Durante el año pasado, en esta misma columna, sostuvimos una idea que hoy vuelve con forma de datos: el ajuste puede ser un instrumento de emergencia en el corto plazo, pero no puede ser el único motor de la sostenibilidad fiscal. Si el equilibrio presupuestario se logra por shock de gasto y sin una estrategia consistente para sostener actividad, inversión y consumo, el resultado es un círculo vicioso: más ajuste - más recesión - menos recaudación - necesidad de más ajuste.La política fiscal queda atrapada en la lógica de “cerrar la caja” mientras la base imponible se erosiona. El gráfico es, justamente, la visualización de esa erosión.

Lo que muestra el gráfico: de la expansión real al terreno negativo persistenteLos números son elocuentes. En los primeros meses de 2025, la recaudación nacional aparece con variaciones reales positivas: +5,8% en enero, +11,8% en febrero, +5,7% en marzo, +7,2% en abril. Luego llega un quiebre: mayo marca -17,4% real.Después se observa un rebote breve (+2,8% en junio; +4,5% en julio) y, a partir de allí, se instala un patrón preocupante: agosto -2,2%; septiembre -8,7%; octubre -3,7%; noviembre -8,8%; diciembre -3,5%; enero 2026 -7,4%.

¿Qué significa esto, en términos simples y técnicos a la vez?“En términos reales” implica que la recaudación se está mirando descontando inflación. No alcanza con que los pesos recaudados suban nominalmente: si suben menos que los precios, caen en poder de compra, que es lo que importa para pagar sueldos, comprar insumos, financiar hospitales o sostener servicios.La recaudación es, además, un termómetro de actividad. Con matices, los impuestos más relevantes se mueven con el nivel de consumo, producción, importaciones, empleo formal y rentabilidad. Si la economía se enfría, el Estado lo siente en la caja.Y aquí aparece la primera conclusión: no estamos ante un “bache” aislado, sino ante una trayectoria que, desde agosto, muestra caídas reales repetidas y profundas, con dos meses —septiembre y noviembre— cerca de -9%.

Del equilibrio contable al problema de base imponible: la microeconomía como condición fiscalUno de los errores más frecuentes del debate público es suponer que el equilibrio fiscal es solo una cuestión de voluntad o de “austeridad”. Desde finanzas públicas, el equilibrio no es una consigna: es una identidad.Si se recorta gasto a un ritmo superior a la caída de ingresos, el resultado mejora. Pero eso no responde la pregunta clave: ¿qué pasa con los ingresos cuando el recorte afecta la actividad?El gasto público no es solo “un costo”. También es demanda, es ingreso de hogares, es compras a proveedores, es obra, es transferencias.En una economía con restricciones estructurales como la nuestra (crédito caro, inversión frágil, alta informalidad, capacidad ociosa), un ajuste de shock puede acelerar la recesión y golpear el consumo. Y el consumo —nos guste o no— es una de las bases imponibles más rápidas y sensibles: cuando cae, se resienten tributos asociados a transacciones, ventas, servicios, combustibles, comercio exterior, actividad formal.

Esto explica por qué insistimos el año pasado: el equilibrio fiscal sin plan productivo termina devorando su propia recaudación. Porque la sostenibilidad fiscal no es solo “gastar menos”: es recaudar de manera estable, lo cual exige una economía que al menos no se achique en términos reales.En otras palabras: se puede “cerrar” el resultado por un tiempo con tijera, pero no se puede sostener indefinidamente una caja pública sobre una sociedad que pierde empleo, salario real y consumo.El punto ciego del discurso nacional: cuando cae Nación, se desploman provincias y municipiosAcá aparece el corazón federal del problema. La recaudación nacional no es solo “plata de Nación”. En un país con fuerte desequilibrio vertical, la Nación concentra tributos potentes y luego distribuye una parte vía coparticipación y transferencias.Por eso, cuando se enfría la recaudación real, no cae una sola caja: cae un sistema de financiamiento intergubernamental.En provincias como Entre Ríos, la dependencia es estructural: la coparticipación y transferencias automáticas suelen representar más del 80% de los ingresos corrientes provinciales.Este dato, más allá de la cifra exacta en cada año, describe un hecho financiero esencial: el presupuesto provincial está atado al pulso de la recaudación nacional. Y los municipios, a su vez, quedan atados al pulso provincial y a su propia recaudación local, que también depende de la actividad.

Entonces, cuando el gráfico muestra caídas reales persistentes de la recaudación nacional, lo que está mostrando —en cadena— es: 1) menor masa de recursos a distribuir (cuando cae la masa coparticipable real) o mayor presión sobre transferencias no automáticas; 2) presupuestos provinciales más frágiles, con gasto rígido (salud, educación, seguridad, salarios); y 3) Municipios asfixiados, porque sus fuentes propias suelen ser estrechas y políticamente sensibles, y porque la demanda de servicios sociales crece justo cuando los recursos reales caen.Dicho sin eufemismos: la recaudación nacional en caída real es una fábrica de problemas fiscales subnacionales.

Conclusión: el gráfico no anuncia un problema contable, anuncia un límite de modeloLa enseñanza del gráfico es clara: cuando el equilibrio fiscal se sostiene solo por la tijera, la recaudación tarde o temprano pasa factura. Y cuando pasa factura, el ajuste se vuelve adictivo: hace falta más recorte para compensar menos ingresos, y ese recorte vuelve a dañar la actividad que alimenta la recaudación.Por eso lo dijimos el año pasado: el equilibrio fiscal es condición necesaria, pero no suficiente. Sin crecimiento económico no hay equilibrio sostenible. No es una consigna partidaria: es una restricción presupuestaria intertemporal aplicada a un país real. Y el país real es federal. Cuando cae la recaudación nacional en términos reales, no cae solo “la Nación”: caen también Entre Ríos, sus municipios y cada comunidad que depende de esos recursos para sostener servicios esenciales.La discusión que viene, entonces, no debería ser “cuánto más ajustar”, sino cómo sostener el orden fiscal sin destruir la base económica que lo financia. Porque el equilibrio fiscal, para ser virtud, tiene que ser duradero. Y para ser duradero, necesita aquello que ningún recorte puede reemplazar: una economía que vuelva a crecer. 

La política argentina tiene un talento recurrente: convertir un debate técnico en un eslogan emocional. “Aprobada la Ley de Inocencia Fiscal”, celebran algunos; “amnistía encubierta”, denuncian otros. Pero el verdadero problema no es el nombre, sino lo que revela: un Estado que admite —tarde— que su aparato de control se volvió masivo, caro e ineficaz, y que ahora intenta recomponer autoridad bajando la presión sobre el contribuyente común.

La iniciativa, vale aclararlo, tiene media sanción en Diputados y debe pasar por el Senado; no está cerrada. Y mientras se discute el proyecto, el Gobierno ya empuja el cambio por la vía administrativa: sube umbrales de información y deroga regímenes informativos que funcionaban como una red de trazabilidad de consumo y patrimonio.El argumento oficial suena sensato: “no perseguir a la gente”, concentrarse en “los evasores verdaderos”. En un país donde la inflación destruyó escalas y la nominalidad volvió sospechosa cualquier operación de tamaño medio, hay un punto atendible: si todo es “alerta”, nada es alerta.En términos prácticos, se informó que, por ejemplo, las transferencias y acreditaciones bancarias pasarían a reportarse recién desde $50 millones para personas humanas (y $30 millones para personas jurídicas), que las extracciones en efectivo dejarían de informarse “desde cualquier monto” para hacerlo desde $10 millones, que los saldos al cierre de mes y los plazos fijos también se elevan a niveles sustancialmente mayores, y que se aumentan los límites en billeteras virtuales y tenencias en AlyCs. A la vez, el Gobierno anunció la derogación de regímenes de información sobre consumos personales con tarjetas, ciertos reportes vinculados a escribanos, expensas, publicaciones de operaciones, y otros circuitos que, en la práctica, alimentaban un sistema de trazabilidad masiva. El argumento: disminuir costos de cumplimiento, reducir el temor a operar en blanco y, de paso, evitar que la burocracia fiscal se consuma en perseguir “volumen” en vez de “calidad” de evasión.El componente más delicado —y quizás el más importante para evaluar consecuencias— es el que toca el Régimen Penal Tributario y el procedimiento. La orientación reportada públicamente es elevar los umbrales a partir de los cuales una evasión se vuelve penalmente perseguible, evitando que montos nominales bajos (para la escala macro actual) terminen empujando a la justicia penal situaciones que deberían resolverse por la vía administrativa. En cobertura sobre el tratamiento legislativo se mencionó, como ejemplo, un salto fuerte en el umbral de evasión simple (de $1,5 millones a $100 millones). En el mismo sentido, el anuncio oficial afirmó que, de unas 7.000 causas en el fuero penal tributario, el nuevo enfoque tendería a dejar en curso alrededor de 200, concentradas en evasión relevante. En paralelo, se comunicó la idea de acortar prescripción para cumplidores: pasar de cinco a tres años para quienes presenten declaraciones juradas en tiempo y forma, reforzando una regla simple: el que cumple, gana previsibilidad; el que no, enfrenta un horizonte más largo y exigente.Hasta acá, el diseño parece razonable desde una lógica de eficiencia del Estado: menos fiscalización masiva, más selectividad; menos penalización de rutina, más sanción donde hay daño fiscal verdadero. Pero las finanzas públicas no se evalúan solo por intenciones, sino por incentivos. Y el primer riesgo que aparece es de señal: subir umbrales y relajar reportes puede interpretarse —en una sociedad con larga historia de informalidad defensiva— como “evadir sale barato” o “nadie controla”. Ese riesgo no es moralista, es operativo: si se deteriora la moral tributaria de los que ya cumplen, el costo fiscal puede ser mayor que el beneficio de “aflorar” marginalmente actividad. El segundo riesgo es distributivo: en Argentina, los que más aportan “sin opción” suelen ser los trabajadores formales vía retenciones y percepciones, y muchas pymes registradas que no pueden esconder su facturación. Si el cambio se lee como una amnistía de hecho para patrimonios no declarados, se erosiona la equidad horizontal (iguales pagando igual) y se debilita el contrato fiscal. El tercer riesgo es sistémico: el país no opera en el vacío, y todo lo que se asocie —aunque sea injustamente— con debilitamiento de controles contra lavado y financiación ilícita puede encarecer la integración financiera externa. No alcanza con decir “no perseguimos al ciudadano”: hay que mostrar que el Estado conserva capacidad de control selectivo y estándares compatibles con reglas internacionales.Ahora bien: el problema de Argentina no es que el Estado “mira mucho”. El problema es que mira mal. Mira al que está a mano, al que está en blanco, al que no puede escaparse del radar. Y en ese exceso de control sobre el contribuyente medio, el fisco fue perdiendo algo más valioso que un dato: fue perdiendo legitimidad.

La “Inocencia Fiscal” pretende recomponer ese vínculo con dos herramientas que son políticamente explosivas. Por un lado, reformar el procedimiento y premiar al cumplidor con menos incertidumbre: se comunicó la reducción de la prescripción de cinco a tres años para quienes presenten en término, reforzando un principio básico: si el ciudadano cumple, el Estado no puede perseguirlo eternamente. Por otro lado, descomprimir el uso del derecho penal tributario elevando umbrales que quedaron ridículos con la inflación. Hasta ahí, el relato cierra. Pero la política económica no se mide por relatos: se mide por incentivos. Y acá aparece el primer choque. Si el mensaje social termina siendo “no pasa nada”, el resultado no será cultura tributaria, sino cultura de impunidad.En Argentina, la línea entre “aliviar” y “relajar” es finísima, porque el historial de cambios de reglas —blanqueos, moratorias, controles, regímenes y contrarreformas— dejó un aprendizaje perverso: esperar siempre conviene.El contribuyente que paga siente que es el único que no tiene premio; el que no paga aprende que tarde o temprano llega una ventana para regularizar barato. Ese es el núcleo de la desconfianza: no es solo hacia el Estado, es hacia el sistema como contrato social.

Una reforma que baja presión y sube umbrales puede ser razonable si se combina con fiscalización inteligente sobre la evasión grande. Pero si se traduce en “menos control” sin reemplazo efectivo, el resultado es un sistema todavía más regresivo: el que no puede esconderse sigue pagando, el que puede esconderse paga menos y encima obtiene validación política.Y llegamos a la pregunta que al Gobierno le interesa: ¿esto suma reservas y estabiliza el dólar? Ojalá, pero conviene bajar la espuma. Las reservas no aparecen porque el fisco sea “menos intenso”.

Las reservas aparecen si la economía genera dólares netos o si consigue crédito genuino. El proyecto puede —en el mejor de los casos— empujar un canal indirecto: que parte del ahorro en efectivo se bancarice, se formalice, se vuelque a instrumentos, y eso facilite crédito e inversión.Pero convertir “colchón” en reservas requiere algo que la ley no crea: confianza macro. Si el que tiene dólares no cree que el régimen cambiario y las reglas se sostienen, no deposita; gasta en efectivo o se queda afuera. Y aunque deposite, eso no implica automáticamente que el Banco Central compre y acumule reservas netas. El puente es más largo: reglas creíbles, instrumentos atractivos, demanda de pesos consistente y un mercado que ofrezca divisas sin disparar expectativas. En un contexto donde la fragilidad de reservas y el acceso al financiamiento siguen siendo temas centrales de la agenda, la ley, por sí misma, no resuelve la restricción externa.Mi conclusión, como especialista en finanzas públicas, es simple: el proyecto parte de un diagnóstico atendible —sobrerregulación informativa y uso excesivo del penal— y, bien aplicado, puede mejorar la relación cotidiana entre el fisco y el contribuyente común. Pero su efecto sobre reservas y estabilidad cambiaria será, en el mejor de los casos, indirecto.

Para que sea una oportunidad real, debe encajar en una estrategia macro creíble y demostrar que el Estado no “mira menos”, sino que mira mejor: con más foco, inteligencia y equidad. Si eso ocurre, parte del “colchón” puede entrar al circuito formal; si no, será otra reforma que baja fricciones, pero no cambia lo decisivo: la restricción externa que, al final, es la que decide cuántas reservas hay y cuán estable puede ser el dólar. 

Este nivel de esfuerzo fiscal podría ser entendible en sociedades envejecidas como las europeas o Japón, donde la proporción de adultos mayores es significativamente más alta. Pero Argentina, con una estructura demográfica todavía joven, sostiene un sistema más propio de países que ya atravesaron la transición poblacional completa. Esta desproporción, que en la superficie parece una virtud protectora de los adultos mayores, en realidad expone una anomalía difícil de sostener en el tiempo.El problema, sin embargo, no se reduce a un gasto elevado, sino a un gasto mal distribuido, profundamente desequilibrado y cargado de distorsiones acumuladas durante décadas.

Las sucesivas moratorias previsionales, los casi 200 regímenes especiales, los parches normativos y los privilegios sectoriales construyeron un entramado opaco, costoso y regresivo. La expansión de la cobertura previsional mediante moratorias fue efectiva para garantizar inclusión en un país con un mercado laboral altamente informal, pero su diseño fue improvisado y repetidamente excepcional. La excepcionalidad, con el tiempo, dejó de ser un remedio transitorio para convertirse en la regla estructural que sostiene el sistema. Así, personas con trayectorias laborales muy distintas —incluso con cero aportes o menos de una década de contribuciones— acceden a beneficios similares a quienes cumplieron estrictamente los 30 años requeridos.El esquema terminó igualando realidades que no son comparables y generando incentivos contradictorios, lo que erosiona la legitimidad del sistema para quienes sí realizaron aportes a lo largo de su vida laboral.A esto se suma el peso de los regímenes especiales, muchos de ellos sin ninguna justificación actuarial contemporánea. Edades diferenciales, cómputos más generosos, requisitos laxos o beneficios duplicados son mecanismos que nacieron por razones históricas, políticas o corporativas y que hoy no resisten un análisis de sostenibilidad. Las duplicaciones entre pensiones y jubilaciones contributivas, la superposición de beneficios y la ausencia de una fórmula proporcional transparente agravan el cuadro. La falta de coherencia interna del sistema no solo genera inequidad horizontal —personas con historias similares que reciben beneficios diferentes—, sino también inequidad vertical —beneficiarios con menos aportes recibiendo haberes más altos que quienes aportaron toda su vida.Estudios recientes del Banco Mundial, CIPPEC y especialistas como Rofman y Apella coinciden en que el núcleo del problema no es la magnitud del gasto previsional, sino la forma en que ese gasto está asignado. Las filtraciones del sistema son numerosas y persistentes: regímenes especiales sin sustento actuarial, moratorias sucesivas que igualan trayectorias laborales muy distintas, superposiciones de beneficios que duplican costos y una fórmula de cálculo del haber inicial que no refleja adecuadamente la historia contributiva real. Todo esto conforma un conjunto de inconsistencias que, lejos de corregirse, se acumula año tras año y compromete la sostenibilidad futura del sistema.

