Por Karina Poritzker - El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó este viernes un nuevo intento del presidente de la AFA Claudio Tapia y del tesorero Pablo Toviggino para cerrar la causa penal por retención indebida de aportes, en la que ambos están procesados y tienen prohibido salir del país. Ambos dirigentes pretendían que se les concediera una “reparación integral del daño” porque la deuda reclamada por el fisco ya fue saldada.El magistrado no hizo lugar al planteo de “excepción por falta de acción”, con lo cual la causa seguirá adelante. Se encamina a una definición en la Cámara Nacional en lo Penal Económico, que tiene bajo análisis los procesamientos de los dirigentes futbolísticos y fijó audiencia para el 5 de mayo.

Al rechazar lo postulado por la defensa de Toviggino, a quien luego se sumaron los demás acusados, el juez Amarante advirtió que hay “imposibilidad de acordar esta clase de beneficios en los casos de delitos de apropiación de tributos y de recursos de la seguridad social”.Conceder ese beneficio cuando se cumplió de “manera extemporánea” con las obligaciones de pago sería “contrariar la política criminal que subyace a la tipificación de estos delitos, orientada precisamente a reprimir la conducta del agente de retención o percepción que desvía para fines ajenos los importes que obran en su poder y que debían ser ingresados al Fisco”.

El planteo defensista sostuvo que la cancelación de las obligaciones reclamadas por el fisco —incluidos los intereses resarcitorios— debía ser equiparada a una reparación total del perjuicio económico, lo que habilitaría el cierre del proceso penal.Pero Amarante advirtió que el “desvalor” de esas conductas “se proyecta sobre intereses de mayor amplitud y contenido social que trascienden el perjuicio estrictamente pecuniario”.El fiscal de la causa, Claudio Navas Rial, había dictaminado ya por rechazar el pedido y continuar adelante con la causa penal que investiga presuntas irregularidades por la retención indebida de aportes al IVA e Impuesto a las Ganancias por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Para el acusador, el pago de la deuda no constituye una “reparación integral” del daño causado. El fiscal argumentó que “el simple pago del monto adeudado no alcanza ni reviste en sí mismo el carácter integral” exigido por la ley, ya que no contempla “el daño global ocasionado al sistema tributario y de la seguridad social”.En particular, se remarcó que la AFA actuaba como agente de retención, es decir, como representante del Estado en la recaudación, “lo que agrava la responsabilidad por la falta de ingreso de los fondos en tiempo y forma”.

El fiscal también advirtió que aceptar ese criterio implicaría “hacer entrar por la ventana conductas no contempladas” dentro de este mecanismo excepcional de extinción de la acción penal. En esa línea, subrayó que “una verdadera reparación integral debe incluir no solo el capital omitido, sino también una evaluación más amplia del perjuicio: el impacto sobre los trabajadores y beneficiarios del sistema, el daño al equilibrio previsional y los costos generados para los organismos de control y el sistema judicial”.

En un dictamen de 181 carillas al que accedió Infobae y ahora está a estudio del juez del caso, el fiscal Pedro Simón sostuvo que Tapia y Toviggino habrían usado empresas de este último “como fachada y para ejecutar negocios ilícitos” con dinero de la Asociación del Fútbol Argentino.La fiscalía acusó a ambos dirigentes futbolísticos por presunta asociación ilícita agravada y lavado de activos en una investigación que involucra bienes dentro y fuera de Santiago del Estero, de donde es oriundo el tesorero de AFA. También imputó a sus familiares y otros allegados. En total reclamó detener a 24 acusados y sólo dejó fuera de ese pedido a dos hijos de Toviggino debido a su edad. Reclamó también la inhibición general de bienes para todos.Según la acusación, muchos de los acusados habrían actuado como testaferros “asumiendo la titularidad de bienes” que serían de Toviggino. De hecho el listado incluye a Luciano Pantano y a su madre Ana Conte, titulares de la sociedad Real Central, dueña de la casaquinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares y ya investigados en otra causa penal en un juzgado federal de Campana, Buenos Aires.El fiscal acusó por a todos por “una defraudación sistemática, organizada y prolongada en el tiempo en perjuicio de la Asociación del Fútbol Argentino” en el marco de “una organización criminal asentada y coordinada que operó, al menos, desde el año 2018 hasta el 2026”.El dictamen da cuenta de que la AFA “transfirió un total de $3.633.013.825,80 (tres mil seiscientos treinta y tres millones trece mil ochocientos veinticinco pesos con 80/100), a las cuentas de SOMA, MALTE, SEGON, SERVICIOS LINDOR y SERVICIOS NEURUS”, las empresas investigadas, todas integradas por “personas de confianza” del tesorero y de su núcleo íntimo. “Todos ellos cumplieron un rol esencial, organizado y coordinado en esta operación”, continuó el dictamen.“Las sociedades emitieron facturas a favor de la AFA para justificar el motivo del envío de fondos de parte de la institución a las empresas. Sin embargo, no prestaron los servicios declarados en las facturas a favor de la Asociación”.Una vez que las empresas recibían las transferencias de parte de la AFA, “ emitían facturas a favor de ellas mismas (facturas inter-bloque) para dificultar el rastreo del dinero”. Pidió medidas de prueba e implantar el secreto de sumario.

El tesorero, presunto jefeAl tesorero de la AFA lo consideró “jefe” de la asociación ilícita. En cuanto a Tapia advirtió que “en su calidad de presidente de la AFA, habría convalidado y permitido la sustracción de fondos de la Asociación al autorizar las transferencias a favor de las empresas de Toviggino, con presunto conocimiento del motivo real por el que se giraba el dinero”.La fiscalía remarcó que Toviggino es el tesorero de la AFA, “fue y es, actualmente, presidente de la Liga Santiagueña de Fútbol y de la Asociación Mutual Acceda Ya de la Provincia de Santiago del Estero”. “Se vincula directamente con Claudio Fabián Tapia, quien es el presidente de la AFA y con María Florencia Sartirana, ex encargada de finanzas de la AFA y actual pareja de Toviggino”, recordó.Entre ellos y otros imputados se formó una asociación ilícita que “montó una estructura societaria” con emisión de facturas por servicios no prestados a la AFA.Las sociedades emitían facturas entre ellas para dificultar el rastreo del dinero y “habrían sido utilizadas como vehículos para canalizar fondos, simular operaciones y disimular su origen ilícito”.En ese marco, acusó al tesorero de adquirir “bienes a nombre de las sociedades pero para su uso y goce exclusivo” y así “disimular la procedencia real”. Según explicaron fuentes judiciales, habría 35 propiedades en esa provincia a nombre de sociedades que aparecen vinculadas a Toviggino y sus allegados.El fiscal aludió a la presunta “existencia de una organización estable y coordinada orientada a la captación y disposición de fondos de origen ilícito”.En el dictamen aparecen sociedades como Malte que, según el fiscal, integran una red. Esta última es ya investigada en la causa que tramita en la localidad bonaerense de Campana. El expediente de Santiago del Estero se inició el 8 de diciembre de 2025 a partir de una denuncia de un particular que llegó por correo electrónico a la fiscalía y a partir de allí se abrió una investigación preliminar.Entre las medidas de prueba reclamó allanamientos y peritajes. La decisión sobre estos planteos deberá tomarla el juez de Tucumán Guillermo Díaz.

