El antecedente inmediato es el acuerdo alcanzado en febrero, que contó con el respaldo del Ejecutivo y de UPCN, pero que fue rechazado por ATE, al considerar insuficiente la propuesta en ese momento.

El último esquema salarialDesde febrero de 2026 se viene aplicando una suma fija de carácter no remunerativo y no bonificable para los trabajadores estatales, excluyendo a los sectores docentes y de seguridad.

El monto fue establecido en el equivalente al 15,8% del salario de junio de 2025, con un piso de $150.000 y un techo de $320.000, mientras que para el escalafón de enfermería el mínimo se fijó en $160.000.A esto se sumó una actualización del 50% en la ayuda escolar, uno de los puntos incorporados en ese acuerdo.

Jubilados y continuidad del diálogoEn el caso de jubilados y pensionados del sector, se definió una suma fija de $75.000, en reemplazo del adicional extraordinario que se venía abonando.

Más allá de lo salarial, el Gobierno y los gremios coincidieron en sostener instancias de diálogo abiertas para tratar otras demandas del sector público, en un contexto donde la discusión por los ingresos vuelve a instalarse como eje central de la agenda. 

Según informaron desde el gremio, se reclamó el cumplimiento de la resolución que establece el dictado de secundario semipresencial en el marco del programa Oportunidades. “Fueron firmados y no se han implementado en ninguna localidad, a pesar de contar con sedes y pre inscriptos. Sumado a esto, se habló sobre la reapertura de paritarias sectoriales, la que fue solicitada en paritarias generales y que, a la fecha y luego de más de dos años de gestión, no se ha convocado”, señalaron.Con respecto a la situación operativa, también se planteó la necesidad de nombrar personal de maestranza en diferentes establecimientos educacionales de la provincia, demanda que se recoge en cada localidad. También se expuso sobre el problema de las capacitaciones para las recategorizaciones, que en algunos sectores, como el de Auxiliares de Educación, “no alcanzaron los cursos para poder acceder a las mismas”, indicaron.Por último, este medio pudo saber que el sindicato le estará acercando a las autoridades del CGE, un relevamiento por localidad sobre los diversos inconvenientes en los establecimientos educativos.Condiciones laboralesOtro tema que se trató fue sobre la Resolución 2771/24CGE (prorrogada para este año) que “nació esencialmente como una directiva de control de asistencia, que la ATE oportunamente recurrió”, remarcaron. El sindicato reiteró la necesidad de su reformulación a fin de transformarla en una herramienta de relevamiento concreto de las condiciones laborales en que los trabajadores y trabajadoras del organismo ejercen sus funciones en toda la provincia a fin de buscar soluciones efectivas.En este sentido, se insistió en volver a poner en funcionamiento la Mesa de Educación (paritaria sectorial), para poder discutir todo lo relativo a lo que hace a las distintas realidades de trabajo.También, se solicitó la reincorporación de delegadas y delegados a los que se les cortaron sus suplencias, y se plantearon situaciones de carácter humanitario y de respeto a la carrera y al nivel salarial alcanzado.

Entre otras cuestiones, se requirieron precisiones en relación al esquema de la presentación de proyectos y su vinculación con el pago de las horas extraordinarias. “Se manifestó el malestar generado en el personal del CGE con el dictado de la disposición que establecía el registro de permanencia y productividad en medio del conflicto desatado por el recorte de horas extras”, resaltaron.Finalmente, en materia de bienestar y salud, se exigieron medidas sanitarias (fumigación) y el acondicionamiento de un espacio en el edificio que ofrezca comodidad y privacidad para las madres al momento de amamantar. 

Desde el sindicato señalaron que, si bien el proyecto se encuentra en etapa inicial y sujeto a modificaciones, contiene aspectos “preocupantes” que dificultan cualquier acompañamiento. Entre los puntos más cuestionados aparece la ampliación de la base de cálculo a 30 años de servicios, lo que —según indicaron— obligaría a reconstruir décadas de salarios, generando posibles errores administrativos, conflictos y un aumento de litigios judiciales.

Además, ATE advirtió que el cambio en el sistema de movilidad, reemplazando el criterio por cargo por uno basado en índices, podría traducirse en una pérdida del poder adquisitivo de los jubilados.

Otro de los ejes críticos es la modificación en las prestaciones por invalidez, donde se prevé una reducción en la tasa de sustitución a valores de entre el 50% y el 70%. A esto se suma la continuidad de aportes incluso en situaciones donde la persona no pueda desempeñar tareas laborales, lo que fue duramente cuestionado por el gremio.

