El Directorio del Sistema de Caja de Previsión Social para Médicos y Bioquímicos de Entre Ríos oficializó a través del Boletín Oficial Nº28.308 la reactivación de la Resolución Nº 183/23, una medida que genera un cambio histórico en el régimen previsional de la provincia.A través de la reciente Resolución General Nº 80/26, se determinó que todos aquellos beneficiarios de jubilación que decidan continuar ejerciendo la profesión deberán retomar el pago de aportes previsionales, una obligación que hasta ahora había sido tratada como una excepción. La normativa busca regularizar lo establecido en la Ley Provincial Nº 8.554, que rige el Sistema de Previsión Social para Médicos y Bioquímicos.Según los fundamentos del Directorio, el objetivo es garantizar la sustentabilidad del sistema y la equidad entre colegas. En los considerandos se destaca que la medida “propende a evitar que quienes continúan ejerciendo su profesión con matrícula activa, luego de haber accedido al beneficio jubilatorio, lo hagan sin efectuar los aportes correspondientes”, evitando así lo que definen como una “posición de privilegio competitivo respecto de los afiliados que no perciben el beneficio jubilatorio”.Un aporte basado en la solidaridadEl argumento central del organismo es el principio de solidaridad intergeneracional. La resolución sostiene que “los aportes ingresados por los beneficiarios de jubilación ordinaria o progresiva, en actividad profesional, serán destinados a la adecuación y mejoramiento de los haberes de beneficios de todos los jubilados”.Además, el Directorio enfatiza que no se pueden establecer distinciones arbitrarias entre los aportantes: “No podemos crear dos categorías de Jubilados de esta Caja Previsional, aquellos que ya se jubilaron o se jubilen antes del 1 de enero de 2024 y aquellos que se jubilarán después”, ya que esto implicaría un trato desigual hacia los actuales aportantes activos que sostienen el sistema.Los detalles del cobroEn términos económicos, la Resolución establece que el aporte a ingresar mensualmente será de “nueve módulos previsionales, correspondiéndose con el 50% del mínimo exigido” para los activos. Para el caso de jubilaciones proporcionales (con menos de 30 años de aportes), la obligación será del “10% de la liquidación de haberes”, siempre que este monto no supere los nueve módulos vigentes.El mecanismo de cobro será automático, ya que la resolución dispone que el monto “será percibido de su liquidación de haberes mensuales”.

Plazo para la baja de matrículaLa entrada en vigencia del cobro se fijó para el 1 de julio de este año, otorgando a los profesionales un “plazo prudencial a fin de que los afiliados alcanzados puedan adoptar oportunamente la decisión que estimen más favorable respecto de su continuidad en el ejercicio profesional”.Desde la institución recordaron que la ley permite el ejercicio profesional post-jubilación, a diferencia de otras cajas, pero que esto no exime del deber de contribuir: “La obligación se extinguirá una vez que sea formalmente comunicada a la Institución la cancelación de su matrícula profesional”, concluye el texto normativo. 

La Justicia imputó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Fabián “Chiqui” Tapia, en una investigación penal que analiza la presunta retención indebida de aportes previsionales y contribuciones a la seguridad social vinculadas al funcionamiento de la entidad.Según la denuncia, ARCA atribuye a la AFA una deuda superior a los 19.000 millones de pesos, correspondiente a los últimos dos años. La acusación sostiene que la entidad habría retenido tributos y aportes a la seguridad social correspondientes a empleados propios y de clubes del fútbol argentino, sin ingresarlos dentro del plazo legal previsto por el Régimen Penal Tributario.En su dictamen, el fiscal atribuyó responsabilidad a Tapia por su rol institucional y por la administración de la clave fiscal de la asociación, y consideró que, dada la dimensión económica de la AFA y los montos investigados, la pesquisa debe extenderse también a otros integrantes de la comisión directiva, al entender que habrían intervenido en la gestión y disposición de los fondos bajo análisis.La causa se inició a partir de una presentación de Vanina Vidal, jefa interina de la Sección Penal de la División Jurídica de la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, quien además amplió los hechos atribuidos a la Asociación del Fútbol Argentino, con sede en Viamonte 1366 de la Ciudad de Buenos Aires. En la denuncia se consignó que la entidad habría retenido tributos y contribuciones de la Seguridad Social por $19.353.545.843,85 y no los habría ingresado una vez vencido el plazo legal de treinta días corridos, correspondientes a retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones previsionales no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de este año.En su planteo, ARCA encuadró los hechos denunciados bajo los artículos 4° y 7° de la Ley N° 27.430, que regula el Régimen Penal Tributario. En relación con la obtención fraudulenta de beneficios fiscales, el artículo 4° establece de manera textual: “Será reprimido con prisión de uno a seis años el que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, obtuviere un reconocimiento, certificación o autorización para gozar de una exención, desgravación, diferimiento, liberación, reducción, reintegro, recupero o devolución tributaria al fisco nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