Frente a este diagnóstico, empieza a consolidarse un consenso técnico sobre la necesidad de avanzar hacia un esquema previsional más simple, más universal y más proporcional. La propuesta de rediseño basada en la arquitectura de dos pilares sintetiza ese enfoque: por un lado, un piso básico universal que garantice que ningún adulto mayor quede por debajo de un umbral mínimo; por el otro, una prestación contributiva estrictamente proporcional, donde cada año de aportes sume de manera clara y transparente, eliminando el requisito rígido de los 30 años y corrigiendo las inequidades más evidentes del sistema actual. El objetivo es construir un mecanismo más justo, más predecible y más sostenible, donde la universalidad se alcance sin recurrir a parches y donde se recuperen los incentivos a la formalidad laboral.

El rediseño propuesto contempla, además, una actualización gradual de la edad jubilatoria femenina hasta los 65 años, acompañada por un mecanismo automático de ajuste en función de la esperanza de vida. Esto no representa un “ajuste” en el sentido clásico, sino un alineamiento con las tendencias globales y un reconocimiento de la mayor longevidad. En materia de invalidez, se impulsa un esquema unificado, transparente y con un baremo homogéneo. En cuanto a las pensiones por fallecimiento, la propuesta busca mayor coherencia y la eliminación de duplicaciones, sobre todo cuando el causante ya percibía un beneficio previsional.Las simulaciones disponibles muestran que esta reforma reduciría el gasto previsional futuro en torno al 10%, equivalente a 0,8 puntos del PBI. Pero este ahorro no proviene de recortes sobre los haberes actuales, sino de la eliminación de distorsiones y privilegios que hoy benefician a grupos reducidos y generan costos desproporcionados. Según las estimaciones más recientes, el 74% de los futuros beneficiarios percibiría haberes iguales o superiores a los del esquema actual; solo un 8%, perteneciente a sectores con privilegios, podría ver reducciones relativas; y el 18% sin aportes suficientes mantendría un beneficio básico garantizado. Esto demuestra que la reforma no equivale a un ajuste, sino a un reordenamiento progresivo que reduce inequidades y mejora la sostenibilidad del sistema. En un país con recursos fiscales limitados, ordenar no es un eufemismo: es una obligación técnica y ética.La discusión previsional en Argentina suele devenir en un terreno políticamente sensible, dominado por relatos que presentan cualquier intento de reforma como un ataque a los jubilados.

Sin embargo, el verdadero atentado contra los adultos mayores es perpetuar un esquema que, por su diseño defectuoso y su creciente insostenibilidad, amenaza con deteriorar la calidad y el poder adquisitivo de las futuras jubilaciones. La ausencia de reformas no protege derechos: los debilita. Cuanto más se posterga el debate, más se profundiza el desequilibrio entre aportes y prestaciones, y mayor será la factura que pagarán las próximas generaciones.Argentina necesita un nuevo contrato previsional que integre universalidad sin parches, proporcionalidad contributiva real, sostenibilidad fiscal, igualdad ante la ley y reglas simples y estables. El país no puede continuar financiando moratorias intermitentes, regímenes especiales sin justificación y estructuras que castigan a quienes aportan regularmente mientras premian prácticas corporativas, excepciones históricas y distorsiones de alto costo. La reforma del sistema previsional no debe leerse como un capítulo técnico dentro del debate económico. Es, más bien, el núcleo del futuro argentino. Su sostenibilidad condiciona la estabilidad macroeconómica, la solvencia del Estado y la posibilidad misma de reconstruir un sendero de desarrollo duradero.

Ordenar, modernizar y sincerar el sistema no es una opción ideológica: es una necesidad estructural. Cuanto más se demore, más profunda será la crisis y más costosa la salida. Resolver el laberinto previsional no es solo una obligación fiscal; es, sobre todo, una responsabilidad política y moral con las generaciones presentes y futuras. 

El economista Michael Roberts lo plantea sin rodeos: ¿no será el gran sector de la IA “una gran burbuja, financiada por capital ficticio que no se materializará con los ingresos y, lo que es más importante, con los beneficios para los líderes de IA”? Según sus cálculos, solo entre 2023 y 2025 empresas como Meta, Amazon, Microsoft, Google y Tesla habrán invertido más de 560.000 millones de dólares en proyectos vinculados a la IA, pero los ingresos generados directamente por estas iniciativas rondarían apenas los 35.000 millones. Una brecha demasiado grande como para no encender luces de alarma.

Mucho capital, pocas gananciasEl corazón de la preocupación tiene dos caras. Por un lado, la desconexión entre la magnitud de la inversión y los resultados visibles en ganancias. El crecimiento de las utilidades de las grandes tecnológicas se ha estancado o ralentizado en los últimos trimestres, y los analistas ya anticipan caídas adicionales en 2025 y 2026. Es decir: las compañías valen en Bolsa como si estuvieran a las puertas de una nueva edad de oro, pero sus balances cuentan una historia mucho más modesta. Por otro lado, está el problema de fondo de la economía real: el crecimiento de la productividad laboral. En las economías avanzadas de la OCDE, esa productividad viene desacelerándose desde la década de 1970 y se ha debilitado aún más desde comienzos de este siglo. La promesa de la IA es precisamente revertir esta tendencia; sin embargo, hasta ahora los datos duros no muestran un salto significativo. Si la productividad no despega, el riesgo es que buena parte de las valoraciones actuales se sostengan más en expectativas que en resultados.

Ecos de la burbuja puntocomLa economista Gita Gopinath, en declaraciones recogidas por la revista The Economist en octubre de 2025, también compara el clima actual con la euforia de fines de los años noventa, que terminó en el estallido de la burbuja puntocom en 2000. Entonces, como ahora, la narrativa de la “nueva economía” justificaba precios desorbitados para empresas que acumulaban usuarios y promesas, pero pocas ganancias. Gopinath reconoce que la innovación tecnológica asociada a la IA está transformando industrias y elevando la productividad en algunos sectores. Sin embargo, advierte que los inversores tienen motivos fundados para preocuparse de que el repunte actual esté preparando el terreno para una nueva corrección dolorosa del mercado. Y lanza una alerta aún más inquietante: un eventual desplome hoy podría ser “mucho más grave y de alcance global” que el de hace un cuarto de siglo. La diferencia, señala, es que ahora hay mucha más riqueza en juego y un margen de maniobra política más limitado para amortiguar el golpe.Los gobiernos arrastran deudas elevadas tras la pandemia, la desigualdad se ha profundizado y el contexto macroeconómico internacional —marcado por tensiones geopolíticas, inflación persistente y cambios en el sistema financiero global— es más frágil. En ese escenario, una corrección brusca en los activos ligados a la IA podría actuar como chispa de una crisis más amplia.

¿Burbuja inevitable o corrección necesaria?¿Significa todo esto que la IA es puro humo? No necesariamente. La historia económica muestra que muchas grandes innovaciones —desde los ferrocarriles hasta internet— atravesaron fases especulativas en las que se “sobreinvirtió” y luego vino una fuerte corrección. Parte de ese capital se destruyó, pero otra parte dejó infraestructuras y capacidades que luego impulsaron nuevos ciclos de crecimiento.La cuestión clave es quién paga la factura cuando la burbuja se pincha. Si el auge de la IA está sostenido por expectativas irreales, las pérdidas recaerán sobre accionistas, fondos de inversión, ahorristas y, finalmente, sobre el conjunto de la economía a través de menores empleos, caída del crédito y ajustes fiscales. Los países periféricos, más dependientes del financiamiento externo y de la demanda global, suelen ser los más vulnerables a estos shocks. Al mismo tiempo, minimizar los riesgos tampoco parece una opción responsable. Gopinath subraya que las vulnerabilidades estructurales y el contexto macroeconómico actual hacen que cualquier corrección sea más peligrosa que en 2000. No se trata de frenar la innovación, sino de evitar que el entusiasmo se convierta en una excusa para inflar valoraciones sin respaldo y concentrar aún más poder en unas pocas empresas.

Tres preguntas para el futuro inmediatoDe cara a los próximos años, hay por lo menos tres preguntas que deberían guiar el debate público: 1. ¿Quién controla la infraestructura de la IA? Si la mayor parte de las inversiones se concentra en un puñado de plataformas globales, el riesgo sistémico aumenta: cualquier tropiezo financiero o regulatorio puede tener efectos en cadena. 2. ¿Cómo se distribuyen los beneficios? Si la IA se traduce en ganancias extraordinarias para unos pocos y en precarización laboral para muchos, la tensión social crecerá, aun cuando no haya un colapso financiero inmediato. 3. ¿Qué regulaciones y políticas se necesitan? Los Estados pueden y deben intervenir para evitar abusos de posición dominante, promover la competencia, proteger datos y derechos laborales, y orientar la innovación hacia problemas sociales concretos (salud, educación, medio ambiente) y no solo hacia aplicaciones rentables en el corto plazo.

Entre la esperanza y la prudenciaLa discusión sobre si estamos o no ante una burbuja de IA no es solo un tema para especialistas en finanzas. Afecta a trabajadores, empresas, gobiernos y ciudadanos de a pie. El desafío consiste en aprovechar el potencial transformador de la inteligencia artificial sin repetir los errores de otras olas tecnológicas: creer que esta vez “es diferente”, que las ganancias serán infinitas y que las reglas de la economía dejaron de existir. Los datos que ponen sobre la mesa Michael Roberts y Gita Gopinath invitan a bajar el volumen de la euforia y subir el de la prudencia. La IA puede cambiar el mundo, pero eso no la vuelve inmune a las burbujas. Y si algo enseña la historia económica reciente es que las burbujas, tarde o temprano, siempre terminan explotando.  La inteligencia artificial puede ser el motor de una nueva era económica, pero hoy los datos invitan más a la cautela que a la celebración. La desconexión entre inversión y resultados revive viejos fantasmas de burbujas pasadas. La clave será si el mercado encuentra sustento real antes de que la realidad lo obligue a corregir.

Sin embargo, varias de las medidas discutidas parecen contradecir la promesa oficial de “bajar impuestos”. Entre los puntos más sensibles figuran la eliminación del Monotributo, la reducción del mínimo no imponible para el Impuesto a las Ganancias —rebautizado como Impuesto sobre los Ingresos Personales— y un encarecimiento del régimen de autónomos. Si bien ciertos sectores podrían ver reducido su costo tributario, para una parte significativa de los contribuyentes la carga fiscal podría aumentar o volverse más exigente en términos formales.La propuesta incluye la eliminación del Monotributo, la baja del piso de Ganancias, nuevos criterios de deducciones personales, un régimen laboral de menor carga patronal para nuevas contrataciones y la creación de un Fondo de Despido que reemplazaría el esquema indemnizatorio tradicional.¿Se termina el Monotributo?Uno de los ejes más controversiales es el futuro del Monotributo. El borrador que circula en el Ministerio de Economía propone su eliminación y el traspaso de más de dos millones de contribuyentes al régimen de autónomos.La lógica oficial es llevar a todos los pequeños contribuyentes hacia un sistema donde tributen IVA y Ganancias/Ingresos Personales, compensado con mayores deducciones personales y la posibilidad de descontar gastos respaldados con factura.El objetivo declarado es “blanquear” operaciones hoy informales e incentivar una cultura de cumplimiento tributario más estricta.Para profesionales independientes, pequeños comerciantes, prestadores de servicios y trabajadores por cuenta propia, esto implicaría: 1) Más obligaciones formales (liquidación de IVA, presentación de declaraciones juradas complejas), 2) Necesidad creciente de asesoramiento contable permanente, 3) Un riesgo de aumento de la carga tributaria efectiva si las deducciones no compensan la transición al régimen general, y 4) Mayor exposición a fiscalizaciones ante inconsistencias o falta de documentación respaldatoria.Autónomos: suba de cuotas y nuevas deduccionesEl esquema para autónomos también sufriría cambios de magnitud. Las cuotas actuales —consideradas atrasadas frente a la inflación acumulada— serían actualizadas, con un incremento que podría alcanzar el 100%. A la par, se ampliaría el universo de deducciones personales siempre que los gastos estén debidamente documentados.Se plantea, además, un umbral de facturación para el IVA equivalente a una categoría media del actual Monotributo. Por debajo de ese piso podrían establecerse tratamientos diferenciados o regímenes simplificados, aunque todavía no se conocen detalles.Para profesionales, oficios calificados y cuentapropistas de todas las provincias, este rediseño supone una ecuación compleja: mayor carga fija mensual, pero mayor margen para deducir gastos. El resultado final dependerá de la estructura de costos de cada actividad, el nivel de facturación y la disciplina administrativa para respaldar cada gasto con comprobantes válidos.Ganancias: baja del piso y más contribuyentes alcanzadosOtro aspecto central es el Impuesto a las Ganancias, que pasaría a llamarse “Impuesto sobre los Ingresos Personales”. El Ministerio de Economía propone un único mínimo no imponible, equivalente a un salario bruto real inferior al actual. Esto implicará que millones de trabajadores vuelvan a quedar alcanzados por el tributo.La escala de alícuotas (del 5% al 35%) se mantendría, pero se reorganizarían las deducciones de manera amplia: 1)Gastos personales con límite: alimentación, vivienda, salud, educación, movilidad, seguros, y 2) Rubros sin tope deducible: obra social, PAMI, personal doméstico.En la práctica, trabajadores que hoy no tributan quedarían dentro del impuesto. Y si bien podrían deducir más conceptos, la clave será la formalidad: sin factura, no hay deducción. La reforma apunta, claramente, a modificar hábitos de consumo y forzar una trazabilidad fiscal mucho más estricta.

Nuevo régimen de empleo y fondo de despidoEl borrador prevé un nuevo esquema para la contratación formal, con reducción de aportes y contribuciones en nuevas relaciones laborales, especialmente cuando se trate de personas desempleadas o de ex monotributistas incorporados a la relación de dependencia.La propuesta incluye: 1) Reducción parcial de contribuciones patronales y aportes personales, 2) Beneficios adicionales para empleadores que generen puestos “genuinamente nuevos”, y 3) Implementación de un Fondo de Despido, similar al de la industria de la construcción.Con este fondo, los empleadores harían aportes mensuales proporcionales al salario de cada trabajador. Esos recursos se utilizarían para financiar la desvinculación, reemplazando la indemnización tradicional. Para el Gobierno, esto reduce la litigiosidad y mejora la previsibilidad para el sector privado.

Para pymes, comercios e industrias, una reducción marginal del costo laboral puede ser positiva en un contexto recesivo. No obstante, la transición hacia un sistema distinto de protección frente al despido abre interrogantes jurídicos, laborales y financieros que deberán evaluarse con detenimiento.Impacto en las provincias y en el costo impositivo totalEl debate excede la relación entre Nación y contribuyentes individuales: afecta de lleno a las provincias. IVA y Ganancias se coparticipan, por lo que cualquier alteración en su estructura impacta directamente en los ingresos provinciales.Si la reforma amplía la base de Ganancias y mejora la formalización, la recaudación global podría sostenerse o incluso crecer. Pero la distribución no será pareja: 1) Provincias con mayor formalidad laboral y sueldos más altos podrían recibir más fondos, y 2) Jurisdicciones con informalidad estructural, baja actividad económica y dependencia de Ingresos Brutos quedarían en una posición fiscal delicada.Además, la exigencia de una mayor facturación formal eleva el “costo impositivo consolidado”, es decir, la suma de tributos nacionales, provinciales y municipales. Sin una coordinación real para reducir impuestos en los tres niveles del Estado, el riesgo es que la presión tributaria total aumente, aun cuando el Gobierno nacional presente la reforma como un alivio.

