La provincia de Santa Fe tomó una postura firme ante las amenazas de tiroteos en escuelas: quienes se nieguen a pagar las intimaciones económicas emitidas por el gobierno provincial enfrentarán acciones judiciales. Así lo confirmó este jueves la vocera del ejecutivo santafesino, Virginia Coudannes, en una conferencia de prensa. El trasfondo de esta medida se da tras el asesinato de un adolescente de 13 años dentro de una escuela de San Cristóbal, ocurrido apenas semanas atrás.La decisión del gobierno provincial llega en un momento de tensión institucional. Tras la muerte de Ian Cabrera, de 13 años, dentro de la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal el pasado 30 de marzo, las autoridades santafesinas endurecieron su respuesta ante las amenazas de ataques en establecimientos educativos. El mecanismo elegido fue la emisión de intimaciones millonarias a las familias de los adolescentes identificados como responsables de esas amenazas, con el argumento de que los operativos desplegados por el Estado tienen un costo que debe ser cubierto por quienes los provocaron.Ante la negativa de al menos una familia de la capital provincial a abonar esa intimación —y la impugnación legal presentada por el abogado Rodolfo Mingarini—, la vocera del gobierno provincial fue contundente. Señaló que los casos en que los responsables de los adolescentes se nieguen a pagar o no puedan hacerlo serán derivados a la Justicia: “Es el procedimiento. Luego, tendrán que estar comprometidos con esa causa judicial”, afirmó en diálogo con la radio LT8.Al momento de la conferencia, el gobierno provincial contaba con 39 expedientes abiertos listos para ser enviados y ya había concretado 19 notificaciones. Coudannes también destacó que las medidas adoptadas hasta ahora tuvieron efecto: las amenazas bajaron “muchísimo” y, en los últimos días, solo se registraron dos en Rosario y dos en la ciudad de Santa Fe. “Las políticas han sido efectivas, tanto desde las comunidades educativas como desde el Ministerio de Educación y la investigación en lo penal. Los recursos y las intimaciones realizadas, también”, sostuvo.La postura oficial chocó de frente con los argumentos del letrado Mingarini, quien antes de la conferencia había cuestionado la validez jurídica del cobro. El abogado sostuvo que no existe un daño concreto que justifique las intimaciones y que no es posible criminalizar a un adolescente por este tipo de conducta. “No justifican ningún detalle del operativo. Podrían haber sido 6 millones, como 10 millones o 20 mil pesos. No se trata de un incumplimiento contractual, ni de daño por un delito. No se puede cobrar multa si no hay una ley previa porque esto no se puede resolver ni por la disposición de un ministro y ni siquiera por un decreto del gobernador”, declaró Mingarini en LT8.La vocera no dejó pasar las declaraciones sin respuesta. “Usted sabe que los recursos de la provincia los paga usted también con sus impuestos y todos los santafesinos. Esto tiene que ver con los recursos de los santafesinos, que se expusieron ante una broma en un contexto muy difícil en el que no sólo los chicos de esa escuela quedaron a la deriva ese día, sino nosotros que, como Estado, pusimos recursos”, le respondió Coudannes directamente.Y fue más lejos: “Puede presentar los reclamos que quiera. Que hable en este sentido me parece una falta de respeto para aquellos que se esfuerzan, pagan sus impuestos y, consecuentemente, tienen que tener garantizados todos los servicios del Estado”.

En una reunión interministerial entre CGE, Policía, Copnaf y Justicia, se evaluó que padres o tutores de menores que realicen amenazas en escuelas asuman los costos de los operativos, en el marco de una reparación civil.El gobierno de Entre Ríos decidió tomar medidas ante la ola de amenazas y mensajes intimidatorios en establecimientos educativos. En una reunión de la que participaron el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca; el jefe de Policía de la Provincia, Claudio González; el Secretario de Justicia, Julián Maneiro, y el Juez Penal de Niños y Adolescentes, Pablo Barbirotto, entre otros presentes, definieron las acciones legales y económicas que se ejecutarán contra los responsables.A diferencia de los procesos penales que pueden verse limitados por la edad de los menores, el estado provincial determinó la viabilidad de promover el recupero de los gastos ocasionados por los operativos de seguridad.“Cada vez que se activa un protocolo por amenaza de bomba o tiroteo, se movilizan recursos humanos, logísticos y tecnológicos que tienen un costo altísimo para los contribuyentes. Ese despliegue, provocado por una conducta irresponsable, configura un daño patrimonial que el estado no tiene por qué absorber”, señalaron las autoridades en el encuentro.De acuerdo a lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación (Arts. 1753 y 1755), la responsabilidad civil recae directamente sobre los progenitores o responsables. En este sentido, la provincia iniciará las acciones legales para que los padres o tutores de los alumnos ya identificados en las causas judiciales afronten el pago de los costos operativos.

