La Cámara Federal de Casación anuló por mayoría la resolución de que había confirmado el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la causa Seguros.El tribunal ordenó dictar una nueva decisión en la causa penal en la que Fernández estaba con procesamiento confirmado por supuestas “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, confirmó la Agencia Noticias Argentinas.La determinación fue tomada por la Sala IV del tribunal, con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo. En tanto, el camarista Gustavo Hornos votó en disidencia y pidió dejar firme el procesamiento.Los magistrados que votaron a favor de anular el procesamiento estuvo en línea con la postura del fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, quien sostuvo que no había elementos para procesar al expresidente.

“No hay juez sin acusador”, expresaron los magistrados, que remarcaron que tanto la defensa de Fernández como la fiscalía solicitaron revocar el procesamiento y dictar la falta de mérito. NA.

El juez federal Daniel Rafecas rechazó el pedido de nulidad presentado por la defensa del ex presidente Alberto Fernández y dejó firme la validez de la investigación por denuncias de violencia de género impulsadas por Fabiola Yañez. Con esta resolución, el expediente queda prácticamente listo para ser elevado a juicio oral, ingresando en su etapa decisiva.

La estrategia de la defensa buscaba anular gran parte de lo actuado, cuestionando la imparcialidad del juez Julián Ercolini y solicitando que se dejaran sin efecto el procesamiento dictado en 2025 y otras medidas como los embargos. Sin embargo, Rafecas descartó esos argumentos y sostuvo que el apartamiento de Ercolini no invalida las pruebas recolectadas.En su fallo, el magistrado fue claro al señalar que la salida del juez anterior respondió únicamente a la necesidad de evitar cuestionamientos, pero no afecta la legalidad del proceso. Además, advirtió que retroceder en la causa implicaría un desgaste innecesario para la Justicia y para las partes involucradas.La investigación describe un cuadro sostenido de violencia psicológica —con episodios de hostigamiento, control, insultos y maltrato—, al que se suman hechos de violencia física. El expediente abarca un período amplio, desde 2016 hasta 2024, incluyendo etapas previas, durante y posteriores a la presidencia.El fiscal Ramiro González ya había solicitado la elevación a juicio oral, remarcando que en este tipo de causas no corresponde retrotraer el proceso y que la nulidad debe ser considerada una herramienta excepcional.Con este escenario, el expediente queda en condiciones de ser remitido a un tribunal oral, donde se determinarán responsabilidades penales. Las figuras que se analizan contemplan penas que podrían ir de 3 a 18 años de prisión, según la calificación final que adopte el tribunal.

Un costado que no se discuteMás allá del avance judicial, el caso ha estado rodeado de múltiples versiones y comentarios públicos: se habló de maltrato, de conflictos personales, de infidelidades y de excesos dentro de la vida privada del exmandatario.Sin embargo, hay un aspecto que llama la atención por su ausencia en el debate: la relación con su hija. La niña —nacida el 11 de abril de 2022 en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires— quedó prácticamente fuera de la discusión pública.En medio de una situación de alta conflictividad, no trascendieron pedidos formales del ex presidente ante la Justicia para establecer un régimen de visitas, tiempos compartidos o acuerdos de cuidado, algo habitual en cualquier separación con disputas.Un detalle sensible, poco mencionado, pero que también forma parte de una historia que, hasta ahora, se ha contado casi exclusivamente desde lo judicial.

La Cámara Federal porteña confirmó que la prueba que se obtenga de un peritaje al celular y a una tablet secuestrados al expresidente Alberto Fernández deberá preservarse para cuidar la “trazabilidad” de esa evidencia, al rechazar un pedido de su defensa al respecto en la causa por violencia de género a Fabiola Yañez.Además el Tribunal de Apelaciones volvió a rechazar un intento de Fernández para apartar del caso al juez federal Julián Ercolini, según la resolución a la que tuvo acceso a la Agencia Noticias Argentinas.En ambos casos se trata de la investigación por lesiones a Yañez en la que el ex Presidente tiene ya procesamiento confirmado y está en condiciones de ser enviado a juicio oral.Por un lado, la sala II de la Cámara Federal porteña rechazó ordenar la destrucción de la “extracción forense” una vez terminado el peritaje que se ordenó en marzo pasado.Se trata de encontrar mensajes por distintas vías, WhatsApp, texto, Telegram entre el ex Presidente y Yañez y también de la madre de esta última.Tanto el celular como la tablet están en manos de la Justicia desde un allanamiento del 9 de agosto del año pasado en el departamento del expresidente en Puerto Madero.“Ya se ha obtenido la extracción forense de la totalidad de la información contenida en los dispositivos”  y falta responder los puntos de pericia “para lo cual se estarán utilizando los discos en cuestión”.Una vez finalizado, no se puede aceptar el pedido de destrucción hecho por la defensa del ex Presidente porque se debe preservar la “trazabilidad” de la prueba con miras a un futuro juicio oral.Además, esa misma evidencia será analizada en la causa Seguros, a cargo del juez federal Sebastián Casanello, en un peritaje también ya ordenado en busca de palabras clave vinculadas a esa investigación, como “brokers”, “intermediario”, “póliza” entre otras.A esta negativa se sumó también el rechazo del juez del Tribunal de Apelaciones Eduardo Farah a un nuevo reclamo para separar a Ercolini del caso por violencia de género, para lo cual Fernández acudió en persona a Comodoro Py 2002 el lunes último y habló ante el magistrado.El ex Presidente dijo que Ercolini tendría “enemistad manifiesta” hacia su persona porque durante su gobierno se lo investigó por el viaje a la estancia del norteamericano Joe Lewis en Lago Escondido junto a otros miembros del Poder Judicial.“Las razones que se mandaron a tratar aquí no pueden dar lugar a la recusación, porque son tardías e intempestivas”, concluyó el juez Farah al rechazar el planteo. NA. 

