Explosiones y fuertes disparos sacudieron la capital de Sudán por quinto día seguido tras fracasar un alto el fuego entre las fuerzas de los dos generales más poderosos del país, y miles de personas huían de la ciudad en busca de un lugar más seguro.

Gruesas columnas de humo negro salían este miércoles de edificios ubicados alrededor del cuartel del Ejército en el centro de Jartum, la capital de este gran país árabe situado en el noreste de África.

La violencia estalló el sábado entre las fuerzas de dos generales que tomaron el poder en un golpe de estado de 2021: el jefe del Ejército, Abdel Fatah al-Burhan, y Mohamed Hamdan Daglo, comandante del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

Los dos militares se enfrascaron en una áspera disputa sobre los planes de integrar a las FAR al ejército regular, una condición clave del acuerdo final para retomar la transición democrática de Sudán tras décadas de dictadura militar.

Combatientes de las FAR en vehículos armados y camionetas con armas pesadas recorrían las calles de Jartum, mientras los aviones de combate sobrevolaban y disparaban a blancos de las FAR, informó la agencia de noticias AFP, que citó a testigos.

Los civiles que permanecían en sus casas estaban cada vez más desesperados ante el agotamiento de los alimentos, los apagones y la falta de agua potable.

Su esperanza de ser evacuados se esfumó, cuando una tregua humanitaria de 24 horas colapsó a pocos minutos de la hora prevista de inicio, las 18.

Miles de personas comenzaron a dejar sus casas en Jartum este miércoles por la mañana, algunos en vehículos y otros a pie, incluidos mujeres y niños, según AFP.

Los que huían dijeron que las calles estaban llenas de cadáveres cuyo olor a descomposición inundaba el aire.

Gobiernos extranjeros comenzaron a planear la evacuación de miles de foráneos, incluidos funcionarios de la ONU. Naciones Unidas suspendió sus operaciones en el país esta semana.

Japón anunció que su ministerio de Defensa inició �Slos preparativos necesarios⬝ para evacuar a unos 60 de sus nacionales de Sudán, incluyendo personal de la embajada.

Tras el colapso de la tregua, el Ejército acusó a las FAR de ser una �Smilicia rebelde⬝, de haber incumplido el alto el fuego y de continuar las �Sescaramuzas alrededor del cuartel del ejército y el aeropuerto⬝.

A su vez, las FAR acusaron al Ejército de �Scometer violaciones⬝ y romper la tregua al lanzar �Sataques esporádicos⬝ contra sus fuerzas y bases alrededor de la capital.

Pero la cifra real debe ser mucho mayor porque muchos heridos no lograron llegar a los hospitales, que también han sido bombardeados, según el Sindicato Médico de Sudán.

Edificios de oficinas y residenciales en la ciudad han quedado con ventanas rotas y fachadas perforadas de balas.

La electricidad y el agua ya no llegan a partes de Jartum, obligando a los pobladores a salir cuando bajan los combates en busca de comida y suministros, según testigos.

La violencia ocurre después de que más de 120 civiles murieron en la represión contra las manifestaciones prodemocracia de los últimos 18 meses.

Inicio de los combates

Los dos generales se presentan como salvadores de Sudán y guardianes de la democracia, en un país que solo ha conocido breves períodos democráticos.

Desde el inicio de los combates, cada bando ha dicho tener control de sitios clave o haber hecho avances sobre las bases del otro a lo largo del país.

El estallido de violencia fue la culminación de las profundas divisiones entre el Ejército y las FAR, creadas en 2013 por el depuesto líder autocrático Omar al Bashir.

Burhan y Daglo derrocaron juntos a Al Bashir en abril de 2019 tras grandes protestas contra sus tres décadas de gobierno férreo.

En octubre de 2021, los dos hombres encabezaron un golpe contra el gobierno civil instalado tras la salida de Al Bashir, poniendo fin a una transición apoyada por la comunidad internacional.

Burhan, un militar de carrera del norte de Sudán, ha dicho que el golpe era �Snecesario⬝ para incluir a otras facciones en la política.

Pero Daglo dice que el golpe fue un �Serror⬝ que no logro generar cambio y más bien reforzó a los remanentes del régimen de Al Bashir.

