La decisión unilateral del Congreso de Perú de declarar �Spersona no grata⬝ al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, profundizó esta semana los problemas diplomáticos para la presidenta Dina Boluarte, enfrentada también a Bolivia, Colombia y Honduras, y a partir de este viernes tiene consecuencias económicas porque el mandatario mexicano decidió, en reciprocidad, poner �Sen pausa⬝ las relaciones económicas y comerciales con el país sudamericano.

�SEl Congreso no dirige la política exterior, pero no ayuda. (El Ministerio de) Relaciones Exteriores no puede ser arrastrado por el accionar ��bruto y achorado�" del Congreso⬝, comentó el experto peruano en asuntos internacionales �scar Vidarte, al criticar la iniciativa del Legislativo.

�SEs cierto que las bases de las críticas de López Obrador son débiles, pero se debe pensar en las consecuencias. Es momento de actuar con inteligencia⬝, apuntó Vidarte.

El Congreso, controlado por fuerzas de derecha aliadas ahora con el Ejecutivo, descalificó a López Obrador por sus críticas reiteradas a Boluarte, a quien llama �Susurpadora⬝ y �Sespuria⬝ desde que asumió el pasado 7 de diciembre en reemplazo del destituido Pedro Castillo, aliado del gobernante mexicano.

�SEl problema aquí es que (el mandatario mexicano) no quiere entregar la presidencia pro témpore (de la Alianza del Pacífico, formada por los dos países más Chile y Colombia) y no reconoce a Dina Boluarte ni al Congreso peruano⬝, justificó la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, María del Carmen Alva.

�SMuchas gracias. Me sentiría muy mal si esos legisladores y la señora que detenta el poder me entregaran una condecoración o me aplaudieran. A lo mejor me produciría vergüenza⬝, respondió López Obrador en rueda de prensa tras ser avisado de la declaratoria de no grato, aprobada por 65 votos contra 40.

Tras cartón, AMLO, como se conoce a López Obrador, informó su decisión de suspender las relaciones comerciales y económicas con Perú, aunque destacó que no se trata de una ruptura de las relaciones sino de una �Spausa⬝.

López Obrador, que quería darle asilo a Castillo -quien fue detenido cuando se dirigía a la embajada mexicana en Lima -y que se le protección a su esposa y sus hijos, sostiene que el preso ex mandatario fue depuesto por un poder político �Sracista⬝ y �Sclasista⬝ que no lo aceptó por su origen pobre e indígena.

En ese marco, el gobernante se niega a entregarle a Boluarte la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico, que le correspondería a Perú por las rotaciones preestablecidas.

Para el analista peruano de temas internacionales Farid Kahhat, si esa presidencia pro témpore es tan importante como dicen ahora el gobierno y el Congreso de Perú, �S¿por qué éste último no le dio permiso al aún gobernante Castillo cuando iba a viajar a México en noviembre para recibirla?⬝.

�SAhí se ve la importancia que se le da a esa presidencia⬝, remarcó Kahhat al criticar la posición peruana, aunque coincide en que la defensa que hace López Obrador de su ex colega no está del todo bien fundamentada.

Los roces de Perú con México también se dan con Colombia, cuyo presidente, Gustavo Petro, fue igualmente declarado �Sno grato⬝ por el Congreso por su persistente defensa de Castillo y su negativa a reconocer a Boluarte.

En medio de los roces de esta semana, el primer ministro de Perú, Alberto Otárola, arremetió contra López Obrador y Petro, a los que tildó de �Scaimanes de un mismo pozo⬝ que conducen en sus países administraciones �Smediocres y autoritarias⬝.

Para Kahhat, si Perú considera que esos dos gobiernos son �Sautoritarios⬝, lo que procede es que el país impugne su presencia en la Alianza del Pacífico. Lo mismo aplica en su concepto para la otra parte, que debería solicitar la exclusión de un gobierno al que dos socios consideran ilegítimo.

