La diputada nacional Blanca Osuna destacó que “Logramos sancionar la reforma de la Ley de Decretos de Necesidad y Urgencia, era necesaria para delimitar el uso discrecional que el presidente hace de esta herramienta”.La diputada señaló que “los DNU de Milei no son ni de necesidad ni de urgencia, pero interfieren en el funcionamiento democrático, porque las normas deben discutirse y aprobarse en el Congreso”.Osuna también se refirió a las denuncias por aprietes a legisladores en los días previos a la sesión: “Hubo aprietes de todo tipo para que la sesión no pueda llevarse a cabo. Es gravísimo. En el caso del diputado Facundo Manes, obligó al presidente de la Cámara, Martín Menem, a dar explicaciones. Esta práctica de amenazas y presiones se repite con legisladores de distintos bloques y provincias”.En relación al proyecto de Presupuesto Nacional, Osuna advirtió:“Tenemos en mano una iniciativa que corta violentamente recursos para salud, educación, las provincias y la obra pública. Mientras tanto, el ministro de economía, Luis     Caputo y el equipo económico están en Estados Unidos sin que se hayan dado a conocer una agenda de reuniones e interlocutores, cuando deberían estar acá discutiendo el presupuesto con nosotros”.

Por último, la diputada entrerriana subrayó que la sesión fue clave “era un temario amplio y con acuerdos entre distintos bloques”, incluyendo temas como el cumplimiento de la ley de emergencia y discapacidad, el funcionamiento de la bicameral de niñez y adolescencia y la designación del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes.“Hoy dimos una señal clara: el Congreso está para debatir y poner límites cuando el Ejecutivo avanza sobre sus atribuciones”, concluyó Osuna.

El material fue transportado por la empresa PTP Warrant S.A mediante el buque B/M Vezhen (IMO: 9937270), proveniente del puerto de Montevideo, República Oriental del Uruguay, y descargado en el puerto de Ibicuy el 10 de marzo de 2025. Permaneció expuesto a condiciones climáticas diversas hasta el 25 de junio, generando riesgos para el ambiente, los trabajadores y la población de la zona.En la presentación, la diputada nacional incorpora documentación reunida en los últimos meses con el fin de que se incorpore a la causa y fortalecer la investigación judicial en curso, respecto el Convenio de Permiso de Uso Oneroso entre el Ente Autárquico Puerto Ibicuy y la empresa PTP Warrant S.A. y la ausencia de respuesta por parte del Gobierno de Entre Ríos a las medidas adoptadas de acuerdo a la normativa ambiental vigente y la protección de los trabajadores.

Osuna apuntó directamente al gobernador Rogelio Frigerio como principal responsable político del hecho, al señalar que fue su gestión la que firmó el Convenio de Permiso de Uso Oneroso entre el Ente Autárquico Puerto Ibicuy y la empresa PTP Warrant S.A. para la ejecución de obras en el predio portuario. Sin embargo, hasta la fecha, el Gobierno provincial no ha demostrado haber realizado los controles efectivos para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental.