—Pero esa información ya la tiene el Estado —responde el hombre.—Sí, pero pertenece a otro organismo.

El hombre guarda todo, respira profundo y se retira pensando que, tal vez, Javier Milei tenga razón cuando describe al Estado argentino como una máquina que muchas veces fabrica obstáculos en lugar de soluciones.

Esa misma tarde recibe una llamada. Su madre se descompensó y fue trasladada a un hospital público. La atendieron profesionales formados en una universidad nacional, llegó hasta allí por una calle construida con recursos públicos y accedió a medicamentos mediante un sistema que, aun con carencias y demoras, no le preguntó primero cuánto dinero tenía en su cuenta bancaria.En pocas horas, el mismo ciudadano conoció las dos caras del Estado: la burocracia que demora y la institución que protege. Por eso, la discusión central no consiste en elegir entre tener Estado o eliminarlo. La pregunta seria es otra: qué Estado necesitamos, para cumplir qué funciones, con qué recursos, con qué resultados y al servicio de quién.

Orden fiscal: un acierto necesarioHay que reconocerlo, incluso cuando incomode a una parte de la oposición: varias reformas impulsadas por el Gobierno nacional eran necesarias. La Argentina llevaba demasiado tiempo naturalizando el déficit permanente, la emisión monetaria, la inflación crónica y la utilización del aparato público como refugio de militantes, familiares, asesores y estructuras cuya utilidad concreta nadie podía demostrar.

El equilibrio fiscal no es una extravagancia ideológica ni una obsesión contable. Es una condición básica de estabilidad. Un Estado que gasta sistemáticamente más de lo que recauda termina financiándose con impuestos, deuda o emisión. Las tres vías tienen límites y, tarde o temprano, trasladan el costo a la sociedad, especialmente a quienes menos herramientas poseen para protegerse.

La baja de la inflación no es solamente una mejora estadística. Permite que un comerciante calcule sus costos con algo más de previsibilidad, reduce la pérdida de ingresos entre el comienzo y el final del mes y evita que una familia deba convertirse en especialista financiera para defender sus ahorros. La estabilidad también es una política social, porque la inflación castiga con mayor dureza a quienes viven de ingresos fijos y conservan sus recursos en pesos.

La política de desregulación tuvo, además, aspectos positivos. Según la información oficial, hasta junio de 2026 se habían dictado 689 normas de desregulación, modificado o eliminado 2.699 normativas y revisado más de 16.000 artículos. Detrás de esos números existen trámites redundantes, registros superpuestos y exigencias que, muchas veces, protegían más a una burocracia o a intereses establecidos que al ciudadano.

Eliminar formularios inútiles, digitalizar expedientes, simplificar habilitaciones, compartir información entre organismos y revisar estructuras duplicadas son reformas razonables.Cuando la motosierra deja de distinguirEl problema aparece cuando una herramienta necesaria se transforma en una identidad política. Una motosierra puede cortar una rama seca, pero también puede dañar el tronco que sostiene al árbol. El Estado argentino requería una revisión profunda; revisar, sin embargo, no es arrasar. Reducir cargos políticos, organismos superpuestos o gastos sin finalidad no equivale a debilitar hospitales, universidades, infraestructura, ciencia, políticas de discapacidad o capacidades de regulación.

Desde la perspectiva de las finanzas públicas, el equilibrio de las cuentas responde solamente a una de las preguntas que debe formularse un gobierno. La buena gestión fiscal exige contestar al menos tres: cuánto se gasta, en qué se gasta y qué resultados produce ese gasto. Reducir el déficit puede resolver la primera dimensión, pero no garantiza por sí mismo una asignación inteligente ni una prestación eficiente.

La disciplina fiscal es indispensable, pero necesita criterio. Sin prioridades, el ajuste puede ser contablemente exitoso y económicamente miope.Una parte del orden fiscal se obtuvo mediante la compresión de gastos y transferencias que cumplen funciones económicas y sociales relevantes.

La postergación de obras, el deterioro real de remuneraciones en áreas sensibles, la incertidumbre presupuestaria y la pérdida de equipos técnicos no siempre aparecen de inmediato en el resultado mensual del Tesoro. Sus efectos surgen después: rutas deterioradas, proyectos demorados, profesionales que se alejan, menor investigación, servicios saturados y costos productivos más altos.

La pregunta incómoda es inevitable: ¿qué ocurre cuando la macroeconomía comienza a ordenarse, pero una parte de las familias, las industrias, las pequeñas empresas y las economías regionales todavía no encuentra su lugar dentro de ese orden? No alcanza con responder que el mercado resolverá todo en algún momento. La política debe administrar la transición, porque las reformas estructurales generan costos concretos y no todos los sectores disponen del mismo tiempo ni de la misma capacidad para absorberlos.

Una economía no se desarrolla solamente porque el Tesoro deja de tener déficit. También necesita inversión, infraestructura, crédito, educación, innovación, empresas competitivas y trabajadores con ingresos suficientes para consumir.

El mercado necesita libertad, pero también caminos, energía, justicia, seguridad y capital humano. Y necesita un Estado capaz de impedir que la desregulación termine reemplazando la competencia por posiciones dominantes. Retirar controles inútiles puede ampliar la libertad; destruir toda capacidad de control puede dejar al ciudadano solo frente a actores mucho más poderosos.

Milei interpretó un enojo verdadero. Pero la casta no es la maestra que enseña en una escuela rural, el médico que cumple una guardia, el investigador que trabaja en un laboratorio, el empleado municipal que recoge residuos ni el administrativo que atiende correctamente a un contribuyente. La casta aparece cuando el poder se utiliza para colocar amigos, garantizar impunidad, obtener negocios, eludir controles o convertir recursos públicos en patrimonio partidario.Además, los privilegios no existen solamente dentro del Estado. También pueden aparecer en empresas protegidas de la competencia, sindicatos cerrados, corporaciones profesionales, concesionarios y organizaciones privadas que utilizan su influencia para obtener ventajas.

La reforma que todavía faltaLa Argentina no necesita regresar al Estado desordenado, deficitario y colonizado por intereses políticos. Pero tampoco debe avanzar hacia un Estado ausente, incapaz de garantizar derechos, planificar el desarrollo o intervenir frente a desigualdades profundas.

El equilibrio fiscal debe incorporar una mirada intertemporal: no todo gasto es consumo y no todo ahorro genera riqueza. Postergar mantenimiento o inversión puede mejorar el presente contable a costa de empeorar el futuro económico.

En un país federal, además, el rediseño debe incluir a provincias y municipios, responsables de buena parte de los servicios que la población utiliza cada día. No existe un Estado nacional eficiente si el ajuste simplemente traslada obligaciones sin recursos a los niveles subnacionales.

La coordinación fiscal debe premiar la responsabilidad, pero también asegurar estándares mínimos de educación, salud, infraestructura y protección social en todo el territorio.

La Argentina necesita salir de la falsa elección entre un Estado elefante y un Estado fantasma. No debe volver al aparato burocrático que multiplicaba oficinas mientras los problemas seguían intactos. Pero tampoco puede aceptar un Estado reducido hasta la impotencia, que se retire de funciones esenciales bajo la expectativa de que todo será resuelto espontáneamente por el mercado.

La moderación no significa tibieza, neutralidad ni falta de convicciones. Significa distinguir. Defender con la misma firmeza el equilibrio fiscal y la inversión estratégica; eliminar privilegios sin abandonar derechos; promover la libertad económica sin renunciar a la competencia; reducir burocracia sin destruir capacidades; y comprender que el orden de la caja debe estar al servicio de un proyecto de desarrollo.

Significa reconocer que Milei tuvo razón al cuestionar el déficit, la inflación y una burocracia muchas veces ineficiente, pero también advertir que la motosierra, cuando deja de diferenciar entre lo inútil y lo indispensable, puede debilitar aquello que después resulta mucho más costoso reconstruir. Reconocer un acierto no obliga a justificar todas sus consecuencias; señalar un daño no exige negar todo el proceso de estabilización.

Los extremos ofrecen respuestas simples a problemas complejos. Uno promete que el Estado puede resolverlo todo sin restricciones; el otro sostiene que casi cualquier problema se resuelve retirándolo. Ambos alimentan la frustración y la división.

Tal vez el hombre de nuestra historia regrese algún día a aquella oficina. Quizás ya no tenga que llevar una carpeta ni presentar información que el propio Estado posee. Tal vez pueda completar el trámite desde su teléfono en pocos minutos, conocer el estado del expediente y reclamar si el plazo no se cumple.

Y si esa misma tarde su madre vuelve a necesitar atención, encontrará un hospital equipado, profesionales reconocidos y medicamentos disponibles. Ese sería un verdadero Estado moderno: uno que no molesta cuando no es necesario y que nunca desaparece cuando la sociedad más lo necesita.

El equilibrio fiscal debe ser el punto de partida, no el punto de llegada. Pero convertir la caja en la única medida del éxito también es una forma de fracaso: un presupuesto puede cerrar y, al mismo tiempo, dejar abiertas las heridas de una sociedad que pierde producción, infraestructura, conocimiento y oportunidades.

El país se reconstruirá cuando el orden fiscal se transforme en desarrollo, la eficiencia en confianza y la libertad en una posibilidad concreta para todos.

Ni elefante ni fantasma: un Estado que sepa retirarse donde estorba, actuar donde hace falta y permanecer, con firmeza, allí donde se juega el futuro de su gente. 

Ese fenómeno no se explica solamente por el fútbol. El fútbol es apenas el disparador visible de algo mucho más profundo. Lo que aparece en esos días es una identidad colectiva que muchas veces permanece escondida bajo la superficie de la discusión cotidiana. El Mundial nos recuerda que, cuando tenemos un objetivo común, los argentinos tenemos la capacidad de emocionarnos juntos, organizarnos espontáneamente, acompañarnos y celebrar sin preguntarle al otro de dónde viene ni qué piensa.Pero lo más valioso no sucede únicamente dentro de la cancha. Sucede afuera. En las calles, en las plazas, en las avenidas, en los barrios, en las familias, en los comercios, en los lugares de trabajo. Las caravanas y los festejos muestran una Argentina distinta. Jóvenes ayudando a cruzar a personas mayores para que puedan sumarse a la celebración. Gente haciendo lugar para quienes tienen dificultades de movilidad. Familias enteras compartiendo una bandera. Desconocidos abrazándose por un gol. Personas que jamás se habían visto compartiendo una sonrisa sincera.Es como si, por un instante, recordáramos quiénes somos realmente. Entonces surge una pregunta inevitable: si somos capaces de convivir así durante un Mundial, ¿por qué nos cuesta tanto hacerlo el resto del tiempo?

La Argentina tiene una enorme capacidad para unirse detrás de una ilusión deportiva, pero una enorme dificultad para construir acuerdos duraderos en torno a sus problemas estructurales. Nos emocionamos juntos con una camiseta, pero nos dividimos rápidamente cuando hay que discutir educación, trabajo, seguridad, impuestos, deuda pública, infraestructura, producción o desarrollo. Allí donde deberíamos construir políticas de largo plazo, muchas veces caemos en la lógica del enfrentamiento permanente.Uno de los grandes problemas nacionales ha sido haber reemplazado el debate por la pertenencia. En demasiadas ocasiones no analizamos las ideas por su contenido, sino por quién las propone. Aplaudimos o rechazamos según el color político, no según la razonabilidad de la propuesta. Esa forma de convivencia pública tiene costos enormes. No solo deteriora la calidad institucional. También afecta la economía, las finanzas públicas y la vida cotidiana de la gente.

Porque la economía no se ordena únicamente con medidas técnicas. También necesita confianza. Y la confianza requiere previsibilidad, diálogo, reglas claras y acuerdos mínimos. Ningún país logra desarrollarse si cada cambio de gobierno implica empezar de cero, deshacer todo lo anterior y construir un relato nuevo como si la historia comenzara otra vez. Ninguna sociedad puede progresar si convierte cada discusión pública en una batalla entre vencedores y vencidos.La Argentina necesita consensos básicos. Consensos sobre la estabilidad macroeconómica, la responsabilidad fiscal, la calidad del gasto público, la educación, la infraestructura, la producción, el empleo privado, el federalismo, la seguridad jurídica y la inserción inteligente en el mundo. No se trata de que todos pensemos igual. Eso sería imposible y, además, indeseable. Se trata de aceptar que existen temas que deberían estar por encima de cualquier gobierno y de cualquier coyuntura electoral.

En materia fiscal, por ejemplo, el país arrastra desde hace décadas una discusión pendiente. Hemos tenido ciclos de expansión del gasto sin financiamiento genuino, períodos de endeudamiento excesivo, ajustes abruptos, presión tributaria mal distribuida, inflación persistente y una enorme dificultad para transformar los recursos públicos en servicios de calidad. Un país serio no puede discutir sus cuentas públicas cada cuatro años como si fueran un botín electoral. La responsabilidad fiscal debería ser una política de Estado. Pero también debería serlo la sensibilidad social. Ordenar las cuentas no puede significar abandonar a los sectores más vulnerables. Y sostener políticas sociales no puede ser excusa para destruir el equilibrio fiscal.La verdadera discusión está en encontrar un Estado que sea financieramente responsable, socialmente presente y administrativamente eficiente.

La Argentina ha sufrido tanto por el despilfarro como por los ajustes mal diseñados. Ha conocido gobiernos que gastaron más de lo que podían y gobiernos que, en nombre del orden fiscal, descuidaron áreas estratégicas para el desarrollo. La salida no está en elegir entre Estado ausente o Estado desordenado. La salida está en construir un Estado inteligente, moderno, transparente, que mida resultados y que ponga los recursos donde realmente generan valor público.Lo mismo ocurre con el sistema tributario. Hace años que se habla de la necesidad de una reforma integral, pero casi nunca se avanza con la profundidad necesaria. Argentina tiene una estructura impositiva compleja, distorsiva y muchas veces injusta. Se grava demasiado a quienes producen, trabajan y cumplen, mientras amplios sectores quedan fuera del sistema o encuentran formas de eludirlo. La carga tributaria termina afectando la inversión, la formalización del empleo y la competitividad.También necesitamos consensos sobre la inversión pública. Durante años, la obra pública fue usada muchas veces como herramienta electoral, con proyectos anunciados, demorados, paralizados o ejecutados sin planificación. Pero un país no se desarrolla sin infraestructura. Rutas, puertos, energía, conectividad, saneamiento, viviendas, escuelas, hospitales y logística son condiciones básicas para crecer. La discusión no debería ser obra pública sí u obra pública no. La discusión seria es qué obras, con qué financiamiento, con qué controles, con qué prioridades y con qué impacto productivo y social.

El Mundial nos muestra algo que la política y la economía deberían aprender: cuando el objetivo es claro, todos entendemos el rol que nos toca. Nadie le pide al arquero que juegue de delantero ni al defensor que haga lo que corresponde al técnico. Hay estrategia, preparación, liderazgo, equipo y confianza. Cada uno cumple una función, pero todos comparten una misma meta.En la vida pública debería ocurrir algo parecido. El sector privado tiene un rol central en la generación de empleo, inversión e innovación. El Estado debe crear condiciones, regular con inteligencia, garantizar derechos, invertir en infraestructura y asegurar servicios públicos de calidad. Las universidades deben aportar conocimiento, investigación y formación. Los sindicatos deben defender derechos laborales, pero también participar de una discusión moderna sobre productividad y empleo. Las organizaciones sociales deben ser parte de la reconstrucción del tejido comunitario. Los medios de comunicación deben informar, controlar y promover debates honestos. La ciudadanía debe involucrarse más allá del enojo circunstancial.Nadie puede ganar solo el partido del desarrollo.

La Argentina tiene recursos naturales, talento humano, capacidad productiva, creatividad, ciencia, cultura, turismo, energía, campo, industria y una sociedad solidaria que el mundo admira cada vez que llega un Mundial. Pero todo ese potencial necesita ordenarse detrás de un proyecto común. Quizás el verdadero desafío no sea ganar otra Copa del Mundo. Quizás el desafío sea conservar ese espíritu cuando el árbitro marca el final del partido.

Porque el país no va a salir adelante por la voluntad de un solo dirigente, de un solo partido, de un solo sector o de una sola generación. La salida será colectiva o no será. El día que entendamos que pensar distinto no significa ser enemigos, que reconocer un acierto ajeno no implica renunciar a las propias ideas y que el bien común debe estar por encima de cualquier fanatismo, habremos dado un paso más importante que cualquier victoria deportiva.

Cuando Argentina juega unida, demuestra que puede lograr cosas extraordinarias. La pregunta es si estaremos dispuestos a hacer lo mismo cuando el partido más importante no se juegue en una cancha, sino en el futuro del país y de nuestra propia ciudad.

Por eso, al momento de evaluar el crecimiento de un país, no alcanza con mirar solamente si el nivel de actividad sube o baja. También es necesario observar qué sectores impulsan ese crecimiento, cuántos puestos de trabajo generan, cuánto valor agregan y de qué manera ese dinamismo llega —o no llega— a la vida cotidiana de las familias.

En la Argentina actual conviven actividades con mayor capacidad de expansión, apoyadas en ventajas competitivas, precios internacionales, grandes inversiones, tecnología, escala productiva o beneficios fiscales específicos. Pero también existen sectores que avanzan con muchas más dificultades: el comercio local, las pequeñas y medianas empresas, la construcción, la gastronomía, los servicios personales y buena parte de las actividades vinculadas al consumo interno.Allí aparece la idea de una Argentina a dos velocidades.

La primera velocidad: los sectores beneficiados

En la primera velocidad aparecen los sectores vinculados con grandes inversiones, exportaciones, recursos naturales, energía, minería, agroindustria, determinadas actividades financieras y empresas de gran escala. Son actividades importantes porque generan divisas, inversión, producción y, en algunos casos, desarrollo tecnológico.

El problema no es que estos sectores crezcan. Argentina necesita exportar, atraer inversiones y aumentar su productividad. El problema aparece cuando el Estado concentra en ellos la mayor parte de los beneficios fiscales, mientras los sectores que más empleo generan quedan sin herramientas equivalentes.

Las grandes empresas y los proyectos de escala cuentan con regímenes promocionales, estabilidad tributaria, beneficios aduaneros, ventajas cambiarias, reducción de cargas, tratamientos especiales o facilidades que buscan garantizar rentabilidad y previsibilidad. A eso se suman condiciones externas favorables: precios internacionales, demanda global, financiamiento, tecnología y mayor capacidad para absorber crisis.

Es decir, no solo parten de una posición competitiva más fuerte, sino que además reciben del Estado incentivos que mejoran todavía más su situación relativa.

Esta no es una discusión contra la inversión. Sería absurdo negar la necesidad de que Argentina produzca más, exporte más y atraiga capitales. La cuestión central es otra: ¿por qué los sectores que ya tienen ventajas competitivas reciben los mayores beneficios, mientras el comercio local, las pymes y las familias siguen soportando una pesada carga tributaria?

La segunda velocidad: comercio, pymes y familias

En la otra velocidad están los comercios de barrio, las pequeñas y medianas empresas, la construcción local, la gastronomía, el transporte, los servicios profesionales, los talleres, los emprendimientos familiares y las actividades que dependen del consumo interno.

Estos sectores sostienen buena parte del empleo real de las ciudades. Son los que toman trabajadores, contratan proveedores locales, alquilan locales, pagan tasas municipales, compran insumos y mantienen viva la economía cotidiana.

Sin embargo, son justamente los que menos alivio reciben. Mientras una gran inversión puede acceder a estabilidad fiscal por décadas, una pyme no sabe si el mes próximo podrá pagar sueldos, alquiler, luz, tasas, impuestos, cargas sociales y proveedores. Mientras una empresa de escala negocia condiciones especiales, un comerciante local paga IVA, Ingresos Brutos, tasas municipales, contribuciones, impuestos bancarios y costos laborales sobre márgenes cada vez más reducidos.La diferencia es brutal: unos reciben incentivos para invertir; otros apenas intentan sobrevivir.

Además, las pymes y comercios ya no compiten solamente con el negocio de la esquina. Compiten con plataformas digitales, importaciones, grandes cadenas, comercio electrónico, empresas extranjeras, automatización, inteligencia artificial y modelos de escala global.

Es decir, se les exige competir como si fueran grandes empresas, pero se los sigue tratando tributariamente como si tuvieran espaldas financieras ilimitadas.

No se trata de enfrentar sectores, sino de equilibrar el desarrollo

Sería un error plantear esta discusión como una guerra entre campo e industria, entre grandes empresas y pymes, o entre exportadores y mercado interno. El país necesita a todos: exportadores, energía, minería, agroindustria, tecnología, industria nacional, comercio, servicios, turismo, construcción y economía del conocimiento.

El problema es cuando el Estado elige, por acción u omisión, a quién le ofrece un puente y a quién lo deja cruzar el río nadando.Un modelo de desarrollo equilibrado debería utilizar la potencia de los sectores más competitivos para fortalecer cadenas de valor locales, proveedores nacionales, pymes regionales, empleo formal, infraestructura, capacitación e innovación tecnológica.

Si una gran inversión se instala en el país, debería generar una red de proveedores locales. Si una actividad exportadora recibe beneficios, debería integrarse con la industria nacional. Si un sector obtiene estabilidad fiscal, debería comprometer empleo, transferencia tecnológica y compras regionales. El beneficio fiscal no puede ser solamente una concesión. Debe ser una herramienta de desarrollo.

Concordia también tiene dos velocidades

Esta discusión nacional tiene una expresión muy concreta en Concordia. Nuestra ciudad también convive con dos realidades.

Por un lado, existen actividades con potencial: citricultura, madera, producción agroindustrial, turismo, servicios, logística, comercio regional y economía del conocimiento. Hay sectores que podrían insertarse mejor en cadenas de valor provinciales, nacionales e internacionales.

Pero por otro lado, Concordia tiene una enorme economía urbana que depende del ingreso de las familias: comercios, pequeños prestadores de servicios, construcción, gastronomía, transporte, profesionales, emprendedores, talleres, feriantes y trabajadores independientes.

Cuando cae el consumo, Concordia lo siente inmediatamente. Lo siente el almacén, la carnicería, la farmacia, el kiosco, el corralón, el remisero, el gastronómico, el profesional independiente y el pequeño contribuyente municipal. Lo siente también el municipio, porque baja la recaudación, aumenta la morosidad y se debilita la capacidad de financiar servicios públicos.

Por eso, hablar de “dos velocidades” en Concordia no es una metáfora. Es una realidad económica y social.

Hay sectores que pueden tener oportunidades vinculadas con exportaciones, turismo, producción primaria o servicios especializados. Pero hay una gran parte de la ciudad que depende del mercado interno, del salario, de la jubilación, del empleo público, del empleo privado local y del movimiento comercial diario.

Si esa segunda velocidad se frena, se frena Concordia.

Qué debería hacer Concordia

El municipio no puede resolver por sí solo los problemas macroeconómicos del país. No maneja el tipo de cambio, la inflación, las tasas de interés, el IVA ni la política comercial nacional. Pero sí puede diseñar una política local para que Concordia no quede atrapada en la velocidad lenta.

Primero, debe identificar con precisión cuáles son los sectores que generan más empleo local y cuáles tienen mayor potencial de crecimiento. No alcanza con discursos generales. Se necesita información: empresas que abren y cierran, sectores que pierden empleo, actividades con capacidad exportadora y pymes que podrían integrarse como proveedoras.

Segundo, debe revisar la presión tributaria municipal sobre el comercio y las pymes. En una ciudad con baja actividad, alta informalidad y fuerte dependencia del consumo interno, no se puede pensar la política fiscal únicamente desde la necesidad de recaudar. También hay que pensarla desde la necesidad de sostener actividad económica.

Tercero, Concordia necesita una estrategia de compre local, proveedores locales y encadenamientos productivos. Cada obra, contratación pública, evento turístico y política municipal debería preguntarse cuántos pesos quedan en la ciudad y cuántos empleos locales genera.

Cuarto, debe acompañar la transformación tecnológica de las pymes. La competencia digital no va a desaparecer. El comercio local necesita herramientas para vender, cobrar, administrar, promocionarse y competir mejor en un mercado donde las plataformas ya no son una opción, sino una realidad.

Quinto, la política social y la política productiva no pueden caminar separadas. En Concordia, la salida de fondo no puede ser solamente asistencia. Tiene que ser empleo, capacitación, formalización, pequeñas inversiones, apoyo a emprendedores, créditos accesibles y reducción de trabas burocráticas.

La pregunta que importa

La verdadera pregunta no es si Argentina va a crecer. La pregunta es quiénes van a participar de ese crecimiento.

El punto central no es negar la importancia de los sectores que crecen. Al contrario: Argentina necesita que esos sectores se expandan. La cuestión de fondo es analizar si ese crecimiento alcanza para generar empleo suficiente, fortalecer las economías regionales, sostener a las pymes y mejorar el ingreso de las familias.

Concordia necesita mirar este debate con mucha atención. Porque si el país consolida un modelo donde los beneficios se concentran arriba y los costos se pagan abajo, las ciudades más vulnerables serán las primeras en sentirlo.

No se trata de castigar a los que invierten. Se trata de no abandonar a los que trabajan, producen, venden, emplean y sostienen la economía diaria.

Esa es la discusión que debemos dar también en Concordia: cómo interpretar esta economía de dos velocidades y qué puede hacer la ciudad para que el crecimiento no quede concentrado en pocos sectores, sino que se traduzca en más actividad, más empleo y más oportunidades para todos.

Una Argentina a dos velocidades puede mostrar buenos números en algunos despachos, pero dejar demasiada gente al costado del camino. Y una ciudad como Concordia no puede darse ese lujo.

Concordia tiene una paradoja que duele. Es una de las ciudades con mayores potencialidades productivas de Entre Ríos y, al mismo tiempo, una de las que más dificultades sociales arrastra desde hace décadas. Tiene río, frontera, producción citrícola, forestal y agroindustrial, Parque Industrial, aeropuerto renovado, termas, turismo, conexión con Uruguay, cercanía al corredor del Mercosur, instituciones técnicas y capital humano. Sin embargo, buena parte de esa riqueza potencial todavía no se traduce en empleo formal, inversión sostenida, mejores ingresos ni movilidad social.

El problema de Concordia no es la falta absoluta de oportunidades. El problema es que esas oportunidades no han sido integradas dentro de una estrategia de ciudad.

Durante años discutimos la coyuntura: la crisis de la citricultura, la pérdida de empleo, el atraso de infraestructura, la pobreza, la informalidad, la caída del comercio, la falta de inversión, la presión tributaria, el costo de los servicios o la falta de crédito.

Todos esos temas son reales y urgentes. Pero hay una pregunta más profunda que la ciudad debe animarse a responder: ¿qué Concordia queremos construir en los próximos 30 años?

Esa pregunta no puede contestarse con slogans, obras aisladas ni anuncios de ocasión. Se responde con planificación, datos, prioridades, financiamiento, continuidad institucional y participación de los sectores que realmente producen, trabajan, invierten, enseñan y generan conocimiento en la ciudad.

Concordia necesita dejar de pensar su desarrollo como una suma de partes inconexas. El turismo por un lado, el Parque Industrial por otro, la citricultura por otro, el aeropuerto por otro, el comercio por otro y la logística por otro. Esa mirada fragmentada es una de las razones por las cuales tantas potencialidades quedan a mitad de camino.

La ciudad debe pasar de la lógica de los proyectos sueltos a la lógica de un sistema de desarrollo.

La producción citrícola, forestal, hortícola y alimentaria debe estar conectada con la industrialización, el envasado, la conservación, la trazabilidad, la exportación, la innovación tecnológica y la logística. No alcanza con producir materias primas si el mayor valor agregado se genera fuera del territorio. Concordia debe preguntarse cuánta riqueza se produce en la región, cuánta se transforma localmente y cuánta se pierde por falta de infraestructura, escala, financiamiento o coordinación.

El Parque Industrial puede ser una pieza central, pero no puede limitarse a ser un predio donde se ofrecen lotes. Debe transformarse en una plataforma de desarrollo productivo. Para eso necesita servicios confiables, conectividad, accesos adecuados, seguridad jurídica, gestión ambiental, reglas claras e incentivos inteligentes. Pero, sobre todo, necesita una política industrial local: saber qué tipo de empresas se quieren atraer, qué cadenas productivas se busca fortalecer, qué empleo se pretende generar y qué compromisos deben asumir quienes reciban beneficios públicos.

El aeropuerto Comodoro Pierrestegui también debe ser pensado dentro de una estrategia mayor. No alcanza con tener una obra moderna si no se la conecta con turismo, eventos, servicios, comercio exterior, logística liviana, salud, conocimiento y vinculación regional. Lo mismo ocurre con la posibilidad de desarrollar una zona logística, un puerto de barcazas o una mayor integración con Uruguay. Son oportunidades importantes, pero deben ser evaluadas con seriedad técnica, estudios ambientales, análisis económico y etapas verificables.

Concordia no necesita promesas grandilocuentes. Necesita una hoja de ruta. Esa hoja de ruta debería tener horizonte 2056.

Treinta años no significan mirar demasiado lejos. Significan empezar a tomar decisiones que no se agoten en una gestión municipal. Las ciudades que progresan no son las que cambian de rumbo cada cuatro años, sino las que logran acuerdos básicos sobre su perfil productivo, su infraestructura, su ordenamiento territorial, su sistema educativo y su política fiscal.

Pensar Concordia a 30 años exige una visión estadística. Esto es fundamental. No puede haber política pública seria sin medición. La ciudad debería contar con un tablero público de indicadores productivos, sociales, fiscales, ambientales y urbanos. ¿Cuántas empresas se radican por año? ¿Cuántos empleos privados formales se crean? ¿Cuánto pesa la economía informal? ¿Cuánto valor agregado queda en la ciudad? ¿Cuántos jóvenes se capacitan en oficios demandados? ¿Cuánto tarda una habilitación comercial? ¿Qué sectores exportan? ¿Qué inversiones se concretan? ¿Qué obras mejoran efectivamente la competitividad?

Sin datos, la política se transforma en relato. Con datos, puede convertirse en gestión.

El municipio no tiene recursos ilimitados.. No se trata de agrandar el Estado ni de achicarlo por consigna. Se trata de construir un Estado municipal inteligente, capaz de ordenar prioridades, facilitar inversiones, controlar resultados y generar confianza.

Concordia necesita un banco de proyectos estratégicos: obras, programas y reformas previamente estudiadas, con costos estimados, impacto esperado, fuentes de financiamiento posibles y etapas de ejecución. Eso permitiría gestionar recursos provinciales, nacionales, internacionales o público-privados con mayor seriedad. Muchas veces las oportunidades de financiamiento se pierden no porque falten ideas, sino porque no existen proyectos técnicamente preparados.

También hace falta una ventanilla única de inversión. Quien quiera invertir en Concordia no debería perderse en un laberinto administrativo. La ciudad debe simplificar trámites, digitalizar procesos, reducir tiempos, ordenar normas y ofrecer información clara. La seguridad jurídica también es política productiva.

Pero el desarrollo no puede depender solamente del municipio. Deben participar empresarios, comerciantes, productores, sindicatos, universidades, escuelas técnicas, colegios profesionales, instituciones intermedias, emprendedores, sector turístico, organismos técnicos como el INTA, Provincia y Nación. La planificación de una ciudad no puede ser una carpeta cerrada en un despacho. Debe ser un contrato social de desarrollo.

El turismo merece una consideración especial. Concordia tiene termas, río, historia, naturaleza, eventos, cercanía con Salto Grande y una localización privilegiada para construir una oferta regional integrada. Pero el turismo tampoco debe mirarse como una actividad aislada. Debe conectarse con gastronomía, cultura, producción local, transporte, comercio, hotelería, formación laboral, servicios digitales y promoción inteligente. El turismo genera empleo cuando se lo profesionaliza y se lo integra al resto de la economía.

La educación es otro eje central. Concordia no podrá cambiar su matriz productiva si no vincula mejor la formación con el empleo. Escuelas técnicas, universidades, institutos terciarios y centros de capacitación deben dialogar con las necesidades reales y futuras de la economía local: agroindustria, logística, mantenimiento industrial, programación, análisis de datos, energías renovables, gestión ambiental, turismo, comercio exterior y economía del conocimiento.

La gran batalla del futuro será por el talento. Si Concordia no ofrece oportunidades a sus jóvenes, seguirá formando capacidades que luego emigran. Una ciudad que pierde a sus jóvenes pierde futuro.

Por eso, hablar de producción no es hablar solamente de empresas. Es hablar de movilidad social, arraigo, educación, infraestructura, tecnología, ambiente y calidad de vida. El desarrollo productivo bien diseñado reduce pobreza, fortalece el comercio, mejora la recaudación, amplía la base tributaria y permite financiar mejores servicios públicos sin asfixiar al contribuyente.

La ciudad tiene que sentar en una misma mesa a todos los sectores relevantes de su economía y construir una agenda común: producción con valor agregado, turismo integrado, logística regional, modernización del Parque Industrial, aeropuerto articulado al desarrollo, educación vinculada al trabajo, infraestructura priorizada, reglas claras, sustentabilidad ambiental e indicadores públicos.

El futuro no se improvisa. Se diseña, se financia, se mide y se sostiene en el tiempo. Para es hay que dejar de empezar de nuevo cada cuatro años. Dejar de mirar sólo la emergencia. Dejar de discutir el desarrollo como una promesa abstracta.

Es hora de pensar Concordia a 30 años, porque las ciudades no progresan únicamente por lo que tienen. Progresan cuando saben hacia dónde van.

Durante el año pasado, en esta misma columna, sostuvimos una idea que hoy vuelve con forma de datos: el ajuste puede ser un instrumento de emergencia en el corto plazo, pero no puede ser el único motor de la sostenibilidad fiscal. Si el equilibrio presupuestario se logra por shock de gasto y sin una estrategia consistente para sostener actividad, inversión y consumo, el resultado es un círculo vicioso: más ajuste - más recesión - menos recaudación - necesidad de más ajuste.La política fiscal queda atrapada en la lógica de “cerrar la caja” mientras la base imponible se erosiona. El gráfico es, justamente, la visualización de esa erosión.

Lo que muestra el gráfico: de la expansión real al terreno negativo persistenteLos números son elocuentes. En los primeros meses de 2025, la recaudación nacional aparece con variaciones reales positivas: +5,8% en enero, +11,8% en febrero, +5,7% en marzo, +7,2% en abril. Luego llega un quiebre: mayo marca -17,4% real.Después se observa un rebote breve (+2,8% en junio; +4,5% en julio) y, a partir de allí, se instala un patrón preocupante: agosto -2,2%; septiembre -8,7%; octubre -3,7%; noviembre -8,8%; diciembre -3,5%; enero 2026 -7,4%.

¿Qué significa esto, en términos simples y técnicos a la vez?“En términos reales” implica que la recaudación se está mirando descontando inflación. No alcanza con que los pesos recaudados suban nominalmente: si suben menos que los precios, caen en poder de compra, que es lo que importa para pagar sueldos, comprar insumos, financiar hospitales o sostener servicios.La recaudación es, además, un termómetro de actividad. Con matices, los impuestos más relevantes se mueven con el nivel de consumo, producción, importaciones, empleo formal y rentabilidad. Si la economía se enfría, el Estado lo siente en la caja.Y aquí aparece la primera conclusión: no estamos ante un “bache” aislado, sino ante una trayectoria que, desde agosto, muestra caídas reales repetidas y profundas, con dos meses —septiembre y noviembre— cerca de -9%.

Del equilibrio contable al problema de base imponible: la microeconomía como condición fiscalUno de los errores más frecuentes del debate público es suponer que el equilibrio fiscal es solo una cuestión de voluntad o de “austeridad”. Desde finanzas públicas, el equilibrio no es una consigna: es una identidad.Si se recorta gasto a un ritmo superior a la caída de ingresos, el resultado mejora. Pero eso no responde la pregunta clave: ¿qué pasa con los ingresos cuando el recorte afecta la actividad?El gasto público no es solo “un costo”. También es demanda, es ingreso de hogares, es compras a proveedores, es obra, es transferencias.En una economía con restricciones estructurales como la nuestra (crédito caro, inversión frágil, alta informalidad, capacidad ociosa), un ajuste de shock puede acelerar la recesión y golpear el consumo. Y el consumo —nos guste o no— es una de las bases imponibles más rápidas y sensibles: cuando cae, se resienten tributos asociados a transacciones, ventas, servicios, combustibles, comercio exterior, actividad formal.

Esto explica por qué insistimos el año pasado: el equilibrio fiscal sin plan productivo termina devorando su propia recaudación. Porque la sostenibilidad fiscal no es solo “gastar menos”: es recaudar de manera estable, lo cual exige una economía que al menos no se achique en términos reales.En otras palabras: se puede “cerrar” el resultado por un tiempo con tijera, pero no se puede sostener indefinidamente una caja pública sobre una sociedad que pierde empleo, salario real y consumo.El punto ciego del discurso nacional: cuando cae Nación, se desploman provincias y municipiosAcá aparece el corazón federal del problema. La recaudación nacional no es solo “plata de Nación”. En un país con fuerte desequilibrio vertical, la Nación concentra tributos potentes y luego distribuye una parte vía coparticipación y transferencias.Por eso, cuando se enfría la recaudación real, no cae una sola caja: cae un sistema de financiamiento intergubernamental.En provincias como Entre Ríos, la dependencia es estructural: la coparticipación y transferencias automáticas suelen representar más del 80% de los ingresos corrientes provinciales.Este dato, más allá de la cifra exacta en cada año, describe un hecho financiero esencial: el presupuesto provincial está atado al pulso de la recaudación nacional. Y los municipios, a su vez, quedan atados al pulso provincial y a su propia recaudación local, que también depende de la actividad.

Entonces, cuando el gráfico muestra caídas reales persistentes de la recaudación nacional, lo que está mostrando —en cadena— es: 1) menor masa de recursos a distribuir (cuando cae la masa coparticipable real) o mayor presión sobre transferencias no automáticas; 2) presupuestos provinciales más frágiles, con gasto rígido (salud, educación, seguridad, salarios); y 3) Municipios asfixiados, porque sus fuentes propias suelen ser estrechas y políticamente sensibles, y porque la demanda de servicios sociales crece justo cuando los recursos reales caen.Dicho sin eufemismos: la recaudación nacional en caída real es una fábrica de problemas fiscales subnacionales.

Conclusión: el gráfico no anuncia un problema contable, anuncia un límite de modeloLa enseñanza del gráfico es clara: cuando el equilibrio fiscal se sostiene solo por la tijera, la recaudación tarde o temprano pasa factura. Y cuando pasa factura, el ajuste se vuelve adictivo: hace falta más recorte para compensar menos ingresos, y ese recorte vuelve a dañar la actividad que alimenta la recaudación.Por eso lo dijimos el año pasado: el equilibrio fiscal es condición necesaria, pero no suficiente. Sin crecimiento económico no hay equilibrio sostenible. No es una consigna partidaria: es una restricción presupuestaria intertemporal aplicada a un país real. Y el país real es federal. Cuando cae la recaudación nacional en términos reales, no cae solo “la Nación”: caen también Entre Ríos, sus municipios y cada comunidad que depende de esos recursos para sostener servicios esenciales.La discusión que viene, entonces, no debería ser “cuánto más ajustar”, sino cómo sostener el orden fiscal sin destruir la base económica que lo financia. Porque el equilibrio fiscal, para ser virtud, tiene que ser duradero. Y para ser duradero, necesita aquello que ningún recorte puede reemplazar: una economía que vuelva a crecer. 

La política argentina tiene un talento recurrente: convertir un debate técnico en un eslogan emocional. “Aprobada la Ley de Inocencia Fiscal”, celebran algunos; “amnistía encubierta”, denuncian otros. Pero el verdadero problema no es el nombre, sino lo que revela: un Estado que admite —tarde— que su aparato de control se volvió masivo, caro e ineficaz, y que ahora intenta recomponer autoridad bajando la presión sobre el contribuyente común.

La iniciativa, vale aclararlo, tiene media sanción en Diputados y debe pasar por el Senado; no está cerrada. Y mientras se discute el proyecto, el Gobierno ya empuja el cambio por la vía administrativa: sube umbrales de información y deroga regímenes informativos que funcionaban como una red de trazabilidad de consumo y patrimonio.El argumento oficial suena sensato: “no perseguir a la gente”, concentrarse en “los evasores verdaderos”. En un país donde la inflación destruyó escalas y la nominalidad volvió sospechosa cualquier operación de tamaño medio, hay un punto atendible: si todo es “alerta”, nada es alerta.En términos prácticos, se informó que, por ejemplo, las transferencias y acreditaciones bancarias pasarían a reportarse recién desde $50 millones para personas humanas (y $30 millones para personas jurídicas), que las extracciones en efectivo dejarían de informarse “desde cualquier monto” para hacerlo desde $10 millones, que los saldos al cierre de mes y los plazos fijos también se elevan a niveles sustancialmente mayores, y que se aumentan los límites en billeteras virtuales y tenencias en AlyCs. A la vez, el Gobierno anunció la derogación de regímenes de información sobre consumos personales con tarjetas, ciertos reportes vinculados a escribanos, expensas, publicaciones de operaciones, y otros circuitos que, en la práctica, alimentaban un sistema de trazabilidad masiva. El argumento: disminuir costos de cumplimiento, reducir el temor a operar en blanco y, de paso, evitar que la burocracia fiscal se consuma en perseguir “volumen” en vez de “calidad” de evasión.El componente más delicado —y quizás el más importante para evaluar consecuencias— es el que toca el Régimen Penal Tributario y el procedimiento. La orientación reportada públicamente es elevar los umbrales a partir de los cuales una evasión se vuelve penalmente perseguible, evitando que montos nominales bajos (para la escala macro actual) terminen empujando a la justicia penal situaciones que deberían resolverse por la vía administrativa. En cobertura sobre el tratamiento legislativo se mencionó, como ejemplo, un salto fuerte en el umbral de evasión simple (de $1,5 millones a $100 millones). En el mismo sentido, el anuncio oficial afirmó que, de unas 7.000 causas en el fuero penal tributario, el nuevo enfoque tendería a dejar en curso alrededor de 200, concentradas en evasión relevante. En paralelo, se comunicó la idea de acortar prescripción para cumplidores: pasar de cinco a tres años para quienes presenten declaraciones juradas en tiempo y forma, reforzando una regla simple: el que cumple, gana previsibilidad; el que no, enfrenta un horizonte más largo y exigente.Hasta acá, el diseño parece razonable desde una lógica de eficiencia del Estado: menos fiscalización masiva, más selectividad; menos penalización de rutina, más sanción donde hay daño fiscal verdadero. Pero las finanzas públicas no se evalúan solo por intenciones, sino por incentivos. Y el primer riesgo que aparece es de señal: subir umbrales y relajar reportes puede interpretarse —en una sociedad con larga historia de informalidad defensiva— como “evadir sale barato” o “nadie controla”. Ese riesgo no es moralista, es operativo: si se deteriora la moral tributaria de los que ya cumplen, el costo fiscal puede ser mayor que el beneficio de “aflorar” marginalmente actividad. El segundo riesgo es distributivo: en Argentina, los que más aportan “sin opción” suelen ser los trabajadores formales vía retenciones y percepciones, y muchas pymes registradas que no pueden esconder su facturación. Si el cambio se lee como una amnistía de hecho para patrimonios no declarados, se erosiona la equidad horizontal (iguales pagando igual) y se debilita el contrato fiscal. El tercer riesgo es sistémico: el país no opera en el vacío, y todo lo que se asocie —aunque sea injustamente— con debilitamiento de controles contra lavado y financiación ilícita puede encarecer la integración financiera externa. No alcanza con decir “no perseguimos al ciudadano”: hay que mostrar que el Estado conserva capacidad de control selectivo y estándares compatibles con reglas internacionales.Ahora bien: el problema de Argentina no es que el Estado “mira mucho”. El problema es que mira mal. Mira al que está a mano, al que está en blanco, al que no puede escaparse del radar. Y en ese exceso de control sobre el contribuyente medio, el fisco fue perdiendo algo más valioso que un dato: fue perdiendo legitimidad.

La “Inocencia Fiscal” pretende recomponer ese vínculo con dos herramientas que son políticamente explosivas. Por un lado, reformar el procedimiento y premiar al cumplidor con menos incertidumbre: se comunicó la reducción de la prescripción de cinco a tres años para quienes presenten en término, reforzando un principio básico: si el ciudadano cumple, el Estado no puede perseguirlo eternamente. Por otro lado, descomprimir el uso del derecho penal tributario elevando umbrales que quedaron ridículos con la inflación. Hasta ahí, el relato cierra. Pero la política económica no se mide por relatos: se mide por incentivos. Y acá aparece el primer choque. Si el mensaje social termina siendo “no pasa nada”, el resultado no será cultura tributaria, sino cultura de impunidad.En Argentina, la línea entre “aliviar” y “relajar” es finísima, porque el historial de cambios de reglas —blanqueos, moratorias, controles, regímenes y contrarreformas— dejó un aprendizaje perverso: esperar siempre conviene.El contribuyente que paga siente que es el único que no tiene premio; el que no paga aprende que tarde o temprano llega una ventana para regularizar barato. Ese es el núcleo de la desconfianza: no es solo hacia el Estado, es hacia el sistema como contrato social.

Una reforma que baja presión y sube umbrales puede ser razonable si se combina con fiscalización inteligente sobre la evasión grande. Pero si se traduce en “menos control” sin reemplazo efectivo, el resultado es un sistema todavía más regresivo: el que no puede esconderse sigue pagando, el que puede esconderse paga menos y encima obtiene validación política.Y llegamos a la pregunta que al Gobierno le interesa: ¿esto suma reservas y estabiliza el dólar? Ojalá, pero conviene bajar la espuma. Las reservas no aparecen porque el fisco sea “menos intenso”.

Las reservas aparecen si la economía genera dólares netos o si consigue crédito genuino. El proyecto puede —en el mejor de los casos— empujar un canal indirecto: que parte del ahorro en efectivo se bancarice, se formalice, se vuelque a instrumentos, y eso facilite crédito e inversión.Pero convertir “colchón” en reservas requiere algo que la ley no crea: confianza macro. Si el que tiene dólares no cree que el régimen cambiario y las reglas se sostienen, no deposita; gasta en efectivo o se queda afuera. Y aunque deposite, eso no implica automáticamente que el Banco Central compre y acumule reservas netas. El puente es más largo: reglas creíbles, instrumentos atractivos, demanda de pesos consistente y un mercado que ofrezca divisas sin disparar expectativas. En un contexto donde la fragilidad de reservas y el acceso al financiamiento siguen siendo temas centrales de la agenda, la ley, por sí misma, no resuelve la restricción externa.Mi conclusión, como especialista en finanzas públicas, es simple: el proyecto parte de un diagnóstico atendible —sobrerregulación informativa y uso excesivo del penal— y, bien aplicado, puede mejorar la relación cotidiana entre el fisco y el contribuyente común. Pero su efecto sobre reservas y estabilidad cambiaria será, en el mejor de los casos, indirecto.

Para que sea una oportunidad real, debe encajar en una estrategia macro creíble y demostrar que el Estado no “mira menos”, sino que mira mejor: con más foco, inteligencia y equidad. Si eso ocurre, parte del “colchón” puede entrar al circuito formal; si no, será otra reforma que baja fricciones, pero no cambia lo decisivo: la restricción externa que, al final, es la que decide cuántas reservas hay y cuán estable puede ser el dólar. 

Este nivel de esfuerzo fiscal podría ser entendible en sociedades envejecidas como las europeas o Japón, donde la proporción de adultos mayores es significativamente más alta. Pero Argentina, con una estructura demográfica todavía joven, sostiene un sistema más propio de países que ya atravesaron la transición poblacional completa. Esta desproporción, que en la superficie parece una virtud protectora de los adultos mayores, en realidad expone una anomalía difícil de sostener en el tiempo.El problema, sin embargo, no se reduce a un gasto elevado, sino a un gasto mal distribuido, profundamente desequilibrado y cargado de distorsiones acumuladas durante décadas.

Las sucesivas moratorias previsionales, los casi 200 regímenes especiales, los parches normativos y los privilegios sectoriales construyeron un entramado opaco, costoso y regresivo. La expansión de la cobertura previsional mediante moratorias fue efectiva para garantizar inclusión en un país con un mercado laboral altamente informal, pero su diseño fue improvisado y repetidamente excepcional. La excepcionalidad, con el tiempo, dejó de ser un remedio transitorio para convertirse en la regla estructural que sostiene el sistema. Así, personas con trayectorias laborales muy distintas —incluso con cero aportes o menos de una década de contribuciones— acceden a beneficios similares a quienes cumplieron estrictamente los 30 años requeridos.El esquema terminó igualando realidades que no son comparables y generando incentivos contradictorios, lo que erosiona la legitimidad del sistema para quienes sí realizaron aportes a lo largo de su vida laboral.A esto se suma el peso de los regímenes especiales, muchos de ellos sin ninguna justificación actuarial contemporánea. Edades diferenciales, cómputos más generosos, requisitos laxos o beneficios duplicados son mecanismos que nacieron por razones históricas, políticas o corporativas y que hoy no resisten un análisis de sostenibilidad. Las duplicaciones entre pensiones y jubilaciones contributivas, la superposición de beneficios y la ausencia de una fórmula proporcional transparente agravan el cuadro. La falta de coherencia interna del sistema no solo genera inequidad horizontal —personas con historias similares que reciben beneficios diferentes—, sino también inequidad vertical —beneficiarios con menos aportes recibiendo haberes más altos que quienes aportaron toda su vida.Estudios recientes del Banco Mundial, CIPPEC y especialistas como Rofman y Apella coinciden en que el núcleo del problema no es la magnitud del gasto previsional, sino la forma en que ese gasto está asignado. Las filtraciones del sistema son numerosas y persistentes: regímenes especiales sin sustento actuarial, moratorias sucesivas que igualan trayectorias laborales muy distintas, superposiciones de beneficios que duplican costos y una fórmula de cálculo del haber inicial que no refleja adecuadamente la historia contributiva real. Todo esto conforma un conjunto de inconsistencias que, lejos de corregirse, se acumula año tras año y compromete la sostenibilidad futura del sistema.

Frente a este diagnóstico, empieza a consolidarse un consenso técnico sobre la necesidad de avanzar hacia un esquema previsional más simple, más universal y más proporcional. La propuesta de rediseño basada en la arquitectura de dos pilares sintetiza ese enfoque: por un lado, un piso básico universal que garantice que ningún adulto mayor quede por debajo de un umbral mínimo; por el otro, una prestación contributiva estrictamente proporcional, donde cada año de aportes sume de manera clara y transparente, eliminando el requisito rígido de los 30 años y corrigiendo las inequidades más evidentes del sistema actual. El objetivo es construir un mecanismo más justo, más predecible y más sostenible, donde la universalidad se alcance sin recurrir a parches y donde se recuperen los incentivos a la formalidad laboral.

El rediseño propuesto contempla, además, una actualización gradual de la edad jubilatoria femenina hasta los 65 años, acompañada por un mecanismo automático de ajuste en función de la esperanza de vida. Esto no representa un “ajuste” en el sentido clásico, sino un alineamiento con las tendencias globales y un reconocimiento de la mayor longevidad. En materia de invalidez, se impulsa un esquema unificado, transparente y con un baremo homogéneo. En cuanto a las pensiones por fallecimiento, la propuesta busca mayor coherencia y la eliminación de duplicaciones, sobre todo cuando el causante ya percibía un beneficio previsional.Las simulaciones disponibles muestran que esta reforma reduciría el gasto previsional futuro en torno al 10%, equivalente a 0,8 puntos del PBI. Pero este ahorro no proviene de recortes sobre los haberes actuales, sino de la eliminación de distorsiones y privilegios que hoy benefician a grupos reducidos y generan costos desproporcionados. Según las estimaciones más recientes, el 74% de los futuros beneficiarios percibiría haberes iguales o superiores a los del esquema actual; solo un 8%, perteneciente a sectores con privilegios, podría ver reducciones relativas; y el 18% sin aportes suficientes mantendría un beneficio básico garantizado. Esto demuestra que la reforma no equivale a un ajuste, sino a un reordenamiento progresivo que reduce inequidades y mejora la sostenibilidad del sistema. En un país con recursos fiscales limitados, ordenar no es un eufemismo: es una obligación técnica y ética.La discusión previsional en Argentina suele devenir en un terreno políticamente sensible, dominado por relatos que presentan cualquier intento de reforma como un ataque a los jubilados.

