensuales. Para comprender lo que esto significa, basta una comparación: ese déficit absorbe la totalidad de la renta que generan los campos agrícolas de la provincia. Dicho de otro modo, la Caja debería ser propietaria de todos los campos agrícolas entrerrianos para poder financiar, únicamente con esa renta, el rojo que hoy registra su funcionamiento.

La provincia cuenta con alrededor de 1.800.000 hectáreas agrícolas y el valor promedio de los arrendamientos ronda los 25.000 pesos mensuales por hectárea. Aun así, semejante volumen de riqueza apenas alcanzaría para cubrir el déficit actual. Así de grande es el desafío.

Además, no estamos frente a un problema reciente ni circunstancial. Entre 2011 y 2015, el déficit de la Caja representaba el equivalente a 6,5 pesos por cada 100 pesos de recursos corrientes del Estado provincial. Entre 2021 y 2025 esa relación trepó a 9,2 pesos cada 100, y la tendencia continúa creciendo. Esto significa que cada vez más recursos que podrían destinarse a salud, educación, seguridad, infraestructura o desarrollo terminan siendo absorbidos por un sistema que requiere correcciones para garantizar su sustentabilidad.

Durante las reuniones desarrolladas en las comisiones del Senado, los gremios han expresado una oposición firme al proyecto de reforma. Han planteado cuestionamientos de distinta naturaleza: constitucionales, políticos y de oportunidad. También han sostenido, con razón desde mi punto de vista, que los trabajadores y los jubilados no son responsables de la situación actual.

Sin embargo, reconocer esa realidad no elimina la necesidad de encontrar una solución. Porque el problema existe y continúa agravándose. Cuando se plantea que el Estado debe buscar otras fuentes de financiamiento, es necesario explicar con claridad de dónde surgirán esos recursos. Los fondos que remite la Anses cubren apenas una parte del déficit.

Se han propuesto nuevos impuestos y aportes especiales para cubrir el déficit. Pero cuando el rojo de la Caja equivale a toda la renta agrícola de la provincia, resulta evidente que la dimensión del problema exige discutir algo más que nuevas fuentes de financiamiento.

La discusión de fondo nos enfrenta a una realidad que no puede ser ignorada. La matemática y la economía no responden a consignas ni a deseos; expresan límites concretos que toda política pública debe contemplar. La consigna de que "donde hay una necesidad nace un derecho" se enfrenta con la necesidad de asegurar las “efectividades conducentes" que planteaba Hipólito Yrigoyen. Este es el desafío que tenemos por delante: construir una solución responsable que preserve los derechos previsionales sin comprometer la sustentabilidad futura de la Caja ni las posibilidades de desarrollo de Entre Ríos.

Por eso tenemos la responsabilidad de continuar trabajando, escuchando todas las voces y enriqueciendo el debate para alcanzar la mejor reforma posible. No se trata de perjudicar a nadie ni de desconocer derechos adquiridos. Se trata de encontrar una solución sostenible que fortalezca la Caja de Jubilaciones y resguarde el interés de todos los entrerrianos, tanto de quienes hoy están jubilados como de quienes aspiran a estarlo mañana.

Manifestó un fuerte respaldo al proceso de reforma previsional que atraviesa Entre Ríos y sostuvo que la provincia no debe desaprovechar la oportunidad de avanzar con modificaciones estructurales.“El debate que se está dando es una oportunidad que no hay que desperdiciar. La reforma hay que hacerla”, afirmó, al tiempo que remarcó que el contexto actual reúne condiciones políticas poco frecuentes para encarar una discusión que lleva décadas postergándose.Elías, reconocido por su trayectoria en materia previsional, señaló que Entre Ríos “está llegando tarde” a este debate y recordó que participó en la elaboración de cinco proyectos de reforma desde 1997.“Hay que evitar desaprovechar la oportunidad porque es muy difícil lograr el contexto político para una reforma”, insistió.En ese sentido, destacó que actualmente existe una decisión política para avanzar en cambios de fondo. “Hay un gobernador decidido y legisladores comprometidos con esta discusión”, indicó, y valoró además el trabajo técnico desarrollado por la Caja de Jubilaciones, al considerar que se trata de un análisis “minucioso” de la situación del sistema.Durante la entrevista, recordó que el primer anteproyecto en el que participó fue presentado en diciembre de 1997, durante la segunda gestión de Jorge Pedro Busti. Posteriormente, intervino en nuevas iniciativas durante los gobiernos de Sergio Urribarri y elaboró otro anteproyecto en la gestión de Gustavo Bordet.“Si ese proyecto en parte hubiera sido aprobado, muchas de las situaciones que hoy enfrenta el sistema previsional se podrían haber evitado”, sostuvo en relación a las propuestas impulsadas hace casi tres décadas.Asimismo, trajo a colación declaraciones de Bordet en 2020 sobre la necesidad de abordar la situación de la Caja de Jubilaciones, al recordar que el entonces mandatario había planteado la importancia de no postergar más esta discusión.Elías consideró que el desafío actual es alcanzar una solución sostenible en el tiempo y, si bien planteó observaciones sobre algunos aspectos puntuales del proyecto, respaldó varios de sus ejes centrales.“Estoy convencido de que hay que elevar las edades jubilatorias y también reformar el esquema de pensiones”, afirmó.Finalmente, subrayó que el sostenimiento del sistema previsional requiere de un esfuerzo compartido y progresivo. “Todos tenemos que hacer un esfuerzo, pero quienes tienen mayor capacidad deben hacerlo en mayor medida”, concluyó.

Estuvieron presentes los ministros de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; de Gobierno, Trabajo y Educación, Manuel Troncoso; el titular de la Secretaría de Justicia, Julián Maneiro y el presidente de la Caja de Jubilaciones de la provincia, Gastón Bagnat.