Gracias al trabajo de inteligencia tecnológica de la policía, ya se han individualizado a la mayoría de los autores de diversas amenazas en distintas localidades.Durante el encuentro, las autoridades de seguridad estimaron que los costos de la suma de los operativos ante mensajes amenazantes ascendieron a una cifra que supera los 250 millones de pesos. Este cálculo incluye el despliegue de móviles, personal especializado, brigadas de explosivos, logística y horas hombre que se detraen de la prevención del delito común.Desde la mesa de seguimiento, de la cual también es parte el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), se instó a las familias a tomar un rol activo en la supervisión del uso de dispositivos digitales de sus hijos. “No estamos ante una broma estudiantil, sino ante un delito penal que genera alarma pública y un gasto innecesario de recursos que deberían estar destinados a la prevención del delito real”, concluyeron.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que si Irán ataca algún barco estadounidense en las cercanías del estrecho de Ormuz, será “borrado de la faz de la Tierra”, en referencia al Proyecto Libertad.“Irán ha recibido solo 24 horas. Después de eso, el mundo podría presenciar uno de los ataques aéreos más devastadores jamás vistos”, sostuvo el mandatario norteamericano en declaraciones a la cadena Fox News y supo la Agencia Noticias Argentinas.Trump anunció el domingo el inicio del Proyecto Libertad, una operación mediante la cual el ejército estadounidense “guiará” a los barcos que llevan semanas varados en el Golfo Pérsico hacia su salida a través del Estrecho de Ormuz.Irán advirtió el lunes que cualquier embarcación que intentara transitar por la vía marítima sería atacada.Según un comunicado del Comando Central de Estados Unidos, el Proyecto Libertad cuenta con destructores de misiles guiados, más de 100 aeronaves terrestres y marítimas, plataformas no tripuladas multidominio y 15.000 efectivos.Trump también anunció que el Jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ofrecerán una rueda de prensa el martes por la mañana.“Tenemos más armas y municiones de mucha mayor calidad que antes”, dijo Trump. “Tenemos el mejor equipo. Tenemos material por todo el mundo. Tenemos bases por todo el mundo. Todas están bien abastecidas de equipo. Podemos usar todo eso, y lo haremos, si es necesario”.Afirmó también en Truth Social que Irán “ha atacado a naciones ajenas a Irán”, incluyendo un buque de carga surcoreano, pero que ningún otro barco ha sufrido daños. Según informes, Irán también lanzó misiles contra los Emiratos Árabes Unidos.“¡Quizás sea hora de que Corea del Sur se una a la misión!”, dijo Trump y añadió que Estados Unidos ha destruido siete lanchas rápidas iraníes.

Una frase en una jornada escolar que derivó en amenazas

El docente concordiense Martín Valdéz, profesor de Historia y de TIC en nivel primario y secundario, fue amenazado telefónicamente luego de participar en una jornada educativa en la que se abordaban valores y el rol de la escuela como espacio de contención. En diálogo con El Heraldo, explicó que el encuentro incluía actividades y la proyección de un video sobre experiencias docentes, lo que lo llevó a intervenir para aportar su mirada.

En ese contexto, expresó: “Está muy bueno que se propongan hablar de estos temas, sobre todo en los tiempos actuales, y hay que tener en cuenta que con hambre no se puede ni enseñar ni aprender”. Esa afirmación, según indicó, fue el punto de partida de la situación posterior. Durante la jornada, aseguró, no hubo ningún tipo de conflicto y su planteo fue compartido por otros docentes.

Un llamado anónimo cargado de insultos

Días después del encuentro, el docente recibió un llamado telefónico en su domicilio que rápidamente tomó un tono agresivo. “Me llamaron insultándome de todas las formas posibles, acusándome de ser peronista, diciéndome que deje de lavarle la cabeza a los chicos y que me iban a denunciar”, relató. Según explicó, la comunicación incluyó amenazas de denuncias ante padres, directivos y autoridades educativas, además de cuestionamientos sobre su rol como docente. En un primer momento pensó que se trataba de una broma, aunque luego advirtió la gravedad del episodio y manifestó su preocupación por el origen del contacto: “Después me quedó la duda de por qué me llamaban, de dónde tenían mi número”.

Respaldo institucional y difusión del caso

Tras lo ocurrido, la situación tomó estado público a partir de un comunicado difundido por una de las instituciones en las que trabaja, que expresó su respaldo y repudió las amenazas. Valdéz destacó el acompañamiento de colegas y directivos, quienes consideraron que su intervención no fue inapropiada sino que reflejaba una realidad cotidiana. “Es algo que lo vemos, lo vivimos y lo sentimos todos los días en las escuelas”, afirmó. Aunque recibió recomendaciones para formalizar una denuncia, finalmente decidió no avanzar en esa instancia por motivos personales.

El trasfondo: hambre, desigualdad y educación

Más allá del episodio puntual, el docente remarcó que su intervención buscaba visibilizar problemáticas estructurales que atraviesan a los estudiantes. En la entrevista, describió un contexto de creciente dificultad social: “Los chicos manifiestan el hambre, la falta de recursos, la vestimenta, son cosas que se ven y se sienten incluso en los barrios”. En esa línea, señaló que muchas escuelas intentan dar respuestas con recursos propios: “Todo se hace a pulmón, con colectas, juntando lo que nos sobra para que los chicos no pierdan su derecho a la educación”.

Opinión, tensiones y debate público

Valdéz también se refirió al impacto personal que tuvo el episodio y a las dificultades actuales para expresar determinadas problemáticas en el ámbito educativo. “Hoy hacer pública una idea es saber que después vas a tener repercusiones, malos comentarios o malas intenciones”, sostuvo. A su vez, aclaró que su planteo no estuvo dirigido a responsabilizar a un sector en particular, sino a señalar una situación más amplia: “No hago alusión a un sector en particular, es algo más estructural que necesita soluciones de fondo”.

En ese sentido, insistió en la importancia de visibilizar la realidad social: “No podemos decir que no hay hambre en Concordia, basta con salir a caminar los barrios para darse cuenta de lo que pasa”.

La escuela ante problemáticas que la exceden

Finalmente, el docente reflexionó sobre el rol de la escuela frente a problemáticas sociales cada vez más complejas. “La escuela tiene que hacerse cargo de muchas cuestiones sociales que terminan explotando ahí adentro”, sostuvo. Y concluyó: “Hay chicos que lo están pasando mal, hay escuelas que lo están pasando mal, y eso hay que decirlo”.