Sin embargo, el verdadero atentado contra los adultos mayores es perpetuar un esquema que, por su diseño defectuoso y su creciente insostenibilidad, amenaza con deteriorar la calidad y el poder adquisitivo de las futuras jubilaciones. La ausencia de reformas no protege derechos: los debilita. Cuanto más se posterga el debate, más se profundiza el desequilibrio entre aportes y prestaciones, y mayor será la factura que pagarán las próximas generaciones.Argentina necesita un nuevo contrato previsional que integre universalidad sin parches, proporcionalidad contributiva real, sostenibilidad fiscal, igualdad ante la ley y reglas simples y estables. El país no puede continuar financiando moratorias intermitentes, regímenes especiales sin justificación y estructuras que castigan a quienes aportan regularmente mientras premian prácticas corporativas, excepciones históricas y distorsiones de alto costo. La reforma del sistema previsional no debe leerse como un capítulo técnico dentro del debate económico. Es, más bien, el núcleo del futuro argentino. Su sostenibilidad condiciona la estabilidad macroeconómica, la solvencia del Estado y la posibilidad misma de reconstruir un sendero de desarrollo duradero.

Ordenar, modernizar y sincerar el sistema no es una opción ideológica: es una necesidad estructural. Cuanto más se demore, más profunda será la crisis y más costosa la salida. Resolver el laberinto previsional no es solo una obligación fiscal; es, sobre todo, una responsabilidad política y moral con las generaciones presentes y futuras. 

El economista Michael Roberts lo plantea sin rodeos: ¿no será el gran sector de la IA “una gran burbuja, financiada por capital ficticio que no se materializará con los ingresos y, lo que es más importante, con los beneficios para los líderes de IA”? Según sus cálculos, solo entre 2023 y 2025 empresas como Meta, Amazon, Microsoft, Google y Tesla habrán invertido más de 560.000 millones de dólares en proyectos vinculados a la IA, pero los ingresos generados directamente por estas iniciativas rondarían apenas los 35.000 millones. Una brecha demasiado grande como para no encender luces de alarma.

Mucho capital, pocas gananciasEl corazón de la preocupación tiene dos caras. Por un lado, la desconexión entre la magnitud de la inversión y los resultados visibles en ganancias. El crecimiento de las utilidades de las grandes tecnológicas se ha estancado o ralentizado en los últimos trimestres, y los analistas ya anticipan caídas adicionales en 2025 y 2026. Es decir: las compañías valen en Bolsa como si estuvieran a las puertas de una nueva edad de oro, pero sus balances cuentan una historia mucho más modesta. Por otro lado, está el problema de fondo de la economía real: el crecimiento de la productividad laboral. En las economías avanzadas de la OCDE, esa productividad viene desacelerándose desde la década de 1970 y se ha debilitado aún más desde comienzos de este siglo. La promesa de la IA es precisamente revertir esta tendencia; sin embargo, hasta ahora los datos duros no muestran un salto significativo. Si la productividad no despega, el riesgo es que buena parte de las valoraciones actuales se sostengan más en expectativas que en resultados.

Ecos de la burbuja puntocomLa economista Gita Gopinath, en declaraciones recogidas por la revista The Economist en octubre de 2025, también compara el clima actual con la euforia de fines de los años noventa, que terminó en el estallido de la burbuja puntocom en 2000. Entonces, como ahora, la narrativa de la “nueva economía” justificaba precios desorbitados para empresas que acumulaban usuarios y promesas, pero pocas ganancias. Gopinath reconoce que la innovación tecnológica asociada a la IA está transformando industrias y elevando la productividad en algunos sectores. Sin embargo, advierte que los inversores tienen motivos fundados para preocuparse de que el repunte actual esté preparando el terreno para una nueva corrección dolorosa del mercado. Y lanza una alerta aún más inquietante: un eventual desplome hoy podría ser “mucho más grave y de alcance global” que el de hace un cuarto de siglo. La diferencia, señala, es que ahora hay mucha más riqueza en juego y un margen de maniobra política más limitado para amortiguar el golpe.Los gobiernos arrastran deudas elevadas tras la pandemia, la desigualdad se ha profundizado y el contexto macroeconómico internacional —marcado por tensiones geopolíticas, inflación persistente y cambios en el sistema financiero global— es más frágil. En ese escenario, una corrección brusca en los activos ligados a la IA podría actuar como chispa de una crisis más amplia.

¿Burbuja inevitable o corrección necesaria?¿Significa todo esto que la IA es puro humo? No necesariamente. La historia económica muestra que muchas grandes innovaciones —desde los ferrocarriles hasta internet— atravesaron fases especulativas en las que se “sobreinvirtió” y luego vino una fuerte corrección. Parte de ese capital se destruyó, pero otra parte dejó infraestructuras y capacidades que luego impulsaron nuevos ciclos de crecimiento.La cuestión clave es quién paga la factura cuando la burbuja se pincha. Si el auge de la IA está sostenido por expectativas irreales, las pérdidas recaerán sobre accionistas, fondos de inversión, ahorristas y, finalmente, sobre el conjunto de la economía a través de menores empleos, caída del crédito y ajustes fiscales. Los países periféricos, más dependientes del financiamiento externo y de la demanda global, suelen ser los más vulnerables a estos shocks. Al mismo tiempo, minimizar los riesgos tampoco parece una opción responsable. Gopinath subraya que las vulnerabilidades estructurales y el contexto macroeconómico actual hacen que cualquier corrección sea más peligrosa que en 2000. No se trata de frenar la innovación, sino de evitar que el entusiasmo se convierta en una excusa para inflar valoraciones sin respaldo y concentrar aún más poder en unas pocas empresas.

Tres preguntas para el futuro inmediatoDe cara a los próximos años, hay por lo menos tres preguntas que deberían guiar el debate público: 1. ¿Quién controla la infraestructura de la IA? Si la mayor parte de las inversiones se concentra en un puñado de plataformas globales, el riesgo sistémico aumenta: cualquier tropiezo financiero o regulatorio puede tener efectos en cadena. 2. ¿Cómo se distribuyen los beneficios? Si la IA se traduce en ganancias extraordinarias para unos pocos y en precarización laboral para muchos, la tensión social crecerá, aun cuando no haya un colapso financiero inmediato. 3. ¿Qué regulaciones y políticas se necesitan? Los Estados pueden y deben intervenir para evitar abusos de posición dominante, promover la competencia, proteger datos y derechos laborales, y orientar la innovación hacia problemas sociales concretos (salud, educación, medio ambiente) y no solo hacia aplicaciones rentables en el corto plazo.

Entre la esperanza y la prudenciaLa discusión sobre si estamos o no ante una burbuja de IA no es solo un tema para especialistas en finanzas. Afecta a trabajadores, empresas, gobiernos y ciudadanos de a pie. El desafío consiste en aprovechar el potencial transformador de la inteligencia artificial sin repetir los errores de otras olas tecnológicas: creer que esta vez “es diferente”, que las ganancias serán infinitas y que las reglas de la economía dejaron de existir. Los datos que ponen sobre la mesa Michael Roberts y Gita Gopinath invitan a bajar el volumen de la euforia y subir el de la prudencia. La IA puede cambiar el mundo, pero eso no la vuelve inmune a las burbujas. Y si algo enseña la historia económica reciente es que las burbujas, tarde o temprano, siempre terminan explotando.  La inteligencia artificial puede ser el motor de una nueva era económica, pero hoy los datos invitan más a la cautela que a la celebración. La desconexión entre inversión y resultados revive viejos fantasmas de burbujas pasadas. La clave será si el mercado encuentra sustento real antes de que la realidad lo obligue a corregir.

Sin embargo, varias de las medidas discutidas parecen contradecir la promesa oficial de “bajar impuestos”. Entre los puntos más sensibles figuran la eliminación del Monotributo, la reducción del mínimo no imponible para el Impuesto a las Ganancias —rebautizado como Impuesto sobre los Ingresos Personales— y un encarecimiento del régimen de autónomos. Si bien ciertos sectores podrían ver reducido su costo tributario, para una parte significativa de los contribuyentes la carga fiscal podría aumentar o volverse más exigente en términos formales.La propuesta incluye la eliminación del Monotributo, la baja del piso de Ganancias, nuevos criterios de deducciones personales, un régimen laboral de menor carga patronal para nuevas contrataciones y la creación de un Fondo de Despido que reemplazaría el esquema indemnizatorio tradicional.¿Se termina el Monotributo?Uno de los ejes más controversiales es el futuro del Monotributo. El borrador que circula en el Ministerio de Economía propone su eliminación y el traspaso de más de dos millones de contribuyentes al régimen de autónomos.La lógica oficial es llevar a todos los pequeños contribuyentes hacia un sistema donde tributen IVA y Ganancias/Ingresos Personales, compensado con mayores deducciones personales y la posibilidad de descontar gastos respaldados con factura.El objetivo declarado es “blanquear” operaciones hoy informales e incentivar una cultura de cumplimiento tributario más estricta.Para profesionales independientes, pequeños comerciantes, prestadores de servicios y trabajadores por cuenta propia, esto implicaría: 1) Más obligaciones formales (liquidación de IVA, presentación de declaraciones juradas complejas), 2) Necesidad creciente de asesoramiento contable permanente, 3) Un riesgo de aumento de la carga tributaria efectiva si las deducciones no compensan la transición al régimen general, y 4) Mayor exposición a fiscalizaciones ante inconsistencias o falta de documentación respaldatoria.Autónomos: suba de cuotas y nuevas deduccionesEl esquema para autónomos también sufriría cambios de magnitud. Las cuotas actuales —consideradas atrasadas frente a la inflación acumulada— serían actualizadas, con un incremento que podría alcanzar el 100%. A la par, se ampliaría el universo de deducciones personales siempre que los gastos estén debidamente documentados.Se plantea, además, un umbral de facturación para el IVA equivalente a una categoría media del actual Monotributo. Por debajo de ese piso podrían establecerse tratamientos diferenciados o regímenes simplificados, aunque todavía no se conocen detalles.Para profesionales, oficios calificados y cuentapropistas de todas las provincias, este rediseño supone una ecuación compleja: mayor carga fija mensual, pero mayor margen para deducir gastos. El resultado final dependerá de la estructura de costos de cada actividad, el nivel de facturación y la disciplina administrativa para respaldar cada gasto con comprobantes válidos.Ganancias: baja del piso y más contribuyentes alcanzadosOtro aspecto central es el Impuesto a las Ganancias, que pasaría a llamarse “Impuesto sobre los Ingresos Personales”. El Ministerio de Economía propone un único mínimo no imponible, equivalente a un salario bruto real inferior al actual. Esto implicará que millones de trabajadores vuelvan a quedar alcanzados por el tributo.La escala de alícuotas (del 5% al 35%) se mantendría, pero se reorganizarían las deducciones de manera amplia: 1)Gastos personales con límite: alimentación, vivienda, salud, educación, movilidad, seguros, y 2) Rubros sin tope deducible: obra social, PAMI, personal doméstico.En la práctica, trabajadores que hoy no tributan quedarían dentro del impuesto. Y si bien podrían deducir más conceptos, la clave será la formalidad: sin factura, no hay deducción. La reforma apunta, claramente, a modificar hábitos de consumo y forzar una trazabilidad fiscal mucho más estricta.

Nuevo régimen de empleo y fondo de despidoEl borrador prevé un nuevo esquema para la contratación formal, con reducción de aportes y contribuciones en nuevas relaciones laborales, especialmente cuando se trate de personas desempleadas o de ex monotributistas incorporados a la relación de dependencia.La propuesta incluye: 1) Reducción parcial de contribuciones patronales y aportes personales, 2) Beneficios adicionales para empleadores que generen puestos “genuinamente nuevos”, y 3) Implementación de un Fondo de Despido, similar al de la industria de la construcción.Con este fondo, los empleadores harían aportes mensuales proporcionales al salario de cada trabajador. Esos recursos se utilizarían para financiar la desvinculación, reemplazando la indemnización tradicional. Para el Gobierno, esto reduce la litigiosidad y mejora la previsibilidad para el sector privado.

Para pymes, comercios e industrias, una reducción marginal del costo laboral puede ser positiva en un contexto recesivo. No obstante, la transición hacia un sistema distinto de protección frente al despido abre interrogantes jurídicos, laborales y financieros que deberán evaluarse con detenimiento.Impacto en las provincias y en el costo impositivo totalEl debate excede la relación entre Nación y contribuyentes individuales: afecta de lleno a las provincias. IVA y Ganancias se coparticipan, por lo que cualquier alteración en su estructura impacta directamente en los ingresos provinciales.Si la reforma amplía la base de Ganancias y mejora la formalización, la recaudación global podría sostenerse o incluso crecer. Pero la distribución no será pareja: 1) Provincias con mayor formalidad laboral y sueldos más altos podrían recibir más fondos, y 2) Jurisdicciones con informalidad estructural, baja actividad económica y dependencia de Ingresos Brutos quedarían en una posición fiscal delicada.Además, la exigencia de una mayor facturación formal eleva el “costo impositivo consolidado”, es decir, la suma de tributos nacionales, provinciales y municipales. Sin una coordinación real para reducir impuestos en los tres niveles del Estado, el riesgo es que la presión tributaria total aumente, aun cuando el Gobierno nacional presente la reforma como un alivio.

Lo que implica para el paísMás allá de los tecnicismos tributarios y laborales, las consecuencias concretas de esta reforma son amplias:Monotributistas y cuentapropistas podrían enfrentar un sistema más complejo, con mayores costos fijos y una carga administrativa significativa.Profesionales, comerciantes y prestadores de servicios deberán reorganizar su estructura de gastos y su sistema de facturación para maximizar deducciones y evitar contingencias fiscales.Pymes y emprendedores deberán evaluar si la reducción de cargas sociales y el Fondo de Despido realmente mejoran la capacidad de contratar o si introducen nuevos riesgos financieros.Trabajadores asalariados que hoy no tributan Ganancias pasarán a hacerlo, lo que obliga a un conocimiento detallado de las deducciones disponibles.Provincias y municipios deberán recalcular sus proyecciones fiscales ante cambios en la coparticipación y posibles variaciones en la actividad formal.En un país con dificultades persistentes de formalización, pérdida de poder adquisitivo y recesión en sectores clave, cualquier rediseño del esquema impositivo y laboral tiene efectos directos sobre el consumo, la inversión, la sostenibilidad fiscal y el empleo formal.

Un debate que debe ser públicoLa participación de cámaras empresariales, colegios profesionales, sindicatos, universidades, organismos provinciales y especialistas es indispensable para evaluar el verdadero alcance de estas medidas. Monotributistas, autónomos, asalariados, empleadores y gobiernos provinciales y municipales deben seguir de cerca la evolución del debate, consultar a sus asesores y prepararse para un escenario en el que la prometida “simplificación” puede venir acompañada de nuevas obligaciones y un mapa tributario más exigente.     

ConclusiónLa Argentina necesita una reforma tributaria integral, moderna y equitativa, pero también realista respecto de sus capacidades institucionales, su estructura productiva y su nivel de informalidad.Si el objetivo es lograr un sistema más simple, más formal y más justo, el desafío será evitar que la reforma termine incrementando la presión sobre quienes ya cumplen y agravando las desigualdades entre regiones y sectores. Una buena reforma tributaria no es la que recauda más ni la que ajusta más rápido, sino la que fortalece la sostenibilidad fiscal sin destruir la capacidad productiva ni el entramado social

Este respaldo electoral permitió disipar parte de la incertidumbre política que condicionaba la estabilidad financiera, generando una recomposición de expectativas tanto en los mercados locales como en el frente externo. La reacción fue inmediata: los bonos soberanos en dólares se apreciaron hasta 20%, el riesgo país se redujo en aproximadamente 400 puntos básicos (ubicándose en torno a los 700 bps), y los ADR de empresas argentinas registraron incrementos de entre 30% y 50%, impulsados por el sector bancario.En paralelo, el tipo de cambio mostró un comportamiento más ordenado. Tras la volatilidad de las semanas previas, el BCRA priorizó estabilizar la liquidez doméstica y moderar la apreciación del peso, en línea con la necesidad de recomponer reservas y sostener la competitividad externa.Significado político-económico del resultadoMás allá del alivio financiero de corto plazo, el triunfo electoral debe interpretarse como una ratificación del rumbo macroeconómico y una oportunidad política para fortalecer la institucionalidad y avanzar en las reformas pendientes.La ciudadanía ha validado el esfuerzo de estabilización, pero también demanda previsibilidad, crecimiento y empleo. En este marco, el gobierno dispone de una ventana de oportunidad para transformar la mejora coyuntural en una estrategia de desarrollo sostenible.La historia reciente ofrece antecedentes ilustrativos. En 2017, un resultado electoral similar fortaleció políticamente al gobierno de entonces, pero la falta de un plan de mediano plazo, la subestimación de los desequilibrios estructurales y la pérdida de coordinación con la oposición derivaron en la crisis de 2018.Ese error no debe repetirse: el respaldo electoral no reemplaza a la planificación estratégica.

