Por Karina Poritzker - La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la causa Seguros y ratificó además procesamientos, embargos y prohibiciones de salida del país del broker Héctor Martínez Sosa, y de su esposa y ex secretaria privada del ex mandatario María Cantero, entre otros acusados.El Tribunal de Apelaciones confirmó así procesamientos resueltos por el juez federal Sebastián Casanello en la causa en la que interviene el fiscal Carlos Rívolo y advirtió además que “nada obsta a que del devenir de la investigación, conforme a la evolución de esta causa, surja una participación más grave.”Al respecto se ordenó profundizar en algunos aspectos de la pesquisa, en una decisión de los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico con la disidencia parcial de Eduardo Farah.Se dio por probada la existencia de un esquema de “recaudación y distribución de fondos públicos” que operó mediante la “irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en ‘NACIÓN SEGUROS S.A.’”, aproximadamente entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.Sobre el ex mandatario, el Tribunal de Apelaciones sostuvo que “el ejercicio de influencia por parte del por entonces Presidente de la Nación Alberto Fernández, a través de su secretaria María Cantero, (…) tuvo como factor característico y neurálgico el favorecimiento del nombrado”.Para la Cámara hubo en lo ocurrido “una participación directa de Alberto Fernández, haciendo uso del cargo que ostentaba.”El tribunal también ratificó los procesamientos de exfuncionarios, productores de seguros y directivos de Nación Seguros, y ordenó avanzar sobre nuevas medidas para profundizar la pesquisa.Se consideró acreditado que Alberto Fernández fue un eslabón central del entramado delictivo con el “ejercicio de influencia” en su rol de Presidente de la Nación “a través de su secretaria María Cantero”Los jueces recordaron el mensaje del 24 de mayo de 2023, cuando Cantero alertó a su entonces jefe sobre la designación de otro broker en Cancillería:Cinco días después, la designación había sido revertida, lo que para los jueces demostró “una participación directa de Alberto Fernández, haciendo uso del cargo que ostentaba” y descartó la explicación de la defensa vinculada a una “irregularidad administrativa”.“Toda la prueba descripta hasta aquí apunta en otra dirección: la de su involucramiento en un interés particular en la negociación”, sostiene la resolución a la que tuvo acceso Infobae.Para los camaristas fue el rol de Fernández como presidente de la Nación lo que favoreció el crecimiento de su entonces amigo y broker Martínez Sosa en la contratación de pólizas con organismos públicos.“Porque si no fueron las acciones de Alberto Fernández las que facilitaron el exponencial aumento de los negocios de Héctor Martínez Sosa con el Estado, ¿quién, entonces, tenía el conflicto de interés?”, se preguntaron.El fallo detalla que, desde la asunción de Fernández, Martínez Sosa percibió un equivalente al 59,6% de las comisiones liquidadas por Nación Seguros S.A. a todos los intermediarios de las pólizas emitidas a entes estatales.En la resolución se recuerda que “existía entre ellos, además de una relación de amistad, actividad comercial, una deuda periódicamente renovada, financiamiento de gastos personales, obsequios, etc.”Un vínculo que permite “deducir razonablemente” la injerencia del ex Presidente “en el favorecimiento de los negocios del empresario con el Estado”.

Otros procesamientosLa Cámara confirmó también el procesamiento del ex presidente de Nación Seguros Alberto Pagliano y los de Gustavo Argibay, Carlos Soria, Fernando Arana y Mauro Tanos por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación contra la administración pública.En relación a cinco acusados, se sumó el procesamiento por el delito de cohecho y se ordenó recalcular embargos en base a esta nueva figura penal.La investigación se centró en la firma del Decreto 823/2021, que obligó a las entidades del sector público nacional a contratar seguros a través de Nación Seguros S.A., para lo cual se usaron intermediarios -brokers-, sobre todo Martínez Sosa.

La decisión fue adoptada por unanimidad por la Sala II del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, quienes rechazaron los cuestionamientos de la defensa a la confirmación del procesamiento de Fernández como autor de lesiones leves y graves agravadas por contexto de violencia de género y amenazas coactivas, todos en concurso real.

