Tras más de un mes de tensión y bloqueos que afectan a distintas regiones del país, organizaciones de obreros y campesinos de La Paz admitieron el agotamiento de la población y exhortaron al Gobierno a instalar una agenda de negociación que permita encaminar soluciones a la crisis política y social que enfrenta el país.La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari —dos de las organizaciones que impulsan las protestas—pasaron de exigir la renuncia del presidente a pedir una agenda de trabajo que será puesta a consideración de sus afiliados.El dirigente campesino David Mamani informó que, tras recibir el documento, las bases decidirán si aceptan participar en una mesa de negociación o continuar con las medidas de presión. “Las organizaciones sociales sentimos ese debilitamiento y cansancio, puede que haya un dirigente que diga: ‘vamos al diálogo’”, afirmó Mamani en entrevista con el medio digital Urgente.Bo. Sin embargo, el dirigente condicionó el acercamiento con el Gobierno a una agenda nacional de trabajo “para no cometer más errores de carácter institucional, jurídico y político”.En esa línea, el secretario de la COB, Claudio Choque, afirmó que “hasta los países en guerra han llegado a un diálogo y pacificación” y remarcó que el diálogo tiene que ser “sincero, con condiciones claras y propuestas claras”.En una entrevista con la radio Erbol, Choque señaló que para avanzar en una negociación el Gobierno debe considerar las resoluciones de los cabildos realizados por los sectores sociales y cesar “la persecución” y los procesos contra manifestantes que fueron detenidos.Las declaraciones de ambos dirigentes se dan cuando el país cumple 36 días consecutivos de bloqueos de carreteras para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a quien acusan de gobernar en contra de sus intereses y de haber hecho lo contrario a lo que prometió en la campaña electoral.Las protestas iniciaron en la región andina del país y se extendieron a seis de nueve departamentos, pero afectaron particularmente a la ciudad de La Paz, sede de Gobierno, cuyas vías de acceso fueron tomadas por los manifestantes.La población enfrenta más de un mes de desabastecimiento de alimentos, encarecimiento de los productos básicos e interrupciones en el servicio de transporte público por falta de combustible. La ciudad también fue escenario de enfrentamientos violentos entre manifestantes y la Policía, donde se reportaron daños a instituciones públicas, agresiones a civiles y personas heridas.Esta situación, insostenible para la población afectada, se suma a las pérdidas económicas de sectores estratégicos como el transporte y la industria. Si bien no hay una cifra consolidada, diversas fuentes estiman el costo económico de la protesta entre 1.600 y 2.000 millones de dólares.El gobernador de La Paz y aliado del Ejecutivo, Luis Revila, aseguró que este finde semana los bloqueos terminarán hasta este fin de semana “con o sin diálogo” por la necesidad que tiene la población de regresar a la normalidad. “Si el diálogo no se instala en el curso del día de hoy, yo les aseguro que a partir de mañana o el fin de semana esta situación se va a normalizar por fuerza de las circunstancias y la necesidad que tiene la gente de retomar sus actividades”, afirmó, citado por medios locales.Hasta la publicación de esta nota, nadie en el gobierno hizo referencia de manera pública a la solicitud de una agenda de trabajo por parte de las organizaciones sociales. Sin embargo, en lo que va del conflicto, la administración de Paz ha manifestado su intención de dialogar con quienes tienen demandas que consideran “legítimas” y han descartado acercamientos con quienes piden su renuncia acusándolos de “narcoterristas”.En paralelo, ha promovido la aprobación de una ley de regulación de estados de excepción para contar con el marco legal que le permita ordenar al Ejército su intervención en los conflictos.A más de un mes de bloqueos de caminos también surgieron movilizaciones ciudadanas para exigir la aplicación del estado de excepción y permitir la liberación de las vías y el restablecimiento del orden público.Con la flexibilización de la posición en las organizaciones sociales, crecen las expectativas de que el conflicto se encamine hacia una solución concertada. Las próximas horas son decisivas.

 La Iglesia Católica de Bolivia y la Defensoría del Pueblo convocaron a un “Pacto social por la paz y la reconciliación”, con el objetivo de buscar soluciones a las protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y prevenir un aumento de la violencia.La propuesta surge después de informarse al menos 16 fallecidos, de los cuales 13 no recibieron atención médica debido a los bloqueos de carreteras.Ambas instituciones intentan mediar en el conflicto promovido por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari, organizaciones que solicitan la renuncia de Paz, quien asumió la presidencia hace siete meses.La convocatoria, de acuerdo con un comunicado, está dirigida “de manera urgente a representantes provinciales y municipales” para “evitar una espiral de violencia, cuyas consecuencias generarían más sufrimiento, profundizarían las divisiones y dejarían heridas difíciles de sanar y reencauzar”.El documento cuenta con la firma del secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) y obispo de El Alto, Giovani Arana, y del defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.La iniciativa busca reunir a distintos actores sociales para identificar alternativas que permitan disminuir la confrontación y construir consensos, con el fin de restablecer el diálogo entre el Gobierno y los sectores movilizados, quienes anunciaron protestas a partir del 1 de mayo y comenzaron los bloqueos el 6 de mayo.El conflicto ha impactado especialmente en la zona andina de Bolivia, donde entre mayo y junio se registraron 16 muertes: 13 por falta de atención médica a causa de los bloqueos, un manifestante por un disparo durante un operativo policial y otras dos, según la Defensoría del Pueblo, en circunstancias aún no esclarecidas.“Exhortamos a todas las partes a deponer toda actitud que evite solucionar el conflicto y a participar de este encuentro con espíritu de reciprocidad y complementariedad. No permitamos que la violencia nos arrebate la esperanza de construir una sociedad justa y armoniosa”, señalaron las instituciones.La Iglesia Católica, la Defensoría y la Vicepresidencia promovieron recientemente dos reuniones de mediación, en las que solo asistieron representantes del Gobierno, sin la presencia de los líderes de las protestas.Los dirigentes sindicales y campesinos solicitaron la suspensión de las órdenes de aprehensión en su contra, medida que la Justicia dejó en suspenso. A pesar de esto, no asistieron a las iniciativas de diálogo, en un contexto de crisis que ha generado desabastecimientos y pérdidas económicas estimadas en 2.400 millones de dólares.

 El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, conversó con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, para reafirmar el respaldo de Washington a la democracia boliviana y al Gobierno nacional.Según el comunicado oficial citado por la agencia estatal boliviana ABI y supo Noticias Argentinas, ambos analizaron la situación actual de Bolivia y compartieron prioridades orientadas a promover la seguridad y la estabilidad en la región.En ese marco, Rubio señaló que Estados Unidos está intensificando la asistencia de emergencia y el apoyo logístico para atender a la población afectada por la escasez de alimentos y medicamentos.“El Secretario señaló que Estados Unidos está intensificando la asistencia de emergencia y el apoyo logístico en Bolivia para ayudar a quienes enfrentan una grave escasez de alimentos y medicamentos debido a los bloqueos ilegales de carreteras, cuyo objetivo es desestabilizar la sociedad boliviana”, señala el comunicado atribuido al portavoz Tommy Pigott.Además, Rubio reafirmó que el gobierno estadounidense continuará apoyando a Bolivia “en su camino hacia la estabilidad, la seguridad y un futuro mejor para todos los bolivianos”, de acuerdo con el pronunciamiento difundido por el Departamento de Estado.