En números, significa que este año hay aproximadamente 241.984 adultos mayores que cumplieron la edad de jubilación, y no lograron acceder al beneficio, debido a que no tenían los 30 años de aportes requeridos.Representaba el 60% de los 403.066 adultos mayores que este año estarían en condiciones de jubilarse, pero que ya no cuentan con un régimen de regularización para cubrir el tiempo que le falta de aportes a fin de poder iniciar el trámite jubilatorio.La economía informal argentina, calculada en más de la mitad del total, hizo que 8 millones de personas trabajaran en negro, según la última Encuesta Permanente de Hogares del Indec (EPH), y por lo tanto no estuvieran encuadradas en el sistema previsional.En algunos casos, pudo haberse debido a una evasión voluntaria, pero el empleo precario o en negro, en general, aplica a una decisión unilateral de la patronal.“Sin la moratoria 7 de cada 10 personas no van a poder jubilarse”, cuantificó el diputado Itai Hagan, del Unión por la Patria.Y también insistió en que es “injusto” que no pueda acceder a una prestación una persona que trabajó en negro en contra de su voluntad.El vacío que dejó la decisión del Gobierno de Javier Milei de no prorrogar la moratoria vigente se tragó a la mitad de los varones y a siete de cada 10 mujeres en edad de retiro.

Los números de la moratoriaLo cierto es que el 75% de las jubilaciones dadas de alta por la Anses en 2024 fue para quienes recurrieron a la moratoria por no tener aportes suficientes: 313.950 casos sobre 427.505, según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social.Desde 2010, cada año la mayoría de las nuevas jubilaciones tuvo moratoria, en tanto que dos tercios de las prestaciones del régimen contributivo hoy en curso de pago fueron obtenidas por ese sistema desde 2005, el año de su inicio (se trata de más de 3,8 millones de jubilaciones).En ese universo hay personas que casi no tuvieron aportes y están los que contribuyeron, por ejemplo, durante más de 20 años y le faltaban 5 ó 10 para completar los 30 que marca la ley, cuando fueron desvinculados y dejados en la calle sin inserción en el mercado laboral. Por lo tanto, sin los aportes restantes.Unos y otros ahora son tratados de la misma manera: a partir de los 65 años terminan igual en la PUAM (Pensión Única para Adultos Mayores), creada por ley en 2016 bajo la Ley de Reparación Histórica, que no exige aportes y reconoce el 80 por ciento de la mínima, ajustado según el índice de movilidad jubilatoria, sin derecho a pensión.A partir de junio de 2025, el monto de la PUAM se establece en $ 243.779,14. A este monto se le puede sumar un bono extraordinario que el Gobierno suele otorgar a quienes perciben haberes mínimos, alcanzando un total de $ 313.779,15 (incluyendo el bono de $ 70.000).