Al finalizar la audiencia, Germán Carlomagno hizo saber que el Gobernador les informó sobre el proyecto de Ley de Reforma Previsional enviado al Senado Provincial y valoró el diálogo institucional entre los poderes del Estado.

Al respecto el magistrado entendió que es necesario alcanzar soluciones que aseguren la sustentabilidad del sistema previsional entrerriano, sin que puedan comprometerse derechos fundamentales ni alterar el necesario equilibrio entre los poderes del Estado.

Tras varias semanas de anuncios, reuniones y negociaciones con los gremios, el Poder Ejecutivo provincial envió este viernes 22 de mayo al Senado el proyecto de reforma del sistema previsional de Entre Ríos.La iniciativa ingresó a las 13:10 por Mesa de Entradas bajo el expediente Nº 33.794 y ahora deberá ser analizada por las comisiones de Legislación General y Presupuesto.Desde el Gobierno destacaron que varios puntos del proyecto fueron modificados luego del intercambio con los sindicatos, especialmente en lo relacionado con la edad jubilatoria y la aplicación gradual de los cambios.Uno de los ejes centrales establece que los actuales trabajadores estatales tendrán un esquema progresivo para elevar la edad de retiro hasta los 65 años. Según explicaron desde Casa de Gobierno, el proceso de transición se extenderá entre cinco y veinte años para evitar impactos inmediatos sobre quienes están próximos a jubilarse.En tanto, para quienes ingresen al Estado una vez aprobada la ley, la edad jubilatoria prevista será de 68 años.

El Ejecutivo argumentó que la reforma responde a la necesidad de garantizar la sustentabilidad del sistema previsional, teniendo en cuenta el aumento de la expectativa de vida y el fuerte deterioro financiero de la Caja.Actualmente, la relación entre trabajadores activos y jubilados es de apenas 1,9 aportantes por cada beneficiario, muy lejos del equilibrio considerado necesario para sostener el régimen. Además, señalaron que en los últimos diez años la cantidad de jubilados creció un 40%, mientras que el número de aportantes solo aumentó un 25%.Otro de los puntos incorporados tras el diálogo con los gremios fue la continuidad de la movilidad jubilatoria atada a los acuerdos salariales de la administración pública provincial. De este modo, tanto jubilados actuales como futuros mantendrán actualizaciones vinculadas a las paritarias.

Respecto de los regímenes especiales, el Gobierno aclaró que no se eliminarán beneficios ni jubilaciones anticipadas. El proyecto establece que quienes alcancen la edad prevista en esos regímenes podrán optar entre continuar trabajando o jubilarse anticipadamente, aunque deberán seguir realizando aportes hasta cumplir la edad ordinaria fijada por la ley vigente.

La iniciativa también incorpora un aporte solidario extraordinario, progresivo y transitorio para los salarios más altos. Quedarán excluidos quienes perciban menos de tres millones de pesos mensuales, por lo que la medida alcanzaría solamente al 4% de los trabajadores.Además, propone modificar el cálculo del haber inicial ampliando la base de evaluación a 240 meses, con el objetivo de reflejar de manera más equilibrada toda la trayectoria laboral y evitar distorsiones generadas por ascensos o recategorizaciones previas a la jubilación. El proyecto mantiene la garantía del 82% móvil sobre el salario bruto.Por último, el Ejecutivo recordó que la provincia continúa reclamando ante la Corte Suprema los fondos adeudados por ANSES, mientras la reforma comenzará ahora su discusión legislativa en ambas cámaras.

Durante el encuentro, las autoridades compartieron los resultados de auditorías recientes, un proceso que no se realizaba desde 2017, y que resulta clave para avanzar en la determinación de los montos que le corresponden a Entre Ríos en concepto de compensación previsional.

Frigerio destacó la importancia de este avance al considerar que se trata de una instancia técnica y política central para ordenar una deuda histórica con la provincia.

En ese marco, subrayó el valor del trabajo conjunto con el gobierno nacional para lograr acuerdos que beneficien a los entrerrianos y fortalezcan la sostenibilidad del sistema previsional.

La reunión se inscribió en una agenda de gestiones que el mandatario provincial viene impulsando ante organismos nacionales, con el objetivo de defender los intereses de Entre Ríos y garantizar recursos que permitan mejorar la administración y el funcionamiento del Estado provincial.

La Caja de Jubilaciones de Entre Ríos y el sufrimiento de la clase trabajadora: por qué la reforma previsional en Entre Ríos es un ajuste contra los y las personas empleadas del estado provincial.El debate sobre la reforma del sistema previsional en Entre Ríos ha vuelto a encender las alarmas en el sector laboral de nuestra provincia. Detrás de discursos oficiales que hablan de “modernización”, “sustentabilidad” y la urgencia de paliar un déficit financiero, se esconde una realidad ineludible: el costo de la crisis se le pretende trasladar, una vez más, a los y las trabajadores/as del sector activos y pasivo.

La celeridad con la que el gobernador Rogelio Frigerio busca aprobar este proyecto legislativo evidencia una intencionalidad clara de consolidar un ajuste estructural sin el debido consenso de las bases que no debe limitarse a los gremios, partidos políticos o legisladores.  Sino a una amplia difusión en el sistema educativo de adultos y jóvenes y para la ciudadanía en general a través de los medios de comunicación

Esta reforma resulta profundamente perjudicial para los y las laburantes por tres razones fundamentales.

En primer lugar, la instalación del debate sobre el aumento de la edad jubilatoria desconoce la realidad de la expectativa de vida laboral y el desgaste físico e intelectual de quienes se emplean públicamente, golpeando con especial dureza a las mujeres, cuyas tareas de cuidado histórico y paralelo al empleo estatal suelen ser invisibilizadas.

