El presidente Javier Milei enfrenta por estas horas un escenario delicado en las cuentas públicas, marcado por una caída sostenida de la recaudación que ya se extiende por ocho meses consecutivos en términos reales. Este deterioro obligó al Gobierno a profundizar el ajuste del gasto, pero aun así comienzan a acumularse atrasos en pagos a proveedores de sectores clave.El conflicto más visible se dio en el transporte automotor, donde el Ejecutivo propuso cancelar deudas con bonos, una alternativa que generó fuerte rechazo en las empresas. Sin embargo, la situación no se limita a ese sector: también se registran demoras con constructoras, exportadores y proveedores del sistema de salud.La baja en los ingresos está vinculada a la desaceleración de la actividad económica, aunque en las provincias advierten que la recaudación cae incluso más rápido que la economía, en un contexto donde crece la informalidad. Frente a este panorama, el equipo económico busca equilibrar dos objetivos complejos: reactivar la actividad y contener la inflación.Según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el gasto primario cayó un 3% interanual en términos reales durante el primer trimestre. Los recortes impactaron principalmente en salarios del sector público, transferencias corrientes y obra pública, con una contracción especialmente fuerte en este último rubro.El ajuste ya se siente en el funcionamiento de servicios esenciales. En el caso del transporte, la combinación de subsidios atrasados y aumento de costos —como el combustible— dejó al sistema en una situación crítica, con reducción de frecuencias y riesgo de mayores conflictos.La propuesta de pago con bonos no es nueva para el Gobierno, que ya la utilizó en otros sectores al inicio de la gestión. Sin embargo, su efectividad hoy es menor y encuentra mayor resistencia en un contexto de desconfianza y falta de liquidez.El problema de fondo es más amplio: la acumulación de deudas se extiende a distintos frentes, incluyendo compromisos con provincias y proveedores estratégicos. En paralelo, la caída de transferencias nacionales —que se redujeron más de un 50%— también golpea a las administraciones provinciales y municipales.En ese escenario, algunos gobiernos locales ya comenzaron a ajustar servicios. Un caso extremo se registró en Mendoza, donde el municipio de Malargüe sufrió el corte de energía eléctrica en dependencias oficiales por falta de pago, lo que obligó a implementar medidas de emergencia.La tensión también se traslada al plano político. Intendentes de distintas provincias preparan reclamos por el impacto del ajuste, mientras crece la preocupación por la sostenibilidad de los servicios básicos.Con recursos cada vez más limitados, el Gobierno intenta sostener el equilibrio fiscal sin trasladar el costo a tarifas, en un contexto donde la presión social y económica empieza a hacerse sentir con mayor intensidad. 

El Gobierno nacional emitirá este miércoles 25 de febrero un nuevo bono en dólares en el marco de la última licitación del Tesoro del mes. La colocación apunta a captar hasta US$ 2.000 millones, con un esquema de pago de intereses mensual, algo poco habitual en la deuda soberana local.

El instrumento —identificado como AL27— tendrá vencimiento el 29 de octubre de 2027 y ofrecerá una tasa nominal anual del 6%, con intereses pagaderos todos los meses en dólares estadounidenses.

El precio no será fijo, sino que se definirá mediante licitación, es decir, según la demanda del mercado.

Desde la Secretaría de Finanzas explicaron que el objetivo es reforzar el programa financiero y cubrir compromisos de capital que vencen en julio, dentro de la estrategia de administración de la deuda. Además, se estableció que en cada subasta quincenal se podrán colocar hasta US$ 150 millones, con una segunda ronda al día siguiente por hasta US$ 100 millones adicionales al mismo precio de corte.

El esquema de pagos mensuales comenzará en marzo de 2026 y se extenderá hasta el vencimiento en octubre de 2027.

Con este movimiento, el Ejecutivo busca varios objetivos simultáneos: atraer dólares del mercado, fortalecer el perfil de vencimientos de corto plazo, ofrecer una alternativa en moneda dura con flujo periódico de renta y enviar una señal de previsibilidad financiera.

La modalidad de intereses mensuales apunta a seducir a inversores que buscan ingresos regulares en dólares, en un contexto donde el Gobierno intenta consolidar la estabilidad macroeconómica y sostener el orden fiscal.

El Gobierno de Entre Ríos definió su estrategia de financiamiento para el ciclo 2026 mediante la aprobación de dos programas de deuda diferenciados. Por un lado, busca financiamiento internacional para reestructurar pasivos y, por otro, instrumentos de corto plazo para cubrir baches estacionales de caja. Ambos decretos fueron publicados en el Boletín Oficial Nº 28.253.

El programa de Títulos “ER 2026” (largo plazo)El Decreto 3678/25 aprueba la creación de un programa por un monto nominal de U$S 500.000.000. Este instrumento está diseñado para el mercado externo, permitiendo la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros.Entre sus características técnicas, el texto destaca que los títulos: “Tendrán un plazo estimado de vencimiento final de hasta diez (10) años” y contarán con un “plazo de gracia para la amortización de capital... mínimo de Cuarenta y Ocho (48) meses”.El objetivo declarado es la “restauración de la sostenibilidad de la deuda pública provincial”, permitiendo incluso la “restitución al Tesoro Provincial de los fondos erogados” por pagos de deuda realizados durante el ejercicio 2025.

Programa de Letras del Tesoro (corto plazo)Complementariamente, mediante el Decreto 3977/25, la Vicegobernación (en ejercicio del Poder Ejecutivo) autorizó el programa “Letras ER 2026” por un monto máximo en circulación de $ 152.812.734.800.A diferencia de los bonos en dólares, estas letras tienen un fin operativo: “cubrir diferencias estacionales de caja dentro del ejercicio”. El decreto especifica que: “El plazo de emisión de cada Serie/Clase no podrá ser mayor a los Trescientos Sesenta y Casi (365) días... pudiendo su reembolso trascender al ejercicio financiero”.Para estas operaciones en pesos, el Gobierno estableció límites en las tasas de interés. Por ejemplo, para títulos con ajuste CER, se fijó que la tasa de emisión no exceda en “300 pbs. respecto de la TIREA estimada de un instrumento de la República Argentina para el plazo similar”.

