Este miércoles por la mañana se desarrolló una reunión conjunta de tres Comisiones: Salud Pública y Drogadicción, Ambiente y Desarrollo Sustentable, y de Producción, para tratar el proyecto de ley por el que se adoptan buenas prácticas en materia de fitosanitarios en la Provincia de Entre Ríos.La iniciativa del Poder Ejecutivo, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, pretende garantizar la calidad e inocuidad de los productos derivados de la actividad productiva, de proteger y conservar la salud, de gozar de un ambiente sano y equilibrado y de favorecer una producción agrícola que contribuya a la seguridad alimentaria y al desarrollo rural sostenible.A los largo de 109 artículos se crea un Consejo Asesor Fitosanitario con carácter ad honorem y ad hoc, y un Fondo Fitosanitario Entrerriano. Se establecen pautas para los registros, los usuarios de fitosanitarios, los importadores, elaboradores, formuladores y fraccionadores, también expendedores y asesores de los mismos, ensayistas, aplicadores, operarios, y de las empresas de verificación técnica funcional (VTF). Se estipulan condiciones para el almacenamiento y transporte de productos, las condiciones de hermeticidad o confinamiento, y la emisión obligatoria de una receta agronómica digital. En el segundo capítulo del texto se habla del protocolo a seguir con zonas de exclusión y amortiguamiento, y el tercer capítulo contempla las escuelas rurales y la protección de la salud. Asimismo se considera la regulación para las plantas urbanas, un monitoreo ambiental, fiscalización e inspección, sanciones y prohibiciones.Encabezaron la reunión quien preside la comisión Salud Pública y Drogadicción, Hernán Méndez (Ibicuy – Juntos por Entre Ríos), la titular de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gloria Cozzi (Concordia – Juntos por Entre Ríos) y el presidente de Producción, Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos). Fueron parte los integrantes Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos Por Entre Ríos), Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos), Ramiro Favre (Colón – Juntos por Entre Ríos), Claudia Silva (Paraná – Más para Entre Ríos), Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano – Más Para Entre Ríos), Martín Oliva (Uruguay – Más Para Entre Ríos), Rubén Dal Molín (Federación – Juntos por Entre Ríos) y Marcelo Berthet (San Salvador – Más para Entre Ríos).El senador Otaegui comenzó la reunión comentando que “hemos visto el expediente” tras lo cual resaltó el trabajo realizado en la Cámara de Diputados donde se llevaron adelante muchas reuniones con diferentes instituciones, asociaciones ambientalistas, de salud, agropecuarias, y la idea es “empezar a escuchar nuevamente a todos e ir avanzando”.Los senadores intercambiaron puntos de vista sobre el proyecto de ley, se habló de la necesidad de contar con una herramienta legislativa para reemplazar una ley de 1980 y que no está a la altura de los cambios actuales en el marco de las actividades relacionadas a la aplicación de fitosanitarios en territorio provincial. Se trajo a colación un fallo del Superior Tribunal de Justicia en el caso de Colonia Ensayo, y se debatió en torno a las distancias de fumigación y su estrecha relación con la salud de la población.Los legisladores consensuaron comenzar ya la próxima semana con la ronda de convocatorias a referentes en ambiente, salud, producción, docentes, funcionarios, con el fin de dinamizar la escucha a los sectores involucrados y contar con una ley en la materia. 

Después de un largo debate en el marco de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara de Diputados, presidida por el socialista Juan Manuel Rossi, el mismo fue el encargado de defender el proyecto: “Es un proyecto de ley superador desde todos puntos de vista a la Ley 6.599 de Plaguicidas vigente que es del año 1980 y ya tiene 44 años. De aprobarse en el Senado, Entre Ríos va a estar a la vanguardia a nivel país”.