Lo que implica para el paísMás allá de los tecnicismos tributarios y laborales, las consecuencias concretas de esta reforma son amplias:Monotributistas y cuentapropistas podrían enfrentar un sistema más complejo, con mayores costos fijos y una carga administrativa significativa.Profesionales, comerciantes y prestadores de servicios deberán reorganizar su estructura de gastos y su sistema de facturación para maximizar deducciones y evitar contingencias fiscales.Pymes y emprendedores deberán evaluar si la reducción de cargas sociales y el Fondo de Despido realmente mejoran la capacidad de contratar o si introducen nuevos riesgos financieros.Trabajadores asalariados que hoy no tributan Ganancias pasarán a hacerlo, lo que obliga a un conocimiento detallado de las deducciones disponibles.Provincias y municipios deberán recalcular sus proyecciones fiscales ante cambios en la coparticipación y posibles variaciones en la actividad formal.En un país con dificultades persistentes de formalización, pérdida de poder adquisitivo y recesión en sectores clave, cualquier rediseño del esquema impositivo y laboral tiene efectos directos sobre el consumo, la inversión, la sostenibilidad fiscal y el empleo formal.

Un debate que debe ser públicoLa participación de cámaras empresariales, colegios profesionales, sindicatos, universidades, organismos provinciales y especialistas es indispensable para evaluar el verdadero alcance de estas medidas. Monotributistas, autónomos, asalariados, empleadores y gobiernos provinciales y municipales deben seguir de cerca la evolución del debate, consultar a sus asesores y prepararse para un escenario en el que la prometida “simplificación” puede venir acompañada de nuevas obligaciones y un mapa tributario más exigente.     

ConclusiónLa Argentina necesita una reforma tributaria integral, moderna y equitativa, pero también realista respecto de sus capacidades institucionales, su estructura productiva y su nivel de informalidad.Si el objetivo es lograr un sistema más simple, más formal y más justo, el desafío será evitar que la reforma termine incrementando la presión sobre quienes ya cumplen y agravando las desigualdades entre regiones y sectores. Una buena reforma tributaria no es la que recauda más ni la que ajusta más rápido, sino la que fortalece la sostenibilidad fiscal sin destruir la capacidad productiva ni el entramado social

Este respaldo electoral permitió disipar parte de la incertidumbre política que condicionaba la estabilidad financiera, generando una recomposición de expectativas tanto en los mercados locales como en el frente externo. La reacción fue inmediata: los bonos soberanos en dólares se apreciaron hasta 20%, el riesgo país se redujo en aproximadamente 400 puntos básicos (ubicándose en torno a los 700 bps), y los ADR de empresas argentinas registraron incrementos de entre 30% y 50%, impulsados por el sector bancario.En paralelo, el tipo de cambio mostró un comportamiento más ordenado. Tras la volatilidad de las semanas previas, el BCRA priorizó estabilizar la liquidez doméstica y moderar la apreciación del peso, en línea con la necesidad de recomponer reservas y sostener la competitividad externa.Significado político-económico del resultadoMás allá del alivio financiero de corto plazo, el triunfo electoral debe interpretarse como una ratificación del rumbo macroeconómico y una oportunidad política para fortalecer la institucionalidad y avanzar en las reformas pendientes.La ciudadanía ha validado el esfuerzo de estabilización, pero también demanda previsibilidad, crecimiento y empleo. En este marco, el gobierno dispone de una ventana de oportunidad para transformar la mejora coyuntural en una estrategia de desarrollo sostenible.La historia reciente ofrece antecedentes ilustrativos. En 2017, un resultado electoral similar fortaleció políticamente al gobierno de entonces, pero la falta de un plan de mediano plazo, la subestimación de los desequilibrios estructurales y la pérdida de coordinación con la oposición derivaron en la crisis de 2018.Ese error no debe repetirse: el respaldo electoral no reemplaza a la planificación estratégica.

Incertidumbre cambiaria: entre las expectativas y la prudenciaEn la antesala electoral, el consenso de los analistas preveía que, una vez superado el proceso político, el gobierno impulsaría una corrección cambiaria para recomponer la competitividad del tipo de cambio real y facilitar la acumulación de reservas. Sin embargo, la contundente victoria oficialista modificó el tablero.El resultado electoral fortaleció al Ejecutivo y redujo el incentivo inmediato de una devaluación brusca. El lunes posterior a los comicios, el dólar descendió alrededor del 10%, pero rápidamente retomó una tendencia alcista, reflejando que el mercado aún no percibe señales claras sobre la estrategia cambiaria hacia fin de año.El dilema central es de naturaleza intertemporal: una devaluación hoy mejoraría los incentivos a exportar y facilitaría la acumulación de reservas, pero al costo de reactivar la inercia inflacionaria y afectar la incipiente recuperación del poder adquisitivo. Por el contrario, mantener el tipo de cambio estable puede consolidar la desinflación, aunque a riesgo de acumular atraso cambiario y tensiones en el balance externo.En este contexto, el mercado espera definiciones claras. Las señales que se observan con atención son: 1) La política de tasas del BCRA y su consistencia con el objetivo de desinflación, 2) La evolución del saldo comercial y del flujo neto de reservas, 3) La coordinación entre el Ministerio de Economía y el Banco Central en torno al ritmo de depreciación (“crawling peg”), y 4) La presentación del Presupuesto 2026, como instrumento para anclar expectativas fiscales y monetarias.En síntesis, el éxito electoral amplió el margen político, pero no eliminó la incertidumbre macroeconómica. Los agentes económicos aguardan una señal de consistencia: si el gobierno priorizará la estabilidad nominal o la competitividad externa en el corto plazo.

Hoja de ruta hacia un desarrollo sosteniblePara consolidar un sendero de crecimiento de largo plazo, el país necesita diseñar y aplicar un plan económico e institucional a diez años, que garantice continuidad más allá de los ciclos políticos. Dicho plan debería basarse en cinco pilares fundamentales:a. Estabilidad macroeconómica y acumulación de reservas:La sostenibilidad del equilibrio fiscal y la consistencia monetaria deben seguir siendo el eje de la política económica. El fortalecimiento del balance del Banco Central, la acumulación de reservas internacionales y la credibilidad del régimen de flotación son condiciones necesarias para mantener la estabilidad cambiaria y contener la inflación.b. Reformas estructurales con consenso político:La nueva composición legislativa brinda margen para avanzar en reformas impositivas, laborales y regulatorias orientadas a mejorar la competitividad. Sin embargo, dichas transformaciones deben surgir del diálogo político y social, priorizando la construcción de consensos amplios que aseguren su permanencia en el tiempo.c. Coordinación federal y desarrollo productivo:El fortalecimiento del vínculo Nación-Provincias es clave para una estrategia de crecimiento equilibrado. Se requiere un esquema de financiamiento y planificación conjunta que impulse la inversión en infraestructura, energía, transporte y capital humano, con foco en la competitividad de las economías regionales.d. Institucionalización de la política fiscal:El debate del Presupuesto 2026 constituye una oportunidad para establecer reglas claras de responsabilidad fiscal y fortalecer la transparencia presupuestaria. Un presupuesto consensuado con las provincias permitirá no solo dar previsibilidad a la política económica, sino también recuperar la credibilidad ante inversores y organismos internacionales.e. Participación ciudadana y fortalecimiento institucional:El crecimiento sostenido no se construye solo con equilibrio macroeconómico, sino también con instituciones sólidas y participación social. La apertura del diálogo con la oposición, los sectores productivos y la sociedad civil es esencial para legitimar las decisiones de política económica y consolidar un modelo de gobernanza democrática y transparente.

Escenario internacional y apoyo externoEl actual contexto internacional resulta favorable. El apoyo explícito de Estados Unidos, junto con la disponibilidad de líneas de financiamiento externo por hasta US$ 20.000 millones, otorga margen para recomponer reservas, sostener la balanza de pagos y financiar inversiones estratégicas. Sin embargo, este respaldo también impone la obligación de garantizar previsibilidad macroeconómica y solidez institucional.La combinación de estabilidad interna, compromiso fiscal y consenso político podría permitir que Argentina retome un sendero de crecimiento promedio del 4% anual durante la próxima década, condición indispensable para mejorar la competitividad y reducir la pobreza estructural.

ConclusiónEl resultado electoral no debe ser interpretado como un punto de llegada, sino como un mandato de responsabilidad. El país cuenta con una oportunidad histórica para consolidar un modelo de desarrollo estable, inclusivo y previsible.La consolidación de la estabilidad macroeconómica, la aprobación de un presupuesto 2026 que refleje disciplina y federalismo fiscal, y la puesta en marcha de un plan de crecimiento a diez años basado en consensos amplios son pasos imprescindibles para transformar el respaldo político en una política de Estado.En definitiva, el desafío no es mantener el rumbo, sino institucionalizarlo, para que la estabilidad y el crecimiento dejen de depender de los resultados electorales y se conviertan en un compromiso sostenido de toda la dirigencia argentina. 

Por el contrario, potencias emergentes como China e India impulsan un nuevo orden multipolar, con los BRICS+ (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y otros) como eje de un sistema alternativo al occidental. Este bloque, que ya representa casi el 40 % del PIB mundial en paridad de poder adquisitivo y más de la mitad de la población del planeta, ofrece nuevos mercados, fuentes de financiamiento y la posibilidad de reducir la dependencia del dólar y de los organismos multilaterales tradicionales.Digo esto porque aún hoy existe en amplios sectores de la dirigencia y de la opinión pública una mirada prejuiciosa y subestimadora hacia estos países, como si su crecimiento fuera transitorio o menor en calidad frente a las potencias tradicionales.Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario: son estas economías las que más han crecido en las últimas dos décadas, las que impulsan la innovación tecnológica y las que concentran la mayor parte de la demanda mundial de energía, alimentos y minerales estratégicos.

Brasil: pragmatismo y autonomía estratégicaBrasil ha sabido mantener una política exterior pragmática y equilibrada, sin romper sus vínculos con Estados Unidos y Europa, pero fortaleciendo al mismo tiempo su relación con China, India y Rusia.Este enfoque de “equilibrio activo” le permitió a Brasil diversificar mercados, atraer inversiones y ampliar su margen de maniobra internacional. China es su principal socio comercial, con exportaciones superiores a los 100.000 millones de dólares anuales, y también su principal inversor en infraestructura y tecnología.La célebre frase de Lula —“si Estados Unidos no quiere comprar, buscaremos nuevos socios”— sintetiza una visión moderna y soberana: no depender de una sola potencia, sino negociar con todas.Gracias a esa estrategia, Brasil no solo ganó autonomía política, sino también influencia global. Hoy puede dialogar de igual a igual con Washington, Bruselas, Pekín o Moscú.

Argentina: cortoplacismo político con costo paísArgentina, en cambio, ha optado por un alineamiento casi absoluto con Estados Unidos, un giro que parece responder más a necesidades coyunturales del gobierno de Javier Milei que a una estrategia de desarrollo nacional.La reciente ayuda financiera anunciada por Estados Unidos —que incluye avales para nuevos créditos, respaldo diplomático ante organismos internacionales, y ahora también la posibilidad de utilizar parte del swap en dólares, la intervención indirecta de la Reserva Federal comprando pesos para sostener la paridad, y la adquisición anticipada de bonos argentinos a futuro— se presenta como un salvavidas económico.Pero en realidad, profundiza la dependencia estructural del país y condiciona la política económica a los intereses de Washington. Lejos de representar un gesto de cooperación desinteresada, estas operaciones consolidan un esquema de tutela financiera sobre la economía argentina, donde cada decisión de política monetaria o cambiaria termina sujeta a la aprobación o el beneplácito del Tesoro norteamericano.Un hecho elocuente de esta subordinación es que tanto la instrumentación de las medidas como su anuncio oficial fueron realizados en Estados Unidos, por el propio presidente de la Reserva Federal, y no por el ministro de Economía argentino.La imagen de que las decisiones cruciales sobre la economía nacional se comunican desde Washington, y no desde Buenos Aires, retrata con crudeza el nivel de condicionamiento político y económico al que ha quedado expuesto el país.Por otra parte, el pedido de ingreso como “socio global de la OTAN”, la compra de aviones F-16, y la política exterior abiertamente alineada con Estados Unidos e Israel en el conflicto de Gaza, muestran que la Argentina ha pasado del alineamiento al sometimiento.Estar alineado con una potencia puede ser parte de una estrategia racional de inserción internacional. Pero estar subordinado y condicionado a sus intereses es otra cosa: implica perder autonomía y capacidad de decisión.El gobierno confunde la diplomacia con la obediencia. Busca en Washington una tabla de salvación política y financiera de corto plazo, cuando debería estar pensando en cómo reconstruir la economía real.

Lecciones del pasado: las “relaciones carnales”  y sus consecuenciasNo es la primera vez que Argentina apuesta todo a Estados Unidos. En los años ’90, el gobierno de Carlos Menem hablaba de “relaciones carnales” con Washington. El resultado fue un endeudamiento récord, privatizaciones sin control y pérdida de soberanía económica.Décadas después, el gobierno de Mauricio Macri repitió el mismo camino: acudir al FMI con el préstamo más grande de su historia, sin resolver los desequilibrios estructurales de la economía. Hoy, la historia parece repetirse, aunque con un discurso liberal más extremo y un contexto internacional completamente distinto.La diferencia es que ahora el mundo ya no es unipolar. La idea de que Estados Unidos resolverá los problemas argentinos es un error de diagnóstico y una ilusión política.

Los costos de la dependenciaLa política exterior del actual gobierno no solo limita el acceso a mercados emergentes claves —como los de Asia y Medio Oriente, esenciales para la exportación de litio, proteínas y gas—, sino que también debilita la soberanía nacional.Además, genera un costo moral y diplomático: al alinearse ciegamente con Washington y Tel Aviv en conflictos internacionales, la Argentina se distancia de la mayoría de los países latinoamericanos y del propio consenso global, que hoy busca equilibrio, no enfrentamiento.Y frente a este nuevo escenario que se abre, surge una pregunta inevitable: ¿cuál será el costo real de esta ayuda y de este “posicionamiento carnal” con Estados Unidos? Porque toda dependencia económica lleva implícita una forma de condicionamiento político —y es precisamente ese el precio que la Argentina no puede volver a pagar.

Conclusión: soberanía o subordinaciónEl mundo ya no gira alrededor de una sola potencia. Estados Unidos sigue siendo influyente, pero su hegemonía se sostiene cada vez más en el poder militar y menos en la competitividad económica. Europa enfrenta sus propias crisis, y la multipolaridad es hoy una realidad irreversible.En este escenario, los países serios negocian con todos, no se subordinan a ninguno. La defensa de la soberanía debe estar por encima de cualquier coyuntura electoral o necesidad de caja.Basta observar lo que ocurre en el resto del mundo: potencias intermedias como India, Turquía o Arabia Saudita mantienen relaciones económicas y diplomáticas simultáneamente con Estados Unidos, China y Rusia, sin someterse a los intereses de ninguno. Sudáfrica negocia con Washington y con Pekín, mientras consolida su papel dentro de los BRICS. Incluso Europa, pese a su alineamiento histórico con Estados Unidos, comienza a discutir la necesidad de mayor autonomía estratégica en defensa y energía.La Argentina necesita abrir mercados, diversificar alianzas y definir una política exterior que responda a sus intereses estratégicos, no a las urgencias políticas del momento.

Creer que el futuro argentino se resolverá en Washington es repetir los errores del pasado. El verdadero desafío es reconstruir un proyecto nacional soberano, con la mirada puesta en el mundo real: uno que ya no admite subordinaciones, sino inteligencia estratégica. 

Sin embargo, la realidad golpea con datos concretos: un dólar por encima de los 1.400 pesos, un riesgo país que ronda los 1.100 puntos, una recesión que destruye el consumo interno y un 60 % de la población en situación de pobreza.En este marco, las elecciones legislativas dejaron un mensaje inequívoco: la sociedad votó masivamente en contra del proyecto de gobierno, con una diferencia de 14 puntos que desnudó la distancia entre el relato oficial y la experiencia cotidiana de millones de argentinos.

