La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) inició una fiscalización masiva orientada a revisar los conceptos que los empleados en relación de dependencia utilizan para disminuir el pago del Impuesto a las Ganancias. A través de un cruce sistémico de información, el fisco nacional detectó un volumen de irregularidades superior al promedio habitual y comenzó a enviar miles de notificaciones electrónicas a los domicilios fiscales de los contribuyentes.Según confirmaron fuentes de ARCA a Infobae, las mayores inconsistencias se concentraron en los gastos de adquisición de indumentaria y equipamiento para uso exclusivo en el lugar de trabajo. Al tratarse de un concepto deducible que carece de un tope nominal estricto —a diferencia de otras cargas—, el organismo identificó abusos y desvíos en los montos informados. Ante este escenario, las autoridades optaron por abrir una instancia de “regularización temprana”, invitando a los asalariados a rectificar sus datos de manera voluntaria antes de avanzar con intimaciones de carácter punitivo.Los detalles del cruce de datos y el rol del Formulario 572El foco del control oficial estuvo puesto sobre la información que los propios trabajadores cargaron en el Formulario 572 Web (SiRADIG-Trabajador) correspondiente al período fiscal 2025, cuyo plazo de presentación general venció el pasado 31 de marzo de 2026. El fisco contrastó esas declaraciones con los registros de facturación electrónica y las liquidaciones anuales que las empresas presentan en su rol de agentes de retención.Especialistas en materia tributaria explicaron que, además de las prendas de vestir y el equipamiento laboral, existen otros rubros recurrentes que suelen activar las alertas automáticas de ARCA por inconsistencias:Sociedades de Garantía Recíproca (SGR): El organismo cruza de forma directa los aportes declarados por el empleado contra los balances de las propias SGR para comprobar si la inversión financiera existió o si se informó un gasto ficticio.Cajas previsionales y aportes locales: Se auditan bajo estrictos criterios de razonabilidad las deducciones destinadas a cajas de previsión, provinciales o municipales.Cargas de Familia: Se detectan desvíos cuando un empleado deduce a su cónyuge o familiares a cargo a pesar de que estos perciben ingresos anuales que superan el mínimo no imponible fijado por ley.En inspecciones de períodos anteriores, los sabuesos fiscales llegaron a detectar que contribuyentes intentaron deducir la compra de vehículos particulares camuflados dentro del concepto sin límite de “indumentaria y equipamiento de trabajo”.Para los empleados que ya visualizaron la notificación en su Domicilio Fiscal Electrónico, los analistas tributarios señalan que existen dos caminos técnicos para encuadrar la situación y saldar la diferencia del impuesto no retenido:Abono directo mediante VEP (Recomendado): Consiste en calcular el impuesto remanente derivado de la deducción mal cargada y cancelarlo mediante la generación de un Volante Electrónico de Pago (VEP). Esta vía extingue el reclamo administrativo de forma rápida y evita que el contribuyente deba presentar una declaración jurada determinativa.Presentación de Declaración Jurada Completa: Implica reajustar de forma integral el impuesto y saldar el remanente. Sin embargo, los tributaristas advierten que esta alternativa puede acarrear un perjuicio financiero extra, ya que el sistema de ARCA podría recalcular de manera automática la base imponible y exigir el pago de anticipos del Impuesto a las Ganancias para el período fiscal del año próximo.

La normativa transforma el modo en que los empleadores cumplen con la obligación de entregar los certificados de trabajo, al establecer un sistema digitalizado para la confección y puesta a disposición de esta documentación, agilizando los trámites tras la extinción de un contrato laboral.

La resolución, analizada por la Agencia Noticias Argentinas, formalizó los cambios dispuestos al artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, permitiendo que la certificación se emita de manera electrónica a través del sitio web de ARCA.Los empleadores deberán utilizar el sistema “Simplificación Registral” para generar el formulario F.984 (“Certificado de Trabajo Artículo 80 - LCT”) bajo dos modalidades posibles:Formato digital: se emite electrónicamente y no requiere firma hológrafa ni digital adicional, ya que la validación de identidad se realiza mediante la Clave Fiscal (nivel de seguridad 2 o superior) del empleador.Formato físico: se mantiene como opción, debiendo imprimirse por duplicado y contar con las firmas de ambas partes para su validez.