Apartan al juez Ercolini, pero se acerca el juicio oralLos camaristas también descartaron los pedidos de nulidad y las excepciones de falta de acción, así como el intento de derivar la causa a la jurisdicción de San Isidro. En cuanto a la recusación de Ercolini, los magistrados consideraron que los nuevos elementos aportados en audiencia daban sustento a la versión del ex mandatario sobre la pérdida de relación con el juez, lo que podría afectar la imparcialidad del proceso.Pese al apartamiento, el tribunal dejó firme la validez de todas las actuaciones previas, citando los compromisos internacionales del Estado argentino en materia de género, como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará. Con este fallo, Fernández queda a un paso del juicio oral por las acusaciones de violencia contra su ex pareja. NA.

El ex presidente Alberto Fernández apeló su procesamiento por violencia de género contra Fabiola Yañez y reclamó ser sobreseído en el escrito que será evaluado por la Cámara Federal porteña.La defensa del ex mandatario, a cargo de Silvina Carreira, pidió al Tribunal de Apelaciones que revoque la decisión del juez federal Julián Ercolini y dicte el sobreseimiento al ex presidente ante la “vaguedad de la imputación”, informaron fuentes judiciales.En el escrito, se sostuvo que hay “contradicción” en los hechos denunciados por Yañez y que eso “violenta la garantía” al debido proceso porque “una acusación deficiente no permite una defensa eficaz” porque Fernández no sabe “de qué ha de defenderse” en concreto.La sala II del Tribunal de Apelaciones fijará ahora fecha para una audiencia previa a decidir si confirma, modifica o revoca el procesamiento.Fernández fue procesado con un embargo de diez millones de pesos por “lesiones leves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja, reiteradas en 2 oportunidades; lesiones graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja; y amenazas coactivas”.Este último delito por haber intentado evitar que Yañez presentara una denuncia ante el juzgado de Ercolini, cuando el magistrado encontró imágenes de la ex primera dama con moretones en el celular de la ex secretaria privada del ex presidente, María Cantero.Esto ocurrió en el marco de otra causa penal, la que investiga delitos con la contratación de pólizas de seguro en el gobierno de Fernández y en la cual tanto el ex mandatario como Cantero fueron indagados y el juez federal Sebastián Casanello debe definir sus situaciones procesales.El caso estuvo a cargo también de Ercolini hasta mediados de febrero como juez subrogante del juzgado federal 11, vacante, pero ya fue reemplazado por Casanello.