En esta línea, el organismo emite una serie de recomendaciones dirigidas a familias y referentes afectivos con el objetivo de acompañar y sostener a niños y adolescentes en un contexto que requiere escucha y orientación. “Estas problemáticas no se originan exclusivamente en la escuela, sino que responden a una realidad social más amplia. Por esto, la respuesta también debe ser colectiva”, señaló la coordinadora de Políticas Transversales del CGE, Betiana Clarisa Zalazar.Ante la recepción o visualización de una amenaza, se recomienda no reenviar el mensaje, ya que esto contribuye a su amplificación. En cambio, es fundamental conservar la evidencia y dar aviso inmediato a la institución escolar o a una persona adulta responsable. Lo que circula en redes puede y debe ser abordado con decisiones en la vida real.El diálogo es una herramienta central, habilitar conversaciones en el hogar, sin esperar a que la situación escale, permite construir espacios de escucha y confianza. Los niños y adolescentes necesitan saber que cuentan con adultos disponibles, capaces de acompañar sin prejuicios ni cuestionamientos, promoviendo formas responsables y respetuosas de vincularse en los distintos ámbitos que transitan.Asimismo, se advierte sobre la importancia de no minimizar estos hechos ni tratarlos como bromas, pero tampoco promover el temor. Se trata de abordar la situación con claridad, serenidad y responsabilidad, transmitiendo que se trata de hechos serios que tienen consecuencias y que los adultos están interviniendo.Otro aspecto importante es comprender que reenviar una amenaza también implica formar parte del problema. Muchas veces estos mensajes se difunden por curiosidad o miedo, pero cada reenvío contribuye a su expansión. Informar correctamente, supone canalizar la situación por las vías correspondientes para activar medidas de resguardo.En este sentido, también se propone dialogar sobre las consecuencias legales de este tipo de acciones. Las amenazas están tipificadas como delito en el Código Penal y en el caso de menores de edad implican la intervención de la Justicia y la aplicación de medidas socioeducativas, además de la responsabilidad civil de las familias.El acompañamiento en el mundo digital es otro punto importante. No se trata de ejercer control, sino de estar presentes, conocer qué circula, qué preocupa y qué impacta en la vida cotidiana de los chicos. Las redes sociales amplifican emociones y contenidos, por lo que la presencia adulta también debe extenderse a esos espacios.Desde el organismo se destaca que el acompañamiento afectivo cotidiano constituye la mejor forma de prevención. Niños y adolescentes que se sienten escuchados, reconocidos y contenidos cuentan con mayores herramientas para atravesar situaciones complejas. Generar espacios de pertenencia, establecer límites con sentido y atender los malestares son prácticas esenciales.

Se invita a las familias a confiar en la escuela y sostener el vínculo con las instituciones educativas. Las escuelas de la provincia cuentan con protocolos de actuación, equipos de orientación y articulación con distintos organismos del Estado. Ante cada situación, se activa una red institucional que incluye a equipos educativos, fuerzas de seguridad, ámbitos judiciales y áreas de salud, garantizando una respuesta integral. 

Frente a este escenario, el licenciado en Psicología, especialista en adolescentes y docente de nivel secundario, Rodrigo Seija, dialogó con diario El Heraldo y aportó una mirada profunda para comprender qué hay detrás de estos mensajes que circulan entre estudiantes. Lejos de leer estos episodios como simples “bromas”, el especialista advierte que se trata de manifestaciones que requieren una mirada más amplia, capaz de situarlas en un contexto social, emocional y cultural más complejo.

Más que una broma: un síntoma que interpela“Las amenazas o mensajes anónimos no pueden leerse únicamente como hechos aislados o ‘bromas de mal gusto’”, señala. En su análisis, aparece con fuerza la idea de un fenómeno que se replica: “En muchos casos hay un efecto de contagio, donde situaciones de alto impacto mediático o emocional se replican”.En ese sentido, plantea que estos comportamientos pueden ser formas de expresar algo que no encuentra otro canal: “El horror, cuando no puede ser tramitado, suele aparecer en forma de actuación, de repetición o incluso de humor”.

Para Seija, el foco no debería estar únicamente en sancionar, sino en comprender: “No estamos llegando a lo que ellos nos quieren expresar. La pregunta es qué malestares, qué tensiones, qué dificultades en el lazo social están apareciendo de este modo”.

Adolescencias atravesadas por la pandemia y las redesEl contexto generacional también resulta clave para entender estos fenómenos. “Estos adolescentes transitaron parte de su escolaridad en pandemia, con entornos digitales y limitada participación social. Eso impacta en la pérdida de habilidades sociales”, explica.A esto se suma el peso de las redes: “Hoy en día se conectan con personas de otros entornos, y muchas veces ni siquiera la familia puede visualizar eso o intervenir a tiempo”. En ese escenario, aparecen riesgos como el grooming o contenidos que banalizan la violencia.

“El fenómeno de masa que generan las redes produce pertenencia, pero también exposición constante a estímulos violentos”, advierte. Y agrega: “Desde la política hasta los contenidos de entretenimiento, todo parece tener un componente de violencia naturalizada”.

El anonimato y el “borramiento del yo”Uno de los rasgos más llamativos de estos episodios es el anonimato. Las amenazas aparecen escritas, sin firma, sin responsables visibles. Para Seija, esto no es casual: “Es como el grito del que está en la cancha, que dice cualquier cosa y se pierde en la multitud”.

Pero va más allá y propone una lectura más profunda: “Antes, en un graffiti, uno quería que aparezca su nombre. Hoy vemos algo distinto: hay un borramiento del yo. Quiero generar algo, pero pasar desapercibido”.Este fenómeno, sostiene, refleja también una dificultad más amplia: “Parece que nadie quiere responsabilizarse de lo que sucede. Pero si pasa en nuestras escuelas, en nuestras familias, algo tenemos que ver”.

Cuando la escuela deja de ser un espacio seguroEl impacto de estas amenazas en la vida escolar es inmediato. “Se quiebra algo en la confianza cotidiana”, afirma el docente. “Aparece la sospecha, la desorientación, incluso entre los adultos. Todos pasan a estar en una actitud de guardia frente al otro”.Esa ruptura no se repara fácilmente: “Después hay que trabajar mucho, porque lo que se rompió es un montón”. Además del miedo inicial, emergen otras emociones como el enojo y la incertidumbre, que tensionan aún más la convivencia.

En paralelo, el especialista advierte sobre una “fragilidad en la convivencia” que ya se venía manifestando: dificultades para tramitar conflictos, para tolerar la diferencia y para construir vínculos sostenidos en el respeto.