El espejismo del “éxito”El discurso económico del gobierno se apoya en dos pilares: el equilibrio fiscal y la estabilidad cambiaria. Pero ambos logros son más frágiles de lo que se reconoce.El superávit primario se sostiene, en buena medida, sobre la postergación de pagos y la licuación del gasto social, más que sobre un ordenamiento genuino del Estado. La estabilidad del dólar, por su parte, se mantiene a costa de tasas de interés altísimas, recesión profunda y una contracción inédita del crédito.En realidad, detrás de estos números se esconde un intervencionismo feroz del Estado, en total contradicción con el relato de la “libertad de mercado”. No solo hay cepo reforzado, controles de importaciones y regulaciones financieras, sino también una manipulación constante del tipo de cambio a través de la tasa de interés, que impacta directamente sobre el dólar y, en consecuencia, sobre la inflación. Nada de lo que se muestra como “logro” es natural: es el resultado de una ingeniería de controles que desnuda la fragilidad del modelo y su dependencia absoluta de la intervención estatal.

El costo social de este esquema es evidente. Los salarios reales se derrumban, el desempleo crece y la pobreza se expande incluso entre sectores que hasta hace poco pertenecían a la clase media.Lo que se presenta como un “modelo de orden” termina siendo, en la práctica, un sistema que concentra beneficios en pocos ganadores —exportadores, especuladores financieros— mientras amplias mayorías ven deteriorarse su calidad de vida.

La paradoja es evidente: se declama un dogma de mercado puro mientras se gobierna con controles férreos y manipulación de todas las variables clave de la economía.

El voto como termómetro social

En este contexto, el resultado electoral no fue un accidente coyuntural: fue la expresión política de una economía que, lejos de mejorar la vida de la gente, la está deteriorando. Perder por 14 puntos en el principal distrito electoral del país no solo es un dato político; es una señal de alarma sobre la sustentabilidad del modelo.

La sociedad no vota planillas de Excel ni balances fiscales. Vota en base a su experiencia diaria: si llega o no a fin de mes, si consigue trabajo, si sus hijos pueden estudiar, si accede a medicamentos o si las tarifas de servicios básicos resultan impagables. En ese terreno, la narrativa del “éxito” se estrella contra la realidad.

Un modelo único… pero en contra del mundo

El gobierno insiste en que la Argentina está construyendo un modelo “único en el mundo”. En parte tiene razón: no hay antecedentes de un ajuste tan veloz y profundo sin red de contención social, sin inversión pública y con un desarme total del rol del Estado en áreas clave como salud, educación, ciencia y tecnología.El problema es que, lejos de ser un ejemplo a seguir, este experimento aparece como una anomalía.

Mientras otros países de la región buscan equilibrar sus cuentas sin destruir el tejido social, Argentina ensaya un camino de shock que combina ortodoxia fiscal extrema con ausencia de políticas de desarrollo. El resultado, hasta ahora, no es admiración externa, sino desconfianza interna y escepticismo internacional.

El relato en crisis

La derrota electoral pone en evidencia lo que muchos advertían: el relato del éxito no se sostiene con la realidad. La Argentina no es un país modelo en crecimiento, sino un país en recesión con un ajuste insostenible.No es un país que inspira confianza en los mercados, sino uno con un riesgo país de 1.100 puntos, que marca desconfianza total. No es una economía que ordena sus variables, sino una sociedad que se hunde en pobreza y desigualdad.La gente votó con el bolsillo, con la heladera vacía y con la certeza de que detrás de las promesas de orden se esconde un futuro de mayor exclusión.

Ese voto masivo en contra no es un capricho: es el recordatorio de que ningún modelo económico puede sostenerse si desconoce las necesidades básicas de su pueblo.

¿Y ahora qué?

El resultado electoral obliga a repensar la estrategia oficial. Persistir en el mismo camino, ignorando el mensaje de las urnas, solo profundizará la crisis política y social.El desafío es reconocer que la sostenibilidad no se logra solo con equilibrio fiscal, sino con un Estado que garantice servicios públicos de calidad, con políticas de desarrollo productivo y con un horizonte de crecimiento inclusivo.

La derrota no fue un accidente: fue el eco de un malestar social frente a un modelo que, pese a proclamarse “exitoso”, no logra mejorar la vida cotidiana de la gente. Y es, al mismo tiempo, una advertencia sobre lo que puede suceder en las elecciones nacionales si no hay un cambio de rumbo.Pero todavía hay tiempo. Si el gobierno escucha el reclamo de las urnas y reacciona con sensibilidad social, puede reencauzar su estrategia. Reconocer las necesidades de la gente no es un signo de debilidad, sino de madurez política.Sería lo mejor para todos que la sociedad vea que el gobierno comprende el mensaje y actúa en consecuencia, porque solo así podrá reconstruir la confianza y abrir un horizonte de esperanza compartida.

Su objetivo central es revertir la crónica restricción externa de la economía argentina mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios garantizados por 30 años para proyectos superiores a los USD 200 millones.A dos años de su implementación, el balance es mixto. Según el primer boletín del Observatorio del RIGI (FARN, CELS, CEPPAS y TNI), se presentaron 19 solicitudes de adhesión por un total de USD 30.700 millones.Solo 7 proyectos fueron aprobados (USD 13.067 millones), concentrados en minería (litio, cobre, oro) y en proyectos hidrocarburíferos vinculados a exportación, con fuerte protagonismo de YPF en dos de ellos: Vaca Muerta Oil Sur y Southern Energy.

Concentración sectorial y geográficaEl 81% de las inversiones aprobadas se concentran en tres provincias:- San Juan (35%): cobre y oro.- Río Negro (30%): infraestructura hidrocarburífera y terminal portuaria en Punta Colorada.- Catamarca (16%): proyectos de litio y cobre.La mayor parte de las iniciativas reproducen el modelo de enclave extractivo: exportación de commodities con bajo valor agregado, alto impacto ambiental y bajo efecto multiplicador sobre el empleo. Incluso los propios datos oficiales muestran cifras modestas: 1.616 empleos directos y poco más de 8.000 indirectos en los siete proyectos aprobados. Incluso en el escenario más optimista, el total de empleos directos potenciales no superaría los 6.800 puestos, una cifra ínfima en comparación con las necesidades del mercado laboral argentino.

El caso Entre Ríos y ConcordiaEn noviembre de 2024, la Legislatura de Entre Ríos adhirió al RIGI y sancionó su propio Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), con beneficios provinciales y plazos de estabilidad de hasta 15 años. Concordia fue más allá: en junio de 2025, el Concejo Deliberante aprobó su incorporación al RIGI y al RINI mediante ordenanza, eximiendo del 100% de tasas administrativas y derechos de construcción, y otorgando bonificaciones en la tasa comercial por 36 meses y en la tasa inmobiliaria.

Pese a estas medidas, no se han registrado proyectos concretos en Entre Ríos ni en Concordia bajo el paraguas del RIGI. La adhesión funciona como señal de “seguridad jurídica” más que como catalizador de inversiones reales.

YPF: motor y dependenciaUn dato clave es el protagonismo de YPF, que representa más del 2% del PBI y más de la mitad de la producción de hidrocarburos del país. Pese al discurso antiestatista, el gobierno depende de la petrolera nacional para dinamizar el RIGI: lidera o participa en tres de los siete proyectos aprobados, entre ellos Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y Southern Energy, ambos estratégicos para la exportación de crudo y gas. Esto expone una contradicción de fondo: mientras se impulsa la iniciativa privada y la reducción del rol estatal, el éxito del régimen descansa en la empresa pública más emblemática del país.

Privilegios legales y riesgo de demandas arbitralesOtro aspecto central es el blindaje jurídico. El artículo 165º de la Ley Bases establece que cualquier norma que limite los beneficios del RIGI será “nula de nulidad absoluta e insanable”. Es decir, leyes ambientales provinciales, normas laborales o medidas fiscales podrían quedar anuladas frente a los privilegios de los inversores.Más grave aún, el régimen habilita la resolución de controversias en tribunales internacionales como el CIADI, donde la Argentina ya ostenta un récord de demandas perdidas. Empresas como Chevron, Barrick o Río Tinto, con historial de litigios contra Estados, ya participan de proyectos bajo el RIGI.Según Luciana Ghiotto (UNSAM/TNI), el riesgo de una “nueva ola de casos arbitrales” es inminente.

Dificultades estructurales para atraer capitalLos incentivos fiscales del RIGI no alcanzan para movilizar capital de largo plazo si no se resuelven problemas de base:* Infraestructura deficiente: falta de rutas, energía y logística que encarezcan el costo operativo.* Alta volatilidad macroeconómica: riesgo país > 900 pb y elevado costo en dólares doméstico que desalientan financiamiento.* Incertidumbre política y social: judicialización de conflictos, potencial de litigios en el CIADI, y resistencia de comunidades locales en zonas de proyectos.* Ausencia de encadenamientos productivos: el RIGI no exige integración industrial, por lo que las inversiones no generan desarrollo regional significativo.* Dependencia del capital público: el protagonismo de YPF revela que la inversión privada aún es insuficiente para sostener el esquema.

ConclusiónEl RIGI es una herramienta ambiciosa en lo normativo, pero insuficiente desde el punto de vista económico. Los resultados de los primeros dos años muestran que otorgar estabilidad fiscal y desregulación no alcanza: se requiere infraestructura adecuada, previsibilidad macroeconómica, acceso competitivo al crédito y un plan de desarrollo industrial que potencie los encadenamientos productivos.

Argentina no compite en el vacío. Países como Brasil, Chile, Perú y Uruguay ofrecen marcos regulatorios más estables, menor riesgo país y acceso más barato al financiamiento externo.

En sectores estratégicos como minería, energía renovable y agronegocios, varios de estos países cuentan con infraestructura desarrollada —puertos, carreteras, gasoductos y sistemas eléctricos confiables— y políticas de Estado de largo plazo que consolidan la confianza inversora.En contraste, Argentina arrastra un déficit estructural en infraestructura logística y energética, lo que encarece la producción y el transporte, reduce la competitividad y limita la viabilidad de proyectos a gran escala.

Para Entre Ríos y Concordia, el desafío es doble: capitalizar la adhesión al régimen para atraer proyectos reales y, al mismo tiempo, definir una agenda de infraestructura, logística y capacitación de recursos humanos que haga posible la llegada de inversiones. Sin estas medidas, el riesgo es quedar como “expectadores” de un modelo de desarrollo concentrado en otras regiones.

En suma, el RIGI funciona más como una señal de mercado que como una política integral de desarrollo productivo. Mientras no se resuelvan las restricciones estructurales, será difícil que se convierta en el motor de crecimiento que Argentina necesita.

Sin embargo, es importante aclarar que la provincia no enfrenta un problema de endeudamiento estructural, sino una crisis de liquidez derivada principalmente de la fuerte caída de los ingresos, en particular las transferencias nacionales.

Es importante señalar que el gobierno ya contaba con autorización en el presupuesto 2025 para tomar endeudamiento, pero para este caso el propósito era la inversión pública y cubrir déficits estacionales.

Este contexto se vio agravado por una respuesta local que no demostró adecuadamente los desafíos previsibles que se avecinaban.

La deuda no es el problemaA marzo de 2025, el stock de deuda de Entre Ríos ascendía a 725 millones de dólares (74% de los recursos), prácticamente el mismo nivel que al inicio de la actual gestión (USD 742 millones). Esto se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Ley de Responsabilidad Fiscal, a la que se encuentra adherida nuestra provincia.

El servicio de la deuda para el 2025 equivale aproximadamente al 8% de los ingresos, un porcentaje sostenible en comparación con otras provincias.Es decir, Entre Ríos no está sobreendeudada ni enfrenta un riesgo inmediato de default.

El nuevo endeudamiento responde a una necesidad distinta: compensar la abrupta caída de los ingresos corrientes que dejó a la provincia sin margen para cubrir sus gastos operativos básicos y, al mismo tiempo, asegurar la sostenibilidad de los compromisos financieros ya asumidos.

Es extraño que, ante esta situación, el oficialismo y la oposición se culpen mutuamente en lugar de reconocer la realidad. Mientras el oficialismo habla de “deuda heredada”, la oposición responde con la “mala administración”. Decir la verdad a los entrerrianos sobre la situación financiera sería más sencillo y beneficioso para todos que una disputa de narrativas.

El efecto de las políticas nacionalesLa política de ajuste del Gobierno nacional para alcanzar el déficit cero impactó de manera directa sobre las provincias.

La reducción de transferencias discrecionales, la eliminación de fondos claves como el FONID y el Fondo Compensador del Transporte, la retención de aportes para cubrir los déficits previsionales, y la caída real de la coparticipación federal (10% en promedio) explican la pérdida de recursos.

Este escenario obligó al gobernador Rogelio Frigerio a realizar múltiples reclamos ante la Nación, inclusive recurriendo a la vía judicial para exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas por ley, y garantizar la llegada de fondos que constitucionalmente corresponden a la provincia.

Además, a este cuadro debemos agregarle la caída de la recaudación propia que en el 2024 fue de un 12% en términos reales, producto de la recesión económica que atraviesa el país.

En una provincia donde el 80% de los ingresos dependen de la Nación, este recorte generó un desfinanciamiento inmediato que obligó a buscar financiamiento en los mercados, aun en condiciones poco favorables.A pesar de la situación, en el año 2024 solo cuatro provincias cerraron con déficit fiscal, mientras que el resto, incluyendo nuestra provincia, tuvieron superávit. Este logro fue posible gracias al esfuerzo de las provincias, que se vieron forzadas a realizar una drástica reducción de sus erogaciones en promedio de un 15% real en el 2024 , en respuesta a la fuerte caída de los ingresos.

La falta de previsión provincialAhora bien, si bien el contexto nacional explica la mayor parte del problema, la provincia tampoco actuó con la previsión necesaria. La administración tributaria entrerriana no mostró avances significativos en eficiencia recaudatoria ni en diversificación de recursos propios.

Del mismo modo, la planificación financiera no se ajustó a un escenario que era, en gran medida, previsible: las medidas de ajuste fueron anunciadas por el presidente Javier Milei incluso antes de asumir.

Esto llevó a que la provincia deba salir de manera apresurada a buscar financiamiento en condiciones poco favorables, en un mercado restringido y con una calificación crediticia débil (B+ con perspectiva negativa), lo que seguramente elevará los costos del endeudamiento.

Qué debería hacer la provincia hacia adelanteEl nuevo endeudamiento no es en sí mismo negativo: permite garantizar la sostenibilidad fiscal de corto plazo. Pero sí resulta problemático que no esté acompañado de un plan económico y financiero integral que asegure capacidad de repago futuro.

De aquí en adelante, Entre Ríos debería avanzar en tres frentes principales:1) Mejorar la autonomía fiscal: incrementar la eficiencia de la administración tributaria y diversificar la base impositiva para reducir la dependencia de la Nación,

2) Diseñar un programa financiero plurianual: prever escenarios de recesión prolongada y caída de transferencias, estableciendo un esquema claro de financiamiento sostenible, y 3) Definir prioridades de gasto: proteger los servicios esenciales y evitar que el endeudamiento se destine exclusivamente a cubrir déficit operativo sin mejorar la capacidad productiva de la provincia.

En conclusiónEl endeudamiento de 500 millones de dólares no responde a un problema heredado ni a un desmanejo de la actual gestión, sino a la combinación de un desfinanciamiento nacional inédito y a los desafíos de planificación que encontró la provincia.

La salida del laberinto no está en negar la necesidad del crédito, sino en construir una estrategia de mediano plazo que permita que la deuda se convierta en una herramienta de sostenibilidad, y no en una carga adicional para los entrerrianos, orientando esos recursos al desarrollo económico y al aprovechamiento pleno del potencial productivo de nuestra provincia.

La reducción drástica de las transferencias no automáticas (discrecionales) y la eliminación de fondos clave como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo Compensador al Transporte tienen un impacto significativo en las finanzas provinciales. Estas medidas, sumadas a la política de “obra pública cero”, obligan a los gobiernos subnacionales a buscar nuevas fuentes de ingreso o a priorizar el gasto de manera más rigurosa para mantener el funcionamiento de servicios esenciales y proyectos de infraestructura.Esto se debe a que las transferencias discrecionales solían ser usadas para financiar una variedad de gastos, desde sueldos y subsidios hasta obras públicas.

