1. Caso ANDISHace unos días se filtraron audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que acusaba a altos funcionarios del gobierno de recibir sobornos en la compra de medicamentos. En los audios, Spagnuolo menciona que un porcentaje de estas coimas era destinado a Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, y a Eduardo “Lule” Menem, asesor cercano a Karina. La denuncia incluye a empresarios farmacéuticos como Eduardo Kovalivker. La causa está siendo investigada por el juez Sebastián Casanello, quien ordenó allanamientos en oficinas gubernamentales y propiedades de lujo vinculadas a los implicados. El Gobierno echó al denunciante.2. Caso $LIBRALa criptomoneda $LIBRA, promovida por Javier Milei en 2024, colapsó poco después de su lanzamiento, generando pérdidas millonarias a más de 44.000 inversores internacionales, aunque solo unas 5.000 eran argentinos. La justicia de Estados Unidos congeló 280 millones de dólares de las ganancias por presunto fraude. Milei negó su implicación y minimizó el impacto al señalar que la mayoría de los afectados no eran argentinos. Una demanda en Nueva York incluyó a Karina Milei, acusándola de actuar como intermediaria entre los promotores y el presidente, facilitando su acceso a la Casa Rosada.3. Caso Sandra PettovelloSandra Pettovello, Ministra de Capital Humano, fue imputada por presunta malversación de fondos públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. La imputación se refiere a una transferencia de $14 mil millones destinada a la compra de alimentos en el marco de un programa contra el hambre, fondos que no habrían llegado a su destino.4. Venta de candidaturas en La Libertad AvanzaEn 2023, se denunciaron casos de venta de lugares en las listas de La Libertad Avanza, aunque la causa fue archivada por falta de pruebas. Sin embargo, en 2025, surgieron nuevas denuncias en la provincia de Buenos Aires, acompañadas de audios en los que dirigentes locales negociaban precios por cargos electivos. Aunque no hay condenas, el patrón de acusaciones reiteradas sugiere una práctica de recaudación política opaca.La venta de cargos y listas erosiona la democracia: fomenta corrupción, clientelismo y mala gestión, y reduce la participación ciudadana y la confianza en las instituciones.5. Negocios del clan MenemEl apellido Menem, sinónimo de corrupción en la Argentina, mantiene presencia en el gobierno de Javier Milei. Martín Menem, sobrino del expresidente, preside la Cámara de Diputados y designó a su primo Federico Sharif Menem como director general de su Secretaría. Eduardo “Lule” Menem, primo segundo de Martín y asesor de Karina Milei, fue nombrado subsecretario en la Secretaría General de la Presidencia. Los hechos denunciados revelan un esquema de corrupción operado por Martín Menem y Eduardo ‘‘Lule’’ Menem, que incluyen a Karina Milei, reflejando nepotismo y manejo cuestionable de recursos públicos.6. Las 10 valijas sin control aduaneroEl 26 de febrero de 2025, un vuelo privado proveniente de Miami aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery, transportando a Laura Arrieta y dos tripulantes, todos empleados de la empresa OCP Tech, propiedad del empresario Leonardo Scatturice. Al momento del control aduanero, se habilitó un carril especial que evitó que las valijas fueran sometidas al control del escáner. Además, existen divergencias respecto del aeropuerto de origen del vuelo, la cantidad de valijas declaradas y los registros migratorios sobre el destino posterior de la aeronave y los pasajeros. Dos fiscales dictaminaron que existieron diversas irregularidades en torno al vuelo, el equipaje y la tripulación. El Gobierno nacional negó las irregularidades.

Lejos de combatir la corrupción, el gobierno de Javier Milei ha mostrado una alarmante continuidad con las prácticas que criticaba. Los casos mencionados evidencian una administración que, en lugar de erradicar los vicios del pasado, los perpetúa bajo nuevos discursos. La promesa de una política limpia se desvanece ante la realidad de los hechos. 

