Se conoció el fallo de la Cámara de Casación, a cargo de Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, que dispuso ejecutar todos los bienes de Cristina Kirchner, sus hijos y el resto de los condenados en la causa Vialidad. El objetivo: alcanzar la cifra de $684.990.350.139,86 que todos los involucrados deben pagar.

La sentencia, que adquirió firmeza el 10 de junio de 2025, había fijado inicialmente el decomiso en $84.835.227.378,04, monto que fue actualizado tras la intervención de peritos oficiales y fiscales, junto con el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El tribunal adoptó la metodología de actualización propuesta y requirió el pago del monto actualizado a los condenados, quienes no cumplieron con la intimación.La medida incluye el decomiso de bienes inmuebles de Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA, Loscalzo y Del Curto SRL, así como propiedades cedidas a Máximo y Florencia Kirchner. También se prevé la realización de bienes de Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich en caso de que los activos decomisados inicialmente resulten insuficientes para cubrir el monto fijado.Entre los inmuebles que ordenaron decomisar, se destaca uno ubicado en el Departamento III Lago Argentino, sobre la Avenida 17 de Octubre al 800, una propiedad adquirida en 2007 que abarca una superficie de 6.001,64 metros cuadrados.El fallo alcanza también a un conjunto de lotes que fueron cedidos a Máximo y Florencia Kirchner. Entre ellos se ubican las diez unidades que están sobre la calle Mitre al 500, en la ciudad de Río Gallegos, todas ellas adquiridas en 2007.También dentro de la capital santacruceña, el listado abarca un inmueble ubicado en 25 de Mayo al 200, adquirido en 2010, y a otra propiedad de la calle Presidente Néstor Kirchner al 400, sumada al patrimonio de la familia en 2006.A esto se agregan los bienes emplazados a los hermanos Kirchner en el Departamento III Lago Argentino.

Entre ellos figuran terrenos adquiridos respectivamente en 2008 y 2007, cuyas ubicaciones refieren a grandes extensiones en las inmediaciones de El Calafate. Entre ellos se destaca el lugar donde se construyó el conocido Complejo Hotel Los Sauces, una infraestructura hotelera relevante y parte de otra causa judicial que investiga a la ex mandataria. Este lote fue comprado en 2002 para tal fin y su desarrollo posterior implicó la suma de otras parcelas adyacentes que pasaron a formar parte integral del mismo proyecto hotelero tras ser adquiridas en 2007.En el mismo departamento, el inventario incorpora dos propiedades de grandes dimensiones y gran valor catastral: la primera responde a una superficie de 44.106 metros cuadrados, originaria de una operación concretada en 2007; la segunda, comprende 87.046 metros cuadrados y fue incorporada en el mismo año al patrimonio familiar.La evolución del patrimonio de la ex presidenta y su entorno familiar fue reconstruida por Infobae a partir de las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción y el cotejo con períodos de alta inflación. En 2003, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, la pareja declaró un patrimonio neto de $7 millones, compuesto principalmente por 25 inmuebles —18 casas, dos locales, cuatro departamentos (incluidos dos en el barrio porteño de Recoleta) y un terreno en El Calafate—, así como dos plazos fijos: uno por $1,2 millones y otro en dólares que totalizaba USD 1,6 millones. Estas cifras reflejaron operaciones de cobro judicial y adquisiciones de bienes a bajo costo durante la dictadura militar y los años posteriores, impulsadas por la actividad profesional del matrimonio como abogados en Santa Cruz.El crecimiento de la fortuna familiar se mantuvo durante los siguientes años: en 2007, con Cristina Fernández de Kirchner ya en la presidencia, los activos anotados superaban los $25,5 millones, con un notable salto en el número y superficie de las propiedades. La pareja llegó a contabilizar 44 inmuebles entre viviendas, terrenos y locales, multiplicando por 33 la superficie registrada en 2003. Según lo que pudo averiguar este medio, múltiples lotes en El Calafate se adquirieron a valores considerados marginales —algunos por menos de $7,5 el metro cuadrado— y que en uno de esos terrenos se construyó el hotel boutique Los Sauces, edificado por Austral Construcciones.El aporte de la familia Kirchner al negocio inmobiliario no se limitó a la adquisición de terrenos y edificaciones para renta; también incluyó la creación de sociedades como Los Sauces SA en 2006, destinada a centralizar el alquiler y la gestión de bienes. En 2008, la brecha patrimonial volvió a ampliarse: los activos ascendieron a $47,3 millones y una nueva operación con la compra de otro inmueble de 16.189 m2 que posteriormente se transformó en el hotel Las Dunas.La muerte de Néstor Kirchner en 2010 supuso la redistribución legal de los bienes, integrando a Máximo y Florencia Kirchner como herederos directos de una parte sustancial de las propiedades y activos financieros. Las sucesivas declaraciones juradas reflejan cambios notables: en 2011, tras la reelección presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, el patrimonio real se vio reducido a $37,7 millones, aunque manteniéndose la posesión de 26 propiedades. Para 2015, último año de su mandato, los activos netos informados ascendían a casi $72,2 millones, con un marcado incremento en los fondos bancarios.La cesión del patrimonio familiar llegó en 2016. Cristina Fernández de Kirchner donó en vida a sus hijos el 50% de las 26 propiedades, más de $40 millones en cuentas y depósitos a plazo fijo, así como acciones en las empresas familiares, operación que totalizó $74 millones. Esta transferencia se concretó en plena escalada de los procesos judiciales por corrupción, pocos días antes de que se inhibieran sus bienes. 

Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, se intensificó el interés internacional por la riqueza acumulada durante más de dos décadas de poder chavista. Investigaciones de organismos internacionales y autoridades judiciales pusieron nuevamente bajo la lupa una red de bienes que incluye aviones privados, joyas, propiedades de lujo y activos financieros distribuidos en distintos países, muchas veces a través de testaferros.Según estimaciones de Transparencia Venezuela, el patrimonio atribuido a Maduro podría ascender a unos 3.800 millones de dólares, una cifra que refleja el volumen de recursos acumulados durante los años de control político del chavismo. Tras la detención, varios países europeos —entre ellos Suiza— ordenaron el bloqueo preventivo de posibles activos, con el objetivo de evitar su transferencia o desaparición.Informes periodísticos y de organizaciones no gubernamentales señalan que parte de ese patrimonio incluiría residencias en zonas exclusivas de Miami, como Coral Gables y Sunny Isles Beach, además de villas de alto valor en República Dominicana. A esto se suma una colección de joyas, relojes de lujo y vehículos de alta gama, algunos de los cuales ya fueron documentados en operativos judiciales.

El rol del oro venezolanoUn capítulo central del interés internacional se vincula con el oro de Venezuela, uno de los recursos estratégicos más importantes del país. La nación sudamericana posee una de las mayores reservas auríferas del mundo, concentradas principalmente en el Escudo de Guayana, al sur del territorio, especialmente en el estado Bolívar.Desde hace años, organismos internacionales denuncian que una parte significativa de la explotación de estos yacimientos se realiza a través de minería ilegal, con impactos ambientales severos y circuitos financieros opacos. Diversos informes vinculan al entorno del poder chavista con redes de comercialización informal de oro, que habrían servido como mecanismo alternativo de financiamiento ante las sanciones internacionales.Además del oro extraído de forma irregular, Venezuela también cuenta con reservas oficiales custodiadas históricamente por el Banco Central, parte de las cuales fueron trasladadas o utilizadas como garantía en operaciones financieras en el exterior durante los últimos años, un punto que sigue siendo objeto de análisis y controversia internacional.