Escuchar antes que castigarFrente a este escenario, Seija propone una advertencia clara: las respuestas exclusivamente punitivas no alcanzan. “Se escuchan muchas medidas como penalizar o hacer que los padres paguen operativos. Pueden ser necesarias, pero no resuelven el fondo”.

El eje, insiste, debe estar en la escucha: “No estamos habilitando a los adolescentes a que nos muestren qué sienten, qué piensan, qué les pasa. Y eso se construye en el día a día”.Incluso invierte la pregunta habitual: “Si dicen que los chicos no hablan, es porque algo no se está haciendo para escuchar”.En esa línea, también subraya la responsabilidad compartida: escuela, familias, medios y sociedad. “No se trata solo de controlar, sino de reconstruir condiciones de convivencia, de escucha y de tramitación del malestar”.

La familia, el primer espacio de aprendizajeEn este entramado, el rol de la familia aparece como un pilar central. “El lugar natural de la educación es la familia”, sostiene Seija. “Es la primera institución con la que una persona cuenta desde que nace y donde se construyen las bases de los vínculos, los modos de relacionarse y de tramitar las emociones”.Si bien la escuela cumple una función clave en la socialización y el acompañamiento, el especialista remarca que no puede reemplazar ese primer sostén: “La escuela alfabetiza, acompaña, ayuda a socializar, pero la familia tiene un lugar fundamental que no puede ser delegado”.

Sin embargo, advierte que en la actualidad ese rol muchas veces aparece desdibujado o atravesado por tensiones. “Vemos situaciones en las que los propios adultos intervienen desde lugares muy cargados emocionalmente, incluso con respuestas agresivas, que lejos de ordenar, intensifican los conflictos”.En ese sentido, recuperar el diálogo, la escucha y la presencia cotidiana se vuelve clave. No se trata solo de intervenir cuando aparece el problema, sino de construir vínculos que permitan prevenirlo, sostenerlo y acompañarlo a tiempo.Porque, en definitiva, entender lo que les pasa a los adolescentes también implica mirar hacia adentro y preguntarse qué lugar están ocupando hoy los adultos en esa construcción.

En este marco, hechos como los mensajes intimidantes sobre supuestos ataques armados podrían encuadrarse —según el análisis jurídico— en el delito de intimidación pública, contemplado en el artículo 211 del Código Penal, que prevé penas de dos a seis años de prisión para quienes generen temor colectivo o alteren el orden público mediante amenazas o falsas alarmas.

No obstante, el nuevo régimen introduce un esquema diferenciado para adolescentes. En los casos donde la pena prevista sea menor a tres años, la ley establece que no se aplicará prisión, sino sanciones alternativas. Entre ellas se incluyen advertencias formales (amonestación), restricciones de contacto o de circulación, prohibición de asistir a determinados lugares, e incluso la obligación de realizar tareas comunitarias.Para delitos con penas de hasta diez años —como podría ser la intimidación pública— también existe la posibilidad de evitar la prisión efectiva, siempre que no haya existido violencia grave, antecedentes penales o daños severos a las víctimas. En estos casos, el juez puede optar por medidas como monitoreo electrónico, reparación del daño o reglas de conducta específicas.

La normativa también contempla, como última instancia, la aplicación de penas privativas de la libertad, aunque prioriza medidas socioeducativas y de reinserción.Otro aspecto clave es que la ley ya tiene fecha de aplicación: entrará en vigencia este año, pasado los 180 días después de su publicación en el Boletín Oficial, por lo que su implementación es inminente.

En este contexto, especialistas advierten que este tipo de amenazas —aunque muchas veces sean consideradas “bromas”— tienen consecuencias concretas. No solo implican la intervención judicial, sino que pueden derivar en sanciones que afectan la vida cotidiana de los jóvenes y su entorno familiar. 

Luego de que se detectaran nuevas amenazas vinculadas a posibles tiroteos —a través de mensajes escritos en los baños— en la Escuela Técnica Nº 2 de Concordia, las autoridades del establecimiento comenzaron a implementar una serie de medidas preventivas para resguardar a la comunidad educativa.

La directora, Patricia Peña, explicó que una de las primeras decisiones fue establecer un sistema de control en los baños, con el objetivo de evitar este tipo de situaciones. “Preventivamente pusimos llave en los baños. Los estudiantes pueden utilizarlos normalmente, pero deben solicitar la llave. Además, durante los recreos hay un preceptor que regula el ingreso, permitiendo el acceso de a dos alumnos a la vez”, detalló.

Según indicó, esta medida busca no solo prevenir nuevos episodios, sino también ordenar el uso de los espacios comunes en un contexto donde se detectan diversas problemáticas. “Esto también está vinculado al ausentismo de las familias, que se nota, y la escuela termina cubriendo muchos aspectos donde a veces estamos desbordados”, señaló.

En paralelo, la institución prevé avanzar con instancias de diálogo con los estudiantes, a través de charlas orientadas a comprender qué está ocurriendo y abordar el impacto que generan ciertos contenidos consumidos en redes sociales. “Queremos empezar a escuchar a los chicos, ver qué les está pasando. Muchas veces consumen cosas que no son buenas y eso influye”, remarcó Peña.

Otra de las acciones implementadas es la incorporación de cámaras de seguridad: se instalaron dos domos, uno en el ingreso del establecimiento y otro en el patio interno, con el fin de fortalecer la vigilancia y prevenir situaciones de riesgo.

La directora también se refirió a la reacción de algunas familias tras la difusión de las medidas. “Hubo interpretaciones erróneas. Nunca se dijo que los baños no se podían usar. Recibí a madres en la escuela, se les explicó la situación y se fueron tranquilas”, aclaró.

Medidas de seguridad y presencialidad

El protocolo establece que, ante una amenaza, las instituciones deben dar intervención inmediata a los servicios de emergencia y a las autoridades policiales para evaluar el riesgo. La directiva central es mantener la presencialidad cuidada: no se suspenderán las clases, salvo indicación expresa de la fuerza de seguridad, para evitar el efecto contagio y la desinformación. En los casos necesarios, se contará con presencia policial en los horarios de ingreso y permanencia.