Tras el escándalo provocado por la promoción que el presidente Javier Milei hizo de la moneda digital $Libra, la Oficina Anticorrupción (OA), que depende del Poder Ejecutivo, deberá investigar si el mandatario incumplió la Ley de Ética (N° 25.188), y en caso de detectar irregularidades, efectuará una denuncia penal ante la Justicia. Las alertas se encendieron cuando el mandatario, todavía en horas del Día de los Enamorados, el pasado 14 de febrero, utilizó sus redes para alentar la participación ciudadana en el “Viva la Libertad Project”, de la empresa KIP Protocol. Esto generó que la nueva moneda que costaba US$ 0,000001 llegara a valer US$ 5,20, y se desplomara luego de que sus desarrolladores abandonaran el proyecto, retirando además los fondos de los inversores. Con más de 24 horas de demora, y luego de realizar el correspondiente control de daños con la primera disculpa pública del libertario, la Oficina del Presidente (OPRA) anunció que intervendría la Oficina Anticorrupción, a cargo del abogado Alejandro Melik, para que “determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno Nacional, incluido el propio Presidente”. “Vamos a ser los primeros en denunciar cuando veamos hechos de corrupción”, supo declarar Melik en enero de 2024, luego de que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunciara que la OA y la Unidad de Información Financiera (UIF) dejarían de ser querellantes en las causas de corrupción y de lavado de dinero. Para dar lugar al pedido del Ejecutivo, el organismo cumplirá con el artículo 36 de la Constitución Nacional, incluido en reforma de 1994, que establece la supervisión de la ética pública para continuar en ejercicio del cargo al que se accedió. A través de la investigación que iniciará determinará si el Presidente o cualquier funcionario involucrado violó la Ley de Ética Pública, que enumera “un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado” (art. 1). En especial si hubo incumplimiento del artículo 2, inciso G, en el que se establece que el Presidente de la Nación debe “abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa”.En Casa Rosada muestran tranquilidad por la investigación impulsada, y descartan la posibilidad de que el pedido de juicio político impulsado por Unión por la Patria en el Congreso avance. “Se debe investigar todo y ahí veremos. No tenemos problema porque no hay ningún funcionario implicado en una maniobra ilícita ni hubo dolo”, aseguraron a la agencia Noticias Argentinas.“La Constitución Nacional, art. 53 determina que las causales de juicio político son solo tres: 1) el mal desempeño, y es relativa a la administración del Gobierno. 2 y 3) la comisión de delitos, que requieren sentencia judicial previa. Por lo tanto, no existe casual”, sentenciaron.

El paso a paso de la investigación Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, la Oficina Anticorrupción explorará el perfil de cada uno de los involucrados que hayan participado directa o indirectamente de la operatoria y su relación con el mandatario. De esta forma, avanzará con el perfil del empresario Hayden Mark Davis, quién estaría detrás del lanzamiento de $LIBRA, pero también del CEO de KIP Protocol, Julián Peh, y del trader Mauricio Novelli. Los tres son conocidos del libertario, incluso mantuvieron más de un encuentro en común. Los pormenores conversados y los acuerdos establecidos serán materia de especial interés para el equipo de investigación del organismo que depende del Ejecutivo. En este punto accionará también la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) compuesta por representantes de los órganos y organismos con competencias vinculadas a los criptoactivos, actividades financieras, lavado de activos, y otras áreas relacionadas.Tanto Davis como su firma “Kelsen Ventures” serán investigados, luego de que el 30 de enero visitara Casa Rosada y en las últimas horas se presentara como asesor del mandatario en materia de tecnología blockchain e inteligencia artificial.También pedirán todas las pruebas que involucren a Peh y KIP Protocol, quien se entrevistó con Milei el 19 de octubre, a las 18.30 horas, en un salón del hotel Sheraton Libertador. Del encuentro participaron también el vocero presidencial, Manuel Adorni, y Novelli, asiduo frecuente de los registros de ingresos a la Quinta de Olivos. Desde la oficina evaluarán además si el mensaje publicitado por Milei en su red social X encaja con alguna de las figuras penales de las que se lo acusa. De reconocer irregularidades o la malversación de fondos públicos, podrían elevar una denuncia penal a la Justicia. “Procuramos detectar dinero y bienes producto de la corrupción y solicitamos a los jueces medidas para lograr su recuperación”, detallan desde el organismo en su página web como uno de los objetivos a cumplir tras evaluar el impacto en el funcionamiento y credibilidad de las instituciones; la cantidad de ciudadanos afectados por el acto; el monto del perjuicio causado por el acto y la antigüedad de los hechos.Además, aclaran que de no haber delitos de corrupción, pero sí irregularidades administrativas, darán intervención al Ministerio de Justicia, a la Procuración General del Tesoro y al funcionario responsable del organismo “para que se labren las actuaciones administrativas y se apliquen las sanciones que correspondan”.“Todo lo que se pueda investigar vamos a hacerlo”, sostuvo ante esta agencia un funcionario con acceso al despacho presidencial.