Esta iniciativa, fruto de un amplio proceso de debate y consenso con diversos actores sociales, científicos y productivos, ambientalistas, del sector de la salud y de la educación. La Comisión de Recursos Naturales y Ambiente viene trabajando en este tema desde el 26 de marzo de este año.  Rossi destacó también “la firme decisión y el respaldo de nuestro gobernador Rogelio Frigerio en momentos tan difíciles para nuestra provincia”. Finalmente, el diputado manifestó: “Este proyecto de ley representa un compromiso de nuestra provincia con un desarrollo productivo más saludable y sostenible.

La media sanción marca un rumbo muy claro referido a priorizar la salud humana, cuidar el ambiente y la biodiversidad y producir de manera sostenible con las y los productores viviendo en los campos. Es un desafío político enorme para todo la dirigencia entrerriana”. 

La provincia de Entre Ríos, como gran parte del territorio nacional, viene sufriendo los azotes de un modelo productivo impiadoso a la hora de imponer su paquete tecnológico, con imprescindible anclaje en los agrotóxicos. La ruralidad ha mutado de manera escandalosa, la biodiversidad, los olores, colores y sabores, fueron desalojados para abrirle paso a un monocultivo que trajo consigo un puñado de contundentes pestilencias.

Un país que concentra casi el 93 % de su población en ciudades y grandes pueblos, obligada en gran parte a migrar del campo por lo expulsivo del modelo, no puede resolver el problema del hambre, la nutrición y el acceso a una alimentación saludable ¿Por qué?

Sencillamente porque su matriz agroexportadora necesita de commodities, bienes transables y los «daños colaterales» son parte de un juego que desnuda la inviabilidad de sus prácticas a la hora de debatir la construcción colectiva de una Argentina equitativa.

Los efectos de lo agrotóxicos en la salud de los niños son evidentes y están demostrados por minuciosos estudios tanto científicos como epidemiológicos, allí se explicita como en los pueblos agrícolas más del 40 % de los niños tienen síntomas de asma, sobre todos en los meses de aplicación de agrotóxicos.

 Esto se acrecienta principalmente en los meses de octubre, noviembre y diciembre, cuando en las ciudades grandes como Rosario, Córdoba, Mar del Plata o Buenos Aires, solo el 12 % de los niños sufren cuadros asmáticos.

Mientras la genta esta entretenida en el mundial nuevamente se presenta en Entre Ríos un proyecto regresivo, tramposo y contradictorio que busca legitimizar la utilización de venenos en la producción agroindustrial, en perjuicio del cuidado de la salud y el ambiente.

Postergado este debate desde el inicio de la gestión, el Gobernador Bordet elige el momento más difícil del año tratando de evitar el análisis y debate que corresponde. La postura de la �Smesa de Buenas prácticas agrícolas⬝; no responde al sentir del conjunto social entrerriano.

Este Proyecto para las supuestas Buenas Prácticas Agrícolas que propone Bordet, no cumple con los requisitos del Acuerdo de Escazú, que establece acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales; no se ajusta a los principios del Derecho Ambiental, no reconoce al uso de agrotóxicos como una actividad peligrosa para el ambiente y la salud. Cabe destacar que tampoco involucra al Ministerio de Salud cuando se trata prioritariamente un tema de salud pública.

El Gobierno Provincial pretende actualizar el cuestionado y judicializado marco legal vigente para el uso de agrotóxicos en Entre Ríos; La ley Provincial de Plaguicidas Nº 9780 del año 1980; y propone un proyecto laxo y regresivo que no corresponde al actual y delicado escenario ambiental y sanitario de la provincia; menospreciando los datos duros publicados por el mismo estado. La agroindustria es la única industria que está exceptuada de tener controles ambientales cómo las demás actividades contaminantes. Siendo que además es la principal causa de contaminación de ríos, arroyos y humedales.