El ex presidente Alberto Fernández afirmó que “jamás” ejerció violencia física contra la ex primera dama Fabiola Yañez, en un escrito de descargo que entregó durante su declaración indagatoria en la causa por violencia de género hacia su ex pareja, aunque se negó a responder preguntas del juez y la fiscalía.“Jamás ejercí violencia física sobre Fabiola Yañez”, aseguró en el extenso escrito que será analizado ahora por el juez federal Julián Ercolini, informaron fuentes judiciales.Fernández sostuvo además que los testigos que declararon nunca dijeron haber visto de manera directa “semejante conducta” de su parte, al reclamar su sobreseimiento.El ex mandatario arribó a Comodoro Py 2002 a las 10.10 de la mañana de este martes y se retiró a las 11.30 sin formular declaraciones a la prensa, en medio de un estricto operativo de seguridad montado en el cuarto piso de los tribunales, sede del Juzgado.La indagatoria se cumplió en una secretaría del Juzgado con la presencia de Ercolini y el fiscal del caso Ramiro González.El ex presidente hizo una breve exposición en la cual explicó por qué no respondería preguntas, reiteró que recusó tanto al fiscal como al juez y que según su punto de vista el juzgado no es “competente” para llevar el caso.El trámite duró unos 40 minutos, en el transcurso de los cuales se le leyeron al Fernández tramos de la imputación en su contra.Ahora, el juez Ercolini quedó en condiciones de definir si lo procesa, dicta falta de mérito o lo sobresee.La indagatoria se concretó después de dos postergaciones el año pasado a raíz de diferentes recursos que presentó la defensa del ex mandatario. NA.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que la Sala E de la Cámara rechazó un planteo de Alberto Fernández y confirmó el fallo de primera instancia que había sido dictado en septiembre pasado. El ex presidente cobra una jubilación de 17 millones de pesos, lo que implica que 5.100.000 corresponden a Yañez. La noticia se conoce pocas horas después que el ex presidente tuvo su indagatoria en la causa de la contratación de seguros durante su mandato.Los jueces de la Sala E de la Cámara, Marisa Sorini, Ricardo Li Rosi y José Fajre, señalaron que los alimentos son provisorios hasta tanto haya una cuota fija por alimentos que acuerden las partes o que ordene la justicia. De hecho, Fernández y Yañez atraviesan una etapa de intentar conciliar y llegar a un acuerdo económico.“Los alimentos provisorios según el art. 544 del Código Civil y Comercial de la Nación están destinados a satisfacer las necesidades impostergables del alimentado durante el breve lapso que debe mediar hasta el dictado de la sentencia”, explicaron los magistrados en esa línea.Los jueces señalaron sobre la causa que por los elementos que se recopilaron el 30 por ciento de la jubilación de Alberto Fernández es “suficiente para atender a los requerimientos del aquí beneficiario y que no resulte perjudicado por las demoras que acontezcan con la tramitación de estos pleitos”.“La obligación de proveer alimentos implica satisfacer las necesidades según la norma en que se funda su reclamo y, sin perjuicio de lo expuesto, dada su naturaleza provisional, la fijación de un monto se debe realizar con un conocimiento apenas superficial y somero del marco fáctico. Una vez acreditado aquél permitirá, en el proceso pertinente y con un mayor debate, el establecimiento de la pensión definitiva. Por lo tanto, deberá cuantificarse de manera prudencial, al no encontrarse probados –en forma plena y acabada- los recursos del alimentante”, sostuvieron los magistrados en su resolución.La causa por alimentos surje tras la denuncia que Yañez presentó contra Fernández por violencia de genero en su contra. La mujer denunció en agosto pasado que Fernández le pegó dos veces y que durante toda la relación hubo maltrato psíquico, principalmente cuando fue presidente de la Nación.Por esa causa el ex presidente fue citado a indagatoria por el juez federal Julián Ercolini a pedido del fiscal federal Ramiro González quien tuvo a su cargo la investigación. La indagatoria está fijada para el próximo 11 de diciembre.“En un contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder entre Alberto Ángel Fernández y Fabiola Andrea Yáñez, por lo menos desde el año 2016 hasta el 6 de agosto del 2024 (fecha en la cual la víctima instó la acción penal en el presente expediente y se impuso la consecuente prohibición de contacto al nombrado), el imputado se habría aprovechado de la especial situación de vulnerabilidad preexistente al vínculo en la que se encontraba inmersa la nombrada, y ejercido con habitualidad y de modo continuo, violencia psicológica contra Yáñez, bajo las formas de acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”, es la acusación que Fernández deberá afrontar en su indagatoria.“Tras ser electo para ejercer el cargo de Presidente de la Nación, la violencia física habría continuado y escalado, más precisamente después de haber quedado aquella embarazada (hacia fines de julio-principios de agosto del 2021), en forma de agarrones del cuello, zamarreos, cachetazos a mano abierta y golpes que provocaron lesiones en el cuerpo de la nombrada, mientras convivieron en la Quinta de Olivos”, agregó el juez en su acusación. Infobae. 