En relación a los regímenes especiales, el sindicato alertó sobre cambios que afectarían al sector docente, particularmente en los casos donde no se alcancen los años requeridos frente a alumnos, lo que obligaría a encuadrar esas jubilaciones en el régimen general.

También manifestaron preocupación por la posibilidad de que el Poder Ejecutivo establezca topes a los haberes más altos de manera discrecional, sin una definición clara en la ley, lo que —según indicaron— podría abrir la puerta a decisiones sujetas a criterios políticos.Frente a este escenario, ATE sostuvo que cualquier modificación del sistema previsional debería contemplar otras fuentes de financiamiento y no recaer sobre los trabajadores. En ese sentido, propuso que el Estado recurra a sectores económicos con mayor capacidad contributiva.

“El camino no puede ser ajustar sobre quienes trabajan o ya trabajaron toda su vida”, expresaron desde el gremio, al tiempo que reiteraron su rechazo a cualquier reforma que implique pérdida de derechos.

Hoy se concreta la primera reunión paritaria estatal del año en Entre Ríos.

El encuentro está previsto para las 14 en la Secretaría de Trabajo y reunirá a autoridades provinciales con representantes de los gremios UPCN y ATE.

La instancia de negociación se retoma luego de que la convocatoria prevista en noviembre de 2025 fuera suspendida por el Gobierno provincial, que solicitó más tiempo para elaborar una propuesta.

La nueva convocatoria fue formalizada el viernes pasado, en un contexto de medidas de fuerza impulsadas por UPCN. El secretario general del gremio, José Allende, calificó aquella acción como “exitosa”, al considerar que cumplió el objetivo de reactivar la discusión salarial.

Desde ATE adelantaron que participarán del encuentro con el “compromiso de defender el salario de cada trabajadora y trabajador entrerriano”, en un escenario económico que mantiene la preocupación por el poder adquisitivo.

La reunión de hoy marca el inicio formal de las negociaciones salariales 2026 para el sector público provincial y será clave para definir los próximos pasos en materia de ingresos y condiciones laborales.

Secretario general en un momento difícilEn este contexto actual, “es complejo ser secretario General de un sindicato que tiene 100 años, que no acuerda, donde definen las bases y que es sistemáticamente atacado por todos los sectores.Aguantamos las dictaduras militares, muy feroces con ATE, pero aun así nos mantuvimos de pie, nos reorganizamos y seguimos luchando. Quisieron borrar la historia pero no pudieron. El poder de la lucha nos hizo fuertes”.

Reforma laboral a medida de la patronalEl secretario general de ATE destacó además que “no es fácil la situación en que se encuentra el sindicato. Hay sistemáticamente un trabajo muy fuerte de los gobiernos, y de éste en particular, pero así también fue antes con el menemismo, con el de Mauricio Macri y ahora con mucha más fuerza con el de Javier Milei, que plantea la destrucción de los sindicatos, porque la reforma laboral está hecha a la medida de la patronal y no es contra los trabajadores, sino contra los sindicatos. La disputa es quitarles más derechos a los trabajadores, hacerlos más dependientes para que sean descartables”. Para Muntes, “la reforma laboral está a pedido de lo que pide la patronal, que quiere el poder concentrado. Varias veces han intentado hacerla. Se trata de una reforma que está a la altura de lo que planteaba la dictadura desde la fuerza, para suprimir el derecho de los trabajadores y trabajadoras de los sindicatos, los convenios colectivos. Ahora, a través del voto popular, de la Legislatura, cuesta entender la realidad que se está viviendo con esta iniciativa. El acuerdo, la rosca, cómo están acordando con los gobernadores que, en definitiva, son los que le van a dar las herramientas de la garantía para que sea Ley y para que se someta a los trabajadores y trabajadoras. Los gobernadores no están discutiendo la reforma laboral. Los gobernadores lo que están discutiendo es si tienen menos coparticipación o no, qué lugar ocupa Ganancias, si pierden o no pierden, para que se desfinancien o buscar la forma de la alternativa de tener más financiación a través de la rosca y el acuerdo”.Además, remarcó que “ningún gobernador, ningún intendente, está discutiendo el derecho los trabajadores y trabajadoras, porque no les interesa. Lo único que les interesa es garantizar la gobernabilidad. Nosotros tenemos que tener claro, en cada uno de los lugares de trabajo, en cada uno de los barrios, en cada una de las fábricas, en cada uno de los establecimientos, en cada uno de los organismos, que se está disputando nuestro futuro. Lamentablemente, el acuerdo de los gobernadores, la rosca política, el acuerdo del sindicalismo, la calle, donde han entregado los derechos de cada uno de nosotros, que tanto nos costó conquistar y gozar. Porque cuando escuchas que algunos dicen que es necesaria la reforma laboral, no piensan que se van a quedar con el derecho del convenio colectivo de trabajo, el derecho a huelga, el derecho a vacaciones, el derecho a tener obra social, el derecho a tener dignidad. Bueno, eso es lo que se está viendo. La Asociación Trabajadores del Estado está haciendo lo que debe hacer un sindicato, que es darle disputa en todos los terrenos. Quizás nos alcance, porque estamos convencidos de que aquí al 11 nos tiene que alcanzar y que el pueblo tiene que despertar. Yo planteo que se trata de una imposición totalmente regresiva, donde el derecho a los trabajadores queda totalmente por el piso y no vamos a tener derechos”.En definitiva, dijo Muntes, “es otro avance de los sectores concentrados de la derecha del poder hacia cada uno de los trabajadores. Sigamos luchando, no nos van a vencer. 