Garantías y límites legalesAmbos programas comparten la misma garantía: la Coparticipación Federal de Impuestos. El Gobierno está facultado para otorgar un “mandato irrevocable” para que se retengan estos fondos y se apliquen directamente al pago de los servicios de deuda.

A pesar del volumen de las autorizaciones, los organismos de control técnico han dado el visto bueno: Contaduría General: Indicó que la proyección de servicios “no afectan el límite Constitucional del 25% de las Rentas Provinciales”.

Fiscalía de Estado: Dictaminó que existe “habilitación normativa suficiente dada por el legislador” (Leyes 11.209 y 11.234) para proceder con ambas operatorias.Con este doble esquema, la provincia busca por un lado estirar los plazos de su deuda estructural en moneda extranjera y, por otro, garantizar la liquidez diaria mediante títulos de corto plazo en moneda local. 

Por Martín Fernández Nadale  - La estabilidad cambiaria se extendió en el cierre de la semana, mientras que el mercado bursátil se frenó el rally de las últimas ruedas y la toma de ganancias se sintió en todos los activos argentinos, tanto en la bolsa local como en Wall Street.El dólar que se transacciona en el Banco Nación se mantuvo en $1.475, sin variaciones respecto a las dos jornadas previas. En la medición semanal, anotó un incremento de 10 pesos. En cuanto al segmento mayorista, registró una baja marginal de un peso y cerró en $1.450, subiendo 11,5 pesos a nivel semanal, con un volumen negociado que alcanzó los USD 538 millones. Esto implica una caída de 11,8% respecto a los USD 610 millones del jueves.De esta manera, la divisa que se negocia en el Mercado Libre de Cambios (MLC) se ubicó a 4,64% del techo de la banda cambiaria, fijado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en $1.520,53. Vale recordar que, a partir de enero de 2026, el esquema cambiario dejará de actualizarse a un ritmo de 1% mensual para pasar a ajustarse por el último dato disponible del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).En simultáneo, los dólares financieros exhibieron tímidos descensos. El MEP cedió 0,14% hasta los $1.497,15, mientras que el contado con liquidación (CCL) se contrajo 0,01% a $1.549,70. Por su parte, el blue o informal volvió a bajar hasta los $1.485 tras haber tocado un máximo semanal de $1.500.Respecto a la dimensión bursátil, la avidez por acciones y bonos argentinos se detuvo este viernes. En efecto, el S&P Merval cayó 0,8% en pesos y 1% en dólares. Esta performance se explica por las caídas generalizadas de los papeles y los títulos públicos.En cuanto a las acciones del panel líder, exhibieron descensos de hasta 2,6%, como fue el caso de Banco Macro. El segundo lugar estuvo compartido por Loma Negra y Central Puerto (-2,5%), a la vez que Banco Supervielle (-2,1%) completó el podio de retrocesos. Por el contrario, Banco de Valores (1,8%), BYMA (0,8%) y Grupo Galicia (0,6%) mostraron resultados positivos.Algo similar ocurrió con los ADR, certificados de depósitos de empresas argentinas que cotizan en Wall Street, que perdieron hasta 2,6% como Banco Macro, Banco Supervielle y Ternium. Vale recordar que el jueves, estos instrumentos habían escalado hasta 11%, por lo que es natural la toma de ganancias por parte de los inversores.En el campo de los bonos, la mayor parte se pintó de rojo, aunque con caídas leves de hasta 0,9%. El menor apetito de inversores por títulos públicos de la Argentina mostró su correlato en la tenue suba del riesgo país.A propósito de índice elaborado por JP Morgan, aumentó cinco puntos, ubicándose en 573 unidades. Durante los días previos, este indicador había caído hasta los 554 puntos, su valor más bajo desde 2018, pero luego recuperó casi 20 unidades debido a la estabilidad en los precios de los bonos soberanos.Una caída del riesgo país por debajo de los 500 enteros representa un objetivo clave en el plan del equipo económico para recuperar el acceso al financiamiento externo. El Gobierno enfrenta el 9 de enero un vencimiento superior a los USD 4.200 millones, y el ministro de Economía, Luis Caputo, expresó que considera la opción de refinanciar esos compromisos en la misma jornada. Además, las autoridades analizan la posibilidad de concretar un repo con bancos internacionales, utilizando bonos como garantía, por un monto que podría llegar a USD 7.000 millones.En lo que refiere a las reservas internacionales del BCRA, marcaron un aumento diario de USD 91 millones y concluyeron la jornada en USD 42.413 millones. Una de las claves de la semana fue el anuncio del titular del Central, Santiago Bausili, respecto al nuevo esquema para acumular divisas, basado en la demanda de dinero y la liquidez del MLC. Bajo estos nuevos parámetros, la autoridad monetaria estimó que podría captar entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, si se cumplen las condiciones mencionadas. “El programa de recompra de reservas luce viable, aunque no está exento de desafíos. La acumulación de divisas dependerá de la disponibilidad de dólares (que deberá provenir de la cuenta financiera) y de que la demanda de pesos permita absorber la emisión sin presionar sobre la inflación”, reza un informe de GMA Capital.En tal sentido, los analistas de la ALyC manifestaron que “esta secuencia se daría en un contexto de reservas netas negativas y vencimientos exigentes en 2026?. No obstante, ponderaron que “el mercado festejó los anuncios y la compresión del riesgo país continúa: ya se posa en 570 puntos, y los bonos largos en dólares rinden 10%, acercándose a otros países de grado especulativo”. Infobae.