Esta decisión consolidó una política de concentración de recursos en la Nación que intensifica el ya debilitado federalismo argentino, al desplazar el esfuerzo de ajuste hacia los distritos. El impacto se refleja en cifras contundentes que evidencian la creciente asimetría en la distribución de recursos. En 2024, las transferencias discrecionales cayeron un 75 % en términos reales, pasando de 1 % del PBI en 2023 a apenas 0,3 % del PBI, según datos oficiales y de la CTA Autónoma. En el primer cuatrimestre de 2024 la reducción ya alcanzaba el 89,5 %, de acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso. El mes de enero fue extremo: 98 % de caída y 13 provincias sin recibir un solo peso de estos fondos.La situación no se limitó a los envíos discrecionales. Las transferencias automáticas por coparticipación también se redujeron. En 2024 cayeron un 10 % real en promedio.  En mayo de 2025, la caída interanual real fue del 26?% en todas las jurisdicciones.Los datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) confirman que los recursos de origen nacional mostraron nueve meses de caída real durante 2024, con sólo tres meses de crecimiento. En lo que va de 2025, se registró una leve mejora en los primeros meses, pero el desplome de mayo volvió a encender alarmas fiscales en las provincias.Este recorte masivo de ingresos obligó a las provincias a un ajuste de gastos incluso más severo. En promedio, las provincias redujeron sus erogaciones un 15 % real entre 2023 y 2024. La contracción afectó principalmente la obra pública, con una baja del 33 % en promedio, y los salarios públicos, que perdieron alrededor del 15 % de poder adquisitivo.Paradójicamente, el ajuste permitió que en 2024 solo cuatro provincias cerraran con déficit fiscal, contra trece del año anterior. Sin embargo, este equilibrio contable se logró a costa de paralizar inversiones, deteriorar servicios esenciales (salud, educación, etc), y profundizar tensiones sociales. Provincias como Chaco, Misiones, Tucumán y Corrientes incluso recurrieron a endeudamiento adicional, con aumentos que oscilaron entre el 14 % y el 46 %.

Caso Entre Ríos: un impacto particularSegún la consultora ACM, Entre Ríos registró una caída en los envíos automáticos por coparticipación equivalente a $276.648 millones en valores absolutos, lo que la ubicó como la quinta provincia más perjudicada por los recortes. La situación se agrava al observar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN): entre diciembre de 2023 y mayo de 2025 la provincia recibió apenas $9.800 millones, cuando de haberse aplicado el criterio de coparticipación le habrían correspondido unos $45.422 millones. En consecuencia, Entre Ríos dejó de percibir $33.622 millones que hubieran aliviado sus cuentas públicas.La dependencia estructural explica la gravedad del impacto: cerca del 80% de los ingresos provinciales provienen de la Nación a través de la coparticipación, y prácticamente ese mismo porcentaje se destina al pago de salarios. Este esquema coloca a la provincia en una situación de alta vulnerabilidad fiscal frente a la caída de la recaudación nacional. La fragilidad se reflejó con claridad en mayo de 2025, cuando la coparticipación sufrió una baja del 40% en términos reales respecto al mismo mes de 2023, generando un desfinanciamiento crítico que condiciona el funcionamiento del Estado provincial.Para agravar aún más el panorama, la recaudación provincial propia también cayó un 12% en términos reales durante 2024, generando un desfinanciamiento crítico que condiciona el funcionamiento del Estado provincial.Este contexto de extrema fragilidad fiscal ha obligado a la provincia de Entre Ríos a buscar soluciones de financiamiento extraordinario. Se espera que la próxima semana la legislatura entrerriana autorice un crédito por 500 millones de dólares, poniendo como garantía la propia coparticipación y la recaudación provincial. Este endeudamiento tiene como objetivo principal asegurar el financiamiento de erogaciones corrientes y evidencia el profundo debilitamiento fiscal de la provincia, que la lleva a tomar un endeudamiento que será muy difícil de poder pagar. La dependencia del 80% de transferencias nacionales y el creciente endeudamiento dejara a la provincia sin una autonomía fiscal real, condicionando su futuro financiero.    La mirada de la Nación sobre las provinciasDesde el Gobierno nacional, el discurso oficial sostiene que los gobernadores deben “ordenar sus cuentas” y reducir el gasto político, en línea con el ajuste planteado a nivel central. La Casa Rosada justifica los recortes como parte de una política de equilibrio fiscal indispensable para alcanzar el superávit.Sin embargo, para los gobiernos provinciales —y particularmente para los más dependientes de la coparticipación, como Entre Ríos— esta visión resulta asimétrica y desequilibrada. Si bien la Nación ha concentrado históricamente los ingresos más dinámicos y ha trasladado a las jurisdicciones la responsabilidad de la reducción del gasto, esta situación, que no fue generada por este gobierno, sí ha sido gravemente profundizada. Como resultado, las provincias se ven obligadas a garantizar servicios esenciales como educación, salud, seguridad y obra pública con recursos drásticamente limitados.La tensión es evidente: mientras la administración Milei exhibe el superávit nacional como un logro de gestión, en las provincias el ajuste se traduce en salarios docentes más bajos, transporte más caro, paralización de obras y deterioro de los servicios básicos. En la práctica podemos decir que, gran parte del ordenamiento fiscal de Nación se sostiene con el desfinanciamiento de las provincias.Este choque de perspectivas explica la creciente conflictividad política con los gobernadores, donde la pregunta central es hasta qué punto la Nación puede retener recursos sin desarticular la gobernabilidad de las provincias.La frase “el ajuste lo hacen las provincias” no es una simple consigna política, sino un diagnóstico respaldado con números. El supuesto equilibrio fiscal del gobierno nacional no se basa en un reordenamiento propio, sino que se apoya en la retención de fondos que, constitucionalmente, corresponden a los distritos provinciales.Al trasladar el peso del ajuste fiscal a quienes deben sostener la educación, la salud, la seguridad y la infraestructura local, el gobierno central genera un desfinanciamiento que las provincias ya no pueden absorber. En este contexto, la conflictividad con los gobernadores no hará más que aumentar, dejando en evidencia que el ordenamiento de las cuentas de la Nación se está construyendo sobre una creciente inestabilidad política y un profundo debilitamiento de los gobiernos provinciales. 

¿Estamos frente a una transformación inevitable o a un modelo que pone en riesgo la supervivencia del comercio tradicional?

En los últimos años, el crecimiento de las plataformas de e-commerce ha redefinido la forma en que compramos y vendemos. Aunque ofrecen comodidad y acceso a una amplia gama de productos, su avance también genera tensiones estructurales.

En ciudades medianas y pequeñas como Concordia, comerciantes locales denuncian que compiten en clara desventaja frente a gigantes como Mercado Libre, Shein o AliExpress, muchas de las cuales operan desde el exterior o bajo regímenes tributarios más favorables.

La discusión va más allá de lo económico: está en juego el modelo de desarrollo productivo, la equidad fiscal, la inclusión digital y el futuro del trabajo local.

La doble cara del comercio electrónico

El comercio electrónico representa una oportunidad innegable. En 2023, el volumen de ventas online en Argentina superó los $7,8 billones, con un crecimiento del 105% interanual, según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Sin embargo, detrás de estas cifras hay una realidad desigual.

Mientras un comerciante local paga alquiler, salarios, cargas sociales, habilitaciones, IVA, Ingresos Brutos, tasas municipales y enfrenta la informalidad del mercado, un vendedor extranjero en plataformas como Shein o Temu puede ofrecer productos a precios bajísimos, sin pisar suelo argentino ni tributar en el país.

En Concordia, por ejemplo, muchos locales de indumentaria ubicados en calles como San Lorenzo, Entre Ríos o Salta, han cerrado en el último año o se han reconvertido a showrooms o venta exclusiva por redes sociales, intentando sobrevivir sin poder competir en precio ni escala.

El caso Shein y Temu: Competir a pérdidaShein y Temu venden productos por debajo del costo de reposición de cualquier mayorista nacional. Esto es posible por tres razones fundamentales: 1) Producción ultraeconómica en Asia, con costos laborales bajos y fuerte apoyo estatal, 2) Régimen puerta a puerta: permite recibir hasta 12 envíos anuales de hasta USD 50 sin aranceles ni tributos, y 3) Capital de riesgo y subsidios estatales que permiten operar con márgenes negativos durante años para ganar mercado.Esta lógica de dumping digital pone en crisis al comercio de cercanía. En Concordia, comerciantes del rubro indumentaria aseguran que sus ventas cayeron entre un 30% y 50% respecto de 2022, y muchos señalan que sus principales competidores ya no son otros locales, sino “la aplicación del celular”.

Mercado Libre: ¿aliado o enemigo?Mercado Libre representa una ambigüedad: si bien permite a muchos emprendedores vender online sin una estructura física, concentra poder, cobra comisiones de hasta 27%, y prioriza con su algoritmo a los grandes vendedores. Según datos de la propia empresa, el 80% de las ventas está concentrado en menos del 10% de los vendedores.Además, opera bajo el régimen de promoción del software (Ley de Economía del Conocimiento), accediendo a una alícuota reducida del 15% en Ganancias y beneficios fiscales que los comerciantes tradicionales no tienen. Es decir, compiten en condiciones completamente desiguales.Mientras un kiosco en calle Urdinarrain paga todos los tributos y no accede a ningún beneficio, una empresa unicornio con base en Buenos Aires tributa menos y domina el canal digital.

El impacto en la economía localMás allá del debate técnico, el problema tiene consecuencias reales y visibles en la vida cotidiana de nuestras ciudades. El cierre de locales comerciales no solo implica la pérdida de empleo directo, sino también la ruptura de redes sociales, la pérdida de identidad barrial y una menor circulación de dinero en la economía local, afectando desde el kiosco hasta el proveedor regional.

En algunas localidades del conurbano bonaerense, se estima que entre 2021 y 2024 cerraron más de 12.000 comercios minoristas, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En provincias como Entre Ríos, el 85% del empleo privado es generado por PYMES y microempresas, muchas de ellas directamente ligadas al comercio de cercanía y a servicios conexos. En paralelo, la AFIP estima que más del 40% del comercio electrónico transfronterizo escapa a los regímenes de control y tributación, lo que no solo genera una pérdida fiscal significativa, sino que también agrava la competencia desleal con los actores locales que sí cumplen con todas las obligaciones fiscales y laborales.

¿Qué puede hacer el Estado?La respuesta no está en frenar el avance digital, sino en construir un marco de juego justo para todos los actores. Algunas propuestas de política pública, que podrían implementarse a nivel nacional, es revisar el régimen puerta a puerta limitando el uso comercial encubierto, aplicar IVA a compras en plataformas extranjeras que superen un monto anual y establecer un régimen de equidad fiscal que obligue a tributar en función de las ventas locales. A nivel provincial, se pueden crear fondos de competitividad para el comercio de cercanía con recursos de Ingresos Brutos a grandes plataformas, simplificar la carga impositiva para pequeños comercios en crisis y promover portales provinciales de ecommerce con logística cooperativa.En el plano municipal, es fundamental impulsar programas de digitalización con créditos y asistencia técnica. Crear un portal de ventas online, por ejemplo, una versión concordiense de “Compra Amiga”, donde comerciantes registrados puedan ofrecer sus productos con logística local y prioridad en visibilidad. Alivios fiscales temporales (exenciones parciales en tasas)  a comercios que acrediten caída reales de ventas, y fomentar espacios como ferias y mercados itinerantes que promuevan el consumo local y el contacto directo con emprendedores.

Conclusión: ¿Modernización o exclusión?La irrupción y consolidación de las plataformas digitales no es meramente una transformación comercial, sino un fenómeno con profundas implicaciones en la equidad fiscal, la sostenibilidad de la base imponible subnacional y la eficiencia en la asignación de recursos. Si bien el comercio electrónico representa una oportunidad de eficiencia y acceso, su expansión bajo un marco regulatorio asimétrico genera claras distorsiones de mercado que exigen establecer condiciones claras y justas de funcionamiento.Si no se adoptan políticas activas, el resultado será la exclusión silenciosa de miles de pequeños comerciantes que no pueden competir en un mercado diseñado para beneficiar a los jugadores más grandes y concentrados.Defender al comercio local no es una posición conservadora ni nostálgica. Es una decisión estratégica: apostar por un modelo de desarrollo con inclusión, arraigo territorial y generación de empleo genuino.El desafío entonces radica en construir un marco tributario adaptativo que garantice la justicia fiscal y la competencia leal entre todos los actores del mercado, sin obstaculizar la innovación digital.Un país que impulsa la innovación tecnológica, pero al mismo tiempo protege a quienes producen, venden y trabajan en su comunidad, es un país que construye futuro sin dejar a nadie afuera.El futuro del comercio será, ineludiblemente, digital, pero no debe ser salvaje, ni deshumanizado, ni concentrado en unos pocos.La meta es lograr un ecosistema comercial que, siendo digitalmente avanzado, sea también fiscalmente justo, socialmente inclusivo y territorialmente arraigado. 

El discurso oficial promete mayor competitividad, menores precios internos y una inserción global acelerada. Sin embargo, esta decisión no es neutra ni técnica: implica optar por un modelo económico de consecuencias estructurales profundas. Y lo preocupante no es solo lo que se intenta hacer, sino cómo, cuándo y con qué sustento.Se trata de la tercera gran experiencia aperturista en nuestra historia reciente, luego de la Convertibilidad de los años noventa y la gestión de Cambiemos entre 2015 y 2019. En ambos casos, el camino elegido llevó inicialmente a un crecimiento del ingreso de bienes importados, cierta estabilidad de precios y una ilusión de modernización. Pero a mediano plazo, el resultado fue una acelerada desindustrialización, deterioro del empleo, caída del salario real y aumento de la dependencia externa. La historia económica argentina ya mostró que una apertura abrupta, sin política industrial, sin crédito y sin condiciones macroeconómicas adecuadas, no conduce al desarrollo. Conduce al colapso productivo.La paradoja de la apertura: crecen las exportaciones, se derrumba la producción nacionalSegún datos del INDEC, las exportaciones crecieron un 10,2?% interanual en el primer semestre de 2025. No obstante, este crecimiento está fuertemente concentrado en el complejo energético: petróleo crudo, gas natural y derivados asociados a Vaca Muerta y el Gasoducto Néstor Kirchner explican gran parte del dinamismo externo.Es decir, no hay un fenómeno de diversificación exportadora, sino una reprimarización intensificada.Al mismo tiempo, los sectores intensivos en valor agregado y empleo presentan cifras alarmantes. La producción industrial cayó 8,3?% interanual en mayo, según la UIA, y la construcción, el comercio y las economías regionales muestran retrocesos sostenidos. Las pymes, que explican más del 70?% del empleo privado formal, enfrentan una combinación letal: caída del consumo, encarecimiento del crédito y competencia desleal por parte de productos importados, muchas veces subsidiados en origen.Así se configura la gran paradoja del modelo actual: se promueve la apertura para exportar más, pero se destruyen las condiciones internas para producir. Se prioriza la balanza comercial de corto plazo, aunque a costa de un debilitamiento del entramado productivo nacional.

Una apertura sin piso macroeconómico ni reglas simétricasLa economía argentina no ofrece hoy las condiciones mínimas necesarias para competir en igualdad de condiciones en el mercado global. El tipo de cambio real está apreciado, desincentivando exportaciones industriales y abaratando artificialmente las importaciones. La presión fiscal sobre el sector productivo continúa siendo elevada, especialmente a nivel provincial y municipal. La infraestructura logística es deficitaria, el financiamiento productivo está virtualmente paralizado y los costos sistémicos son altísimos.En este contexto, la liberalización comercial unilateral se transforma en una transferencia directa de ingresos desde la producción nacional hacia los oferentes externos. El resultado previsible es la sustitución de producción local por importaciones, sin capacidad de respuesta por parte de los actores internos.