 La Ley 11029 publicada en el Boletín Oficial del 19 de diciembre, establece que producido el fallecimiento de una persona y que su cuerpo no sea reclamado por familiares o personas vinculadas en 24 horas se notificará a allegados y si no se retira el cuerpo en 15 días podrá ser utilizado para la enseñanza e investigación en medicina. En ese marco, se avisará en forma fehaciente a la Facultad de Ciencias de la Salud, para que en el término de diez días corridos retire el cadáver, para proceder a la utilización. La práctica con cadáveres proporciona una fuente inagotable de recursos educativos y posiciona de manera diferente a la hora de resolver las situaciones que ponen en frente en las distintas especialidades.

Mientras los contagios y muertes por el coronavirus siguen en ascenso en Bolivia, el colapso de los sistemas sanitario y funerario sigue exhibiendo situaciones dramáticas, como la decisión de una familia de cortar con el ataúd de un familiar una calle de Cochabamba, ante la falta de respuesta de los servicios para la inhumación del cuerpo.

Durante seis días los familiares de Roli Pinto Centeno, fallecido en su domicilio el domingo 28 de junio con síntomas de coronavirus aguardaron a que los servicios funerarios dieran respuesta a sus pedidos para retirar el cuerpo.

Este sábado los familiares y otros vecinos de la avenida Simón López y Beijing, en Cochabamba, decidieron bloquear la calle con el féretro de esta persona.

Mientras, otras personas se encontraban alrededor del ataúd que estaba cubierto con plástico negro y ubicado sobre una carretilla de donde colgaba un letrero con la frase: �SQ.E.P.D, siete días muerto por COVID⬝. Horas después, a las 11:00, una funeraria y autoridades recogieron el féretro.

Estamos muy indignados, estamos muy asustados. El cuerpo está en descomposición. Sólo pedimos una cristiana sepultura⬝.

UNO DE LOS VECINOS

Según Juan Carlos Orellana, presidente de la Asociación de Funerarias de Cochabamba, hay en estos momentos entre 20 y 30 cadáveres de víctimas de coronavirus, confirmadas o sospechosas, que permanecen en sus domicilios porque no encuentran un espacio en el horno crematorio y en el Cementerio General.

Además, varias familias se ven obligadas a mantener los cuerpos en sus casas porque deben esperar la verificación de los funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y el Servicio Departamental de Salud (Sedes), quienes se encargan de emitir el certificado de defunción.

Este documento es requerido por las funerarias para levantar un cuerpo, precisó Orellana al diario boliviano.

El titular de la asociación de funerarios agregó que en más de un caso las familias se ven obligadas a trasladar los cuerpos de sus muertos de las clínicas a sus casas, porque varios establecimientos privados de salud no tienen depósitos y dan entre seis y 12 horas para retirar los cadáveres.

Además del riesgo sanitario que implica tener en un domicilio un cuerpo en descomposición, las familias que enfrentan este problema son atacadas por sus vecinos, que exigen retirar los cuerpos por temor a la propagación del coronavirus.

Tras el corte de protesta con el féretro de Roli Pinto Centeno una funeraria llegó al lugar y trasladó el féretro a un ambiente alejado de la ciudad.

Ante esta situación y para no ser rebasadas, la alcaldía de Cochabamba informó que en el Cementerio General de esa ciudad se habilitan tres tipos de inhumación: en nicho, en fosa y por cremación de forma coordinada con el Sedes y el Ministerio de Salud.

El último fin de semana de junio, el cementerio de Cochabamba no operó por protestas del personal y las funerarias no tenían un sitio donde dejar los cuerpos.

El administrador de una de las empresas fúnebres -que prefirió guardar su nombre en reserva- contó que no podían embalsamar los cadáveres, así que optaron por dejarlos en las casas previa descontaminación y aislamiento.

�SLo que está haciendo nuestra empresa es brindar el aislamiento para que el cuerpo se quede en el domicilio hasta que sea derivado al cementerio.

Dejamos los cadáveres en bolsas plásticas mortuorias que son impermeables y no permiten que se salgan líquidos ni olores⬝, contó.

Situaciones similares amagan con replicarse en La Paz y El Alto, donde las condiciones no son muy diferentes a las de Cochabamba.

Bolivia, según el recuento que realiza la universidad estadounidense Johns Hopkins, acumula hasta el momento 38.071 casos confirmados de coronavirus y 1.378 muertes.

TELAM