El Ministerio de Economía informó que la licitación de deuda en pesos de este miércoles -la última de relevancia antes de las elecciones bonaerenses- finalizó con un porcentaje de renovación superior a los vencimientos de esta semana, que por distintas medidas del Gobierno habían pasado de casi $14 billones a unos 7,7 billones de pesos.El secretario de Finanzas Pablo Quirno informó que en la licitación de deuda en pesos de este martes se adjudicaron $7,67 billones, sobre un total de ofertas por $8,3 billones, por lo que en términos netos el Gobierno absorbió $700.000 millones. El resultado implicó una refinanciación del 114,66% respecto de los vencimientos del día, lo que refleja que el Tesoro no solo logró refinanciar sus compromisos sino que consiguió financiamiento adicional. En las últimas operaciones de este tipo el roll over había sido insuficiente para la cobertura de todos los vencimientos.Según precisó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, la colocación se concentró en Lecap y Tamar, mientras que las alternativas dollar linked quedaron desiertas. En el caso de las letras a tasa fija, se adjudicaron $1,59 billones en la Lecap con vencimiento al 30 de septiembre de 2025, $0,9 billones en la Lecap a enero de 2026 y $0,54 billones en la Lecap a febrero de 2026. En paralelo, los bonos ajustados por la TAMAR absorbieron la mayor parte de la demanda: $3,34 billones con vencimiento a enero de 2026 y $1,28 billones a febrero de 2026.A través de distintas medidas, el Gobierno había preparado el terreno para evitar una colocación de deuda por debajo de los vencimientos y tener que salir luego a absorber pesos sobrantes que puedan presionar al tipo de cambio, en un momento clave político por la cercanía de las elecciones legislativas bonaerenses. En los informes previos a la última licitación de agosto, las consultoras coincidieron en remarcar la importancia de los cambios recientes en la política monetaria y la estrategia del Tesoro para despejar vencimientos inmediatos.Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) se destacó que, en la víspera de la subasta, “se registraron volúmenes operados inusuales en el BONCAP con vencimiento en febrero (T13F6)”. Según el informe, el monto nominal alcanzó $474 mil millones, casi el triple del máximo previo de $160 mil millones observado la semana pasada. “Este salto sugiere una posible intervención por parte del BCRA en la curva”, advirtieron, y explicaron que la maniobra podría haber estado orientada a “contener los rendimientos en la previa de la licitación”.En la misma línea, PPI recordó que el Banco Central había anunciado una modificación en la composición de los encajes que comenzó a regir de manera automática, además de una suba que entrará en vigor el 1° de septiembre. “Ahora 2 puntos porcentuales adicionales podrán ser integrados como encajes remunerados para cuentas corrientes, cajas de ahorro y adelantos”, mientras que desde septiembre “los encajes para todos los depósitos se elevarán en 3,5 puntos porcentuales, integrables con títulos públicos”.Por su parte, Cohen describió que la oferta del Tesoro en esta licitación se concentraba en “una única alternativa de corto plazo con la Lecap S30S5” (al 30 de septiembre), mientras que el resto de los instrumentos estaban orientados a plazos más largos: reaperturas de Lecaps a enero y febrero de 2026 (S16E6 y S27F6), un dollar linked de corto plazo (D30S5) y dos TAMAR con vencimientos en enero y febrero de 2026 (M16E6 y M27F6).Para la consultora, con la última suba de encajes de 3,5 puntos —integrables con títulos públicos a más de 60 días en suscripción primaria— “todo sugiere que la estrategia del Gobierno apuntaría a estirar duration y despejar los vencimientos más inmediatos”.  En cuanto al mercado secundario, Cohen subrayó que, tras la fuerte caída del lunes, la renta fija en pesos tuvo una rueda positiva: “Los bonos CER fueron los más destacados, con subas del 1,3 por ciento”. Al mismo tiempo, la curva a tasa fija avanzó 0,9%, con una compresión de rendimientos de 3,7 puntos porcentuales hasta un promedio del 51% TNA. Infobae.

