En un proyecto de declaración de repudio, el bloque justicialista de La Cámara de Diputados de la provincia, declaró su “más enérgico repudio a la manera arbitraria e inconsulta en que la Dirección de Educación Superior ha definido políticas educativas vinculadas a los Institutos de Educación Superior de la Provincia”.Se alertó que “las disposiciones y lineamientos generales para la organización de las propuestas de formación en el territorio provincial, se han definido a través de datos cuantitativos aislados, números que definirán la continuidad o no de los profesorados en los distintos Institutos Superiores de Formación Docente”.También se cuestionó que “esta forma de proceder, carente de diálogo, consenso y análisis integral de la realidad territorial de las comunidades educativas, genera profunda preocupación, ya que podría derivar en el desmantelamiento espacios de formación que cumplen un rol fundamental en el desarrollo educativo, profesional y social de jóvenes y adultos de nuestra provincia”.El proyecto, de la legisladora Andrea Zoff, criticó que las decisiones adoptadas por la Dirección de Educación Superior “vulneran los principios constitucionales mencionados, y no garantizan ni la igualdad de oportunidades, ni la continuidad educativa que el Estado debe asegurar. En un contexto económico complejo, donde las desigualdades se profundizan, sostener y fortalecer la educación superior gratuita no constituye un gasto prescindible, sino una inversión estratégica para el desarrollo provincial”.Zoff entendió que “la educación superior no puede ser entendida como gasto, sino como política estratégica de desarrollo humano, productivo y democrático. La provincia necesita sostener y, en la medida de lo posible, ampliar su oferta formativa, garantizando estabilidad para docentes y continuidad para los estudiantes”.Consideró que “reafirmar el rumbo implica escuchar a las instituciones, revisar las medidas adoptadas y priorizar aquello que nos proyecta hacia el futuro: más educación, más oportunidades, más igualdad. La formación superior cumple un rol decisivo: garantiza profesionales calificados, impulsa la investigación, favorece la movilidad social y sostiene la construcción de una comunidad más justa y preparada. Cualquier política que afecte su continuidad o calidad compromete directamente las oportunidades presentes y futuras de miles de entrerrianos”.Respecto de la formas, la diputada sostuvo que “esta forma de proceder, carente de diálogo, consenso y análisis integral de la realidad territorial de las comunidades educativas, genera profunda preocupación, ya que podría derivar en el desmantelamiento espacios de formación que cumplen un rol fundamental en el desarrollo educativo, profesional y social de jóvenes y adultos de nuestra provincia”.

De la reunión, según destacaron los Concejales, se observa una gran preocupación tanto en las empresas como por parte de los empleados por la crítica situación actual que atraviesa la economía en la que confluyen la baja del consumo y la flexibilización laboral, lo que genera un ambiente propicio para que aumenten los despidos y suspensiones.

Según informó Simonetti en la reunión, esto ya se estaba comenzando a ver en los distintos comercios y empresas de la ciudad hace varios meses atrás, principalmente la inquietud por la compleja situación y la baja en las ventas, pero ahora ya se comienzan a ver materializados los despidos, “hay despidos todos los meses en las pequeñas y medianas empresas”.Desde el Bloque, informaron que esta reunión fue un primer paso en la búsqueda de posibles soluciones al problema, debido a que el estado no puede mirar para otro lado cuando hay vecinos que se están quedando sin su fuente de trabajo.  