�SApelamos a que nuestra legislatura provincial no sean meros operadores que representen intereses empresariales concentrados; y que livianamente impulsen normativas permisivas que sigan lesionando la salud pública y sigan sosteniendo un modelo concentrado; extractivo; que agota la fertilidad del suelo y carga de tóxicos nuestros cursos de agua. Un modelo que ha dejado excluidos a un tendal de pequeños productores; y que arraso nuestro monte nativo (quedando solo un 4 % del mismo); monte que nos garantizaba el ciclo del agua y que nos protegía del calentamiento global⬝, sostuvieron desde la coordinadora Basta es Basta.

INTA confeccionó un informe con importantes datos: �SLa Argentina se caracteriza por tener un importante consumo anual de productos de síntesis química para la producción agrícola, de origen nacional o importados. En los 36 millones de hectáreas cultivadas, se utilizan 230 millones de litros de herbicidas y 350 millones de litros de otros tipos de agroquímicos. Los envases necesarios para su comercialización generan unas 17 mil toneladas de polietileno cada año, el volumen de productos químicos utilizados, que ha superado los 500 millones de kilogramos en los últimos años, un promedio de 13 kg por hectárea, en Argentina diversos estudios detectaron la presencia de fitosanitarios en aire, aguas superficiales, subterráneas y de lluvia, suelos agrícolas y en áreas urbanas y periurbanas.

Por último, desde la Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos Basta es Basta dejaron un claro mensaje y posicionamiento en torno a una situación que exaspera y amplifica el grado de incertidumbre y dolor que atraviesa al pueblo entrerriano.⬝ Exigimos a las y los Legisladores que cumplan con su deber de legislar para la salud de las generaciones presentes y futuras. Basta de política extractivista⬝. (I:Conclusion de Alejandro Maidana)

 En tanto, los principios activos de insecticidas son los que tienen un valor más elevado de este coeficiente.⬨

Entre Ríos, y, en menor medida, el Sur de Santa Fe, son las zonas productivas del país donde hay mayor impacto ambiental por la aplicación de fitosanitarios, según lo reveló un informe elaborado por la empresa argentina SIMA Agtech (Sistema de Monitoreo Agrícola).

El mayor nivel responde de forma directa a los diferentes cultivos que se siembran, la rotación de los mismos, la cantidad de aplicaciones e incluso los diferentes productos que se utilizan durante la campaña, dijeron desde la empresa, publicó el portal Código de Campo.

Para este estudio, la compañía se basó en el coeficiente EIQ (coeficiente de impacto ambiental, por su sigla en inglés), un indicador que permite evaluar ese impacto. SIMA, asimismo, analizó la cantidad de aplicaciones que se hace por cada cultivo y determinó que, en promedio, para los tres principales (soja, maíz y trigo), el valor de EIQ por aplicación es de 9,40, lo cual para la escala de referencia utilizada se puede catalogar como de �Simpacto bajo⬝.

⬢ Los insecticidas, primeros

En términos generales los principios activos de los insecticidas, con 30,3 de EIQ son los que ocupan el primer lugar del podio, en tanto que los de fungicidas tienen en promedio un valor del indicador de 29,6, y, por último, con un valor de 19 están los herbicidas.

Analizando la información por cultivo, se puede observar como el uso de los disímiles principios activos modifican el resultado final del impacto ambiental.

El EIQ ponderado por área aplicada, para cada cultivo, �Smuestra cuál es el valor del indicador cuando se miden solamente los herbicidas.

Si bien pudo verse que hay algunos principios activos que se usan en los tres cultivos, las dosis utilizadas, las mezclas y la cantidad de aplicaciones realizadas son distintas y eso, obviamente, es lo que hace que los resultados difieran⬝, explicaron desde la compañía.

Según SIMA, �Ses interesante el caso del glifosato y el 2.4D, por ejemplo, donde una sola aplicación del primero en el cultivo de soja genera menos impacto ambiental que una sola aplicación del segundo en el mismo cultivo (17.19 vs 30.52)⬝.

Pero cuando se evalúa el indicador ponderado por el área total aplicada, que considera el número de aplicaciones, el área en cuestión y la dosis, el glifosato �Sgenera algo más de impacto que el 2,4D (49.64 vs 43.27).