Por su parte, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, manifestó a través de la red social X que el Departamento a su cargo y la Coalición Contra el Cártel de las Américas (A3C) rechazan “todos los intentos de derrocar al gobierno legítimo del presidente Rodrigo Paz en Bolivia”, supo la Agencia Noticias Argentinas.En su publicación, Hegseth señaló que “Estados Unidos está observando” la situación en Bolivia y sostuvo que el país sudamericano “no debe permitir que caiga presa del viejo statu quo de dominación narcoterrorista en la región”.Asimismo, indicó que “continuaremos apoyando a nuestros socios de la A3C, como Bolivia, para garantizar que los narcoterroristas sean disuadidos de lucrarse con la muerte y la destrucción en nuestro hemisferio”, según el mensaje difundido en la plataforma digital.

María Silvia Trigo - La Defensoría del Pueblo de Bolivia presentó un informe sobre la conflictividad social del país entre el 1 y el 24 de mayo de 2026, periodo en el que se registraron marchas, bloqueos de carreteras y enfrentamientos durante operativos policiales para habilitar corredores humanitarios.Según el informe de la Defensoría, los conflictos dejaron un total de 321 personas arrestadas, 23 heridas y siete fallecidos, algunos de los cuales todavía se encuentran pendientes de investigación por el Ministerio Público.El reporte señala que cuatro personas perdieron la vida porque no pudieron recibir atención médica oportuna debido a los bloqueos, tres en el departamento de La Paz y uno en Potosí. Entre las víctimas figura un niño de 12 años trasladado de emergencia en ambulancia desde la localidad de Llallagua hacia la ciudad de Potosí (sudeste) que falleció en el camino porque las personas movilizadas no permitieron el paso del vehículo.Los otros fallecidos eran personas que participaron en las movilizaciones: una mujer de 50 años que murió en el hospital luego de la marcha del 18 de mayo en La Paz, un hombre de 71 años en la ciudad de El Alto y finalmente un joven de 23 años que murió por un “traumatismo cervical penetrante por proyectil de arma de fuego”, en medio del operativo para instalar un corredor humanitario el 23 de mayo.La Fiscalía anunció que aún están pendientes las pericias balísticas para establecer cómo ocurrió el hecho y determinar de dónde salió el disparo. Entre tanto, el Gobierno ha negado que las fuerzas del Estado hubieran portado armas letales para el operativo.La Defensoría del Pueblo también registró 23 personas heridas de diversa gravedad, entre las cuales se encuentran 12 personas movilizadas, cinco transeúntes afectados durante las manifestaciones, tres policías y dos periodistas.Según el informe de conflictividad, hasta el 24 de mayo se habían arrestado a 321 personas, de las cuales 221 (68%) fueron liberadas. De las 100 restantes, 89 fueron imputadas penalmente: 43 personas podrán defenderse en libertad, 19 obtuvieron detención domiciliaria, 12 detención preventiva y 5 recibieron medidas sustitutivas a la detención preventiva.En tanto, 10 personas ya fueron sentenciadas en un proceso abreviado y a todas se les impuso una pena de tres años. Sin embargo, se les otorgó el perdón judicial y medidas de seguridad como la prohibición de portar material explosivo, acercarse a puntos de bloqueo y presentarse ante el juzgado correspondiente cada cuatro meses para la firma de un libro de registro.Bolivia lleva tres semanas de protestas contra el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, a quien muchos grupos campesinos y obreros exigen su renuncia. Hasta ahora, la estrategia del gobierno ha sido hacer llamados al diálogo —que no se han concretado— mientras intenta habilitar el paso de corredores humanitarios para no desabastecer de alimento e insumos básicos a La Paz, la capital administrativa del país, que está prácticamente cercada por los piquetes.Este viernes se registran al menos 70 puntos de bloqueo en seis de los nueve departamentos del país. En declaraciones recientes con un medio internacional, Paz afirmó que va “a extremar todos los esfuerzos” para el diálogo, pero remarcó que “todo tiene un límite”.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ordenó el envío de ayuda humanitaria a Bolivia tras conversar por teléfono con su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, quien solicitó apoyo ante el desabastecimiento provocado por las protestas que se viven en el país, informaron fuentes oficiales.Durante la llamada que le hizo Paz, Lula expresó su solidaridad con el gobierno y el pueblo boliviano y subrayó la necesidad de preservar el respeto a las instituciones democráticas y al Estado de Derecho, según el comunicado difundido en la cuenta de X de Lula da Silva, reportó la cadena CNN.Asimismo hizo un llamado para que el gobierno y los movimientos sociales eviten recurrir a la violencia y privilegien el diálogo como vía para superar las divergencias y garantizar la paz social, según supo la Agencia Noticias Argentinas.Bolivia entró este lunes en su cuarta semana de protestas impulsadas por los sectores campesinos como los aimaras, la Central Obrera Boliviana (COB) y simpatizantes del expresidente Evo Morales (2006-2019), que reclaman la salida de Paz, quien lleva apenas seis meses como jefe de Estado.Los bloqueos han aislado durante 20 días al departamento de La Paz, que alberga a la sede del gobierno boliviano, y se han extendido a otras regiones del país como Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz.La escasez de alimentos y combustibles obligó al gobierno a establecer puentes aéreos para abastecer a las ciudades más afectadas, mientras países como Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú ofrecieron apoyo logístico y donaciones.Líderes cívicos de Santa Cruz alertaron este lunes sobre un posible “golpe de Estado” y convocaron a la población a defender el derecho al libre tránsito.Entre tanto, el mandatario boliviano anunció la reducción de su salario y el de sus ministros a la mitad, y aseguró que hará cumplir la Constitución frente a las protestas que mantienen al país en tensión.

 La crisis social y política en Bolivia escaló el lunes con enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales en el centro de La Paz, donde sectores movilizados que exigen la renuncia del presidente, Rodrigo Paz, utilizan petardos y cartuchos de dinamita mientras la Policía responde con agentes químicos para dispersar las protestas.Más temprano, Paz advirtió que quienes no quieran dialogar “les caerá la Constitución”, a la vez que anunció un recorte del 50 por ciento en su salario y en el de los miembros de su gobierno como muestra de austeridad ante la crisis política y social.Los incidentes se registraron después del ingreso de marchas provenientes de El Alto, Pampahasi y la zona Sur paceña, en una jornada de bloqueos, falta de transporte público y escasez de combustible, reportó el diario paceño La Razón y supo la agencia Noticias Argentinas.Las columnas de manifestantes avanzaron hacia inmediaciones del centro político de la sede de gobierno y en algunos puntos se produjeron choques con contingentes policiales. Testigos reportaron detonaciones de dinamita y petardos de alto poder durante los disturbios.La Policía utilizó gas lacrimógeno para intentar contener el avance de los movilizados y despejar algunas vías del centro paceño. Horas antes, el Comando Departamental de La Paz alertó sobre la presencia de personas con pasamontañas, palos y posibles explosivos dentro de las marchas.Los movilizados exigen la renuncia del presidente boliviano. En paralelo, distintos sectores comenzaron a debatir públicamente la posibilidad de aplicar medidas de excepción frente a la escalada del conflicto.Mientras, el Gobierno insistió en convocar negociaciones, organizaciones movilizadas denunciaron represión y cuestionaron la presencia policial en las calles paceñas.La Central Obrera Boliviana (COB), campesinos y algunas organizaciones vecinales volvieron este lunes a marchar en La Paz en demanda de la renuncia del presidente Rodrigo Paz.Líderes de la movilización ratificaron que, para un posible diálogo con el gobierno, se deben anular las órdenes de aprehensión emitidas en contra de algunos dirigentes de la COB, entre ellos, Mario Argollo, quien se declaró en la clandestinidad.Paz reafirmó que hará respetar la Constitución Política del Estado en contra de quienes no quieren dialogar.“Es un momento difícil, pero creo que Bolivia está buscando superar las diferencias bajo el manto del diálogo. A aquellos que no quieren dialogar les caerá la Constitución, porque para eso hay una Constitución”, dijo el mandatario en Sucre.La cuarta semana del conflicto se inició con más de 50 bloqueos en carreteras de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz.Por otra parte, el mandatario  boliviano anunció una reducción del 50% en los salarios del Poder Ejecutivo como parte de las medidas que impulsa su administración. “Este gobierno asumió la decisión de rebajarse el salario del 50%”, afirmó Paz,De ese modo, aseguró que la medida busca dar una señal de austeridad sin afectar otras áreas del aparato estatal.Sostuvo que Bolivia vive una etapa de transformación política y aseguró que el país atraviesa “un parto doloroso pero necesario” para dejar atrás estructuras vinculadas al poder concentrado en un solo partido político.Paz recordó que este miércoles se instalará el Consejo Económico Social, un encuentro al que convocó a participar a las organizaciones chuquisaqueñas.