El reclamo de los constitucionalistasLa agencia Noticias Argentinas consultó al abogado constitucionalista Felix Lonigro, quien definió como una medida “para la tribuna” el anuncio del Ejecutivo sobre la investigación de la OA a raíz del escándalo.“Será de relativa importancia la investigación porque la Oficina Anticorrupción no tiene autonomía. No me imagino que el abogado designado por el Presidente tenga libertad para investigar”, fustigó sobre Alejandro Melik.Asimismo, reclamó la participación de la Justicia y se mostró a favor de que el Congreso impulse una comisión para determinar si el Presidente incurrió en una conducta que justifique una sanción. “Lo que hizo el Presidente es muy grave”, especificó. A su turno, el doctor en Derecho Andrés Gil Domínguez también cuestionó la autonomía de la Oficina Anticorrupción tras argumentar que su titular no podrá impulsar una investigación transparente debido a la tendencia libertaria de “castigar” a todos los que oponen al Presidente, y pidió la intervención del Congreso. Aunque descartó la posibilidad de Juicio Político, promovió la creación de una comisión que detecte si el mandatario violó la Ley de Ética Profesional. Además, precisó que el Código Penal debiera “castiga al funcionario público que directamente o por acto simulado se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo (art. 265)”. NA

Estará a cargo de la directora académica Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial “Dr. Juan Bautista Alberdi” Poder Judicial Entre Ríos y vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Susana Medina; la especialista en anticorrupción e integridad judicial de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Cristina San Juan Serrano;  y el oficial de prevención del delito y justicia penal y coordinador regional del Hub Anticorrupción para Sudamérica y México de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Felipe Freitas Falconí.La actividad está destinada a quienes se encuentran cursando el “Curso Virtual de Ética Judicial – Edición 2024” y a integrantes de Magistratura, Funcionariado y personal administrativo con título de abogacía del Poder Judicial de Entre Ríos.

El gobernador Gustavo Bordet presentó el proyecto de ley para crear la Fiscalía Anticorrupción de la provincia. Los cargos de fiscales serán concursados por el Consejo de la Magistratura. �SLa mejora de la calidad de nuestras instituciones democráticas es un deber y una necesidad⬝, sostuvo el mandatario. Bordet comunicó el envío del proyecto este lunes en un encuentro que mantuvo con la vicegobernadora Laura Stratta, y la ministra de Gobierno, Rosario Romero. �SDe esta manera hoy cumplo con el compromiso ante la Asamblea Legislativa⬝, refirió. El nuevo instituto funcionará en el ámbito del Ministerio Público Fiscal y tendrá a su cargo la investigación y acusación de los delitos contra la administración pública provincial cometidos en la provincia o fuera de ella, así como también promoverá la investigación de la conducta de los funcionarios y empleados de los tres órganos de gobierno (legislativo, ejecutivo y judicial) del Estado provincial, municipal y comunal.

En ese marco, el gobernador destacó que �Seste proyecto viene a concretar uno de los institutos establecidos en la reforma de la Constitución Provincial de 2008⬝, del mismo modo que por primera vez en la historia de la provincia en 2020 se designaron las autoridades del Tribunal de Cuentas a través del concurso público. �SCuando se habla de actos de gobierno y actos administrativos, tiene que primar la transparencia⬝, remarcó Bordet y sostuvo que �Sel fortalecimiento de las instituciones democráticas es clave para consolidar la confianza de la sociedad en la política. �SLa transparencia y control de los actos de gobierno en todos los poderes y ámbitos de la provincia es indispensable para mejorar el Estado y sus acciones⬝, concluyó el mandatario. Contará con un cargo de fiscal anticorrupción, con jerarquía de procurador adjunto; dos cargos de fiscales anticorrupción adjuntos, uno con asiento en la ciudad de Paraná y otro con asiento en la ciudad de Concordia; un profesional de la abogacía con trayectoria acreditada en procesos administrativos, que tendrá jerarquía de fiscal auxiliar ministerio público; dos cargos de Contadores Públicos Nacionales o Licenciados en Ciencias Económicas, que formarán parte del equipo pericial; un experto en Informática, que deberá acreditar Licenciatura o Ingeniería en Informática, con idoneidad para la investigación de datos obrantes en sistemas digitales; dos cargos de Oficial Mayor, y dos cargos de Oficial Auxiliar.