El fiscal federal Guillermo Marijuan presentó una denuncia contra el ex presidente Alberto Fernández por supuesto abuso de autoridad tras los dichos del ex ministro de Economía Martín Guzmán, quien aseguró que la cuarentena se extendió porque era una “bandera política”.El ex funcionario señaló este lunes que la cuarentena por el coronavirus se alargó porque era una “bandera política que hacía más fuerte al Gobierno”.En ese sentido, Guzmán, quien terminó mal la relación con el gobierno de Alberto Fernández, señaló que para él la cuarentena fue “más larga de lo que debió haber sido”.“Vengo por la presente a efectuar formal denuncia contra el ex presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández y demás funcionarios de Gobierno que hayan participado en las decisiones aquí develadas, ante la posible comisión del delito previsto y reprimido en el art. 248 del Código Penal de la Nación”, aseguró Marijuan en su presentación.El fiscal elevó la denuncia en los tribunales federales de Comodoro Py y consideró que el delito de abuso de autoridad le cabe a quien “dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.“En los hechos, los funcionarios involucrados habrían actuado de manera arbitraria y abusiva en el dictado de los actos normativos que procuraron extender el confinamiento por demás de lo que debía haber sido y a sabiendas de la información técnica con la que se contaba, todo ello para obtener un rédito político, apartándose de las normas como del fin que justifican el ejercicio de la alta función pública en la cual se encontraban”, expresó Marijuan.El ex ministro de Economía, quien dejó el gobierno de Fernández tras meses de críticas de parte del kirchnerismo, señaló: “Por mucho tiempo era ‘no, no se puede’. Después creo que pasó a ser un problema más político, una bandera política el hecho de que la administración de la pandemia es lo que hacía fuerte al Gobierno”.“Entonces en ese caso lo que yo les decía es sepamos que le va a afectar más a la capacidad de recuperación del salario real formal e informal porque entonces a mediados de 2021 el trabajador formal ya estaba recuperando el salario, pero el informal seguía cayendo. Eso tenía que ver mucho con las restricciones sanitarias”, subrayó.“La extensión fue más larga de lo que debió haber sido. Desde el punto de vista, dada la información técnica que tenía, fue más larga de lo que debía haber sido”, agregó Guzmán. NA. 

El ex presidente Alberto Fernández fue imputado este miércoles por los delitos de “lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo” y por “amenazas coactivas” tras la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yañez por violencia de género.Así lo señalaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes judiciales, luego de la ampliación de la declaración que Yañez hiciera el martes desde España.En la resolución, a la que tuvo acceso esta agencia, el fiscal Ramiro González imputó a Fernández por “lesiones leves y graves, doblemente agravadas y amenazas coactivas”, y eso “sin perjuicio de la calificación que en definitiva podrían concurrir en los hechos materia de investigación”.   El fiscal también dispuso una serie de medidas de prueba que incluyen la citación de Miriam Yáñez Verdugo, madre de Yáñez; Daniel Rodríguez, ex intendente de la Quinta de Olivos; Sofía Pacchi, amiga de Yañez; Federico Saavedra, médico de la Unidad Médica Presidencial, y María Cantero, secretaria histórica de Fernández.   González también pidió los “videos de las cámaras de seguridad internas, zona de chalet presidencial y huéspedes” de la Quinta de Olivos correspondientes a los meses de “abril, mayo, junio, julio y agosto de 2021, como así también al mes de julio de 2023”.   También se deberán remitir los “registros de ingreso, puntualmente, del médico Federico Saavedra, director de la Unidad Médica Presidencial y de cualquier otro galeno de esas unidades entre el año 2021 y 2023”.   El fiscal requirió al Sanatorio Otamendi, la Fundación SANAR y a la Clínica Fertilis que provea la “historia clínica de Yáñez correspondiente a los años 2016 y 2017”, además de solicitar al Instituto de Neurología Cognitiva (INECO), de Facundo Manes, que facilite la historia clínica de Yáñez correspondiente a los años 2016 y 2017.   A la vez, le pidió a esa institución que “informe qué profesionales atendieron a la nombrada durante los referidos años, debiéndose consignar todos sus datos de contacto”, añadió el fiscal.  Yañez había declarado este martes durante cuatro horas ante el fiscal González en la causa por violencia de género iniciada contra Fernández.   La ex primera dama prestó declaración desde el consulado argentino en Madrid, donde reside actualmente, a través de la plataforma Zoom.  (NA)