Peligro de fugaEl fiscal reclamó que todos sean detenidos para ser indagados ante riesgo de fuga y porque los delitos atribuidos poseen una pena mínima de ocho años de prisión que prevén una condena efectiva. “Existen los peligros procesales de fuga y entorpecimiento”, aseguró.El tesorero y Tapia ya están bajo investigación en otra causa que se tramita en Campana, a cargo del juez federal Adrián González Charvay. Precisamente la Cámara Federal de Casación debe resolver si esta pesquisa vuelve al ámbito de la ciudad de Buenos Aires o permanece en este juzgado. Infobae.

La Justicia avanzó en la causa que investiga presuntas irregularidades en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y resolvió procesar a Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino, Nicolás Malaspina, Victor Blanco y Gustavo Lorenzo por el delito de retención indebida de aportes.La medida fue firmada en las últimas horas por el juez Diego Amarante, quien dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de los imputados, al considerar que existen elementos suficientes para vincularlos prima facie con los hechos investigados.Además, el magistrado ordenó el embargo por 350 millones de pesos para los principales implicados como parte del avance del expediente judicial, en el marco de una causa que apunta a irregularidades vinculadas a aportes y recursos del sistema, según supo la Agencia Noticias Argentinas.También se dispuso sobre ambos dirigentes de la AFA “la obligación de no ausentarse de sus respectivos domicilios por un término mayor a las 72 horas sin poner en conocimiento dicha circunstancia al Tribunal”.Por ende, Tapia deberá pedir permiso a la Justicia para concurrir este martes a la Bombonera para el partido amistoso que disputará la Selección contra su similar de Zambia, uno de los últimos partidos que jugará Lionel Messi con la camiseta albiceleste.La investigación, impulsada tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), estima una evasión y retención de fondos por una suma superior a 19.000 millones de pesos correspondientes a los períodos 2024 y 2025.La defensa de los dirigentes sostiene que la causa “carece de tipicidad” y que la AFA no cometió delito alguno. Sin embargo, la justicia decidió mantener la prohibición de la salida del país para Tapia y Toviggino, quienes en sus declaraciones indagatorias previas habían optado por presentar escritos sin responder preguntasHasta el momento, Tapia no emitió ningún tipo de declaración al respecto. Su último mensaje público se dio a cononcer el domingo, cuando celebró sus “nueve años de gestión”, donde respaldó su conducción y, además de los logros deportivos, destacó ”un balance económico positivo”, en un contexto marcado por una fuerte investigación judicial.El juez en lo Penal Económico citó a Tapia y a Toviggino y a otros dirigentes a declarar en tribunales semanas atrás por la presunta apropiación indebida de retenciones impositivas.También les había prohibido a ambos salir del país, a cuatro meses para el Mundial de Estados Unidos, aunque luego le otorgó a Tapia el permiso correspondiente.La causa investiga la supuesta apropiación indebida de más de $19.353 millones correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

El juez federal Adrián González Charvay ordenó nuevos allanamientos en las sedes de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en busca de información contable de la empresa TourProdEnter, del empresario Javier Faroni.Los operativos se llevan adelante en las sedes de la AFA de la calle Viamonte, en Capital Federal, y en el predio ubicado en Ezeiza. Mientras el primero lleva más de 10 horas, el segundo finalizó con el secuestro de una computadora.El juez González Charvay tiene a su cargo dos investigaciones: la de la megamansión en Pilar a nombre del monotributista Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte y, por otro lado, la vinculada a los fondos de la AFA que la empresa de Faroni manejó en el exterior.Charvay busca unificar en su juzgado todas las causas contra la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). Entre ellas está la investigación por las denuncias contra la empresa Tourprodenter LLC, del empresario Javier Faroni.Con ese objetivo, González Charvay les había pedido a sus colegas Paula Petazzi y Luis Armella que abandonen la investigación y remitan todos los expedientes a su juzgado.La hipótesis principal es que la compañía administró US$260 millones de la AFA en el exterior, y que habría desviado al menos US$42 millones a un grupo de compañías presuntamente falsas. La empresa fue inscripta en Miami por Erica Gillette, esposa de Faroni.Las maniobras se habrían canalizado por medio de contratos de explotación de derechos de la Selección con empresas radicadas en distintos países, firmados por la conducción de la AFA, con Claudio “Chiqui” Tapia a la cabeza y su Tesorero y mano derecha, Pablo Toviggino.Durante la investigación también se supo que la empresa de Faroni pagó el alquiler de un yate de lujo que usó Tapia en el Principado de Mónaco en agosto de 2024.El dato surge de comprobantes bancarios que registran una transferencia realizada el 22 de julio de 2024 desde una cuenta de TourProdEnter en el Bank of America a la empresa West Nautical Limited, por un monto total de 142.893 dólares.La fecha, el destinatario del pago y el modelo del barco coinciden con el yate en el que se vio a Tapia durante ese mes, en una imagen que se viralizó en redes sociales luego de los Juegos Olímpicos de París.El circuito financiero bajo análisis habría administrado cerca de US$300 millones en el exterior, provenientes de contratos de sponsoreo, derechos de transmisión y partidos amistosos de la selección argentina, canalizados a través de TourProdEnter LLC.El mes pasado, Armella ordenó también investigar las cuentas bancarias de la empresa que administra los fondos de la AFA en el exterior y de cuatro sociedades fantasma que, según la investigación, recibieron dinero de parte TourProdEnter.En concreto, el juez Armella ordenó librar oficio al Banco Coinag para que informe de manera detallada todos los productos bancarios (cuentas corrientes, cajas de ahorro y plazos fijos, con sus respectivos extractos históricos) correspondientes a TourProdEnter LLC y a otras cuatro sociedades: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC.Consultadas por TN, fuentes del Coinag indicaron que TourProdEnter LLC, Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC, nunca fueron clientes del Coinag.Para los investigadores, se trata de estructuras societarias sin actividad económica clara, utilizadas para recibir y mover fondos provenientes de la firma liderada por Faroni.Cuando comenzó la investigación, la AFA publicó un extenso comunicado titulado “La única verdad es la realidad”, en el que salió a responder las filtraciones y cuestionamientos sobre los pagos de comisiones a la empresa de Faroni.En ese texto, la entidad justificó el pago de 30% de comisión por los contratos obtenidos fuera del país y sostuvo que, desde 2017, la actual conducción logró revertir acuerdos históricamente desfavorables para la AFA.  (TN)