En segundo lugar, aunque desde los micrófonos oficiales se jure defender el histórico 82% móvil, la verdad radica en los cambios metodológicos de su cálculo. Propuestas de modificar la base imponible del haber bruto al neto, o cambiar el cálculo para promediar la historia laboral real de los últimos 30 años a valores actuales, significan en la práctica un desenganche de los aumentos salariales de los activos y una pérdida real del poder adquisitivo para quienes aportaron o van aportar toda una vida.

Por otra parte, es inadmisible el reduccionismo discursivo que intenta mostrar la relación de aportantes del empleado/a estatal como centro del déficit previsional. Los y las aportantes cumplieron estrictamente con sus obligaciones durante décadas.

Si la Caja de Jubilaciones se encuentra desfinanciada, es en gran medida responsabilidad del propio Poder Ejecutivo provincial que insiste en otorgar aumentos mediante sumas “en negro” (conceptos no remunerativos), privando deliberadamente al sistema de los recursos genuinos que necesita para sostenerse.Sin embargo, el dato más alarmante y que destruye el argumento del colapso local es la asfixia financiera ejercida desde el orden nacional. Se estima que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) debería girar aproximadamente $2,5 billones de pesos durante el año 2026 en total para cubrir las necesidades de las 13 cajas previsionales provinciales no transferidas, entre las cuales Entre Ríos ocupa un lugar central.

El gobierno del presidente Javier Milei mantiene una multimillonaria e histórica deuda acumulada con nuestra provincia debido al corte discrecional de las transferencias y la demora de auditorías que en muchos casos llegan congeladas a valores desactualizados.

Resulta incomprensible que, en lugar de plantarse con firmeza ante el Gobierno Nacional para exigir la restitución de los fondos legítimos que le corresponden a Entre Ríos por ley, la gestión provincial elija el camino más fácil y doloroso: ajustar a los propios entrerrianos.

Modificar la Ley 8732 no solucionará un problema estructural que es, antes que nada, de recaudación y de cumplimiento de convenios federales. Los gremios y las bases trabajadoras ya han fijado una postura unánime: el sistema previsional entrerriano no es un gasto, es un derecho conquistado. La seguridad social debe garantizar una vejez digna, por lo que la ley previsional no se debiera tocar; se defiende y se fortalece en la expresión ciudadana mediante su manifestación pública en las calles y seguramente en el voto en el 2027.

No espere Sr. Gobernador que quienes eventualmente van a recibir menos beneficios le voten. Alegremente y aplaudiendo una reforma que no es tal, sino un simple y llano ajuste para que den los números.  Sabido es de su alineamiento político con el gobierno actual que se autodefine como anarco capitalismo.

Y justamente toda reforma no se da en el marco de una anarquía y de un un capitalismo sin control o regulación como bien sostenía Frigerio Julio Rogelio: El desarrollismo del mencionado (ideólogo principal del gobierno de Arturo Frondizi) concebía al Estado como un planificador y árbitro estratégico, no como un competidor o productor directo.

Su regulación se orientaba a corregir los desequilibrios estructurales mediante incentivos fiscales, crediticios y arancelarios para dirigir la inversión hacia sectores clave. Cosa que Ud parece desconocer. 

Durante la reunión los representantes de los diferentes estamentos de trabajadores activos y jubilados plantearon su preocupación por la reforma que impulsa el gobierno de Rogelio Frigerio, ante lo cual los legisladores se comprometieron su oposición a cualquier proyecto que vulnere los derechos de los trabajadores activos o de los jubilados.En el mismo sentido, los legisladores indicaron que hasta el momento no conocen el contenido del proyecto y que tampoco obtuvieron respuesta a los pedidos de información formulados al respecto. Igualmente se indicó que la reforma previsional forma parte de la agenda del oficialismo mientras que para los bloques opositores la agenda urgente tiene otros componentes, como es la situación alimentaria o la crisis de salud mental que afecta a miles de entrerrianos y entrerrianas. La reunión con los gremios fue encabezada por los presidentes de los bloques opositores: Laura Stratta en la Cámara de Diputados y Marcelo Berthet en el Senado. Participaron también las legisladoras Silvia Moreno, Andrea Zoff, Silvina Deccó, Lorena Arrozogary y Claudia Silva; y los legisladores Sergio Castrillón, Yari Seiler, José María Kramer, Enrique Cresto y Juan Diego Conti.

El Gobierno de Entre Ríos respondió formalmente el pedido de informes presentado por senadores del bloque Justicialista vinculado al financiamiento y la situación previsional de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia.La respuesta fue elaborada aún antes de que el requerimiento adquiera estado parlamentario, luego de que el pedido fuera difundido públicamente.En ese marco, el Ejecutivo provincial brindó precisiones sobre las gestiones realizadas ante ANSES y el Estado Nacional, el estado de las auditorías previsionales, los acuerdos de financiamiento suscriptos y las acciones judiciales impulsadas por la Provincia para recuperar recursos adeudados.Entre los principales puntos informados, se destacó que durante los años 2024 y 2025 la Provincia percibió aproximadamente 74.000 millones de pesos en concepto de financiamiento previsional por parte del Estado Nacional, en el marco de convenios celebrados con ANSES.Asimismo, se informó que los ejercicios correspondientes al período 2017–2020 ya fueron auditados y que el ejercicio 2021 se encuentra actualmente en proceso de auditoría técnica.En la respuesta remitida al Senado, el Gobierno provincial sostuvo que “hasta el año 2024 no existía una sola auditoría realizada”, situación que, según se indicó, “significaba un obstáculo para efectuar cualquier reclamo o acción” vinculada al recupero de fondos previsionales adeudados por Nación.El informe también afirma que “durante años la provincia no contó con la información, las auditorías ni la decisión política necesarias para defender sus recursos previsionales”, y señala que fue la actual gestión la que impulsó “por primera vez un proceso integral de auditoría, reclamo administrativo, recupero de fondos y litigio judicial”.

