La iniciativa fue presentada por la concejala Alicia Maldonado, del Frente Creer con el objetivo de lograr una efectiva inclusión, respetando el principio fundamental que garantiza el que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

También el reconocimiento del Estado sobre su responsabilidad en generar respuestas frente a la desigualdad estructural para garantizar oportunidades reales de acceso al empleo, a una obra social y tener aportes jubilatorios permitiendo además la oportunidad a que las personas aspirantes accedan a la educación obligatoria en caso de tener sus estudios incompletos⬝.

Maldonado destacó que �Sse hará una reserva de puestos de trabajo de forma progresiva, teniendo en cuenta las vacantes que surjan en cualquiera de las modalidades de contratación, sin ser requisito que hayan realizado o no la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen en su DNI, pero sí tomando en cuenta a aquellos que estén inscritos en el Registro �anico de Aspirantes que mantendrá la debida confidencialidad de datos personales, porque además para una mayor inclusión, se apunta incluso a realizar convenios con el ámbito privado, como clínicas gerontológicas, acompañamiento de adultos mayores, hoteles, establecimientos turísticos y gastronómicos, entre otros⬝.

Cabe mencionar también, que en adhesión al Decreto se establece la capacitación en forma conjunta con el Instituto Nacional de la Administración Pública a las autoridades y el personal del Poder Ejecutivo Nacional, para asegurar que la inclusión en los puestos de trabajo del sector público se realice en condiciones de respeto a la identidad y expresión de género de las personas.

Por lo tanto -señalo Maldonado- esta Ordenanza en nuestra ciudad da respuestas que tienen que ver con la protección de los derechos, abordando uno de los ejes fundamentales de la desigualdad en perspectiva de género y diversidad⬝.

Cabe recordar que el Art. 22 de la Ley 22.431- modificado por las leyes 24.314 y 25.635- establecen que las empresas de transporte colectivo terrestre, que se encuentren sometidas al control de la Autoridad Nacional, están obligadas a trasladar gratuitamente a personas con discapacidad y a su acompañante en caso de ser necesario documentadamente a través del �SCertificado �anico de Discapacidad⬝ (CUD), cuyo objeto es actuar como �Sapoyo⬝ de la persona con discapacidad con el fin de facilitarle la utilización de las redes de transporte público, favoreciendo con ello, su mayor autonomía e independencia. En este contexto Maldonado explicó que �Sse han registrado innumerables circunstancias en las que se impidió a las personas con discapacidad a hacer uso de dicha franquicia, si no contaban con la presencia del aludido acompañante que contemplaba su CUD, tal previsión solía tomarse como obligatoria⬝.

Por tal motivo, la Resolución dictada por la Agencia Nacional de Discapacidad N° 512/2018 dispone que será la persona con discapacidad la que decida si desea o no hacer uso del mencionado �Sapoyo⬝ (el acompañante) respetándose de ese modo, su autodeterminación. Para ello deberá figurar en el correspondiente Certificado �anico de Discapacidad la leyenda: �SEn los casos que se indique SÍ, el titular del CUD podrá optar entre viajar solo o acompañado⬝. Asimismo, el nuevo CUD tiene un troquel que es el que se presenta en el colectivo, debiendo ser original. Si la persona pierde el troquel, puede usar el cuerpo del CUD, ya que tienen la misma validez, dado que en ambos se encuentra el código de barras y el número de certificado como datos de veracidad, por lo que, en caso de pérdida o extravío del troquel, puede realizar cualquier trámite con el cuerpo del Certificado-CUD.

�SEn todos los casos esta resolución tiene el fin no sólo de adherirse a una resolución nacional sino también simplificar el uso del Certificado tanto para los damnificados como para aquellos que lo requieran⬝, finalizó Maldonado.

Maldonado destacó la importancia y el valor la leyes sancionadas (Juicio por Jurados -Ley 10746, y el Programa �SSer Jurado⬝, Ley 10779) �Ssi bien ambas fueron impulsadas por el actual presidente de la Cámara de Diputados Ángel Giano, esta última corresponde a su autoría⬝.

La edil, explicó que �Sla ley de Juicio por Jurados está incorporada en la Constitución Nacional y en la Constitución de Entre Ríos, pero la Ley se sancionó recién en noviembre de 2019⬝ - y detalló que �Ses de suma importancia, ya que conlleva la participación ciudadana en la Justicia Penal de Entre Ríos.

�SPor medio de esta ley, el pueblo es quien juzga, ya que habrán 5000 representantes de entre 18 y 75 años con paridad de género de 17 departamentos de nuestra provincia, siendo 660 potenciales jurados en Concordia⬝, afirmó.

Por otro lado la ley permite a través del Programa Ser Jurado combinar y formar a ciudadanos de ámbitos formales y no formales, ya que aquellos que han sido convocados para ser jurados son quienes llegarán a un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad respecto a la conducta del otro entrerriano.

�SPor lo tanto podemos concluir sin lugar a dudas que esta es una ley que demuestra lo que se logra trabajando en conjunto entre todos los poderes del Estado⬝, finalizó.