La ley de 1995La Ley 24.476 es más económica y permite regularizar años de aportes hasta el 30/09/93. Es de carácter permanente y permite regularizar aportes previsionales a quienes no cumplieran con los requisitos para la jubilación tradicional.Abre la posibilidad de comprar años de aportes desde que la persona cumple 18 años de edad hasta el 30 de septiembre de 1993.Ejemplos, hombres que cumplen los 65 años en 2025 solo podrían comprar 15 años de aportes faltantes, pero tendrían que tener el resto aportado con posterioridad a 1993.Mujeres que cumplen los 30 años en 2025 podrían completar 10 años de aportes con la ley 24.476, por lo cual los otros 20 años necesarios tendrían que tenerlos aportados con posterioridad a 1993.La deuda se puede cancelar de contado o en un plan de hasta 60 cuotas, cuyos importes se ajustan semestralmente.La Ley 27.705, sancionada en 2023 y no prorrogada, era más costosa y permitía a las mujeres de 60 años o más y hombres a partir de los 65 años comprar aportes desde 1993.El pago de los períodos de aportes faltantes se hacía hasta en 120 cuotas descontadas de su jubilación. Iniciada en el gobierno de Alberto Fernández, tenía un período de vigencia de dos años con posibilidad de prórroga, pero la actual gestión de Javier Milei optó por no extenderla.Es así como la oposición parlamentaria acaba de aprobar, por mayoría, la restitución de la movilidad jubilatoria y de la moratoria previsional, y el proyecto con media sanción deberá pasar al Senado.“Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista, pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO. Fin.”, tuiteó el Presidente. NA.

Las jubilaciones y pensiones recibirán en marzo un aumento del 2,21%, correspondiente a la inflación de enero que informó este jueves el Indec. Sin embargo, este ajuste será menor para quienes perciben la jubilación mínima debido a la continuidad del bono de $70.000, que el Gobierno decidió no actualizar y que se mantendrá en el mismo nivel durante todo el año.

En la práctica, esto implica que los jubilados de la mínima, que perciben 5 millones de jubilados y pensionados, tendrán un aumento inferior al del resto de los haberes. Mientras que la jubilación mínima sin bono pasará de $273.086,50 a $279.124,50 en marzo, con el bono incluido, el ingreso total será de $349.124,50. Esto representa un aumento del 1,8%, por debajo del 2,21% general y muy lejos de la inflación acumulada en los últimos meses.

El mismo efecto se observa en otros beneficios previsionales. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% del haber mínimo, aumentará un 2,21%, pero con el bono congelado la suba real será del 1,7%. En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC), que representan el 70% de la mínima, la mejora total será del 1,6 por ciento.La PUAM en febrero es de $218.469,20 y con el bono de $70.000 sube a $288.469,20. En marzo será del $ 223.299.50, más el bono, $ 293.299.50. Una suba del 1,7%. A su vez, las PNC, de $261.160,55 en febrero (monto más bono), pasa en marzo a $ 265.387,10, un incremento del 1,6%.

El impacto del bono congelado

El bono de hasta $70.000 viene aplicándose desde marzo de 2023 como un refuerzo para los jubilados de menores ingresos. Sin embargo, nunca fue incorporado al haber mensual ni ajustado por inflación, lo que genera una pérdida progresiva de su valor real.Si este refuerzo se hubiese actualizado con la inflación, en marzo debería ser de $145.370. De este modo, la jubilación mínima total (haber más bono) alcanzaría los $424.464, en lugar de los $349.124,50 que efectivamente cobrarán los beneficiarios.Además, al no formar parte del haber jubilatorio, el bono no se incorpora al cálculo del aguinaldo, lo que implica un perjuicio adicional para los jubilados que lo perciben. De haberse integrado al haber mensual, los beneficiarios habrían recibido un proporcional en junio y diciembre de 2023, lo que compensaría en parte la pérdida de poder adquisitivo.Los aumentos nominales de los haberes previsionales han quedado rezagados frente a la inflación. Durante 2024, la jubilación mínima con bono tuvo un incremento del 105,1%, la PUAM del 99% y las PNC del 95,1%.Sin embargo, la inflación interanual medida por el Indec fue del 117,8%, lo que implica una caída real en el poder de compra de los jubilados. Para los beneficiarios de la mínima, la pérdida fue del 5,8%, mientras que en el caso de las pensiones no contributivas, la caída llegó al 8,6%.