Bienes incautados y activos bajo investigaciónEn el marco de la denominada Operación Resolución Absoluta, las autoridades estadounidenses confirmaron la incautación inicial de activos por unos 700 millones de dólares. Entre los bienes secuestrados figuran mansiones en Florida, aviones privados —como un Dassault Falcon 900EX— y propiedades de lujo en República Dominicana previamente identificadas por investigadores internacionales.También se dispuso el bloqueo de cuentas bancarias en Europa y paraísos fiscales, con montos que alcanzarían varios cientos de millones de dólares. No obstante, fuentes judiciales advierten que la recuperación efectiva de esos fondos dependerá de procesos legales complejos y prolongados, especialmente en jurisdicciones que no reconocen las órdenes de Estados Unidos.Transparencia Venezuela aclaró que la cifra de 3.800 millones de dólares corresponde a una estimación global del patrimonio, mientras que lo confiscado hasta el momento representa solo la porción rastreable y accesible en países que cooperan con la investigación.

Imágenes y pruebas materialesEn las últimas semanas se difundieron imágenes y registros oficiales de parte de los bienes incautados: aeronaves privadas, una flota de vehículos de lujo —incluidos modelos de Rolls-Royce y Lamborghini— y inventarios de joyas que incluyen relojes de marcas premium y lingotes de oro hallados en cajas de seguridad.Medios de Florida y del Caribe también publicaron tomas aéreas y fotografías de las propiedades atribuidas a la red de testaferros, tanto en Estados Unidos como en República Dominicana, donde los operativos incluyeron allanamientos coordinados.Los investigadores coinciden en que el mayor desafío pendiente sigue siendo rastrear los activos asociados a la minería ilegal de oro y a inversiones canalizadas a través de países aliados al régimen venezolano, donde la cooperación judicial es limitada. Mientras tanto, el proceso de identificación y recuperación del patrimonio atribuido al entorno de Maduro continúa abierto y en expansión.

Las importaciones de bienes de consumo alcanzaron los USD 8.376 millones entre enero y septiembre de 2025. Se trata del valor más elevado desde 2004, y representa un incremento del 25,3% respecto del récord anterior registrado en el mismo periodo de 2018.Así surge de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que destaca que solo en septiembre las compras externas de bienes de consumo sumaron 1.157 millones de dólares.El impacto del fenómeno es generalizado a la mayoría de los sectores, transformando la estructura productiva: muchas empresas que fabrican en el país están funcionando como importadoras.Al observar la participación sobre el total de internaciones argentinas, las importaciones de bienes de consumo alcanzaron el 14,6% del total en 2025, ubicándose 4,1 puntos porcentuales por encima del mismo periodo de 2023.Electrodomésticos, baterías y lámparas subieron 248,9% frente a 2024 y 217,7% respecto de 2023, representando 8,4% del total.Motos, bicicletas y otros equipos de transporte treparon 124,6% respecto de 2024 y 69,3% frente a 2023 (8,4% del total).Prendas de vestir avanzaron 61,8% respecto de 2024 y 99,2% sobre 2023 (6,3% del total).Productos alimenticios escalaron 77,4% frente a 2024 y 49,4% respecto de 2023 (16,4% del total).Marroquinería aumentó 44,7% contra 2024 y 21,3% frente a 2023 (9,3% del total).El informe sostiene que “estos cinco sectores concentran la mitad (48,8%) de las importaciones totales de bienes de consumo entre enero y septiembre de 2025”.En el caso de los electrodomésticos, la consultora Analytica señaló que además de la apreciación del tipo de cambio, distintas medidas de apertura comercial impulsaron de manera clave el aumento de las importaciones del sector. Entre ellas, la eliminación del sistema SIRA a partir de diciembre de 2023, la reducción de aranceles para heladeras y lavarropas del 35% al 20% dispuesta en mayo de 2024, y la eliminación del impuesto PAIS, que disminuyó el costo efectivo de importación.Asimismo, desde julio de 2025 se implementó un nuevo régimen para viajeros que permite ingresar al país un electrodoméstico de línea blanca comprado en el exterior, bajo ciertas condiciones.