Este resultado básicamente se explica por un mayor número de aplicaciones con glifosato (1.56) que de 2.4D (1)⬝.

Como conclusión, desde SIMA aclararon que �Ses importante tener presente que el indicador por sí solo no nos dirá nada, entender qué hay detrás de cada número es importante, incluso, para poder tomar decisiones de qué aplicar, cómo y cuándo⬝.

�SElaboramos tableros de medición de impacto ambiental en el cual podemos medir en tiempo real y de manera constante este u otros indicadores tales como índice de rotación de cultivos, tiempos de suelo descubierto, uso por bandas toxicológicas, etc.

Aportar a una agricultura inteligente, sustentable y colaborativa es nuestro objetivo⬝, concluyeron.

⬢ Acerca de SIMA

SIMA es una AgTech que surgió en 2013 en Argentina con el objetivo de ofrecer a los productores una plataforma simple, completa e inteligente para monitorear, controlar y analizar los datos de los cultivos.

Hoy la empresa está presente en ocho países de América Latina y cuenta con más de 4 millones de hectáreas monitoreadas.

La propuesta plantea que se deba tener un registro público de establecimientos que utilizan productos de síntesis químicas y se necesita un 2 por ciento del padrón electoral como aval, detalló el referente del colectivo, Elio Kohan.⬨⬨

Las organizaciones ambientales nucleadas en el Basta es Basta, lanzaron una campaña de firmas para apoyar un proyecto de ley que busca que se reconozca como �SActividad Peligrosa a la Producción Agrícola con utilización de insumos de síntesis químicas⬝.

La iniciativa, contó el activista Elio Kohan, �Snace precisamente desde las distintas acciones de la Coordinadora Basta es Basta que venimos activando desde distintos ámbitos, tanto legislativos como judiciales, en cuanto generar ��masa crítica�" en la sociedad respecto de los efectos de los agrotóxicos.

Este proyecto intenta englobar esos pedidos en la declaración de actividad peligrosa a la producción agrícola con la utilización de insumos de síntesis química.

La declaración de emergencia ambiental por el impacto de los agrotóxicos en nuestros territorios pide crear un registro público provincial de establecimientos agropecuarios, de vigilancia epidemiológica y a su vez exige la evaluación de impacto acumulativo y sinérgico encuentros territorios⬝, especificó.⬨

⬨En cuanto a la modalidad, Kohan señaló que �Scomo toda iniciativa popular tienen que tener la responsabilidad y el compromiso de la ciudadanía que esté, como requisito, dentro del padrón electoral de la provincia de Entre Ríos⬝, y que esto representa un 2 por ciento, es decir alrededor de 21.000 avales.⬨⬨Sobre el mecanismo utilizado el referente del Basta es Basta reflexionó:

�SLa iniciativa popular es una herramienta que como ciudanía no debemos desaprovechar, sería un hecho histórico, que nace de la conciencia asambleaira y colectiva⬝, ya que es la primera en su tipo en la provincia, y de lograrlo tendría como consecuencia que Legislatura deba tratar el borrador �Ssí o sí⬝.(I:AIM)

Por decisión de la Justicia, la Policía Federal secuestró, en la localidad bonaerense de Pergamino, una máquina de fumigación agrícola para realizarle pericias sobre la limpieza de sus tanques y los productos que se utilizaron días atrás para desinfectar el centro de esta ciudad bonaerense como medida preventiva contra la pandemia de coronavirus.

Las autoridades buscan determinar si este aparato, conocido comúnmente como �Smosquito⬝, no tiene restos de agrotóxicos en su interior, una sustancia que ya viene generando importantes problemas en esta región de la provincia de Buenos Aires.

De hecho, el año pasado se fijó �Sun límite restrictivo y de exclusión⬝ de poco más de 1.000 metros desde la zona urbana para la fumigación por vía terrestre, ya que esta práctica estaría empeorando la calidad del agua y provocando graves enfermedades en la población.