El personal del Ministerio de Desarrollo Humano, organizado en ATE, resolvió iniciar medidas de fuerza que contemplan asambleas y retención de tareas durante este martes y miércoles. Las actividades se desarrollarán desde las 10 de la mañana en el hall del edificio ministerial.La resolución fue adoptada en asamblea luego de que los trabajadores tomaran conocimiento, de manera extraoficial, de una posible nueva reducción salarial que se aplicaría entre enero y marzo. Desde el sector consideran que se trata de otro golpe a los ingresos en un contexto ya marcado por la pérdida del poder adquisitivo.

Un reclamo que se acumula

Los trabajadores señalaron que esta situación no es aislada y que se suma a recortes previos y a un prolongado congelamiento salarial. Recordaron que en junio de 2025 ya habían sufrido una baja en sus haberes y que desde hace varios meses no se registran actualizaciones, mientras el costo de vida continúa en aumento.En ese marco, advirtieron que una nueva quita profundizaría las dificultades económicas de muchas familias y pondría en riesgo condiciones básicas de subsistencia para quienes cumplen funciones esenciales en el área social.

Impacto en la actividad

Durante el desarrollo de las asambleas, la atención en distintas dependencias se verá afectada. Los trabajadores remarcaron que la medida apunta a visibilizar su situación laboral y el rol que cumplen diariamente en la implementación de políticas públicas, al tiempo que reclamaron respuestas concretas frente a lo que consideran una falta de diálogo y sensibilidad por parte de las autoridades.

Además denunció la falta de mantenimiento, salarios congelados y una creciente incertidumbre laboral.El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) inició un proceso de reestructuración que implica el cese de los servicios de Metrología Legal en Entre Ríos. Esta división es la encargada de asegurar que los instrumentos de medición utilizados en transacciones comerciales y controles de seguridad vial cumplan con las normativas vigentes.En este marco. la delegada de ATE en el INTI explicó el alcance de estas funciones: “El área de instrumentos de medición interviene en las transacciones comerciales. Por ejemplo, se controla que los surtidores de combustible entreguen la cantidad que indican o se verifican las balanzas de los comercios”. Asimismo, señaló que la metrología legal abarca instrumentos de uso público como alcoholímetros, radares de velocidad y termómetros clínicos.

Cambios en la prestación del servicioAnte la salida del INTI de estas funciones, se plantea la posibilidad de que organismos privados o instituciones externas asuman las tareas de regulación. Al respecto, la referente manifestó la postura de los trabajadores: “Estamos convencidos de que es un rol que debe cumplir el Estado. Al ser un privado quien realice la regulación, cabe preguntarse qué garantías se le darán al ciudadano en el proceso”.

Situación operativa actualLa transición generó cambios en la dotación de personal y en las condiciones de trabajo en la sede regional. Según detalló la entrevistada, la dotación que prestaba servicios en Entre Ríos se vio reducida tras procesos de retiros voluntarios y traslados de personal a otras provincias.En cuanto al clima laboral y la infraestructura, Claret informó sobre dificultades en la logística diaria. Por un lado, la delegada señaló que “los vehículos oficiales presentan falta de mantenimiento, lo que dificulta las tareas de asistencia fuera del centro”. Por el otro, se reportaron viáticos congelados y demoras en el pago de los últimos incrementos salariales del 1% y bonos dispuestos a nivel nacional.