También se confirmó que la Provincia mantiene en trámite una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el Estado Nacional y ANSES por el recupero de fondos previsionales adeudados, acción iniciada en abril de 2024.

“Es la primera vez en la historia que nuestra Provincia judicializa este reclamo”, señala la respuesta oficial.Además, el Gobierno provincial precisó que el monto estimado del reclamo asciende actualmente a aproximadamente 154.606 millones de pesos, sujeto a la determinación definitiva resultante de las auditorías en curso.En otro tramo del informe, el Ejecutivo sostuvo que “durante años los montos permanecieron congelados, sin reclamo”, y destacó que la actual gestión logró “no sólo reactivar los pagos, sino incrementarlos significativamente”.Por otra parte, la respuesta aclara que los acuerdos de financiamiento celebrados con Nación “no implican condicionamientos ni compromisos obligatorios de reforma previsional”, y ratifica que “la Provincia no resigna sus derechos” en el marco de las negociaciones técnicas y judiciales en desarrollo.

Finalmente, el informe sostiene que la actual gestión logró revertir un escenario de “desconexión institucional” con los organismos nacionales y avanzar en una estrategia activa de defensa del sistema previsional entrerriano.“A diferencia de lo ocurrido durante años, hoy nuestra Provincia audita, reclama, litiga y recupera fondos”, concluye la respuesta remitida a la Cámara de Senadores.

La iniciativa busca aportar claridad sobre el financiamiento del déficit previsional y el alcance de los compromisos asumidos en el marco de las negociaciones con Nación, en un contexto que requiere información precisa y previsibilidad.Entre los principales puntos, los legisladores solicitaron conocer los montos efectivamente transferidos, el estado de ejecución de los convenios firmados y el detalle de la deuda que, según los cálculos provinciales, mantiene el Estado Nacional con Entre Ríos.

Asimismo, el pedido pone el foco en el convenio suscripto en octubre de 2025 con ANSES, requiriendo información sobre sus condiciones, su implementación y su posible impacto sobre el reclamo judicial que la provincia sostiene por el cobro de fondos previsionales.

Otro de los aspectos relevantes es la consulta sobre eventuales condicionamientos en el envío de recursos nacionales, particularmente en relación con posibles modificaciones del sistema previsional provincial. En ese sentido, se solicita precisar si existen exigencias vinculadas a cambios en la edad jubilatoria, la fórmula de cálculo de haberes o el esquema de aportes.

Los senadores también requirieron detalles sobre el avance de las auditorías que deben determinar el monto definitivo del déficit y la deuda, así como la proyección financiera de la Caja de Jubilaciones a mediano y largo plazo.

Finalmente, el pedido incluye información sobre las gestiones y reuniones mantenidas con funcionarios nacionales, con el objetivo de garantizar transparencia institucional en un tema clave para la provincia. 

Uno de los puntos más críticos que planteó es el déficit de la Caja de Jubilaciones, estimado en unos 430.000 millones de pesos anuales. Para dimensionarlo, señaló que ese rojo equivale al gasto total en energía eléctrica de todos los entrerrianos, y que sin ese desequilibrio el Estado podría incluso cubrir ese servicio.Colello afirmó que las medidas adoptadas desde el inicio de la gestión permitieron reducir en un 40% el déficit proyectado. Entre ellas, mencionó el incremento de aportes y una revisión de datos que detectó irregularidades en el sistema previsional.

Según explicó, esos recursos fueron redireccionados a obra pública, con intervenciones en rutas, hospitales y escuelas. En ese sentido, indicó que cerca del 40% de la red vial provincial presenta trabajos de mantenimiento o mejora.

Sobre la situación heredada, fue contundente: aseguró que al asumir no había reservas disponibles, lo que obligó a gestionar fondos para cumplir compromisos inmediatos como el pago de aguinaldos. También mencionó deudas en dólares y un cuadro financiero deteriorado.Pese a las limitaciones, destacó avances en infraestructura, la ejecución de obras en hospitales y escuelas, y la planificación de nuevas licitaciones viales estratégicas. Además, subrayó el impulso a inversiones privadas por unos 300.000 millones de pesos, con impacto en la generación de empleo.En materia energética, sostuvo que la provincia logró mejorar su posición tarifaria y que las utilidades se están reinvirtiendo en obras.Respecto a la relación con Nación, planteó una postura de acompañamiento y señaló la necesidad de una reforma impositiva integral. En el plano salarial, reconoció que los docentes deberían percibir mejores ingresos, aunque afirmó que no perdieron frente a la inflación.

Finalmente, remarcó que el foco está puesto en la gestión y no en el calendario electoral. “El desafío es administrar bien el dinero”, sintetizó, en un contexto donde los recursos escasean y las demandas continúan en aumento.

El anteproyecto de reforma no se mandó a los sindicatos y legisladores como se prometió. El gobierno volvió a difundir los “lineamientos” del texto que habría elaborado y que se mantiene bajo secreto.

Según dijeron fuentes legislativas a esta Agencia, el punteo “es poco claro” y precisaron: “Quieren ver qué repercusiones tiene”.

Desde los sindicatos, comentaron que evaluarán “el punteo” y la semana próxima darán a conocer una posición sobre los aspectos que el gobierno quiere poner en discusión.