Por Facundo Chaves - La Inspección General de Justicia, el organismo de control societario, solicitó al Ministerio de Justicia de la Nación la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que preside Claudio “Chiqui” Tapia, con el fin de acceder a información contable y financiera que, según el organismo, fue requerida y no entregada por la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia. La medida se formalizó a través de una Resolución Particular firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo, tras detectar “graves irregularidades”.La solicitud, a la que accedió Infobae, establece una veeduría –no una intervención plena–, centrada en el análisis de los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025, la auditoría integral del proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), institución educativa en trámite de creación por la AFA, y la revisión de las relaciones comerciales y financieras de la AFA con empresas y personas vinculadas a la comercialización de derechos y operaciones financieras.En un comunicado, el Ministerio de Justicia informó en un comunicado que “la IGJ avanza con la solicitud de veedores en la AFA debido a la gravedad de las irregularidades”. La respuesta desde la Asociación del Fútbol Argentino provino del abogado Gregorio Dalbón: “La IGJ puede fiscalizar. Lo que no puede es convertir una facultad de control en una herramienta de presión política”.La resolución -cuya notificación se hizo a la AFA de manera formal este mediodía- ordena que los veedores “obtener, recabar y compulsar la documentación y/o información solicitada y negada” por la AFA, además de verificar la posible existencia de “otros actos graves que importen la violación de la ley, el estatuto o los reglamentos” de la entidad.Entre las tareas asignadas se incluye la presentación de un informe sobre los estados contables y financieros cerrados al 30 de junio de 2025. El examen implicará analizar detalladamente cuentas y partidas, y emitir una opinión sobre el cumplimiento de obligaciones impositivas, previsionales y contributivas durante ese ejercicio, considerando tanto la consistencia contable como el comportamiento fiscal de la institución.La auditoría abarcará toda la documentación relacionada con la creación, puesta en marcha y equipamiento de la Universidad de la AFA (UNAFA), incluyendo operaciones patrimoniales y financieras, adquisición de inmuebles y bienes muebles, contratación de personal directivo y autoridades, y convenios celebrados con universidades u otros terceros. El foco institucional se coloca en la trazabilidad de los fondos utilizados y en la regularidad jurídica de las decisiones adoptadas.Uno de los puntos más sensibles dentro de la investigación es la revisión de las relaciones comerciales y financieras que mantiene la AFA con la firma TourProdEnter LLC, los empresarios Javier Faroni y Erica Gillette, Sur Finanzas S.A., sus sociedades vinculadas y el denominado Grupo Sur Finanzas, entre ellos el empresario Ariel Vallejo. Los veedores deberán auditar e informar sobre los montos percibidos por TourProdEnter en su carácter de comercializador de derechos de la AFA, las rendiciones de cuentas, las remesas internacionales y los fondos ingresados al país, reconstruyendo el flujo financiero completo de estos acuerdos.La revisión también abarcará cualquier otra información necesaria para que la IGJ cumpla su función de control, en especial en lo referido al Libro I, Título II, Capítulo 2° del Código Civil y Comercial de la Nación, los artículos de la Resolución General IGJ N° 15/2024 y la Ley 22.315.Para el cumplimiento de estas funciones, los veedores tendrán facultades amplias para examinar libros societarios, documentación contable, soportes documentales y otros registros vinculados con la misión encomendada.Vítolo aclaró que la veeduría “no implica sanción ni prejuzgamiento alguno”, sino que forma parte del ejercicio regular de las funciones de fiscalización previstas por ley. Agregó: “No es ninguna interferencia en el manejo y administración de la AFA en ninguno de sus campos de decisión ni actuación. La única finalidad es contar con información completa y verificable para determinar si corresponde adoptar medidas adicionales”.“Reafirmamos que en la nueva Argentina del presidente Javier Milei no hay privilegios. Todas las asociaciones civiles, sin excepción, deben acatar sus obligaciones legales y contables. Nadie está por encima de la Ley”, sostuvo el funcionario.Este pedido se formula tras un episodio reciente en el que la IGJ rechazó la pretensión de la AFA de inscribir un cambio de domicilio a la provincia de Buenos Aires. Según Vítolo, el intento de traslado no cumplió con los requisitos legales y, según el organismo, se detectó una sede social falsa, ya que en el lugar declarado se comprobó que la AFA no realiza allí su administración y gobierno.La IGJ afirmó: “La realidad es la única verdad, y la AFA no ha mudado en realidad su domicilio a la Provincia de Buenos Aires y mantiene hoy su sede social en la calle Viamonte 1366 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Por lo tanto, la AFA continúa bajo la jurisdicción de la IGJ. Si el cambio de domicilio se hubiera inscrito conforme, la fiscalización habría pasado a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense, excluyendo a la IGJ. Así, la disputa por la sede define quién ejerce el control institucional.El proyecto de la Universidad de la AFA (UNAFA), presentado como una apuesta a la profesionalización y formación académica en el ámbito deportivo, supone una expansión institucional. Para la IGJ, el foco está en la regularidad jurídica y financiera del proceso; se auditarán la adquisición de inmuebles, equipamiento, contratación de autoridades y convenios con terceros para verificar que las decisiones se hayan adoptado conforme al estatuto y las normas aplicables a asociaciones civiles.La relación con TourProdEnter LLC y el Grupo Sur Finanzas representa una de las áreas bajo mayor examen. La comercialización de derechos, ya sean televisivos, publicitarios o de otra naturaleza, representa una de las principales fuentes de ingresos de la AFA. El pedido de detalle sobre montos percibidos, rendiciones de cuentas y remesas internacionales busca reconstruir la arquitectura financiera de esos contratos: interesa no solo cuánto se facturó y cobró, sino también cómo se distribuyeron los ingresos, qué intermediaciones existieron y qué flujo de fondos se canalizó hacia o desde el exterior. El objetivo del organismo de control es determinar si se cumplieron las normas contables, fiscales y estatutarias, mientras que el análisis de estos vínculos podría tensar la relación con actores empresariales de peso.La designación de los veedores queda ahora en manos del Ministerio de Justicia. Si se concreta, comenzará una etapa de inspección que podría extenderse durante meses y cuyos resultados podrían llevar a nuevas medidas, desde requerimientos adicionales hasta eventuales sanciones si se detectan irregularidades. La AFA, por su parte, decidirá si colabora con la veeduría o si judicializa la medida por considerar que excede las facultades legales del organismo.Tras la difusión de la solicitud de nombrar veedores en la AFA, el abogado Dalbón afirmó que la entidad “es una asociación civil que aprobó sus estados contables por asamblea, con auditorías externas y cumplimiento impositivo vigente. Si la información fue requerida, se entrega por los canales institucionales. Para eso existen los procedimientos administrativos, no los titulares mediáticos”.“La llamada veeduría no es una sanción. Y si no hay sanción ni prejuzgamiento, entonces tampoco hay “graves irregularidades” probadas. Hay, en todo caso, una revisión en trámite. La IGJ no gobierna la AFA. La fiscaliza dentro de los límites de la Ley 22.315 y del Código Civil y Comercial. No puede reemplazar a la voluntad soberana de una asamblea ni utilizar disputas administrativas (como el domicilio) para ampliar su poder de control”.