Continuidad de las tareasA pesar de la incertidumbre sobre las nuevas condiciones laborales y la falta de una bajada de línea oficial clara, el personal continúa asistiendo a sus puestos.“Seguimos trabajando porque consideramos que nuestro rol es importante para la sociedad”, afirmó la delegada, quien también remarcó que el impacto de estas medidas se siente en el apoyo tecnológico que el instituto brinda a la industria local.

El gremio planteó las urgencias que se vienen presentando en el sector y pidió que se retomen las paritarias sectoriales.En la audiencia se le explicó al funcionario que “las demandas recorren cuestiones esenciales para el funcionamiento del sistema de salud de la provincia, que cruje por la crisis económica, la escasez de recursos humanos, problemas de infraestructura y grave emergencia en salud mental”.

En ese marco, se solicitó “la apertura de paritarias sectoriales de salud; código de reconocimiento económico para todos los trabajadores y trabajadoras de salud; planteles óptimos de trabajadores, con orgánicas dinámicas, frente a la falta de personal en los efectores de salud; y planes de ART en relación a Seguridad e Higiene”.Además, se reclamó “capacitación específica brindada por el Estado, acorde a los niveles de atención y necesidades de cada dispositivo de salud; cumplimiento efectivo, en toda la provincia, de las Comisiones de Suplentes en su funcionamiento y cumplimiento de la reglamentación; y que se mejoren las instancias de diálogo con las autoridades de los establecimientos”.Por otro lado, se pidió que se busquen soluciones “a las problemáticas pendientes en salud mental, donde hay necesidad de creación de áreas y servicios”.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) obtuvo un fallo favorable que frena la arbitrariedad administrativa del Gobierno provincial. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) hizo lugar a una acción impulsada por el equipo jurídico del sindicato, exigiendo el reintegro inmediato de sumas descontadas a una trabajadora del sector Salud.La intervención del Consejo Directivo Provincial de ATE fue clave para demostrar que el Estado vulneró los derechos de la empleada Carolina Andrea García. Según la presentación gremial, la administración procedió a realizar quitas salariales sin emitir un acto administrativo ni notificar previamente a la afectada, lo que impidió cualquier tipo de descargo.Gestión gremial y respaldo judicialDesde el sindicato destacaron que este fallo ratifica la postura que ATE viene sosteniendo en las paritarias y en los organismos públicos: el salario es de carácter alimentario y no puede ser afectado por decisiones unilaterales e infundadas.

En la sentencia de la causa (Expte. Nº 28139), dictada el 11 de enero por el STJ de Feria, los magistrados coincidieron con el planteo de ATE al calificar el accionar oficial como una “vía de hecho”. El tribunal subrayó que la ausencia de un instrumento legal previo torna la conducta del Estado en un “comportamiento material ilegítimo”.Una victoria para el conjunto de los estatalesEste resultado judicial no solo beneficia a la trabajadora directamente afectada, sino que representa un triunfo político para ATE en su rol de contralor del cumplimiento de las normas laborales. “La justicia nos da la razón una vez más: El Estado no puede pasar por encima de los procedimientos legales ni de los derechos de quienes sostienen el sistema público”, señalaron desde el gremio.

Uno de los motivos de la protesta es la falta de convocatoria a paritarias salariales. “Hace ocho meses que no tenemos actualización salarial. Llegamos a febrero con un congelamiento del salario y una pérdida del poder adquisitivo de más del 31%”, afirmó el secretario gremial de ATE, Oscar Muntes. Advirtió que, sin una recomposición salarial, los estatales entrerrianos “seguiremos perdiendo poder adquisitivo”. También expresó preocupación por la falta de continuidad laboral de un centenar de empleados públicos. “Nos encontramos con una poda de prácticamente 100 trabajadores y trabajadoras que se quedan sin trabajo, muchos de ellos sostén de familia”, señaló. Según indicó, se trata de empleados que cumplieron sus funciones de manera regular y sin objeciones. “Ningún trabajador tiene problemas de comportamiento ni de cumplimiento”, remarcó.