Desde el CGE se recordó que estas acciones, aunque se presenten como “retos” de redes sociales, constituyen el delito de intimidación pública (Art. 149 bis del Código Penal). La justicia interviene de oficio y puede haber consecuencias penales incluso para menores de edad y sus responsables legales.

En ese marco, la Policía de Entre Ríos ha logrado individualizar a varios de los autores de estas amenazas en distintas ciudades de la provincia, y se continúa trabajando de manera articulada con la Justicia para avanzar en cada uno de los casos.

El documento oficial insta a los equipos directivos a trabajar junto a los Equipos de Orientación Escolar (EOE) en el acompañamiento socioemocional de los alumnos.Asimismo, se solicita a las familias: informarse únicamente por canales oficiales, no difundir rumores que generen pánico en redes sociales y conversar con los jóvenes sobre el uso responsable de la tecnología y el impacto de la violencia.

“La prioridad es la seguridad, pero también el derecho a la educación en un entorno de calma”, señalaron desde la Coordinación de Políticas Transversales del CGE.

En ese marco, y a partir del trabajo preventivo realizado, no se registraron hechos de violencia ni situaciones que alteraran el normal desarrollo de la jornada escolar en la provincia.

Todas las instituciones funcionaron con normalidad, bajo monitoreo de las autoridades correspondientes. 

Según se informó, la alerta sobre un posible “tiroteo” motivó una evacuación ordenada del edificio escolar, mientras efectivos inspeccionaban las instalaciones para descartar cualquier riesgo. El procedimiento se llevó adelante de manera preventiva, con el objetivo de resguardar a toda la comunidad educativa.

Fuentes policiales indicaron que, ante este tipo de situaciones, se actúa bajo protocolos estrictos que contemplan tomar la amenaza como veraz en una primera instancia. En ese marco, interviene personal de Policía Científica, que realiza pericias para recolectar pruebas, incluyendo análisis de escritura y registros fotográficos, con el fin de identificar a los responsables.

Asimismo, se dio intervención a la Fiscalía, que deberá avanzar con la investigación y determinar si se trató de una amenaza concreta o de una falsa alarma.Hasta el momento, no se detectaron indicios que señalen un riesgo inminente, aunque las autoridades remarcaron que cada advertencia se aborda con total seriedad. Durante el operativo, se mantuvo contacto permanente con directivos, docentes y estudiantes para transmitir tranquilidad.El hecho se inscribe en una seguidilla de situaciones similares registradas en distintos establecimientos educativos, donde mensajes anónimos y pintadas con amenazas generan alarma entre alumnos, docentes y familias. Frente a este escenario, se reforzaron medidas de prevención y articulación institucional.

La causa se originó a partir de una denuncia en la que una familia habría amenazado a otra utilizando un arma de fuego, lo que motivó el avance de las tareas investigativas y la posterior intervención judicial.Durante los procedimientos, los efectivos incautaron dos armas de fuego de fabricación casera calibre 5.5 mm, un arma calibre .38 sin marca ni numeración visible, y una pistola calibre 9 mm marca CZ75B con cargador y ocho cartuchos.

Además, se secuestraron una caja con 36 cartuchos calibre 9 mm, diez cartuchos calibre .38, 80 envoltorios de cocaína, cuatro teléfonos celulares y diez gallos de riña, en el marco de una posible infracción por maltrato animal.

Como resultado del operativo, fueron detenidos dos hombres mayores de edad, imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de armas de fuego. Asimismo, se procedió a la correcta identificación de otro hombre de 30 años.

Las actuaciones se desarrollaron con conocimiento del fiscal Dr. Mario Figueroa y contaron con la participación de distintas áreas de la Jefatura Departamental Concordia. 

A principios de marzo, la Municipalidad de Maciá informó que pagó un juicio laboral por maltrato a una empleada municipal durante la gestión Troncoso (año 2007). El comunicado oficial habla de maltrato, pero el ex intendente Román Troncoso (hijo de Ricardo) dio una nota al canal de esa localidad donde descartó dicho maltrato. Sin embargo, el actual intendente de Maciá, Ariel Müller, insistía con que había sido maltrato por lo que se llevó adelante el juicio que terminó abonando el Municipio.“En la radio comentamos las dos versiones, y el martes 10 de marzo, Troncoso le escribió a mi padre, asegurándole que me iba a ´cagar a trompadas´ y que se las voy a pagar diciendo lo juro por mis hijos y nietos”.

Consultado por el Monitoreo de FOPEA, Troncoso dijo: “No sé de qué me estás preguntando, la verdad que yo no tengo ningún problema con nadie”. Cuando se le mostraron las fotos con las amenazas, argumentó que esos mensajes fueron enviados “en un momento de calentura que uno tiene y un error, pero yo nunca le puse un dedo a nadie”. Sobre el colega dijo: “Ese chico viene diciendo hace rato cosas contra mí que no son ciertas, hace rato buscando mugre y yo no estoy dispuesto a bancarme que diga que yo había maltratado a una empleada en la municipalidad. Es un chico que lamentablemente se le ha agarrado conmigo. Nunca amenacé a nadie. Al padre solamente le dije que le dijera en ese escrito que le parara al hijo porque lo voy a cagar a palos”.

El periodista Veit recuerda que, en abril de 2023, Ricardo Troncoso ya lo había amenazado llamando a su padre, luego de que él comentó por la radio la investigación judicial por peculado de la cual era objeto el ex jefe comunal, acusado de haberse quedado con parte del sueldo de sus contratados cuando fue diputado provincial, en el marco de la causa de Contratos Truchos de la Legislatura entrerriana.FOPEA registra el hecho como un caso de amenazas a un periodista, en perjuicio de la libertad de expresión y del derecho de la ciudadanía a recibir información sin condicionamientos ni limitaciones.