En el texto, la entidad sostuvo que no existe deuda exigible relacionada con las obligaciones consignadas en la denuncia y subrayó que los pagos en cuestión fueron efectuados de forma voluntaria antes de su vencimiento.

La AFA explicó que ese argumento ya fue planteado ante el tribunal interviniente y actualmente se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones. Además, cuestionó la actitud del organismo recaudador ARCA, al considerar que intenta convertir obligaciones aún no vencidas —y por lo tanto no cobrables— en la base de un supuesto delito penal tributario, postura que calificaron como contraria a la normativa vigente.

En paralelo, la institución informó que durante la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional los dirigentes resolvieron por unanimidad solicitar la suspensión de la fecha 9 del torneo, prevista entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo. La medida también alcanzaría al resto de las categorías del fútbol argentino.

La decisión fue presentada como una señal de repudio a la denuncia impulsada por ARCA y como un respaldo institucional a las autoridades involucradas, en medio de un conflicto judicial que ahora suma impacto directo en la organización del calendario del fútbol local.

Por Facundo Chaves Y Karina Poritzker - El juez en lo penal económico Diego Amarante citó a declaración indagatoria al presidente de la AFA Claudio Tapia y al tesorero Pablo Toviggino y les prohibió salir del país en la causa que investiga presunta apropiación indebida de aportes por $19.353.546.843,85 vinculada a retenciones impositivas y de seguridad social que, según la denuncia, fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.El magistrado hizo lugar a un pedido de la querella de ARCA y convocó a la AFA como asociación y a Tapia para el 5 de marzo mientras que el tesorero Toviggino deberá presentarse el 6 de ese mes. La citación abarca a la totalidad de la comisión directiva y además se les prohibió la salida del país, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.“En orden a lo solicitado y existiendo motivos suficientes para sospechar la participación de los nombrados en los hechos investigados, cítese a la Asociación del Fútbol Argentino y a Claudio Fabián Tapia a las audiencias que se fijan para el día 5 de marzo de 2026 a las 10:30 y 12:00 horas, respectivamente”, resolvió el juez.Al tesorero Toviggino y al también integrante de la comisión directiva Gustavo Lorenzo se los citó para el 6 de marzo a las 10:30 y 12:00; en tanto que Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Malaspina, deberán presentarse el 9 de marzo a las 10:30 y 12:00 en el juzgado con sede en avenida de los Inmigrantes 1950 de la ciudad de Buenos Aires.En su resolución, el magistrado advirtió sobre “ la gravedad de los hechos investigados” y la “severidad de la pena en expectativa” y prohibió salir del país a todos los acusados.Hasta el momento sólo tienen defensa designada en la causa la AFA y su titular, Tapia, ante lo cual el juez invitó a los demás imputados a nombrar abogados de su confianza dentro del tercer día de notificados. De no hacerlo se les designará Defensor Público Oficial.De manera paralela, los abogados de AFA apelaron ya ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico el rechazo del juez a dictar sobreseimientos en base a un planteo de “excepción de falta de acción”, con lo cual la cuestión será revisada por el Tribunal de Apelaciones.