El 2024 fue un año judicial complicado para Alberto Fernández, se vio imputado en dos causas penales y tuvo que responder en Comodoro Py por supuestos delitos en la contratación de pólizas de seguro para organismos públicos.El 27 de noviembre marcó su primera visita a tribunales como acusado desde que dejó la presidencia, negó las acusaciones por la contratación de seguros a través de “brokers” que habrían recibido millonarias comisiones.En esta investigación con 39 acusados la resolución de situaciones procesales se conocerá en febrero porque resta indagar a un imputado que vive en España y el trámite por videoconferencia se programó para inicios de ese mes.El juez federal Julián Ercolini y el fiscal del caso Carlos Rívolo los imputan por fraude y direccionamiento en la contratación de seguros para organismos públicos. Finalizado el año, el ex presidente Fernández sí logró postergar con una batería de recursos una segunda visita a Comodoro PY 2002, esta vez como indagado en la causa por violencia de género contra la ex Primera Dama Fabiola Yañez.Sin embargo, el inicio del 2025 lo encontrará en tribunales. El 4 de febrero a las 11, a un día del reinicio de la actividad judicial luego de la feria de enero, el ex presidente deberá presentarse ante el juez federal Julián Ercolini en esa causa en la que la fiscalía a cargo de Ramiro González lo acusa de delitos que prevén penas de prisión efectiva.Llegará imputado por “lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas mediante violencia de género y contra su entonces pareja; una lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud de la ex primera dama -también doblemente agravada- y el delito de coacciones”.Se trata de delitos que, en conjunto, prevén un máximo de 18 años de prisión en caso de una eventual condena.Al citarlo a indagatoria, el juez le atribuyó los hechos cometidos en un “contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder entre Alberto Ángel Fernández y Fabiola Andrea Yáñez, por lo menos desde el año 2016 hasta el 6 de agosto del 2024”.En el caso de la ex presidenta Cristina Kirchner, el 2024 fue un año de malas noticias en el frente judicial: se confirmó su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta de obra pública nacional entre 2003 y 2015 en Santa Cruz.En el reinicio de la actividad judicial en febrero el eje estará puesto en los recursos extraordinarios que tienen que presentar todas las partes ante la sala IV de la Cámara Federal de Casación para intentar llegar a la Corte en apelación en esta causa conocida como “Vialidad”.El máximo tribunal penal federal del país otorgó plazo con una prórroga hasta mediados de febrero y una vez que se presenten los recursos tendrá que decidir si los admite y envía el caso a la Corte o los rechaza y a los condenados, entre ellos la ex Presidenta, sólo les quedará ir en queja directa a esta instancia.Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes durante diciembre último dos decisiones de la sala I de la Cámara de Casación Penal que reabrieron las causas “Hotesur Los Sauces”y  firma del Memorandum con Irán por el atentado a la AMIA, esta última abierta a raíz de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman en enero de 2015.Así dispusieron el avance hacia el juicio oral en ambos expedientes que tienen a Cristina Kirchner entre los acusados.Los Sauces Hotesur investiga supuesto lavado de dinero a través del alquiler de hotelería y propiedades de la familia presidencial a beneficiarios de obra pública entre 2003 y 2015 y está a cargo del Tribunal Oral Federal 5, integrado por los jueces Adriana Palliotti, José Michilini y Nicolás Toselli.El TOF 5 había resuelto suspender las medidas de prueba de la instrucción suplementaria hasta que se conociera la decisión de la Corte tomada a mediados de diciembre pasado, con lo cual ahora  se reactivaron los preparativos que seguirán durante 2025, aunque no hay certezas sobre la fecha de inicio del debate.Entre las medidas pendientes reclamadas por el fiscal de juicio Diego Velasco hay entrecruzamientos de llamadas entre la ex presidenta y otros imputados en la causa, como el dueño de “Austral Construcciones” Lázaro Báez.En el caso Memorandum con Irán, Casación separó a los jueces que habían sobreseído a los acusados y designó nuevos magistrados para juzgar a Cristina y otros procesados por supuesto “encubrimiento agravado” del atentado a la AMIA.En este caso, los jueces designados, Javier Ríos, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu tendrán que continuar con la instrucción suplementaria que había ordenado ya el Tribunal Oral Federal 8 antes de resolver los sobreseimientos por inexistencia de delito que quedaron revocados y tampoco hay certeza de cuándo podrá convocarse a juicio.Basso y Giménez Uriburu integraron el Tribunal que juzgó a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, fueron recusados por la defensa pero quedaron confirmados.Pero el último tramo de 2025 sí tendrá a la ex Presidenta sentada otra vez en el banquillo de los acusados, será en el caso Cuadernos, desde el  6 de noviembre acusada como jefa de asociación ilícita y cohecho, ante el Tribunal Oral Federal 7. NA.

En una de las causas de corrupción más relevantes del año, el juez federal Julián Ercolini convocó a indagatoria al expresidente Alberto Fernández, quien enfrenta acusaciones por un esquema de direccionamiento de fondos públicos en el sector de seguros. La maniobra, que involucró a múltiples actores y empresas coaseguradoras, fue posible gracias al Decreto 823/2021 firmado durante la gestión de Fernández.