Falta de explicaciones oficialesEl dirigente gremial sostuvo que no hubo explicaciones claras sobre los criterios utilizados para definir las no renovaciones de contratos laborales. “Fuimos organismo por organismo y nadie sabe por qué no se renuevan los contratos laborales. Los directores habían pedido la renovación del 100% porque son trabajadores necesarios”, aseguró.Muntes comparó la situación con otras medidas de ajuste. “Así como pasó con el recorte de horas extras, ahora pasa con los contratos. Es una situación que ya vivimos en otros gobiernos y que pensábamos que no iba a repetirse”, expresó. Cuestionó que las decisiones se tomen a fin de año. “No es la primera vez que los trabajadores del Estado atravesamos despidos o no renovaciones en diciembre, cuando se afectan proyectos de vida completos”, afirmó.En la previa a la asamblea frente a Casa de Gobierno, ATE ratificó la continuidad del plan de lucha. “Terminamos el año de esta forma, pero dejamos en claro que en 2026 los trabajadores nos vamos a movilizar, defendiendo nuestra fuente laboral, nuestro salario y el Estado”, concluyó Muntes.

“El anuncio de la senadora Bullrich fue hecho a las apuradas y es confuso. La obligaron a decir eso. Mintió al afirmar que querían incorporar distintas propuestas. En realidad no tenían los votos. Pero si acuerdan la plata que quieren los gobernadores, intentarán tratar la iniciativa antes de febrero e incluso podría ser en el mes de diciembre. Ellos saben que legal y técnicamente es posible. No nos pueden agarrar con la guardia baja”, señaló el dirigente.

Reforma laboral: ATE desconfía de BullrichDesde ATE explicaron que existen las condiciones para que el proyecto sea tratado en la Cámara Alta en enero o incluso en los últimos días hábiles de diciembre, ya que el dictamen conjunto de las comisiones de Trabajo y Presupuesto ya fue despachado y publicado en la orden del día. El mismo tiene 19 firmas y está en condiciones de ser tratado en el Senado, recordando que no hay plazo reglamentario de espera, como sí sucede en Diputados que son siete días hábiles.“No es verdad que se haya pospuesto el tratamiento porque quieran incorporar cambios a favor de los trabajadores. Por el contrario, el dictamen terminó introduciendo algunas modificaciones que flexibilizan aún más los derechos laborales. Esa es otra señal que da cuenta que apenas acuerden con aquellos gobernadores que estén decididos a malversar la voluntad de quienes los votaron, van a intentar aprobarla”, evaluó Aguiar.

“Hay que estar alertas”El dirigente estatal agregó que “el Gobierno sabe que en el mes de enero, los trabajadores mayoritariamente se encuentran en uso de su periodo de vacaciones y existen dificultades para movilizar, además de ser un mes en el que los abogados laboralistas y la Justicia ingresan en feria”.“Conociendo los antecedentes del Gobierno, sus incumplimientos de acuerdos y sus mentiras organizadas, tenemos que estar alertas en lo que resta de diciembre y todo el mes de enero porque lo van a intentar. Es una reforma exigida por el FMI y el gran empresariado nacional, y querrán sorprendernos cuando estemos distraídos para arrasar con todos nuestros derechos. No nos pueden agarrar con la guardia baja”, concluyó Aguiar.El sindicato atribuye el cambio de fecha a la contundencia de la movilización en Plaza de Mayo y a las complicaciones para recolectar votos en el Presupuesto 2026, aunque alerta que una negociación con gobernadores podría acelerar la votación antes de fin de año.ATE no descarta convocar a todo su secretariado nacional antes de finalizar diciembre y llamar a un plenario federal de delegados de todo el país en enero para definir su plan de acción, publicó Mundo Gremial. 

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) fijó su postura frente al proyecto de ley que busca modificar la Carrera Asistencial Sanitaria, enviado por el Ministerio de Salud a la Legislatura provincial. Tras una reunión con referentes y delegados del sector, el sindicato expresó un enérgico rechazo tanto al contenido de la reforma como a las formas en que fue impulsada.

Falta de diálogo y precarización

Desde el gremio criticaron que el Ministerio avanzara sobre una norma de tal magnitud sin convocar previamente a los sectores que representan a los profesionales, tales como colegios y sindicatos.Uno de los puntos de mayor fricción es la pretensión de aumentar la carga horaria y extender la jornada laboral a los días sábados y domingos. Según señalaron desde la entidad sindical, esto representaría un deterioro directo en las condiciones de trabajo y una devaluación del salario, el cual ya consideran “degradado”.“Coincidimos en la necesidad de ampliar la cobertura sanitaria según las demandas de la población, pero esto no puede ejecutarse a costa de los magros salarios de los trabajadores”, sostuvieron desde la dirigencia gremial.