Qué dice el EjecutivoSegún el gobierno, la propuesta “fue elaborada a partir de estudios técnicos y busca preservar el sistema previsional provincial, asegurando su equilibrio financiero sin afectar derechos adquiridos”.En ese sentido, el documento establece expresamente que las disposiciones de la reforma no modificarán la situación de quienes ya se encuentran jubilados o pensionados, garantizando el respeto de los beneficios otorgados y de las situaciones previsionales vigentes.Entre los principales lineamientos del proyecto se destacan el sostenimiento del 82% móvil sobre el haber bruto para el cálculo del haber inicial, tomando como base la historia laboral real de los trabajadores.Respecto a los regímenes especiales vigentes, se propone la continuidad de su aplicación para actividades con características particulares como docentes, personal de salud expuesto a riesgos y trabajadores con discapacidad.También se propone un esquema de movilidad previsional basado en índices que reflejen la evolución salarial de los trabajadores en actividad y permitan acompañar las variaciones sectoriales.A su vez, se incluye la armonización de pensiones por fallecimiento, invalidez y edad avanzada con parámetros de los sistemas previsionales nacionales y provinciales vigentes y la incorporación de herramientas de financiamiento del sistema, que podrán incluir aportes solidarios temporales cuando existan desequilibrios financieros que comprometan la sustentabilidad del régimen previsional.Asimismo, se impulsa una actualización gradual de la edad jubilatoria y de los años de aportes, en un esquema progresivo que comenzará a aplicarse cinco años después de la sanción de la ley. Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el objetivo de esta instancia es abrir un proceso de diálogo institucional con legisladores, gremios y sectores involucrados, para enriquecer la propuesta antes de su envío formal a la Legislatura. El borrador del proyecto continuará siendo analizado en las próximas semanas con el objetivo de incorporar aportes y construir consensos que permitan avanzar en una reforma que garantice la sustentabilidad del sistema previsional de Entre Ríos. 

Bagnat señaló que el sistema actual presenta distorsiones que se fueron acumulando durante años y que hoy generan un fuerte desequilibrio. En Entre Ríos, explicó, el cálculo del haber inicial se realiza sobre el salario bruto del trabajador, lo que provoca que la jubilación inicial sea muy similar al ingreso que percibía como activo.

Con el paso del tiempo y las actualizaciones salariales, ese monto incluso puede superar al salario de quienes aún están trabajando. “Hoy el promedio de jubilaciones que paga la Caja ronda el millón y medio de pesos, mientras que el promedio de los activos está cerca de un millón doscientos mil”, detalló.

Cambios en la movilidad jubilatoriaUno de los ejes de la reforma apunta a modificar el sistema de movilidad, es decir, la forma en que se actualizan los haberes de los jubilados.Actualmente, explicó Bagnat, la legislación provincial incorpora múltiples variables vinculadas a aumentos y adicionales que se otorgan en distintos organismos del Estado. Esto obliga a trasladar esos incrementos a los jubilados aunque no hayan aportado sobre esos conceptos.“Tenemos más de 80 escalafones dentro del Estado provincial y cada uno puede generar adicionales que terminan impactando en el sistema previsional. Eso provoca una movilidad que en algunos casos llega al 110%, algo que hoy el sistema no resiste”, advirtió.La propuesta es avanzar hacia un índice que acompañe la evolución del salario de los trabajadores activos, pero que evite esas distorsiones.

Regímenes especiales y años de aporteOtro punto central del debate son los regímenes especiales, que permiten jubilarse a edades más tempranas en determinadas actividades.El titular de la Caja aclaró que no se modificarán las edades previstas en esos regímenes, pero sí se buscará garantizar que todos los beneficiarios completen al menos 30 años de aportes.Actualmente el promedio de aportes en el sistema provincial ronda los 26 años. La reforma apunta a elevar ese número para fortalecer el financiamiento del régimen.Según explicó Bagnat, quienes se jubilen por regímenes especiales podrán hacerlo cuando cumplan los requisitos de edad, pero deberán seguir aportando hasta alcanzar el tiempo de aportes exigido por el sistema.

Auditorías y control de beneficiosEl funcionario también destacó que en los últimos meses se realizaron auditorías sobre distintos beneficios previsionales.Entre las medidas adoptadas se revisaron pensiones por viudez que continuaban pagándose aun cuando la persona había vuelto a formar pareja, lo que implicaba perder el derecho al beneficio según la legislación vigente.También se analizaron los llamados matrimonios “in extremis”, celebrados poco antes del fallecimiento de un beneficiario. En esos casos se verifican las condiciones de convivencia real para determinar si corresponde otorgar la pensión. Además, se controlaron incompatibilidades de personas que percibían jubilación mientras ejercían cargos en la administración pública.

Reclamo de fondos a la NaciónBagnat indicó que otra parte clave del equilibrio del sistema depende de los recursos que la Nación debe transferir a la provincia.Según explicó, se avanzó en auditorías que permitirían reclamar el pago de una deuda acumulada y regularizar las transferencias mensuales que corresponden al sistema entrerriano.

“Defender el 82% móvil”El presidente de la Caja insistió en que ninguna reforma afectará los derechos adquiridos de quienes ya están jubilados.

“Lo que buscamos es garantizar que los 120 mil trabajadores estatales que hoy están activos puedan jubilarse en el futuro y que el sistema siga pagando el 82% móvil”, remarcó.Para Bagnat, el debate que se abre ahora con gremios, legisladores y distintos sectores apunta a actualizar una ley que lleva décadas sin modificaciones.“Si no hacemos ajustes ahora, dentro de algunos años el sistema podría entrar en crisis. Por eso buscamos reformas consensuadas que permitan sostener uno de los mejores regímenes previsionales del país”, concluyó. 

“El equilibrio de la Caja debe lograrse con una mirada integral sobre su financiamiento: recuperando deuda histórica de Nación, auditando distorsiones internas, asegurando que cualquier cambio sea gradual y equitativo, y preservando los derechos adquiridos de los docentes, la policía, los trabajadores de la salud y de quienes sostienen al Estado con su trabajo diario”.El legislador justicialista remarcó la necesidad de contextualizar con precisión la situación financiera provincial antes de avanzar en cualquier análisis o solución.“Algo hay que hacer con el déficit previsional, en eso coincidimos todos. Pero primero debemos contextualizar con precisión por qué ya no hay margen para atenderlo como antes”, señaló Sanzberro.