Incertidumbre cambiaria: entre las expectativas y la prudenciaEn la antesala electoral, el consenso de los analistas preveía que, una vez superado el proceso político, el gobierno impulsaría una corrección cambiaria para recomponer la competitividad del tipo de cambio real y facilitar la acumulación de reservas. Sin embargo, la contundente victoria oficialista modificó el tablero.El resultado electoral fortaleció al Ejecutivo y redujo el incentivo inmediato de una devaluación brusca. El lunes posterior a los comicios, el dólar descendió alrededor del 10%, pero rápidamente retomó una tendencia alcista, reflejando que el mercado aún no percibe señales claras sobre la estrategia cambiaria hacia fin de año.El dilema central es de naturaleza intertemporal: una devaluación hoy mejoraría los incentivos a exportar y facilitaría la acumulación de reservas, pero al costo de reactivar la inercia inflacionaria y afectar la incipiente recuperación del poder adquisitivo. Por el contrario, mantener el tipo de cambio estable puede consolidar la desinflación, aunque a riesgo de acumular atraso cambiario y tensiones en el balance externo.En este contexto, el mercado espera definiciones claras. Las señales que se observan con atención son: 1) La política de tasas del BCRA y su consistencia con el objetivo de desinflación, 2) La evolución del saldo comercial y del flujo neto de reservas, 3) La coordinación entre el Ministerio de Economía y el Banco Central en torno al ritmo de depreciación (“crawling peg”), y 4) La presentación del Presupuesto 2026, como instrumento para anclar expectativas fiscales y monetarias.En síntesis, el éxito electoral amplió el margen político, pero no eliminó la incertidumbre macroeconómica. Los agentes económicos aguardan una señal de consistencia: si el gobierno priorizará la estabilidad nominal o la competitividad externa en el corto plazo.

Hoja de ruta hacia un desarrollo sosteniblePara consolidar un sendero de crecimiento de largo plazo, el país necesita diseñar y aplicar un plan económico e institucional a diez años, que garantice continuidad más allá de los ciclos políticos. Dicho plan debería basarse en cinco pilares fundamentales:a. Estabilidad macroeconómica y acumulación de reservas:La sostenibilidad del equilibrio fiscal y la consistencia monetaria deben seguir siendo el eje de la política económica. El fortalecimiento del balance del Banco Central, la acumulación de reservas internacionales y la credibilidad del régimen de flotación son condiciones necesarias para mantener la estabilidad cambiaria y contener la inflación.b. Reformas estructurales con consenso político:La nueva composición legislativa brinda margen para avanzar en reformas impositivas, laborales y regulatorias orientadas a mejorar la competitividad. Sin embargo, dichas transformaciones deben surgir del diálogo político y social, priorizando la construcción de consensos amplios que aseguren su permanencia en el tiempo.c. Coordinación federal y desarrollo productivo:El fortalecimiento del vínculo Nación-Provincias es clave para una estrategia de crecimiento equilibrado. Se requiere un esquema de financiamiento y planificación conjunta que impulse la inversión en infraestructura, energía, transporte y capital humano, con foco en la competitividad de las economías regionales.d. Institucionalización de la política fiscal:El debate del Presupuesto 2026 constituye una oportunidad para establecer reglas claras de responsabilidad fiscal y fortalecer la transparencia presupuestaria. Un presupuesto consensuado con las provincias permitirá no solo dar previsibilidad a la política económica, sino también recuperar la credibilidad ante inversores y organismos internacionales.e. Participación ciudadana y fortalecimiento institucional:El crecimiento sostenido no se construye solo con equilibrio macroeconómico, sino también con instituciones sólidas y participación social. La apertura del diálogo con la oposición, los sectores productivos y la sociedad civil es esencial para legitimar las decisiones de política económica y consolidar un modelo de gobernanza democrática y transparente.

Escenario internacional y apoyo externoEl actual contexto internacional resulta favorable. El apoyo explícito de Estados Unidos, junto con la disponibilidad de líneas de financiamiento externo por hasta US$ 20.000 millones, otorga margen para recomponer reservas, sostener la balanza de pagos y financiar inversiones estratégicas. Sin embargo, este respaldo también impone la obligación de garantizar previsibilidad macroeconómica y solidez institucional.La combinación de estabilidad interna, compromiso fiscal y consenso político podría permitir que Argentina retome un sendero de crecimiento promedio del 4% anual durante la próxima década, condición indispensable para mejorar la competitividad y reducir la pobreza estructural.

ConclusiónEl resultado electoral no debe ser interpretado como un punto de llegada, sino como un mandato de responsabilidad. El país cuenta con una oportunidad histórica para consolidar un modelo de desarrollo estable, inclusivo y previsible.La consolidación de la estabilidad macroeconómica, la aprobación de un presupuesto 2026 que refleje disciplina y federalismo fiscal, y la puesta en marcha de un plan de crecimiento a diez años basado en consensos amplios son pasos imprescindibles para transformar el respaldo político en una política de Estado.En definitiva, el desafío no es mantener el rumbo, sino institucionalizarlo, para que la estabilidad y el crecimiento dejen de depender de los resultados electorales y se conviertan en un compromiso sostenido de toda la dirigencia argentina. 

Por el contrario, potencias emergentes como China e India impulsan un nuevo orden multipolar, con los BRICS+ (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y otros) como eje de un sistema alternativo al occidental. Este bloque, que ya representa casi el 40 % del PIB mundial en paridad de poder adquisitivo y más de la mitad de la población del planeta, ofrece nuevos mercados, fuentes de financiamiento y la posibilidad de reducir la dependencia del dólar y de los organismos multilaterales tradicionales.Digo esto porque aún hoy existe en amplios sectores de la dirigencia y de la opinión pública una mirada prejuiciosa y subestimadora hacia estos países, como si su crecimiento fuera transitorio o menor en calidad frente a las potencias tradicionales.Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario: son estas economías las que más han crecido en las últimas dos décadas, las que impulsan la innovación tecnológica y las que concentran la mayor parte de la demanda mundial de energía, alimentos y minerales estratégicos.

Brasil: pragmatismo y autonomía estratégicaBrasil ha sabido mantener una política exterior pragmática y equilibrada, sin romper sus vínculos con Estados Unidos y Europa, pero fortaleciendo al mismo tiempo su relación con China, India y Rusia.Este enfoque de “equilibrio activo” le permitió a Brasil diversificar mercados, atraer inversiones y ampliar su margen de maniobra internacional. China es su principal socio comercial, con exportaciones superiores a los 100.000 millones de dólares anuales, y también su principal inversor en infraestructura y tecnología.La célebre frase de Lula —“si Estados Unidos no quiere comprar, buscaremos nuevos socios”— sintetiza una visión moderna y soberana: no depender de una sola potencia, sino negociar con todas.Gracias a esa estrategia, Brasil no solo ganó autonomía política, sino también influencia global. Hoy puede dialogar de igual a igual con Washington, Bruselas, Pekín o Moscú.

Argentina: cortoplacismo político con costo paísArgentina, en cambio, ha optado por un alineamiento casi absoluto con Estados Unidos, un giro que parece responder más a necesidades coyunturales del gobierno de Javier Milei que a una estrategia de desarrollo nacional.La reciente ayuda financiera anunciada por Estados Unidos —que incluye avales para nuevos créditos, respaldo diplomático ante organismos internacionales, y ahora también la posibilidad de utilizar parte del swap en dólares, la intervención indirecta de la Reserva Federal comprando pesos para sostener la paridad, y la adquisición anticipada de bonos argentinos a futuro— se presenta como un salvavidas económico.Pero en realidad, profundiza la dependencia estructural del país y condiciona la política económica a los intereses de Washington. Lejos de representar un gesto de cooperación desinteresada, estas operaciones consolidan un esquema de tutela financiera sobre la economía argentina, donde cada decisión de política monetaria o cambiaria termina sujeta a la aprobación o el beneplácito del Tesoro norteamericano.Un hecho elocuente de esta subordinación es que tanto la instrumentación de las medidas como su anuncio oficial fueron realizados en Estados Unidos, por el propio presidente de la Reserva Federal, y no por el ministro de Economía argentino.La imagen de que las decisiones cruciales sobre la economía nacional se comunican desde Washington, y no desde Buenos Aires, retrata con crudeza el nivel de condicionamiento político y económico al que ha quedado expuesto el país.Por otra parte, el pedido de ingreso como “socio global de la OTAN”, la compra de aviones F-16, y la política exterior abiertamente alineada con Estados Unidos e Israel en el conflicto de Gaza, muestran que la Argentina ha pasado del alineamiento al sometimiento.Estar alineado con una potencia puede ser parte de una estrategia racional de inserción internacional. Pero estar subordinado y condicionado a sus intereses es otra cosa: implica perder autonomía y capacidad de decisión.El gobierno confunde la diplomacia con la obediencia. Busca en Washington una tabla de salvación política y financiera de corto plazo, cuando debería estar pensando en cómo reconstruir la economía real.

Lecciones del pasado: las “relaciones carnales”  y sus consecuenciasNo es la primera vez que Argentina apuesta todo a Estados Unidos. En los años ’90, el gobierno de Carlos Menem hablaba de “relaciones carnales” con Washington. El resultado fue un endeudamiento récord, privatizaciones sin control y pérdida de soberanía económica.Décadas después, el gobierno de Mauricio Macri repitió el mismo camino: acudir al FMI con el préstamo más grande de su historia, sin resolver los desequilibrios estructurales de la economía. Hoy, la historia parece repetirse, aunque con un discurso liberal más extremo y un contexto internacional completamente distinto.La diferencia es que ahora el mundo ya no es unipolar. La idea de que Estados Unidos resolverá los problemas argentinos es un error de diagnóstico y una ilusión política.

Los costos de la dependenciaLa política exterior del actual gobierno no solo limita el acceso a mercados emergentes claves —como los de Asia y Medio Oriente, esenciales para la exportación de litio, proteínas y gas—, sino que también debilita la soberanía nacional.Además, genera un costo moral y diplomático: al alinearse ciegamente con Washington y Tel Aviv en conflictos internacionales, la Argentina se distancia de la mayoría de los países latinoamericanos y del propio consenso global, que hoy busca equilibrio, no enfrentamiento.Y frente a este nuevo escenario que se abre, surge una pregunta inevitable: ¿cuál será el costo real de esta ayuda y de este “posicionamiento carnal” con Estados Unidos? Porque toda dependencia económica lleva implícita una forma de condicionamiento político —y es precisamente ese el precio que la Argentina no puede volver a pagar.

Conclusión: soberanía o subordinaciónEl mundo ya no gira alrededor de una sola potencia. Estados Unidos sigue siendo influyente, pero su hegemonía se sostiene cada vez más en el poder militar y menos en la competitividad económica. Europa enfrenta sus propias crisis, y la multipolaridad es hoy una realidad irreversible.En este escenario, los países serios negocian con todos, no se subordinan a ninguno. La defensa de la soberanía debe estar por encima de cualquier coyuntura electoral o necesidad de caja.Basta observar lo que ocurre en el resto del mundo: potencias intermedias como India, Turquía o Arabia Saudita mantienen relaciones económicas y diplomáticas simultáneamente con Estados Unidos, China y Rusia, sin someterse a los intereses de ninguno. Sudáfrica negocia con Washington y con Pekín, mientras consolida su papel dentro de los BRICS. Incluso Europa, pese a su alineamiento histórico con Estados Unidos, comienza a discutir la necesidad de mayor autonomía estratégica en defensa y energía.La Argentina necesita abrir mercados, diversificar alianzas y definir una política exterior que responda a sus intereses estratégicos, no a las urgencias políticas del momento.

Creer que el futuro argentino se resolverá en Washington es repetir los errores del pasado. El verdadero desafío es reconstruir un proyecto nacional soberano, con la mirada puesta en el mundo real: uno que ya no admite subordinaciones, sino inteligencia estratégica. 

Sin embargo, la realidad golpea con datos concretos: un dólar por encima de los 1.400 pesos, un riesgo país que ronda los 1.100 puntos, una recesión que destruye el consumo interno y un 60 % de la población en situación de pobreza.En este marco, las elecciones legislativas dejaron un mensaje inequívoco: la sociedad votó masivamente en contra del proyecto de gobierno, con una diferencia de 14 puntos que desnudó la distancia entre el relato oficial y la experiencia cotidiana de millones de argentinos.

El espejismo del “éxito”El discurso económico del gobierno se apoya en dos pilares: el equilibrio fiscal y la estabilidad cambiaria. Pero ambos logros son más frágiles de lo que se reconoce.El superávit primario se sostiene, en buena medida, sobre la postergación de pagos y la licuación del gasto social, más que sobre un ordenamiento genuino del Estado. La estabilidad del dólar, por su parte, se mantiene a costa de tasas de interés altísimas, recesión profunda y una contracción inédita del crédito.En realidad, detrás de estos números se esconde un intervencionismo feroz del Estado, en total contradicción con el relato de la “libertad de mercado”. No solo hay cepo reforzado, controles de importaciones y regulaciones financieras, sino también una manipulación constante del tipo de cambio a través de la tasa de interés, que impacta directamente sobre el dólar y, en consecuencia, sobre la inflación. Nada de lo que se muestra como “logro” es natural: es el resultado de una ingeniería de controles que desnuda la fragilidad del modelo y su dependencia absoluta de la intervención estatal.

El costo social de este esquema es evidente. Los salarios reales se derrumban, el desempleo crece y la pobreza se expande incluso entre sectores que hasta hace poco pertenecían a la clase media.Lo que se presenta como un “modelo de orden” termina siendo, en la práctica, un sistema que concentra beneficios en pocos ganadores —exportadores, especuladores financieros— mientras amplias mayorías ven deteriorarse su calidad de vida.

La paradoja es evidente: se declama un dogma de mercado puro mientras se gobierna con controles férreos y manipulación de todas las variables clave de la economía.

El voto como termómetro social

En este contexto, el resultado electoral no fue un accidente coyuntural: fue la expresión política de una economía que, lejos de mejorar la vida de la gente, la está deteriorando. Perder por 14 puntos en el principal distrito electoral del país no solo es un dato político; es una señal de alarma sobre la sustentabilidad del modelo.

La sociedad no vota planillas de Excel ni balances fiscales. Vota en base a su experiencia diaria: si llega o no a fin de mes, si consigue trabajo, si sus hijos pueden estudiar, si accede a medicamentos o si las tarifas de servicios básicos resultan impagables. En ese terreno, la narrativa del “éxito” se estrella contra la realidad.

Un modelo único… pero en contra del mundo

El gobierno insiste en que la Argentina está construyendo un modelo “único en el mundo”. En parte tiene razón: no hay antecedentes de un ajuste tan veloz y profundo sin red de contención social, sin inversión pública y con un desarme total del rol del Estado en áreas clave como salud, educación, ciencia y tecnología.El problema es que, lejos de ser un ejemplo a seguir, este experimento aparece como una anomalía.

Mientras otros países de la región buscan equilibrar sus cuentas sin destruir el tejido social, Argentina ensaya un camino de shock que combina ortodoxia fiscal extrema con ausencia de políticas de desarrollo. El resultado, hasta ahora, no es admiración externa, sino desconfianza interna y escepticismo internacional.

El relato en crisis

La derrota electoral pone en evidencia lo que muchos advertían: el relato del éxito no se sostiene con la realidad. La Argentina no es un país modelo en crecimiento, sino un país en recesión con un ajuste insostenible.No es un país que inspira confianza en los mercados, sino uno con un riesgo país de 1.100 puntos, que marca desconfianza total. No es una economía que ordena sus variables, sino una sociedad que se hunde en pobreza y desigualdad.La gente votó con el bolsillo, con la heladera vacía y con la certeza de que detrás de las promesas de orden se esconde un futuro de mayor exclusión.

Ese voto masivo en contra no es un capricho: es el recordatorio de que ningún modelo económico puede sostenerse si desconoce las necesidades básicas de su pueblo.

¿Y ahora qué?

El resultado electoral obliga a repensar la estrategia oficial. Persistir en el mismo camino, ignorando el mensaje de las urnas, solo profundizará la crisis política y social.El desafío es reconocer que la sostenibilidad no se logra solo con equilibrio fiscal, sino con un Estado que garantice servicios públicos de calidad, con políticas de desarrollo productivo y con un horizonte de crecimiento inclusivo.

La derrota no fue un accidente: fue el eco de un malestar social frente a un modelo que, pese a proclamarse “exitoso”, no logra mejorar la vida cotidiana de la gente. Y es, al mismo tiempo, una advertencia sobre lo que puede suceder en las elecciones nacionales si no hay un cambio de rumbo.Pero todavía hay tiempo. Si el gobierno escucha el reclamo de las urnas y reacciona con sensibilidad social, puede reencauzar su estrategia. Reconocer las necesidades de la gente no es un signo de debilidad, sino de madurez política.Sería lo mejor para todos que la sociedad vea que el gobierno comprende el mensaje y actúa en consecuencia, porque solo así podrá reconstruir la confianza y abrir un horizonte de esperanza compartida.