Reclamos pendientes y estabilidad laboral

Más allá del rechazo a la nueva normativa, ATE instó a las autoridades a resolver deudas históricas con el sector. En este sentido, exigieron el llamado urgente a concurso para los cargos creados por la Ley 11.038/22 y la posterior designación interina establecida por el decreto 3827/23.El sindicato busca garantizar la estabilidad laboral de aquellos profesionales que llevan años desempeñándose como suplentes en dichos cargos, solicitando que se discutan los criterios de ingreso para asegurar transparencia y justicia en los nombramientos.

Próximos pasos

El conflicto se traslada ahora al ámbito legislativo. El proyecto, que ya fue aprobado por la Cámara de Senadores, se encuentra actualmente en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

ATE confirmó que trabajará junto a expertos del sector para remitir un listado de observaciones técnicas y políticas a los legisladores, con el fin de frenar o modificar los artículos que vulneran los derechos adquiridos.

El Consejo Directivo Provincial de ATE presentó una nota formal a la Secretaría de Trabajo de la Provincia en la que informa la decisión de convocar a un paro en todo el ámbito del Estado provincial y en la Municipalidad de Paraná.El paro activo, que se llevará a cabo este jueves, incluye movilizaciones y asambleas, se indica en la nota.Cabe recordar que el jueves pasado el gremio se movilizó hasta las puertas de la Secretaría de Trabajo para reclamar la reapertura urgente de las paritarias, instancia de negociación que el Gobierno provincial postergó hasta febrero.

Las principales reivindicaciones por las que ATE impulsa esta medida de fuerza en la provincia son:. Reapertura de las paritarias. Instructivo de recategorizaciones. No a la reforma previsional. Rechazo a la reforma laboral regresiva que propone el Gobierno nacional. Aumento salarial de emergencia para las y los jubilados.. Pase a Planta Permanente de todos los trabajadores precarizados.. Restitución de fondos adeudados a las provincias. 

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) concretó este martes una medida de fuerza nacional, con concentración frente al Congreso, mientras el Ejecutivo confirma que descuenta el día a quienes se sumaron al paro.

La protesta se centró en el rechazo a la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei, un proyecto que los estatales consideran regresivo y contrario a derechos consolidados. Desde temprano, delegaciones de todo el país marchan hacia el Parlamento, donde acompañan con discursos y pancartas la sesión legislativa convocada por el oficialismo.El Gobierno sostiene su postura

A través de un comunicado, el Ejecutivo ratifica que no abonará la jornada a quienes adhirieron al paro, bajo el argumento de que se trata de una interrupción injustificada del servicio público. La decisión genera malestar en el sindicato y suma un nuevo capítulo al conflicto.

ATE denuncia un ataque a la organización laboral

Durante la movilización, dirigentes del gremio cuestionan el alcance de la reforma, y describen el paquete de medidas como un intento de “desarticular la estructura sindical” y modificar de manera drástica las condiciones de contratación en el Estado.Reclaman también acciones inmediatas:Aumento de emergencia para trabajadores y jubilados.Pase a planta permanente de personal precarizado.Reincorporación de empleados despedidos.Devolución de fondos que las provincias reclaman como adeudados.

ATE rechaza además la posible privatización de empresas públicas, la venta de bienes del Estado y la armonización de las cajas previsionales provinciales, advirtiendo que organismos como INDEC, CONICET, ANSES, INTI y ENACOM podrían verse afectados por futuros recortes.

Con la marcha ya realizada y los reclamos expuestos, el escenario queda abierto a nuevas negociaciones —o nuevos choques— en los próximos días.

El secretario general de ATE, Oscar Muntes, detalló que la organización realizará una movilización el 4 de diciembre, en rechazo a la postura oficial. “Nos preocupa que el Gobierno no convoque a la paritaria y que, lejos de abrir el diálogo, decida suspenderlo. Para los trabajadores, eso significa seguir con el salario congelado”, expresó.Según informó el dirigente, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, ratificó que no habrá convocatoria hasta febrero y que, mientras tanto, continuará el pago de un bono extraordinario de $50.000 para activos y $25.000 para jubilados. ATE considera que esa medida no compensa la pérdida de poder adquisitivo acumulada en el año.La protesta del 4 de diciembre partirá a las 9:30 desde la sede del sindicato y se dirigirá hacia la Secretaría de Trabajo. El gremio busca que el Ejecutivo provincial reconsidere su postura no solo en materia salarial, sino también en otros reclamos vinculados a las condiciones laborales, estabilidad, recategorizaciones y funcionamiento de distintos organismos del Estado.ATE anticipó que, si no hay señales de apertura por parte del Gobierno, el plan de lucha podría profundizar en las próximas semanas. 