El precio del barril de petróleo Brent, de referencia mundial, superó los US$110 en medio de un fuerte nerviosismo por la marcha de la guerra en Medio Oriente. El crudo registró una suba de más de 7% en el día y avanzó más de 50% en un mes.Irán lanzó ataques este miércoles a Qatar y Arabia Saudita. Los bombardeos provocaron un incendio en la refinería de Ras Laffan, cerca de Doha y la principal de gas natural licuado del país, y en un depósito de combustible para aviones.Estos ataques se produjeron después de que Israel atacó las instalaciones gasíferas de Pars Sur, que forman parte del mayor yacimiento de gas del mundo que comparten Irán y Qatar, y de que el Ejército iraní prometiera no iba a quedar impune.

La amenaza llenó de nerviosismo el mercado. “Como ya advertimos, si la infraestructura de combustible, energía, gas y economía de nuestro país es atacada por los sionistas estadounidenses, atacaremos con vehemencia la fuente de la agresión y al enemigo”, dijo un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, una enorme corporación de ingeniería y construcción controlado por Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), citado por la agencia de noticias local Fars. Poco después, se registró el ataque a Qatar y los Emiratos.Estados Unidos e Israel bombardearon este miércoles las instalaciones gasísticas situadas en la zona económica especial de energía de South Pars, en la ciudad de Asulayeh, a orillas del Golfo, reportó la televisión estatal.

El crudo Brent repuntó más de un 4% hasta superar los US$111 por barril, mientras que el WTI, de referencia estadounidense, subió un 1,7% y alcancó los US$97 por barril. En tanto, los precios de referencia del gas natural tanto en Europa como en Asia registraron alzas superiores al 5%, informó la CNN.Desde los primeros ataques a Irán lanzados por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, los precios del petróleo se dispararon casi un 50%.

Trump busca alternativas para contener el precio del petróleo

Trump analiza alternativas para contener el alza del crudo después que Irán cerró el estrecho de Ormuz, donde pasa el 20% del comercio de petróleo y de gas licuado natural del mundo.En ese escenario de enorme incertidumbre mundial y con fuertes cuestionamientos internos, el presidente estadounidense lanzó varias medidas que incluyen una flexibilización de sanciones a Venezuela.

El mandatario anunció además una exención de 60 días a la Ley Jones, que data de hace un siglo. La medida levanta durante dos meses la prohibición de que embarcaciones con bandera extranjera transporten carga entre puertos estadounidenses.Se trata de una iniciativa que busca mitigar las “disrupciones a corto plazo en el mercado petrolero” derivadas del conflicto, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado.“Esta acción permitirá que recursos vitales como el petróleo, el gas natural, los fertilizantes y el carbón fluyan libremente hacia los puertos estadounidenses durante sesenta días”, explicó.

La ley de 1920 tenía como objetivo promover la construcción naval estadounidense, pero sus críticos sostienen que obstaculiza el libre comercio y encarece los costos para los consumidores.Por separado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió también una licencia para autorizar ciertas transacciones entre entidades estadounidenses establecidas y la empresa petrolera estatal de Venezuela, PDVSA.“Esta licencia beneficiará tanto a Estados Unidos como a Venezuela, al tiempo que respaldará el mercado energético mundial al aumentar la oferta de petróleo disponible”, dijo un portavoz del Departamento del Tesoro.

Qué va a pasar en el estrecho de Ormuz

En tanto, Trump dijo su país no necesita el estrecho de Ormuz y amenazó con dejar su control a las naciones que dependen de la vía estratégica de petróleo y gas y que no acudieron a su llamado para garantizar la seguridad en el paso marítimo, bloqueado por Irán.“Me pregunto qué pasaría si ‘acabáramos’ con lo que queda del Estado terrorista iraní y dejáramos que los países que lo usan, nosotros no, se hicieran responsables del llamado ‘estrecho’. Eso haría que algunos de nuestros ‘aliados’ que no responden se pusieran las pilas, ¡y rápido!”, escribió en su red Truth Social.Estas nuevas advertencias llegan un día después de que el mandatario estadounidense afirmara que la OTAN cometió “un error muy tonto” al rechazar su llamado para garantizar la seguridad de tanqueros y buques mercantes en el estrecho de Ormuz ante los ataques de Irán.

La reacción no tardó en llegar. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró que los miembros de la Alianza están discutiendo cómo reabrir el estrecho de Ormuz.“He estado en contacto con muchos aliados y estamos de acuerdo en que debe de abrir de nuevo. Los aliados están discutiendo de forma colectiva cuál es la mejor forma de hacerlo”, dijo Rutte en rueda de prensa conjunta con los ministros noruegos de Exteriores, Espen Barth Eide, y Defensa, Tore O. Sandvik en Bardufoss (norte de Noruega).

Rutte se reunió en Oslo con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y viajó después a la localidad de Bardufoss para observar las maniobras organizadas por la OTAN desde hace una semana y que reúnen a cerca de 30.000 soldados de 14 países.

Las maniobras, denominadas “Cold Response” (Respuesta Fría), incluyen también el norte de la vecina Finlandia, simulan una guerra contra un enemigo ficticio y tienen como objetivo reforzar la capacidad defensiva de la OTAN y de Noruega en el flanco norte y contribuir a una disuasión creíble, según explicó el Ministerio de Defensa noruego.(Con información de EFE y AFP)

Según se informó, las actuaciones se iniciaron luego de la difusión, el pasado 16 de enero de 2026, de un comentario amenazante publicado en la red social Facebook. El mensaje fue realizado sobre una pieza audiovisual titulada “Video en donde la Guardia Urbana Municipal intimida a las mujeres que esperan ser recibidas por el intendente Azcué”. De acuerdo a la investigación, el contenido del comentario no solo habría estado dirigido al jefe comunal, sino también a Luciano Dell Olio y a otros funcionarios municipales y provinciales. El usuario que habría efectuado la publicación fue identificado como “Chelo Lima”.En el marco de la denuncia, Azcué aportó además elementos de prueba digital vinculados a amenazas anteriores, presuntamente atribuidas al mismo usuario, las cuales habrían sido recibidas mediante conversaciones mantenidas a través de Facebook y WhatsApp. Todo este material fue incorporado a la causa en trámite.

