Por Karina Poritzker - El financista Ernesto Clarens, arrepentido del caso Cuadernos, dio detalles sobre cómo empezó a trabajar para los Kirchner a cambio de comisiones, recibiendo los pagos ilegales por parte de empresarios y entregando el dinero al fallecido ex secretario presidencial Daniel Muñoz.“En determinado momento Muñoz me pide que trate de traer euros en billetes de 500 porque ocupaban menos lugar”, recordó, según se leyó hoy en el requerimiento de elevación a juicio del fiscal federal Carlos Stornelli.Clarens recordó que se juntaba con Muñoz “para entregarle el dinero tanto en el Hotel Panamericano, donde aquel tenía una habitación, que no siempre era la misma; o en el domicilio de la calle Juncal y Uruguay, del matrimonio Kirchner, en el caso de que fueran sumas más importantes”.“En esos casos Muñoz me esperaba en el hall de la planta baja del edificio de Juncal, yo nunca subí al departamento...“, aseguró.La cuarta jornada del juicio oral por el caso Cuadernos se reanudó este martes poco antes de las 14 con algunos problemas de conexión a Internet por parte del Tribunal Oral Federal 7 que, luego de breves interrupciones, quedaron subsanados.“Ahí estaba la historia”. Eso decían entre sí los secretarios en relación a un particular sitio en la residencia de los Kirchner en El Calafate. “En esa casa yo no vi bóvedas, pero existía un lugar bajando la escalera, donde había una puerta placa de color blanca cerrada, donde siempre decíamos entre los Secretarios que ‘ahí estaba la historia’: el lugar donde se podrían guardar los bultos”.Gutiérrez se refería “las valijas con candado” que según el otro ex secretario ya fallecido Muñoz custodiaba en los vuelos del avión presidencial Tango 01 desde la ciudad de Buenos Aires a Santa Cruz, en fines de semana.Todo esto forma parte de la declaración como imputado colaborador de Gutiérrez, el fallecido ex secretario presidencial.Se trata de la cuarta jornada de manera virtual ante el Tribunal Oral Federal 7 que juzga a Cristina Kirchner y otros 85 acusados.Víctor Fabián Gutiérrez nació en julio de 1973 en Las Heras, Santa Cruz. Murió asesinado en su provincia, durante un supuesto robo en agosto de 2020, con 47 años recién cumplidos. Había sido secretario de Néstor y Cristina Kirchner y era arrepentido en el caso Cuadernos.Gutiérrez falleció, pero sus dichos forman parte del requerimiento de elevación a juicio del fiscal federal Carlos Stornelli, leído desde el inicio del debate el 6 de noviembre pasado.En la acusación fiscal hay un apartado titulado “la jefa”. Se refiere a Cristina Kirchner y a su rol como presunta líder de la asociación ilícita y si dan los tiempos se repasará en esta jornada. Allí se considera probado su “liderazgo sobre el resto de los miembros de la asociación” basado en su “poder de asignar funciones” al resto de los integrantes.Para la fiscalía, Cristina Kirchner “era la única capaz tanto de accionar como ponerle fin a la agrupación destrabando la banda y desintegrando su conformación”.Era la “única con capacidad efectiva de decidir cómo y qué hacer con los pagos realizados por los empresarios”.En esa línea argumental, la asociación ilícita que se sostiene se conformó en Cuadernos fue comandada por “Néstor Carlos Kirchner respecto de quien se declaró extinguida la acción penal por muerte y consecuentemente se dictó su sobreseimiento-, y Cristina Elisabet Fernández, quienes detentaron el cargo de Presidente de la República Argentina que ejercieron entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2007, y el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, respectivamente”.