En ese sentido, advirtió que “la situación actual de la Caja no se origina exclusivamente en decisiones provinciales. El déficit previsional se agravó con el desfinanciamiento brutal al que el gobierno nacional somete a la provincia y la deja en modo de supervivencia financiera”.

“Las políticas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei —y que la gestión provincial acompaña— eliminaron asignaciones no automáticas, redujeron drásticamente la coparticipación real por la recesión inducida y mataron la recaudación provincial. El desempleo formal derrumba el consumo, las ventas y los ingresos fiscales. Eso explica la urgencia desesperada con la que se impulsa esta reforma: es reacción forzada a un combo que nos asfixia desde Nación”, agregó el senador.

Sin embargo, enfatizó que “esa falta de margen no puede justificar que el costo del ajuste recaiga principalmente sobre trabajadores y jubilados”.El senador victoriense cuestionó además prácticas que debilitan el financiamiento de la Caja: “El Estado provincial tampoco puede desfinanciar el sistema. No es coherente otorgar aumentos salariales no remunerativos -como los decretados recientemente-, que no generan aportes jubilatorios y profundizan el desequilibrio”.

Finalmente, Sanzberro subrayó que una reforma de esta envergadura requiere “diagnóstico serio, debate institucional amplio y consenso social genuino”.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos oficializó la actualización del monto mínimo inembargable para sus beneficiarios. La decisión, tomada por el Directorio del organismo mediante la Resolución, publicada en el Boletín Oficial Nº28.285, responde a la necesidad de ajustar los valores vigentes tras los aumentos otorgados a los haberes del sector pasivo.Según los considerandos de la normativa, esta actualización se fundamenta en la Ley Nº 10.162 y en el Artículo 24º de la Constitución Provincial. El objetivo central es "asegurar a los beneficiarios del Organismo un ingreso mínimo efectivo", entendiendo que la protección del haber tiene como fin último "asegurar el derecho de alimentación".El Directorio, presidido por Gastón Bagnat, justificó el ajuste señalando que, ante la evolución de los haberes desde la normativa anterior, resultaba indispensable una nueva adecuación para no desvirtuar el espíritu de la ley.En su parte dispositiva, la resolución establece con precisión el nuevo valor que rige para los jubilados y pensionados entrerrianos: "Dispone la actualización del monto mínimo inembargable de haberes previsionales, en la suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE con 34/100 ($ 535.987,34), con vigencia a partir del mes de febrero del año 2.026".Asimismo, el documento aclara que este monto "mantendrá su vigencia hasta la próxima actualizaciones que se disponga por este Directorio" y que ya se ha asignado el "Código Nº 803 para la aplicación de la presente" a través del área informática. 

La CajaLa situación de la Caja de Jubilaciones provincial es compleja; nadie podría negarlo. El sistema previsional debe ocupar un lugar central en la agenda pública porque el debate sobre su sostenibilidad ya no admite postergaciones. La ley vigente fue concebida en una realidad muy distinta a la actual. Hoy la Caja enfrenta un desequilibrio estructural marcado por una menor relación entre trabajadores activos y beneficiarios, una mayor expectativa de vida y fuertes restricciones presupuestarias.

La relación ideal de tres aportantes por cada jubilado está lejos de alcanzarse. El deterioro progresivo de ese vínculo impacta directamente en la capacidad financiera del sistema y pone en tensión el objetivo histórico de sostener el 82% móvil.Ese es el diagnóstico. Y puede ser correcto.Lo que genera alarma es la conclusión que empieza a insinuarse: que el problema se resuelve tocando el corazón del derecho jubilatorio.

El 82% móvil no es un privilegio ni una anomalía del sistema. Mucho menos lo es el 85% móvil, otro derecho adquirido del que casi no se habla. Son conquistas históricas que expresan una idea simple: quien trabajó toda su vida merece jubilarse con dignidad. Y la dignidad no puede redefinirse cada vez que las cuentas públicas atraviesan tensiones.Cambiar la forma de cálculo, desenganchar los haberes jubilatorios de los salarios activos, postergar edades o relativizar porcentajes no es simplemente “ordenar” el sistema. Es decirle al jubilado que la promesa que sostuvo durante décadas ahora será reinterpretada. Y eso, más allá del lenguaje técnico, es una decisión política.

El riesgo de vaciar sin decirloExiste una estrategia conocida: no eliminar un derecho, sino vaciarlo progresivamente. Mantener el nombre, pero alterar el contenido. Decir que se “garantiza” el 82% móvil mientras se lo convierte en una fórmula cada vez más distante del salario real.

Ese camino puede resultar eficaz en términos comunicacionales, pero es profundamente injusto. Porque el jubilado no discute planillas Excel; discute su posibilidad de pagar medicamentos, sostener su vivienda y vivir con autonomía.

La técnica no es neutralSe insiste en que se trata de una discusión técnica. No lo es. La técnica siempre responde a valores. Y cuando esos valores no se explicitan, se esconden detrás de porcentajes y proyecciones.

Hablar de sustentabilidad no implica, en sí mismo, hablar de ajuste. Implica garantizar que quienes hoy perciben un haber continúen cobrando en tiempo y forma, y que quienes están en actividad puedan jubilarse mañana con los mismos derechos. Pero también supone revisar inequidades, regímenes diferenciales y asimetrías que, de no corregirse, comprometen la viabilidad del conjunto.La discusión, por lo tanto, no puede reducirse a consignas simplificadas. El verdadero desafío es encontrar un equilibrio entre responsabilidad fiscal y justicia previsional. Sin previsibilidad, sin reglas claras y sin ampliar la base de aportantes, cualquier esquema queda expuesto a crisis recurrentes. Pero ajustar siempre sobre quienes ya no tienen margen para recomponer ingresos no es equilibrio: es regresión.