Las bases de la Alianza del Pacífico, grupo integracionista con intereses primordialmente económicos, establecen que los países que pertenezcan a ella deben tener gobiernos plenamente democráticos para mantenerse como socios.

El cuarto miembro de la organización, Chile, defiende por el contrario que la presidencia pro témpore para Perú, lo que ha generado sorpresa y críticas contra el presidente Gabriel Boric, quien como López Obrador y Petro tiene pensamiento de izquierda.

�SCreemos que, efectivamente, la presidencia pro témpore le corresponde a Perú. Abogamos porque haya un entendimiento entre nuestros países que permita que eso se allane de la mejor manera posible⬝, dijo la subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, Gloria de la Fuente.

A diferencia de Colombia y México, Chile ha tenido una posición distendida respecto a Boluarte, al margen de que hace unas semanas hubo tensiones por la concentración en la frontera de miles de migrantes venezolanos a los que ambos países negaban avanzar hacia sus territorios.

�SParece que el hermano presidente de Chile olvida que (Salvador) Allende fue víctima del intervencionismo de la CIA. La presencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en territorio peruano corresponde al plan injerencista del Comando Sur para usurpar los recursos naturales de la región, especialmente litio, oro y agua dulce⬝, reclamó el ex presidente de Bolivia Evo Morales.

�SLa autorización del ingreso de esas tropas, atenta contra la paz en Latinoamérica⬝, añadió en Twitter Morales, al vincular su comentario sobre Boric al reciente permiso entregado por Perú a militares estadounidenses para desarrollar tareas de capacitación.

El ex mandatario boliviano también fue declarado en su momento persona no grata por el Congreso de Perú, lo que le impide regresar a un país al que visitaba continuamente por la frontera durante el gobierno de Castillo.

Los roces de Perú con Colombia y México han conducido además a la expulsión de Lima de los embajadores de esos países en Lima, medida que no ha tenido reciprocidad, por lo que las relaciones diplomáticas se mantienen, aunque en un punto muy bajo. Igual sucede con Honduras, cuya presidenta, Xiomara Castro, también desconoce a Boluarte.

Desde que asumió en reemplazo de Castillo, Boluarte ha tenido complicaciones con países del área. En diciembre, tras apenas unos días de gestión, la mandataria convocó a los embajadores de Argentina, Bolivia, Colombia y México para expresar rechazo a las posiciones de sus gobiernos.

Entes internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también tienen en la mira al gobierno, en especial tras la represión a las protestas populares de entre diciembre y marzo, que dejaron 49 muertos directos y 28 indirectos.

 La presidente, que llegó al binomio junto a Pedro Castillo por Perú Libre -partido marxista leninista-, hoy cuenta con el apoyo de la derecha y centroderecha.

El Congreso de Perú debate este jueves una moción de vacancia (destitución) contra la presidenta Dina Boluarte por su presunta responsabilidad en las más de 60 muertes que dejó directa o indirectamente la represión a las protestas populares.

La correlación de fuerzas del Congreso, en el que la derecha pasó a ser oficialismo y la izquierda oposición tras la destitución el 7 de diciembre de Pedro Castillo y su reemplazo por Boluarte, hace sin embargo que los analistas descarten que la mandataria sea sacada del sillón, al que se aferra con una desaprobación popular que llega a 77% en las encuestas.

Lo saben los parlamentarios de Perú Libre (PL), partido marxista leninista que llevó como vicepresidencia a la que es hoy jefa de Estado y que se encuentra ahora en la primera línea de la oposición.

�SSe le pueden venir la segunda y tercera (mociones). En algún momento va a salir⬝, advirtió en una conferencia de prensa el portavoz parlamentario de PL, Flavio Cruz, al admitir las pocas chances que el intento de mañana prospere.

Si al menos 52 de los 130 congresistas lo aprueban, la moción irá a una instancia definitiva en que se requerirán 87 votos para destituir a Boluarte, quien sería reemplazada por el presidente del Congreso, José Williams, obligado por ley a convocar elecciones en la mayor brevedad posible.

