Tres jóvenes, uno de ellos con antecedentes por estafa e hijo de un suboficial retirado de la policía bonaerense, fueron detenidos acusados de ser quienes llevaron adelante en los últimos dos meses al menos 30 amenazas de bomba contra la Casa de Gobierno, estaciones de trenes y subtes porteños, el búnker de Unión por la Patria y despachos de jueces y funcionarios, informaron fuentes policiales y judiciales.

Los voceros detallaron que al grupo, que se hace llamar “La mafia del Hentai”, en alusión a un animé japonés XXX, se lo acusa de las recientes amenazas de bomba dirigidas a las estaciones de trenes y del subte porteño, que produjeron pérdidas millonarias debido a la suspensión de los servicios, e incluso se lo vincula con intimidaciones contra el búnker del candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, durante las últimas elecciones generales, y contra el juez federal Ariel Lijo, quien se encontraba de turno.

Los arrestos se realizaron la noche del jueves en distintos domicilios del conurbano bonaerense, donde efectivos de la División Delitos Constitucionales de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA) trabajaron bajo las órdenes del juez Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 10, Julián Ercolini.

Las fuentes consultadas por Télam identificaron a uno de los detenidos como Facundo Maximiliano Martínez Radaeli (18), hijo de un sargento retirado de la policía bonaerense y hermano de una integrante de la Policía de la Ciudad, quien fue apresado en la localidad bonaerense de Llavallol.

También fueron detenidos en sus domicilios del Gran Buenos Aires Matías Manuel Danco y Leandro González.

Los tres permanecen alojados en la alcaidía de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, situada en Madariaga al 6900, del barrio porteño de Villa Lugano, donde aguardan ser trasladados a los tribunales federales de Retiro para ser indagados por Ercolini entre este viernes y el sábado, detallaron voceros judiciales a Télam.

“Se están solicitando los sumarios en los distintos juzgados que investigaban las amenazas de bomba, que fueron alrededor de 30. Recién cuando el juez Ercolini tenga en su poder todos los elementos, indagará a los detenidos, lo que posiblemente sea el sábado”, dijo una fuente cercana al expediente principal.

La pesquisa se inició el día de las elecciones generales del 22 de octubre pasado, cuando se recibieron amenazas telefónicas que alertaban sobre la presencia de explosivos en la Casa Rosada, en el Congreso Nacional, en la Cámara Electoral y en el búnker de Massa, en el Complejo C del barrio porteño de Chacarita.

Tras esas intimidaciones y otras, se inició una causa ante el juzgado de Lijo, que estaba de turno, quien dio intervención a los pesquisas de Delitos Constitucionales la PFA para que comenzaran a analizar las comunicaciones, con la colaboración de personal especializado de áreas de Antiterrorismo y Cibercrimen

Pero a los tres días de iniciada esa investigación, el propio magistrado recibió una amenaza en su despacho, por lo que denunció el hecho ante su colega Ercolini, que quedó al mando de esa pesquisa, a la que sumó otras causas por amenazas similares en los días previos, detallaron los informantes consultados por esta agencia.

Los detectives expertos en comunicaciones de la PFA lograron establecer que las amenazas habían sido realizadas a través de varias líneas en común -que luego coincidieron con las empleadas en las intimidaciones contra las estaciones de trenes de esta semana-, las que pertenecían a la empresa Telecentro, que utiliza una nueva tecnología que canaliza las llamadas a través de una conexión a internet.

Las fuentes explicaron que una parte de los acusados se dedicaba a hackear las cuentas de los clientes de la empresa, gestionándoles -sin su consentimiento- nuevas líneas telefónicas a su nombre, las que luego eran vendidas en el mercado negro de la “Deep Web”.

Allí, uno de los sospechosos adquiría las líneas fraudulentas a nombre de terceros y utilizaba redes wifi públicas para realizar los llamados intimidatorios, evitando de este modo ser rastreado.

No obstante, los detectives, lograron establecer la existencia de algunos patrones comunes de conexión y, mediante múltiples intervenciones telefónicas realizadas en tiempo real, los identificaron y localizaron, dijeron las fuentes.