Asimismo, una vecina del presunto autor de las amenazas radicó una denuncia por hechos de similares características, aportando audios y chats de WhatsApp, que también fueron sumados a la investigación judicial.A partir de las diligencias realizadas y una vez determinada la identidad del usuario involucrado, el Juzgado de Garantías, a cargo de la Dra. Seró, libró una orden de allanamiento que fue ejecutada en el domicilio del sospechado. El procedimiento arrojó resultados positivos, con el secuestro de una réplica metálica de arma de fuego, una notebook, un teléfono celular y una cámara de seguridad.Los elementos incautados serán sometidos a peritajes por parte del área forense, con el objetivo de extraer y analizar la información contenida en los dispositivos. Las actuaciones se desarrollan bajo conocimiento de la fiscal de turno, Dra. Mondragón, y la causa continúa en etapa de investigación.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó este lunes al pueblo colombiano a marchar en las calles este miércoles para defender la soberanía de su país ante las amenazas de intervención militar por parte de Estados Unidos.“Se han reunido fuerzas sociales de Colombia a la movilización general del pueblo colombiano el miércoles a las cuatro de la tarde en todas las plazas públicas del país. En la Plaza de Bolívar hablaré al pueblo bogotano. ¡Colombia libre!”, escribió Petro en X.Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario colombiano invitó además a todos los ciudadanos a unirse en defensa de su independencia y democracia izando una bandera de Colombia en la entrada de sus casas o lugares de trabajo.La iniciativa surge en medio de la polémica global por la reciente intervención de fuerzas estadounidenses en Venezuela el pasado sábado para secuestrar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras lo cual Donald Trump, presidente estadounidense, calificó a Colombia como “país enfermo” al que le gustaría intervenir militarmente.En las últimas horas Petro rechazó las acusaciones en su contra que lo vinculan sin pruebas con el narcotráfico y aseguró que cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas de Colombia y con el de su pueblo.

El procedimiento permitió el secuestro de tres envoltorios que contenían piedras de clorhidrato de cocaína compacta, además de otros elementos considerados de interés para el avance de la causa.Como consecuencia del operativo, fueron aprehendidas dos personas, un hombre y una mujer, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes.

El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina detuvo en Mendoza a dos hombres acusados de difundir mensajes antisemitas y de amenazar de muerte al presidente Javier Milei. Los arrestos se concretaron tras dos allanamientos, en los que también se incautaron armas de fuego y municiones.De acuerdo con fuentes policiales, la causa se inició en octubre, a partir de un informe elaborado por áreas de inteligencia que detectaron publicaciones en redes sociales con referencias al nazismo y expresiones de odio contra la comunidad judía. En ese marco, los investigadores también identificaron amenazas explícitas contra el jefe de Estado.

Desde la fuerza señalaron que el operativo se realizó conforme a los lineamientos del Ministerio de Seguridad para prevenir hechos de terrorismo y discriminación. La ministra Alejandra Monteoliva sostuvo que los detenidos no solo incitaban a la violencia contra el Presidente, sino que además promovían mensajes de extrema gravedad contra la comunidad judía, y remarcó la política de “tolerancia cero” frente al antisemitismo.Las armas y el resto de los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Unidad Fiscal N° 9 del Ministerio Público Fiscal de Mendoza. Los detenidos —argentinos de 37 y 43 años— fueron puestos a disposición del magistrado interviniente.

La investigación está a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza, conducido por Marcelo Fabián Garnica. Durante los procedimientos se secuestraron dos armas (calibres .22 y 9 mm), municiones, cartuchos de escopeta, teléfonos celulares y material con simbología de extrema derecha, además de documentación considerada relevante para la causa.El caso se suma a detenciones recientes por amenazas al Presidente, registradas semanas atrás en la provincia de Buenos Aires, en el marco de una política de investigación y persecución penal de discursos de odio y violencia en entornos digitales. 