Su objetivo central es revertir la crónica restricción externa de la economía argentina mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios garantizados por 30 años para proyectos superiores a los USD 200 millones.A dos años de su implementación, el balance es mixto. Según el primer boletín del Observatorio del RIGI (FARN, CELS, CEPPAS y TNI), se presentaron 19 solicitudes de adhesión por un total de USD 30.700 millones.Solo 7 proyectos fueron aprobados (USD 13.067 millones), concentrados en minería (litio, cobre, oro) y en proyectos hidrocarburíferos vinculados a exportación, con fuerte protagonismo de YPF en dos de ellos: Vaca Muerta Oil Sur y Southern Energy.

Concentración sectorial y geográficaEl 81% de las inversiones aprobadas se concentran en tres provincias:- San Juan (35%): cobre y oro.- Río Negro (30%): infraestructura hidrocarburífera y terminal portuaria en Punta Colorada.- Catamarca (16%): proyectos de litio y cobre.La mayor parte de las iniciativas reproducen el modelo de enclave extractivo: exportación de commodities con bajo valor agregado, alto impacto ambiental y bajo efecto multiplicador sobre el empleo. Incluso los propios datos oficiales muestran cifras modestas: 1.616 empleos directos y poco más de 8.000 indirectos en los siete proyectos aprobados. Incluso en el escenario más optimista, el total de empleos directos potenciales no superaría los 6.800 puestos, una cifra ínfima en comparación con las necesidades del mercado laboral argentino.

El caso Entre Ríos y ConcordiaEn noviembre de 2024, la Legislatura de Entre Ríos adhirió al RIGI y sancionó su propio Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), con beneficios provinciales y plazos de estabilidad de hasta 15 años. Concordia fue más allá: en junio de 2025, el Concejo Deliberante aprobó su incorporación al RIGI y al RINI mediante ordenanza, eximiendo del 100% de tasas administrativas y derechos de construcción, y otorgando bonificaciones en la tasa comercial por 36 meses y en la tasa inmobiliaria.

Pese a estas medidas, no se han registrado proyectos concretos en Entre Ríos ni en Concordia bajo el paraguas del RIGI. La adhesión funciona como señal de “seguridad jurídica” más que como catalizador de inversiones reales.

YPF: motor y dependenciaUn dato clave es el protagonismo de YPF, que representa más del 2% del PBI y más de la mitad de la producción de hidrocarburos del país. Pese al discurso antiestatista, el gobierno depende de la petrolera nacional para dinamizar el RIGI: lidera o participa en tres de los siete proyectos aprobados, entre ellos Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y Southern Energy, ambos estratégicos para la exportación de crudo y gas. Esto expone una contradicción de fondo: mientras se impulsa la iniciativa privada y la reducción del rol estatal, el éxito del régimen descansa en la empresa pública más emblemática del país.

Privilegios legales y riesgo de demandas arbitralesOtro aspecto central es el blindaje jurídico. El artículo 165º de la Ley Bases establece que cualquier norma que limite los beneficios del RIGI será “nula de nulidad absoluta e insanable”. Es decir, leyes ambientales provinciales, normas laborales o medidas fiscales podrían quedar anuladas frente a los privilegios de los inversores.Más grave aún, el régimen habilita la resolución de controversias en tribunales internacionales como el CIADI, donde la Argentina ya ostenta un récord de demandas perdidas. Empresas como Chevron, Barrick o Río Tinto, con historial de litigios contra Estados, ya participan de proyectos bajo el RIGI.Según Luciana Ghiotto (UNSAM/TNI), el riesgo de una “nueva ola de casos arbitrales” es inminente.

Dificultades estructurales para atraer capitalLos incentivos fiscales del RIGI no alcanzan para movilizar capital de largo plazo si no se resuelven problemas de base:* Infraestructura deficiente: falta de rutas, energía y logística que encarezcan el costo operativo.* Alta volatilidad macroeconómica: riesgo país > 900 pb y elevado costo en dólares doméstico que desalientan financiamiento.* Incertidumbre política y social: judicialización de conflictos, potencial de litigios en el CIADI, y resistencia de comunidades locales en zonas de proyectos.* Ausencia de encadenamientos productivos: el RIGI no exige integración industrial, por lo que las inversiones no generan desarrollo regional significativo.* Dependencia del capital público: el protagonismo de YPF revela que la inversión privada aún es insuficiente para sostener el esquema.

ConclusiónEl RIGI es una herramienta ambiciosa en lo normativo, pero insuficiente desde el punto de vista económico. Los resultados de los primeros dos años muestran que otorgar estabilidad fiscal y desregulación no alcanza: se requiere infraestructura adecuada, previsibilidad macroeconómica, acceso competitivo al crédito y un plan de desarrollo industrial que potencie los encadenamientos productivos.

Argentina no compite en el vacío. Países como Brasil, Chile, Perú y Uruguay ofrecen marcos regulatorios más estables, menor riesgo país y acceso más barato al financiamiento externo.

En sectores estratégicos como minería, energía renovable y agronegocios, varios de estos países cuentan con infraestructura desarrollada —puertos, carreteras, gasoductos y sistemas eléctricos confiables— y políticas de Estado de largo plazo que consolidan la confianza inversora.En contraste, Argentina arrastra un déficit estructural en infraestructura logística y energética, lo que encarece la producción y el transporte, reduce la competitividad y limita la viabilidad de proyectos a gran escala.

Para Entre Ríos y Concordia, el desafío es doble: capitalizar la adhesión al régimen para atraer proyectos reales y, al mismo tiempo, definir una agenda de infraestructura, logística y capacitación de recursos humanos que haga posible la llegada de inversiones. Sin estas medidas, el riesgo es quedar como “expectadores” de un modelo de desarrollo concentrado en otras regiones.

En suma, el RIGI funciona más como una señal de mercado que como una política integral de desarrollo productivo. Mientras no se resuelvan las restricciones estructurales, será difícil que se convierta en el motor de crecimiento que Argentina necesita.

Sin embargo, es importante aclarar que la provincia no enfrenta un problema de endeudamiento estructural, sino una crisis de liquidez derivada principalmente de la fuerte caída de los ingresos, en particular las transferencias nacionales.

Es importante señalar que el gobierno ya contaba con autorización en el presupuesto 2025 para tomar endeudamiento, pero para este caso el propósito era la inversión pública y cubrir déficits estacionales.

Este contexto se vio agravado por una respuesta local que no demostró adecuadamente los desafíos previsibles que se avecinaban.

La deuda no es el problemaA marzo de 2025, el stock de deuda de Entre Ríos ascendía a 725 millones de dólares (74% de los recursos), prácticamente el mismo nivel que al inicio de la actual gestión (USD 742 millones). Esto se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Ley de Responsabilidad Fiscal, a la que se encuentra adherida nuestra provincia.

El servicio de la deuda para el 2025 equivale aproximadamente al 8% de los ingresos, un porcentaje sostenible en comparación con otras provincias.Es decir, Entre Ríos no está sobreendeudada ni enfrenta un riesgo inmediato de default.

El nuevo endeudamiento responde a una necesidad distinta: compensar la abrupta caída de los ingresos corrientes que dejó a la provincia sin margen para cubrir sus gastos operativos básicos y, al mismo tiempo, asegurar la sostenibilidad de los compromisos financieros ya asumidos.

Es extraño que, ante esta situación, el oficialismo y la oposición se culpen mutuamente en lugar de reconocer la realidad. Mientras el oficialismo habla de “deuda heredada”, la oposición responde con la “mala administración”. Decir la verdad a los entrerrianos sobre la situación financiera sería más sencillo y beneficioso para todos que una disputa de narrativas.

El efecto de las políticas nacionalesLa política de ajuste del Gobierno nacional para alcanzar el déficit cero impactó de manera directa sobre las provincias.

La reducción de transferencias discrecionales, la eliminación de fondos claves como el FONID y el Fondo Compensador del Transporte, la retención de aportes para cubrir los déficits previsionales, y la caída real de la coparticipación federal (10% en promedio) explican la pérdida de recursos.

Este escenario obligó al gobernador Rogelio Frigerio a realizar múltiples reclamos ante la Nación, inclusive recurriendo a la vía judicial para exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas por ley, y garantizar la llegada de fondos que constitucionalmente corresponden a la provincia.

Además, a este cuadro debemos agregarle la caída de la recaudación propia que en el 2024 fue de un 12% en términos reales, producto de la recesión económica que atraviesa el país.

En una provincia donde el 80% de los ingresos dependen de la Nación, este recorte generó un desfinanciamiento inmediato que obligó a buscar financiamiento en los mercados, aun en condiciones poco favorables.A pesar de la situación, en el año 2024 solo cuatro provincias cerraron con déficit fiscal, mientras que el resto, incluyendo nuestra provincia, tuvieron superávit. Este logro fue posible gracias al esfuerzo de las provincias, que se vieron forzadas a realizar una drástica reducción de sus erogaciones en promedio de un 15% real en el 2024 , en respuesta a la fuerte caída de los ingresos.

La falta de previsión provincialAhora bien, si bien el contexto nacional explica la mayor parte del problema, la provincia tampoco actuó con la previsión necesaria. La administración tributaria entrerriana no mostró avances significativos en eficiencia recaudatoria ni en diversificación de recursos propios.

Del mismo modo, la planificación financiera no se ajustó a un escenario que era, en gran medida, previsible: las medidas de ajuste fueron anunciadas por el presidente Javier Milei incluso antes de asumir.

Esto llevó a que la provincia deba salir de manera apresurada a buscar financiamiento en condiciones poco favorables, en un mercado restringido y con una calificación crediticia débil (B+ con perspectiva negativa), lo que seguramente elevará los costos del endeudamiento.

Qué debería hacer la provincia hacia adelanteEl nuevo endeudamiento no es en sí mismo negativo: permite garantizar la sostenibilidad fiscal de corto plazo. Pero sí resulta problemático que no esté acompañado de un plan económico y financiero integral que asegure capacidad de repago futuro.

De aquí en adelante, Entre Ríos debería avanzar en tres frentes principales:1) Mejorar la autonomía fiscal: incrementar la eficiencia de la administración tributaria y diversificar la base impositiva para reducir la dependencia de la Nación,

2) Diseñar un programa financiero plurianual: prever escenarios de recesión prolongada y caída de transferencias, estableciendo un esquema claro de financiamiento sostenible, y 3) Definir prioridades de gasto: proteger los servicios esenciales y evitar que el endeudamiento se destine exclusivamente a cubrir déficit operativo sin mejorar la capacidad productiva de la provincia.

En conclusiónEl endeudamiento de 500 millones de dólares no responde a un problema heredado ni a un desmanejo de la actual gestión, sino a la combinación de un desfinanciamiento nacional inédito y a los desafíos de planificación que encontró la provincia.

La salida del laberinto no está en negar la necesidad del crédito, sino en construir una estrategia de mediano plazo que permita que la deuda se convierta en una herramienta de sostenibilidad, y no en una carga adicional para los entrerrianos, orientando esos recursos al desarrollo económico y al aprovechamiento pleno del potencial productivo de nuestra provincia.

La reducción drástica de las transferencias no automáticas (discrecionales) y la eliminación de fondos clave como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo Compensador al Transporte tienen un impacto significativo en las finanzas provinciales. Estas medidas, sumadas a la política de “obra pública cero”, obligan a los gobiernos subnacionales a buscar nuevas fuentes de ingreso o a priorizar el gasto de manera más rigurosa para mantener el funcionamiento de servicios esenciales y proyectos de infraestructura.Esto se debe a que las transferencias discrecionales solían ser usadas para financiar una variedad de gastos, desde sueldos y subsidios hasta obras públicas.

Esta decisión consolidó una política de concentración de recursos en la Nación que intensifica el ya debilitado federalismo argentino, al desplazar el esfuerzo de ajuste hacia los distritos. El impacto se refleja en cifras contundentes que evidencian la creciente asimetría en la distribución de recursos. En 2024, las transferencias discrecionales cayeron un 75 % en términos reales, pasando de 1 % del PBI en 2023 a apenas 0,3 % del PBI, según datos oficiales y de la CTA Autónoma. En el primer cuatrimestre de 2024 la reducción ya alcanzaba el 89,5 %, de acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso. El mes de enero fue extremo: 98 % de caída y 13 provincias sin recibir un solo peso de estos fondos.La situación no se limitó a los envíos discrecionales. Las transferencias automáticas por coparticipación también se redujeron. En 2024 cayeron un 10 % real en promedio.  En mayo de 2025, la caída interanual real fue del 26?% en todas las jurisdicciones.Los datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) confirman que los recursos de origen nacional mostraron nueve meses de caída real durante 2024, con sólo tres meses de crecimiento. En lo que va de 2025, se registró una leve mejora en los primeros meses, pero el desplome de mayo volvió a encender alarmas fiscales en las provincias.Este recorte masivo de ingresos obligó a las provincias a un ajuste de gastos incluso más severo. En promedio, las provincias redujeron sus erogaciones un 15 % real entre 2023 y 2024. La contracción afectó principalmente la obra pública, con una baja del 33 % en promedio, y los salarios públicos, que perdieron alrededor del 15 % de poder adquisitivo.Paradójicamente, el ajuste permitió que en 2024 solo cuatro provincias cerraran con déficit fiscal, contra trece del año anterior. Sin embargo, este equilibrio contable se logró a costa de paralizar inversiones, deteriorar servicios esenciales (salud, educación, etc), y profundizar tensiones sociales. Provincias como Chaco, Misiones, Tucumán y Corrientes incluso recurrieron a endeudamiento adicional, con aumentos que oscilaron entre el 14 % y el 46 %.

Caso Entre Ríos: un impacto particularSegún la consultora ACM, Entre Ríos registró una caída en los envíos automáticos por coparticipación equivalente a $276.648 millones en valores absolutos, lo que la ubicó como la quinta provincia más perjudicada por los recortes. La situación se agrava al observar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN): entre diciembre de 2023 y mayo de 2025 la provincia recibió apenas $9.800 millones, cuando de haberse aplicado el criterio de coparticipación le habrían correspondido unos $45.422 millones. En consecuencia, Entre Ríos dejó de percibir $33.622 millones que hubieran aliviado sus cuentas públicas.La dependencia estructural explica la gravedad del impacto: cerca del 80% de los ingresos provinciales provienen de la Nación a través de la coparticipación, y prácticamente ese mismo porcentaje se destina al pago de salarios. Este esquema coloca a la provincia en una situación de alta vulnerabilidad fiscal frente a la caída de la recaudación nacional. La fragilidad se reflejó con claridad en mayo de 2025, cuando la coparticipación sufrió una baja del 40% en términos reales respecto al mismo mes de 2023, generando un desfinanciamiento crítico que condiciona el funcionamiento del Estado provincial.Para agravar aún más el panorama, la recaudación provincial propia también cayó un 12% en términos reales durante 2024, generando un desfinanciamiento crítico que condiciona el funcionamiento del Estado provincial.Este contexto de extrema fragilidad fiscal ha obligado a la provincia de Entre Ríos a buscar soluciones de financiamiento extraordinario. Se espera que la próxima semana la legislatura entrerriana autorice un crédito por 500 millones de dólares, poniendo como garantía la propia coparticipación y la recaudación provincial. Este endeudamiento tiene como objetivo principal asegurar el financiamiento de erogaciones corrientes y evidencia el profundo debilitamiento fiscal de la provincia, que la lleva a tomar un endeudamiento que será muy difícil de poder pagar. La dependencia del 80% de transferencias nacionales y el creciente endeudamiento dejara a la provincia sin una autonomía fiscal real, condicionando su futuro financiero.    La mirada de la Nación sobre las provinciasDesde el Gobierno nacional, el discurso oficial sostiene que los gobernadores deben “ordenar sus cuentas” y reducir el gasto político, en línea con el ajuste planteado a nivel central. La Casa Rosada justifica los recortes como parte de una política de equilibrio fiscal indispensable para alcanzar el superávit.Sin embargo, para los gobiernos provinciales —y particularmente para los más dependientes de la coparticipación, como Entre Ríos— esta visión resulta asimétrica y desequilibrada. Si bien la Nación ha concentrado históricamente los ingresos más dinámicos y ha trasladado a las jurisdicciones la responsabilidad de la reducción del gasto, esta situación, que no fue generada por este gobierno, sí ha sido gravemente profundizada. Como resultado, las provincias se ven obligadas a garantizar servicios esenciales como educación, salud, seguridad y obra pública con recursos drásticamente limitados.La tensión es evidente: mientras la administración Milei exhibe el superávit nacional como un logro de gestión, en las provincias el ajuste se traduce en salarios docentes más bajos, transporte más caro, paralización de obras y deterioro de los servicios básicos. En la práctica podemos decir que, gran parte del ordenamiento fiscal de Nación se sostiene con el desfinanciamiento de las provincias.Este choque de perspectivas explica la creciente conflictividad política con los gobernadores, donde la pregunta central es hasta qué punto la Nación puede retener recursos sin desarticular la gobernabilidad de las provincias.La frase “el ajuste lo hacen las provincias” no es una simple consigna política, sino un diagnóstico respaldado con números. El supuesto equilibrio fiscal del gobierno nacional no se basa en un reordenamiento propio, sino que se apoya en la retención de fondos que, constitucionalmente, corresponden a los distritos provinciales.Al trasladar el peso del ajuste fiscal a quienes deben sostener la educación, la salud, la seguridad y la infraestructura local, el gobierno central genera un desfinanciamiento que las provincias ya no pueden absorber. En este contexto, la conflictividad con los gobernadores no hará más que aumentar, dejando en evidencia que el ordenamiento de las cuentas de la Nación se está construyendo sobre una creciente inestabilidad política y un profundo debilitamiento de los gobiernos provinciales. 