El silencio también decideEn este contexto, la ausencia de una palabra clara del gobernador no es menor. Gobernar también es asumir los costos políticos, no limitarse a utilizar redes sociales o canales indirectos para instalar temas o generar clima. Delegar decisiones sensibles y reservarse la prudencia no fortalece el debate; lo debilita.El sistema previsional no es una oficina más del Estado. Es un pacto entre generaciones. Romperlo —o licuarlo silenciosamente— deja una marca profunda que no se corrige con discursos posteriores.

Sustentar sin empobrecerDefender el 82% móvil no significa negar la realidad ni oponerse a toda reforma. Significa poner un límite. Existen otras herramientas: ampliar recursos, revisar exenciones, combatir la evasión, discutir aportes extraordinarios si fuera necesario. Ajustar siempre sobre los mismos no es valentía fiscal; es comodidad política.

Entre Ríos puede y debe dar un debate serio y maduro. Pero ese debate debe partir de una premisa clara: la sustentabilidad no puede lograrse a costa de la dignidad.El 82% móvil no es un número heredado del pasado. Es una definición sobre qué tipo de provincia queremos ser. Y esas decisiones, tarde o temprano, nos terminan definiendo.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Bagnat afirmó que “venimos hace dos años haciendo docencia con el tema previsional porque había que explicarle muchas cosas a la sociedad para que vaya entendiendo en qué punto estamos y qué medidas son necesarias tomar. Creo que el gobernador Frigerio en eso ha sido un pionero, en tomar medidas realmente, no solo anunciarlas sino tomarlas, y en ese mismo contexto venimos trabajando hace muchos meses. Ya en la etapa que viene, que es una etapa de muy largo plazo que excede a la gestión, pero que considera el gobernador que es uno de sus objetivos dejar un sistema sustentable a largo plazo. Así que, en ese marco, y coincidiendo un poco con la lectura que hacen todos los actores involucrados en el sistema político estatal, se está llevando a cabo de esa manera, consultando, dialogando, aclarando y profundizando en determinados temas. Lo vengo haciendo yo con todos los sindicatos, la parte política viene interiorizándose absolutamente de todo, y creo que es el marco en el cual se va a dar, no en un marco de urgencia ni de emergencia, sino que en un marco realmente de reforma profunda para que el sistema pueda ser sostenible a largo plazo. Así que, todas esas explicaciones que veníamos dando, explicando qué fue lo que pasó, qué se recibió, por qué los sistemas después de 30 años entran en un desgaste muy acelerado, el desafío que tiene el Estado, la cantidad de gente en activos que se tienen que jubilar y que el sistema los tiene que poder recibir”.

En tal sentido, planteó que “ese fue el primer gran desafío que tuvimos, porque hay un montón de gente que, a la situación recibida ya preocupante, había que agregarle más peso, más presión, y por todo lo que se hizo en el 2024, todas esas medidas que se tomaron, pudimos pasar un 2025 bastante estabilizados, afrontando esos desafíos, recibiéndolos, y sin que eso repercutiera en un agravamiento sustancial de la situación. Obviamente que no alcanza para seguir, hay que adelantarse al desgaste de los próximos años, hay que hacerlo de manera consensuada y de manera muy seria y ese es el proceso en el cual estamos inmersos.  Me excede manejar los tiempos y decir si va a ser ahora, dentro de 10 días, dentro de un mes, dentro de dos meses, pero sí estamos fuertemente trabajando y reuniéndonos mucho para llegar a ese punto”.

Respecto de la preocupación por el 82% móvil, indicó que “es uno de los temas en que también estamos haciendo docencia en este momento, porque el sistema nuestro, la ley nuestra, nos lleva mucho más arriba de ese 82. O sea, cuando vamos a la hora de los números, después de muchos años, ese 82 sobre el bruto es la base, pero sigue habiendo paritarias y ajustes por adicionales que siguen pasando en activos, y la ley exige que se los traslades a pasivos, y el pasivo al otro día ser jubilado deja de aportar, empieza a igualar y a pasar ese líquido que cobra cuando es activo”.

Ejemplificó que “si hoy alguien cobra 100 como activo, mañana se jubila, cobra 82. Al año siguiente dan 10 pesos de aumento, y sobre los 110 el trabajador activo sigue pagando el aporte, 19 puntos, pero el pasivo no lo sigue pagando. Entonces, proporcionalmente empieza a crecer mucho más la jubilación que, cuando ves hoy el promedio de la jubilación contra el promedio de cuánto cobra el mismo en activo, ya la jubilación es superior al 100%”.

Aclaró que “sobre esto se está explicando, para ver cómo se distorsiona el haber, qué se puede incluir y qué no en una reforma, si podemos seguir trasladando cosas sobre las cuales no aportaste. O sea, vos te jubilaste y dentro de cinco años hay un adicional nuevo que no estaba cuando vos eras activo y no aportaste sobre ese adicional, pero al adicional después te lo tengo que trasladar a vos, hay que ver si el sistema lo puede sostener o no”.

“El límite es que no nos da lo mismo que el déficit sea 40.000 millones por mes a que sea 80.000. Entonces, el límite es poder contarle a la sociedad bien cuánto es el déficit y que sea un déficit tolerable, no algo desbocado que te impide tener otras prioridades también en el gobierno, como son obra pública y montones de cosas. Entonces, ese es un poco del lado que estamos todos hoy, que estamos todos preocupados por eso y tenemos que ponernos a discutir seriamente. Por ejemplo, de 110 sistemas previsionales en las edades estamos 94 en los hombres y fuera de rango en las mujeres, ahí hay que decidir si se puede seguir sosteniendo eso, dando ese hándicap. Esos son los debates que tenemos que tener, que van a hacer que el sistema se vaya amortiguando y suavizando en el mediano y largo plazo y vaya empezando a observar toda esa cantidad de activos que hay y que se van a jubilar”, planteó.