Silvina Carreira, la abogada de Alberto Fernández, aseguró que la audiencia en la cual Fabiola Yañez amplía su denuncia contra el ex mandatario “no es válida”, a la vez que consideró que “está bien no revictimizar a la víctima”.Ante la negativa a su presencia en la audiencia, la abogada aseguró que “La audiencia no es válida” y explicó su postura: “Está bien no revictimizar a la víctima. Voy a hacer todos los actos que correspondan”, pero objetó: “si (Fabiola) puede prestar una declaración televisiva de muchas horas, exponerlo públicamente y ante toda la sociedad no la revictimiza tanto la situación, entonces ¿por qué no permite las preguntas de esta defensa para que pueda ejercer mi cliente su derecho constitucional que le corresponde?”.La abogada dijo, además: “Cuando se lo solicite, Alberto va a venir a declarar. Hoy no se me permitió dejar mi pliego de preguntas. Una persona tiene derecho a denuncia y la otra a defenderse”.Silvina Carreira fue designada el viernes pasado para asesorar y defender al ex mandatario, y según el entorno de Fernández “trabaja en una fuerte estrategia contra Fabiola Yañez” con el objetivo de que la ex primera dama demuestre que aquello que denuncia puede sostenerlo con pruebas y fechas “coincidentes”.La letrada, quien no conocía al ex presidente previo a esta denuncia, se especializa en ‘Familia’, tiene bajo perfil y no se le conocen ningún antecedente negativo dentro del Colegio de Abogados, sino al contrario: fue vicepresidenta en la sede de esa institución en la localidad de Avellaneda. Por el momento, tanto Alberto Fernández como su abogada defensora sostienen que “nunca ejerció violencia física contra ninguna mujer”, que la denuncia de Yañez no es cierta y que “está siendo acusado de algo que no ha hecho”. 

La ex diputada nacional Graciela Camaño se refirió a Alberto Fernández, en medio de las acusaciones de violencia de género realizadas por parte de su ex mujer Fabiola Yañez, y sostuvo que “nunca” pudo entender “por qué fue presidente del país”.En declaraciones a Radio Splendid, señaló que siempre “tuvo una vida oscura” y que quien le dio “relevancia” fue el ex mandatario Néstor Kirchner al nombrarlo jefe de Gabinete durante 4 años y ocupándose “de todas sus operaciones sucias”.“Fernández estableció el diálogo agresivo en las redes, demostraba psicopatía, sexopatía y nos mostraba ya esa película que estamos viendo”, indicó Camaño.Al ser consultada por su relación con el peronismo y por cómo ve el espacio hoy en día, manifestó que “nunca fue kirchnerista” y que a Cristina “nunca le vio las cualidades que le ven todos”.Asimismo, expresó que “hay un problema profundo” porque el peronismo “está destruido hace mucho tiempo”, tiene poca identidad y “lo han usado” como bandera.“Muchos peronistas están integrando el Pro. También tenés peronistas libertarios como (Daniel) Scioli, que es otro mal ejemplo para que la gente suponga que la política no sirve para nada. En Córdoba, por otro lado,  hay un peronismo que tiene una particularidad: hay un caudal de pensamiento interesante para una acción política. Ahí no podés ser un cachivache”, indicó.Para finalizar, cuestionó el gobierno de Javier Milei y señaló a la dirigencia política por su “degradación” y su falta de compromiso en el escenario coyuntural.“Donde estaba la dirigencia en todo esto. ¿Qué hicimos para que un panelista de TV se convierta en presidente de la República? La política está abandonando el eje del deber ser y entregándose a los placeres del poder”, concluyó. NA 

Además cuestionó que “no hay un solo testimonio de alguien a quien ella le hubiera contado del alegado maltrato” y trajo a colación las demás parejas que tuvo haciendo alusión a que “no hay un solo episodio de que yo las haya agredido”.El expresidente Alberto Fernández dio su versión de los hechos tras la denuncia de Fabiola Yañez en la Justicia. La respuesta del exmandatario fue en una entrevista publicada este domingo, donde se defendió de la acusación de violencia de género. Al mismo tiempo, apuntó contra el relato de la ex Primera Dama y habló de algunas cuestiones del vínculo de pareja.En la entrevista concedida a “El cohete a la Luna”, Alberto Fernández habló luego de la entrevista que Fabiola Yañez brindó este sábado. Se espera todavía la publicación del reportaje que el diario español El País le hizo al exmandatario.A lo largo de la nota, Alberto Fernández desliza que las fotos de Fabiola golpeada en un ojo no serían producto de violencia de género ejercida por él, sino que se trataría de un tratamiento estético. No obstante, dicho argumento se contradice con los chats de la ex Primera Dama, donde acusa que sufrió agresiones físicas durante tres días.“Si soy un golpeador, ¿por qué se sometió a un tratamiento de fertilidad para que tuviéramos un hijo?” manifestó Alberto Fernández en su versión de los hechos.En ese sentido, el expresidente cuestionó uno de los puntos cruciales de la denuncia de Yañez: “¿Por qué no hay un solo testimonio de alguien a quien ella le hubiera contado del alegado maltrato?”.Y agregó: “Viví 17 años con Marcela Luchetti (la madre de su hijo Tani) y 10 con Vilma Ibarra, y no hay un solo episodio de que yo las haya agredido”, sentenció en relación a su conducta con anteriores parejas.Por su parte, Fernández dice conservar chats con la madre de Yañez, en los que compartirían la preocupación por problemas de consumo de alcohol y que “todo sería parte de una disputa económica”.En las últimas horas se conoció que Fabiola Yañez cocurrirá esta semana ante la Justicia para ampliar su denuncia en la Justicia. Será por Zoom ante la fiscalía de Ramiro González. Queda definir si se hará este lunes o el martes.La fiscalía y el juez Julián Ercolini luego definirán sobre un planteo de incompetencia que hizo Alberto Fernández para que la denuncia pase a San Isidro. Mientras tanto, la investigación sigue su curso y ya se realizó un primer allanamiento en el departamento del exmandatario. 