Un pedido de ARCALa decisión surge luego de un pedido de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) , que encabeza Andrés Vázquez, que había solicitado más temprano la citación en un expediente que investiga la presunta apropiación indebida de $19.353.546.843,85 vinculada a retenciones impositivas y de seguridad social que, según la denuncia, fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.La presentación, realizada ante el fuero en lo Penal Económico, sostiene que existe un “grado de sospecha suficiente” para citar a los directivos en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación. La denuncia original fue presentada el 12 de diciembre de 2025 y ampliada el 18 del mismo mes. La investigación abarca 69 hechos independientes ocurridos en ese período, según consta en el expediente al que accedió Infobae.De acuerdo con la documentación judicial, el monto total surge de la presunta falta de ingreso de distintos conceptos que la AFA, en su carácter de agente de retención y percepción, habría retenido pero no transferido al fisco. El expediente desglosa los importes mes a mes: retenciones de IVA, retenciones del Impuesto a las Ganancias —incluido el régimen del artículo 79— y retenciones de contribuciones a la seguridad social.Entre los totales acumulados investigados figuran: $663.340.652,50 en retenciones de IVA, $1.998.652.056,40 en retenciones de Ganancias, $8.016.291.166,48 bajo el régimen del artículo 79 de Ganancias y $8.675.262.968,47 en contribuciones a la seguridad social. Julio de 2025 fue el mes con la cifra más alta, con $2.854.022.660,98, seguido por septiembre, con $1.730.951.796,37. Según la hipótesis fiscal, estos montos habrían sido efectivamente retenidos o percibidos, pero no ingresados dentro del plazo legal de 30 días corridos tras su vencimiento.La querella invoca los artículos 4° y 7° del Régimen Penal Tributario vigente al momento de los hechos, que prevén penas de dos a seis años de prisión para los agentes de retención o percepción que no depositen, total o parcialmente, los importes retenidos cuando superan determinados mínimos mensuales. Se recuerda que la Corte Suprema de Justicia, en el precedente “Lambruschi”, caracterizó este delito como de omisión instantánea, consumado cuando el depósito no se realiza dentro del plazo establecido.ARCA afirma que en este caso se verifican los tres elementos estructurales del delito de omisión: el deber jurídico de actuar, la capacidad fáctica de cumplir con ese deber y la ausencia de la acción esperada. Uno de los puntos centrales del planteo radica en la presunta capacidad financiera de la AFA durante el período investigado. El escrito sostiene que la entidad registró “abultadas acreditaciones bancarias” y que, solo en diciembre de 2024, habría recibido más de $45.000 millones. Además, durante 2024 y 2025 constituyó múltiples plazos fijos en pesos y dólares.La querella sostiene que estos elementos descartarían una imposibilidad material de pago y reforzarían la hipótesis de que la falta de ingreso fue una decisión deliberada. Se cita jurisprudencia que establece que los importes retenidos no pertenecen a la entidad, sino a los contribuyentes afectados, y que el agente de retención actúa como intermediario ante el fisco.El pedido de indagatoria alcanza, además de Tapia y Toviggino, al secretario general Cristian Ariel Malaspina (desde 2025), al director general Gustavo Roberto Lorenzo y al ex secretario general Víctor Blanco Rodríguez. El escrito reconstruye el esquema interno de decisiones a partir de testimonios del personal administrativo. Según el expediente, la gerencia de Administración y Control confeccionaba las declaraciones juradas y comunicaba los vencimientos al tesorero, quien daba la orden de pago y generaba el Volante Electrónico de Pago (VEP). Las testigos indicaron que el tesorero tomaba las decisiones financieras y contables, mientras que el presidente y el secretario general firmaban los estados contables anuales.La querella argumenta que resulta “difícil suponer” que una decisión de no ingresar sumas de tal magnitud durante 19 meses consecutivos pudiera adoptarse sin el conocimiento del resto de la conducción. Se destaca que los balances correspondientes a 2023 y 2024 fueron firmados por el presidente, el tesorero y el secretario general, lo que, según la acusación, indicaría que estaban al tanto de la situación financiera y de las deudas registradas.El planteo también subraya la continuidad temporal de la conducta investigada: la presunta omisión se habría extendido durante 19 meses consecutivos, de marzo de 2024 a septiembre de 2025, lo que, según la querella, descarta que se trate de una situación excepcional o un error administrativo y permitiría inferir la existencia de dolo en esta etapa procesal.La declaración indagatoria constituye el primer acto formal de defensa en el proceso penal, en el que el juez comunica los hechos y las pruebas, y el imputado puede declarar o abstenerse. ARCA enfatiza que la indagatoria garantiza el derecho de defensa y contribuye a la averiguación de la verdad. Para que proceda, el juez debe considerar que existe una “sospecha bastante” basada en elementos objetivos de convicción, umbral que, según la querella, estaría cumplido.El 26 de diciembre de 2025, el fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 11 formuló el requerimiento de instrucción, impulsando formalmente la acción penal. El juzgado debe ahora resolver si hace lugar al pedido de citación a indagatoria, lo que, de concretarse, sería la primera vez que el actual presidente de la AFA enfrenta una instancia de este tipo por presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario vinculadas a su gestión. El expediente se enmarca en un contexto de mayor escrutinio sobre el cumplimiento fiscal de grandes contribuyentes y entidades con alto volumen de operaciones.Por el momento, el planteo de ARCA constituye una acusación en etapa preliminar. La eventual responsabilidad penal de los involucrados deberá determinarse a lo largo de la instrucción y, en su caso, en un eventual juicio oral. Infobae.

El juez Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional 2 de Lomas de Zamora, le solicitó al Banco Credicoop un informe detallado de los movimientos de las cuentas de la Asociación del Fútbol Argentino en esa entidad desde el 1° de enero de 2021 hasta la fecha, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero que involucra al Club Atlético Banfield y a la empresa Sur Finanzas.El requerimiento sobre la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia afecta a ”todas las cuentas de la que resulte titular o co-titular la Asociación de Fútbol de Argentina” y se pide que se señale “tipo, moneda y número de cuenta, número de CBU y los titulares, autorizados, cotitulares, apoderados, firmantes, debiéndose detallar todos los movimientos que cuenten en cada producto desde su apertura de cuentas”.Asimismo, “en caso de poseer cajas de seguridad, se deberá indicar las medidas de las mismas, los titulares y autorizados, como así también sus registros de ingresos”.Por otro lado, se solicitó que “se confeccione un cuadro detallando las sumas acreditadas y debitadas en la cuentas identificadas, agrupando los movimientos por concepto y por mes calendario, identificando asimismo, libradores y endosantes de los cheques debitados y acreditados, como así también a las personas humanas o jurídicas involucradas en las transferencias vinculadas a las cuentas (especificando en el caso de transferencias del exterior país receptor y beneficiario final), y de quienes hayan retirado o depositado dinero en efectivo”.“Para el caso de cuentas comitentes se deberá brindar el detalle de posiciones, en relación a las operaciones de cambio se informen fechas y montos de las operaciones y documentación adicional que se hubiere presentado en caso de corresponder, de ser préstamos se informen montos iniciales y formas de evolución de cancelación de cuotas, y para los plazos fijos se detalle la inversión inicial, los intereses devengados, y en su caso si hubo reprogramaciones”, agrega el requerimiento.En la solicitud de información al Banco Coinag, además de Faroni y Gillette, se menciona a los cuatro titulares de las cuatro sociedades de responsabilidad limitada constituidas en Florida, Estados Unidos, que recibieron 42 millones de dólares: Javier Alejandro Ojeda Jara, Mariela Marisa Schmalz, Verónica Inés López y Roberto Josué Salice, “quienes figurarían como administradores, managers o beneficiarios formales” de las sociedades investigadas “pese a presentar perfiles económicos incompatibles con los montos administrados, lo que resulta consistente con esquemas de interposición de prestanombres”, según se explicó a fines del año pasado en un dictamen fiscal que levantó los secretos fiscal y bancario de los involucrados.También están mencionados dirigentes y ex dirigentes del Club Atlético Banfield, así como el Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña y la empresa Sur Finanzas PSP, de Ariel Vallejo, que tenía distintos tipos de vínculos con numerosos clubes, como Barracas Central, Platense, Racing Club, Los Andes, Temperley, Deportivo Armenio, Dock Sud y Excursionistas, entre otros.En ese sentido, se le requirió a la División Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina que “realice un estudio integral sobre el patrimonio del Club Atlético Banfield Asociación Civil y del Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña, debiendo informar la trazabilidad de los ingresos extraordinarios: si los fondos provenientes del préstamo de la firma Auriga S.A. ingresaron efectivamente al patrimonio neto del Club, detallando fecha, cuenta bancaria de destino y concepto contable”. 