Durante 2024, la jubilación mínima

Durante 2024, la jubilación mínima con bono tuvo un incremento del 105,1%, la PUAM del 99% y las PNC del 95,1%Algunos especialistas advierten que el dato oficial de inflación está desactualizado debido a la metodología de cálculo utilizada. Según estimaciones basadas en la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGHO) 2017/18, con base en 2023, la inflación real del año pasado habría sido del 133,6%. De confirmarse este cálculo, la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados podría ser aún mayor, llegando a un rango de entre 12,2% y 14,8%.

Pérdidas acumuladas

El poder adquisitivo de los jubilados ha ido cayendo en los últimos años. Durante la gestión de Mauricio Macri, las jubilaciones se ajustaban por una fórmula que combinaba inflación y salarios, lo que generó un deterioro del 19,5% en términos reales entre 2017 y 2019.En el gobierno de Alberto Fernández, se modificó el esquema de actualización y los aumentos quedaron por debajo de la inflación en varios períodos. A finales de su mandato, el recorte acumulado en términos reales alcanzó el 22,2%.Con la gestión de Javier Milei, el escenario se ha profundizado. La suspensión de la fórmula de movilidad y la aplicación de aumentos en base a la inflación pasada sin actualización del bono ha generado una nueva pérdida de ingresos para los jubilados.

Perspectivas para el 2025

El congelamiento del bono y la insuficiencia de los aumentos frente a la inflación afectan a casi cinco millones de jubilados y pensionados que dependen de estos ingresos para cubrir sus gastos básicos. La reducción del poder de compra impacta especialmente en los rubros de alimentos y medicamentos, donde los aumentos han sido incluso superiores a la inflación general.

En este contexto, los especialistas advierten que si el Gobierno mantiene la política de ajuste fiscal sin actualizar el bono o modificar el esquema de aumentos, la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados continuará en los próximos meses.Además, la postergación de una nueva fórmula de movilidad genera incertidumbre. Si no se implementa un mecanismo que garantice la actualización automática de los haberes en función de la inflación y los salarios, la situación de los jubilados podría seguir deteriorándose.

En el corto plazo, la clave estará en las decisiones que tome el Gobierno respecto al bono y a la futura movilidad jubilatoria. Si bien el oficialismo planteó la necesidad de reformar el sistema previsional, aún no hay definiciones concretas sobre los cambios que podrían implementarse. (Infobae) 

Así lo reveló el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Mariano De Los Heros, quien dijo que se estudia un posible beneficio destinado a los jubilados que han realizado aportes al sistema durante toda su vida laboral. “Hay una deuda pendiente con nuestros jubilados contributivos que han aportado 30 o 35 años y que merecen un reconocimiento a ese esfuerzo”, dijo el funcionario en declaraciones radiales. Además, señaló quien dijo que se continuará pagando el bono de $70.000 que cobran 5 millones de jubilados y pensionados que accedieron al beneficio a través de moratorias.Pero insistió en que los jubilados que han aportado al sistema durante toda su vida merecen un reconocimiento, “más allá de la necesidad que otros ciudadanos tienen y que han, a través de una mala utilización del sistema previsional, accedido a jubilaciones que en el 90% de los casos son las mínimas”.“Estamos estudiándolo, pero conceptualmente la idea es en algún momento poder reconocer la situación diferente de aquellos jubilados que cumplieron durante toda su vida con aportar al sistema”, dijo. Sobre el bono de $ 70.000, De los Heros afirmó que está incluido en el proyecto de Presupuesto 2025 y que se seguirá pagando, pero no habrá refuerzos adicionales. “La mejora en las jubilaciones y pensiones no se tiene que dar a través del bono, que es de naturaleza extraordinaria, sino a través del crecimiento económico, de la estabilización de las variables macroeconómicas”, sostuvo.El funcionario también se inclinó por una nueva reforma previsional que incluya revisar la edad jubilatoria.“El sistema previsional argentino está virtualmente quebrado y hay que repensarlo. La crisis del sistema no es exclusiva de nuestro país, sino que también afecta a otras naciones”, dijo.Pero advirtió que un ajuste aislado de la edad de jubilación no resolvería los problemas estructurales del sistema.“Considero que el cambio de la edad puede ser uno de los puntos de una futura reforma previsional, pero en forma aislada no es conducente”, explicó. Sobre los juicios de jubilados, explicó que se dividió “lo que es la actualización de los haberes jubilatorios con sentencia firme, que lo hacemos de inmediato y sin esperar el pago de los retroactivos. En cuanto a la política de apelación, estamos trabajando para tener fallos que establezcan un criterio jurisprudencial claro”.Varios abogados previsionales avisaron, días atrás, que varios jubilados clientes suyos habían comenzado a cobrar los reajustes de sus haberes producto de sentencias judiciales firmes. NA. 

