Se trata de pedidos de condena por el delito "de estrago doloso, agravado por la muerte de 74 personas, por conocimientos especiales de los acusados, los antecedentes y la violación de normas" tras encontrar como "coautores".

La mayoría de los acusados, que en ese entonces eran directivos en Austral Líneas Aéreas, funcionarios civiles y de la Fuerza Aérea, fueron acusados como coautores del delito de "estrago doloso, agravado por la muerte de 74 personas", pero además por "el conocimiento especial de los acusados, los antecedentes y la violación a las normas".

Para ello, Rumachella se apoyó en el artículo 190 del Código Penal, que reza que "será reprimido con prisión de dos a ocho años, el que "a sabiendas ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una aeronave", porque, dijo, quedó probado que lo que sucedió ese día fue una "trampa mortal", utilizando una frase adoptada por el tribunal en la sentencia de la masacre de Cromañón.

Tras la fundamentación, los abogados solicitaron la pena de 25 años de prisión por el delito de "estrago doloso" en su calidad de coautores para Manuel Morán Casero (entonces presidente de Austral), Mario Sruber (vicepresidente de Austral, y los directores de Austral Walter Hayas, Mario Cardoni, Gabriel Pérez Junqueira, Fernando Mayorga, Javier Monzón, Ángel Sanchís Herrero, Javier Loza de la Cruz (gerente de Área Técnica-Austral), Jorge Fernández (gerente de Mantenimiento-Austral).

También como coautores y la misma pena a Ricardo Embón (gerente de Planeamiento e Ingeniería-Austral), Pablo Chini (gerente de Aseguramiento de Calidad-Austral), Juan Manuel Baigorria (director nacional de Aeronavegabilidad-DNA), Carlos González (director de Fomento y Habilitación-DNA), y Hugo Adib (jefe división Ingeniería-DNA), Carlos Carmenini (director de Aviación Transporte-DNA).

Al pedido de 25 años de prisión se suman Norberto Sotelo Ossa (director Aviación de Transporte- DNA), Eduardo Sánchez Ara (Coordinador del Proyecto de Certificación), Norberto Nieves (auditor de Aseguramiento de Calidad Austral), Enrique Ventura de Anchorena (gerente de Operaciones Austral) y Danilo Wenk (director de Certificación Aeronáutica-DNA), este último en concurso con falsedad ideológica.

En tanto, a los acusados Guillermo Destefanis y Juan Fortuny se los imputó por el mismo delito pero en calidad de "partícipes primarios", por lo que pidieron 16 años y siete meses de prisión, mientras que Andrés Arribillaga (instructor Austral) fue acusado de ser "partícipe secundario" en el mismo delito, por quien pidieron 12 años de prisión.

Hubo tres casos en que los imputados no fueron acusados porque fallecieron en estos 24 años que duró el proceso: Raúl Mújica (director de Austral), Héctor Gerling y Justo Díaz (director de Coordinación Técnica DNA).

Además, el fiscal Eduardo Taiano mandó a juicio otras dos causas conexas en las que están acusados Miguel Salvioli (subgerente de Ingeniería-Austral), Norberto Verne (subgerente de Planeamiento-Austral), Claudio Gorla (inspector-DNA), Héctor Pérez (inspector-DNA), Carlos Ford (gerente de Operaciones de Vuelo-Austral), Alberto Muñoz (gerente de Logística-Austral), Rodolfo Giromini, Roberto Pignato (piloto-instructor), Ángel Esnagola (piloto-instructor) y Juan Astrada Ladrón de Guevara (inspector-DNA).

Sobre estos acusados podrá expedirse y hacer un pedido de pena, en caso que corresponda, al fiscal de juicio Juan Patricio García Elorrio.

El vuelo 2553 de Austral se estrelló el 10 de octubre de 1997 y dejó 74 muertos, y el juicio recién comenzó el 24 de marzo de 2019 a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) 5, integrado por los jueces Daniel Obligado, Adriana Palloti y José Martínez Sobrino.

Según se indicó en un informe, el avión McDonnell Douglas DC-9-32 con matrícula argentina LV-WEG, que se dirigía desde la ciudad argentina de Posadas hacia la ciudad de Buenos Aires, se precipitó a tierra en la estancia Nuevo Berlín, zona rural cercana a la ciudad uruguaya de Fray Bentos, luego de una falla con el sistema de tubo de Pitot.

Se trata de pedidos de condena por el delito "de estrago doloso, agravado por la muerte de 74 personas, por conocimientos especiales de los acusados, los antecedentes y la violación de normas" tras encontrar como "coautores".

La mayoría de los acusados, que en ese entonces eran directivos en Austral Líneas Aéreas, funcionarios civiles y de la Fuerza Aérea, fueron acusados como coautores del delito de "estrago doloso, agravado por la muerte de 74 personas", pero además por "el conocimiento especial de los acusados, los antecedentes y la violación a las normas".

Para ello, Rumachella se apoyó en el artículo 190 del Código Penal, que reza que "será reprimido con prisión de dos a ocho años, el que "a sabiendas ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una aeronave", porque, dijo, quedó probado que lo que sucedió ese día fue una "trampa mortal", utilizando una frase adoptada por el tribunal en la sentencia de la masacre de Cromañón.

