El Gobierno nacional resolvió intensificar el ajuste del gasto público y ordenó a los ministerios profundizar los recortes para sostener el superávit fiscal. La decisión se produce en un contexto complejo, atravesado por ocho meses consecutivos de caída en la recaudación, un dato que encendió señales de alerta en el equipo económico.

De acuerdo a fuentes oficiales, el nuevo esquema prevé una reducción adicional del 2% en el gasto corriente y del 20% en el gasto de capital, lo que impactará principalmente en el funcionamiento del Estado y en la inversión pública. Aunque no se detalló el monto total del ahorro buscado, la directiva ya fue transmitida a todas las áreas del gabinete.Desde el Ejecutivo sintetizaron la medida con una consigna que se volvió característica de la gestión: la continuidad del ajuste como herramienta central.Esta nueva etapa se suma a los recortes ya aplicados en los primeros meses del año. Hasta marzo, los indicadores mostraban una contracción del gasto del 3,3% en términos reales, afectando rubros sensibles como la obra pública, las transferencias a provincias y los salarios del sector público.

El principal motivo detrás de esta profundización es la caída sostenida de los ingresos fiscales. Con menor recaudación, el Gobierno busca evitar desequilibrios y sostener uno de los pilares de su política económica: el equilibrio de las cuentas públicas.A este escenario se agregan proyectos en discusión en el Congreso que podrían aumentar el gasto, como iniciativas vinculadas al financiamiento universitario y otras reformas con impacto presupuestario, lo que incrementa la presión sobre las finanzas del Estado.En paralelo, el ajuste también responde a los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo vigente establece una meta de superávit primario del 2,2% del PBI para este año, aunque en el Presupuesto 2026 se fijó un objetivo más moderado, del 1,5%.Según los últimos datos oficiales, el primer bimestre cerró con un superávit primario cercano al 0,4% del Producto Bruto Interno y un leve resultado financiero positivo.Con este panorama, la administración de Javier Milei apuesta a reforzar el ajuste del gasto como principal herramienta para sostener la estabilidad fiscal, en un contexto donde los ingresos no logran recuperarse al ritmo esperado.

 Las facturas de gas de los hogares argentinos tendrán un nuevo esquema a partir de 2026. A través de un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso que el precio del servicio se pague de manera más pareja a lo largo de todo el año.La medida apunta a suavizar los históricos aumentos que se generan en los meses de mayor consumo, cuando la demanda de gas se incrementa de manera significativa por el uso de calefacción en los hogares.Según el texto oficial, el Estado empezará a implementar el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que introduce cambios en la forma en la que se calcula el precio que los usuarios pagan por el gas natural. El nuevo esquema busca distribuir el costo anual del servicio de manera más equilibrada, en lugar de concentrar los incrementos en un período puntual del año.La principal diferencia se verá en las facturas. Con la nueva regulación, en vez de registrar subas pronunciadas durante los meses de invierno, el precio del gas se distribuirá mes a mes a partir de un valor anual promedio.De esta manera, el monto a pagar será más estable a lo largo del año, ya que se tomará como referencia un precio anualizado, en lugar de aplicar los valores más altos únicamente en los meses fríos.El nuevo esquema, sin embargo, no implica una baja en el monto total que pagan los usuarios ni una modificación en los niveles de consumo.Tampoco se trata de un congelamiento tarifario ni de una alteración de los contratos vigentes. De hecho, el decreto mantiene sin cambios el Plan Gas.Ar y los acuerdos con las productoras, y se limita a redefinir el mecanismo de cálculo que impacta en la factura final de los hogares.Desde el punto de vista técnico, la medida se aplica sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST), uno de los componentes centrales de la factura. Sin embargo, el monto que abonan los usuarios también incluye cargos por transporte, distribución e impuestos, que se seguirán rigiendo por los cuadros tarifarios vigentes.En ese sentido, el esquema de precio anual uniforme no elimina las variaciones en el consumo, pero sí busca amortiguar el impacto que ese mayor uso tiene sobre el valor unitario del gas.Bajo el nuevo sistema, el Estado podrá asumir parte del costo del gas en determinados momentos del año. La Secretaría de Energía será la encargada de definir el precio uniforme anual y de establecer los mecanismos de compensación a las productoras, de modo de preservar la cadena de pagos del sector.Según fuentes oficiales, el objetivo es que los usuarios cuenten con mayor previsibilidad para planificar sus gastos en servicios públicos, sin enfrentar incrementos concentrados en un período corto de tiempo.El régimen también se extiende al gas envasado y a otros combustibles alcanzados por el esquema de subsidios energéticos, siempre bajo el criterio de focalización definido por el Gobierno.La medida no modifica los derechos de las empresas productoras de gas, que seguirán percibiendo el precio correspondiente según los contratos vigentes y el esquema del Plan Gas.Ar.Tampoco se alteran las condiciones de abastecimiento ni el funcionamiento del mercado mayorista de gas. El decreto busca preservar la señal de precios del sector y garantizar la continuidad de la inversión y la producción.El régimen entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, pero su aplicación efectiva requerirá ajustes operativos en los sistemas de facturación de las distribuidoras.

