Tras el escándalo a raíz de la filtración de los audios del exfuncionario Diego Spagnuolo, el Gobierno finalmente concretó la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y traspasó sus atribuciones al Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones. Según supo la agencia Noticias Argentinas, se trata de una decisión que se maduraba desde la detección de irregularidades en la agencia que conducía el exabogado del presidente Javier Milei. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció su cierre aunque aclaró que las prestaciones no serán recortadas ni se eliminarán. El hasta entonces interventor Alejandro Vilches asumirá como secretario. “La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, anunció desde la sala de conferencias. Asimismo, remarcó: “La agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”. Para Adorni, la situación “provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación METAS, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario”. “Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, sentenció el funcionario, y completó: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”. Por su parte, aclaró: “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro, porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”.Según precisaron a esta agencia de la catera, la medida busca ordenar el sistema, garantizar el uso transparente de los recursos públicos, fortalecer a los equipos de salud y la atención brindada a los usuarios y sus familias. “Esta transformación no implica una reducción de derechos ni un recorte de prestaciones”, remarcaron. Al respecto, admiten que se trata de un cambio que incluye la unificación de criterios sanitarios y presupuestarios, la eliminación de superposiciones en funciones y competencias y la reducción del 45,7% su estructura jerárquica.“El Gobierno nacional determinó que el reordenamiento institucional es condición indispensable para proteger los recursos públicos, y garantizar que las políticas de discapacidad cumplan efectivamente su finalidad sanitaria”, completaron además.

El esquema, según la fiscalía, funcionó entre 2024 y 2025 a través de compras manipuladas de medicamentos e insumos médicos. Se realizaban licitaciones “reducidas” donde siempre ganaban las mismas droguerías —Profarma, Génesis, New Farma y Floresta— que simulaban competir entre sí para inflar precios. En algunos casos, los medicamentos llegaron a venderse con sobreprecios de hasta 1900%.

Los principales acusados son los exfuncionarios Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini, señalados como organizadores del sistema. Sin embargo, los investigadores creen que detrás de ellos hay empresarios de peso, entre ellos los hermanos Kovalivker, dueños de Suizo Argentina, y mencionan posibles vínculos políticos con figuras cercanas al oficialismo.La investigación se basa en audios filtrados y peritajes de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas que confirman la existencia de una estructura para direccionar contratos y distribuir retornos. El caso, considerado uno de los más graves de los últimos años en materia de corrupción sanitaria, sigue sumando implicados y podría alcanzar nuevos niveles de responsabilidad política.

El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) activó un fuerte aumento de entre 29% y 35% en los valores del nomenclador para prestadores de discapacidad.Según supo Noticias Argentinas a través de un comunicado oficial, esta mejora se aplicará en tres tramos sucesivos entre los meses de octubre y diciembre de 2025.La suba se materializó gracias a una “decisión administrativa del Jefe de Gabinete de la Nación” y, según ANDIS, “busca fortalecer el sistema de atención, garantizando que las prestaciones estén por encima de la inflación proyectada para 2025”.Con este aumento, se verán beneficiados los profesionales y prestadores que brindan servicios esenciales como internaciones, transporte, apoyo educativo y laboral, y atención médica y de rehabilitación.Desde el organismo destacaron que la medida “no solo otorga previsibilidad al sistema, sino que también reconoce el trabajo y el compromiso de los profesionales que acompañan a las personas con discapacidad todos los días”. NA.

Tras el levantamiento del secreto de sumario en la causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el exestratega libertario Fernando Cerimedo declaró ante el fiscal Franco Picardi y aportó datos comprometedores sobre Diego Spagnuolo, exdirector del organismo.Según relató, Spagnuolo se quejaba de manera recurrente por su salario y le comentó que existía un esquema de retornos del 5% vinculado a droguerías proveedoras, el cual —según le transmitieron— funcionaba desde la gestión de Pablo Atchabahian. Cerimedo aseguró además que se mencionaba a Eduardo “Lule” Menem como parte de esa trama.El testimonio también incluyó un capítulo sensible: la relación de Spagnuolo con Javier Milei. De acuerdo a Cerimedo, el exfuncionario le habría contado personalmente al Presidente lo que ocurría. “Milei lo convocó a Olivos, y Spagnuolo le explicó lo que estaba pasando. El Presidente se indignó y le respondió que no podía ser. Incluso le dijo que ya había informado de esto a Sandra Pettovello”, detalló el exasesor.Cerimedo agregó que Spagnuolo reiteraba sus quejas por el bajo salario, por tener que firmar contratos sin obtener beneficios personales y por los problemas detectados en las prestaciones y centros de día.

Un futuro judicial incierto para SpagnuoloEn paralelo, el panorama del exdirector de la ANDIS es cada vez más complejo: tras los allanamientos que revelaron 80 mil dólares y 2.000 euros en una caja de seguridad, sus abogados renunciaron y hasta ahora no designó defensa. La falta de representación alimenta versiones sobre un posible cambio de estrategia y la chance de que se convierta en imputado colaborador.Mientras tanto, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) analiza los contratos con la droguería Suizo Argentina, en paralelo a la auditoría interna que lleva adelante Alejandro Vilches. Los resultados preliminares del informe se conocerán en las próximas semanas y podrían marcar un punto de inflexión en la causa.

El consultor político Fernando Cerimedo, declaró ante el fiscal Franco Picardi en los tribunales de Comodoro Py y aportó datos que complican al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.Según relató, Spagnuolo le habló en distintas oportunidades de “hechos de corrupción” y mencionó directamente el pago de “coimas”. Su testimonio es considerado relevante para la causa que indaga un presunto circuito de sobornos que vincularía a la ANDIS con la droguería Suizo Argentina SA, de la familia Kovalivker.Cerimedo negó haber grabado o difundido los audios que derivaron en el escándalo, aunque admitió que Spagnuolo ya le había comentado irregularidades tiempo atrás. En su descargo, aseguró que nunca se reunió con él en una confitería —como se escucha en la filtración— y remarcó que la relación personal entre ambos había terminado mal, lo que pudo haber alimentado sospechas en su contra.“Yo tuve un diario que apoyaba al Gobierno y cargué con la campaña. ¿Para qué voy a hacer estallar esa bomba? ¿Con qué fin, para dañar al pelado?”, expresó ante el fiscal, en referencia al impacto político que generó la divulgación de las grabaciones. Con estas declaraciones, la Justicia busca esclarecer si existió efectivamente una red de coimas en el organismo que dirigió Spagnuolo y si hubo participación de actores privados en el esquema.