El Ministerio de Economía colocó este miércoles 4,7 billones de pesos de títulos en moneda local de corto plazo para absorber los pesos que habían quedado sueltos en mercado tras el desarme de las Lefi y que amenazaban con presionar al tipo de cambio. Para eso, convalidó una tasa de interés muy por encima de la inflación.La Secretaría de Finanzas que encabeza Pablo Quirno informó que adjudicó ese total, algo menos de los 5 billones de pesos que en el mercado se estimaban que habían quedado en circulación tras el fin de las Letras Fiscales con las que el BCRA administraba la cantidad de pesos en la economía.Al desarmar ese instrumento, 10 billones de pesos quedaron en la calle, hicieron caer con fuerzas algunas de las tasas de instrumentos en pesos y eso sumó presión al precio del dólar. El Gobierno salió a intentar morigerar esa escalada con operaciones de pases pasivos, contratos de dólar futuro y operaciones con Letras Capitalizables del Tesoro.Como parte de esa estrategia, Economía anunció una licitación fuera de calendario y este miércoles la concretó: buena parte de los $4,7 billones en cuestión encontraron como destino la Lecap más corta, con vencimiento el último día de julio, por unos 1,5 billones de pesos. Le siguieron otras Lecap con finalización en agosto ($816.000 millones a mediados de ese mes y $865.000 millones el 29 de agosto) y otros $776.000 millones a fines de septiembre.“El Tesoro absorbe $4,7 billones en la licitación de Lecaps/Boncaps en el marco del desarme de las LeFis. Se elimima el excedente de pesos que dejó el desarme de LeFis (tasa endógena) con extensión de duration en el perfil de vencimientos de Finanzas”, definió el director del Banco Central Federico Furiase.En el mercado destacaron que hubo una suba de tasas de interés por parte del Ministerio de Economía en las letras adjudicadas -en comparación con las tasas que se operaban en el mercado secundario- para asegurarse la absorción completa de los pesos circulantes.Como referencia, la tasa mensual efectiva de la letra más corta que vence dentro de 15 días es de 3,31% mensual, el doble que el ritmo de la inflación que mostró junio. La tasa más baja adjudicada fue de 2,9% mensual, también bien por encima del IPC esperado para lo que resta del año.En las últimas el ministro de Economía, Luis Caputo , explicó el mecanismo utilizado para frenar la suba, absorbiendo liquidez en la plaza de pesos y apuntó contra los bancos, en el marco del canje de LEFI. Según fuentes del mercado, intervino en el dólar futuro para apuntalar la baja de los precios del dólar mayorista, utilizó pases pasivos y llamó a una licitación de títulos de deuda este miércoles.Caputo posteó a través de su cuenta de X: “Las lefi se suponía que los bancos las iban a canjear por lecaps. Pero los bancos, temerosos de perder la liquidez diaria, no fueron con todo y prefirieron hacer numerales”. Vale mencionar que el BCRA exige a los bancos mantener una cantidad de encajes proporcional a sus tenencias de depósitos. El cálculo para el cumplimiento de esta norma se basa en un promedio mensual.Por ello, no es raro que los bancos encajen mucho más de lo que necesitan durante medio mes, para quedarse con cantidades de liquidez en la otra mitad. Pero en este caso, eso fue bastante extremo.“Al sobre encajar todos al mismo tiempo, estaba claro que eso iba a derivar en una baja de la tasa corta, por lo cual el Banco Central empezó a absorber esa liquidez excedente. Ahí surgió que los bancos mismos nos pidieran la licitación que anunciamos el lunes”, continuó Caputo.“La absorción vía licitación del Tesoro es mejor opción, porque son pesos que van a la 2020. Pero en el mientras tanto, ya que esos pesos liquidan el viernes próximo, el BCRA absorbió 5 billones en los últimos 3 días hábiles, siendo que la prioridad siempre fue, es y será, que no sobren pesos, de manera de consolidar el proceso de desinflación que estamos transitando”, añadió. Infobae.

Analistas sostienen que se mantiene el optimismo inversor luego de la implementación de la fase 3 del programa económico, y tras el respaldo recibido esta semana por parte de EEUU y el FMI al plan del gobierno de Javier Milei.En este escenario, el S&P Merval cae por segunda rueda consecutiva, al anotar una baja del 0,5% en pesos y de apenas 0,1% en dólares. Más allá de la pausa, los operadores destacan que persiste el interés por posicionarse en papeles domésticos.En paralelo, los bonos soberanos en dólares operan con disparidad: los Globales anotan alzas promedio del 0,3%, pero los Bonares anotan leves bajas generalizadas.En efecto, el riesgo país perfora los 700 puntos y sde ubica en los 692 puntos.Las claves para los operadores siguen siendo el acuerdo con el FMI, la flexibilización cambiaria y la expectativa de que el proceso electoral no altere el rumbo de las reformas.Los inversores fortalecen posiciones en pesos, favorecidos por el reciente reacomodamiento del tipo de cambio en torno a los $1.200 y por recomendaciones de bancos internacionales que alientan estrategias de “carry trade”, o bicicleta financiera. NA.

El importe ejecutado había sido puesto a disposición por el país, hace casi un año, mediante una Carta de Crédito emitida por el Banco Santander, por lo que no representa un impacto actual para las reservas. Los fondos demandantes se impusieron en todas las instancias judiciales, incluida la Corte Suprema del Reino Unido, que confirmó el año pasado la condena a la Argentina y la obligación de pagar la indemnización de 1.330 más los intereses. El pasado 6 de diciembre se venció el plazo dispuesto para que el país abone el monto correspondiente, sin que se cancele la deuda, por lo que recientemente la Corte de Apelaciones británica dispuso acceder a la ejecución de la garantía, que se descontará del total adeudado.El reclamo legal empezó en 2019 y se basa en el cuestionamiento a un cambio de cálculos estadísticos que implementó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante la gestión de Cristina Kirchner, lo que evitó hacer un pago a tenedores de bonos.Los demandantes consideran que si la Argentina no hubiera modificado el método de cálculo del PBI, hubiera tenido que pagar los intereses de los cupones en los períodos que van de 2014 a 2018, así como en 2021 y 2022.La controversia por el manejo de las estadísticas públicas en la gestión de Cristina Kirchner tiene más de un frente judicial. Al litigio en territorio británico, también se deben considerar las demandas en Estados Unidos, que continúan abiertas. Al respecto de la postura que debiera adoptar el país en estos casos, el especialista Sebastián Maril, sostuvo en su cuenta de X que “en 2025, Argentina deberá comenzar a tratar los fallos de los litigios internacionales como activos y dejar de mirarlos como pasivos”, asegurando que “cerrar estos juicios ayudará a mostrar al mundo que, finalmente, empezamos a cumplir con los contratos y comprometernos a respetar el Estado de Derecho, pilar fundamental para atraer inversiones”. Al mismo tiempo, remarcó que “los beneficiarios de sentencias, por su lado, deberán entender que, ayudando a Argentina, se estarán ayudando a ellos mismos”. NA.

Esta medida acompaña el ajuste del 2,7% en los haberes previsionales, determinado en base a la inflación más reciente.

Montos actualizados con el bono

Con la actualización y el refuerzo económico, los beneficiarios recibirán:Jubilación mínima: $273.086,50 + bono $343.086,50Jubilación máxima: $1.837.613,62Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $218.469,20 + bono $288.469,20Pensiones No Contributivas (PNC): $191.160,55 + bono $261.160,55El bono será asignado a los jubilados y pensionados del sistema previsional de la ANSES, incluyendo la PUAM, pensiones no contributivas por vejez, invalidez y madres de 7 hijos o más, entre otras.