Esta estrategia suele presentarse como sinónimo de racionalidad, eficiencia y modernización del Estado. Sin embargo, desde el punto de vista económico, constituye un error de diagnóstico.

No se trata solo de una discusión distributiva o social. Se trata de un error conceptual profundo. El ajuste se concentra precisamente en el componente del gasto que está sometido a una presión estructural de costos que no puede corregirse por decreto: el trabajo humano en los servicios públicos. Para comprender por qué esta estrategia no solo es ineficiente sino contraproducente, es necesario introducir un concepto central de la economía del sector público: la llamada Enfermedad de Baumol.

La Enfermedad de Baumol: una teoría sobre costos, no sobre despilfarro

La Enfermedad de Baumol —o “enfermedad de costos de Baumol”— fue formulada por el economista William J. Baumol en la década de 1960 para explicar por qué ciertas actividades de servicios se encarecen persistentemente en términos reales aun en ausencia de ineficiencia. Su argumento parte de una observación simple: no todos los sectores de la economía pueden aumentar su productividad al mismo ritmo.Baumol distingue entre dos grandes sectores. Por un lado, los sectores “progresivos”, caracterizados por aumentos sostenidos de productividad gracias al cambio tecnológico y la acumulación de capital, como la industria, el agro moderno o la tecnología. Por otro lado, los sectores “estancados”, intensivos en trabajo humano y con escaso margen para incrementos de productividad física, como la educación, la salud, la justicia, la seguridad y la administración pública en general.

Un docente no puede duplicar la cantidad de alumnos por clase sin afectar la calidad educativa; un médico no puede triplicar la cantidad de pacientes atendidos por hora sin reducir el tiempo de consulta; un inspector no puede controlar cientos de establecimientos por día sin volver ficticio el control. La productividad, entendida como cantidad de servicios por trabajador, está tecnológicamente limitada.Sin embargo, los salarios de estos trabajadores deben crecer en línea con el resto de la economía para evitar su expulsión hacia sectores más dinámicos. El resultado es que el costo por unidad de servicio aumenta estructuralmente. Este aumento no es producto de la ineficiencia ni del despilfarro, sino de la propia naturaleza tecnológica de los servicios.

Qué muestra realmente la teoría

La Enfermedad de Baumol permite comprender tres cuestiones fundamentales.En primer lugar, que el crecimiento del gasto en servicios públicos no es necesariamente un signo de mala gestión. En segundo lugar, que los recortes lineales de gasto en estos sectores no corrigen la causa del problema. Y en tercer lugar, que el ajuste vía salarios y empleo tiene costos reales sobre la calidad, la capacidad y la legitimidad del Estado.Dicho de otro modo: el problema del gasto público no es solamente cuánto se gasta, sino por qué ese gasto tiende a crecer y qué funciones cumple.

El error del ajuste en el empleo público

Cuando un gobierno enfrenta restricciones fiscales, suele actuar sobre lo que puede controlar rápidamente: salarios y empleo. Desde el punto de vista contable, el gasto en personal es una variable fácilmente ajustable. Desde el punto de vista económico, es la peor variable sobre la cual operar.

Reducir empleo público en sectores intensivos en trabajo no reduce proporcionalmente la demanda de servicios. La población sigue necesitando atención médica, educación, seguridad, justicia, control y asistencia social. Lo único que cambia es que el mismo volumen de necesidades debe ser atendido por menos personal, con menor salario real y menores incentivos.Esto genera una cadena de efectos bien conocida: sobrecarga laboral, pérdida de calidad, fuga de trabajadores calificados, aumento del ausentismo y la rotación, mayor informalidad en la provisión de servicios y creciente conflictividad. El ajuste no genera eficiencia; genera precarización.

Ajuste sin reforma: una falsa solución

La única forma estructuralmente consistente de enfrentar la Enfermedad de Baumol no es ajustar, sino reformar. Reformar implica invertir en tecnología que permita liberar tiempo humano, digitalizar trámites, simplificar normas, reorganizar funciones y evitar superposiciones. Implica también proteger y profesionalizar el capital humano crítico del Estado.