A 16 días de iniciados los bloqueos de carreteras, las protestas en Bolivia se extienden por el territorio. Este viernes, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reporta 51 piquetes en siete de los nueve departamentos del país, la mayoría concentrados en la región del altiplano, en los departamentos de La Paz, Oruro y Cochabamba.Para subir la presión contra el gobierno, la Federación de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari —una de las que lideran las movilizaciones— convocó a una marcha que partirá de la ciudad de El Alto hacia La Paz en un recorrido de 13 kilómetros.“La unidad y la presencia de las bases serán fundamentales en esta jornada de firmeza”, señala la convocatoria dirigida a los pobladores de las 20 provincias paceñas y seis organizaciones, entre ellas la Central Obrera Boliviana (COB), transportistas y maestros, con quienes han conformado la “Alianza Unidad”.La protesta inició hace más de un mes con pedidos sectoriales, como aumentos salariales, mejoras en la calidad de la gasolina o el rechazo a una ley que permitía recategorizar la tierra. A pesar de que el Gobierno logró neutralizar ciertos conflictos negociando algunas demandas, indígenas del altiplano empezaron a exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz —que asumió el cargo hace apenas seis meses—, acusándolo de no resolver los problemas del país y de gobernar mediante decretos en favor de las élites económicas.“El Gobierno se ha convertido en un representante de la oligarquía boliviana”, explicó David Mamani, representante de la federación campesina. “Ellos quieren gobernar para ellos, no para el sector popular que está desamparado”, afirmó y acusó al jefe de Estado de “pisotear” la Constitución Política del Estado con la emisión de decretos que considera inconstitucionales.El Gobierno ha descartado la renuncia del primer mandatario mientras mantiene negociaciones con algunos sectores para levantar las protestas, y en las últimas anunció intervenciones policiales para formar “corredores humanitarios” que permitan el paso de insumos básicos a La Paz, donde la población padece el costo social del cerco: escasez de comida y gas, encarecimiento de precios, interrupción en el transporte público y la suspensión parcial de algunas actividades como las clases escolares presenciales o el recojo de basura.El presidente prometió el miércoles que haría ajustes en su gabinete, pero desde entonces solo sustituyó al ministro de Trabajo, curiosamente uno de los de perfil más bajo, y anunció la creación de un Consejo Económico y Social, entendido como una instancia de diálogo con carácter consultivo a la que serán invitadas las organizaciones sociales.Si bien hubo un aumento de bloqueos en los últimos días, no se registraron otros episodios de violencia luego de los disturbios del lunes en La Paz, cuando al menos tres marchas coincidieron en el centro de la ciudad y se enfrentaron con la Policía, atacaron oficinas públicas y agredieron civiles.El Gobierno ha denunciado, sin embargo, el fallecimiento de al menos cuatro personas, entre ellas un menor de edad, que no pudieron ser trasladadas a centros hospitalarios debido a los bloqueos. En un comunicado reciente, el Ministerio de Salud instó a los manifestantes a permitir el paso de ambulancias para garantizar la atención médica y subrayó que “la vida está por encima de todo conflicto”.De momento no se conocen avances sobre posibles negociaciones ni existe una mediación pública entre la administración de Paz y los sectores movilizados. Sin embargo, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo informaron sobre una reunión con dos organizaciones campesinas en la que recogieron “la profunda molestia” respecto a la forma en la que fueron aludidas por el presidente durante un discurso y un pliego de condiciones orientado a restablecer el diálogo con el Gobierno sobre el que no dieron detalles.

El Escudo de las Américas respaldó al gobierno boliviano de Rodrigo Paz este jueves y advirtió que no tolerará el “derrocamiento de líderes democráticamente elegidos” en el hemisferio, mientras las protestas que exigen la renuncia del mandatario acumulan cuatro muertos por falta de atención médica y pérdidas industriales que superan los USD 600 millones.El bloque regional compuesto por Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago señaló en un comunicado que las movilizaciones y los bloqueos de carreteras buscan “subvertir el orden constitucional y desestabilizar” al gobierno de Paz, quien lleva apenas seis meses en el poder. La declaración advirtió que detrás de las protestas hay participación de “criminales y narcotraficantes”, y reafirmó que sus países miembros han estado enviando asistencia humanitaria a Bolivia. “Mientras el presidente Rodrigo Paz trabaja para reparar la economía y las instituciones deterioradas que heredó tras años de mala gestión, las protestas y los bloqueos están impidiendo que combustible y suministros médicos lleguen a muchos bolivianos. Los países miembros del Escudo de las Américas han estado brindando asistencia humanitaria al pueblo de Bolivia”, subraya el comunicado.El caso más reciente fue el de un niño de 12 años que murió este jueves al no poder recibir atención quirúrgica de urgencia, según informó el Ministerio de Salud de Bolivia. El menor, oriundo del municipio de Pocoata, en el norte del departamento de Potosí, llegó la noche del miércoles al hospital de Llallagua con un diagnóstico de “trauma abdominal grave” que requería cirugía e internación en terapia intensiva. Ante los bloqueos, la ambulancia debió desviarse hacia Oruro, y el niño falleció en el trayecto. Su deceso eleva a cuatro el total de fallecidos por causas vinculadas a los bloqueos, entre ellos una ciudadana de Belice. El ministerio instó a “permitir el paso de ambulancias” y reclamó un “corredor humanitario que garantice la atención médica oportuna para todos”. En tanto, cientos de trabajadores volvieron a marchar este jueves por el centro de La Paz. Mineros y obreros de fábricas, con cascos y entre el ruido de petardos, desfilaron frente a los policías antimotines que custodian con rejas y escudos la plaza de armas donde se encuentra el Palacio de Gobierno. El paso fue sin incidentes, a diferencia del lunes, cuando las protestas dejaron unos 130 detenidos según la Fiscalía.Las movilizaciones llevan más de tres semanas y agrupan a campesinos, maestros, transportistas y a la Central Obrera Boliviana (COB), además de seguidores del ex mandatario Evo Morales. De reclamar aumentos salariales y derogación de leyes, varios sectores escalaron sus exigencias hasta pedir la renuncia de Paz, quien puso fin a 20 años de gobiernos socialistas encabezados por Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).Al menos 47 bloqueos activos se registran en siete de los nueve departamentos del país, según datos oficiales. En Cochabamba, un contingente policial dispersó con gases lacrimógenos a manifestantes para abrir una ruta estratégica. En La Paz y la ciudad vecina de El Alto, que acumulan más días de cierre, ya escasean alimentos, combustible, oxígeno medicinal y otros insumos.Paz respondió a la presión con un movimiento en su gabinete: designó como ministro de Trabajo a Williams Bascopé, abogado de origen aimara, en reemplazo de Edgar Morales, quien había recibido fuertes críticas del sector obrero. El miércoles, el presidente había anticipado que realizaría ajustes para contar con “ministros con capacidad de escucha”.