La suba no solo quedó reflejada en los montos, sino en la cantidad de empresas importadoras. Con datos de ARCA correspondientes a enero-septiembre, distintos rubros multiplicaron hasta por 50 su volumen frente al año anterior.El mayor aumento absoluto fue de 2.490 empresas en productos de caucho y plástico varios (+53%), seguido por 1.524 en marroquinería (+70%), 1.391 en prendas de vestir (+152%) y 1.069 en electrodomésticos, baterías y lámparas (+106%). En total, la cantidad de firmas participantes subió en 9.325 (+70%).En relación a la variación relativa, el crecimiento fue encabezado por prendas de vestir (+152% en cantidad de importadores frente a 2023), seguido de joyería, juguetes, instrumentos musicales y vestimenta de seguridad (+131%), productos alimenticios (+127%) y electrodomésticos, baterías y lámparas (+106%).El detalle sobre importadoras habituales muestra que en productos alimenticios, las empresas que ya operaban en el segmento incrementaron sus compras en 293 millones de dólares (+39% frente a 2023).El rubro electrodomésticos, baterías y lámparas sumó 281 millones de dólares (+125%), mientras que motos, bicicletas, yates y otros equipos de transporte subieron 228 millones de dólares (+61%), y informática, electrónica y óptica ascendieron 226 millones (+41%).“Si bien, durante 2025, en ciertas actividades se registró una disminución en el monto importado por las firmas que ya importaban en 2023, este descenso fue compensado por la incorporación de nuevas empresas importadoras”, explicó el CEPA.En productos de caucho y plástico varios, las importadoras tradicionales bajaron apenas 2 millones de dólares (-1%) sus compras, pero se incorporaron 2.490 nuevas empresas.En marroquinería, el volumen descendió 3 millones de dólares, mientras el número de empresas creció 1.524 (+70%).En el sector farmacéutico, cayó el monto importado por las habituales (-14 millones de dólares, -2%), al tiempo que ingresaron 21 nuevos operadores (+12%).El balance del CEPA muestra para el período un aumento de 1.254 millones de dólares en importaciones de bienes de consumo, lo que implica una suba de 26% frente a igual lapso de 2023.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó  un planteo formulado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que pretendía frenar las subastas de bienes de Austral Construcciones S.A., propiedad del empresario Lázaro Báez, en el marco de su proceso de quiebra. Con esta resolución, el máximo tribunal dio luz verde para avanzar con la ejecución.El TOF N° 5, que tiene a cargo causas de peso como “La Rosadita” o la “Ruta del Dinero K”, había solicitado al Juzgado Nacional en lo Comercial N° 28 de CABA que lleva adelante el proceso de quiebra de Austral Construcciones, que se abstuviera de subastar determinados bienes de la empresa.Este pedido se fundamentó en la existencia de medidas cautelares sobre dichos activos, dispuestas en la causa penal con miras a un posible decomiso.Para comprender la magnitud del conflicto, resulta necesario recordar el contexto de la causa conocida como “La Rosadita”. Esta investigación indagó sobre la presunta intervención de Lázaro Báez y un conjunto de personas y empresas, englobadas bajo la denominación “Grupo Austral”, en una compleja operatoria de lavado de dinero. Según los elementos de la investigación, el dinero en cuestión provendría, presuntamente, de actos de fraude contra la administración pública perpetrados en la causa “Vialidad” o, alternativamente, de maniobras de evasión tributaria. En este marco, el TOF N° 5 tiene a su cargo la ejecución penal de las conductas vinculadas al “Grupo Austral” y sus integrantes. Por otro lado, el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 28, subrogado por el juez Jorge Sícoli, tramita de forma paralela la quiebra de Austral Construcciones.La disputa surgió específicamente cuando el tribunal penal requirió al juez comercial que detuviera las subastas de bienes de la empresa de Báez. La razón expuesta fue la posibilidad de que estos activos fueran objeto de un eventual decomiso en la causa penal que llevaba adelante el TOF 5.Sin embargo, el juzgado comercial consideró que la solicitud resultaba improcedente. Esta postura generó el conflicto de competencia que finalmente llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para su resolución.El máximo tribunal debía determinar si la causa penal, con su objetivo de recuperar activos ilícitos, merecía prevalecer sobre un proceso de quiebra comercial que busca satisfacer a los acreedores de una empresa en bancarrota.La Corte Suprema intervino para resolver este entramado de competencias que enfrentó a dos fueros judiciales. Para emitir su fallo, el máximo tribunal se remitió al dictamen del Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, cuyos fundamentos y conclusiones compartió íntegramente.En su resolución, firmada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rozenkrantz, la Corte entendió que no existe ninguna norma que establezca una prioridad de la causa penal, en lo que respecta a la recuperación de bienes por lavado de activos, sobre un proceso de índole comercial donde la finalidad es la satisfacción de las deudas que la empresa mantiene con otros particulares. Con base en este razonamiento, la CSJN dio la razón al juez comercial y consideró improcedente el pedido que había realizado el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5.  La decisión de la Corte Suprema ratificó la postura de que los procesos penales y comerciales operan bajo marcos legales separados en lo que respecta a la disposición de bienes en situaciones de quiebra.Tras la resolución, la Corte Suprema dispuso la devolución de las actuaciones al Juzgado Nacional en lo Comercial N° 28. Esta medida permitió que el proceso de quiebra de Austral Construcciones S.A. continúe su curso bajo la órbita del juzgado comercial, incluyendo las subastas de bienes, sin la interrupción que buscaba la instancia penal.Tras el fallo de este martes, está previsto que la subasta continúe el próximo 25 de septiembre, cuando se escucharán las ofertas por un predio y un obrador ubicados sobre la Ruta 3, en Río Gallegos, además de vehículos y maquinaria pesada que, hasta ahora, estaban entre los lotes embargados en causas de corrupción.La base para los remates de las propiedades ronda los 2 millones de dólares. Cabe destacar que la mayoría de los vehículos se encuentran en malas condiciones y sin mantenimiento.El detalle de cada lote podrá observarse próximamente en la página web oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se encargará del trámite a través de la Dirección de Subastas Judiciales, ubicada en Jean Jaurés 545. Estarán en exhibición para los interesados el 19 y 20 de este mes, de 10 a 14. Infobae.