“Fue diagramada desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo de la Nación. Los elementos de prueba recabados durante la instrucción demostraron que el sistema de recaudación diseñado tuvo un único vértice, por cuanto el dinero era mayormente entregado en los domicilios que utilizaban Cristina Elisabet Fernández y Néstor Kirchner, al menos durante los años 2008/2010”, se detalla.Si hubiera llegado vivo al debate oral, el secretario presidencial Gutiérrez estaría en el banquillo juzgado por encubrimiento agravado porque “ayudó a Néstor Carlos Kirchner y a Cristina Elisabet Fernández, a asegurar el dinero ilegal producto del sistema de recaudación de fondos”Como arrepentido, Gutiérrez habló de los viajes. “Con respecto a los viajes de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner al Sur los fines de semana, también los acompañaba siempre en el Tango 01”En cuanto a Daniel Muñoz, refirió que “la mayor parte de los viajes, llevaba valijas con candado, era el único que las tocaba y se ubicaba con las mismas en la parte trasera del avión, pasando el área presidencial, entre la sala que solían utilizar los periodistas y la cocina”. “Lo hacía de manera reservada. Yo no vi el contenido de esas valijas pero se comentaba y también yo lo pensaba, que contenían dinero”, agregó el arrepentido.Cuando llegaban a la residencia de El Calafate y arribaba Muñoz, “Néstor Kirchner nos hacía retirar”, acotó sobre la secuencia habitual: “Cuando los Kirchner llegaban de un vuelo nos dirigíamos todos a la casa y al poco tiempo aparecía Muñoz. Cuando aparecía Muñoz nos hacían retirar a todos por una hora aproximadamente”.“Lo mismo ocurría en la casa de Río Gallegos, donde había un sector contiguo al gimnasio de las mismas características de lo relatado en el Calafate. Que todos pensábamos, como dije más arriba, que en este lugar también se almacenaban los bultos aludidos”. “Desde el 2003 hasta el 2005 esto era en Río Gallegos y al menos entre 2008 y 2010, período en el que estuve, fue en El Calafate”, detalló.Según el cronograma que difundió el Tribunal, entre esta semana y el 2 de diciembre se terminarán de leer los requerimientos de elevación a juicio del caso central y otros dos tramos vinculados a la acusación por pago de sobornos para adjudicación de obras públicas.Desde ahora habrá dos audiencias semanales, martes y jueves.Las del 4,9, 11 y 16 de diciembre estarán dedicadas a la acusación de la fiscalía y de la querella de la Unidad de Información Financiera en “La Camarita”, una pesquisa conexa que juzga la cartelización de la obra pública por parte de la Cámara Argentina de Empresas Viales.El 18 de diciembre, último jueves hábil del año, se dedicará al requerimiento fiscal en otras dos causas, “Trenes” y “Corredores Viales”. El jueves 25 es Navidad.Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli pidieron a todos los abogados que informen de manera previa si habrá cuestiones preliminares y recibieron respuestas positivas. Esto anticipa una próxima etapa para escuchar cada planteo, pedir opinión a la fiscal Fabiana León, a la querella de la UIF y luego tomar una decisión.Se calcula que entrado febrero de 2026 -si se concreta el anunciado receso por la feria judicial de enero- será el momento de inicio de las 86 declaraciones indagatorias. Más allá de que el acusado tenga o no intención de hablar, hay un paso insoslayable: sentarse frente al Tribunal para dar sus datos personales.Por ahora rige la decisión del sistema mixto. Cada uno irá el día que le toque y se verá de manera presencial al menos con jueces, fiscalía, querella y su defensa. Los demás seguirán las alternativas por Zoom.Con este panorama, todo indica que habrá que esperar a entrado el 2026 para saber si los imputados colaboradores se mantendrán en sus dichos. Infobae.