Estados Unidos aseguró este martes que Bolivia enfrenta “un golpe de Estado en marcha” promovido por sectores vinculados al crimen organizado y expresó su respaldo al presidente Rodrigo Paz en medio de las protestas, disturbios y bloqueos que afectan al país desde hace varios días.La advertencia fue realizada por el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, quien sostuvo que detrás de las movilizaciones violentas existe una alianza regional destinada a debilitar las instituciones democráticas bolivianas.“Se trata de un golpe de Estado que está en marcha. No nos equivoquemos al respecto; es un golpe financiado por esa alianza perversa entre la política y el crimen organizado en toda la región”, afirmó Landau durante una exposición en Washington.Las declaraciones llegan mientras Bolivia atraviesa una escalada de tensión política y social marcada por protestas contra Rodrigo Paz, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, saqueos y cortes de rutas. Las manifestaciones, concentradas principalmente en La Paz, exigen la renuncia del mandatario y rechazan el paquete de reformas económicas impulsado por el gobierno.Landau reveló además que mantuvo una conversación telefónica con Paz y expresó preocupación por el deterioro de la situación.“Acabo de terminar una conversación telefónica con el presidente Paz, y estoy muy preocupado por Bolivia”, señaló el funcionario estadounidense.El vicesecretario de Estado cuestionó que grupos violentos busquen desestabilizar a un gobierno que llegó al poder mediante elecciones democráticas hace menos de un año.“No puede ser que tengamos un proceso democrático, en el que él fue elegido de manera abrumadora por el pueblo boliviano hace menos de un año, y que ahora haya manifestantes violentos bloqueando las calles”, sostuvo.Washington considera que la crisis boliviana excede una discusión ideológica tradicional y representa un desafío institucional vinculado a redes criminales y actores políticos radicalizados.“La gran división se establece entre aquellos países que poseen instituciones capaces de hacer frente al crimen organizado y aquellos que son cómplices del mismo”, afirmó Landau.“Quiero asegurarme de que las fuerzas antiinstitucionales, aquellas vinculadas al crimen organizado, no logren imponerse en Bolivia”, declaró.Las protestas contra Rodrigo Paz comenzaron semanas atrás y aumentaron después de que el gobierno anunciara una serie de reformas destinadas a atraer inversiones y enfrentar la crisis económica boliviana. Entre las iniciativas figuran cambios relacionados con hidrocarburos, minería, energía, economía verde y apertura a nuevos proyectos de inversión.Los disturbios registrados en La Paz dejaron ataques contra edificios públicos, saqueos a oficinas estatales, destrucción de comercios y enfrentamientos con la Policía. Además, organizaciones campesinas mantienen bloqueadas varias rutas clave, afectando el abastecimiento de combustible, alimentos y oxígeno medicinal en distintas regiones del país.En ese contexto, Landau pidió mayor apoyo regional al gobierno boliviano y destacó especialmente la posición de Argentina frente a la crisis.“Me complace enormemente ver a otras democracias latinoamericanas involucrarse”, señaló el funcionario. También reclamó una postura más firme de otros gobiernos sudamericanos. “Me encantaría ver, por ejemplo, a Brasil respaldando el proceso institucional en Bolivia. Lo mismo digo de Colombia”, afirmó.“No me agrada ver que haya países que se jactan de sus valores democráticos, pero que, en cuanto surge un Gobierno que tal vez no se alinea con sus preferencias políticas, guardan un silencio repentino”, declaró.En medio de la crisis, el ex presidente Evo Morales volvió a apoyar públicamente las movilizaciones contra Rodrigo Paz y calificó las protestas como “una sublevación del pueblo”. El líder cocalero rechazó las reformas impulsadas por el gobierno y acusó al Ejecutivo de aplicar políticas “neoliberales”.“Es una sublevación del pueblo de elemento popular”, afirmó Morales durante una entrevista radial. También sostuvo que las movilizaciones representan una reacción “contra la aplicación del modelo neoliberal y contra el estado neocolonial”.El gobierno boliviano acusa a Morales y a sectores vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS) de promover las protestas y los bloqueos para desestabilizar al país y debilitar la administración de Rodrigo Paz en medio de la crisis económica y política que atraviesa Bolivia.

El presidente chileno, José Antonio Kast, expresó su respaldo a los avances logrados en la reunión de trabajo de los cancilleres de Chile y Bolivia, y dijo que espera “pronto” viajar al país vecino para reunirse con su homólogo, Rodrigo Paz.“Chile y Bolivia tienen mucho futuro por delante y queremos profundizar nuestra relación”, publicó Kast en la red social X. El jefe de Estado chileno agregó que valora el encuentro y los acuerdos alcanzados entre los cancilleres Francisco Pérez Mackenna (Chile) y Fernando Aramayo (Bolivia).“Espero pronto visitar Bolivia y reunirme con el presidente Rodrigo Paz”, expuso el mandatario chileno en su declaración.El anuncio de Kast se produce luego de la jornada de trabajo entre las dos delegaciones diplomáticas en la sede de la Cancillería boliviana, en La Paz.Ambos ministros asumieron el compromiso de “avanzar en el entendimiento y la cooperación” para resolver temas de “interés mutuo”, pese a sus “diferencias históricas”, reportó el diario BioBio y supo la Agencia Noticias Argentinas.Aramayo indicó que “lo más importante de esta jornada” es que Bolivia y Chile atraviesan “un nuevo momento en su relación”. El ministro boliviano destacó que se trata de “un momento marcado por la voluntad política, el respeto mutuo y la convicción de que es posible avanzar en el entendimiento y la cooperación”.Como “resultado concreto”, el ministro de Exteriores de Bolivia mencionó la firma de un acuerdo de servicios aéreos para “mejorar la conectividad” entre ambos países.También se acordó restablecer el Mecanismo de Consultas Políticas al más alto nivel, lo que permitirá “dar continuidad al diálogo y al tratamiento integral de la agenda bilateral”.Antes de la reunión de trabajo en La Paz, Pérez Mackenna y Aramayo viajaron hasta el paso fronterizo Chungará-Tambo Quemado.El encuentro marca “un hito fundamental” en “el camino de poder restablecer relaciones (diplomáticas)”, dijo el canciller de Bolivia a periodistas en el lugar, según el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno, reportó el sitio DW.Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, salvo un paréntesis de 1975 a 1978, por la falta de solución a la centenaria reclamación marítima boliviana, aunque mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.El presidente boliviano, Rodrigo Paz, que está al frente del gobierno desde noviembre pasado, señaló varias veces su intención de abrir un “nuevo ciclo” con Chile, con una agenda sobre todo económica y comercial, sin dejar de lado la aspiración marítima. NA.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, planteó un nuevo rumbo en la relación con Chile en un contexto marcado por señales de acercamiento diplomático inéditas en casi dos décadas: “Me pongo a la orden, yo estoy en diálogo con el presidente (Gabriel) Boric para todo lo que va a ser la estrategia de comunicación, infraestructuras, pero además lo he dicho públicamente, tenemos que cambiar nuestra relación con Chile”, afirmó el nuevo líder centrista en un acto público al norte del país andino.El presidente boliviano insistió en que Bolivia debe modernizar su política exterior y actuar con agilidad para responder a las necesidades de su población. “Tenemos que dar de comer a nuestra gente y nuestra gente necesita gobiernos ágiles, rápidos y flexibles para cambiar nuestra historia”, afirmó, reiterando que “esto no quita dejar de lado nuestra lucha irrenunciable por nuestro mar”.Asimismo, hizo un llamado a dejar atrás las cargas ideológicas: “Nunca más se tiene que llevar en nuestras espaldas mochilas ideológicas y políticas”. Y añadió: “El Estado no es de un partido, el Estado es de los bolivianos y tiene que servir a los bolivianos y no a la voluntad de un caudillo, o de un partido, o de un color político”.Las declaraciones de Paz se producen luego de que el presidente chileno Gabriel Boric asistiera a su ceremonia de investidura el 8 de noviembre, un gesto que marcó un hito porque hacía diecinueve años que un jefe de Estado chileno no asistía a una toma de posesión en Bolivia.La postura del nuevo gobierno boliviano marca un giro respecto a las políticas impulsadas por las anteriores administraciones del MAS, cuyos vínculos se alinearon con regímenes regionales como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua.Sin embargo, el desacuerdo por el acceso soberano al mar continúa siendo un punto sensible en la relación bilateral. Bolivia perdió su litoral tras la Guerra del Pacífico (1879) y, en 2013, acudió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para solicitar que Chile negocie una salida al océano Pacífico. La Corte rechazó el reclamo en 2018, una decisión que aún pesa en la dinámica entre ambos países.Por su parte, Boric ha subrayado la “importancia de estrechar vínculos y fortalecer el trabajo conjunto en materias como el control fronterizo y el Consejo Empresarial Binacional Chile-Bolivia”. Durante su estadía en La Paz, Boric se hospedó en un modesto hostal paceño llamado Naira, antes conocido como “Peña Naira”, un emblemático espacio cultural donde alguna vez se presentó la artista chilena Violeta Parra. El presidente también compartió en redes sociales sus recorridos por las calles de La Paz, recibiendo muestras de afecto espontáneas.El acercamiento entre ambos gobiernos ocurre en plena campaña electoral en Chile. En los comicios del domingo, la izquierdista Jeannette Jara obtuvo el 26,8% de los votos, seguida por el ultraderechista José Antonio Kast, con el 23,9%. Ambos disputarán la segunda vuelta el 14 de diciembre. Boric entregará el poder el 11 de marzo de 2026.Kast, uno de los candidatos en carrera, ya expresó una postura favorable al nuevo gobierno boliviano: “Miramos con mucha esperanza lo que ha ocurrido en Bolivia”, afirmó recientemente. También señaló: “Nosotros tenemos el mismo interés... nosotros no estamos interesados en cerrar las fronteras, sino en tener la colaboración de nuestros vecinos”.Antes de asumir, Paz enfrentó críticas en Chile por su propuesta de regularizar vehículos sin documentación, un tema delicado debido a denuncias de que autos robados en Chile terminan en Bolivia. Sin embargo, ese episodio no ha frenado el avance diplomático.El giro político en Bolivia y la disposición al diálogo con Chile abren una fase distinta en una relación históricamente compleja. Paz apuesta por una agenda pragmática que combine cooperación y defensa de los intereses bolivianos, en un momento en que ambos países evalúan nuevos equilibrios políticos y diplomáticos. (Con información de EFE/AP)

En su primer discurso como Capitán General de las Fuerzas Armadas, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, pidió a la institución armada recuperar territorios donde no existe soberanía del Estado, en referencia al bastión del ex presidente Evo Morales (2006-2019) en la región cocalera de Cochabamba.“Ustedes son defensoras de nuestras fronteras, pero desgraciadamente hay territorios dentro de la patria donde no tenemos soberanía”, manifestó en un acto en la ciudad de Sucre.“Tenemos que recuperar la soberanía sobre territorios donde nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana no pueden estar”, afirmó Paz y preguntó al actual Mando Militar: “¿Cómo es eso? ¿somos soberanos o no somos soberanos?”.El jefe de Estado manifestó que dará el respaldo a las FFAA para que cumplan su rol dentro del país y en las fronteras. “Aquí no hay dueños del territorio, no hay dueños de regiones. Los bolivianos tienen que tener libertad para caminar el territorio sin que nadie les impida estar en un espacio porque dice ser suyo”, manifestó.“Nadie está por encima de la ley, nadie está por encima de la patria”, agregó al señalar que la voluntad popular le dio la potestad de ejercer “la ley y el mando”.El ex presidente Morales está atrincherado en la región cocalera de Cochabamba, al centro del país, desde finales de septiembre del año pasado, debido a que enfrenta una orden de aprehensión emitida en enero por una investigación de oficio que lo acusa del delito de trata agravada de personas.Según la investigación de la Fiscalía, Morales embarazó a una menor de edad en 2016, cuando ejercía el cargo de presidente. Ambos habrían concebido a una niña cuyo certificado de nacimiento constituiría la prueba del delito: Morales tenía 58 años y la víctima 16 cuando ocurrió el embarazo.El ex presidente nunca ha negado la comisión del delito y en su defensa ha manifestado en varias oportunidades que el proceso responde a intereses políticos y que “sin víctima no hay delito”. Sin embargo, el caso motivó que, desde finales de septiembre del año pasado, el líder cocalero se mantenga en su bastión bajo custodia de sus seguidores.Durante todo este tiempo, el Gobierno de Luis Arce justificó el incumplimiento en la ejecución de la orden judicial a evitar conflictos con sus leales, que habrían conformado anillos de seguridad para defender a su líder.Sin embargo, el recientemente posesionado ministro de Justicia, Freddy Vidovic manifestó que el ex mandatario debe “someterse a la justicia como cualquier ciudadano boliviano”.En el acto con las Fuerzas Armadas, Paz también pidió control en las fronteras para combatir el contrabando principalmente de combustible, tras varios periodos de escasez de diésel y gasolina agravados por la venta ilegal en fronteras que genera un daño económico de 600 millones de dólares anuales, según datos oficiales.“Sean defensores de la economía nacional, no permitan el contrabando y hagan el mayor esfuerzo para que ese diésel y gasolina que hemos traído sea para los bolivianos y no para las mafias corruptas que todavía siguen incrustadas en este Estado”, manifestó.En el tercer día de su mandato como presidente de Bolivia, Paz recibió la Medalla del Bicentenario y la condecoración de Mérito Militar, con lo que fue reconocido como Capitán General de las Fuerzas Armadas. Posteriormente se realizó un desfile de las unidades militares acantonadas en Chuquisaca y también de otras que llegaron del interior del país. Infobae.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia resolvió este miércoles anular la sentencia de diez años de prisión contra la exmandataria Jeanine Áñez en el denominado caso golpe dos, disponiendo su liberación inmediata. La decisión fue comunicada por el presidente del alto tribunal, Romer Saucedo, quien informó que la medida responde a una revisión extraordinaria de sentencia solicitada por la defensa de Áñez. Según explicó Saucedo en declaraciones a la prensa local, la resolución fue respaldada por siete magistrados del tribunal, mientras que dos votos se manifestaron en contra.En su comparecencia ante los medios, Saucedo detalló: “Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia que ella tenía, tenía una sentencia ejecutoriada de diez años y en consecuencia se dispone la libertad en el día”. El presidente del TSJ precisó que la resolución se enmarca en las garantías del debido proceso, asegurando que la revisión extraordinaria es un mecanismo previsto para corregir errores o evitar vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas sometidas a proceso.La anulación de la sentencia impacta de manera directa sobre la situación legal de Jeanine Áñez, quien permanecía recluida en un penal de La Paz desde 2022. Fue condenada tras ser hallada responsable en un juicio por su ascensión a la presidencia de Bolivia en 2019, luego de la renuncia de Evo Morales y otros altos cargos estatales durante una crisis política. El caso golpe dos analizaba la presunta irregularidad en su llegada al poder y la acusaba de vulnerar el orden constitucional del país.La situación de Áñez fue objeto de debate nacional e internacional desde su detención. Organismos de derechos humanos habían manifestado reiteradas veces su preocupación por el proceso judicial y las condiciones en las que la exmandataria permanecía privada de libertad. Dentro de Bolivia, la causa generó intensas discusiones sobre el papel de los poderes del Estado, la judicialización del conflicto político y la independencia del sistema judicial.La víspera del anuncio judicial, Áñez difundió un extenso mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), dando cuenta de su estado anímico tras casi cinco años de privación de libertad. “Estos casi 5 años privada de libertad me marcaron, pero no quebraron mi convicción”, expresó la exmandataria en su publicación. Defendió sus acciones durante la crisis de 2019, afirmando que nunca se arrepentirá “de haber servido a mi patria cuando me necesitó”, y argumentó que actuó “con conciencia y el corazón firme, sabiendo que las decisiones difíciles tienen un precio”.En el texto, Áñez sostuvo que “la libertad más profunda no depende de los muros sino de mantener viva la verdad de lo que hice y por qué lo hice”. Añadió que “no fue justo perder mi libertad por haber servido a mi país y tampoco seguir siendo estigmatizada por hechos de corrupción que nunca cometí”. La exmandataria denunció que fue blanco de acusaciones reiteradas y que su situación se vio agravada por la ausencia de respaldo político: “Siento que me vieron sola, sin respaldo político y aprovecharon esa vulnerabilidad para ensuciar mi nombre”. Aseguró que se defendió “con la verdad” y reconoció el coste personal y familiar de su detención, especialmente para su hija, quien, según ella, “ha tenido que soportar ataques y censuras por decisiones que fueron solo mías”.Para Áñez, parte del proceso más doloroso ha sido enfrentar críticas de quienes pensó que compartían sus ideales y ver cómo la situación impactó en su entorno cercano. “Me han decepcionado, me han herido, pero no han logrado doblarme. A pesar de todo sigo con la frente en alto”, afirmó en su mensaje público, en el que también recalcó que su dignidad y conciencia se mantienen “intactas”.La decisión del Tribunal Supremo de Justicia deja sin efecto la condena que mantenía a Áñez encarcelada desde hace más de dos años. La resolución fue adoptada tras una revisión de los procedimientos y argumentos presentados por la defensa, en el marco del pedido de revisión extraordinaria que, según las autoridades judiciales, busca salvaguardar el respeto a las garantías procesales y los derechos de las personas sometidas a proceso penal. La orden de liberación inmediata marca un nuevo capítulo en uno de los casos judiciales más relevantes y controvertidos de Bolivia en los últimos años. Infobae.