Sin embargo, esto es precisamente lo que hoy no está ocurriendo en el orden nacional, provincial y municipal: se ajusta sin reformar, se recorta sin modernizar y se licúan salarios sin mejorar la eficiencia del Estado. El esfuerzo se concentra casi exclusivamente en la contención del gasto de corto plazo, mientras se posterga —o directamente se abandona— la agenda de transformación organizacional que permitiría una mejora genuina y sostenible.Nada de esto se logra con despidos ni con licuación salarial. Por el contrario, estas políticas destruyen justamente el capital humano que se necesita para llevar adelante cualquier proceso serio de modernización estatal y terminan dejando un Estado más barato, pero también más débil, menos profesional y menos capaz.En provincias y municipios argentinos el problema es aún más agudo. Allí se concentran los servicios más intensivos en trabajo humano y, al mismo tiempo, las mayores restricciones fiscales. Cuando el ajuste baja a este nivel, el efecto no es macroeconómico: es microeconómico y social. No se ve en el déficit, se ve en el hospital sin insumos, en el aula saturada, en la calle sin mantenimiento, en el trámite que demora meses.

Conclusión

Si los distintos gobiernos continúan aplicando el ajuste exclusivamente a través del despido de empleados públicos o de la licuación sistemática de los salarios reales, el resultado no será un Estado más eficiente, sino un deterioro progresivo y acumulativo de la calidad de los servicios públicos.No se trata de una hipótesis ideológica ni de una advertencia retórica: es la consecuencia económica directa de operar sobre sectores intensivos en trabajo humano, donde la productividad no puede comprimirse por decreto.

Cada ronda de ajuste que se apoya en reducir personal o ingresos reales no elimina el problema estructural de costos; lo traslada. Se traslada al trabajador, que pierde incentivos y capacidad profesional; al usuario, que recibe un servicio más lento, más precario y más desigual; y al propio Estado, que pierde capital humano, memoria institucional y capacidad de gestión.

El efecto no es instantáneo, sino gradual: no se ve el primer mes, pero se vuelve evidente al cabo de algunos años, cuando los sistemas colapsan silenciosamente.

Lo más grave es que este proceso suele ser políticamente legitimado mediante un relato simplificador: que el Estado está lleno de “ñoquis”, que sobra gente, que el problema es el exceso de empleo público y que por lo tanto despedir y licuar salarios es “hacer lo que hay que hacer”. Ese relato cumple una función clave: convencer a la sociedad de que el desmantelamiento del Estado es una forma de modernización, cuando en realidad es su debilitamiento.

La Enfermedad de Baumol muestra exactamente lo contrario: que en los servicios públicos el trabajo no es el problema, sino el insumo central; que no sobra gente donde la demanda social crece; y que el ajuste mal diseñado no genera eficiencia, sino precariedad institucional.

Persistir en esta estrategia no conduce a un Estado más chico y mejor, sino a un Estado más chico y peor. Y eso no es un éxito fiscal: es, en realidad, un proceso silencioso pero sostenido de debilitamiento institucional, que degrada la capacidad del Estado para cumplir sus funciones esenciales y erosiona —paso a paso— la calidad del contrato social. 

Federico Storani, quien fue ministro del Interior durante la gestión de Fernando De La Rúa y exdiputado nacional por la UCR, analizó el cierre del año político y económico, advirtiendo que el gobierno de Javier Milei está realizando un “mal diagnóstico de la realidad nacional”.Señaló que el breve período positivo posterior a las elecciones ya concluyó y que las carencias estructurales han reaparecido.

Los costos reales del ajusteLa principal crítica de Storani se centró en quién asume verdaderamente el costo de las medidas oficiales. Contrario al discurso del Gobierno, el exministro sostuvo que el ajuste “no lo paga la casta”, sino los sectores de ingresos fijos, especialmente los asalariados y, en una “situación desastrosa”, los jubilados.A esto se suma la paralización total de la obra pública y el diezmo del financiamiento destinado a la educación superior, la ciencia y la técnica.

La preocupación por el modelo económicoEl exlegislador radical calificó el proyecto gubernamental como uno que se insinúa a convertirse en una “economía primaria”. Expresó su profunda preocupación, ya que, incluso si los “números macroeconómicos cierran”, van a “sobrar más de 20 millones de habitantes en Argentina, lamentablemente”.El dirigente enfatizó que esta dirección no es nueva, sino que es la aplicación de históricas recetas neoliberales que, incluso con más poder político, fracasaron: desde las intentadas por Martínez de Hoz, hasta la Convertibilidad de Menem-Cavallo o el gobierno de Mauricio Macri.Storani también cuestionó el marco institucional, calificando al DNU 70/23 de “manifiestamente inconstitucional”. Además, observa en las reformas a debatir en el Congreso (Laboral, Previsional, Tributaria) una marcada tendencia a generar “restricciones cada vez más ostensibles” en áreas de excelencia como el INTI o el INTA.