Efectos sobre el empleo y la cohesión socialLos datos laborales ya reflejan el impacto de este modelo. En el primer trimestre de 2025 se perdieron más de 200.000 puestos de trabajo registrados, concentrados en la industria y la construcción.La informalidad crece y el salario real ha perdido más del 20?% en términos interanuales en lo que va del 2025 ( y un 17% fue en el 2024). El tejido social se debilita en forma acelerada, especialmente en las economías regionales y en los sectores medios urbanos, históricamente sostenidos por el empleo industrial y de servicios conexos.La experiencia histórica indica que, cuando se desprotege el mercado interno sin una estrategia de reconversión productiva y laboral, el desempleo estructural se vuelve crónico. La apertura comercial no genera empleo por sí misma: requiere políticas complementarias que hoy están ausentes.Sin política industrial, no hay desarrolloLa apertura actual carece de una política industrial que oriente y potencie sectores estratégicos. No hay planes de reconversión productiva, ni incentivos a la innovación, ni integración tecnológica. Se han desfinanciado los organismos de ciencia y técnica, se recortaron los programas de formación profesional y no existen instrumentos de financiamiento para la inversión productiva. La desregulación ha sido total, pero sin contrapartida estratégica. Abrir los mercados sin proteger el conocimiento, la tecnología y el tejido industrial nacional es equivalente a renunciar a cualquier proyecto de desarrollo autónomo.Para que la apertura comercial sea parte de una estrategia de desarrollo y no un simple mecanismo de ajuste, se requieren al menos tres pilares fundamentales: 1) Consistencia macroeconómica: Un tipo de cambio real competitivo, baja presión fiscal sobre la producción y estabilidad financiera que brinde previsibilidad al sector privado, 2) Política industrial activa: Identificación y promoción de sectores estratégicos con potencial exportador, metas de desempeño, incentivos concretos a la innovación, integración tecnológica y estímulo a los encadenamientos productivos nacionales, y 3) Provisión de bienes públicos e infraestructura clave: Inversión sostenida en logística, transporte, energía, conectividad, educación técnico-profesional, y en el sistema científico-tecnológico.La apertura comercial vigente es funcional al corto plazo y al consumo inmediato (courier, productos electrónicos importados, etc.), pero deja al descubierto la fragilidad estructural del entramado productivo nacional.  Sin un entorno macroeconómico estable, sin política industrial y sin bienes públicos que acompañen, la liberalización comercial no promueve desarrollo: lo posterga.

Lecciones del pasado: cuando el espejismo se convierte en crisisLa historia reciente argentina ofrece ejemplos contundentes. Durante la Convertibilidad, el tipo de cambio fijo y la apertura comercial desmantelaron buena parte de la estructura industrial. El desempleo llegó a niveles récord, y la dependencia del financiamiento externo terminó en la crisis de 2001.  Entre 2016 y 2018, el nuevo intento de liberalización sin protección productiva generó una nueva oleada de cierre de fábricas, endeudamiento y crisis cambiaria.En ambos casos, el crecimiento de corto plazo fue seguido por un deterioro irreversible del aparato productivo. Hoy, bajo una lógica similar, se corre el mismo riesgo, pero con un agravante: una sociedad más empobrecida y un Estado con menor capacidad de respuesta.

¿El futuro o un déjà vu?El dilema no es apertura sí o no. Es cómo se abre, con qué propósito y con qué instrumentos. Una inserción internacional inteligente requiere estabilidad macroeconómica, política industrial activa, inversión en infraestructura y articulación público-privada. Nada de eso está presente hoy.La apertura comercial sin un Estado que planifique, invierta y proteja, es simplemente ajuste. Un ajuste que no solo destruye empleos, sino también capacidades productivas y capital social. El camino que se está tomando no conduce a la modernización, sino a una mayor vulnerabilidad externa y a una estructura económica más desigual y concentrada.Si no se revierte esta lógica, Argentina puede repetir el mismo error histórico por tercera vez. Pero esta vez, el costo puede ser aún mayor: no solo el colapso de sectores productivos clave, sino también la pérdida definitiva de soberanía económica.

El desafío de la Argentina no radica solamente en cómo invertir en su juventud para que esta pueda integrarse a una economía global tecnológica, sino también en cómo proteger y dar sentido social a su población envejecida, que hoy corre el riesgo de quedar excluida ante el avance acelerado de las innovaciones digitales. Resolver esta doble tensión —proveer futuro a los jóvenes y dignidad a los mayores— es quizá la mayor encrucijada del modelo de desarrollo argentino.

En Argentina, al igual que en Chile y Uruguay, la transición demográfica ha entrado en una fase avanzada: la proporción de jóvenes de entre 15 y 24 años viene disminuyendo de manera sostenida, mientras que el segmento de adultos mayores de 65 años crece con rapidez. En términos concretos, los jóvenes representan hoy cerca del 15% de la población total, frente al 18% que constituían a comienzos del siglo XXI. Al mismo tiempo, la proporción de adultos mayores ya supera el 12%, con proyecciones que estiman un aumento hasta alcanzar aproximadamente el 20% hacia 2050.La transición demográfica, marcada por la disminución relativa de jóvenes y el aumento sostenido de adultos mayores, no es una estadística neutra. Modifica la composición del gasto público, las demandas del mercado laboral y el equilibrio político-social. Este cambio demográfico contrasta con regiones como África subsahariana y el sudeste asiático, donde predominan poblaciones jóvenes. En Nigeria, más del 60% de la población tiene menos de 25 años; en India, el 47%. Ese ‘bono demográfico’ les permite proyectar crecimiento futuro. En Argentina, en cambio, ese bono se agota, exigiendo un replanteo urgente de la estrategia de desarrollo.

La OCDE y el BID advierten que América Latina enfrenta un envejecimiento más veloz que Europa, pero con menores ingresos, productividad y cobertura institucional. Para 2050, la carga fiscal en pensiones se equiparará a la de la Unión Europea, sin haber alcanzado sus niveles de ahorro, empleo de calidad ni protección social.En el caso argentino, el panorama es particularmente delicado. El país destina actualmente un 11,4% de su producto interno bruto (PIB) al pago de jubilaciones y pensiones, una cifra que ya excede el promedio de la Unión Europea (10%), y que incluso supera a países como Alemania (10,3%), Francia (10,1%) y España (9,5%), todos con proporciones mucho más elevadas de población envejecida.Alrededor del 40% de los trabajadores no realizan aportes jubilatorios regulares, lo que genera un creciente desbalance entre ingresos y egresos del sistema, obligando al Estado a cubrir déficits con recursos fiscales generales.A medida que aumenta la proporción de recursos estatales destinados al sostenimiento de los adultos mayores, disminuye la capacidad del Estado para invertir en políticas de largo plazo que beneficien directamente a las nuevas generaciones: educación, salud, innovación, infraestructura digital, vivienda accesible y empleo joven.El informe del BID señala que, en promedio, América Latina gasta cuatro veces más en personas mayores que en jóvenes de entre 10 y 25 años. En Argentina, esta brecha podría ser incluso mayor, considerando el peso del sistema previsional, las transferencias directas, y el bajo nivel de ejecución de políticas públicas específicas para la juventud.En otras palabras, se configura un escenario de competencia intergeneracional por el presupuesto público, donde las necesidades urgentes del presente (jubilaciones, subsidios, medicamentos) desplazan las inversiones estratégicas del futuro.Si la Argentina sigue destinando buena parte de sus recursos fiscales a sostener jubilaciones y pensiones, pero no prepara a sus jóvenes para competir en la economía del conocimiento, el resultado es una sociedad atrapada en el estancamiento: una generación mayor temerosa de perder sus derechos y una generación joven sin horizonte de movilidad social.Un pacto intergeneracional sostenible debe reconocer que los adultos mayores no son un “costo” social. Tienen saberes, experiencias y potencial de aporte que la tecnología no reemplaza. Sin embargo, para que esto ocurra se necesitan políticas activas de inclusión digital: programas masivos de alfabetización tecnológica para adultos mayores, incentivos para su participación en actividades comunitarias y productivas, y un rediseño de los servicios públicos para que sean accesibles sin importar la edad o el nivel de conocimiento digital. Esto no es un gasto superfluo: es una inversión para que la transición tecnológica no se transforme en exclusión masiva.Al mismo tiempo, los jóvenes necesitan un sistema educativo profundamente reformado. La Argentina debe abandonar su modelo educativo del siglo XX, desconectado de las demandas reales de la cuarta revolución industrial. La enseñanza de programación, robótica, inteligencia artificial, análisis de datos y habilidades digitales no puede ser opcional: debe formar parte de la currícula obligatoria desde los primeros niveles. Solo así los jóvenes podrán insertarse en un mundo laboral donde los oficios tradicionales pierden peso y las competencias digitales marcan la diferencia.Pero la solución no es tecnológica únicamente. También es social. La informalidad laboral afecta al 40% de los jóvenes argentinos, condenándolos a trayectorias laborales inestables, sin aportes previsionales, sin capacitación formal. Necesitamos una política de primer empleo robusta, que combine incentivos fiscales para empresas, sistemas de formación dual (trabajo-estudio) y apoyo estatal para emprendimientos juveniles en sectores de base tecnológica o de economía verde. No se trata sólo de crear empleo: se trata de crear empleos con futuro.

El financiamiento de estas transformaciones exige repensar el gasto público. Un acuerdo intergeneracional sincero debería reconocer que sostener pensiones sin base contributiva creciente es insostenible. Pero no se trata de recortar derechos adquiridos: se trata de garantizar que las generaciones futuras también tengan acceso a una jubilación digna. Para ello, la única vía es aumentar la formalidad y la productividad de los jóvenes de hoy, que serán los aportantes de mañana. Lo que se invierta ahora en educación y empleo joven reducirá el costo fiscal futuro.En paralelo, los adultos mayores no deben ser desplazados de la economía ni de la vida pública. Programas de empleo parcial para mayores de 60 años, redes de cuidado comunitario, cooperativas de servicios gestionadas por jubilados y redes de mentoría para jóvenes emprendedores son ejemplos de cómo los mayores pueden seguir contribuyendo al desarrollo económico y social. Países como Japón o Alemania han avanzado en esta dirección, integrando la experiencia de su población envejecida con la innovación de las nuevas generaciones.La Argentina enfrenta una oportunidad crítica. Puede optar por la resignación —una sociedad partida entre viejos “protegidos” pero aislados, y jóvenes excluidos del futuro— o puede construir un modelo de integración generacional que aproveche lo mejor de cada edad. Esto exige visión de largo plazo, consenso político y una reforma profunda de sus prioridades de inversión.El costo de no hacerlo es conocido: desocupación juvenil, pobreza crónica, emigración de talentos, crisis previsional y fragmentación social. En cambio, un país que invierte de manera simultánea en la capacitación de sus jóvenes y en la integración digital y productiva de sus mayores puede aspirar a una economía innovadora, una sociedad cohesionada y un Estado financieramente sostenible.Cada peso destinado a una política pública de juventud bien diseñada y ejecutada, tiene un retorno multiplicador en términos de productividad, cohesión social y estabilidad institucional. La evidencia internacional es contundente: los países que priorizaron a sus jóvenes —como Corea del Sur, Irlanda o Estonia— son los que hoy lideran los rankings globales de innovación, competitividad y bienestar. Incluso en contextos de restricción fiscal, apostar por la juventud no es una opción que se toma si sobra presupuesto: es una decisión estratégica de país.Postergar esa inversión bajo el pretexto del ajuste es, en realidad, hipotecar el crecimiento futuro. Argentina, con su enorme capital humano, creatividad y diversidad regional, no puede darse ese lujo. Si quiere formar parte del grupo de países que construyen futuro, el momento de actuar no es mañana ni cuando mejore la economía: es ahora.Cada año perdido en esta transformación es una generación que queda a mitad de camino y un grupo de adultos mayores que pierde calidad de vida. Argentina tiene los recursos humanos y las capacidades institucionales para hacerlo. Falta, como siempre, la decisión política y el compromiso colectivo para construir un verdadero pacto intergeneracional de desarrollo.No se trata de elegir entre generaciones, sino de integrarlas en un proyecto común que potencie las capacidades de cada una. El desafío es grande, pero también lo es la recompensa: una Argentina que no quede atrapada en la decadencia demográfica, sino que transforme este cambio estructural en una oportunidad de progreso compartido.

La iniciativa busca reactivar el consumo y la inversión sin recurrir a la emisión de pesos, una estrategia que, en teoría, podría aliviar la presión cambiaria y dinamizar la actividad económica. Sin embargo, detrás de esa consigna se ocultan riesgos económicos, institucionales y legales que no deben subestimarse.Los datos oficiales son contundentes. En 2024 se estima que hay cerca de US$ 252.000 millones fuera del sistema financiero. Esta cifra equivale al 40% del PBI, representa el 54% de la deuda pública bruta y sextuplica las reservas del Banco Central. Se trata de un fenómeno estructural: refleja décadas de desconfianza hacia el peso, el sistema bancario y, sobre todo, hacia el Estado.

Las causas del ahorro en dólares fuera del sistema¿Por qué los argentinos desconfían del sistema financiero? Lejos de ser un reflejo meramente evasivo, el masivo ahorro en dólares por fuera del circuito formal es una reacción lógica frente a un contexto de inestabilidad crónica. Las causas son múltiples y acumulativas:- Desconfianza institucional: El recuerdo del corralito (2001) y las confiscaciones de depósitos sigue vigente en la memoria colectiva.- Inestabilidad monetaria: La inflación crónica y la devaluación del peso desincentivan el ahorro en moneda local.- Presión fiscal y regulaciones asfixiantes: Las altas cargas impositivas y los controles cambiarios han llevado a muchos argentinos a optar por la informalidad como mecanismo de autoprotección- La percepción de inseguridad jurídica, donde las reglas cambian según la coyuntura, desalienta toda formalización.Décadas de crisis recurrentes han consolidado una economía bimonetaria donde el dólar opera como refugio de valor, incluso fuera de los circuitos legales.Entonces, guardar dólares bajo el colchón, no es solo una forma de evasión. Muchas veces, es una estrategia de autodefensa ante un sistema institucional que no ofrece garantías mínimas. Sin embargo, es aquí donde comienza la verdadera discusión de fondo.Los riegos de la remonetización sin controlesArgentina tiene una larga historia de blanqueos de capitales, donde el Estado ofrece condiciones favorables para regularizar fondos no declarados. El último, en 2024, permitió la entrada de US$ 22.000 millones, apenas el 12% del total de activos externos estimados.El problema es que estos mecanismos envían un mensaje perverso: 1) premian al evasor, mientras castigan al contribuyente cumplidor, 2) fomentan la competencia desleal, ya que empresas informales operan con costos menores al eludir impuestos, y 3) erosionan la credibilidad institucional, reforzando la idea de que las reglas son temporales y negociables.Como advirtió el economista Martín Litwak: “Hacer un blanqueo cada dos años atenta contra cualquier pago futuro de impuestos, porque la gente que cumple se siente muy pelotuda”.

El peligro del lavado de activos y las sanciones internacionalesUno de los mayores riesgos de flexibilizar los controles sobre el origen de los dólares es facilitar el blanqueo de capitales ilícitos. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ya ha advertido sobre los peligros de medidas laxas, que podrían llevar a:  sanciones económicas y restricciones en el acceso al sistema financiero global, y a mayores costos de financiamiento externo, perjudicando la estabilidad macroeconómica. La inclusión en listas grises o negras complica cualquier estrategia de inserción económica seria.El gobierno insiste en que no se tolerará el dinero de actividades criminales, pero sin mecanismos de verificación robustos, la distinción entre evasión fiscal y lavado de activos se difumina.

Un legado de firmeza tributaria nacido en ConcordiaCarlos Miguel Tacchi, oriundo de nuestra ciudad, fue una figura cuya contundente lucha contra la evasión fiscal marcó un antes y después en la administración tributaria argentina. Como director de la Dirección General Impositiva (DGI) entre 1991 y 1995,  implementó políticas audaces que lograron récords históricos de recaudación, reduciendo la evasión del IVA y Ganancias mediante ingenierías fiscales innovadoras, como los agentes de retención.Su famosa frase —”A los evasores hay que hacerlos mierda”—, pronunciada tras la experiencia de salvar a su hijo en un hospital público, sintetizaba su filosofía: la obligación tributaria como pilar del contrato social. Bajo su gestión se persiguieron casos emblemáticos como la “mafia del oro” y el escándalo IBM-Banco Nación, demostrando que ni el poder económico ni los vínculos políticos lo detenían.La contradicción actual: ¿Incentivar la informalidad o fortalecer la ley?Hoy, su legado contrasta con el discurso del gobierno de Javier Milei, que bajo el argumento de “remonetizar” la economía, busca atraer dólares informales sin exigir declaraciones rigurosas. Mientras Tacchi exigía facturación obligatoria y publicaba listas de deudores, el presidente afirma que los evasores “no son delincuentes, sino víctimas del Estado.Esta ambivalencia —premiar la informalidad mientras se promete orden fiscal— debilita la credibilidad institucional y envía un mensaje peligroso: la norma es transable si el contexto lo justifica.