Además, se pidió un “análisis de la operatoria con Sur Finanzas PSP, determinando si existen registros de fondos cursados a través de la plataforma de pagos de Sur Finanzas y si estos fueron debidamente exteriorizados en los balances de los del Club Atlético Banfield”, así como un “examen de pasivos y contratos: relevamiento de los contratos de mutuo, descuento de cheques y/o sponsorización, informando la Tasa Efectiva Real pactada en comparación con las tasas de mercado vigentes al momento de la suscripción, a fin de determinar el presunto perjuicio patrimonial para la entidad deportiva”.También se requirió una “auditoría de sponsorización”, a fin de “determinar si los contratos de publicidad del Club Atlético Banfield con Sur Finanzas y sus vinculadas se corresponden con prestaciones reales. Para ello, deberán compulsarse las actas de allanamiento y material secuestrado buscando evidencia de activaciones publicitarias efectivas (estática, indumentaria, eventos) y si los montos abonados guardan correlación con valores de mercado para instituciones de similar jerarquía”.Cuando en su momento la fiscal Cecilia Incardona pidió que se allanaran los clubes, en el mes de diciembre, destacó que “el crecimiento de Sur Finanzas como sponsor y prestamista coincide con la etapa en la que Tapia consolida su poder en AFA y en la Liga Profesional”.

El futuro de la denuncia por fraude financiero en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sustentada en documentos bancarios remitidos por Estados Unidos, enfrenta en estos días una decisión clave de la Justicia argentina. El núcleo del litigio reside en más de 3.000 páginas de registros bancarios ligados a la empresa TourProdEnter, propiedad de Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, obtenidas mediante procedimientos de información en la justicia estadounidense.Si la Cámara Criminal y Correccional ratifica la incompetencia dictada por la jueza Paula Petazzi, el expediente y toda la prueba documental podrían pasar al juzgado federal 2 de Lomas de Zamora. Esta transferencia de jurisdicción afecta directamente la estrategia procesal de los denunciantes y acusados.En las últimas semanas de enero, el juez Luis Armella avanzó en la investigación de posibles maniobras de lavado y desvío de fondos, señalando en particular a cuatro sociedades constituidas en Florida: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC, que —según los documentos— habrían recibido al menos USD 42 millones pese a no registrar empleados ni actividad comercial declarada. La Nación consignó que en las próximas horas podrían activarse nuevas medidas patrimoniales sobre los implicados. Al respecto, fuentes judiciales señalaron que hay expectativa por la decisión del camarista Ignacio Rodríguez Varela, de quien depende la continuidad procesal del caso en el fuero penal ordinario o federal.El origen inmediato de esta disputa judicial se da tras la denuncia impulsada por Guillermo Tofoni el 29 de diciembre. El empresario acusó a la cúpula de la AFA, a Faroni y Gillette por presunta administración fraudulenta y asociación ilícita. Tofoni decidió presentarse ante la justicia penal y correccional, tras haber sufrido reveses en la vía federal. Sin embargo, al día siguiente de la denuncia, la fiscal Silvana Russi solicitó remitir la causa al fuero federal de Lomas de Zamora, argumentando la necesidad de evitar investigaciones paralelas debido a la magnitud y complejidad de los hechos.“Atento a la naturaleza y complejidad de los hechos denunciados, no corresponde llevar a cabo investigaciones paralelas, en tanto se requiere una visión conjunta de los movimientos financieros, los vínculos contractuales y las estructuras societarias involucradas”, sostuvo la fiscal.La jueza Petazzi acompañó el criterio de la fiscal y el 2 de enero declinó su competencia, para no generar “superposiciones innecesarias”. Tofoni apeló y la decisión ahora recayó en la Sala V, donde el camarista Rodríguez Varela debe resolver si corresponde mantener el caso bajo jurisdicción ordinaria o enviar todo a Lomas de Zamora. Esta resolución es clave, ya que determina el destino de todas las pruebas bancarias transferidas desde Estados Unidos sobre TourProdEnter.El expediente movilizó a la justicia durante el receso de enero. En el fuero federal, Armella allanó tanto el domicilio de Faroni en Nordelta como la sede de la AFA en la calle Viamonte. Entre la documentación incautada sobresale el contrato entre TourProdEnter y la AFA, cuyo contenido detalla que la empresa de Faroni recibió el 30% de todos los ingresos comerciales en el exterior y además el 10% de todas las salidas de dinero de logística desde diciembre de 2021.Paralelamente, en Campana, el juez Adrián González Charvay analiza el expediente sobre la “mansión de Pilar”, investigación que fue trasferida a su jurisdicción a pedido de los presuntos testaferros Luciano Pantano y Ana Conte.La actividad durante la feriaA comienzos de enero, los movimientos procesales continuaron: se notificó formalmente a los dirigentes de AFA, y por una breve instancia, fueron asistidos por defensor oficial hasta que designaron como representante al abogado Alejandro Higa, el mismo que impulsó en 2024 el amparo judicial contra la autorización para convertir clubes en sociedades anónimas deportivas.Además, fijaron como domicilio legal la sede polémica de Mercedes 1.366, en Pilar, que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cuestiona como parte de una maniobra para evadir controles y donde solo se halló un cartel con el texto: “Próximamente, sede social y museo de los campeones del mundo”.La definición sobre el destino de las pruebas que aportó la justicia de Estados Unidos y la orientación que tomarán los expedientes conexos mantiene en vilo tanto a los magistrados como a los investigados. La Cámara Federal de La Plata podría decidir en las próximas semanas si el juzgado 2 de Lomas de Zamora retiene la competencia o si corresponde sortear un nuevo juez, lo que compromete el avance de la investigación sobre la trama financiera en el corazón del fútbol argentino.