Reconstrucción del Radicalismo AuténticoFrente a este escenario, Storani anunció el lanzamiento nacional del movimiento “Radicalismo Auténtico”, que busca recuperar la identidad histórica del partido, vinculada a la defensa del patrimonio nacional, la soberanía y una fuerte sensibilidad social.

Storani fue muy crítico con los legisladores y dirigentes radicales que se han apartado de estos principios, señalando que “han claudicado”.En este sentido, aseguró que “aquellos que, por ejemplo, avalaron el veto presidencial que bloqueó el financiamiento a las universidades fueron expulsados”, y sugirió que “muchos más ya no tienen nada que ver con el radicalismo”.

El exministro rechazó de plano la posibilidad de conformar frentes electorales con La Libertad Avanza, ya que, a su criterio, este “anarcocapitalismo no tiene nada de liberalismo” y aplica la “doctrina del shock mediante el miedo”.

El objetivo de su sector es construir una alternativa que retome el camino de la socialdemocracia moderna planteada por Raúl Alfonsín, a quien consideró un prócer y el último gran estadista.Storani concluyó que la posición del radicalismo debe ser de “fuerte y firme oposición”.

Este mecanismo puede generar, en el corto plazo, la ilusión de equilibrio fiscal, pero a la vez acumula obligaciones que, más temprano que tarde, se convierten en presiones adicionales sobre las cuentas públicas.

Es como una gotera en una casa: si no se repara a tiempo, el agua termina dañando las paredes, arruinando el piso e incluso afectando la estructura completa del hogar. Lo que era un arreglo menor y barato se convierte en una reparación mayor, mucho más costosa y traumática.

Obras postergadas, costos multiplicadosEl gasto en infraestructura es un ejemplo claro. Cuando se interrumpe o ralentiza la construcción de rutas, caminos o puentes, el “ahorro” inmediato se transforma en un pasivo oculto. Los datos recientes lo confirman: según un informe de Argentina Grande, solo el 47,5 % de las rutas nacionales estaba en buen estado en 2024, frente al 54,9 % en 2022. El 29 % se encontraba en mal estado, mostrando un deterioro sostenido.

Mantener todo el sistema vial nacional y provincial costaría unos USD 4.213 millones por año, pero si se lo deja deteriorar la factura final asciende a USD 40.773 millones, de los cuales USD 23.240 millones corresponden solo a rutas nacionales.A esto se suma el costo humano y económico de los accidentes. En Argentina, cada año mueren más de 4.000 personas en siniestros viales y decenas de miles resultan heridas. La Agencia Nacional de Seguridad Vial estimó que en 2019 el costo de la siniestralidad vial alcanzó el 1,6 % del PBI, y en 2021 se calculó en alrededor de USD 8.350 millones, equivalente al 1,9 % del PBI. Una parte significativa de esos siniestros está vinculada al mal estado de las rutas, la falta de señalización adecuada y la ausencia de obras de seguridad.Cada vida perdida representa no solo un drama familiar, sino también un costo económico enorme en atención médica, seguros, productividad perdida y litigios.

El bacheo aislado o los parches provisorios se vuelven inútiles cuando el daño estructural avanza. En esos casos, la única alternativa es rehacer la obra desde cero, lo que implica costos varias veces superiores a los que se hubieran requerido para mantener la infraestructura en condiciones. Así, lo que hoy parece un recorte en realidad es una deuda que se acumula, con intereses altísimos y con un saldo trágico en vidas humanas.

Salud y discapacidad:  La urgencia no esperaOtro ámbito sensible es el tratamiento de la discapacidad temprana. Los programas de atención inicial —kinesiología, fonoaudiología, terapias de estimulación— son altamente costo-efectivos si se realizan a tiempo. Cada año de demora implica un deterioro en la calidad de vida de las personas y un incremento de la dependencia futura, que se traduce en mayores erogaciones del Estado en subsidios, pensiones y cuidados de largo plazo.

Aquí resulta clave discernir lo urgente de lo superfluo. No es lo mismo postergar un gasto suntuario que retrasar una inversión en salud que define el futuro de una persona y de su familia. En este campo, lo que se demora se transforma en una deuda social y económica creciente.

En el caso de los niños con problemas severos, la situación es todavía más delicada: discontinuar una terapia puede provocar un retroceso enorme, anulando avances logrados con años de esfuerzo y reduciendo las posibilidades de integración futura. Cada interrupción no solo implica pérdida de tiempo, sino también un daño irreparable que multiplica el costo humano y financiero para el Estado y la sociedad.