El Fiscal Anticorrupción y los Fiscales Adjuntos deberán cumplir los requisitos establecidos por el artículo 188 de la Constitución Provincial. Serán designados con intervención del Consejo de la Magistratura y deberá otorgarse mayor puntaje a quienes acrediten antecedentes vinculados a la prestación de servicios en la administración Pública Nacional, Provincial o Municipal.

Además, los fiscales serán inamovibles en sus cargos y competencias dentro de la Fiscalía Anticorrupción mientras dure su buena conducta, y solo podrán ser removidos por los procedimientos establecidos por la Constitución Provincial y la Ley de Jurado de Enjuiciamiento. Los cargos de peritos enunciados en el proyecto serán designados por Decreto del Poder Ejecutivo, previo concurso público con intervención y apoyatura del Consejo de la Magistratura, con participación de los Colegios profesionales según las competencias requeridas, conforme el procedimiento que dicte el Decreto reglamentario.

La Oficina Anticorrupción (OA) que preside Félix Crous diseñará un "Sistema de monitoreo de actividades privadas anteriores y posteriores al ejercicio de la función pública".

La Oficina Anticorrupción (OA) diseñará un "Sistema de monitoreo de actividades privadas anteriores y posteriores al ejercicio de la función pública" a fin de registrar antecedentes, vínculos e intereses privados de las personas que ingresen a altos cargos en el Estado Nacional.

El registro abarcará "desde tres años antes de asumir" el cargo "y hasta un año posterior al ejercicio de sus funciones", dispone la resolución 15/2021, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el titular del organismo, Félix Crous.

El artículo 1° encomienda a la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia el diseño del sistema que registrará "antecedentes, vínculos e intereses privados de las personas que ingresan a altos cargos en el Estado Nacional -hasta tres años antes de asumir el cargo-, así como también de actividades realizadas por estas personas al egreso de la función pública -hasta un año posterior al cese de funciones".

El objetivo es el "el cotejo y verificación del cumplimiento de las normas pre y post empleo público, con mecanismos de control ciudadano y transparencia activa", detalla el texto.

En tanto, el artículo 2° encomienda a la misma dirección "la proyección de medidas y la articulación con los diferentes actores públicos y privados necesarios para que el diseño, formulación, evaluación y planificación colaborativa" del sistema "pueda expresar su potencialidad".

El registro había sido anunciado por Crous en el marco de una disertación que realizó hace 15 días en un seminario de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AnCham), sobre las políticas de transparencia que lleva adelante la Oficina Anticorrupción.

Tal como había manifestado Crous en aquella oportunidad, la medida publicada puntualiza en sus considerandos que "el ingreso y egreso a altos cargos públicos desde y hacia el sector privado, fenómeno conocido como 'puerta giratoria', implica riesgos de captura de la decisión pública que pueden perjudicar el interés público en beneficio de intereses privados específicos mediante el traspaso de información privilegiada o la falta de imparcialidad e independencia de criterio".

En este sentido, estima que esos riesgos "se agravan cuando las personas que desempeñan cargos directivos en empresas o entidades privadas reguladas o controladas por determinados organismos públicos son designadas para cumplir funciones en tales organismos".

"Lo mismo ocurre cuando quienes ejercieron funciones públicas pasan o regresan a ocupar cargos de alta jerarquía en el sector privado, en especial cuando se trata de autoridades superiores del Poder Ejecutivo Nacional", advierte el texto.

La norma concluye diciendo que "a efectos de controlar el cumplimiento de las normas de ética pública, resulta necesario monitorear la circulación en la ocupación de altos cargos en el sector público desde y hacia el sector privado que pudieran acarrear situaciones de conflicto de intereses u otros riesgos de incumplimiento de dichas normas".

TELAM