Lo que fue la bancada oficialista en la administración Castillo, fragmentada ahora en cuatro grupos con 42 parlamentarios en total, está sola en el primer intento, pero sus integrantes no descartan que eso pueda revertirse en el futuro.

�SCada día se va desacreditando este gobierno y (la revelación de hechos de presunta corrupción) lo hacen inmoral. (Es) un gobierno que no da la talla ante las expectativas del país en este momento de crisis⬝, señaló Cruz.

En tres casos recientes, los de Pedro Pablo Kuzcynski en 2018, Martín Vizcarra en 2020, y Castillo, los presidentes superaron el primer intento, pero cayeron después.

Para las bancadas de izquierda -PL, Bloque Magisterial, Cambio Democrático y Perú Bicentenario-, Boluarte es la primera responsable de la ola de muertes por la represión a las protestas que, en opinión de grupos y personalidades nacionales e internacionales, fue letal y desproporcionada.

Pero la mandataria tiene respaldo de los partidos de derecha y centroderecha, que coinciden en el discurso de que las manifestaciones son promovidas por extremistas de izquierda financiados con dinero clandestino y que las Fuerzas Armadas se vieron obligadas a reprimir el �Svandalismo⬝.

Desde diciembre son 49 los civiles fallecidos por la represión, según la Defensoría del Pueblo, la mayoría por perdigones, lanzadores de bombas lacrimógenas o armas letales prohibidas para esos casos.

Otras 17 personas murieron por hechos indirectos, entre ellas seis soldados que se ahogaron en un río cuando, según las Fuerzas Armadas, eran hostigados por campesinos. Un policía fue incinerado vivo, pero la captura de los asesinos, delincuentes comunes, sembró dudas sobre la motivación.

Las muertes, registradas sobre todo en los Andes sureños, pero también en la costa norte y Lima y por las que Boluarte ya es investigada por la Fiscalía, convirtieron en tragedia las movilizaciones que comenzaron después de que la presidenta, tras asumir el poder, anunció que pensaba quedarse hasta 2026, cuando termina el actual período.

Boluarte se rectificó luego y dijo que era partidaria de anticipar las elecciones, tal como pide más del 90% de la población en las encuestas, pero el país ya estaba incendiado. El Congreso, al que los sondeos le dan 7% de aprobación popular, dilató la fijación de una fecha para esos posibles comicios adelantados.

Organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch documentaron los excesos de policías y militares, criticados además por diversas instancias internacionales, incluido el Departamento de Estado de Estados Unidos.

No obstante, para la derecha, que promovió tres mociones de vacancia en 17 meses de gobierno de Castillo, lo ocurrido no es razón para sacar a Boluarte.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, cumplió esta semana tres meses de un Gobierno que no se sabe hasta cuándo permanecerá, y en medio de la posibilidad latente, según expertos, de que termine sentada ante la Corte Penal Internacional (CPI) por violaciones a los derechos humanos.

Las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de sus instancias, ya le exigieron a Boluarte explicaciones sobre las circunstancias en las que murieron más de 60 personas en unas protestas que, según grupos como Amnistía Internacional (AI), fueron reprimidas con exceso de fuerza.

Los cargos contra la mandataria y quienes fueran hallados responsables, según le explicó a Télam el abogado penalista Fernando Ugaz, podrían incluir delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, calificados como de lesa humanidad.

Un total de 49 personas -48 civiles y un policía- fallecieron directamente en los choques, mientras que al menos 17 más, incluidos seis soldados, perdieron la vida en hechos colaterales en las protestas que estallaron en diciembre, después de que el Congreso destituyó al expresidente Pedro Castillo y lo reemplazó por la hasta entonces vicepresidenta.