El pasado viernes, tras cuatro días de debate oral y público realizado en la sede local del Colegio de la Abogacía, un jurado popular declaró culpable a Rubén Darío Escobar por homicidio en ocasión de robo. El proceso fue conducido por el juez técnico Maximiliano Larocca Rees, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia. La acusación estuvo a cargo de los fiscales Martín Núñez, Mario Guerrero y Natalia Conti, mientras que la defensa del imputado fue ejercida por el defensor oficial Alejandro Giorgio.Tras el veredicto, el magistrado ordenó la prisión preventiva de Escobar en la alcaidía local, medida que se mantendrá hasta que se disponga un cupo en la Unidad Penal.Se trata del juicio por jurados número 140 en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal. El debate fue público y el acceso de asistentes se limitó a la capacidad de la sala.En la audiencia de cesura, el tribunal definirá la pena que deberá cumplir Escobar, en base al fallo de culpabilidad ya dictado por los 12 integrantes del jurado.

En el marco de la Ley Nº 9172, se llevó adelante el martes pasado una audiencia conciliatoria que fue convocada por Corufa en el marco de actuaciones penales y administrativas que estaban en curso.

La coordinadora de Corufa, Lorena Pamela María, destacó que “es la primera vez que se trabajan los asuntos hidroambientales con una mirada descentralizada y de subcuencas hídricas. Además es importante destacar que en este espacio están trabajando conjuntamente áreas no sólo del Poder Ejecutivo, sino un trabajo coordinado con el Poder Judicial”.

En esta oportunidad se pusieron sobre la mesa conflictos puntuales de las dos subcuencas: Subcuenca Superior 1 del Paraná, y Subcuenca 2 del Guayquiraró, en donde están involucrados establecimientos con actividad agropecuaria, principalmente campos arroceros y también la actividad pesquera artesanal en la zona.

La funcionaria indicó que esta experiencia “es trascendental porque son conflictos hidroambientales y de accesibilidad que se está trabajando desde Corufa, y se está activando una herramienta importantísima que es la conciliación dentro del procedimiento administrativo”

Y agregó: “En esta mesa de diálogo se abordan los conflictos vinculados a la cuestión hídrica, interactuando todos los actores implicado, con el asesoramiento de los técnicos que trabajan en la provincia vinculados a esta temática”.

Al finalizar la audiencia se acordó la conformación de un equipo técnico con el fin de que surjan alternativas de solución posibles a trabajar y acordar para resolver los conflictos puntuales dentro de las subcuencas.

El tribunal de alzada avaló la decisión de Casanello de “encomendar al Ministerio de Capital Humano a que elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato”.Casanello había dado un plazo de 72 horas para elaborar ese plan, que el gobierno nunca cumplió.El tribunal señaló que en el expediente “se intenta establecer si los funcionarios públicos incurrieron en hechos delictivos al haber suspendido la entrega de alimentos a los comedores comunitarios”.“Las leyes penales otorgan las herramientas preventivas concretas que el juez utilizó para intentar, o bien el cese de la comisión del hecho presuntamente delictivo que se investiga, o bien evitar que se agraven sus efectos”, reivindicó la Cámara la actuación de Casanello. NA. 

Más de 30 Estados serán llevados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por su inacción frente al calentamiento global, un caso impulsado por seis jóvenes portugueses que podría crear precedentes a nivel de la justicia climática.

El juicio, que arrancará el 27 de septiembre en Estrasburgo, en el este de Francia, representa “un caso único” en lo que se refiere “al número de Estados” acusados, según una fuente del TEDH, citada por la agencia de noticias AFP.

Estos jóvenes portugueses quieren sentar ante el TEDH a los 27 países de la Unión Europea (UE), además de Rusia, Turquía, Suiza, Noruega y Reino Unido. Inicialmente, en 2020, Ucrania también estaba entre los Estados demandados, pero la quitaron tras la invasión rusa de su territorio.

La decisión del TEDH, que será publicada dentro de unos meses, será de vital importancia dado que los fallos de este tribunal sientan jurisprudencia y son vinculantes para los 46 miembros del Consejo de Europa, del que Rusia fue expulsada en 2022.

Gerry Liston, abogado de los demandantes, cree que el fallo permitirá “acelerar los esfuerzos de los Estados para disminuir el cambio climático”.

“Desde un punto de vista jurídico, esto cambiaría las cosas” en materia de justicia climática, agregó el abogado, miembro de Global Legal Action Network (GLAN), la ONG británica que apoya a los jóvenes demandantes.

Los demandantes

Los seis demandantes, que tienen entre 11 y 24 años, decidieron actuar tras el incendio forestal que en 2017 afectó el centro de Portugal arrasando con decenas de miles de hectáreas y dejando más de 60 muertos y cientos de heridos.

Estos jóvenes, que temen por su salud, dicen que sufren “ansiedad frente a las catástrofes naturales y la perspectiva de vivir en un clima cada vez más cálido”, resumió el TEDH en un comunicado.

El tribunal, que nunca se ha pronunciado sobre las obligaciones de los miembros del Consejo de Europa sobre esta cuestión, examinará primero la admisibilidad del requerimiento. El caso puede ser desestimado sin ser examinado en cuanto al fondo.