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), junto a la Multisectorial de Entre Ríos, encabezará una masiva movilización con eje en la defensa de los derechos laborales y la soberanía nacional.La protesta comenzará a las 10 en la explanada de la Dirección de Vías Navegables, en el puerto de Paraná, donde gremios y organizaciones sociales se concentrarán bajo las consignas “salario, trabajo y soberanía”. El objetivo central es visibilizar el reclamo por una urgente recomposición salarial, la creación de empleo genuino y la protección de los bienes y recursos nacionales.Desde ATE remarcaron que las modificaciones propuestas en la reforma laboral representan “un fuerte retroceso en los derechos conquistados por los trabajadores”, motivo por el cual se espera una nutrida participación de sectores gremiales, sociales y políticos de toda la provincia.La acción conjunta de ATE y la Multisectorial de Entre Ríos se inscribe en un escenario de creciente tensión entre sindicatos y gobierno, y busca trasladar al espacio público el rechazo a medidas consideradas regresivas para el mundo del trabajo. Según supo APFDigital, la convocatoria provincial acompañará las diversas manifestaciones que se desarrollarán simultáneamente en distintos puntos del país.

Entre los ítems consignados a tratar, es de interés del gremio estatal “avanzar firmemente en recomposición salarial, recategorizaciones, renovación de contratos y régimen de horario (Ley N° 8183)”.También se menciona que sigue pendiente el traspaso del jardín maternal.

Luego de que el Gobierno provincial anunciara reprogramar la paritaria sin nueva fecha de convocatoria, el secretario General de la seccional Entre Ríos de ATE, Oscar Muntes, criticó la decisión en diálogo con esta Agencia.“Esta medida es desconocer el ámbito paritario en un momento muy difícil que estamos atravesando los trabajadores y trabajadoras”, señaló. Y agregó: “La angustia fue muy grande. Realmente cayó muy mal”.

Pese a que el Gobierno dio justificativo del porqué de la reprogramación, Muntes sostuvo que hacer el encuentro es importante. “Quizás nos íbamos a tener tan grandes avances pero podrían haber planteado de que se trataba la propuesta y pedir un cuarto intermedio para seguir elaborándola. Eso nos parecería lo mejor porque es en el ámbito paritario donde se resuelve”.Además, el representante gremial remarcó que el comunicado de reprogramación no tenga nueva fecha de convocatoria. “Esperemos que pronto nos comuniquen”.Mientras ATE aguarda novdades, este miércoles hará una reunión de Comisión Directiva para continuar dialogando en sintonía con los demás sindicatos sobre los pasos a seguir en base a los anuncios del gobierno así como también el análisis de la postergación del encuentro paritario.

“Hay que prepararse para estos momentos porque todos queremos tener una recomposición. Salarial y un haberes más digno. Pero fundamentalmente porque viene un fin de año muy difícil acompañado de enero y febrero que van a ser muy largo para los trabajadores del estado”.

El pedido de ATE en la paritariaAnte la consulta de cuál es la propuesta que espera el gremio, Muntes indicó: “Entendiendo el proceso electoral, nosotros exigimos desde el principio el plan del Gobierno para recuperar salario a niveles de noviembre del 2023. Ese es el horizonte que decían tener pero no hemos avanzado”.Asimismo agregó: “En 2024 fue postergado porque hubo muchas crisis a nivel nacional por lo que el 2025 iba a ser el año pero no sucedió y además seguimos retrocediendo porque el salario está congelado prácticamente hace cuatro meses.También señaló que han presentado 21 puntos para ser analizado en las recategorizaciones y 11 puntos en lo salarial pero no fue tomado ningún ítem por parte del Ejecutivo. “Entendemos que no conviene porque lo planteado por ATE habla directamente de derechos con los trabajadores de forma clara y no solo algo estanco y cerrado que solo beneficia a un grupo minúsculo o al Sindicato que es muy allegado al Gobierno”.