El Decreto 823/2021: la puerta al negocio de los seguros públicosEl Decreto 823/2021, firmado en 2021 por el entonces presidente Alberto Fernández, centralizó la contratación de seguros de las entidades estatales en Nación Seguros, la aseguradora oficial. Este movimiento de consolidación no solo otorgó a Nación Seguros la exclusividad para gestionar pólizas en el ámbito público, sino que también le dio el poder de incluir, a discreción, a otras aseguradoras privadas bajo la modalidad de coaseguro.Esta medida, según el juez Ercolini, no tenía otro fin que dar apariencia de legalidad a una maniobra que, en la práctica, permitió que un selecto grupo de empresas coaseguradoras e intermediarios controlara el negocio de los seguros públicos. La norma dejó en manos de Nación Seguros la elección de intermediarios, empresas coaseguradoras y los montos de comisiones, abriendo una puerta al direccionamiento arbitrario y, como reveló la investigación, a la recaudación de millonarias comisiones en favor de empresarios con vínculos estrechos con el expresidente.

Los Protagonistas de la ManiobraLa investigación de Ercolini reveló una red de intermediarios conformada por empresarios y empresas de confianza del círculo cercano a Fernández. Entre los principales beneficiarios destacan Héctor Martínez Sosa, amigo de Fernández y esposo de su secretaria María Canteros; Pablo Torres García y Oscar Castello, quien además realizó aportes a la campaña presidencial de 2019 a través de su empresa.Empresas como San Ignacio Sociedad de Productores de Asesores de Seguros, TG Broker SA y San Germán Seguros SA desempeñaron un rol clave, siendo seleccionadas como intermediarias o coaseguradoras en los contratos de Nación Seguros. Este esquema les permitió cobrar comisiones y aumentar su participación en el mercado de seguros sin procedimientos de selección transparentes. La inclusión de estas empresas resultó en la asignación de más del 87% de las comisiones pagadas, una cifra que ascendió a más de 3.400 millones de pesos (unos 17 millones de dólares) entre 2019 y 2023.

Cooperativas y montos sospechosos: un mecanismo de desvío de fondosParte del dinero desviado circuló por cooperativas como “7 de Mayo Cooperativa de Trabajo LTDA”, que declaró una actividad económica incongruente con el volumen de dinero que movió, elevando sospechas en la Justicia. Esta cooperativa, con un perfil de negocio ligado al sector gastronómico, registró ventas abultadas y sospechosas entre 2021 y 2024. La Justicia encontró créditos millonarios provenientes de aseguradoras que utilizaban sus cuentas para justificar servicios ficticios de catering o eventos. Esta operación implicaba a otras cooperativas similares que simulaban actividades económicas, desviando los fondos hacia cuentas bancarias de personas y empresas vinculadas a la red de intermediarios.

El rol de Alberto Fernández: vínculos y acusaciones de connivenciaLa investigación de Ercolini sostiene que Alberto Fernández no solo firmó el decreto que posibilitó la concentración del negocio de seguros en Nación Seguros, sino que también mantuvo una relación estrecha con los principales beneficiarios de la maniobra. Entre ellos, Héctor Martínez Sosa, a quien la justicia describió como un amigo íntimo de Fernández, además de ser esposo de su secretaria de confianza.Según el juez, el rol de Fernández fue determinante, ya que su decreto facilitó un “caudal de negocios” que benefició a Martínez Sosa y a sus asociados. Este vínculo se reforzó a través de regalos y favores económicos entre el expresidente y sus allegados, incluyendo el uso de inmuebles y préstamos. Las comisiones millonarias y los bienes entregados, como palcos en eventos, autos de lujo y relojes, subrayan los favores entre Fernández y los implicados en la red.

Repercusiones y consecuencias para Nación SegurosLa centralización de los seguros estatales en Nación Seguros, según la investigación, no cumplió con los estándares de transparencia requeridos por la administración pública. La discrecionalidad con la que se eligieron los intermediarios e intermediaciones mediante contratos facilitó el direccionamiento de los fondos hacia los beneficiarios de la maniobra.Al no existir pruebas claras de la realización de los servicios contratados, el juzgado también señaló a Nación Seguros por su falta de controles efectivos en la administración de fondos públicos, lo que facilitó la triangulación de comisiones entre intermediarios.El caso que involucra a Alberto Fernández y al negocio de los seguros estatales destaca cómo un decreto presidencial puede abrir la puerta a un sistema de corrupción a gran escala. Las decisiones tomadas durante su gobierno no solo favorecieron a un círculo selecto de empresarios, sino que también dejaron al Estado en una posición vulnerable, donde la falta de controles facilitó el desvío de millones de pesos.La comparecencia de Fernández el próximo 20 de noviembre ante la Justicia marcará un hito en esta investigación, que busca esclarecer el rol del expresidente en la estructura de direccionamiento de fondos públicos. La red de intermediarios, el uso de cooperativas y la falta de procedimientos transparentes siguen siendo los pilares de una causa que podría tener profundas implicaciones en el ámbito político y económico del país. 