Esta admisibilidad será objeto de muchos debates. El procedimiento normal implica agotar primero los recursos ante los tribunales de los países en cuestión, pero los demandantes recurrieron directamente al TEDH argumentando “la carga excesiva y desproporcionada” de iniciar 32 procesos separados en 32 Estados.

Gearoid O. Cuinn, director de GLAN, evaluó que se trata de una audiencia “sin precedentes por su alcance y sus consecuencias”, y opinó que este caso, una historia de “David contra Goliat”, supera el marco europeo: “Nunca tantos países tuvieron que defenderse ante un tribunal, en ninguna parte del mundo”.

Según el director de GLAN, “Goliat” son los 32 países europeos que contribuyen al cambio climático con sus emisiones de dióxido de carbono.

“Los gobiernos en el mundo tienen el poder de parar esto (el calentamiento global) y los europeos tomaron la decisión de no hacerlo”, criticó Catarina dos Santos Mota (23), una de las demandantes.

La iniciativa, según sus impulsores, se fundamenta en varios textos internacionales sobre el cambio climático, como el Acuerdo de París de 2015, así como la Convención Europea de Derechos Humanos.

“Creo realmente que este caso cambiará el mundo”, expresó Claudia Duarte Agostinho, de 24 años y la mayor entre los demandantes.

Según ONU Medioambiente, entre 2017 y 2022, el número de casos judiciales por motivos climáticos se ha duplicado.

De esta forma, la nueva fecha dispuesta este viernes por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) es el 10 de agosto, a las 11 horas.

El secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) fue sobreseído el 14 de junio de 2022 por el juez de Garantías de Paraná, Mauricio Mayer, quien consideró prescripta la acción penal. Esa resolución fue apelada por la ministra ante el juez de juicio Alejandro Diego Grippo, quien en agosto pasado confirmó la resolución de Mayer.

Además, Grippo tampoco hizo lugar a la apelación que presentaron la ministra de Salud y el fiscal Leandro Dato, de la Unidad Fiscal de Violencia de Género, por lo cual la titular de la cartera sanitaria debió ir en queja a la Cámara de Casación Penal para que revise el fallo de prescripción.

Así, Casación fijó audiencia para el 17 de noviembre de 2022 para tratar el caso. Pero ese trámite quedó en suspenso y no se volvió a fijar nueva fecha, por lo que en diciembre la ministra Velázquez realizó una presentación para cerciorarse de cuándo finalmente se tratará su planteo. La audiencia, tras ese derrotero, iba a ser este 21 de junio, pero deberá esperar hasta agosto.

El defensor de Allende, Maximiliano Ruscono, pidió “la postergación excepcional” de la audiencia “en virtud de encontrarse en esa fecha, fuera del país; adjunta las constancias de los pasajes respectivos, como así también, manifiesta la existencia de compromisos profesionales asumidos con anterioridad”. Y detalló las fechas “en las cuales podría trasladarse a esta ciudad para comparecer a la audiencia”.

En ese orden, Casación entendió que “tratándose de la primera suspensión de audiencia solicitada a pedido de la Defensa Técnica en el marco de la presente causa, detallando el Dr. Rusconi las razones que entiende habilitan la suspensión excepcional, y ofreciendo alternativas a fin de facilitar la reprogramación; atendiendo a las dificultades logísticas que conlleva la realización de esta audiencia (que se realizará en igual fecha a la fijada en las actuaciones Nº1905, por ser seguidas contra el mismo imputado y con la participación de los mismos profesionales de la Defensa Técnica), se resuelve de manera excepcional, SUSPENDER la audiencia fijada en autos para el día 21 de junio del corriente y SEÑALAR NUEVA AUDIENCIA para el día jueves 10 de agosto del 2023, a las 11.00 horas”.

Asimismo, advirtieron que no volverá a suspenderse la audiencia, por lo que se instó a las partes “a extremar los recaudos pertinentes, con suficiente antelación, para poder concurrir a la audiencia fijada la cual, se hace saber, no sufrirá futuras suspensiones”. (I:Analisis)

La misma fue solicitada por los abogados defensores del exembajador, Raúl Barrandeguy y Miguel Cullen, con el objetivo de solicitar que Urribarri sea absuelto por haberse vencido los plazos de la Investigación Penal Preparatoria (IPP).