El secuestro de la máquina agrícola se dio por orden del titular del Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, quien actuó en línea con lo solicitado por la Fiscalía Federal de San Nicolás, a cargo de Matías Di Lello, quien comunicó al magistrado que una de estas máquinas había recorrido la zona céntrica de Pergamino para aplicar desinfectantes para combatir virus y bacterias y así ayudar en la lucha contra el COVID-19.

En su dictamen, explicó que este tipo de aparatos se utiliza generalmente en los campos y que, si no está correctamente limpia, puede contener restos de agroquímicos, cuya utilización en la parte urbana de la ciudad está prohibida por la Ordenanza Municipal Nº 8126/14.

Por eso, Di Lello solicitó al juez que evaluara el secuestro del �Smosquito⬝ y la documentación con los actos administrativos que dieron lugar a la fumigación para constatar si las autoridades municipales tomaron los recaudos pertinentes para ese tipo de práctica.

Fue entonces cuando la Policía Federal se presentó en la municipalidad de Pergamino para cumplir con ese pedido tras recibir la autorización del magistrado y los efectivos se llevaron todos los materiales relacionados con el caso, además de algunos informes con los antecedentes respecto a las medidas que se tomaron con la máquina fumigadora, como condiciones de uso, limpieza de sus tanques y productos utilizados.

En septiembre del año pasado, el mismo Juzgado Federal dispuso que a partir de ese momento no se podía pulverizar a menos de 1.095 metros de cualquier zona urbana de esta ciudad bonaerense ni a menos de 3.000 metros si la práctica es aérea.

Esta decisión se tomó en el marco de una causa por infracciones a la Ley de Residuos Peligrosos y envenenamiento de aguas potables, luego de que un estudio científico hecho en aquel momento sobre una familia de Pergamino determinara que todos sus integrantes tienen daño genético producto de las fumigaciones en este lugar.

En su fallo, el juez Villafuerte Ruzo aclaró en aquella oportunidad que la medida implicaba �Sel no uso de plaguicidas, herbicidas, insecticidas, agroquímicos, productos fitosanitarios, fungicidas, y cualquier otro paquete de agroquímicos mediante fumigaciones terrestres (mosquito, mochila, aspersores) o aéreas, como glifosato como principio activo o sales derivadas del mismo; así como también respecto de los siguientes plaguicidas: Atrazina, Triticonazol, Metolaclor, Acetoclor, Clorpirifos, Glifosato, Imidacloprid, Desetil, 2.4D; y de los siguientes formulados comerciales Roundup Full II, Roundup Max II, Roundup Ultramax⬝.

En los análisis realizados en abril del 2019 en el agua del barrio de Villa Alicia, en esta ciudad bonaerense, se encontraron 18 agroquímicos con alto contenido tóxico, algunos de los cuales se sospecha que pueden generar trastornos en la reproducción y malformaciones congénitas, mientras que de otros se sabe que son cancerígenos, producen mutaciones en el ADN que inducen abortos espontáneos o están prohibidos en Europa.

Fuente: InfoBae

Al menos 32 niños wichi están internados por desnutrición aseguró el ministro de Desarrollo Social de la Nación Daniel Arroyo tras conocerse la noticia de que siete niños habían muerto por este motivo, por lo que el ministro de Defensa Agustín Rossi viajó este lunes a Salta para supervisar las tareas de perforación de pozos para la obtención de agua potable.

Rodolfo Franco, un médico que vive en Misión Chaqueña, dependiente del municipio salteño de Embarcación; hace siete años que atiende a la gente del lugar y creó, junto a su esposa wichí, un merendero en su casa para alimentar a niños y niñas del lugar.

�SLa causa de la desnutrición es el desmonte.

El monte era su habitat, allí tenían su forma habitual de alimentarse a través de la caza, la pesca y la recolección y ya no lo tienen⬝, dijo a Télam.