Allegados a la investigación, dijeron que hasta el momento se identificaron al menos unos 30 hechos de amenazas relacionados a los detenidos.

Al ser detenido, Martínez Radaeli, quien tiene antecedentes por estafas y cuyo padre policía retirado tiene en su contra denuncias por violencia, dijo que está “peleado con el sistema” y que eso motivó las amenazas, dijeron voceros vinculados al procedimiento.

Además, contaron que justo antes de que se produjeran los allanamientos y los arrestos, habían llegado a concretar una amenaza contra el ministro de Transporte, Diego Giuliano.

Los investigadores dieron a conocer tres audios de cuando llamaron para decir que habían puesto explosivos en el búnker del candidato presidencial de Unión por la patria (UxP) Sergio Massa, en la Casa Rosada y en la porteña estación ferroviaria de Constitución.

La policía ucraniana alertó de amenazas de bomba en escuelas de Kiev, coincidiendo con el regreso a las aulas de los alumnos, que inician su segundo curso escolar desde que empezó la invasión rusa.

“Recibimos información sobre la presencia de explosivos en escuelas de Kiev”, indicó la portavoz de la policía de la capital, Yulia Girdvilis, a la agencia de noticias AFP.

“Todos los centros de enseñanza están siendo controlados por la policía con la ayuda del Servicio de Emergencias estatal”, agregó, aunque subrayó que no hubo instituciones evacuadas.

Un 44,9% de los alumnos se beneficiarán de clases presenciales, un 24,4% estudiará a distancia y un 30,7% lo hará de forma mixta

Más de 3,6 millones de niños ucranianos, de los cuales 400.000 están desplazados en el extranjero, volvieron a las aulas tras el receso de verano.

“El segundo 1º de septiembre tras la invasión a gran escala. Los rusos intentan todo para destruir nuestra nación [...] La nación preservó la posibilidad de que los niños vayan a la escuela ucraniana”, declaró el jefe de la administración presidencial ucraniana, Andrii Yermak, en Telegram.

En este curso, “3.623.169 niños estudian en nuestras escuelas”, de los cuales 400.000 están en el extranjero aunque “permanecen en [el] sistema educativo” ucraniano, precisó.

Un 44,9% de los alumnos se beneficiarán de clases presenciales, un 24,4% estudiará a distancia y un 30,7% lo hará de forma mixta, detalló.

Según Yermak, 3.750 escuelas fueron destruidas “por misiles y bombas rusas” desde que empezó el conflicto, en febrero de 2022, una cifra parecida a la que comunicó Unicef esta semana en un informe propio.

Actualmente, los combates se concentran en el este y en el sur del país, pero las grandes ciudades alejadas de las líneas del frente son objeto de bombardeos rusos frecuentes, con misiles o con drones explosivos.

Un ataque “masivo” en Kiev dejó el miércoles pasado dos muertos, y fue calificado como el más importante contra la capital “desde la primavera” boreal por las autoridades militares.

En algunas grandes ciudades se habilitaron refugios subterráneos para que los profesores puedan dar clase si se activan las alarmas por posibles bombardeos.

“Los alumnos y los profesores están obligados a adaptarse a esta realidad”, declaró el comandante en jefe del ejército ucraniano, Valery Zaluzhny, en Telegram.

“Pero lo principal es que nuestros niños estudien [...] Porque el conocimiento y la cultura son lo que nos distingue del enemigo”, sostuvo.

Al menos dos advertencias fueron recibidas a través de llamados al 911; la Policía Federal Argentina junto con personal de la brigada de explosivos y bomberos trabajaron en el lugar.

Tras recibirse llamados dirigidos al 911, fueron un total de dos y se efectuaron pocos minutos antes de las 20.

Mientras que sobre el presunto explosivo que habría de encontrarse dentro de la Casa de Gobierno no se especificó su ubicación, sí se lo hizo con el otro detonante al señalar que habría sido colocado en el segundo piso del edificio.

Se decidió evacuar al personal dentro de ambas instalaciones. El hecho se produjo en el marco de la participación del presidente Alberto Fernández en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, evento al que asistió junto al ministro de Defensa Jorge Taina y que tuvo lugar en el edificio Libertador.