La audiencia está prevista para el lunes 8 de mayo, a las 10.30 horas en el Salón 2 de Tribunales de Paraná.  

El pedido de los abogados se basará en lo resuelto anteriormente por la Justicia en el caso Blazón Lorenzatto, conocido públicamente como el fallo Cozzi, donde se lo liberó de culpa y cargo por la extensión de la IPP.

Sin embargo, en esa misma causa, el entonces diputado Ricardo Troncoso sufrió un revés judicial cuando la Fiscalía consiguió que su sobreseimiento sea rechazado y ahora todo debe discutirse en el seno de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia. 

Lo que buscan revertir los abogados de Urribarri es la declaración indagatoria contra su defendido por el enriquecimiento ilícito.

La misma está programada para una audiencia el 14 de junio y se convertirá en una imputación formal donde el exgobernador tendrá la posibilidad de defenderse de la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF) e intentar justificar los más de 9 millones de dólares de su patrimonio que no lograría sustentar con sus ingresos formales. 

Es por esto que acudieron al Juzgado de Garantías, a cargo del magistrado diamantino Julián Vergara, con el objetivo de impedir el avance de la imputación basándose en la extensión de los plazos y de ese modo evitar discutir la cuestión de fondo: el enriquecimiento desmedido del exgobernador. 

Cabe recordar que el exgobernador ya está condenado por delitos de corrupción en el marco del megajuicio que investigó y comprobó desvíos en publicidad oficial y cartelerías en la vía pública. Sobre Urribarri recae una condena a 8 años determinada por el Tribunal de Juicios y un impedimento perpetuo para ocupar cargos públicos.

Tal sentencia no está firme y es por eso que el exembajador está en libertad y con la posibilidad concreta de ser candidato. (I:Analisis)

En una nueva audiencia en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, su madre, Graciela Sosa, se descompensó a causa de un pico de presión, hecho que obligó a suspender momentáneamente el proceso.

La Vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, María Carolina Castagno, se deberá expedir sobre la resolución del juez Flores que rechazó el pedido de desalojo.

La audiencia se desarrollará en el Salón de Actos del STJ y será transmitida en vivo y en directo a través del Canal de You Tube del Servicio de Información y Comunicación del Poder Judicial de Entre Ríos.

La audiencia estará a cargo de la Vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, María Carolina Castagno, quien deberá expedirse sobre la resolución del juez de La Paz, Raúl Flores, que rechazó el viernes pasado un pedido de desalojo del campo Casa Nueva que había solicitado el exministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere, sus hermanos y su madre.

El 11 de febrero pasado se realizó una audiencia en el marco de una causa por restitución internacional de menores que involucró a partes de México y Argentina.

Lo novedoso fue que se realizó a través de una videoconferencia de la que participaron, desde los tribunales de México, la Autoridad Central de México del Distrito Federal; un delegado de Cancillería Argentina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y el Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes Nº2 de Concordia, a cargo de la jueza Belén Estévez.

La reunión de las partes, que tuvieron la posibilidad de interactuar a través de un sistema audiovisual de comunicación, representa un gran avance en la prestación del servicio de justicia.

No solo porque las acerca, sino porque representa un importante ahorro en recursos y tiempo, evitando el traslado de las personas a un lugar en común.

La capacidad y el esfuerzo en conjunto de los técnicos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), permitieron reunir en una �Ssala virtual⬝ a los interesados, quienes debatieron por más de dos horas y manifestaron su plena conformidad con la novedosa experiencia.

El uso cada vez más frecuente de las TICs - Tecnologías de la Información y Comunicación - en ámbitos judiciales, propone nuevos desafíos y permite, como en este caso, la disponibilidad de una herramienta tecnológica para facilitar el diálogo entre las partes.

En este caso se utilizó el equipamiento tecnológico de última generación recientemente adquirido.

Desde la sede Concordia los licenciados David Mena y Eduardo Jacobo pusieron en servicio los sistemas audiovisuales, y la coordinación y pruebas previas fueron realizadas con la sede Paraná por el ingeniero Juan Rossi, del Área de Informática del STJER.