Bono proporcional para haberes superiores a la mínima

Los jubilados cuyos haberes superen la jubilación mínima recibirán un bono ajustado, de modo que el total percibido no supere la suma de la mínima más el bono de $70.000.

El bono no tendrá actualización en 2025

El Gobierno determinó que este beneficio se mantendrá fijo durante todo el año y no se ajustará en función de la inflación. Esta decisión busca sostener el poder adquisitivo de los jubilados, aunque la falta de actualizaciones podría impactar en su capacidad de compra en los próximos meses.A pesar del ajuste del 2,7% basado en el índice inflacionario, no se prevén incrementos adicionales en el corto plazo, a diferencia de lo ocurrido en 2024, cuando la inflación acumulada entre diciembre y febrero alcanzó un 71% sin ajustes proporcionales en las jubilaciones mínimas.

Los inversores que ganaron el juicio por US$ 16.000 millones contra la Argentina por la nacionalización de YPF hace más de una década están abiertos a recibir el pago en bonos en lugar de efectivo.Burford Capital, un fondo de litigios que es el mayor accionista en el caso, aceptaría bonos soberanos u otros títulos negociables, considerando las agotadas reservas internacionales del Banco Central argentino, señalaron fuentes de esa entidad citadas por la agencia Bloomberg.Burford adquirió los derechos de la demanda en 2015 por US$ 16,6 millones de antiguos accionistas de YPF y podría recibir al menos US$ 6.200 millones si se paga el fallo completo.La postura más flexible del fondo en cuanto al pago podría marcar una señal de distensión en una disputa que ha complicado los intentos de Argentina por salir de décadas de crisis financieras. Las conversaciones entre representantes de Burford y funcionarios del gobierno no han llegado a ningún acuerdo a pesar de las reuniones en las últimas semanas. La falta de avances significativos bajo la administración del presidente Javier Milei, quien asumió en diciembre pasado, se da más de un año después de que un juez federal de EE.UU. fallara a favor de Burford.Hace algunos meses, Milei mencionó la posibilidad de emitir un “bono perpetuo” para resolver el caso de YPF, pero no ha surgido una estrategia concreta. El Banco Central tiene más pasivos que activos, lo que se traduce en reservas netas negativas que dificultan los pagos en efectivo.Wall Street ha mostrado mayor interés en los bonos argentinos en dólares a medida que Milei implementa estrictas medidas de austeridad y aprueba reformas favorables al sector empresarial en el Congreso. Los bonos soberanos, que hace un año estaban en territorio de alto riesgo, ahora son los que mejor rendimiento tienen entre los mercados emergentes en lo que va de 2024.La demanda en los tribunales de EE.UU. surge de la expropiación de YPF en 2012. La jueza federal de distrito Loretta Preska falló en 2023 que la nacionalización de YPF violó los estatutos de la empresa, que requerían que la firma hiciera una oferta pública a todos los accionistas.Argentina está apelando el fallo de Preska, pero no presentó la garantía requerida durante la apelación. Esto llevó a la jueza a dictaminar en enero que el fallo -el mayor jamás ordenado por un tribunal federal en Manhattan- era susceptible de ejecución inmediata, antes de que se resolviera la apelación.El giro más reciente en el caso se dio el miércoles cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. envió una carta a Preska solicitándole que no permitiera a Burford y otros embargar las acciones de YPF que cotizan en EE.UU. El Departamento de Justicia argumentó que permitir que un litigante privado embargue activos extranjeros en suelo estadounidense podría poner en riesgo los intereses de la política exterior de EE.UU. y la reciprocidad en el extranjero. NA. 

El pago con títulos públicos representa en principio una quita del 50 %, aunque Caputo asegura que la cotización de esos bonos subirá en los próximos meses.El acuerdo total se alcanzó luego de que las dos empresas más importantes de generación de energía eléctrica del país, Central Puerto y Pampa Energía, aceptaron la oferta del Gobierno de saldar la deuda de subsidios de Cammesa con un bono a 2038.Caputo anunció que logró la adhesión total del 100 % de los acreedores, que reclamaban $ 600.000 millones por pagos no realizados por el Gobierno entre diciembre y enero. En redes sociales, Caputo posteó: “100 % de adhesión a la propuesta de cancelación de deuda de Cammesa correspondiente a las facturas de diciembre y enero”. El ministro destacó la “buena predisposición de los empresarios del sector que, entendiendo la situación heredada, adhirieron a la propuesta”. Y dijo que el sector energético “ya mostró un superávit comercial de 2.400 millones de dólares en el primer cuatrimestre del año, y tiene un enorme potencial en nuestro país, con un superávit proyectado de 25 mil millones de dólares para el 2030”.La firma de los acuerdos de Central Puerto -una empresa en la que Nicolás Caputo fue accionista hasta hace dos años, pero donde ya vendió su participación- y Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, llevó también a las empresas más chicas, como Genneia y MSU.Otras grandes empresas que habían aceptado previamente la propuesta oficial son YPF, YPF Luz, PAE, AES, Albanesi, CGC y Pluspetrol. NA. 

Ambas iniciativas contienen una serie de medidas que consolidan la situación de las cuentas públicas y la demora en su sanción definitiva inquieta a los inversores.En este contexto, los títulos públicos en moneda extranjera sufren en toda la línea, destacándose la baja de 3% que muestra en AL35. El referencial AL30 cede 1,6 % y cotiza a US$ 54,90, cuando apenas una semana atrás apuntó a superar los US$ 60.Las acciones en la Bolsa de Comercio operan con mayorías de bajas y el MERVAL retrocede 1,2 %.Un panorama similar se observa con los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Nueva York, donde las acciones de los bancos vuelven a ser las más castigadas. NA. 