El costo argentino y la deuda en transporteUno de los factores que explican el llamado “costo argentino” es la precariedad de la red de transporte y logística. La postergación de inversiones en rutas y mantenimiento genera no solo un deterioro de la infraestructura, sino también un sobrecosto directo en el flete camionero.

Según un análisis comparativo (BCR Mercados, 2025), transportar granos 320 km cuesta: Estados Unidos: USD 23,6 por tonelada (USD 0,074/t/km), Brasil: USD 23,3 por tonelada (USD 0,071/t/km), y Argentina: USD 30,1 por tonelada (USD 0,094/t/km).

Esto significa que mover la misma carga en Argentina cuesta entre un 28 % y un 30 % más caro que en Estados Unidos o Brasil, pese a recorrer distancias muy similares. La diferencia se explica, en buena medida, por el mal estado de las rutas, la falta de infraestructura complementaria y la escasa integración multimodal.

Transportar mercaderías por carreteras deterioradas implica más consumo de combustible, mayor desgaste de vehículos, más tiempo de traslado y más accidentes. Todo esto encarece la logística, resta competitividad a las exportaciones y termina influyendo en los precios internos.

Mejorar la red de transporte requiere salir de la lógica de la emergencia y apostar a la planificación estratégica: 1) Priorizar mantenimiento preventivo antes que reconstrucciones costosas, 2) Integrar rutas, ferrocarriles y puertos, reduciendo la dependencia absoluta del camión, 3) Asegurar financiamiento estable y plurianual para obras estratégicas, y 4) Implementar tecnologías de control y gestión vial que permitan anticipar reparaciones y optimizar costos.Reducir el costo argentino no se logra con recortes aislados, sino con inversión inteligente en infraestructura. Una red de transporte moderna y segura es, al mismo tiempo, un ahorro económico, una garantía de vidas preservadas y un motor de competitividad internacional.

Un desafío de gestiónLa verdadera discusión, entonces, no debería plantearse en términos de ajuste o ahorro, sino de administración inteligente. Un Estado que posterga sistemáticamente sus compromisos se convierte en rehén de sus propias deudas diferidas.Administrar no es simplemente recortar: es decidir dónde gastar para evitar que los costos se multipliquen. Es priorizar lo que genera eficiencia, lo que preserva vidas, lo que potencia la capacidad productiva.El costo oculto del ajuste argentino está en lo que no se hace a tiempo. Cada postergación se convierte en deuda acumulada, con intereses altísimos y consecuencias irreversibles.

El desafío es salir de la lógica del parche y del corto plazo, y pasar a un Estado capaz de planificar estratégicamente, invertir con inteligencia y generar riqueza sostenible.

Solo así será posible quebrar la dinámica de ajustes ficticios y construir un camino de desarrollo que no hipoteque el futuro para mostrar un equilibrio efímero en el presente.

Los inquilinos que actualizan alquileres por el indicador que incluye salarios vienen afrontando aumentos mayores que los que se rigen sólo por inflación.La diferencia entre las dos cláusulas de ajuste de los contratos que más se utilizan (el Índice de Contratos de Locación y el Índice de Precios al Consumidor del INDEC) es el componente salarial que se pondera en el ICL junto al IPC que mide precios.Desde que asumió el Gobierno de Javier Milei los alquileres subieron más que la inflación: en los últimos seis meses fue 41,7% en los contratos contra 15,1% del IPC, y de un año a esta parte, 163,4% el alquiler versus 39,4% de inflación, según denunció la agrupación nacional de inquilinos.En las locaciones anteriores a la liberación de los alquileres que se puso en práctica hace más de un año y medio era más común tomar el IPC para los ajustes trimestrales, semestrales o anuales, según lo que se hubiera pactado, que trasladaban la incidencia de la inflación a la mensualidad que iba a percibir el propietario del inmueble.

Relación propietario-inquilinoEl desbalance entre oferta y demanda hacía prevalecer la conveniencia del dueño al establecer las condiciones y el factor de actualización.La situación se emparejó, por lo que ahora se echó mano al índice que estaba en vigencia con la ley 27.551, derogada en diciembre de 2023. Era más accesible cuando los precios corrían por delante de los salarios.Pero cuando empezó a surtir efecto estadístico el ajuste fiscal aplicado por la Administración actual y se morigeró el ritmo de alza de los precios, se invirtieron los términos y el IPC terminó siendo más amigable para el inquilino.En el caso de los contratos, la mayor parte de los propietarios cambiaron de parecer y prefirieron la aplicación del ICL.Para citar un ejemplo al respecto, la renovación trimestral del valor del alquiler en agosto sería del 9,96% y del cuatrimestral, 13,58%. Del semestral, 19,23%.El ajuste por el IPC daría respectivamente 8,20; 10,8 y 16,29%, es decir, 3 puntos menos en los plazos más largos.