Advirtió asimismo que “una característica muy importante de esta gestión es hacer cosas que estén bien hechas y que después no sean judicializables y llenemos de juicios al Estado, y también a una ley hay que implementarla y necesita muchísimas resoluciones. Por eso acá lo que se trata es de dar pasos sólidos, que no tengan una visión de corto plazo, de política, sino de largo plazo, y eso implica que el sistema se sostenga y sea sostenible. Entonces, creo que por ahí pasa, determinar cuáles son los principales vectores, obviamente el cálculo del haber inicial se va a defender, la movilidad posterior es otro de los vectores, las edades, las pensiones, los regímenes especiales”.

Puntualmente sobre regímenes especiales advirtió que “es muy distorsivo porque son edades muy tempranas donde la persona que tiene una expectativa de vida hoy mucho más larga deja de aportar muchísimos años antes, entonces es un tema de debate decidir cuántos años realmente el sistema necesita que uno siga aportando, más allá de que se pueda jubilar o no”. Por eso “esa cláusula que tiene la ley actual, que se ejecutó a través del decreto, de cobrarle 3% a los que ya estaban jubilados pero que no tenían la edad de la jubilación ordinaria, son cosas que por algo están pensadas para no desbalancear el sistema, para no sacarle fondos que se necesitan para poder pagar todos los meses, como se está pagando. Porque también hay que decir que, a pesar de toda la situación difícil y de la mayor cantidad de jubilados que hay, el cronograma se cumple a rajatabla, el aguinaldo se pagó en tiempo y forma, se está pagando bien, no hay reclamos. Entonces, fueron dos años difíciles, pero que sirvieron para ver lo importante”.

“Hoy creo que están todos mucho más permeables a debatir el tema de las edades, a debatir el tema de la movilidad en un Estado tan descentralizado que tenemos y que genera decenas de paritarias por fuera del escalafón general y de adicionales y de cosas que después terminan impactando en los jubilados, y están todos mucho más conscientes de que hay que ser más cautos y que cada decisión que se toma después hay que trasladarla a los jubilados y hay que poder pagarles. En ese plano de diálogo estamos hoy, que es mucho más profundo y más parejo que cuando arrancamos. Creo que es el mecanismo y la forma correcta. Creo que el gobernador, que es el que está liderando todo esto con la iniciativa, está respetando eso y lo está planteando así, y hay muchas reuniones que están sucediendo en la cual todos los que van a formar parte de esa toma de decisiones están participando y no es que se van a enterar por la prensa un día de un proyecto”, sentenció.

En este marco, el funcionario confirmó que “estamos en el proceso” de elaboración de un borrador del proyecto. “Se están terminando de consultar y de definir las cosas más importantes. Hay que ver la composición de la pirámide poblacional de activos, cuántos se van a ir jubilando de acá a tantos años, qué edades tienen, y en función de esos números, después hay que tomar la decisión de corte y decir cómo se va a hacer y la gradualidad con la que se va a hacer, todo en un marco donde el gobernador resalta de que no se afecten derechos adquiridos. Se está siendo muy respetuoso de todo eso, trabajando seriamente, no a las apuradas ni con urgencias. Sí el mismo gobernador lo dice que el 2026 es el año, con lo cual antes o después eso va a pasar”, aseveró.

Finalmente, consultado por los aumentos no remunerativos que dispone el gobierno provincial para los salarios estatales, Bagnat mencionó que “se está haciendo un trabajo muy importante y el gobierno tomó el año pasado una medida trascendental que fue eliminar todos esos contratos que antes aportaban al ANSES y que hoy aportan al sistema. Eso es sumamente importante y es un paso también definitivo a largo plazo. En cuanto a las medidas que tienen que ver con temas financieros de coyuntura, yo no participo de esa toma de decisiones porque tienen que ver con un contexto momentáneo de recursos, de recaudación y de paritaria de activos, pero sí uno levanta la mano y pide que se trate de que sea todo remunerativo. Hay situaciones momentáneas, trimestrales o semestrales de negociaciones paritarias, y donde se toma la mejor decisión en función de los números, pero uno siempre va a insistir en que sea todo remunerativo”.

“Yo tomo como un gran avance que han sido cientos de contratos que antes eran de obra, que tributaban con monotributo, que hoy aportan a la provincia, y eso es un avance. No es fácil cambiar una cultura de 30 años de trabajo en un año. Lleva tiempo y lo importante es ir dando pasos firmes y para adelante”, concluyó. (Análisis)

La atención se realizará únicamente con turno previo, que deberá gestionarse de manera online a través del sitio web oficial del organismo: www.cajajper.gov.arLas jornadas de atención se llevarán a cabo exclusivamente en casa central, ubicada en Andrés Pazos 127.Al respecto, el presidente de la Caja, Gastón Bagnat, destacó que "esta iniciativa tiene como objetivo ampliar el acceso a los servicios del organismo y dar respuesta a quienes no pueden realizar trámites durante la semana laboral".En ese sentido, remarcó que "se trata de la primera vez que la Caja implementa atención presencial los días sábados, incorporando una alternativa ordenada y planificada, siempre bajo la modalidad de turno previo", finalizó Bagnat.Desde el organismo se señaló que esta medida apunta a mejorar la calidad de atención, facilitar el acceso a los trámites y consolidar una gestión más cercana, accesible y eficiente para los entrerrianos.