El indicador elaborado por el JP Morgan se ubicó en los 1.367 puntos con los bonos subiendo un 1,5% en promedio, según la evolución de los Globales del canje en Wall Street. Tanto los bonos Globales -con ley extranjera- como los Bonares -con ley local- experimentan un 2024 con alzas firmes de un 30% en promedio. En tanto, el riesgo país cae 56 unidades, a la cifra más baja desde el 18 de noviembre de 2020 (1.355 puntos).En sus precios máximos desde que salieron a cotizar en el mercado secundario el 10 de septiembre de 2020, los títulos públicos más líquidos y, a la vez, los de plazo más corto (Bonares 2029 y 2030, y Globales 2029 y 2030) operan holgadamente sobre los USD 50 y, a criterio de los analistas, aún mantienen un upside o margen para seguir subiendo considerable.El indicador de JP Morgan rompió ahora el piso de los 1.400 puntos, un evento que no ocurría desde el 11 de enero de 2021 (1.395 unidades). Este índice mide la brecha de las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU con comparables emisiones emergentes en cuanto a plazo. El riesgo país argentino marcó un máximo reciente de 2.900 puntos en julio de 2022. Y solo en 2024 disminuyó en más de 500 puntos básicos.Si bien el clima internacional favorece el desempeño de la deuda soberana en dólares argentina, el factor local tuvo una ponderación más que relevante, según especialistas. El empeño del Gobierno para cumplir con las obligaciones de corto plazo, más el compromiso fiscal y el saneamiento de los desajustes para dirigirnos a una ‘normalización’ y estabilización económica se sumaron a los factores internacionales, según Portfolio Personal Inversiones.Especialistas sostienen que para mantener el alza de los bonos la acumulación de reservas -que ya supera los US$ 11.000 millones en el gobierno de Javier Milei, tiene que ser sostenible, en la misma línea que se expresó el FMI. Los expertos consideran que la Argentina se encamina a un modelo de competencia de monedas, en donde la economía tendrá cada vez menos pesos, y las transacciones se podrán realizar en la moneda que la gente quiera, o los productos que se quieran transar. Mientras el mercado espera que el gobierno devalúe, el gobierno busca redoblar los esfuerzos para tener superávit fiscal, emitir solo contra respaldo de dólares y bajar la tasa de interés.En ese marco, invertir en bonos soberanos de la República Argentina parece la mejor opción, si es que el país logra un entendimiento con el FMI y vuelve al mercado financiero internacional. Comprar dólares es el pasado, cambiaron la música económica, y tenés que cambiar la forma de realizar inversiones”, agregó.El economista Gustavo Ber afirmó que para la deuda “la recuperación resultó vertiginosa en los últimos meses, aún cuando quedaría espacio para la apreciación en caso de extenderse el ordenamiento económico que despierta expectativas”.En tanto, expertos de Adcap dijeron que “desde el llamado al diálogo con el ‘Pacto de Mayo’ que tuvo lugar el 1 de marzo en la apertura de las sesiones del Congreso, los bonos soberanos subieron más de 15% en dólares”. De esta manera, el gobierno parece ir dejando atrás la incertidumbre generada por las rispideces con gobernadores y el Congreso luego del rechazo de la Ley Ómnibus. Mientras tanto, la administración de Javier Milei continúa exhibiendo victorias relevantes en términos financieros: febrero arrojó el segundo superávit financiero y la inflación continúa desacelerando. NA. 

El juez Stephen Phillips afirmó: “Si bien entiendo y comprendo el impacto que cualquier carga financiera adicional tendrá en una economía en dificultades, no me convencen las pruebas ni los argumentos sobre un daño irremediable a la población”.

El Tribunal de Apelaciones de Londres determinó este jueves que el Estado argentino deberá pagar US$337 millones si quiere continuar con en el juicio que se tramita por el método de cálculo de una serie de bonos de deuda, conocidos como “cupones PBI”.

La sentencia de segunda instancia se da luego de que Argentina apelara un fallo de abril del año pasado que estipuló una compensación de cerca de 1.330 millones de euros (US$1.500 millones) a una serie de fondos.

El Tribunal de Apelaciones definió que el país deberá depositar 310 millones de euros (US$ 337 millones) antes del 5 de abril en una cuenta fiduciaria si quiere seguir adelante con la apelación.

“Si bien entiendo y comprendo el impacto que cualquier carga financiera adicional tendrá en una economía en dificultades, no me convencen las pruebas ni los argumentos sobre un daño irremediable a la población”, argumentó el juez Stephen Phillips en su fallo, según citó la agencia Bloomberg.

Los abogados de los fondos consideraron que es poco probable que Argentina proceda con el pago y señalaron que buscará “retrasar la decisión”, dada la situación económica del país.

Los fondos HBK Master Fund, Hirsh Group, Virtual Emerald International y Palladian Partners presentaron una demanda en 2019 por presuntas pérdidas vinculadas con un cambio en el método de calcular el Producto Bruto Interno (PBI), con el cual sus bonos estaban atados.

Los “hedge fund” demandaron al Estado argentino por un cambio en el año que se toma como base para calcular el crecimiento que se produjo en 2014, y que abarcó de forma retroactiva al cálculo del PBI de 2013 en adelante

El fallo de primera instancia argumentó que el cambio en la metodología aplicado en su momento en el cálculo del PBI por el Indec provocó pérdidas para los tenedores de bonos y determinó que estos, además del monto de 1.330 millones de euros, deberán recibir intereses calculados desde diciembre de 2014 en adelante.

Los bonos en cuestión se tratan de instrumentos que fueron utilizados en el canje de deuda de 2005 y que determinaba pagos extras a los tenedores cuando el crecimiento económico del año era superior al 3,3%.