El gobierno de Bolivia formalizó este jueves una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales ante la Fiscalía, acusándolo de terrorismo, instigación a delinquir y otros delitos, en el marco de los bloqueos de caminos que paralizan regiones clave del país.La acción legal marca un nuevo punto de inflexión de la crisis política y social que vive ese país, con el crecimiento de puntos de bloqueo de 13 a 27 a nivel nacional, a menos de tres meses de unas elecciones generales decisivas.El ministro de Justicia boliviano, César Siles, explicó a los periodistas que la querella no solo apunta a Morales, sino también a quienes resulten cómplices o ejecutores de las movilizaciones violentas. “Hemos solicitado que el Ministerio Público actúe con celeridad. Las víctimas son todos los bolivianos, principalmente enfermos sin atención, personas con discapacidad sin tránsito y pueblos indígenas aislados”, dijo Siles.La denuncia abarca delitos como terrorismo, obstrucción del proceso electoral, desobediencia a resoluciones constitucionales, atentado contra la libertad de trabajo y la seguridad de los servicios públicos, además de la destrucción de bienes del Estado.El Ejecutivo asegura contar con pruebas de que Morales habría instruido “cercar ciudades” y bloquear para evitar las elecciones. Desde el lunes, la situación en las rutas del país se ha deteriorado rápidamente. Los puntos de bloqueo se duplicaron en solo 48 horas pasando de 13 a 27, según datos actualizados de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).La mayoría se concentran en el departamento de Cochabamba (centro), bastión del líder cocalero y expresidente. También se reportan cortes en Potosí (sudoeste), Oruro (oeste), La Paz (oeste) y Santa Cruz (este).Las medidas de presión son impulsadas por sectores afines a Morales que exigen su habilitación como candidato presidencial, pese a no contar con un partido político acreditado y a las resoluciones del Tribunal Constitucional que lo inhabilitan.El ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, Marcelo Montenegro, estimó que las pérdidas diarias por los cortes de ruta oscilan entre 150 y 200 millones de dólares.“Ya vivimos una paralización similar el año pasado que costó más de 3.000 millones. No podemos repetir ese escenario por intereses personales de alguien que no puede ser candidato”, afirmó. NA.

El Gobierno boliviano advirtió con la posibilidad de una intervención de las Fuerzas Armadas si la convulsión social escala al punto de comprometer la estabilidad democrática y electoral del país.Así lo afirmó el ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, a los medios estatales en torno a una creciente ola de protestas políticas y contra la crisis económica que amenaza con desbordar el control policial y alterar la cuenta regresiva hacia las elecciones generales del 17 de agosto.“Si la situación se complica a un extremo realmente de poner en riesgo la estabilidad política, la estabilidad democrática y el proceso electoral, el alto mando militar se reunirá, bajo el liderazgo del capitán general (presidente Luis Arce), para considerar las medidas necesarias en resguardo de la institucionalidad, la paz social y los derechos ciudadanos y también lo que es el proceso democrático que se lleva adelante”, declaró Novillo.La advertencia llega en un contexto en el que sectores afines al expresidente boliviano Evo Morales intensifican movilizaciones en distintos puntos del país, exigiendo su habilitación como candidato presidencial.Durante la semana pasada, simpatizantes de Morales protagonizaron choques con la Policía al intentar irrumpir en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para forzar la inscripción del exmandatario. El ente electoral ratificó que Morales no puede ser registrado debido a que no representa a ninguna organización política habilitada y el plazo para inscripciones ya venció.“El derecho a la protesta sí está garantizado. Pero cuando estas protestas transgreden y afectan los derechos de terceros, es decir, corresponde actuar al Estado a través de sus órganos respectivos, porque la misma Constitución tiene sus mecanismos legales para que pueda, sobre todo, controlar el orden constitucional y la paz social”, aseguró Novillo. NA.