¿Estamos frente a una transformación inevitable o a un modelo que pone en riesgo la supervivencia del comercio tradicional?

En los últimos años, el crecimiento de las plataformas de e-commerce ha redefinido la forma en que compramos y vendemos. Aunque ofrecen comodidad y acceso a una amplia gama de productos, su avance también genera tensiones estructurales.

En ciudades medianas y pequeñas como Concordia, comerciantes locales denuncian que compiten en clara desventaja frente a gigantes como Mercado Libre, Shein o AliExpress, muchas de las cuales operan desde el exterior o bajo regímenes tributarios más favorables.

La discusión va más allá de lo económico: está en juego el modelo de desarrollo productivo, la equidad fiscal, la inclusión digital y el futuro del trabajo local.

La doble cara del comercio electrónico

El comercio electrónico representa una oportunidad innegable. En 2023, el volumen de ventas online en Argentina superó los $7,8 billones, con un crecimiento del 105% interanual, según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Sin embargo, detrás de estas cifras hay una realidad desigual.

Mientras un comerciante local paga alquiler, salarios, cargas sociales, habilitaciones, IVA, Ingresos Brutos, tasas municipales y enfrenta la informalidad del mercado, un vendedor extranjero en plataformas como Shein o Temu puede ofrecer productos a precios bajísimos, sin pisar suelo argentino ni tributar en el país.

En Concordia, por ejemplo, muchos locales de indumentaria ubicados en calles como San Lorenzo, Entre Ríos o Salta, han cerrado en el último año o se han reconvertido a showrooms o venta exclusiva por redes sociales, intentando sobrevivir sin poder competir en precio ni escala.

El caso Shein y Temu: Competir a pérdidaShein y Temu venden productos por debajo del costo de reposición de cualquier mayorista nacional. Esto es posible por tres razones fundamentales: 1) Producción ultraeconómica en Asia, con costos laborales bajos y fuerte apoyo estatal, 2) Régimen puerta a puerta: permite recibir hasta 12 envíos anuales de hasta USD 50 sin aranceles ni tributos, y 3) Capital de riesgo y subsidios estatales que permiten operar con márgenes negativos durante años para ganar mercado.Esta lógica de dumping digital pone en crisis al comercio de cercanía. En Concordia, comerciantes del rubro indumentaria aseguran que sus ventas cayeron entre un 30% y 50% respecto de 2022, y muchos señalan que sus principales competidores ya no son otros locales, sino “la aplicación del celular”.

Mercado Libre: ¿aliado o enemigo?Mercado Libre representa una ambigüedad: si bien permite a muchos emprendedores vender online sin una estructura física, concentra poder, cobra comisiones de hasta 27%, y prioriza con su algoritmo a los grandes vendedores. Según datos de la propia empresa, el 80% de las ventas está concentrado en menos del 10% de los vendedores.Además, opera bajo el régimen de promoción del software (Ley de Economía del Conocimiento), accediendo a una alícuota reducida del 15% en Ganancias y beneficios fiscales que los comerciantes tradicionales no tienen. Es decir, compiten en condiciones completamente desiguales.Mientras un kiosco en calle Urdinarrain paga todos los tributos y no accede a ningún beneficio, una empresa unicornio con base en Buenos Aires tributa menos y domina el canal digital.

El impacto en la economía localMás allá del debate técnico, el problema tiene consecuencias reales y visibles en la vida cotidiana de nuestras ciudades. El cierre de locales comerciales no solo implica la pérdida de empleo directo, sino también la ruptura de redes sociales, la pérdida de identidad barrial y una menor circulación de dinero en la economía local, afectando desde el kiosco hasta el proveedor regional.

En algunas localidades del conurbano bonaerense, se estima que entre 2021 y 2024 cerraron más de 12.000 comercios minoristas, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En provincias como Entre Ríos, el 85% del empleo privado es generado por PYMES y microempresas, muchas de ellas directamente ligadas al comercio de cercanía y a servicios conexos. En paralelo, la AFIP estima que más del 40% del comercio electrónico transfronterizo escapa a los regímenes de control y tributación, lo que no solo genera una pérdida fiscal significativa, sino que también agrava la competencia desleal con los actores locales que sí cumplen con todas las obligaciones fiscales y laborales.

¿Qué puede hacer el Estado?La respuesta no está en frenar el avance digital, sino en construir un marco de juego justo para todos los actores. Algunas propuestas de política pública, que podrían implementarse a nivel nacional, es revisar el régimen puerta a puerta limitando el uso comercial encubierto, aplicar IVA a compras en plataformas extranjeras que superen un monto anual y establecer un régimen de equidad fiscal que obligue a tributar en función de las ventas locales. A nivel provincial, se pueden crear fondos de competitividad para el comercio de cercanía con recursos de Ingresos Brutos a grandes plataformas, simplificar la carga impositiva para pequeños comercios en crisis y promover portales provinciales de ecommerce con logística cooperativa.En el plano municipal, es fundamental impulsar programas de digitalización con créditos y asistencia técnica. Crear un portal de ventas online, por ejemplo, una versión concordiense de “Compra Amiga”, donde comerciantes registrados puedan ofrecer sus productos con logística local y prioridad en visibilidad. Alivios fiscales temporales (exenciones parciales en tasas)  a comercios que acrediten caída reales de ventas, y fomentar espacios como ferias y mercados itinerantes que promuevan el consumo local y el contacto directo con emprendedores.

Conclusión: ¿Modernización o exclusión?La irrupción y consolidación de las plataformas digitales no es meramente una transformación comercial, sino un fenómeno con profundas implicaciones en la equidad fiscal, la sostenibilidad de la base imponible subnacional y la eficiencia en la asignación de recursos. Si bien el comercio electrónico representa una oportunidad de eficiencia y acceso, su expansión bajo un marco regulatorio asimétrico genera claras distorsiones de mercado que exigen establecer condiciones claras y justas de funcionamiento.Si no se adoptan políticas activas, el resultado será la exclusión silenciosa de miles de pequeños comerciantes que no pueden competir en un mercado diseñado para beneficiar a los jugadores más grandes y concentrados.Defender al comercio local no es una posición conservadora ni nostálgica. Es una decisión estratégica: apostar por un modelo de desarrollo con inclusión, arraigo territorial y generación de empleo genuino.El desafío entonces radica en construir un marco tributario adaptativo que garantice la justicia fiscal y la competencia leal entre todos los actores del mercado, sin obstaculizar la innovación digital.Un país que impulsa la innovación tecnológica, pero al mismo tiempo protege a quienes producen, venden y trabajan en su comunidad, es un país que construye futuro sin dejar a nadie afuera.El futuro del comercio será, ineludiblemente, digital, pero no debe ser salvaje, ni deshumanizado, ni concentrado en unos pocos.La meta es lograr un ecosistema comercial que, siendo digitalmente avanzado, sea también fiscalmente justo, socialmente inclusivo y territorialmente arraigado. 

El discurso oficial promete mayor competitividad, menores precios internos y una inserción global acelerada. Sin embargo, esta decisión no es neutra ni técnica: implica optar por un modelo económico de consecuencias estructurales profundas. Y lo preocupante no es solo lo que se intenta hacer, sino cómo, cuándo y con qué sustento.Se trata de la tercera gran experiencia aperturista en nuestra historia reciente, luego de la Convertibilidad de los años noventa y la gestión de Cambiemos entre 2015 y 2019. En ambos casos, el camino elegido llevó inicialmente a un crecimiento del ingreso de bienes importados, cierta estabilidad de precios y una ilusión de modernización. Pero a mediano plazo, el resultado fue una acelerada desindustrialización, deterioro del empleo, caída del salario real y aumento de la dependencia externa. La historia económica argentina ya mostró que una apertura abrupta, sin política industrial, sin crédito y sin condiciones macroeconómicas adecuadas, no conduce al desarrollo. Conduce al colapso productivo.La paradoja de la apertura: crecen las exportaciones, se derrumba la producción nacionalSegún datos del INDEC, las exportaciones crecieron un 10,2?% interanual en el primer semestre de 2025. No obstante, este crecimiento está fuertemente concentrado en el complejo energético: petróleo crudo, gas natural y derivados asociados a Vaca Muerta y el Gasoducto Néstor Kirchner explican gran parte del dinamismo externo.Es decir, no hay un fenómeno de diversificación exportadora, sino una reprimarización intensificada.Al mismo tiempo, los sectores intensivos en valor agregado y empleo presentan cifras alarmantes. La producción industrial cayó 8,3?% interanual en mayo, según la UIA, y la construcción, el comercio y las economías regionales muestran retrocesos sostenidos. Las pymes, que explican más del 70?% del empleo privado formal, enfrentan una combinación letal: caída del consumo, encarecimiento del crédito y competencia desleal por parte de productos importados, muchas veces subsidiados en origen.Así se configura la gran paradoja del modelo actual: se promueve la apertura para exportar más, pero se destruyen las condiciones internas para producir. Se prioriza la balanza comercial de corto plazo, aunque a costa de un debilitamiento del entramado productivo nacional.

Una apertura sin piso macroeconómico ni reglas simétricasLa economía argentina no ofrece hoy las condiciones mínimas necesarias para competir en igualdad de condiciones en el mercado global. El tipo de cambio real está apreciado, desincentivando exportaciones industriales y abaratando artificialmente las importaciones. La presión fiscal sobre el sector productivo continúa siendo elevada, especialmente a nivel provincial y municipal. La infraestructura logística es deficitaria, el financiamiento productivo está virtualmente paralizado y los costos sistémicos son altísimos.En este contexto, la liberalización comercial unilateral se transforma en una transferencia directa de ingresos desde la producción nacional hacia los oferentes externos. El resultado previsible es la sustitución de producción local por importaciones, sin capacidad de respuesta por parte de los actores internos.

Efectos sobre el empleo y la cohesión socialLos datos laborales ya reflejan el impacto de este modelo. En el primer trimestre de 2025 se perdieron más de 200.000 puestos de trabajo registrados, concentrados en la industria y la construcción.La informalidad crece y el salario real ha perdido más del 20?% en términos interanuales en lo que va del 2025 ( y un 17% fue en el 2024). El tejido social se debilita en forma acelerada, especialmente en las economías regionales y en los sectores medios urbanos, históricamente sostenidos por el empleo industrial y de servicios conexos.La experiencia histórica indica que, cuando se desprotege el mercado interno sin una estrategia de reconversión productiva y laboral, el desempleo estructural se vuelve crónico. La apertura comercial no genera empleo por sí misma: requiere políticas complementarias que hoy están ausentes.Sin política industrial, no hay desarrolloLa apertura actual carece de una política industrial que oriente y potencie sectores estratégicos. No hay planes de reconversión productiva, ni incentivos a la innovación, ni integración tecnológica. Se han desfinanciado los organismos de ciencia y técnica, se recortaron los programas de formación profesional y no existen instrumentos de financiamiento para la inversión productiva. La desregulación ha sido total, pero sin contrapartida estratégica. Abrir los mercados sin proteger el conocimiento, la tecnología y el tejido industrial nacional es equivalente a renunciar a cualquier proyecto de desarrollo autónomo.Para que la apertura comercial sea parte de una estrategia de desarrollo y no un simple mecanismo de ajuste, se requieren al menos tres pilares fundamentales: 1) Consistencia macroeconómica: Un tipo de cambio real competitivo, baja presión fiscal sobre la producción y estabilidad financiera que brinde previsibilidad al sector privado, 2) Política industrial activa: Identificación y promoción de sectores estratégicos con potencial exportador, metas de desempeño, incentivos concretos a la innovación, integración tecnológica y estímulo a los encadenamientos productivos nacionales, y 3) Provisión de bienes públicos e infraestructura clave: Inversión sostenida en logística, transporte, energía, conectividad, educación técnico-profesional, y en el sistema científico-tecnológico.La apertura comercial vigente es funcional al corto plazo y al consumo inmediato (courier, productos electrónicos importados, etc.), pero deja al descubierto la fragilidad estructural del entramado productivo nacional.  Sin un entorno macroeconómico estable, sin política industrial y sin bienes públicos que acompañen, la liberalización comercial no promueve desarrollo: lo posterga.

Lecciones del pasado: cuando el espejismo se convierte en crisisLa historia reciente argentina ofrece ejemplos contundentes. Durante la Convertibilidad, el tipo de cambio fijo y la apertura comercial desmantelaron buena parte de la estructura industrial. El desempleo llegó a niveles récord, y la dependencia del financiamiento externo terminó en la crisis de 2001.  Entre 2016 y 2018, el nuevo intento de liberalización sin protección productiva generó una nueva oleada de cierre de fábricas, endeudamiento y crisis cambiaria.En ambos casos, el crecimiento de corto plazo fue seguido por un deterioro irreversible del aparato productivo. Hoy, bajo una lógica similar, se corre el mismo riesgo, pero con un agravante: una sociedad más empobrecida y un Estado con menor capacidad de respuesta.

¿El futuro o un déjà vu?El dilema no es apertura sí o no. Es cómo se abre, con qué propósito y con qué instrumentos. Una inserción internacional inteligente requiere estabilidad macroeconómica, política industrial activa, inversión en infraestructura y articulación público-privada. Nada de eso está presente hoy.La apertura comercial sin un Estado que planifique, invierta y proteja, es simplemente ajuste. Un ajuste que no solo destruye empleos, sino también capacidades productivas y capital social. El camino que se está tomando no conduce a la modernización, sino a una mayor vulnerabilidad externa y a una estructura económica más desigual y concentrada.Si no se revierte esta lógica, Argentina puede repetir el mismo error histórico por tercera vez. Pero esta vez, el costo puede ser aún mayor: no solo el colapso de sectores productivos clave, sino también la pérdida definitiva de soberanía económica.

El desafío de la Argentina no radica solamente en cómo invertir en su juventud para que esta pueda integrarse a una economía global tecnológica, sino también en cómo proteger y dar sentido social a su población envejecida, que hoy corre el riesgo de quedar excluida ante el avance acelerado de las innovaciones digitales. Resolver esta doble tensión —proveer futuro a los jóvenes y dignidad a los mayores— es quizá la mayor encrucijada del modelo de desarrollo argentino.

En Argentina, al igual que en Chile y Uruguay, la transición demográfica ha entrado en una fase avanzada: la proporción de jóvenes de entre 15 y 24 años viene disminuyendo de manera sostenida, mientras que el segmento de adultos mayores de 65 años crece con rapidez. En términos concretos, los jóvenes representan hoy cerca del 15% de la población total, frente al 18% que constituían a comienzos del siglo XXI. Al mismo tiempo, la proporción de adultos mayores ya supera el 12%, con proyecciones que estiman un aumento hasta alcanzar aproximadamente el 20% hacia 2050.La transición demográfica, marcada por la disminución relativa de jóvenes y el aumento sostenido de adultos mayores, no es una estadística neutra. Modifica la composición del gasto público, las demandas del mercado laboral y el equilibrio político-social. Este cambio demográfico contrasta con regiones como África subsahariana y el sudeste asiático, donde predominan poblaciones jóvenes. En Nigeria, más del 60% de la población tiene menos de 25 años; en India, el 47%. Ese ‘bono demográfico’ les permite proyectar crecimiento futuro. En Argentina, en cambio, ese bono se agota, exigiendo un replanteo urgente de la estrategia de desarrollo.

La OCDE y el BID advierten que América Latina enfrenta un envejecimiento más veloz que Europa, pero con menores ingresos, productividad y cobertura institucional. Para 2050, la carga fiscal en pensiones se equiparará a la de la Unión Europea, sin haber alcanzado sus niveles de ahorro, empleo de calidad ni protección social.En el caso argentino, el panorama es particularmente delicado. El país destina actualmente un 11,4% de su producto interno bruto (PIB) al pago de jubilaciones y pensiones, una cifra que ya excede el promedio de la Unión Europea (10%), y que incluso supera a países como Alemania (10,3%), Francia (10,1%) y España (9,5%), todos con proporciones mucho más elevadas de población envejecida.Alrededor del 40% de los trabajadores no realizan aportes jubilatorios regulares, lo que genera un creciente desbalance entre ingresos y egresos del sistema, obligando al Estado a cubrir déficits con recursos fiscales generales.A medida que aumenta la proporción de recursos estatales destinados al sostenimiento de los adultos mayores, disminuye la capacidad del Estado para invertir en políticas de largo plazo que beneficien directamente a las nuevas generaciones: educación, salud, innovación, infraestructura digital, vivienda accesible y empleo joven.El informe del BID señala que, en promedio, América Latina gasta cuatro veces más en personas mayores que en jóvenes de entre 10 y 25 años. En Argentina, esta brecha podría ser incluso mayor, considerando el peso del sistema previsional, las transferencias directas, y el bajo nivel de ejecución de políticas públicas específicas para la juventud.En otras palabras, se configura un escenario de competencia intergeneracional por el presupuesto público, donde las necesidades urgentes del presente (jubilaciones, subsidios, medicamentos) desplazan las inversiones estratégicas del futuro.Si la Argentina sigue destinando buena parte de sus recursos fiscales a sostener jubilaciones y pensiones, pero no prepara a sus jóvenes para competir en la economía del conocimiento, el resultado es una sociedad atrapada en el estancamiento: una generación mayor temerosa de perder sus derechos y una generación joven sin horizonte de movilidad social.Un pacto intergeneracional sostenible debe reconocer que los adultos mayores no son un “costo” social. Tienen saberes, experiencias y potencial de aporte que la tecnología no reemplaza. Sin embargo, para que esto ocurra se necesitan políticas activas de inclusión digital: programas masivos de alfabetización tecnológica para adultos mayores, incentivos para su participación en actividades comunitarias y productivas, y un rediseño de los servicios públicos para que sean accesibles sin importar la edad o el nivel de conocimiento digital. Esto no es un gasto superfluo: es una inversión para que la transición tecnológica no se transforme en exclusión masiva.Al mismo tiempo, los jóvenes necesitan un sistema educativo profundamente reformado. La Argentina debe abandonar su modelo educativo del siglo XX, desconectado de las demandas reales de la cuarta revolución industrial. La enseñanza de programación, robótica, inteligencia artificial, análisis de datos y habilidades digitales no puede ser opcional: debe formar parte de la currícula obligatoria desde los primeros niveles. Solo así los jóvenes podrán insertarse en un mundo laboral donde los oficios tradicionales pierden peso y las competencias digitales marcan la diferencia.Pero la solución no es tecnológica únicamente. También es social. La informalidad laboral afecta al 40% de los jóvenes argentinos, condenándolos a trayectorias laborales inestables, sin aportes previsionales, sin capacitación formal. Necesitamos una política de primer empleo robusta, que combine incentivos fiscales para empresas, sistemas de formación dual (trabajo-estudio) y apoyo estatal para emprendimientos juveniles en sectores de base tecnológica o de economía verde. No se trata sólo de crear empleo: se trata de crear empleos con futuro.