El Departamento de Estado de los Estado Unidos publicó su informe sobre la práctica de los derechos humanos en el mundo y en el capítulo dedicado a la Argentina alertó sobre la corrupción durante la gestión del ex presidente Alberto Fernández. En la sección 4, el informe alerta: “La ley preveía sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero el gobierno no la implementó de manera efectiva. Durante el año hubo numerosos informes de corrupción gubernamental. Las instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción”. En esa línea, continúa ejemplificando con el ex presidenta Cristina Kirchner: “Fernández de Kirchner y nueve implicados (45 en total) fueron acusados de recibir sobornos, pagar sobornos, o ambos, en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015, cuando Fernández de Kirchner era presidente. Los fiscales estimaron el valor total del plan de soborno en 160 millones de dólares. Fernández de Kirchner fue condenada y, en diciembre de 2022, un tribunal de primera instancia la condenó a seis años de prisión, multa e inhabilitación perpetua para cargos públicos. La sentencia no sería definitiva hasta que se decidieran las apelaciones finales”, resalta el texto. 

A su vez, el informe hace hincapié en otras causas de corrupción que involucran al Poder Judicial como fue el caso del ex juez federal de Mendoza Walter Bento: “El 26 de julio comenzó un juicio federal contra el exjuez federal Walter Bento, su familia y otros 29 acusados, entre ellos abogados y agentes de policía. El tribunal acusó a Bento de liderar una organización criminal con vínculos con el narcotráfico y fue acusado de lavado de dinero y de aceptar sobornos a cambio de clemencia y otros beneficios judiciales. El 8 de noviembre, Bento fue puesto en prisión preventiva tras perder los privilegios de inmunidad, cuando un jurado decidió destituirlo de su cargo por mal desempeño de sus funciones”, añade el texto. Por otro lado, resalta los desmanejos en las fuerzas de seguridad: “En algunas fuerzas de seguridad se produjo corrupción y complicidad oficial. Los abusos más frecuentes incluyeron la extorsión y la protección de quienes estaban involucrados en el tráfico de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero y el comercio sexual. Fueron frecuentes las acusaciones de corrupción en los tribunales provinciales y federales”. NA. 

Una auditoría ordenada por el Gobierno nacional habría arrojado múltiples irregularidades durante la gestión del presidente Alberto Fernández. Así lo especifica el diario La Nación en una investigación en la que se destacan compras multimillonarias y problemas con la Línea 144, entre otras cosas.

Entre los puntos más escandalosos, se resalta la compra de yerba en el ex Ministerio de Desarrollo Social. La yerba mate fue el principal alimento adquirido, según indica el periódico, por un total de $21.054.878.400.

Por el lado del Ministerio de las Mujeres, Diversidad y Género se habrían detectado deficiencias en la Línea 144, dedicada para los casos de violencia de género.

Tenía como objetivo no solo atender, sino darle seguimiento a las denuncias. Esta línea habría cumplido con la primera parte del proceso.

Otro de los puntos que salpica al ex presidente Fernández viene por el lado audiovisual. El video de menos de dos minutos que publicó el ex mandatario desde su cuenta con el objetivo de repasar "lo positivo" de su gestión tuvo un costo de $111.320.000.

Fernández se encuentra en el ojo de la tormenta en las últimas semanas, luego de que se destapara una supuesta trama corrupción en la contratación de seguros mediante el corredor Héctor Martínez Sosa. NA.

La Justicia libró 45 operativos en búsqueda de documentación en el marco de la investigación por la contratación de seguros, que lo tienen como imputado al expresidente de la Nación Alberto Fernández, y a otros funcionarios de su gestión.

Fueron órdenes de presentación firmadas por el juez federal Julián Ercolini sobre distintos organismos que mencionó Nación Seguros en el proceso de contratación de seguros y brokers.

La medida se da en el marco de dos causas en las que ya fue imputado el expresidente por posible malversación de fondos públicos, y tal cual pidiera impulsar la investigación el fiscal federal Ramiro González.

Alberto Fernández fue imputado en dos causas: una por la denuncia de Capital Humano tras una auditoría realizada por el ex titular de la ANSES Alberto Giordano y otra realizada por la abogada Silvina Martínez.

La maniobra investigada es por el decreto del año 2021 que obligaba a la adjudicación de un seguro en créditos a jubilados y pensionados que daba la ANSES. Ante un posible saldo deudor, a través de Nación Seguros se contrató brokers y compañías de seguro.

Se pone el foco en las comisiones indebidas que se pudieron haber pagado a los brokers, entre ellos Héctor Martínez Sosa, quien es pareja de María Cantero, secretaria del entonces Presidente.

Hasta el momento, el juez Ercolini allanó la vivienda y oficinas de los brokers investigados y secuestró teléfonos, agendas, documentación y otros elementos que ya van a ser analizados.

Mientras tanto, el magistrado en las próximas horas va a unificar las dos causas que lo tienen como imputado al expresidente. NA.

El fiscal federal Ramiro González imputó este martes al expresidente de la Nación, Alberto Fernández y otros ex funcionarios por una maniobra supuestamente fraudulenta en la contratación de seguros que otorgaba con “Créditos Anses” el organismo en cuestión.