El aeropuerto de Múnich interrumpió operaciones la noche del jueves tras el avistamiento de drones no identificados en su espacio aéreo, situación que resultó en la cancelación y desvío de decenas de vuelos y alteró los planes de viaje de cerca de 3.000 pasajeros. La suspensión coincidió con la víspera del Día de la Reunificación Alemana y el cierre del Oktoberfest, eventos que incrementaron la afluencia de viajeros, de acuerdo con la agencia AFP.La alarma se activó a las 20:30, hora local, cuando las autoridades policiales alemanas recibieron reportes de drones en las inmediaciones de Freising y Erding. Las incursiones persistieron hasta la medianoche, lo que obligó a cerrar ambas pistas de aterrizaje y detener el tráfico aéreo. Según informó Reuters, la normalidad operativa se restableció hacia las 5:00 del viernes.La policía de Múnich y equipos federales realizaron inspecciones en la zona e implementaron helicópteros para intentar localizar los dispositivos. Sin embargo, “no se dispone de información sobre el tipo y número de drones”, confirmó un portavoz policial. La falta de visibilidad durante la noche imposibilitó precisar el tamaño y naturaleza de los aparatos; hasta la mañana siguiente, no hubo incidentes materiales ni personas detenidas.Fuentes de Lufthansa consultadas por AFP informaron que 19 vuelos de la compañía resultaron afectados entre cancelaciones y desvíos. En total, el aeropuerto registró 17 vuelos suspendidos y 15 aterrizajes redirigidos, según datos suministrados. Los pasajeros impactados pasaron la noche en la terminal, donde recibieron camas plegables, mantas y alimentos.El incidente encendió nuevamente el debate sobre la vulnerabilidad de infraestructuras críticas europeas ante la amenaza de drones. El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, expresó al diario Bild que se trata de “otra llamada de atención”.Rusia lanzó ataque un masivo con misiles y drones contra la infraestructura energética de varias regiones de UcraniaDobrindt advirtió que la protección frente a drones exige mayores inversiones en investigación y recursos tecnológicos, una necesidad que extenderá a la agenda de la próxima reunión de ministros del Interior de la Unión Europea.El suceso derivó además en medidas políticas inmediatas. El primer ministro de Baviera, Markus Söder, planteó en redes sociales facultar a la policía para derribar drones, reclamando “soberanía total sobre nuestro espacio aéreo”.Este operativo se suma a una serie de incidentes con drones en Europa en las últimas semanas. Aeropuertos de Dinamarca, Noruega y Polonia también suspendieron vuelos tras incursiones similares, mientras autoridades de Rumania y Estonia sugirieron a Rusia como posible procedencia de los dispositivos, hipótesis rechazada taxativamente por el gobierno ruso.La reacción en la Unión Europea fue inmediata. En una reciente cumbre en Copenhague, líderes del bloque decidieron reforzar la defensa anti-drones con nuevas tecnologías.Dinamarca recibió asistencia técnica de Suecia y defensas suministradas por Estados Unidos para garantizar la seguridad del encuentro. Además, la OTAN también incrementó la vigilancia aérea sobre los países bálticos ante posibles violaciones del espacio aéreo.En paralelo, se reportaron drones cerca de la base de la Fuerza Aérea alemana en Erding y sobre la base militar belga de Elsenborn, cercana a la frontera con Alemania. Mientras Bild recogió versiones sobre aparatos observados directamente sobre el enclave militar, la policía señaló a AFP que no pudo verificarlas de forma independiente. El Ministerio de Defensa de Bélgica ya abrió una investigación.Las sospechas de una “guerra híbrida” por parte de Rusia dominaron el discurso político. El primer ministro de Dinamarca, Mette Frederiksen, sostuvo ante la prensa: “Solo un país representa una amenaza para la seguridad de Europa, y es Rusia”.El jefe del servicio de inteligencia militar danés, Thomas Ahrenkiel, aseveró que “Rusia está utilizando medios militares, incluso de forma agresiva, para presionarnos sin provocar una guerra convencional”.El Kremlin respondió negando toda implicación con las incursiones y tildó de “histeria” los señalamientos europeos. Esta semana, el presidente ruso Vladimir Putin ironizó: “Ya no volaría drones sobre Dinamarca”.El gobierno alemán endureció su postura tras lo ocurrido en Múnich, con un paquete de propuestas legislativas para ampliar los poderes legales de la policía y autorizar la intervención del ejército en la neutralización de drones, iniciativa que se debatirá en el parlamento nacional.Durante la mañana del viernes, las actividades en el aeropuerto de Múnich recuperaron la normalidad. El primer vuelo en aterrizar fue procedente de Bangkok, poco después de las 5:00, informó la emisora pública alemana BR. Los pasajeros comenzaron a recibir reubicación en nuevos trayectos y asistencia para continuar sus viajes, confirmaron responsables aeroportuarios. (Con información de AFP y Reuters).

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y ex mandatario del país, Dmitri Medvédev, respondió a lo que Moscú consideró como “amenazas” del presidente ucraniano Volodímir Zelenski a los funcionarios, sugiriéndoles que busquen refugios antiaéreos.“El bastardo necesita saber otra cosa: Rusia puede usar armas contra las que un refugio antiaéreo no protegería. Y los estadounidenses deberían recordarlo”, afirmó Medvédev en sus redes sociales, en referencia al presidente de Ucrania.Según el sitio Actualidad RT, Zelenski amenazó -en una entrevista con Axios- nuevamente con ataques de largo alcance contra el Kremlin. “Si Estados Unidos nos proporciona armas de largo alcance, las usaremos.  Primero, (los funcionarios del Kremlin) deben saber dónde están los refugios antiaéreos. Si no detienen la guerra, los necesitarán”.Por otra parte, el jefe de la bancada mayoritaria del Parlamento georgiano, Irakli Kirtsjália, le aconsejó a Zelenski “lavarse la boca”, después que este apuntara en su intervención ante la Asamblea General de la ONU contra el supuesto deterioro de los derechos humanos en ese país caucásico.

Durante su discurso, Zelenski afirmó que Europa perdió a Georgia, donde, aseveró, “los derechos humanos y el carácter europeo del sistema estatal no hacen más que encogerse”.Kirtsjália manifestó que Zelenski “insulta, en primer lugar, a la población de su propio país contra la cual se practica el reclutamiento violento” para luchar contra Rusia.“El mundo entero observa, literalmente, cómo se secuestra a la gente en las calles”, expresó en referencia a la movilización forzosa.Asimismo, instó a Zelenski a estudiar los informes de la Unión Europea sobre Georgia para ver “dónde se encuentra su país actualmente en cada aspecto, ya sea en corrupción, libertad de prensa, derechos humanos”.“Este títere, primero debería lavarse la boca antes de hablar de esa manera sobre nuestro país”, reclamó.

Un referente político de La Libertad Avanza (LLA) fue denunciado por amenazas y quedó involucrado en un operativo judicial. Según publicó el portal Chajarí al Día, la denuncia se radicó en Villa del Rosario por una supuesta intimidación con arma de fuego.El allanamiento se llevó a cabo en un establecimiento rural ubicado sobre calle Concordia, pasando Milán, conocido como “El Leoncito”. Allí, personal policial requisó la vivienda, el vehículo y las pertenencias del acusado, bajo orden judicial, logrando el secuestro de un revólver cromado.Si bien la identidad del denunciado no fue difundida oficialmente, se trata de un citricultor con proyección política en la zona, que ya había participado en elecciones anteriores por La Libertad Avanza y que, de acuerdo con medios locales, arrastraría denuncias similares en el pasado.En el procedimiento intervinieron la Sección Judiciales, Policía Científica, tropas de apoyo y la Brigada de Investigaciones, quienes confirmaron el resultado positivo del operativo.