Tras la fundamentación, los abogados solicitaron la pena de 25 años de prisión por el delito de "estrago doloso" en su calidad de coautores para Manuel Morán Casero (entonces presidente de Austral), Mario Sruber (vicepresidente de Austral, y los directores de Austral Walter Hayas, Mario Cardoni, Gabriel Pérez Junqueira, Fernando Mayorga, Javier Monzón, Ángel Sanchís Herrero, Javier Loza de la Cruz (gerente de Área Técnica-Austral), Jorge Fernández (gerente de Mantenimiento-Austral).

También como coautores y la misma pena a Ricardo Embón (gerente de Planeamiento e Ingeniería-Austral), Pablo Chini (gerente de Aseguramiento de Calidad-Austral), Juan Manuel Baigorria (director nacional de Aeronavegabilidad-DNA), Carlos González (director de Fomento y Habilitación-DNA), y Hugo Adib (jefe división Ingeniería-DNA), Carlos Carmenini (director de Aviación Transporte-DNA).

Al pedido de 25 años de prisión se suman Norberto Sotelo Ossa (director Aviación de Transporte- DNA), Eduardo Sánchez Ara (Coordinador del Proyecto de Certificación), Norberto Nieves (auditor de Aseguramiento de Calidad Austral), Enrique Ventura de Anchorena (gerente de Operaciones Austral) y Danilo Wenk (director de Certificación Aeronáutica-DNA), este último en concurso con falsedad ideológica.

En tanto, a los acusados Guillermo Destefanis y Juan Fortuny se los imputó por el mismo delito pero en calidad de "partícipes primarios", por lo que pidieron 16 años y siete meses de prisión, mientras que Andrés Arribillaga (instructor Austral) fue acusado de ser "partícipe secundario" en el mismo delito, por quien pidieron 12 años de prisión.

Hubo tres casos en que los imputados no fueron acusados porque fallecieron en estos 24 años que duró el proceso: Raúl Mújica (director de Austral), Héctor Gerling y Justo Díaz (director de Coordinación Técnica DNA).

Además, el fiscal Eduardo Taiano mandó a juicio otras dos causas conexas en las que están acusados Miguel Salvioli (subgerente de Ingeniería-Austral), Norberto Verne (subgerente de Planeamiento-Austral), Claudio Gorla (inspector-DNA), Héctor Pérez (inspector-DNA), Carlos Ford (gerente de Operaciones de Vuelo-Austral), Alberto Muñoz (gerente de Logística-Austral), Rodolfo Giromini, Roberto Pignato (piloto-instructor), Ángel Esnagola (piloto-instructor) y Juan Astrada Ladrón de Guevara (inspector-DNA).

Sobre estos acusados podrá expedirse y hacer un pedido de pena, en caso que corresponda, al fiscal de juicio Juan Patricio García Elorrio.

El vuelo 2553 de Austral se estrelló el 10 de octubre de 1997 y dejó 74 muertos, y el juicio recién comenzó el 24 de marzo de 2019 a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) 5, integrado por los jueces Daniel Obligado, Adriana Palloti y José Martínez Sobrino.

Según se indicó en un informe, el avión McDonnell Douglas DC-9-32 con matrícula argentina LV-WEG, que se dirigía desde la ciudad argentina de Posadas hacia la ciudad de Buenos Aires, se precipitó a tierra en la estancia Nuevo Berlín, zona rural cercana a la ciudad uruguaya de Fray Bentos, luego de una falla con el sistema de tubo de Pitot.

De esta manera, Aerolíneas Argentinas absorberá a Austral y será continuadora de todos los derechos y obligaciones que Austral posee al momento efectivo de la fusión, que concluirá a fin de este año.

�SLa duplicación de estructuras en este contexto no tienen razón de ser⬝, explicó el presidente de la compañía de bandera, Pablo Ceriani.

Además, el presidente de la compañía de bandera sostuvo que le otorgará a la firma �Smayor eficiencia operativa, permitirá un crecimiento más ordenado y generará un ahorro de millones de dólares⬝.

Se estima que la medida le permitirá a la empresa mejorar sus números en US$ 100 millones aproximadamente, como producto de la reorganización de las estructuras internas, aumento significativo de la eficiencia operativa e incremento de la facturación.

Por otro lado, la empresa anunció la creación de dos nuevas unidades de negocios. Una de cargas, generada a partir de la experiencia de los vuelos a Shanghai para buscar insumos, y otra de mantenimiento y reparación de aviones, para prestar servicios a terceros.

�SAmbas permitirán incrementar la facturación y abrir nuevos mercados⬝, aseguró Ceriani.

Crisis

�SLa situación es muy complicada, aviones en tierra sin operaciones regulares y caída total de los ingresos por tiempo indeterminado.

����Un tremendo impacto del que Aerolíneas Argentinas no está ajena⬝, explicó.

Sostuvo que el Estado �Sinvierte⬝ en la aerolínea de bandera �Sporque genera beneficios económicos y sociales que multiplican la inversión realizada⬝, pero que en un contexto de crisis como el actual �Saun las inversiones beneficiosas se ajustan a prioridades⬝.

En este sentido, apuntó que esta crisis generada por la pandemia hará que �Smuchas aerolíneas del mundo desaparezcan⬝ y que es necesario adaptarse para intentar sobrevivir.

 �SSi no logramos adoptar las mejores prácticas de la industria no tiene sentido crecer.

����Las compañías que no se adaptan a las necesidades de sus tiempos desaparecen⬝, remarcó.