Se trata de una causa paralela a la ya existente y a partir de una denuncia de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Según la denuncia, en el otorgamiento de créditos desde la ANSES se contrataron pólizas de seguros a través de Nación Seguros pagando comisiones “indebidas”, por lo que fue imputado el extitular de Nación Seguros Alberto Pagliolo y el ex director del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES Federico Alejandro D´Angelo Campos.

También el responsable de San Ignacio sociedad de productores asesores de seguros SA y el responsable de TG Broker S.A. pues fueron contratados como organizador y productor por D´Angelo Campos sin haber mediado licitación alguna y justificando la “falta de costo” para el Estado.

La maniobra se ejecutaba cuando se otorgaba un crédito a algún jubilado y pensionado por el cual no se podía recuperar entre otras cosas por fallecimiento, y por el cual se pagó al menos entre marzo del 2022 y octubre del año siguiente la suma de 10 mil millones de pesos.

Como medida de prueba, el fiscal le sugirió al juez Julián Ercolini pedir a la Auditoría General de la Nación un informe sobre los hechos, informes a la Superintendencia de Seguros sobre las aseguradoras San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A y TG Broker S.A.

También que jefatura de gabinete de ministros aporte el decreto 823/2021 que impuso la obligación de otorgar los créditos con pólizas de seguro, así como si son proveedores del Estado.

Otra de las medidas es que sea citado como testigo Osvaldo Giordano, el ex titular de la Anses que fue echado por el presidente de la Nación, Javier Milei, y quien descubrió la maniobra ahora investigada.

El fiscal pidió la realización de un “peritaje de la especialidad con el objeto de determinar el perjuicio patrimonial” a partir del decreto del 2021 firmado por el ex presidente Alberto Fernández.

Ésta causa se suma a la otra que también tienen el juez Ercolini y el fiscal González a partí de la denuncia de Silvina Martínez y que también se investigan la contratación de seguros y el pago de comisiones a otras empresas de seguros a través de Nación Seguros. NA.

Crece el escándalo por la contratación de Seguros para la ANSES durante el Gobierno de Alberto Fernández: en las últimas horas se confirmó que el expresidente recibió en al menos tres oportunidades en la Quinta Presidencial de Olivos a Héctor Martínez Sosa y a otros brokers mencionados en la causa.

Martínez Sosa, quien es el esposo de la histórica secretaria privada del exmandatario, María Cantero, es uno de los asesores de seguros que aparecen en el escándalo que destapó Osvaldo Giordano en su breve paso por la gestión de la Administración Nacional de la Seguridad Social. El dirigente cordobés, antes de renunciar en medio de la disputa política entre el Gobierno y la oposición, ordenó dar marcha atrás con un contrato por 20.000 millones de pesos con Nación Seguros, un esquema que habilitaba la intervención de brókers intermediarios que se había instrumentado durante la gestión presidencial de Alberto Fernández.

En Nación Seguros estuvo a cargo los cuatro años que Alberto Fernández ejerció la presidencia el abogado Alberto Pagliano, un amigo de su juventud que lo acompañó cuando empezó, en la década del 90, en ese rubro pero del lado del Estado. Es un pasado común que también se remonta a los inicios de Provincia Seguros, la compañía creada para ser la encargada de dar cobertura al gobierno bonaerense.

Fuentes judiciales aseguraron a Infobae que se sospecha que toda la administración pública está atravesada por las empresas de Martínez Sosa y Asociados. Infobae.

El expresidente Alberto Fernández, junto al broker de seguros Héctor Martínez Sosa y el ex titular de Nación Seguros Alberto Pagliano, ha sido imputado por presuntos delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y malversación de fondos. En sus primeras declaraciones radiales, Fernández aseguró estar de acuerdo con la investigación en curso y afirmó no haber participado en ningún acto delictivo ni en negociados. Lamentó que estas acusaciones estén afectando a personas honestas.

Respecto a la causa, admitió la importancia de la investigación y reiteró su inocencia, destacando que el concepto de imputación implica una investigación y no una acusación formal. Afirmó que, una vez investigado, se demostrará la falsedad de las acusaciones. Asimismo, aclaró declaraciones previas sobre la posible implicación de su secretaria, María Cantero, señalando que no cree que haya participado en ningún hecho ilícito.

La investigación se inició a raíz de denuncias sobre presuntas irregularidades en la contratación de un broker y empresas privadas para la gestión de seguros durante su mandato. Fernández negó haber tenido contacto con Martínez Sosa en relación con su rol como intermediario en el Estado y desconocer a Pablo Torres García, otro empresario involucrado. Reafirmó su compromiso con la honestidad y expresó su deseo de aclarar estos temas, destacando que considera estas acusaciones como un completo disparate.

El expresidente Alberto Fernández fue imputado este jueves en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en contratación de un “broker y empresas privadas” para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno, informaron fuentes judiciales.

La causa está en manos del juez federal Julián Ercolini y fue impulsada este jueves por el fiscal federal Ramiro González quien ya requirió las primeras medidas de prueba, según surge del requerimiento de instrucción al que accedió Télam.

Los imputados son el “ex Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, el ex titular de Nación Seguros S.A., Alberto Pagliano, y Héctor Martínez, sin perjuicio que el devenir de la investigación coadyuve a conocer la participación de otras personas en las maniobras denunciadas”, indicó el dictamen.