Actualización anualEl Foro Profesional Inmobiliario estableció para la actualización anual que se debe llevar a cabo en agosto un 55,56%, porcentaje que incorpora la alta tasa de los primeros meses del período y la atenúa el dígito que caracterizó a los últimos tres meses, que la hizo ceder entre 10 y 15 puntos mes a mes. Comparativamente, constituirían un alivio respecto del 100% de principios de 2025.  Para este mes, el anual fue del 80% y en mayo había sido 95%.  En cualquiera de las dos variantes de indexación se advierte una desaceleración en la suba de los valores, tras varios trimestres de saltos e incertidumbre.Entre la derogación de la ley de alquileres y la inflación en descenso llevaron moderación y estabilidad al mercado, aunque lo tornó más oneroso para el inquilino respecto de sus ingresos. La perspectiva es que crezcan las actualizaciones semestrales hacia fin de 2025 y comienzos de 2026.

El expresidente del Banco Central y asesor estrella del gobierno, Federico Sturzenegger, defendió la decisión de avanzar hacia el superávit fiscal sostenido y aseguró que no se está llevando adelante un "ajuste".

"La baja del gasto liberará a la gente del impuesto inflacionario", afirmó Sturzenegger en el marco del evento Desafíos y oportunidades de la economía argentina 2024 organizado por IAE Business School, la escuela de negocios de la Universidad Austral.

Para el ex jefe del Central, "el verdadero ajuste es el gasto, porque la gente tiene que pagar ese gasto. Y lo hará con impuestos o con impuesto inflacionario".

"Cuando vos bajás el gasto, le liberás a la gente la obligación de pagar esos impuestos. La gente dijo, basta, mi plata la quiero gastar yo. Así que déjenme gastar eso y me devuelves la guita, Milei entendió eso como nadie", destacó el autor de la ley bases y el DNU del Presidente en el panel moderado por el economista Santiago Bulat.

Sturzenegger destacó además que para el Gobierno consolidar el superávit en las cuentas públicas es "la madre de todas las batallas".

"El mercado está debatiendo qué tan sólida es esta corrección fiscal que vimos en este primer bimestre. Veo que es muy sólida y que hay un gran convencimiento. Va funcionar como un bálsamo para la economía que se va a ver bastante rápido. Vamos a un cambio de paradigma que nadie ha logrado", señaló.

Si bien reconoció que el mercado "sigue estando muy escéptico", consideró que "de a poquito se va convenciendo que hay algo diferente. El primer mes los bonos estaban en 25 centavos, ahora se acercan a 50 centavos. Están empezando a creer".

Dijo que Milei lleva adelante otras dos batallas: una es la cultural y la otra es la que calificó como "contra la casta" en la que indicó que existen "agentes bloqueantes" de las reformas que plantea el Gobierno dentro del mundo sindical, empresarial y político.

En ese sentido, destacó que para el Presidente las reformas incluidas en el DNU 70/2023 y la ley bases eran "estratégicas". Además, recordó que parte de los proyectos para modificar regulaciones fueron realizados por su equipo durante los últimos dos años para una eventual presidencia de Patricia Bullrich. "El proyecto y el DNU son solo el 20 % de las reformas que quisiéramos aplicar, fuimos prudentes. Lo que enviamos de una vez lo hicimos porque de lo contrario es más fácil para la política decir 'esto sí, esto no' y dejar de lado puntos clave", indicó. NA.

La concentración será a las 19 en plaza de 1º de Mayo. "Es buena la confluencia en la calle en todo el país, para recordar lo que pasó el 19 y 20 de diciembre de 2001 y reafirmar el derecho democrático de movilizarnos, de protestar y de defender cada uno de nuestros derechos laborales, ambientales, de género y de la juventud",

afirmó Nadia Burgos, referente del Movimiento Socialista de los Trabajadores en Entre Ríos.

Como todos los 20 de diciembre "se realizará la movilización de Plaza de 1º de Mayo a Casa de Gobierno, a 22 años del Argentinazo, para decirle: ¡No al ajuste y la represión de ayer y de hoy!", indicó Burgos.

Señaló que "es necesario que los movimientos políticos, sociales, estudiantiles, de mujeres, disidencias y ambiental, logremos estar en la calle en contra del Protocolo represivo que anunció la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich,

y contra de las políticas 'motosierras' de ajuste y de ataques de shock a la clase trabajadora por parte del presidente Javier Milei y compañía".