El financiamiento de estas transformaciones exige repensar el gasto público. Un acuerdo intergeneracional sincero debería reconocer que sostener pensiones sin base contributiva creciente es insostenible. Pero no se trata de recortar derechos adquiridos: se trata de garantizar que las generaciones futuras también tengan acceso a una jubilación digna. Para ello, la única vía es aumentar la formalidad y la productividad de los jóvenes de hoy, que serán los aportantes de mañana. Lo que se invierta ahora en educación y empleo joven reducirá el costo fiscal futuro.En paralelo, los adultos mayores no deben ser desplazados de la economía ni de la vida pública. Programas de empleo parcial para mayores de 60 años, redes de cuidado comunitario, cooperativas de servicios gestionadas por jubilados y redes de mentoría para jóvenes emprendedores son ejemplos de cómo los mayores pueden seguir contribuyendo al desarrollo económico y social. Países como Japón o Alemania han avanzado en esta dirección, integrando la experiencia de su población envejecida con la innovación de las nuevas generaciones.La Argentina enfrenta una oportunidad crítica. Puede optar por la resignación —una sociedad partida entre viejos “protegidos” pero aislados, y jóvenes excluidos del futuro— o puede construir un modelo de integración generacional que aproveche lo mejor de cada edad. Esto exige visión de largo plazo, consenso político y una reforma profunda de sus prioridades de inversión.El costo de no hacerlo es conocido: desocupación juvenil, pobreza crónica, emigración de talentos, crisis previsional y fragmentación social. En cambio, un país que invierte de manera simultánea en la capacitación de sus jóvenes y en la integración digital y productiva de sus mayores puede aspirar a una economía innovadora, una sociedad cohesionada y un Estado financieramente sostenible.Cada peso destinado a una política pública de juventud bien diseñada y ejecutada, tiene un retorno multiplicador en términos de productividad, cohesión social y estabilidad institucional. La evidencia internacional es contundente: los países que priorizaron a sus jóvenes —como Corea del Sur, Irlanda o Estonia— son los que hoy lideran los rankings globales de innovación, competitividad y bienestar. Incluso en contextos de restricción fiscal, apostar por la juventud no es una opción que se toma si sobra presupuesto: es una decisión estratégica de país.Postergar esa inversión bajo el pretexto del ajuste es, en realidad, hipotecar el crecimiento futuro. Argentina, con su enorme capital humano, creatividad y diversidad regional, no puede darse ese lujo. Si quiere formar parte del grupo de países que construyen futuro, el momento de actuar no es mañana ni cuando mejore la economía: es ahora.Cada año perdido en esta transformación es una generación que queda a mitad de camino y un grupo de adultos mayores que pierde calidad de vida. Argentina tiene los recursos humanos y las capacidades institucionales para hacerlo. Falta, como siempre, la decisión política y el compromiso colectivo para construir un verdadero pacto intergeneracional de desarrollo.No se trata de elegir entre generaciones, sino de integrarlas en un proyecto común que potencie las capacidades de cada una. El desafío es grande, pero también lo es la recompensa: una Argentina que no quede atrapada en la decadencia demográfica, sino que transforme este cambio estructural en una oportunidad de progreso compartido.

La iniciativa busca reactivar el consumo y la inversión sin recurrir a la emisión de pesos, una estrategia que, en teoría, podría aliviar la presión cambiaria y dinamizar la actividad económica. Sin embargo, detrás de esa consigna se ocultan riesgos económicos, institucionales y legales que no deben subestimarse.Los datos oficiales son contundentes. En 2024 se estima que hay cerca de US$ 252.000 millones fuera del sistema financiero. Esta cifra equivale al 40% del PBI, representa el 54% de la deuda pública bruta y sextuplica las reservas del Banco Central. Se trata de un fenómeno estructural: refleja décadas de desconfianza hacia el peso, el sistema bancario y, sobre todo, hacia el Estado.

Las causas del ahorro en dólares fuera del sistema¿Por qué los argentinos desconfían del sistema financiero? Lejos de ser un reflejo meramente evasivo, el masivo ahorro en dólares por fuera del circuito formal es una reacción lógica frente a un contexto de inestabilidad crónica. Las causas son múltiples y acumulativas:- Desconfianza institucional: El recuerdo del corralito (2001) y las confiscaciones de depósitos sigue vigente en la memoria colectiva.- Inestabilidad monetaria: La inflación crónica y la devaluación del peso desincentivan el ahorro en moneda local.- Presión fiscal y regulaciones asfixiantes: Las altas cargas impositivas y los controles cambiarios han llevado a muchos argentinos a optar por la informalidad como mecanismo de autoprotección- La percepción de inseguridad jurídica, donde las reglas cambian según la coyuntura, desalienta toda formalización.Décadas de crisis recurrentes han consolidado una economía bimonetaria donde el dólar opera como refugio de valor, incluso fuera de los circuitos legales.Entonces, guardar dólares bajo el colchón, no es solo una forma de evasión. Muchas veces, es una estrategia de autodefensa ante un sistema institucional que no ofrece garantías mínimas. Sin embargo, es aquí donde comienza la verdadera discusión de fondo.Los riegos de la remonetización sin controlesArgentina tiene una larga historia de blanqueos de capitales, donde el Estado ofrece condiciones favorables para regularizar fondos no declarados. El último, en 2024, permitió la entrada de US$ 22.000 millones, apenas el 12% del total de activos externos estimados.El problema es que estos mecanismos envían un mensaje perverso: 1) premian al evasor, mientras castigan al contribuyente cumplidor, 2) fomentan la competencia desleal, ya que empresas informales operan con costos menores al eludir impuestos, y 3) erosionan la credibilidad institucional, reforzando la idea de que las reglas son temporales y negociables.Como advirtió el economista Martín Litwak: “Hacer un blanqueo cada dos años atenta contra cualquier pago futuro de impuestos, porque la gente que cumple se siente muy pelotuda”.

El peligro del lavado de activos y las sanciones internacionalesUno de los mayores riesgos de flexibilizar los controles sobre el origen de los dólares es facilitar el blanqueo de capitales ilícitos. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ya ha advertido sobre los peligros de medidas laxas, que podrían llevar a:  sanciones económicas y restricciones en el acceso al sistema financiero global, y a mayores costos de financiamiento externo, perjudicando la estabilidad macroeconómica. La inclusión en listas grises o negras complica cualquier estrategia de inserción económica seria.El gobierno insiste en que no se tolerará el dinero de actividades criminales, pero sin mecanismos de verificación robustos, la distinción entre evasión fiscal y lavado de activos se difumina.

Un legado de firmeza tributaria nacido en ConcordiaCarlos Miguel Tacchi, oriundo de nuestra ciudad, fue una figura cuya contundente lucha contra la evasión fiscal marcó un antes y después en la administración tributaria argentina. Como director de la Dirección General Impositiva (DGI) entre 1991 y 1995,  implementó políticas audaces que lograron récords históricos de recaudación, reduciendo la evasión del IVA y Ganancias mediante ingenierías fiscales innovadoras, como los agentes de retención.Su famosa frase —”A los evasores hay que hacerlos mierda”—, pronunciada tras la experiencia de salvar a su hijo en un hospital público, sintetizaba su filosofía: la obligación tributaria como pilar del contrato social. Bajo su gestión se persiguieron casos emblemáticos como la “mafia del oro” y el escándalo IBM-Banco Nación, demostrando que ni el poder económico ni los vínculos políticos lo detenían.La contradicción actual: ¿Incentivar la informalidad o fortalecer la ley?Hoy, su legado contrasta con el discurso del gobierno de Javier Milei, que bajo el argumento de “remonetizar” la economía, busca atraer dólares informales sin exigir declaraciones rigurosas. Mientras Tacchi exigía facturación obligatoria y publicaba listas de deudores, el presidente afirma que los evasores “no son delincuentes, sino víctimas del Estado.Esta ambivalencia —premiar la informalidad mientras se promete orden fiscal— debilita la credibilidad institucional y envía un mensaje peligroso: la norma es transable si el contexto lo justifica.

El riesgo de repetir errores históricosTacchi entendía que perdonar evasores solo perpetuaba la cultura del incumplimiento. En cambio, el actual titular de la DGI, Andrés Vázquez —acusado de ocultar US$ 2 millones en propiedades offshore— ejemplifica la hipocresía de un sistema donde quienes deben perseguir el delito lo cometen. La paradoja es evidente: ¿cómo combatir la evasión si sus máximos responsables eluden sus propias obligaciones?Esta doble vara, lejos de ser una anécdota, es un problema institucional. Debilita el principio de legalidad, confunde a la ciudadanía y erosiona la cultura del cumplimiento tributario.La evasión fiscal no es una picardía criolla. Es un delito que priva al Estado de recursos esenciales para garantizar derechos básicos. Afecta la equidad del sistema, perjudica al contribuyente honesto y reduce las chances de construir una estructura fiscal sólida, progresiva y eficiente

¿Qué hubiera dicho Tacchi?El concordiense no habría aceptado atajos. Su fórmula combinaba coacción legítima (como inspecciones sorpresivas a grandes empresas) con “puentes de plata” (facilidades de pago para regularizar deudas). Para él, la confianza se construía con transparencia y consecuencia, no con amnistías.Creo que vale la pena recordar figuras que demostraron que la integridad también puede ser una política pública. Carlos Tacchi, dejó un legado que trasciende los números: probó que la ética no es incompatible con la eficacia. Su rigor técnico y moral siguen siendo una referencia imprescindible frente a la tentación de premiar la informalidad. En un país que oscila entre el atajo y la norma, conviene no perder de vista que el respeto por la ley no es un obstáculo, sino la base de toda reconstrucción sostenible.Hoy, Argentina enfrenta el mismo dilema: ¿Remonetización con impunidad o reformas estructurales? Tacchi ya dio su respuesta: “Los impuestos deben pagarse, sin importar el uso que el Estado haga de ellos”.Argentina necesita dólares, sí. Pero no puede seguir trocando institucionalidad por dólares, más que eso, necesita previsibilidad, reglas claras, justicia fiscal y seguridad jurídica.

La remonetización es un objetivo válido, pero debe ser alcanzado mediante mecanismos legales, transparentes y sostenibles, no con atajos que premien la evasión.No puede construirse una economía sólida sobre la base de excepciones, perdones fiscales y flexibilizaciones a medida. Cuando el pragmatismo pasa por encima del derecho, no se fortalece la economía: se profundiza la crisis de confianza. Y sin confianza, no hay inversión, no hay crecimiento, y no hay futuro.En definitiva, como solía decir Tacchi: “Los impuestos deben pagarse. Lo demás es cuento. Lo único no negociable es cumplir la ley”.

La macroeconomía: señales de ordenEl punto fuerte del gobierno de La Libertad Avanza está, sin duda, en el plano macroeconómico. En apenas cuatro meses, el gobierno logró algo que parecía imposible: cerrar el primer trimestre con superávit financiero, es decir, gastar menos de lo que se recauda, algo que no ocurría desde 2008. La meta de déficit cero fue alcanzada a través de un ajuste fiscal que incluyó principalmente recortes a la obra pública, licuación de jubilaciones, salarios y transferencias a las provincias.Además, se eliminó por completo la emisión monetaria para financiar al Tesoro, una práctica que el gobierno identifica como el “pecado original” de la inflación en Argentina. La inflación mensual, que había trepado al 25% en diciembre de 2023, descendió al 11% en marzo de 2024 y comenzó el segundo trimestre con un promedio cercano al 2,7% mensual. Sin embargo, a pesar de la desaceleración, esta variable aún no puede considerarse completamente bajo control.En paralelo, las reservas del Banco Central no mostraron una suba significativa, pero se logró cierta estabilidad cambiaria gracias a las compras en el mercado, el cumplimiento de las metas pactadas con el FMI y la renovación del swap con China. La expectativa oficial es que, con la implementación del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), el blanqueo de capitales y el levantamiento del cepo, comience a ingresar divisas frescas que refuercen el frente externo.

La microeconomía: el costo del ajusteDel otro lado de la moneda está la microeconomía. Y aquí los números son más sombríos. Según el INDEC la actividad económica cayó un 4,4% interanual en febrero y el consumo minorista cayó un 13,2% interanual en marzo, según la CAME.El poder adquisitivo del salario formal perdió cerca de un 18% desde diciembre, y en el sector informal la caída fue aún mayor.La pobreza alcanzó al 57% de la población según estimaciones privadas para el primer trimestre, y la indigencia al 15%. El desempleo comenzó a mostrar una tendencia creciente en comparación con fines de 2023, especialmente en sectores sensibles como la construcción, donde ya se perdieron más de 80.000 empleos formales. También se observan señales de deterioro en la industria y el comercio, con suspensiones y despidos que empiezan a reflejarse en los indicadores laborales.Este deterioro golpea con fuerza a la clase media y a los sectores populares. En paralelo, el gobierno redujo el gasto en asistencia social, transfiriendo el ajuste también a quienes están en mayor vulnerabilidad.En conclusión, el modelo actual genera una fuerte brecha entre una macroeconomía ordenada a fuerza de un ajuste sin precedentes, y una microeconomía que se desangra en una recesión profunda. Mientras las variables fiscales y monetarias muestran señales de mejora, ese orden macro no logra todavía traducirse en alivio concreto para la mayoría de la población. Si el consumo cae, los salarios pierden poder adquisitivo, el desempleo crece y las pymes enfrentan una fuerte contracción, quiere decir que la estabilidad nominal se sostiene sobre un deterioro real de las condiciones de vida. Es, por ahora, un orden macro con alto costo social.

Incertidumbre política y expectativasLa política importa. Y mucho. La economía se mueve por expectativas, y el rumbo institucional también influye. Decisiones como la fallida designación de jueces por decreto, el enfrentamiento con gobernadores, la interna con el PRO en la Ciudad y la alianza en provincia (inconsistencia política: amigo en una parte y enemigo en otras), y la falta de una agenda legislativa clara generan ruido. La seguridad jurídica sigue siendo una deuda pendiente, y sin reglas claras, las inversiones siguen mirando de lejos.A pesar de todo esto, Milei conserva un piso de apoyo social relativamente alto. La imagen presidencial cayó poco frente al tamaño del ajuste. Pero con elecciones legislativas en cinco meses, el escenario sigue abierto.

¿Qué debería hacer el gobierno en este contexto?Si bien aún resulta prematuro emitir un veredicto definitivo sobre el éxito o fracaso del modelo libertario, los riesgos macroeconómicos y sociales permanecen latentes.Para encauzar el proceso de estabilización y evitar una crisis social de mayor magnitud, el gobierno debería avanzar decididamente en tres ejes estratégicos: 1) reconstruir la confianza institucional, mediante la aprobación de un Presupuesto creíble, la estricta observancia de la legalidad y el fortalecimiento del diálogo con los sectores productivos y políticos; 2) reactivar la economía real, a través de un plan de crecimiento integral enfocado en la industria, las pymes, el agro y la inversión local, entendiendo que la sostenibilidad fiscal solo es posible con dinamismo productivo; y 3)  atender de manera prioritaria la dimensión social, instrumentando mecanismos focalizados y eficientes para mitigar el impacto del ajuste sobre los sectores más vulnerables, sin comprometer la disciplina fiscal. La historia económica argentina demuestra que los equilibrios contables no bastan si no se traducen en bienestar y desarrollo sostenible. El modelo actual está aún en fase de prueba, pero el margen de maniobra se reduce rápidamente ante el avance del malestar social. El desafío es enorme: sostener el orden macro sin romper el contrato social, no hay espacio para la inercia: el éxito del proceso dependerá de la capacidad del gobierno de transformar la estabilidad nominal en progreso económico y social tangible para la población. De no lograrse esta transformación, la estabilidad macroeconómica se tornará insostenible en el tiempo, erosionando la legitimidad del modelo y abriendo paso a nuevos desequilibrios.