�SEl intercambio de información con España pone a la Aduana argentina al tanto de los detalles de las compras en forma fehaciente, aunque los turistas intenten negarlas⬝, subrayó el organismo en un comunicado.

La Aduana precisó que cuando los turistas piden la devolución del IVA en aeropuertos españoles, �Srecibe una alerta de información⬝ y luego �Sle pide a la Dirección de Migraciones identificar el vuelo con los pasajeros en cuestión, que al arribar al país son revisados para identificar si tienen declarados o no los bienes⬝.

�SEntre los casos más emblemáticos de este año se destacan un reloj valuado en 15.375 euros, cuya tributación aduanera fue de $ 960.804⬝, destacó.

Otro caso fue el de �Sun reloj de 52.066 euros que inicialmente quedó retenido en Ezeiza, ya que el pasajero no contaba con suficiente capital para cancelar su obligación tributaria⬝.

�SFinalmente, seis días más tarde, abonó los $3.169.385 correspondientes para poder retirarlo⬝, indicó.

La Aduana aseguró que �Sel intercambio de información con España es fundamental, dado que en muchos casos los turistas traen los bienes puestos, argumentando que ya los poseían antes de salir del territorio argentino⬝.

�SSin embargo, el conocimiento certero que la Aduana argentina tiene de los detalles de las compras le permite ser inflexible⬝, añadió.

En agosto, siempre en vuelos provenientes de Madrid, �Sfueron detectados un brazalete de US$ 5.938, dos relojes Hublot de cerca de 10.000 euros cada uno y un reloj Tag Heuer de 5.343 euros⬝, que tributaron, respectivamente, $324.1635, $581.394, $475.388 y $280.000, indicó.

Entre otros casos, señaló �Sla detección, también este año, de un reloj Cartier de 5.165 euros, por el que el pasajero tributó $273.486; unos aros de 5.082 euros, que resultaron en un pago de $321.418,50; un brazalete de 5.910 euros, cuyo tributo consistió en $395.178 y, finalmente, un anillo de 3.843 euros, que tributó $201.792,50⬝.