Por Camilo Cagnacci - La ofensiva del Gobierno nacional contra la conducción del fútbol argentino sumó un capítulo judicial clave. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante aceptó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como parte querellante en la causa que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta apropiación indebida de más de 19.000 millones de pesos.La decisión, tomada el viernes pasado, habilita a los abogados de la ex AFIP a tener acceso total al expediente, solicitar medidas de prueba y apelar resoluciones, convirtiéndose en un acusador privado directo contra la administración de Claudio “Chiqui” Tapia.Para comprender la magnitud del caso, es necesario desglosar cómo se gestó el expediente y su avance.La causa nació de una denuncia presentada por la propia ARCA el pasado 12 de diciembre. En esa presentación, el ente recaudador alertó a la Justicia que la AFA estaba reteniendo dinero de los clubes pero no lo giraba al Estado.Recibida la denuncia, el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial requirió formalmente la apertura de la investigación e imputó a la cúpula de la AFA por el delito de evasión agravada.Ante la gravedad de los hechos y el peligro en la demora de la recolección de pruebas, el juez Amarante tomó la decisión de habilitar la feria judicial de enero. Esta medida implica levantar el receso de verano para que el juzgado siga operativo y tramite la causa con urgencia, permitiendo que se libren oficios y se tomen decisiones como la aceptación de la querella, que de otro modo hubieran esperado a febrero.Según el documento oficial presentado por los abogados de ARCA, Vanina Mariel Vidal y Matías Alejo Gentile Brezigar, el perjuicio fiscal denunciado asciende a la suma exacta de $19.353.546.843,85.El organismo detectó irregularidades en el ingreso de IVA, Impuesto a las Ganancias y Contribuciones a la Seguridad Social en un período que abarca desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025.El detalle de los números es contundente. Solo en concepto de retenciones de Ganancias no ingresadas, la deuda supera los $8.000 millones , mientras que por aportes de la Seguridad Social (lo que se les descuenta a los empleados de los clubes), la cifra escala a más de $8.600 millones.En su presentación judicial, ARCA fue tajante sobre la maniobra: “La Asociación del Fútbol Argentino conocía su obligación, había practicado las retenciones y se encontraba en condiciones de cumplir con el depósito, optando sin embargo por omitirlo”. Para el fisco, esto no es una simple deuda, sino una “indebida apropiación de caudales públicos”, ya que esos fondos “no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención”.En tanto, el juez Amarante ya ordenó una batería de medidas de prueba para reconstruir la “ruta del dinero”: libró oficios al Banco Central (BCRA) y a todas las entidades bancarias que operan con la AFA para cotejar las fechas de los movimientos financieros y determinar si la entidad “bicicleteó” los fondos para obtener rendimientos financieros mientras postergaba sus obligaciones fiscales.La defensa de la AFA, encabezada por el abogado Norberto Frontini, ya se presentó en el expediente, aunque por el momento no solicitó medidas ni presentó descargos de fondo.

Desde la Casa Madre del fútbol argentino difundieron además un comunicado oficial de la Dirección del Hospital Penna, en el que se deja constancia de que el dinero recaudado durante el partido solidario realizado en el marco de la campaña “Juntos por Bahía” fue girado en tiempo y forma, mediante transferencias de distintos montos y en diferentes momentos, intermediadas por la cooperadora del hospital, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.Según detalla el documento, el monto total de la recaudación fue informado oportunamente y comunicado públicamente durante una conferencia de prensa realizada en Bahía Blanca al momento de la entrega.Además, se aclara que parte de la cifra anunciada correspondía a servicios y operativos que proveedores del evento no cobraron a la AFA, como el operativo policial, logístico y sanitario, la plataforma de venta de entradas, sonido, pantallas y otros recursos, los cuales fueron contabilizados como parte del total pero no implicaban dinero a transferir.En ese sentido, la Dirección del Hospital Penna sostuvo que la situación “se encuentra completamente saldada” y aprovechó la ocasión para expresar su agradecimiento por el aporte recibido, al que calificó como “de vital importancia” para la reconstrucción del hospital tras las inundaciones que afectaron a la ciudad.El comunicado oficial también incluye un detalle del destino de los fondos, con una inversión total de 584.228.975,54 pesos, aplicada a obras y equipamiento en áreas clave como quirófano, refacciones generales, neonatología, guardia, terapia, partos y esterilización, entre otros sectores, quedando pendiente únicamente la afectación de la última partida ingresada.Por último, la AFA reafirmó su compromiso solidario, subrayando que la acción fue impulsada sin obligación alguna y remarcando que se trató de una iniciativa que, según su postura, debería haber sido encabezada por organismos públicos y gubernamentales, en respuesta a la emergencia vivida por la comunidad bahiense.

Por Facundo Chaves La Inspección General de Justicia (IGJ) inició una etapa de definiciones con impacto en el fútbol argentino. Con plazo hasta el 20 de enero, el organismo espera respuestas formales de la AFA, que preside Claudio “Chiqui” Tapia, y la Liga Profesional de Fútbol a las intimaciones enviadas para que expliquen rubros contables globales que superan los USD 450 millones, incluidos en los balances de ambas entidades sin el nivel de detalle que, según la visión oficial, permitiría conocer su composición real.