Sin medida de fuerzaEn la oportunidad, el secretario General aclaró que ATE no está realizando medidas fuerzas sino que son asambleas para acompañar a los representantes gremiales que acudan a la paritaria. “Creo que se sobredimensionó la actividad y es una excusa para decir que no era la forma. Pero no es la primera ni la última vez que suceda y de echo hay muchos funcionarios de este gobierno que apoyaban la presencia en las paritarias de la anterior gestión”Por último señaló: “Nosotros defendemos a los trabajadores. El día que tengamos que ser vocero de un gobierno de turno no vamos a estar más en ATE”.

La dirigente nacional, junto a la presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de ATE Entre Ríos, Juana Ávalos, se reunieron con sus pares de Federación, para entregar equipamiento, realizar un diagnóstico de la situación nacional y escuchar la voz de los jubilados del interior.En ese marco, Guzmán explicó: “Nosotros recorremos el país y cada vez está peor. Hay compañeros que no tienen para pagar una pieza y un baño en las ciudades grandes donde se jubilaron. Hoy, pagar eso puede costar entre 180.000 y 250.000 pesos. ¿Cómo paga un compañero que gana 350.000 pesos?”Además, compartió una realidad desgarradora: “En Buenos Aires, hay jubilados que duermen en la calle. En la plaza Miserere, hay un grupo de compañeros que llevan alimentos a la noche y les sirven una vianda. Hay jubilados que llevan tres o cuatro meses viviendo allí, porque prefieren guardar el dinero para sus medicamentos y se duermen en la plaza”.

Amparo para frenar el vetoDurante el encuentro, Guzmán explicó la reciente decisión del presidente Javier Milei de vetar el aumento del siete por ciento en las jubilaciones. “Nos terminan de vetar un aumento de un siete por ciento que no es nada, son dos kilos de carne. Si te pones a pensar, el siete por ciento de 350.000 pesos, ¿cuánto es? Bueno, 40.000 pesos del bono. Es un desastre lo que está haciendo este gobierno, es una crueldad”, afirmó. Frente a esta situación, confirmó que presentaron un recurso de amparo en la justicia la semana pasada: “Esperamos que en diez días el juez decida qué hacer. Si no tenemos respuesta, vamos a hacer una gran movilización en el Palacio de Justicia”.

Avalos: “Los adultos mayores están en un estado de indefensión absoluta”Por su parte, la presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de ATE Entre Ríos, Juana Ávalos, destacó “la importancia de recorrer las seccionales del interior para profundizar la lucha en defensa de los derechos de los adultos mayores, que están en un estado de indefensión absoluta”.Al respecto, destacó la crítica situación que enfrentan los jubilados: “El deterioro de sus ingresos los coloca en un momento delicado,por lo que hay que ponerle un freno al gobierno de Javier Milei”. 

La Justicia falló a favor de ATE ante una presentación contra los pases a disponibilidad del personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y dispuso una sanción económica de $10 millones diarios en caso de que el Gobierno no se rectifique sobre la Resolución 1240/2025 del Ministerio de Economía.De esta manera, la Justicia obligó al Gobierno a dar marcha atrás con la resolución y, en caso de que no cumpla con lo solicitado, el Poder Ejecutivo deberá pagar una multa diaria de 10 millones de pesos.Frente a esto, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, celebró la medida y acusó a la administración libertaria de “coimeros y cabezas duras”.El miércoles de la semana pasada, la Justicia Federal había dictado una cautelar para dejar sin efecto el DNU 462/2025, que eliminaba la autarquía del INTA y lo ubicaba bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.Pese a que el DNU quedó sin efecto por el rechazo del Senado, el Ministerio de Economía, mediante la Resolución 1240/25, había dispuesto dejar en disponibilidad a 300 trabajadores del organismo, lo que ATE consideró como un accionar “al margen de la ley”.El Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, a cargo de la jueza federal Martina Isabel Forns, dispuso hoy la sanción económica al Ejecutivo que “podrá ser dejada sin efecto o ser objeto de reajuste, si desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su poder”.“¿En serio, presidente Javier Milei, van a seguir insistiendo en desafiar a los otros poderes del Estado? ¡Me parece que ustedes además de coimeros, son bastante cabeza dura eh!”, expresó Aguiar desde sus redes.Y añadió que “a pesar del sufrimiento que generan, me parece que después de tantos fallos judiciales, ya nos estamos acostumbrando a festejar”. NA.