“Ese mismo esquema había sido replicado en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en tanto los convenios allí firmados permitieron la intervención de un intermediario”, aseguró el fiscal

Héctor Martínez Sosa es un bróker que está casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, según la denuncia.

La causa se inició a partir de la denuncia presentada el miércoles por la abogada Silvina Martínez para que se investiguen las “presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021”, detalló el fiscal.

“A través de esa normativa se impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa pública ‘Nación Seguros SA´. En ese sentido, la denunciante destacó que la trama de las contrataciones opacas fueron reveladas a través de una publicación periodística titulada ´Destapan otra caja negra de la política en ANSES´”, publicada por el diario Clarín, reseñó.

En el artículo periodístico se aseguró que Nación Seguros subcontrató a un intermediario en el caso de los seguros de ANSES que resultó beneficiado con una comisión del 17 por ciento, es decir tres veces mayor a la del mercado, y que las ganancias por comisiones se habrían estimado en los trescientos millones de pesos mensuales y veinte mil millones de pesos anuales.

De esa publicación surgía también que Pablo Torres García (ANSES) y Héctor Martínez Sosa (esposo de la Secretaria de Alberto Fernández, María Cantero) habrían sido beneficiarios o intermediarios de dichas contrataciones, es decir quienes habrían obtenido importantes sumas de dinero a partir de los negocios emprendidos con el respaldo de aquel decreto.

En la denuncia “también se destacó que ese mismo esquema había sido replicado en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en tanto los convenios allí firmados permitieron la intervención de un intermediario”, según el fiscal.

“Por último, la denuncia destaca que Alberto Pagliano era amigo de la juventud del expresidente Fernández y que lo acompañó en la década de los noventa en ese mismo rubro, pero desde el Estado”, recordó el fiscal en su requerimiento de instrucción.

Los pedidos del juez

Al impulsar la investigación, el fiscal le pidió al juez Ercolini que solicite a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia que aporten los “antecedentes, actuaciones y/o dictámenes jurídicos relacionados con el dictado del Decreto 823/2021”.

También señaló que “puede resultar de interés para el desarrollo de la investigación, contar con todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado Nacional que suscribieron contratos de seguro bajo los términos señalados en dicha normativa y a través de intermediarios”.

La Superintendencia de Seguros de la Nación puede “aportar datos relevantes en ese sentido, al tiempo que puede develar el interrogante sobre cuál era el porcentaje de mercado para ese tipo de operaciones”, se indicó en el dictamen.

El fiscal también requirió que “se solicite a Seguros Nación que acompañe la totalidad de contratos o convenios firmados con reparticiones públicas a partir del Decreto 823/2021, aportando todos los datos que se posean respecto a la participación de intermediarios entre ese organismo y la entidad gubernamental contratante”.

El expresidente Alberto Fernández anunció que partirá hacia España para festejar Navidad y Año Nuevo junto a su familia.

Además, aprovechó para referirse a los últimos anuncios que comunicó su sucesor Javier Milei al considerar que habrá consecuencias "catastróficas" en la economía.

"Estoy partiendo a España en vuelo de Aerolíneas Argentinas, nuestra línea de bandera, para reencontrarme con mi familia y pasar con ellos la Navidad y el Año Nuevo.

''Sigo en contacto permanente con los dirigentes de mi partido para hacer frente a los acontecimientos imperantes'', informó Fernández.

De todos modos, el exmandatario adelantó que "prontamente estaré de regreso para seguir trabajando como un militante más junto a los compañeros y compañeras, en unidad, ante la catastrófica situación económica que resultará de las medidas adoptadas por el actual gobierno nacional".

Antes de terminar su mandato, Fernández emitió un decreto que establecía cambios en la custodia de los exmandatarios, exvicepresidentes y sus familiares directos en sus desplazamientos en el país como en el exterior.

La medida causó revuelo y críticas de la oposición porque el texto otorgaba resguardo policial dentro y fuera de las fronteras nacionales, sin límites o condiciones específicas, a todos aquellos ex presidentes y exvicepresidentes junto sus familiares.

En ese sentido, el expresidente aclaró que el decreto 735/23 solo "modificaba la dependencia funcional del servicio de custodia de expresidentes y vicepresidentes, trasladándola a la Órbita de la Casa Militar y la Secretaría General, organismos que siempre tuvieron la custodia del Presidente en ejercicio".

Fernández justificó la modificación de traspasar la custodia de los ex presidentes al organigrama de Casa Militar al destacar que "es público y notorio" que Patricia Bullrich y "algunos de sus colaboradores cercanos están sospechados de haber llevado a cabo persecuciones políticas en el pasado".

En sus propias palabras, dijo: "Su mano derecha, el Diputado (Gerardo) Milman está denunciado en el atentado contra la ex Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y yo personalmente tengo una demanda civil pendiente contra la ministra Bullrich.

"Es claro que no hay garantía alguna de imparcialidad en el manejo de la custodia de los ex mandatarios opositores.

''Si faltaba alguna duda, basta con la publicación borrada de un decreto firmado por ella, sin facultades para hacerlo", continuó el ex presidente.

"Dicho esto, el decreto que yo firmé no alteró en absoluto el régimen de custodias otorgados para presidentes y ex presidentes y sus familiares directos que cuenta con décadas de vigencia.