Según la postura de los abogados de la Argentina, la modificación en el cálculo del PBI -que comenzó a tomar como base de cálculo al año 2004 en lugar de 1993- fue necesaria para crear un plan de pago de deuda que sea sustentable para el país.

Sin los cambios -indicaron- los retornos de los cupones se ajustarían según un parámetro desactualizado del crecimiento de la economía, sin vínculo con la expansión real del país.

En cambio, los cuatro fondos argumentaron que Argentina que se debía usar el cálculo antiguo para medir el PBI para los pagos que se realicen hasta el 2035, según afirmó Aidan O´Rourke, de la firma de abogados Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, que los representa.

O´Rourke indicó en un comunicado que estaba “satisfecho” por el fallo del tribunal y confía en que la audiencia final del tribunal confirmará la sentencia del año pasado que exige que Argentina pague todo el dinero adeudado.

El Ministerio de Economía colocó este miércoles en la plaza financiera bonos en pesos por $873.173 millones, por lo cual no solo logró pagar todos los vencimientos, sino que también se hizo de $133.090 millones para futuros pagos de deuda

El secretario de Finanzas, Eduardo Setti, adelantó a través de su cuenta de Twitter el resultado de la licitación en la que destacó que, "tras reducir $7,4 billones de vencimiento en la operación de conversión (canje) realizada a principios de junio" el Ministerio de Economía "logró un financiamiento neto adicional de $575.610 millones mediante las dos licitaciones realizadas en el mes, lo que implica un roll over del 149%".

Con esta operación "el financiamiento neto en lo que va del año es más de $1,8 billones, que equivale a una tasa de refinanciamiento del 136%", dijo Setti a través de su cuenta de Twitter.

La oferta alcanzaba a una Letra de Liquidez del Tesoro (Lelite) a descuento con vencimiento 18 de julio de 2023, a ser suscripta sólo por Fondos Comunes de Inversión.

También dos Letras ajustadas por CER (inflación) a descuento con vencimientos el 18 de octubre y el 23 de noviembre de 2023 a licitar entre quienes integran el Programa de Creadores de Mercado.

Por fuera de este programa se ofertaron cuatro bonos: dos ajustados por CER, uno con una sobre tasa de 3,75% y el otro de 4,25% annual, con vencimientos el 14 de abril de 2024 y el 14 de febrero de 2025, respectivamente.

Los otros dos están vinculados a la variación del dólar, uno con interés de 0,40% y el otro de 0,50% annual, con vencimientos el 30 de abril y el 30 de setiembre del año próximo.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires rechazó la decisión del presidente Alberto Fernández de abonar con títulos públicos el fallo de la Corte Suprema por la coparticipación federal y anunció la presentación de un escrito en el máximo tribunal informando el incumplimiento.

Además, desde la administración porteña instruyeron a la Procuración General para el inicio de una demanda penal para los funcionarios responsables de no acatar la orden judicial.

�SEl Poder Ejecutivo sigue sin cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia al no acatar lo ordenado por el máximo tribunal en su respuesta a la medida cautelar presentada por el Gobierno de la Ciudad⬝, sostuvo el comunicado oficial de la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

En la misma línea, aclaró que la decisión del Gobierno Nacional no modificó el accionar de la Ciudad, que �Spresentó un escrito en la Corte informando el incumplimiento del fallo y pidiendo que se arbitren los medios necesarios para que se acate el mismo⬝.

Además, instruyeron a la Procuración General para que inicie una demanda penal a los funcionarios responsables de no acatar el fallo.

�SLa Corte resolvió que se entregue al Gobierno porteño el 2,95 % de los fondos coparticipables. La sentencia no afecta los fondos que reciben las provincias. Además, los recursos de la coparticipación se deben transferir diariamente y no pueden ser reemplazados discrecionalmente por otra forma de financiamiento⬝, aclaró el texto.

Y finalizó: �STal como lo establecen las normas republicanas en un país con división de poderes, los fallos se cumplen, no se interpretan⬝.

En la mañana de este lunes, el presidente Alberto Fernández comunicó que acatará el fallo de la Corte e informó que le pagará a la Ciudad a través de bonos, tal como lo hace con la provincia de Santa Fe para saldar una deuda de hace años.

También reveló que presentará un recurso �Sin extremis⬝, que recusará a las autoridades del máximo tribunal y que enviará al Congreso un proyecto de ley que prevea los recursos que hagan posible cumplir la manda, a ser tratado en sesiones extraordinarias.

�SLas decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas. Respetuoso del Estado de Derecho buscaré revertir la mala resolución de la Corte y retomar la senda del federalismo observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer⬝, planteó el mandatario.

Con lo obtenido este viernes y en otras licitaciones, el Ministerio de Economía renovó los vencimientos y logró captar un financiamiento extra de $33.500 millones en lo que va del mes, destacó la cartera económica mediante un comunicado de prensa.

En esta licitación, el menú de instrumentos ofrecidos estuvo conformado por tres nuevos títulos: Se emitió una Letra a Descuento (LEDE) con vencimiento 31 de marzo de 2023, un Bono del Tesoro (Bonte) pagadero el 23 de noviembre de 2027 y una Letra de Liquidez (Lelite) para el 16 de diciembre de 2022 destinada exclusivamente para Fondos Comunes de Inversión.

En la licitación se recibieron 620 ofertas por $175.941 millones de valor nominal, adjudicándose $172.206 millones, lo que representó un valor efectivo de $165.866 millones. Del total de financiamiento obtenido, 26 % estuvo representado por instrumentos nominales a tasa fija con vencimiento en 2022 y 2023, mientras que 74 % restante estuvo representado por el instrumento a tasa variable, que se pagará el 23 de noviembre de 2027.