La iniciativa para la creación del Programa de “Promoción de Empleo Privado Entrerriano” tiene la finalidad de propiciar la creación de fuentes de empleo privado genuino y permanente en la provincia.  Para ello apunta a promover el empleo formal en los sectores industrial, comercial y de servicios, incentivando al aumento de personal en jornada completa y tiempo indeterminado en las empresas privadas radicadas en la provincia. La ayuda económica que se brindará al sector privado busca posibilitar el empleo de trabajadores y trabajadoras e incentivar la radicación de empresas en Entre Ríos, del mismo modo que la regularización de la situación laboral y tributaria de las empresas que ya se encuentran radicadas. La iniciativa de la diputada Laura Stratta establece dentro de  los requisitos para que las empresas privadas puedan participar del programa, que se encuentren constituidas en el país y habilitadas para actuar dentro de la provincia, del mismo modo que no registren deudas exigibles ante el fisco provincial ni estén informadas en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales. Obviamente deberán acreditar incrementos en la nómina de trabajadores registrados por tiempo indeterminado y a jornada completa y, en el caso de las industrias, deberán estar inscriptas en el “Registro de Establecimientos Industriales de la Provincia de Entre Ríos”. El beneficio consiste en el otorgamiento de un Aporte No Reintegrable a los empleadores beneficiarios, que se liquidará en forma mensual tomando como parámetros el importe del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), la cantidad de personal incorporado y el porcentaje incremental que éste representa. Para tal asignación se consideran tres clases de empresas: micro y pequeña, mediana (tramo 1 y 2), y grande. Si el incremento de personal es menor al 10 %, el aporte no reintegrable será equivalente al 60 % del SMVM para la categoría “micro y pequeña”, al 55 % del SMVM para las “medianas”  y el 50 % para las “grandes”.Si el incremento de personal se ubica entre el 10 % y el 20 %, el beneficio se establece en 70 % del SMVM para la categoría “micro y pequeña”, y en 65 % y 60 % para las medianas y las grandes respectivamente.Finalmente, si la suba de la planta de personal supera el 20 %, el beneficio será del orden de 80 %, 75 % y 70 % respectivamente. La normativa propuesta establece que la continuidad de la percepción del beneficio se producirá en tanto las empresas mantengan el porcentaje de aumento de mano de obra respecto del período de base. Y que si se produce una disminución en la suba alcanzada inicialmente, también disminuirá el beneficio, pudiendo incluso perderse si la suba de puestos de trabajo se revierte.La autoridad de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Económico, quien tendrá a su cargo la implementación, control y el otorgamiento de los beneficios previstos.

Modificación de artículos de la Ley de Promoción IndustrialPor su parte el diputado Juan José Bahillo presentó un proyecto que modifica cuatro artículos de la actual ley Nº 11.071. Los cambios al artículo 4° de la norma vigente obligan al Poder Ejecutivo provincial a garantizar tanto el fortalecimiento de estas instituciones y la capacitación continua del personal del organismo de aplicación  de la ley.  La creación de una “ventanilla única” para la tramitación de todos los requisitos necesarios facilitará el acceso al régimen de promoción industrial. Este mecanismo no solo reducirá la burocracia, sino que también mejorará la eficiencia del proceso administrativo, para atraer inversiones y fomentar el crecimiento industrial en la provincia. Al incluir a todos los organismos de control pertinentes en este sistema, se garantiza una mayor coordinación y simplificación de los trámites. La propuesta de modificación al artículo 6° apunta a ampliar los beneficiarios al incluir nuevas inversiones industriales, transporte terrestre de cargas, actividades turísticas, culturales, y aquellas relacionadas con la economía circular y la neutralidad de carbono, lo que responde a la necesidad de diversificar y modernizar la base industrial de la provincia. Al ampliar el espectro de beneficiarios, se promueve un desarrollo más inclusivo y sostenible, alineado con las tendencias y necesidades actuales en los ámbitos económico y ambiental.Asimismo se busca incentivar la creación de nuevos establecimientos industriales y la reactivación de aquellos que han estado inactivos por un período prolongado, lo que es esencial para dinamizar la economía provincial. Estas medidas fomentan la inversión, la innovación y la reactivación económica, elementos claves para el desarrollo sostenible a largo plazo. La propuesta de modificación al artículo 11° propone la revisión y ampliación de las exenciones fiscales para ofrecer un incentivo significativo para los inversores y empresarios, asegurando que estos beneficios sean atractivos y pertinentes a las realidades actuales. Al extender las exenciones a impuestos provinciales como Ingresos Brutos, Inmobiliario, Sellos y Automotor, se crea un entorno más favorable para el desarrollo industrial en la provincia. La modificación al artículo 13° plantea la extensión de los plazos de vigencia de los beneficios fiscales de diez a quince años para nuevos establecimientos industriales, con la posibilidad de prórroga por cinco años adicionales, proporciona mayor certeza y estabilidad a largo plazo para los inversores. Este marco temporal extendido es crucial para atraer inversiones significativas que requieren un horizonte prolongado para la recuperación del capital y la generación de beneficios. 