El escándalo de los brokers de seguros durante el gobierno de Alberto Fernández continúa sumando capítulos y a medida que avanza la investigación judicial se develan nuevos detalles del complejo entramado.En este caso, se conocieron parte de las discrepancias internas que existían en la última administración peronista por el rol que debían cumplir los brokers de seguros en las pólizas del sector público.El enfrentamiento de posturas devino de la eliminación del artículo 3° del decreto 832/2021, que establecía que los brokers sólo podían involucrarse en pólizas del sector público en casos de alta complejidad y debidamente justificados, ante lo que se buscaba exigir que el máximo responsable del organismo público que lo requiera eleve una nota explicatoria a Nación Seguros.El apartado en cuestión expresaba que “en caso de que la complejidad o volumen de los riesgos a asegurar amerite la participación de la figura de un productor asesor de seguros o sociedades de productoras asesoras de seguros en el marco de lo establecido por la ley 22.400, el titular de una unidad operativa de contrataciones o del servicio administrativo financiero o autoridad de nivel equivalente de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8 de la ley 24.156 comunicará por nota a Nación Seguros dicha decisión”.El artículo quedó en el borrador de la normativa y nunca se aplicó por decisión de la entonces secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, quien consideró mejor “no legalizar la figura” del productor de seguros en las pólizas del Estado, para no incentivar posibles contrataciones, según pudo averiguar La Nación.Sin embargo, la investigación judicial analiza que habría ocurrido lo contrario, generándose un terreno propicio para la intermediación de los brokers entre los organismo públicos y Nación Seguros. Esta práctica les generó ganancias millonarias por el cobro de comisiones de 10 o más puntos porcentuales, lo que sólo en 2023 implicó una suma de $50.000 millones.La contraposición entre la postura de Ibarra y la sospecha judicial, quedó reflejada en el seno del gobierno de Fernández a partir de los chats entre funcionarios, recopilados en el marco de la causa.En una de las conversaciones, Alberto Pagliano, entonces titular de Nación Seguros, le contaba a su asesora Sonia Gregorini que el asunto se complicó cuando un tal “Martín”, que sería un funcionario, se atrevió a objetar la eliminación de los requisitos para los brokers. Según Pagliano, Martín “puso cara de lloriquear” en medio de la discusión.Pagliano, relató que le contestó a Martín su discrepancia diciendo: “Mirá, era obvio que lo iban a bajar. Aparte salió todo como queríamos, salvo esto que no nos jode”. A lo que Martín insistió que eso no era lo acordado señalando que “esto no era así, porque esto tendría que ser en directo”.Ante eso, Pagliano recuerda que le retrucó “Martín, vos sos abogado. Si querés recurrila y punto” para luego contarle a su asesora que el funcionario “medio puso cara de lloriquear, de no sé qué”, y que no recordaba “qué pelotudez dijo” después.A partir de esta revelación, los investigadores judiciales intentan descifrar quién es el misterioso Martín, al que una de las hipótesis señala que se trataría del entonces titular del Gabinete de Asesores de la Jefatura de Gabinete, Martín Yáñez, aunque desde su entorno negaron estar involucrados. NA. 