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El Ministerio de Economía destacó �Sla elevada participación del sector privado en relación al público, explicado este último por la participación en la operación de conversión realizada el pasado 10 de noviembre⬝.

En esa operación, realizada el jueves de la semana pasada, la cartera que dirige Sergio Massa buscó canjear $1,7 billones en títulos que vencían hasta fin de año, y obtuvo una adhesión de 61 % al conseguir postergar el pago de $ 931.116 millones, contra entrega de �Sbonos dual⬝ que deberán pagarse entre junio y septiembre del año próximo. La Secretaría de Finanzas debía afrontar vencimientos por $ 894.135 millones en noviembre y $ 847.110 millones en diciembre.

Luego de esa operación de conversión, en la que logró adjudicar en valor efectivo $ 931.116 millones, redujo los vencimientos proyectados a $464.625 millones y $466.490 millones, respectivamente.

Los �Sbonos dual⬝ le permite al tenedor del título elegir al momento del cobro si quieren que lo reajusten por la variación del tipo de cambio, o del dólar, además de una sobre tasa.

Más allá de esos antecedentes, y en el marco del Programa de Creadores de Mercado, el martes de la semana próxima se efectuará la �SSegunda Vuelta⬝ en donde se podrán recibir y adjudicar ofertas por hasta 20 % del total del valor nominal adjudicado en la licitación de este viernes.

�STodos los bonos se discuten en el marco de las paritarias y por eso se han reabierto las paritarias en la mayoría de los sectores por decisión del Ministerio de Trabajo⬝.

 Así lo afirmó la portavoz Gabriela Cerruti, al dejar sobre la mesa la posibilidad de que los privados paguen un bono adicional a los empleados registrados como paliativo a la inflación.

�SDesde hoy se incentiva a que las paritarias que no estaban cerradas incorporen estos nuevos elementos⬝, agregó.

Asimismo, desde el Gobierno se insistió con que las paritarias �Sno tienen techo⬝ impuesto por una línea dictada desde Casa Rosada y se remarcó la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los asalariados.

Un dato no menor: de acuerdo con un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) la carrera entre salarios y precios en los últimos cuatro años resultó claramente a favor de los segundos.

Durante ese período los trabajadores del sector privado formal perdieron un poder de compra el equivalente a 6,3 sueldos mensuales mientras que los que están en el sector informal resignaron 10 haberes.

ECONOMÍA

Oficializaron la convocatoria de negociaciones paritarias a varios gremios

A través de una convocatoria masiva, el Gobierno nacional llamó de manera urgente a gremios y cámaras empresarias a reuniones paritarias para renegociar los salarios del sector privado. El objetivo es hacer frente al aumento inflacionario previsto para este año.

El 11 de febrero Entre Ríos llegó a un acuerdo de principio con el grupo Ad Hoc de tenedores de bonos ER25 que representan aproximadamente el 58 por ciento de las obligaciones de la provincia en el exterior. En ese marco, desde el 22 de febrero se abrió el procedimiento de solicitud de consentimiento para que la totalidad de tenedores se allanen a la propuesta acordada con el grupo mayoritario. Los términos del acuerdo alcanzado con los tenedores del 58 por ciento de los bonos entrerrianos en el exterior, que ahora se busca extender al resto de los bonistas, incluye que las costas de las acciones legales emprendidas contra la provincia, serán absorbidas por el conjunto de los acreedores.

De esta manera, el gobierno buscará que la mayor cantidad de tenedores de bonos se sumen a los términos del acuerdo alcanzado con el grupo Ad Hoc, que represente condiciones ventajosas para la reestructuración de la deuda de la provincia. La propuesta incluye un alivio significativo del servicio de la deuda en forma de reducciones de cupones y reprogramación de vencimientos. Si se obtiene el consentimiento de más del 75 por ciento del monto total, el acuerdo se vuelve vinculante para la totalidad de los tenedores de bonos. La solicitud de consentimiento vencerá el 8 de marzo, a menos que la Provincia la extienda o la rescinda antes. Asimismo, la provincia se reserva el derecho, a su entera discreción, de extender o enmendar la Solicitud de Consentimiento, y de rechazar cualquier consentimiento con respecto a cualquier Bono.

Los gastos de la transacción serán pagos por los titulares de los bonos cuyo consentimiento se entregue en el plazo establecido en el proceso.

La pandemia por coronavirus afectó a muchos clubes y uno de ellos fue Barcelona, quien en su última muestra del ejercicio económico reconoció 488 millones de euros de deuda. Debido a esto, el club catalán tuvo que tomar una decisión en base a los dos bonos millonarios, que suman una cifra de 78 millones de euros, que le correspondían a Lionel Messi por la renovación que realizó el argentino en 2017.

El primero era de un monto de 39 millones de euros que, tras ser aplazado en diferentes ocasiones, se le otorgó en julio de 2020. Sin embargo, el segundo recién será pagado a final de la temporada 2025 ya que la entidad española se lo dará en ocho cuotas independientemente de si el futbolista continúa o no vistiendo la casaca azulgrana la próxima temporada. ¿El motivo del dinero extra? Como premio a la continuidad o final de su carrera.

La postergación la firmó la Comisión Gestora liderada por Carlos Tusquets, que asumió después de la renuncia de Josep María Bartomeu. Por otro lado, el club tendrá una nueva Junta Directiva tras las elecciones que se llevarán a cabo el 24 de enero: Joan Laporta, Víctor Font, Emili Rousaud, Toni Freixa ya lograron las firmas.

Messi todavía no

decidió su futuro

Desde que el argentino envió el famoso burofax a Barcelona en agosto pasado y declaró que no quería continuar en Barcelona, no descartó quedarse en el club en la última entrevista que brindó. De todas formas expresó que decidirá qué hace cuando concluya la presente temporada ya que su contrato finaliza el 30 de junio de este año.