Al respecto, la militante social subrayó que el 20 de diciembre, "no es cualquier fecha más, es un día que recuerda cómo la crisis golpea con fuerza al pueblo trabajador y cuál es la respuesta ante esas crisis", por lo que "en ese marco creemos que es buena la confluencia en la calle en todo el país, fundamentalmente, en Buenos Aires, donde se reafirme el derecho democrático de movilizarnos, de protestar y de defender cada uno de nuestros derechos laborales, ambientales, de género y de la juventud".

La resolución Nº 91, del 16 de este mes, dictada por el Ente Regulador, señala que la distribuidora Energía Entre Ríos SA (Enersa) ingresó el día 13 una presentación de un cuadro tarifario para aplicar a los consumos a partir del 1 de agosto de 2023, «expresando que el Factor de Adecuación que debería aplicarse a partir del 1° de agosto de 2023 sería igual a (1,46), y representa una variación de 46 % respecto del valor definido a aplicar a partir del 1/2/2023 en la Res EPRE 219/22 y que para esta presentación del Cuadro Tarifario, se propone aplicar en este trimestre un Factor de Adecuación FACD = 1,21; que representa una variación de 10 % trimestral (2 trimestres). De esta manera quedaría pendiente la aplicación de una actualización de 20,7 % del VAD en la tarifa para igualar a la inflación real».

La última revisión quinquenal de la tarifa, el 31 de agosto de 2022, aprobada por resolución del EPRE Nº 219/22, habilitó el procedimiento de revisión integral de la tarifa correspondiente al tercer periodo tarifario de los contratos de concesión vigente y, en consecuencia, el cuadro tarifario inicial del período 1 de febrero al 30 de abril de 2023 inclusive.

Pero luego de aprobados los nuevos cuadros tarifarios con los valores actualizados, el Poder Ejecutivo dispuso que, “en atención a los fenómenos climáticos extraordinarios de extremas temperaturas y sequía, como así también el impacto en tarifa por la reducción de los subsidios” y la consecuente aplicación “del programa de segmentación tarifaria para los usuarios residenciales, por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, y en protección de los derechos de los usuarios” se dictó la resolución EPRE N° 11/23 que suspendió “transitoria y excepcionalmente” el traslado a los usuarios finales el VAD. Así, para el período 1 de febrero al 30 de abril de 2023 se mantuvo el valor vigente a 2022.

La nueva disposición del Ente Regulador dispone que corresponde “en esta segunda etapa, comprensiva de los meses de agosto, septiembre y octubre de del año 2023, se aplique una quinta ava parte, en cada mes, respectivamente, del valor agregado de distribución previsto en el cuadro tarifario aprobado por el Anexo I de la Resolución EPRE N° 219/22, para de ese modo completar la totalidad de lo previsto, con el correspondiente traslado, en su justa incidencia, del precio mayorista de energía y potencia vigente para ese período”, publicó Entre Ríos Ahora.

Y que además “se considera oportuno y conveniente a fin de mantener la calidad del servicio público económico de distribución de energía eléctrica, aplicar gradualmente un solo factor de adecuación de tarifa prevista en el contrato de concesión”.

Para Maximiliano Montenegro, economista de AHORA, la dinámica inflacionaria llegó a un punto en el que pone contra las cuerdas al sector privado. "Las empresas hasta ahora venían cómodas. Pese a la disparada de todos sus costos, insumos, tarifas de servicios públicos, la tasa de interés, los impuestos, las empresas trasladaban esas subas a precios y venían surfeando la ola de inflación y de esa manera no tenían que hacer ajustes en las empresas⬝, destaca. �SPero como ahora las ventas empezaron a caer, todos esos costos en materia de las ventas de las empresas se disparan todavía más. Por eso algunas empresas empiezan a hacer ajustes estructurales de costos que significan suspensiones y después despidos⬝, advirtió el especialista en diálogo con Canal Nueve Litoral.

�SNo se puede en una economía con inflación de 100% en costos, que se traslada a precios, evitar que eso en algún momento no signifique caída de ventas, ajustes y despidos⬝, subrayó Maximiliano Montenegro.

�SLamentablemente -acota- si el gobierno no reacciona rápido desacelerando la inflación con esta disparada de costos que están sufriendo las empresas el próximo paso va a ser el ajuste en la estructura de costos⬝.