�SAlgunas personas en las comunidades lograron armar chacras familiares al conseguir pozos de agua, pero después fueron abandonándolas porque es muy difícil sostenerlas; hay que comprar semillas y un montón de cosas más, y desde el momento que se siembra hasta la cosecha pasa mucho tiempo⬝, contó.

El médico aseguró que �Sentre Misión Chaqueña y Misión Carboncito, a 50 kilómetros de Embarcación, suman 6.000 habitantes y yo soy el único médico⬝.

�SMision Carboncito tendrá ahora unos cinco o seis niños de muy bajo peso, otros 70 menores de tres años de bajo peso y unos quinientos niños mayores de tres años con distintos grados de desnutrición⬝, detalló.

A su vez, indicó que en Misión Chaqueña �Shay cerca de 150 niños menores de tres años con bajo peso, 10 con muy bajo peso, y están pasando hambre, sumado a los cuadros de tuberculosis que hay en la zona⬝.

�SEl estado no hace controles de salud a los niños de tres a doce años, así que estimo que habrá alrededor de mil pibes con desnutrición⬝, aseguró.

Por su parte Medardo Avila Vazquez, integrante de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados señaló que �Sse desmontaron más de 1.200.000 hectáreas de monte en los últimos 10 años, entre lo que es la yunga del pedemonte de la cordillera, mas el monte chaqueño⬝.

�SAhí viven unos 60.000 wichí que están en un nivel de vulnerabilidad muy grande al destruirse su habitat por el agronegocio⬝, afirmó.

�SLa gente que antes llevaba una forma de vida adaptada dentro del monte ahora sobrevive como pueden porque incluso cargan agua de donde consiguen con bidones que antes contenían agrotóxicos para las plantaciones⬝, indicó.

Incluso �Shay registros de animales nacidos con malformaciones debido al glifosato⬝.

Por su parte Modesto Rojas, cacique wichí de la comunidad Fwolit ubicada a la altura del kilómetro 5 de la Ruta Nacional 86, en la localidad de Tartagal, contó que en esa zona �Sviven mas o menos 37 comunidades, la mayoria wichí, una comunidad tapiete y tres comunidades guaraní⬝.

Indicó que �Saún no llegó la ayuda a todas las comunidades⬝ y relató: �Sacabo de llegar de la comunidad El Arenal donde no tienen agua potable y los chicos estaban llorando de hambre⬝.

Fuente: Grupo La Provincia

A raíz de un fallo judicial emanado desde el fuero civil y comercial, el gobierno de Santa Fe debió comenzar a realizar inspecciones y controles para evitar la comercialización de frutas y verduras contaminadas con agroquímicos que signifiquen un peligro para la salud de las personas. El diputado radical sostuvo que "el gobierno entrerriano debe avanzar en igual sentido, coordinando acciones interjurisdiccionales y diseñando y aplicando un protocolo propio para llevar adelante controles y sanciones a los fines de evitar que la ciudadanía ingiera alimentos con distintos tipos de tóxicos", señaló.

Al mismo tiempo, el también vicepresidente del Comité Provincial de la UCR recordó que "una porción importante de la producción frutihortícola de Santa Fe es comercializada y consumida en las distintas ciudades de Entre Ríos", a la vez que insistió con la necesidad de "propiciar espacios de trabajo articulado con la universidad, el sector de la producción y los representantes gremiales" para iniciar un camino de "transición" hacia un modelo de producción más sostenible y amigable con la salud de las personas y el ambiente, libre de pesticidas y venenos y con mayor respeto por el valor de la tierra y la diversidad social, cultural y productiva.

"Es necesario que los entrerrianos sepamos lo que estamos comiendo y que saquemos los agrotóxicos de la comida. A nivel gubernamental, el Ejecutivo provincial tiene una oportunidad por delante si avanza prontamente con la reglamentación de la Ley de Agroecología sancionada el año pasado", cerró Solari.