A través de la Resolución 806/2026, el Ministerio de Seguridad Nacional puso en marcha un programa para detectar y bloquear los identificadores IMEI e IMSI de dispositivos móviles utilizados dentro de las cárceles.La medida apunta especialmente a organizaciones criminales cuyos integrantes continúan coordinando maniobras delictivas desde prisión mediante teléfonos celulares.El sistema ya cuenta con antecedentes en establecimientos federales y ahora Nación habilitó su extensión a las provincias que decidan adherir mediante convenio.

La normativa aclara que no elimina el derecho de los internos a comunicarse con familiares, allegados y abogados por los medios autorizados, sino que busca impedir específicamente la utilización de equipos móviles prohibidos dentro de las unidades penitenciarias. La provincia de Entre Rios está ya comenzó las gestiones para adherirse a la nueva norma impulsada por Nación.

El Gobierno nacional amplió el alcance del sistema de bloqueo de teléfonos celulares en establecimientos penitenciarios y habilitó a las provincias que adhieran al protocolo nacional a incorporar esta herramienta de control.La medida quedó establecida mediante la Resolución 734/2026 del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), publicada este jueves en el Boletín Oficial, y extiende a las cárceles provinciales un mecanismo que hasta ahora solo se aplicaba en las unidades del Servicio Penitenciario Federal.

Bloqueo de equipos y líneasEl procedimiento prevé la inhabilitación de los teléfonos detectados dentro de los penales mediante el bloqueo del IMEI (identificación del equipo), el IMSI (identificación de la tarjeta SIM) y de la línea telefónica asociada.La restricción alcanzará a los dispositivos que sean activados tanto en los pabellones como en otros sectores de acceso restringido dentro de los establecimientos carcelarios.No obstante, el sistema no funcionará de manera automática. Cada solicitud de bloqueo deberá ser canalizada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que será el organismo encargado de remitir los pedidos a las empresas de telefonía móvil. Las provincias adheridas no podrán requerir directamente la desactivación de los equipos.

Prevención del delito desde las cárcelesEl objetivo de la medida es impedir que personas privadas de la libertad utilicen teléfonos celulares para coordinar estafas, extorsiones, secuestros virtuales u otros delitos desde el interior de las unidades penitenciarias.La resolución recuerda que la legislación penitenciaria vigente ya prohíbe el uso de teléfonos celulares dentro de los establecimientos de detención y sostiene que el nuevo esquema busca fortalecer las herramientas de prevención y control.

AntecedentesLa incorporación de las cárceles provinciales surgió luego de planteos realizados por distintas jurisdicciones que reclamaban un marco normativo para aplicar este tipo de bloqueos en sus establecimientos.En ese contexto, algunas provincias comenzaron a desarrollar sistemas de detección y localización de teléfonos móviles para reforzar los controles internos y evitar comunicaciones ilegales desde las cárceles.

Alcance y controlesLa normativa también establece que la tecnología utilizada deberá impedir que el bloqueo afecte a usuarios que se encuentren fuera del perímetro penitenciario.Además, las empresas prestadoras de telefonía estarán obligadas a registrar todas las operaciones vinculadas a estos procedimientos, garantizando la trazabilidad de cada intervención y la disponibilidad de la información para las autoridades competentes.