Paritarias desorganizadas

El origen de todo estos problemas está sin dudas en la inflación, que se aproxima al 100% anual. �SEsta semana hemos empezado a escuchar distintas voces del oficialismo en posturas contradictorias respecto a qué hay que hacer frente al casi 100% de inflación. Y se escuchó a la ministra de Trabajo Kelly Olmos, recientemente designada, advertirle a Pablo Moyano de Camioneros que el 130% de aumento que pide podría ser excesivo y que terminará impactando en el costo de vida, es decir en la dinámica inflacionaria⬝, señala Maximiliano Montenegro.

Ahondando en ese punto, el especialista explica que �Sel gobierno está muy preocupado con el 100% de inflación, pero también está muy preocupado con la desorganización que hay desde el punto de vista de la puja distributiva de la discusión salarial⬝. Y puntualiza: �SMoyano pidiendo 130% para camioneros, tratando de equipararse con otros gremios que han conseguido aumentos, por ejemplo el de Seguros 107% o Bancarios del 94% con una cláusula de revisión a fin de año por un lado, le mete mucha conflictividad a la discusión salarial. Pero además deja desguarnecida a una amplia franja de trabajadores de la Argentina que miran eso desde muy lejos⬝. En ese sentido, indicó �Shay 5 millones de trabajadores informales, en negro; 4 millones de cuentapropistas, que no tienen ninguna chance este año de acercarse a un ajuste salarial ni siquiera de 90 o el 100%⬝.

�SEntonces -explica- cada vez que los gremios más poderosos se ponen en estos rangos, porque efectivamente están en su derecho de reclamar recomposición salarial de acuerdo a sus posibilidades, empieza a distanciarse más la diferencia entre ese selecto grupo de sindicatos y el resto de la economía⬝.

Caída del poder adquisitivo

�SDesde diciembre de 2016 hasta julio pasado, que es el último dato oficial del Indec, los salarios privados registrados perdieron 16% de poder de compra⬝, informó Maximiliano Montenegro en su análisis semanal. �SEs decir, hubo una caída muy fuerte del salario real aun en el segmento de privados registrados, de asalariados de mejor posicionamiento⬝, enfatizó. �SAhora, los empleados públicos nacionales en ese mismo periodo perdieron 20% de poder adquisitivo. Y los asalariados en negro, segun el Indec, perdieron 35% de poder adquisitivo⬝, describió el economista, para quien �Sestas brechas se van a incrementar con esta dinámica inflacionaria de los últimos meses que estamos viendo, con una inflación inédita en las ultimas tres décadas⬝.

También se refirió al sector pasivo. �SEl ajuste de las jubilaciones nacionales, de los 7 millones de jubilados que se ajustan por la fórmula de movilidad, con el aumento que les corresponde en diciembre, van a tener en el año un aumento de alrededor del 73%. La inflación el gobierno dice que será del 95%, o quizás más. Estamos hablando de que las jubilaciones van a correr entonces 20, 25 puntos debajo de la inflación. Es un año de pérdida de poder adquisitivo muy grande⬝, sintetiza el economista.

�SPor eso -subraya- insisto en esto: hay temor en el gobierno por si esto se desbanda, con discusiones salariales que desbordan el 100% de algunos gremios, que esto sea trasladado a precios y terminemos en una situación con una inflación mayor y la mayoría de los trabajadores arañando aumentos muy por debajo del 100%. Es decir, que se profundice esa crisis y se profundiza la caída del poder adquisitivo de la mayoría de los trabajadores⬝.

La única salida

Maximiliano Montenegro expresó que ante esta dinámica, �Sla única posibilidad de los trabajadores de recuperar poder adquisitivo, es bajando la inflación. Acá hay una responsabilidad primordial del gobierno. No estamos ante una inflación domesticable, por llamarlo de alguna manera. En el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner era de 25% y los principales gremios cerraban por encima de esa inflación. Pero esta es una inflación con la que no se pueden empardar los salarios. Es una inflación en la cual hace tres meses Cristina felicitó a los bancarios porque habían sacado 60% de aumento para este año. Hoy ese 60% parece ridículo y ya nadie felicita a los bancario por cerrar un acuerdo de 94% con cláusula inflacionaria⬝.

Maximiliano Montenegro concluye que el ministro de Economía Sergio Massa �Sha logrado la estabilización de un gobierno que estaba con el dólar y la inflación disparada, y sin saber cómo llegaba al mes siguiente. �SEsa estabilidad es un tiempo ganado para ir a otro lugar y esto es lo que se discute hoy internamente en el gobierno⬝.

�SEsto significa si no es necesaria una política que ataque más agresivamente la inflación y la indexación que viene de la mano, para que no sea más largo y doloroso este proceso que se viene: enfriamiento largo de la economía, reducción de costos en las empresas, suspensiones y despidos que van a generar un costo social mayor, con más pobreza e indigencia⬝, finaliza.