La iniciativa, que fue presentada el miércoles ante el Senado provincial, establece topes al beneficio previsional y modifica el sistema de pensión por viudez para quienes accedan a ese beneficio a edades tempranas, ya que se considera que la persona se encuentra en condiciones trabajar.El proyecto de 56 artículos, que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro, se debe al déficit que presenta el sistema provincial a causa de los fondos adeudados a la Caja de jubilaciones por parte del Anses, y a la baja relación entre activos aportantes frente a los beneficiarios.La iniciativa contempla un “aporte solidario por todo el tiempo que dure la emergencia”, que va desde el 2 % al 6 % sobre todos los beneficios que paga la Caja. El porcentaje depende del importe del beneficio, excluyendo a los que perciben menos de 2 haberes mínimos.Además, establece un “Aporte solidario del personal en actividad en cargos de conducción política o gabinete” ingresados desde el 11 de diciembre de 2023 del 2,77 % durante 36 meses.El aporte personal de los trabajadores activos pasa del 14,5 % al 21 %, en escalas progresivas dependiendo de los ingresos, al tiempo que la contribución del empleador provincial pasa del 17,2 al 19 %.Se crea un aporte de ingreso equivalente a la primera remuneración del empleado cuando ingresa, que se descuenta en 12 cuotas.Además, otro aporte de “progreso en la carrera administrativa” equivalente a la diferencia salarial del trabajador cuando asciende, que se descuenta en 6 cuotas.Junto con estos aportes se intenta modificar la forma de calcular el haber. Se toma la base de las remuneraciones actualizadas de los últimos 120 meses. A ese promedio se le hace un descuento del 20 % en carácter de aporte solidario.

Sobre el resultante se aplica el 70 % más 2 % por cada año de servicio excedente por sobre el mínimo exigido. Se crea un pilar complementario para compensar haberes más bajos.También se incluye una limitación temporal para el goce de pensiones: tendrán una duración equivalente a la duración del matrimonio o unión convivencial, salvo cuando la o el beneficiario/a tenga más de 55 años y no pueda demostrar otro medio de vida o que el cónyuge haya fallecido en ocasión y por causa del desempeño de sus funciones. En esos casos será vitalicia.En el caso de las uniones convivenciales cuando no pueda demostrarse su duración, se otorgarán por el plazo máximo de 8 años. NA. 

En Entre Ríos, los aportes para jubilación, fuera de la ley de emergencia solidaria, son del 16 por ciento, en tanto que la movilidad jubilatoria es del 82 por ciento.

  Comparando esos datos frente a sus pares de la Región Centro, en el caso de Córdoba el aporte para jubilación es mayor con 18 por ciento, y la movilidad es menor con el 67 por ciento.

En tanto que en Santa Fe, si bien el porcentaje de aporte es menor con un 14,5 por ciento, la movilidad jubilatoria también lo es, en un 72 por ciento.

Otro punto de comparación, es la vecina Corrientes, que tiene un 18 por ciento de aportes y la movilidad jubilatoria en esa provincia es del 82 por ciento; con lo cual, si bien la movilidad en ambas es la misma, en Entre Ríos el aporte jubilatorio es dos puntos menor.

Cabe destacar que la ley de emergencia solidaria entrerriana, tiene plazo de vigencia al 30 de junio de 2021, prorrogable por única vez por 180 días.

En el marco de la nueva ley, en Entre Ríos, el 85 por ciento de los jubilados provinciales continúa aportando el 16 por ciento y se garantiza el 82 por ciento de movilidad.