El riesgo de repetir errores históricosTacchi entendía que perdonar evasores solo perpetuaba la cultura del incumplimiento. En cambio, el actual titular de la DGI, Andrés Vázquez —acusado de ocultar US$ 2 millones en propiedades offshore— ejemplifica la hipocresía de un sistema donde quienes deben perseguir el delito lo cometen. La paradoja es evidente: ¿cómo combatir la evasión si sus máximos responsables eluden sus propias obligaciones?Esta doble vara, lejos de ser una anécdota, es un problema institucional. Debilita el principio de legalidad, confunde a la ciudadanía y erosiona la cultura del cumplimiento tributario.La evasión fiscal no es una picardía criolla. Es un delito que priva al Estado de recursos esenciales para garantizar derechos básicos. Afecta la equidad del sistema, perjudica al contribuyente honesto y reduce las chances de construir una estructura fiscal sólida, progresiva y eficiente

¿Qué hubiera dicho Tacchi?El concordiense no habría aceptado atajos. Su fórmula combinaba coacción legítima (como inspecciones sorpresivas a grandes empresas) con “puentes de plata” (facilidades de pago para regularizar deudas). Para él, la confianza se construía con transparencia y consecuencia, no con amnistías.Creo que vale la pena recordar figuras que demostraron que la integridad también puede ser una política pública. Carlos Tacchi, dejó un legado que trasciende los números: probó que la ética no es incompatible con la eficacia. Su rigor técnico y moral siguen siendo una referencia imprescindible frente a la tentación de premiar la informalidad. En un país que oscila entre el atajo y la norma, conviene no perder de vista que el respeto por la ley no es un obstáculo, sino la base de toda reconstrucción sostenible.Hoy, Argentina enfrenta el mismo dilema: ¿Remonetización con impunidad o reformas estructurales? Tacchi ya dio su respuesta: “Los impuestos deben pagarse, sin importar el uso que el Estado haga de ellos”.Argentina necesita dólares, sí. Pero no puede seguir trocando institucionalidad por dólares, más que eso, necesita previsibilidad, reglas claras, justicia fiscal y seguridad jurídica.

La remonetización es un objetivo válido, pero debe ser alcanzado mediante mecanismos legales, transparentes y sostenibles, no con atajos que premien la evasión.No puede construirse una economía sólida sobre la base de excepciones, perdones fiscales y flexibilizaciones a medida. Cuando el pragmatismo pasa por encima del derecho, no se fortalece la economía: se profundiza la crisis de confianza. Y sin confianza, no hay inversión, no hay crecimiento, y no hay futuro.En definitiva, como solía decir Tacchi: “Los impuestos deben pagarse. Lo demás es cuento. Lo único no negociable es cumplir la ley”.

La macroeconomía: señales de ordenEl punto fuerte del gobierno de La Libertad Avanza está, sin duda, en el plano macroeconómico. En apenas cuatro meses, el gobierno logró algo que parecía imposible: cerrar el primer trimestre con superávit financiero, es decir, gastar menos de lo que se recauda, algo que no ocurría desde 2008. La meta de déficit cero fue alcanzada a través de un ajuste fiscal que incluyó principalmente recortes a la obra pública, licuación de jubilaciones, salarios y transferencias a las provincias.Además, se eliminó por completo la emisión monetaria para financiar al Tesoro, una práctica que el gobierno identifica como el “pecado original” de la inflación en Argentina. La inflación mensual, que había trepado al 25% en diciembre de 2023, descendió al 11% en marzo de 2024 y comenzó el segundo trimestre con un promedio cercano al 2,7% mensual. Sin embargo, a pesar de la desaceleración, esta variable aún no puede considerarse completamente bajo control.En paralelo, las reservas del Banco Central no mostraron una suba significativa, pero se logró cierta estabilidad cambiaria gracias a las compras en el mercado, el cumplimiento de las metas pactadas con el FMI y la renovación del swap con China. La expectativa oficial es que, con la implementación del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), el blanqueo de capitales y el levantamiento del cepo, comience a ingresar divisas frescas que refuercen el frente externo.

La microeconomía: el costo del ajusteDel otro lado de la moneda está la microeconomía. Y aquí los números son más sombríos. Según el INDEC la actividad económica cayó un 4,4% interanual en febrero y el consumo minorista cayó un 13,2% interanual en marzo, según la CAME.El poder adquisitivo del salario formal perdió cerca de un 18% desde diciembre, y en el sector informal la caída fue aún mayor.La pobreza alcanzó al 57% de la población según estimaciones privadas para el primer trimestre, y la indigencia al 15%. El desempleo comenzó a mostrar una tendencia creciente en comparación con fines de 2023, especialmente en sectores sensibles como la construcción, donde ya se perdieron más de 80.000 empleos formales. También se observan señales de deterioro en la industria y el comercio, con suspensiones y despidos que empiezan a reflejarse en los indicadores laborales.Este deterioro golpea con fuerza a la clase media y a los sectores populares. En paralelo, el gobierno redujo el gasto en asistencia social, transfiriendo el ajuste también a quienes están en mayor vulnerabilidad.En conclusión, el modelo actual genera una fuerte brecha entre una macroeconomía ordenada a fuerza de un ajuste sin precedentes, y una microeconomía que se desangra en una recesión profunda. Mientras las variables fiscales y monetarias muestran señales de mejora, ese orden macro no logra todavía traducirse en alivio concreto para la mayoría de la población. Si el consumo cae, los salarios pierden poder adquisitivo, el desempleo crece y las pymes enfrentan una fuerte contracción, quiere decir que la estabilidad nominal se sostiene sobre un deterioro real de las condiciones de vida. Es, por ahora, un orden macro con alto costo social.

Incertidumbre política y expectativasLa política importa. Y mucho. La economía se mueve por expectativas, y el rumbo institucional también influye. Decisiones como la fallida designación de jueces por decreto, el enfrentamiento con gobernadores, la interna con el PRO en la Ciudad y la alianza en provincia (inconsistencia política: amigo en una parte y enemigo en otras), y la falta de una agenda legislativa clara generan ruido. La seguridad jurídica sigue siendo una deuda pendiente, y sin reglas claras, las inversiones siguen mirando de lejos.A pesar de todo esto, Milei conserva un piso de apoyo social relativamente alto. La imagen presidencial cayó poco frente al tamaño del ajuste. Pero con elecciones legislativas en cinco meses, el escenario sigue abierto.

¿Qué debería hacer el gobierno en este contexto?Si bien aún resulta prematuro emitir un veredicto definitivo sobre el éxito o fracaso del modelo libertario, los riesgos macroeconómicos y sociales permanecen latentes.Para encauzar el proceso de estabilización y evitar una crisis social de mayor magnitud, el gobierno debería avanzar decididamente en tres ejes estratégicos: 1) reconstruir la confianza institucional, mediante la aprobación de un Presupuesto creíble, la estricta observancia de la legalidad y el fortalecimiento del diálogo con los sectores productivos y políticos; 2) reactivar la economía real, a través de un plan de crecimiento integral enfocado en la industria, las pymes, el agro y la inversión local, entendiendo que la sostenibilidad fiscal solo es posible con dinamismo productivo; y 3)  atender de manera prioritaria la dimensión social, instrumentando mecanismos focalizados y eficientes para mitigar el impacto del ajuste sobre los sectores más vulnerables, sin comprometer la disciplina fiscal. La historia económica argentina demuestra que los equilibrios contables no bastan si no se traducen en bienestar y desarrollo sostenible. El modelo actual está aún en fase de prueba, pero el margen de maniobra se reduce rápidamente ante el avance del malestar social. El desafío es enorme: sostener el orden macro sin romper el contrato social, no hay espacio para la inercia: el éxito del proceso dependerá de la capacidad del gobierno de transformar la estabilidad nominal en progreso económico y social tangible para la población. De no lograrse esta transformación, la estabilidad macroeconómica se tornará insostenible en el tiempo, erosionando la legitimidad del modelo y abriendo paso a nuevos desequilibrios.

La Argentina atraviesa una profunda crisis de inversión pública, agravada por la paralización de obras licitadas y contratadas durante los últimos años. Bajo la gestión del presidente Javier Milei, numerosas obras públicas, muchas de ellas con avances significativos, han sido frenadas sin previo cumplimiento de los pagos correspondientes a los certificados ya emitidos. La magnitud de la paralización de la obra pública es alarmante. Según estimaciones de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), entre 3.500 y 4.000 obras públicas se encuentran actualmente detenidas, afectando a más de 100.000 trabajadores del sector. Esta situación representa una caída del 87% en los proyectos en ejecución con fondos nacionales entre fines de 2023 y el primer bimestre de 2024, según datos del Sistema Nacional de Inversiones Públicas. Esta situación no solo representa un golpe directo a las empresas contratistas, sino que además expone un problema estructural que supera la coyuntura: la fragilidad de la seguridad jurídica en el país.El principio de continuidad de los actos del Estado es una piedra angular de cualquier sistema republicano que aspire a garantizar previsibilidad y confianza. Sin embargo, la falta de pago de certificados a las empresas que realizaron obras bajo contratos formalmente adjudicados implica una ruptura de ese principio. No se trata aquí de discutir la orientación de la política económica —que legítimamente puede redefinir prioridades— sino de señalar el grave daño institucional que genera el incumplimiento de obligaciones asumidas por el propio Estado.La decisión política de frenar la obra pública se sostiene, además, sobre una realidad insoslayable: la ausencia de financiamiento. En el marco del ajuste fiscal impulsado por el gobierno, el Tesoro Nacional ha dejado de girar los fondos necesarios para honrar los compromisos asumidos en contratos de obra pública. Sin financiamiento, no hay posibilidad de continuidad, ni siquiera de pago por los trabajos efectivamente ejecutados.Este corte en la cadena de pagos no solo paraliza las obras, sino que también produce un efecto dominó sobre toda la cadena productiva vinculada a la construcción. Desde proveedores de insumos hasta trabajadores de la construcción, pasando por las economías regionales donde se desarrollan los proyectos, el impacto es devastador. La obra pública, que históricamente ha funcionado como motor anticíclico en tiempos de recesión, queda reducida a una promesa incumplida, profundizando la contracción de la actividad económica.

El costo tributario de la incertidumbre y la inflaciónA la asfixia financiera que genera la falta de pago, se suma una paradoja tributaria de consecuencias críticas para las empresas constructoras: la obligación de tributar sobre facturas emitidas por los avances de obra, aunque esos montos no se hayan cobrado —y tal vez nunca se cobren—, o se perciban con meses (o años) de demora, completamente desactualizados por el efecto de la inflación.El régimen fiscal argentino exige el pago de IVA e Impuesto a las Ganancias sobre los certificados de obra emitidos, independientemente de que estos hayan sido efectivamente abonados por el comitente. En el contexto de inflación elevada y de paralización de pagos por parte del Estado, esto genera un doble castigo para las empresas: no solo enfrentan la falta de ingresos líquidos, sino que además deben endeudarse o descapitalizarse para cumplir con las obligaciones fiscales de montos que no perciben.Esta situación profundiza el círculo vicioso: muchas constructoras se ven forzadas a recurrir al financiamiento bancario a tasas exorbitantes para poder cumplir con el fisco, incrementando sus costos financieros, deteriorando su solvencia y aumentando la posibilidad de quebrantos. Además, al momento de cobrar —cuando logran hacerlo—, los montos son insignificantes en términos reales frente a la erosión del poder adquisitivo provocada por la inflación acumulada durante el tiempo transcurrido.

Costo argentino y sobreprecio por incertidumbreLa parálisis de la obra pública y la ausencia de certezas respecto del cumplimiento de los contratos impactan de lleno en lo que los economistas llaman “costo argentino”. La imprevisibilidad contractual obliga a las empresas a incorporar primas de riesgo cada vez más elevadas en sus presupuestos. Esto significa obras más caras, no por el costo intrínseco de los materiales o la mano de obra, sino por la necesidad de cubrirse ante eventuales incumplimientos o cambios arbitrarios de las reglas de juego.Los mecanismos de financiamiento, tanto local como internacional, también se ven afectados. ¿Quién está dispuesto a financiar proyectos de infraestructura en un país donde el propio Estado incumple los contratos? La consecuencia es el encarecimiento del crédito, la reducción de la competencia en las licitaciones y, en última instancia, una caída en la cantidad y calidad de las obras públicas ejecutadas.

Deterioro de la calidad institucionalLa seguridad jurídica es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de los países. No es casual que los rankings de calidad institucional y de clima de negocios penalicen con dureza a los Estados que muestran volatilidad en sus políticas y decisiones. Cuando las reglas no se respetan, cuando los compromisos no se honran, el resultado es el debilitamiento de la confianza, no solo entre empresas y el Estado, sino también hacia el conjunto de las instituciones.Esta pérdida de confianza tiene efectos multiplicadores: desalienta la inversión privada, reduce el empleo en sectores estratégicos como la construcción, deteriora las redes productivas locales y profundiza la recesión en las economías regionales. Además, genera un mensaje preocupante hacia el exterior, consolidando la imagen de la Argentina como un país donde el riesgo político y jurídico es alto, y donde el cumplimiento de las normas depende más del momento político que del respeto por los contratos.

La paradoja de la motosierra y la institucionalidadLa administración Milei ha hecho de la reducción del gasto público su bandera central. Sin embargo, el costo de la parálisis de la obra pública va más allá del ajuste fiscal. La falta de financiamiento, la presión tributaria sobre ingresos no percibidos y el deterioro de la seguridad jurídica y de la calidad institucional tienen un precio mucho más alto, aunque menos visible: erosionan las bases de la confianza, encarecen las inversiones futuras y condenan a la economía argentina a la lógica del sobreprecio por incertidumbre.La paralización total de la obra pública, especialmente la que ya estaba en ejecución, no es una política de ajuste: es una decisión profundamente regresiva, económicamente irracional e institucionalmente destructiva. No hay equilibrio fiscal posible si se lo construye sobre el derrumbe de la actividad productiva, la destrucción del empleo y la ruptura sistemática de los contratos asumidos por el propio Estado. El ajuste puede tener muchas formas, pero el incumplimiento no puede ser una de ellas.Las consecuencias de este camino no son solo económicas. Son también políticas, sociales y culturales. Paralizar la obra pública en un país con infraestructura crítica y profundas brechas territoriales es condenar a la marginalidad a millones, erosionar aún más la confianza pública y profundizar la recesión. Lejos de ser una señal de eficiencia, esta decisión revela una preocupante incomprensión del rol del Estado en el desarrollo.No se trata de ideología, se trata de sentido común y de institucionalidad. Si el único plan es el ajuste a cualquier costo, entonces lo que está en riesgo no es solo la obra pública, sino el futuro mismo del país.

La administración de Javier Milei ha mostrado una clara inclinación ideológica hacia Washington, pero en un mundo donde el poder económico se desplaza hacia Asia, esta decisión podría ser un grave error estratégico.Argentina mantiene con China una relación comercial complementaria, basada en exportaciones de materias primas e importaciones de manufacturas, mientras que con EE.UU. competimos en sectores clave como el agroindustrial. Si el gobierno insiste en alinearse exclusivamente con Washington, arriesga perder mercados vitales y financiamiento clave, sin obtener a cambio ventajas reales.