Desde el bloque de concejales justicialistas, nos llama la atención que concejales que supuestamente responden al intendente le soliciten, a través del Honorable Concejo Deliberante, información sobre el caso mencionado al propio Azcué, cuando podrían haberlo hecho tranquilamente de otra manera, es llamativo.Fuera de ello lo que sí verdaderamente preocupa es la incorporación en el pedido de informes, de un artículo (el 4to) que buscaba perseguir a los empleados que brindasen información y jaquear el rol de la prensa frente a la temática.

Por ello solicitamos que los distintos poderes del estado seamos conscientes de la importancia de la libertad de prensa, y de evitar incurrir en casos de persecución. En los hechos, el pedido de informes no prosperó porque los propios concejales del oficialismo al recibir documentación de un particular, desestimaron el pedido, algo que debemos marcar como desprolijo, debido a que una vez realizada la solicitud debiera haberse aprobado (sin contemplar el polémico artículo 4) y esperar la información correspondiente con la que cuenta el InVyTAM, lo que hubiera traído transparencia a todo este tema que ya se había vuelto de interés de los concordienses. Para finalizar solicitamos que se aclare a través del ejecutivo, todo lo sucedido, para que las y los vecinos tengan conocimiento certero acerca de a quién pertenece el terreno, dado que al estar en el medio de la controversia el municipio, los vecinos merecen saber. 

En primer lugar, se solicitará al Municipio declarar la Emergencia del transporte urbano de pasajeros, sentando las bases para crear un fondo compensatorio que mitigue el impacto del aumento del boleto.

Esta iniciativa busca solidarizarse con los sectores afectados por la recesión y la alta inflación.

Como representantes de la sociedad concordiense, es nuestro deber garantizar justicia social y solicitar la intervención del municipio ante la ausencia de medidas estatales.

Se busca no solo proteger a la clase media y los más vulnerables, sino también contemplar la situación de las empresas para asegurar la continuidad del servicio.

La propuesta indica que ante el inicio de una nueva obra en la ciudad, el Ejecutivo Municipal informe al cuerpo legislativo los orígenes de los fondos, montos destinados, formas de contratación y descripción de los trabajos, entre otros aspectos.

El proyecto de Resolución destaca �Sla importancia de la puesta en valor de los espacios públicos y la necesidad de los ciudadanos de obtener información sobre el cumplimiento de los ítems establecidos en las contrataciones establecidas para tal fin⬝.

En este sentido, el presidente del Bloque Justicialista Gastón Etchepare señaló que �Scon esta normativa lo que buscamos es que se garantice mayor transparencia en temas que son de interés para toda la ciudadanía.

Si bien la información está disponible, el objetivo es establecer un mecanismo que transparente aún más todos los procedimientos y actos administrativos⬝.

La Resolución establece �Ssolicitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Concordia que al comenzar y finalizar la construcción, puesta en valor, ampliación y/o reparación de obras en espacios públicos de nuestra ciudad, ya sean realizadas con fondos Nacionales, Provinciales o Municipales, sean informadas al Honorable Concejo Deliberante: Origen de los fondos y/o gestiones para su financiamiento. Procesos, formas de contratación y adjudicatario. Objeto de la obra. Descripción de los trabajos. Presupuestos. Alteraciones del contrato. Plazos. Ampliaciones. Modificaciones⬝.

El proyecto fue ingresado por el Bloque Justicialista en la sesión de este jueves, y por unanimidad de los ediles de ambos bloques se aprobó el ingreso para ser tratado en comisión.

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