María Silvia Trigo - Desde mediados de abril que en el departamento boliviano de Santa Cruz (este) se declaró alerta roja ante el incremento de contagios de influenza, donde se registraron cerca de 2.000 casos y al menos 20 personas han fallecido a causa del virus en lo que va el año.El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Jaime Bilbao, emitió la alerta sanitaria para reforzar la vigilancia epidemiológica por la “preocupante” propagación del virus no solo en la capital sino en todo el departamento. Según los datos del servicio de salud, la curva de contagios ya no está en ascenso pero la letalidad está subiendo: los fallecidos pasaron de ocho a 20 en solo dos semanas y se investigan las causas de otros 12 decesos sospechosos.El grupo más afectado es el de las personas mayores de 60 años, que representa el 63% de los fallecimientos, y se registró la muerte de cinco menores de edad.En medio de este brote, el sistema de salud exige que se acelere la dotación de vacunas contra esta enfermedad. El Ministerio de Salud anunció la llegada de 2,5 millones de dosis pero no se conoce la fecha en la que estarán disponibles.La vacuna contra la influenza llega al país cada año pues a nivel internacional se actualizan según el tipo de virus que circulan. Algunas farmacias tienen dosis a la venta, pero el precio de éstas es poco asequible para la mayoría de la población (equivalen a casi el 8% de un salario mínimo nacional) y las del sistema público de salud no llegan a tiempo.El viceministro de Vigilancia Epidemiológica, Max Enriquez, manifestó en entrevista radial que este brote fue “anticipado” y que se produjo por cambios de temperatura. Aunque los contagios se ralentizaron a nivel nacional, recomendó mantener las medidas de bioseguridad como el lavado constante de las manos, el uso del barbijo y el distanciamiento para evitar la transmisión del virus.

Crisis en el sistema de saludEl incremento del brote de influenza y la ausencia de vacunas ha agravado la situación del sistema público de salud que enfrentan varias dificultades y desafíos. Según un estudio de opinión del año pasado, el 74% de los bolivianos percibe que los hospitales están saturados y más de la mitad considera que la atención médica es “mala” o “muy mala”. De igual forma, el 85% de los entrevistados cree que el tiempo de espera para ser atendido es muy largo y ven que la burocracia es el principal problema de los centros de salud.A esto se suman los permanentes reclamos de los trabajadores de hospitales por una serie de demandas que incluyen el aumento de ítems, el pago de salarios, la recontratación de personal por despidos supuestamente injustificados y la falta de medicamentos e insumos.Solo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la más poblada del país, el año pasado se registraron al menos 45 días de interrupciones en los servicios médicos con paros y huelgas de los trabajadores y el personal médico, en los que la atención se limitó a emergencias, dejando suspendidas las consultas y otros servicios.La crisis económica que atraviesa el país también ha afectado la atención privada y a la industria farmacéutica, debido al incremento en el costo de los medicamentos y otros insumos médicos por la falta de dólares y las crecientes dificultades de importación. Infobae.

Según las proyecciones del organismo, la inflación alcanzará el 15,8% en 2025, más del doble de la proyección que hizo el Gobierno (7,5%), y tendrá un crecimiento económico limitado, con un aumento del PIB de apenas 1,1 por ciento.Esta cifra causa preocupación en el país donde la inflación acumulada en los tres primeros meses del año llegó al 5%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y los precios de la canasta familiar se han incrementado en los últimos dos años. Para varios analistas, la tendencia inflacionaria será alta y acorde a las proyecciones del organismo internacional.Las estimaciones de la gestión anterior también se quedaron cortas. El Gobierno había proyecto 3,6% de inflación para 2024, una cifra que fue casi triplicada al finalizar el año. Para el 2025, el Presupuesto General del Estado (PGE) estimó una tasa de inflación del 7,5% y una tasa de crecimiento del 3,51 por ciento.Las perspectivas son aún peores para el 2026. Según el informe Perspectivas de la Economía Mundial (WEO) se estima que el PIB boliviano se desacelere aún más, llegando al 0,9%, y se prevé que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumente a 15,8 por ciento.Bolivia enfrenta una ralentización económica originada en la debacle de la industria petrolera que hasta hace poco era su principal fuente de ingresos. En los últimos dos años, los bolivianos han enfrentado una crisis cambiaria, periodos de desabastecimiento de combustible y el aumento de los precios de la canasta familiar. Además, se experimenta una desaceleración en el consumo y la inversión privada.Una persona sostiene un cartel durante una marcha este lunes, en Santa Cruz (Bolivia). Centenares de universitarios, comerciantes, transportistas y líderes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada de Bolivia, se manifestaron en un multitudinario mitin contra la falta de dólares y combustibles, y en rechazo a los resultados del censo de población que consideran engañosos. EFE/Juan Carlos TorrejónEl presidente Luis Arce ha responsabilizado de la crisis económica al Gobierno de Evo Morales (2006-2019) al señalar que no se “cuidó la nacionalización” de los hidrocarburos porque no se hicieron proyectos de exploración que permitan sostener la producción de gas natural. “En 14 años no se había hecho más de cuatro pozos exploratorios en el país, ninguno exitoso, y nos habíamos estado comiendo el gas. Ese es el principal elemento que explica por qué sucede lo que sucede hoy en nuestro país”, dijo Arce, que fue ministro de Economía de Morales durante por más de una década, en una reunión con mujeres campesinas en La Paz.Según datos oficiales, en 2014 Bolivia recibió 5.491 millones de dólares de renta petrolera, una cifra que diez años más tarde cayó a 1.635 millones de dólares, la cifra más baja desde 2006, y la estimación de ingresos para 2025 es aún menor.En tanto, en 2014, la producción de gas fue de casi 60 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd), mientras que en octubre de 2024 se ubicó en 29.55 MMmcd, lo que representa una caída de casi la mitad en la producción de gas natural.Sin embargo, un nuevo campo petrolero genera expectativas en el país. Se estima que el pozo Mayaya X-1, descubierto en el norte de La Paz, podría producir 50 millones de pies cúbicos diarios de gas natural en los próximos años.

Perspectivas globales

El informe del FMI señala que en 2024 la economía mundial parecía haberse estabilizado, con tasas de crecimiento estables en varios países.Sin embargo, acontecimientos recientes en las prioridades de algunos países y la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, han aumentado la incertidumbre a niveles sin precedentes.Se prevé que la escalada de las tensiones comerciales y el nivel elevado de incertidumbre tengan un impacto importante en la actividad económica global. En ese marco, el FMI señala que la economía mundial está en una “coyuntura crítica” y recortó su pronóstico de crecimiento para 2025. Infobae.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia expresó su “más enérgico repudio a los comentarios ofensivos” de Javier Milei, que impactaron en el país vecino como una “intromisión a la soberanía y la dignidad nacional”, según el informe de un medio internacional.Desde el Gobierno encabezado por el mandatario Luis Arce, evaluaron que las declaraciones del mandatario argentino “constituyen un atentado al proceso de fortalecimiento de la integración regional latinoamericana y caribeña”.Le adjudican a Milei haber afirmado en conferencia de prensa en junto a Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que Bolivia terminó “destrozada”.“Producto de políticas socialistas escondidas bajo un nacionalismo meramente retórico, muchos de esos países terminaron destrozados (...), como Bolivia, que también ha encontrado el límite material de su modelo socialista y paulatinamente se está deteriorando”, es una de las frases que impactó con potencia en el vecino Estado Plurinacional.La Cancillería contestó: “Es paradójico que quienes emiten calificativos sobre otros países omitan referirse a las profundas crisis sociales, la creciente desigualdad y la violencia institucional que existen en sus propios territorios”. “Frente a la ofensiva discursiva que promueve la descalificación y la confrontación, reafirmamos el compromiso del Estado Plurinacional con un modelo político y económico que ha sido elegido soberanamente, que ha demostrado que genera excedentes y distribuye riqueza para beneficio de las inmensas mayorías y que busca construir justicia social con dignidad”, destacó en redes sociales la Cancillería.Las palabras de Milei también repercutieron entre las organizaciones sociales bolivianas, de acuerdo con un reporte de Sputnik News firmado por Sebastián Ochoa.Adalberto Ticona, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) analizó que el presidente de la Argentina “siente odio de que los pobres puedan tomar decisiones y ejerzan su derecho a decidir el destino de su país”.Para Ticona, las declaraciones de Milei constituyen “una intromisión a la soberanía y a la dignidad nacional”. “Nada tiene que opinar ni fundamentar respecto al modelo económico y el sistema político de un país. La soberanía de un país se respeta”, enfatizó.