Por unanimidad, aunque con fundamentos diferentes, los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico rechazaron el pedido de la abogada de Fernández, Mariana Barbitta, para darle a la apelación carácter “suspensivo”.Ese término procesal hubiera permitido el virtual levantamiento de la inhibición general de bienes mientras se sustancia la apelación, es decir que hasta tanto se resuelva si Fernández sigue o no inhibido pudiera disponer de su patrimonio.El juez Ercolini, en cambio, concedió la apelación con efecto “devolutivo”, es decir manteniendo los efectos de la inhibición.“El recurso directo es improcedente. No se trata de alguno de los supuestos que prevé la ley para una impugnación de esta especie. Tampoco se advierte una situación de excepción -por arbitrariedad- que eventualmente autorice a apartarse del principio de no revisión aplicable a esta cuestión”, dijeron los jueces Irurzun y Farah.Boico, en cambio, consideró que había que abrir el recurso pero, igualmente, se inclinó por mantener el efecto “devolutivo” de la apelación.El mismo tribunal deberá abocarse ahora a evaluar si mantiene o revoca la inhibición para Alberto Fernández. NA. 

Fernández pidió el apartamiento del juez por temor de parcialidad, ya que como Presidente lo denunció a raíz del viaje que Ercolini realizó con otros jueces, fiscales, funcionarios porteños y ex agentes de inteligencia al Lago Escondido en octubre de 2022, por supuesta invitación de un grupo multimediático.El ex presidente consideró que con la salida de Ercolini del expediente se procedería a “garantizar el fundamental derecho de todo ciudadano a ser juzgado por Magistrados cuya imparcialidad no pueda ser razonablemente puesta en duda”.Fernández dijo conocer a Ercolini “de hace décadas” e incluso sugirió que habían tenido una relación de amistad, que se distanció cuando asumió como jefe del Estado y se acrecentó después del episodio del Lago Escondido.Ercolini negó ambas situaciones y replicó que no existen razones para aceptar la recusación porque ello afectaría “el principio del juez natural” en la investigación. El rechazo de la recusación pasará ahora a revisión de la Cámara Federal porteña. 

La notificación es sinónimo de imputación formal contra el ex presidente, quien hasta ahora nunca se había presentado en el expediente pese a que estaba al tanto de la investigación, a punto tal que habló sobre ella en un reportaje.En la causa se investigan los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes y malversación de caudales públicos.El juez dispuso notificar de las decisiones del expediente que lo involucren y para garantizarle el derecho de defensa, debido proceso y control de la prueba, lo exhortó a que designe abogado defensor.En otros expedientes penales, como el de la fiesta de cumpleaños de su esposa, Fabiola Yáñez, en la Quinta de Olivos en plena pandemia, Alberto Fernández fue asistido por el abogado Marcelo Sgro.El ex presidente firmó sobre el final de su mandato un decreto que obligaba a los organismos públicos a suscribir seguros de vida con el Banco Nación a través de su aseguradora, Nación Seguros.Pese a tratarse de una relación directa entre organismos del Estado, en la investigación se determinó que intervinieron “brokers” privados a modo de intermediarios, quienes cobraron por ello comisiones que -según la imputación- estaban por encima de los valores de mercado. NA. 

�SGracias infinitas capitán a usted, al equipo y al cuerpo técnico, por la enorme alegría que le han regalado al pueblo argentino. Y un saludo especial después de su maradoniano ´andá pa´allá bobo´, con el que se ganó definitivamente el corazón de los y las argentinas⬝, escribió Férnandez de Kirchner en su cuenta de Twitter.

Y agregó: �SAh ¡casi me olvidaba! Muchas gracias también por traer a la Patria la tercera copa⬝.

Minutos después de que se marcara el final del partido donde la Selección ganó por penales, el Presidente le dedicó un extenso mensaje al conjunto nacional.

�SGracias a jugadores y equipo técnico. Son el ejemplo de que no debemos bajar los brazos. Que tenemos un gran pueblo y un gran futuro⬝, escribió Fernández en su cuenta de Twitter.

Más temprano, el mandatario agradeció en la misma red social el mensaje de buenos augurios del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien posteó un video para dar los motivos por los cuales considera que la Argentina debería convertirse en ganador del Mundial Qatar 2022.

 �SUnidos en la esperanza. Gracias querido López Obrador. Amigos para siempre⬝, escribió Fernández junto al video que publicó el mexicano.