El riesgo de depender de una potencia en decliveEl Pacto Roca-Runciman (1933) firmado en plena Gran Depresión es un claro ejemplo, convirtió a Argentina en un socio subordinado de Gran Bretaña, limitando su desarrollo industrial a cambio de cuotas de carne. El Pacto no fue un simple acuerdo comercial: fue un pacto de subordinación que condicionó el desarrollo argentino durante décadas.A cambio de mantener las exportaciones de carne a Reino Unido, Argentina aceptó cláusulas que: frenaron la industrialización (no se podía crear industrias que compitieran con las suyas), entregaron sectores estratégicos a capitales extranjeros (ej: los ferrocarriles y los frigoríficos), y crearon una dependencia estructural (el 90% de las exportaciones argentinas dependían de Reino Unido).Un mercado que, tras la Segunda Guerra Mundial, entró en declive. Cuando los británicos dejaron de comprar, Argentina no tenía alternativas ni industria propia.Hoy, EE.UU. ya no garantiza mercados ni hegemonía indiscutida: su economía enfrenta desafíos estructurales, su liderazgo político es volátil (con un posible regreso de Donald Trump) y su capacidad para sostener a aliados es cada vez más dudosa.Un ejemplo claro es el análisis de Tim Cook (CEO de Apple), quien explicó que EE.UU. no puede fabricar iPhones por falta de infraestructura y mano de obra calificada. Si ni siquiera la primera potencia tecnológica del mundo es autosuficiente, ¿qué puede ofrecerle a Argentina? Su mercado no depende de nuestros productos (como sí lo hace China), y en sectores como la soja o el litio, somos competidores.

China: socio comercial clave y respaldo financieroMientras EE.UU. prioriza su agenda geopolítica, China es hoy el principal comprador de soja argentina, un inversor clave en energía e infraestructura y el proveedor del swap cambiario que salvó las reservas del BCRA. Además:En 2023, China fue el primer destino de las exportaciones argentinas (superando a Brasil en algunos meses).Financia proyectos estratégicos como represas hidroeléctricas y centrales nucleares, y su demanda de alimentos es estable, a diferencia de la volatilidad de los mercados occidentales.Además, el respaldo financiero de China, como el swap de divisas que el gobierno chino otorgó al Banco Central Argentino, ha sido crucial para mantener la estabilidad de nuestras reservas y nuestra moneda, y también tuvo una importante contribución en el reciente levantamiento del Cepo por parte del gobierno.La relación con China también se extiende a otros sectores estratégicos, como la energía y las inversiones en infraestructura, áreas donde el gigante asiático tiene un peso considerable en América Latina.Si Argentina se distancia de Beijing, no habrá un reemplazo equivalente. EE.UU. no comprará más soja ni litio, y su ayuda financiera llega con condiciones (como demuestra el histórico conflicto con el FMI).No es casualidad que, en América Latina, Brasil, Chile y Perú están profundizando día a día sus vínculos con Beijing.

EE.UU.: inversiones sí, pero no complementariedadPor otra parte, Washington sigue siendo el mayor inversor extranjero en Argentina, especialmente en sectores como tecnología, energía y finanzas. Sin embargo: sus empresas no necesitan nuestros productos (a diferencia de China), en el agro, subsidian a sus productores, distorsionando la competencia, y su política exterior es impredecible (basta ver el proteccionismo de Trump o los vaivenes en el apoyo al FMI).Un acercamiento excesivo a EE.UU. no garantiza mercados, pero sí podría provocar represalias comerciales de China, como ya ocurrió con Australia tras su alineamiento con Washington.

Conclusión: un juego que no nos correspondeLa pelea comercial y tecnológica entre EE.UU. y China no es nuestro conflicto. Argentina debe evitar caer en la trampa de la polarización geopolítica y, en cambio, adoptar una diplomacia pragmática que priorice: 1) Diversificación comercial: mantener acceso a ambos mercados sin exclusiones, 2) Atracción de inversiones sin condicionamientos ideológicos, y 3) Fortalecimiento de alianzas regionales (Mercosur, BRICS) para negociar con mayor poder.No hay “plan B” que reemplace a China: ni EE.UU. ni Europa ofrecen mercados, financiamiento o tecnología equivalente. Si Milei insiste en “jugar el partido de EE.UU.”, repetirá el error histórico de subordinar el interés nacional a una potencia que no ofrece reciprocidad.En fin, en el siglo XXI, las naciones que prosperan son las que saben navegar entre gigantes sin quedar atrapadas en sus guerras. Argentina no puede darse el lujo de elegir un bando. El futuro depende de no cometer los mismos errores del pasado.

Escenario de éxito: Control inflacionario y recuperación de confianza

Si el Gobierno logra una salida ordenada del cepo, evitando una devaluación brusca, podría marcar un punto de inflexión. Un dólar estable, sumado a la llegada de divisas frescas por los acuerdos internacionales, ayudaría a frenar la inflación y a recuperar la confianza de los mercados. En este caso, el ajuste extremo aplicado hasta ahora podría empezar a mostrar resultados, permitiendo una lenta reactivación económica en el segundo semestre.

Para que este escenario de estabilidad se concrete, es fundamental: 1) Destinar los fondos externos a reforzar las reservas: Los recursos provenientes del acuerdo con el FMI, el desembolso del Tesoro estadounidense y el crédito del Banco Mundial deben utilizarse exclusivamente para fortalecer el Banco Central, evitando su desvío hacia gastos corrientes o subsidios insostenibles, 2) Una política monetaria equilibrada: El BCRA debe mantener una tasa de interés real positiva que desincentive la dolarización masiva de los ahorros, pero sin llegar a niveles que estrangulen el financiamiento a empresas y consumidores, lo que profundizaría la recesión, 3) Consolidar el ajuste fiscal sin emisión inflacionaria: La reducción del déficit debe ser prioritaria para evitar la emisión monetaria descontrolada, principal combustible de la inflación. Esto implica mantener el superávit primario incluso en un contexto de caída de la actividad económica, y4) Incentivar la liquidación de divisas sin distorsiones: Con el cepo levantado, el sector agroexportador y la industria podrían incrementar el ingreso de dólares, siempre que no se reintroduzcan retenciones u otros impuestos que desalienten la producción y las exportaciones.Si todo esto se cumple, Argentina podría ingresar en un ciclo de menor inflación, mayor acceso al crédito externo y una lenta reactivación económica hacia fines de año.

Escenario de fracaso: Hiperinflación y crisis política

El riesgo mayor es que la liberación cambiaria derive en una corrida contra el peso, llevando a una devaluación incontrolable. Si eso ocurre, la inflación podría acelerarse aún más, erosionando el poder adquisitivo y generando un estallido social. La poca credibilidad del gobierno, con apenas un año de gestión, se desvanecería por completo, dejando a Argentina al borde de una crisis política y económica sin salida a corto plazo.El mayor riesgo es que la salida del cepo se convierta en una licuadora de salarios y ahorros. Si el dólar se dispara, la inflación podría acelerarse por encima del 30% mensual, generando un efecto dominó: 1) Fuga de capitales: Sin confianza, los ahorristas y empresas dolarizarán sus activos, vaciando las reservas, 2) Aumento de la pobreza: Una devaluación brusca pulverizaría el poder adquisitivo, llevando la pobreza a niveles récord y generando protestas masivas, y 3) Crisis política: Si el plan fracasa, la coalición gobernante podría quedar debilitada, con riesgo de ingobernabilidad.

¿Qué debe hacer el Gobierno para no caer en el precipicio?

Mantener el rumbo actual, sin ajustes en la estrategia, sería un error. El Ejecutivo necesita mostrar flexibilidad, combinando el ajuste fiscal con medidas que alivien el impacto social. Además, debe comunicar con claridad sus pasos para evitar especulaciones.

Asimismo, debería acelerar las reformas estructurales: 1) Apertura económica real: Reducir trabas burocráticas para exportaciones e importaciones, eliminando licencias absurdas que frenan la producción, 2) Reforma laboral: Flexibilizar el mercado de trabajo para formalizar empleo y atraer inversiones, y 3) Rediseño del gasto público: Recortar subsidios ineficientes sin afectar a los sectores más vulnerables.

Esto implica negociar con la oposición medidas clave sin diluir su esencia, especialmente en el Congreso donde no cuenta con mayoría propia. Deberá priorizar acuerdos puntuales con gobernadores y sectores productivos, ofreciendo compensaciones estratégicas a cambio de apoyo legislativo. Paralelamente, tendrá que manejar con extrema prudencia su relación con los sindicatos, buscando desactivar conflictos sin ceder en lo fundamental. La habilidad para construir estos puentes temporales -sin caer en el clientelismo del pasado- será tan crucial como la ortodoxia económica.

¿Cuánto tiempo tiene Milei para revertir la crisis?

El gobierno de Javier Milei enfrenta su prueba de fuego en un plazo perentorio: entre 60 y 90 días deberá demostrar que su estrategia post-cepo puede estabilizar la economía. Este período crítico -que culminaría entre junio y julio- representa una ventana estrecha donde cada indicador económico funcionará como termómetro del éxito o fracaso del plan.Los tres parámetros que definirán todo: 1) Estabilidad cambiaria bajo presión: una brecha dólar oficial/blue que supere el 10% será señal de que la liberación fracasó y que la especulación gana terreno, el BCRA deberá demostrar que puede intervenir sin quemar reservas, utilizando herramientas como swaps o líneas de crédito internacionales para suavizar volatilidad, 2) Inflación que ceda paso a paso: reducir la inflación mensual por debajo del 3% requerirá una sincronización perfecta entre política monetaria restrictiva y contracción del gasto público. El dato clave: los precios regulados (tarifas) no pueden dispararse más del 5% mensual para no arrastrar al resto de la economía, y 3) Reservas que se reconstruyan con divisas genuinas: no basta con el desembolso del FMI: las exportaciones agroindustriales deberán aportar al menos USD 2.000 millones mensuales. La inversión extranjera directa será termómetro de credibilidad: si no llegan ofertas concretas en energía y minería para junio, el mercado leerá señales de desconfianza.El fin del cepo era necesario, pero no garantiza nada por sí solo. El éxito dependerá de qué tan bien el Gobierno maneje la transición, evitando tentaciones populistas y manteniendo un rumbo coherente.

Si falla, el país se sumergirá en una crisis aún más profunda. La apuesta es alta: o logra sentar las bases de una economía estable o profundizará el colapso.Argentina, una vez más, juega su futuro en un salto al vacío. El tiempo, implacable, dará su veredicto antes de que termine el invierno. 

No se trata solo de otra medida proteccionista, sino de un giro radical en la política comercial de la principal potencia económica del mundo, que durante décadas promovió el libre comercio como pilar del crecimiento. Las implicancias son profundas: desde el encarecimiento de productos básicos hasta el riesgo de una recesión global, pasando por el impacto directo en economías emergentes como la argentina, que ahora enfrenta costos adicionales para colocar sus productos en el mercado estadounidense.El experimento de Trump no es solo una política comercial; es una apuesta arriesgada que podría redefinir el orden económico global. Y si sale mal, todos pagaremos el precio.Esta estrategia comercial choca de frente con las ideas de Adam Smith, el padre de la economía moderna, quien en “La riqueza de las naciones” (1776) argumentó que la especialización y el intercambio entre países son la base del crecimiento. Smith demostró que cuando las naciones se enfocan en producir lo que hacen mejor y comercian libremente, la productividad aumenta, los precios bajan y la riqueza se expande.El proteccionismo de Trump va en sentido contrario: al imponer barreras artificiales, fuerza a EE.UU. a producir bienes que otros países hacen más eficientemente, lo que encarece la economía y reduce el bienestar general. Si esta lógica se extiende —y las represalias de la UE, China y otros gigantes comerciales ya están en marcha—, el mundo podría enfrentar una regresión a un modelo de comercio menos eficiente, con consecuencias graves para el crecimiento. Los números no mienten. En las últimas tres décadas, el comercio internacional fue clave para la expansión económica global. Entre 1990 y 2020, el PIB mundial creció a un promedio del 3,5% anual, impulsado en gran medida por la apertura de mercados y la caída de aranceles.Según el Banco Mundial, el libre comercio explica cerca del 25% de ese crecimiento. Hoy, sin embargo, ese motor se está apagando. El FMI estima que una guerra comercial generalizada, como la que podría desatarse tras los aranceles de Trump, podría reducir el crecimiento global en hasta un 2%, con efectos especialmente duros para las economías emergentes.Para EE.UU., la apuesta es alta. Trump promete que estos aranceles traerán empleos industriales de vuelta y reducirán el déficit comercial, pero la historia reciente sugiere lo contrario. Entre 2018 y 2020, sus aranceles a China no lograron revertir el déficit bilateral; de hecho, este aumentó un 12%. En un mundo donde China y la UE están firmando megatratados como el RCEP (que cubre el 30% del PIB global), el aislamiento de EE.UU. podría dejarlo fuera de las cadenas de valor del futuro.

El impacto en Argentina: entre la urgencia y la oportunidad Argentina, aunque afectada por el arancel del 10%, no está entre los países más golpeados. Sin embargo, la medida llega en un momento delicado, cuando el país necesita desesperadamente dólares para sostener su frágil economía. Sectores clave como la agroindustria —especialmente los limones, el vino y la carne— podrían verse perjudicados, ya que EE.UU. es un mercado importante para estos productos. Según datos de la Cámara de Exportadores, las ventas argentinas a EE.UU. crecieron a un 8% interanual. Un aumento en los costos de exportación podría frenar esta tendencia, complicando aún más la ya crítica situación de las reservas del Banco Central. Las manufacturas, en particular las autopartes y los productos químicos, también enfrentan riesgos. Muchas pymes exportadoras dependen del mercado estadounidense, y un encarecimiento del 10% en sus productos podría hacerlas menos competitivas frente a proveedores de otros países. Esto no solo afectaría el empleo en el sector, sino que también limitaría la capacidad de Argentina para insertarse en cadenas globales de valor, justo cuando el mundo avanza hacia una mayor integración regional. Pero no todo es negativo. La medida de Trump podría acelerar la diversificación de mercados que Argentina viene postergando. Países como China, India y los miembros de la ASEAN ya muestran un creciente apetito por productos agroindustriales argentinos.Además, el Mercosur, pese a sus limitaciones, sigue siendo un espacio con potencial para fortalecer el comercio intrarregional. El desafío será agilizar los acuerdos pendientes y reducir la burocracia que hoy frena a los exportadores.El verdadero riesgo para Argentina —y para el mundo— es más profundo: si el proteccionismo se consolida, las reglas del juego cambian. Adam Smith ya lo advirtió hace 250 años: cuando los países se encierran, la riqueza se estanca. Nuestro país acumula experiencias dolorosas tanto con el proteccionismo exacerbado como con las aperturas comerciales abruptas. Durante el modelo de sustitución de importaciones (1930-1976), el cierre progresivo de la economía y los altos aranceles a las manufacturas generaron industrias ineficientes que dependían del subsidio estatal, llevando a crisis recurrentes de balanza de pagos y desequilibrios fiscales. Más recientemente, el gobierno de Alberto Fernández repitió este esquema con aranceles del 35%, cepo cambiario y restricciones a las importaciones, lo que derivó en recesión, desabastecimiento y una brecha cambiaria que superó el 100%.Del otro extremo, la dictadura militar (1976-1983) implementó una apertura comercial repentina que destruyó el tejido industrial, dejando como saldo fábricas cerradas y un endeudamiento externo récord. Una situación similar ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), cuando la reducción abrupta de aranceles y la eliminación de restricciones comerciales, sin transición ni plan de competitividad, terminó en quiebras empresariales, fuga de capitales y un nuevo ciclo de endeudamiento en dólares.Este péndulo entre proteccionismo asfixiante y liberalismo ingenuo ha sido una constante en nuestra historia económica. Mientras naciones como Corea del Sur o China supieron proteger sectores estratégicos con plazos definidos y exigiendo contrapartidas de innovación y productividad, Argentina insiste en repetir fórmulas fracasadas. La receta del éxito es conocida, solo hay que aplicarla: políticas industriales selectivas con metas claras, articuladas con una inserción inteligente en el comercio global. Sin embargo, nuestra clase política parece condenada a no aprender ni de sus propios errores ni de los ejemplos exitosos a nivel internacional.En fin, la Argentina, el mensaje es claro: ¿cuántas crisis más necesitaremos para entender que los extremos nunca son la solución?, en un mundo que se fragmenta, la única salida es correr más rápido hacia otros mercados antes de que sea demasiado tarde.