''A mi juicio, la custodia de los expresidentes y sus familias tiene sentido. Una sociedad que es convocada permanentemente al odio hacia el contrario, pone en riesgo la integridad de todas esas personas", agregó.

Fernández recordó que el entorno íntimo de los ex presidentes suelen sufrir agresiones.

“Debo recordar que mi hijo mayor ha recibido amenazas de muerte y en algún caso los autores de los mismos han sido juzgados.

‘‘También debo recordar que hace muy poco tiempo el ex presidente Mauricio Macri hizo público que una de sus hijas había sido amenazada.

‘‘Todo eso muestra la crispación social que nace por el clima que se promueve y los efectos negativos que todo eso genera”, sostuvo en el hilo.

Con respecto al viaje a España, el expresidente aclaró que “no está en mi ánimo radicarme fuera de Argentina ni tener residencia en otro país”.

Lo que buscaba era “lograr tranquilidad junto a mi familia después de cuatro años muy difíciles, recuperar afectos y llevar adelante algunas actividades académicas.

“En esta ocasión, mi viaje también estaba motivado por la invitación a participar en un seminario en Turín organizado por los Presidentes de Francia e Italia”, precisó.

A falta de menos de una semana para la asunción del presidente electo, Javier Milei, el Gobierno adelanta pasos en la transición y acepta anticipadamente las renuncias de varios funcionarios de primera y segunda línea.

A través de seis decretos, publicados este lunes en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández dio curso a la dimisión de 36 integrantes del Banco Nación, PAMI, la Secretaría Legal y Técnica y de los ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación; Defensa; y Desarrollo Social.

Todas las renuncias se harán efectivas el próximo 10 de diciembre, fecha en que el líder libertario asumirá al frente de la Casa Rosada.

Entre los nombres que figuran hay varios de peso en el saliente oficialismo, como la referente de La Cámpora Luana Volnovich; y el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico.

Los funcionarios de la Secretaría Legal y Técnica que ya vieron aceptadas sus dimisiones fueron la subsecretaria de Asuntos Legales, Jessica Kopyto; la titular de la Unidad Gabinete de Asesores, Florencia Feldman; y el subsecretario Técnico, Emiliano Alberto Suaya.

Más renuncias

Por su parte, el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico; la secretaria de Inclusión Social, Laura Alonso; el titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Articulación Social del Área Metropolitana Buenos Aires", Sergio Barrionuevo; el secretario de Gestión Administrativa, Javier Caruso; la secretaria de Abordaje Integral, Lorena Ferraro Medina; el titular de la Unidad Gabinete de Asesores, Javier García; el secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner; el secretario Ejecutivo del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario, Daniel Menéndez; la secretaria de Integración Socio-Urbana, Fernanda Miño; el secretario de Articulación de Política Social, Leonardo Moyano; y el titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Norte Grande para la Equidad Social", Francisco Navarro, hicieron lo propio en el Ministerio de Desarrollo Social.

En tanto, en Defensa se avanzó con las salidas de los secretarios de Estrategia y Asuntos Militares, Sergio Rossi; de Asuntos Internacionales, Francisco Cafiero; de Investigación, Política Industrial y Producción, Sandra Castro; de Coordinación Militar en Emergencias, Carlos Ospital; y el titular de la Unidad Gabinete de Asesores, Héctor Mazzei.

Batakis, Caserio, Volnovich

Los secretarios de Planeamiento y Políticas, Diego Fabián Hurtado de Mendoza; de Articulación Científico-Tecnológica, Juan Pablo Paz; la presidenta del CONICET, Ana María Franchi; y la titular de la Unidad Gabinete de Asesores, Mariana Alanis, renunciaron en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

En el Banco Nación se aceptó la dimisión de su presidenta, Silvina Batakis; su vicepresidente, Carlos Caserio; y los directores, Martín Pollera, Martín Ferré, Martín Di Bella, Julia Strada Rodríguez, José Miguel Ballesteros, Francisco Mercado, Cecilia Fernández Bugna y Raúl Garré. Finalmente, en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) enviaron sus renuncias y fueron aceptadas por el presidente Alberto Fernández la directora ejecutiva, Luana Volnovich; el subdirector, Martín Rodríguez; y el síndico general, Nazareno Castro Bergamín.

"Agradécense a las funcionarias y al funcionario renunciantes los valiosos servicios prestados en el desempeño de sus cargos", concluyen los decretos de la aceptación de las renuncias.

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, ha solicitado las renuncias de Alberto Fernández y Máximo Kirchner al Consejo Nacional del PJ y al PJ Bonaerense, respectivamente, después de la derrota del peronismo en el balotaje del 19 de noviembre.

Gray fundamentó su pedido debido a la falta de pronunciamiento o gesto político por parte de los órganos partidarios después de la derrota electoral sufrida por el candidato Sergio Massa.

Gray destacó que esta misma decisión fue tomada por el fallecido expresidente Néstor Kirchner cuando el Frente para la Victoria perdió las elecciones legislativas de 2009 en la provincia de Buenos Aires. Además, Gray recordó su intervención ante la Justicia en 2021 para impugnar la proclamación de Máximo Kirchner como jefe del PJ Bonaerense, un trámite que actualmente está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Cámara Nacional Electoral permitió elevar el recurso a la Corte, fundamentado en un caso de "gravedad institucional".