Entre las irregularidades detectadas en las acciones de militares y policías, indicó Ugaz, están el uso de armas letales no permitidas en este tipo de casos o el disparo al cuerpo y a corta distancia de elementos como bombas lacrimógenas, que, por definición, deben utilizarse en forma oblicua o curva a no menos de 60 metros de distancia.

El jurista, del estudio Ugaz Zegarra & Abogados, citó como ejemplo el caso del único fallecido en Lima, un trabajador de 55 años, contra quien según las evidencias se disparó en forma directa una bomba lacrimógena a menos de seis metros, la que además lo impactó en la parte posterior, indicio de que no estaba en posición de ataque contra los efectivos.

Boluarte, quien asegura que ordenó no usar armas letales, compareció esta semana ante la Fiscalía, que le abrió ya una investigación preliminar por los hechos, pero según la abogada Gloria Cano, directora de la Asociación Pro Derechos Humanos, no hubo aún interrogatorio por una acción de tutela presentada por la Procuraduría.

La acción se basa en que tanto la Procuraduría como los representantes legales de las víctimas quieren estar en los interrogatorios a la mandataria y los demás investigados, como el primer ministro, Alberto Otárola, que el jueves evitó ser convocado por el Congreso a dar explicaciones, y los ministros del Interior, Vicente Romero, y de Defensa, Jorge Chávez Cresta.

La gran mayoría de las muertes de civiles ocurrieron en departamentos empobrecidos de los Andes sureños, como Apurímac, Ayacucho y Puno, donde tomaron más fuerzas las protestas contra Boluarte, a quien se le pide que renuncie para que se puedan convocar elecciones generales a la brevedad.

La respuesta de Boluarte, quien según las encuestas tiene una desaprobación cercana al 80%, fue que los actos de violencia son responsabilidad de grupos �Sradicales y minoritarios⬝ financiados por fuerzas oscuras como el narcotráfico, la minería ilegal o remanentes del desarticulado grupo ultraizquierdista armado Sendero Luminoso, aunque sin presentar pruebas.

Boluarte, quien asegura que ordenó no usar armas letales, compareció esta semana ante la Fiscalía, que le abrió ya una investigación preliminar por los hechos.

En ese marco, la mandataria, una abogada de Apurímac de 60 años, afirma que seguirá en el sillón presidencial hasta que se realicen las elecciones anticipadas, las que no tienen aún fecha, porque el Congreso, desaprobado por el 90% de la población, dilató una decisión al respecto.

Según muchos analistas, la intención del Ejecutivo y el Congreso es alargar lo más posible su permanencia y de ser posible llegar hasta 2026, cuando termina el período, una opción de las que se descuenta que podría traer graves consecuencias por el descontento popular (más de 90% está a favor de elecciones anticipadas a más tardar en 2024).

En medio de la desconfianza que generan la Fiscalía, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, el Tribunal Constitucional (TC) el Congreso para encargarse del caso, Ugaz estimó posible que se llegue a la Corte Penal Internacional, de acuerdo con el Estatuto de Roma, del que Perú es signatario.

Partidos de derecha convertidos en aliados de Boluarte -quien llegó a la vicepresidencia por el marxista leninista Perú Libre-, como el fujimorista Fuerza Popular, plantearon que, como protección, el país se retire de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Ugaz explicó, no obstante, que eso no marcaría diferencia en el caso concreto: cuando un país se retira debe anunciarlo con un año de anticipación y los posibles casos que se presenten en ese lapso o antes seguirán vigentes.

Es decir, a manera de ejemplo: si Perú anunciara su retiro este mes, seguiría dentro del sistema hasta marzo de 2024 y los foros internacionales podrían actuar en todo lo que ocurra hasta esta última fecha.

El abogado tampoco halló �Sninguna viabilidad⬝ en la propuesta de congresistas del partido ultraconservador Renovación Popular, también aliado circunstancial de Boluarte, para que se proteja a los posibles acusados con figuras como indulto o amnistía, pues estas no aplican en casos de lesa humanidad.