La cerca divisoria en Aguas BlancasEl informe del medio ruso también recordó además que el Ministerio de Seguridad argentino anunció la construcción de una cerca entre ambos países, que finalmente quedó en un alambrado de 200 metros entre las localidades de Bermejo (Bolivia) y Aguas Blancas (Argentina). NA.

Las lluvias que enfrenta Bolivia dejaron un saldo de 52 personas fallecidas y 452.067 familias afectadas desde noviembre de 2024 a la fecha, informó el Gobierno boliviano, mientras el Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología catalogó la crisis como las precipitaciones más intensas en cuatro décadas.El ministro de Defensa boliviano, Edmundo Novillo, manifestó a los periodistas que las precipitaciones afectaron a 4.971 comunidades en los nueve departamentos de Bolivia.“La magnitud del desastre nos obliga a actuar con rapidez y coordinación”, afirmó el ministro al anunciar las medidas gubernamentales.El Gobierno boliviano declaró el 26 de marzo emergencia nacional, lo que permite la gestión de ayuda internacional y la movilización de recursos para la atención de los afectados. Detalló que todos los departamentos fueron golpeados, aunque La Paz (oeste), Chuquisaca (sur), Cochabamba (centro), Santa Cruz (este) y Potosí (sudoeste) son los más damnificados.Los efectos del temporal han sido catastróficos con viviendas destruidas, cultivos arrasados, cientos de animales muertos y poblaciones enteras aisladas por el colapso de puentes y carreteras.Advirtió que Bolivia, al igual que otros países de la región, enfrenta los efectos de una crisis climática global, un “fenómeno irreversible”, por lo que urgió reforzar las medidas de prevención ante futuros desastres.El ministro manifestó que la cifra de fallecidos asciende a 52 desde noviembre del año pasado a la fecha, pero el número podría aumentar en los próximos días, ya que ocho personas siguen desaparecidas.El presidente del país andino, Luis Arce, ha convocado a gobernadores y alcaldes de las zonas afectadas para coordinar la respuesta y la posterior reconstrucción. Como parte del plan de emergencia, Bolivia ya dispone de un crédito de 75 millones de dólares para atender la crisis.Hasta la fecha, el Tesoro General del Estado ha entregado 2,5 millones de bolivianos en asistencia humanitaria, mientras que el Ministerio de Defensa y el Ministerio de la Presidencia han entregado 234 toneladas de ayuda, beneficiando a más de 20.000 familias.Sin embargo, la magnitud del desastre exige mayores recursos y apoyo internacional. “Las pérdidas son incalculables y la emergencia está lejos de terminar”, advirtió Novillo.Las lluvias han dañado 64.000 hectáreas de cultivos, afectado a 352.628 cabezas de ganado por la falta de alimento tras la inundación de los pastizales, informó este jueves el Gobierno.El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, explicó el jueves a los periodistas que la afectación a las 64.000 hectáreas de cultivos representa un 2,2 por ciento de la superficie agrícola del país.El impacto del temporal también ha generado dificultades en el transporte, lo que ha ocasionado incrementos en los precios de algunos productos. Sin embargo, Flores afirmó que esta situación mejorará en las próximas semanas.Según la proyección del ministro, a partir de mediados de abril se tendrán mejores condiciones climáticas y, por ende, los precios comenzarán a estabilizarse. NA.

Miles de bolivianos marcharon y bloquearon calles este miércoles en las ciudades de La Paz y El Alto en protesta por la escasez de dólares y de combustible que enfrenta el país.Dos grupos, uno liderado por indígenas y otro por choferes, marcharon por separado durante varias horas hacia La Paz, sede del gobierno, desde la ciudad vecina El Alto.Ataviados con ponchos rojos, sombreros negros y vestimenta celeste, miles de indígenas aymaras rodearon la Plaza de armas de La Paz, donde se encuentra la sede presidencial, y cuyo acceso fue bloqueado por la policía antimotines.El precio de la canasta familiar es “muy alto”, se quejó el dirigente indígena Leonardo Quispe al hablar con la AFP.La inflación interanual hasta enero fue de 12,03%, el nivel más alto desde 2008, según el gobierno.“La falta de combustibles nos perjudica bastante en el campo”, agregó Quispe, quien prometió presionar al gobierno con “otras medidas” si no atienden sus demandas.Desde 2023 Bolivia atraviesa una crisis económica derivada de la falta de moneda estadounidense. Casi ha agotado sus reservas internacionales líquidas, que destina a importar combustibles para venderlos en el mercado interno a precio subsidiado.“Esto viene desde mucho tiempo atrás, se le ha dado al gobierno suficiente tiempo para que pueda dar soluciones”, dijo a periodistas el chofer Luis Chávez, que encabezó la protesta de conductores.Cientos de vecinos se sumaron a los reclamos y bloquearon las principales calles de El Alto, donde se ubica el aeropuerto internacional que sirve a La Paz.El gobierno de Luis Arce anunció la semana pasada una serie de medidas para reducir el consumo de combustibles, como clases virtuales en las escuelas y la reducción de la flota de vehículos del transporte público. También aseguró que comprarán más carburantes.Según datos de la Defensoría del Pueblo, el 66% de las estaciones de servicio del país no tenían combustible esta semana. Y en las que sí había, los conductores debían esperar entre 4 y 24 horas para abastecerse.Transportistas y campesinos advirtieron con esta marcha que realizarán más acciones si no son escuchados.Los transportistas sindicalizados de El Alto, la segunda ciudad más poblada del país y vecina de La Paz, mantienen una huelga con bloqueos de calles, mientras que los indígenas ‘ponchos rojos’ organizaron una marcha hacia las sedes del Ejecutivo y el Legislativo.“Este paro (huelga) se realiza por la falta de combustible. Tenemos que trabajar un día y al otro tenemos que hacer fila para el combustible. Tenemos deudas con los bancos y con la Alcaldía”, declaró el dirigente transportista Juan Roberto Quisbert.El vocero gremial indicó que los precios de los alimentos, los repuestos para sus vehículos y la mano de obra mecánica “han subido entre un 150 y 200%”, por lo que la actual situación económica se les hace “insostenible”.La huelga de transporte en El Alto implicó la suspensión de ese servicio a varios barrios de esa ciudad, mientras grupos de chóferes se apostaron en puntos estratégicos con sus vehículos para obstruir el paso de otros automóviles y peatones.Parte de la población tuvo que caminar para llegar a sus destinos, utilizar bicicletas o contratar algunos vehículos que hacían recorridos por tramos cortos.En algunos puntos de bloqueo, varios transportadores se enfrentaron con otros colegas que decidieron trabajar y no sumarse a la protesta, además de pinchar los neumáticos de varios automotores.Ante esto, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, consideró que las protestas “son convocadas por algunos sectores políticos” que buscan sacar provecho en esta etapa preelectoral para “politizar” los temas que afectan al país. (Infobae)