¿Cómo acceden los trabajadores?Los empleados podrán consultar y obtener su certificado directamente desde el servicio “Trabajo en Blanco” en la web institucional. Además, se mantienen las vías de acceso a través del Home Banking de las entidades donde perciben sus haberes, siempre que estén homologadas por el organismo.El Certificado Digital de Ingresos Laborales (CDIL), que detalla las remuneraciones de los últimos seis meses, incorporará un código QR. Este código permitirá a cualquier interesado validar la autenticidad del documento mediante un dispositivo móvil de forma instantánea.

Datos y períodos especialesPara la confección de estos certificados, el sistema utilizará automáticamente la información de las bases de datos de ARCA, incluyendo altas, bajas, liquidaciones de sueldos y declaraciones juradas de aportes y contribuciones.Sin embargo, existe una salvedad para las relaciones laborales antiguas, ya que si la certificación incluye períodos anteriores a julio de 1994, el empleador deberá complementar el certificado del sistema con una constancia manual basada en sus libros de sueldos y jornales del periodo en cuestión.Ante esta nueva reglamentación y con el objetivo de ordenar el esquema legal, ARCA abrogó la Resolución General N° 2.316 y realizó modificaciones en la RG N° 3.676. Estas disposiciones ya se encuentran en vigencia desde este lunes 18 de mayo.Para facilitar la implementación, el organismo ha puesto a disposición manuales de usuario en los micrositios de “Simplificación Registral” y “Trabajo Registrado” dentro de su portal oficial.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió este viernes ante la Justicia su denuncia contra los dos máximos referentes de la AFA, su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino.

Es por la causa que sigue el juez Diego Amarante y que investiga a la dupla de la institución madre del fútbol argentino por la presunta apropiación prohibida de tributos y recursos de la seguridad social por un monto de $19 mil millones que, tras esta ampliación trepó a alrededor de los $300 millones.La ampliación de la denuncia penal de ARCA que lidera Andrés Vázquez identificó a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino como supuestos integrantes de una presunta “asociación ilícita fiscal”. Lo propio, se habría realizado a través de facturación apócrifa de forma sistemática con el fin de ocultar el destino definitivo de fondos y así esquivar impuestos por la millonaria suma de casi $300 millones.

Otro dato importante es que la ampliación de denuncia quedó incorporada al expediente CPE 1182/2025, donde la investigación hace mayor hincapié en las operaciones que se hicieron entre los años 2023 y 2025. Además, sustenta que dichas operaciones habrían provocado un daño fiscal por $289.336.519,66.ARCA en la denuncia sostiene que en las operaciones hay “indicios graves, precisos y concordantes” relacionados la evasión tributaria y que se ve agravada por las facturas apócrifa.Por otro lado, además de Tapia y Toviggino, en la investigación están insinuados el secretario Víctor Blanco Rodríguez, el dirigente Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo y, la ampliación de denuncia fue presentada después de haberse realizado fiscalizaciones y cruces de información bancaria llevados adelantes por ARCA sobre las operaciones económicas que están vinculadas centralmente al predio de Ezeiza.

En ella, la investigación descubrió pagos de la AFA a una serie de empresas de irregularidades estructurales. En este sentido, el curso de la investigación siguió con un segundo lote de compañías que lograron ser detectadas mediante el cruce de facturación electrónica. Al respecto, para ARCA, varias de las empresas eran parte integrante de la base de contribuyentes calificados de “no confiables”.

En este contexto, ARCA mantiene la postura de que las operaciones en fase de investigación se hicieron durante varios ejercicios fiscales de manera consecutivos por lo que la utilización de las facturas no fue un hecho aislado, sino más un mecanismo permanente.Por ello, Andrés Vázquez pidió que Tapia, Toviggino y cada uno de los dirigentes involucrados sean llamados a prestar declaración indagatoria. También hizo el reclamo de que la Justicia siga a fondo con la investigación en relación a toda la estructura financiera que se utilizaba en las operaciones observadas.