En diálogo con Infobae, el inspector general de Justicia, Daniel Roque Vítolo, explicó que el reclamo de la IGJ no es reciente ni aislado. Se trata de partidas que aparecen de manera reiterada en los estados financieros desde hace ocho años y sobre las que la IGJ realizó observaciones sin obtener respuestas concretas. “Confiamos en que tanto la AFA como la Superliga (que ahora se denomina Liga Profesional de Fútbol) expliquen correctamente los contenidos internos de rubros globales que, en conjunto, superan los USD 450 millones y que se incluyeron en los estados financieros sobre los cuales se los ha interrogado durante ocho años sin haber recibido jamás respuesta”, afirmó Vítolo.La demanda oficial apunta a un aspecto clave del control estatal sobre asociaciones civiles que administran recursos elevados y que ahora deben rendir cuentas antes del 20 de enero. Vítolo precisó que la obligación legal de la IGJ no se limita a verificar la presentación formal de los balances, sino a comprender qué representan realmente las cifras consignadas. “Como autoridad de contralor y en cumplimiento de la ley, la IGJ debe determinar no solo lo que está dentro de las partidas globales cuestionadas, sino también qué es lo que no se muestra en las mismas”, señaló Vítolo.Ese planteo aborda una de las líneas más sensibles del proceso. “Es decir, los fondos que, correspondiendo a la AFA o a la Superliga por sus actividades y derechos, pudieran no figurar ingresados a ambas instituciones o hayan sido desviados por las mismas”, agregó el funcionario.El requerimiento de la IGJ no se dirige solo a la AFA y la Superliga. También abarca a los auditores externos que, año tras año, certificaron que los estados contables reflejaban razonablemente la situación patrimonial de ambas entidades. Para Vítolo, su intervención es clave para comprender cómo se validaron cifras de semejante volumen, que ahora deberán ser explicadas antes del 20 de enero.“Aspiramos a que los auditores que han afirmado que estas cifras reflejan razonablemente la situación patrimonial de las entidades puedan brindar sus propias explicaciones y clarificaciones”, señaló Vítolo. Además, especificó que esas explicaciones deben abarcar no solo criterios técnicos contables, sino también los controles aplicados en un contexto especialmente sensible. “No solo respecto de estas observaciones, sino también en relación con los procedimientos que ellos llevaron a cabo en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento de ciertas actividades en el país y en el exterior”, indicó.La mención no es casual. Según explicó el inspector general, el pedido de precisiones se formula “en especial a partir de todo lo que se ha publicado en los medios de comunicación sobre el avance de las investigaciones en sede penal respecto de una suerte de aparente oscuro manejo de fondos y de negocios vinculados con ambas instituciones”. En este contexto, la IGJ considera indispensable conocer qué controles se aplicaron para verificar el origen y el destino del dinero dentro del plazo establecido.Otro aspecto que observa el organismo es el destino de fondos hacia actividades que podrían no estar directamente vinculadas al objeto social de la AFA. Vítolo mencionó de manera explícita el caso de la llamada “Universidad de la AFA”, sobre la cual se requieren detalles que también deberán ser aportados antes del 20 de enero. “Del mismo modo necesitamos precisiones sobre el direccionamiento de fondos hacia actividades no vinculadas con el objeto social de la AFA”, sostuvo Vítolo.Las intimaciones de la IGJ establecieron un límite concreto. La AFA y la Superliga tienen plazo hasta el 20 de enero para responder y aportar la información solicitada. A partir de esa fecha, el organismo evaluará la calidad y el alcance de las explicaciones recibidas.Vítolo detalló qué puede suceder si las respuestas no llegan o resultan insuficientes. “Si no contesta la AFA la intimación o se niega a dar la información, seguramente propondremos al Ministerio la designación de un veedor contable para que realice la investigación sobre los libros y documentos de la AFA y de la Superliga”, afirmó Vítolo.El inspector general subrayó que se trata de una herramienta prevista en el marco legal vigente y que no implica una intervención en la vida institucional del fútbol. “No es intervención en la administración ni en el funcionamiento de la AFA. Es solo una veeduría informativa para recabar la información de los balances y de las otras cuestiones que le hemos preguntado y que la AFA no ha respondido”, explicó.El objetivo de esa eventual veeduría sería estrictamente informativo: acceder a libros, registros y documentación para reconstruir la trazabilidad de los fondos y verificar la consistencia entre lo declarado y lo efectivamente administrado. Según Vítolo, una vez recibidas las respuestas de la AFA, de la Superliga y de los auditores —o vencido el plazo del 20 de enero— la IGJ realizará una nueva evaluación de la situación para definir los pasos a seguir.Aunque el eje inmediato del reclamo es administrativo y contable, la entrevista deja ver un contexto más amplio. Consultado sobre la posibilidad de que el caso escale a instancias judiciales internacionales, Vítolo comparó el escenario con el FIFA Gate, el escándalo que estalló en 2015 y expuso una red de corrupción sistémica en el fútbol mundial.“Si se comprueban las sospechas que existen sobre ciertos manejos económicos y financieros y se prueban las acusaciones de desvíos de fondos, manejos cambiarios y potenciales negocios espurios que investiga la justicia, estaríamos frente a un escenario aún más grave en cuanto a volumen que el FIFA Gate”, afirmó Vítolo. Recordó que en aquel caso se hablaba de unos USD 200 millones, mientras que en el plano local ya se mencionan cifras superiores a los USD 400 millones.Vítolo repasó el origen del FIFA Gate para explicar por qué las inconsistencias contables pueden ser el inicio de investigaciones de gran escala. “Aquel caso comenzó de la misma manera que este, con objeciones y cuestionamientos en relación con inconsistencias en los estados contables y financieros de la institución”, recordó Vítolo. “Aquella fue la llave que abrió la Caja de Pandora”.El inspector general también abordó las consecuencias personales que podrían afrontar los dirigentes si se confirmaran ilícitos. Destacó que la AFA, la Superliga y la Selección argentina no deberían verse afectadas institucionalmente, ya que la responsabilidad recaería en las personas físicas que posibilitaron las conductas cuestionadas. En ese sentido, citó el artículo 144 del Código Civil y Comercial.“Serán eventualmente los miembros del Consejo Directivo de la AFA y de la Superliga, los dirigentes de los clubes asociados que avalaron tales conductas y los fiscalizadores quienes deberían responder”, sostuvo Vítolo.Al cierre de la entrevista, Vítolo introdujo una advertencia sobre los tiempos. Este tipo de procesos, explicó, suelen resultar largos y complejos. El FIFA Gate, recordó, comenzó a gestarse a principios de los años 2000 y sus derivaciones judiciales aún no han finalizado.Mientras tanto, el foco inmediato está puesto en una fecha precisa: el 20 de enero. Para la IGJ, ese día será decisivo para establecer si el proceso se encamina por la vía de las explicaciones voluntarias o si el Estado debe avanzar con herramientas de control más rigurosas, como la designación de veedores, para esclarecer el manejo de los fondos del fútbol argentino.

La decisión fue adoptada por la Sala de Feria, integrada por los jueces Carolina Robiglio y Leopoldo Bruglia, quienes concluyeron que la resolución cuestionada no es apelable y que no causa un gravamen irreparable a las partes, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales.

El planteo se originó luego de que el juzgado penal y económico de primera instancia a cargo de Marcelo Aguinsky habilitara la feria para avanzar con medidas investigativas urgentes, al considerar que mantendría actividad jurisdiccional durante todo el receso.

La defensa apeló esa medida al sostener que no se trataba de un supuesto previsto por la normativa vigente.

Los camaristas recordaron que la norma establece que la habilitación de feria no es, en principio, una resolución recurrible, salvo que genere un perjuicio de imposible reparación ulterior, extremo que, según sus pareceres, no fue acreditado.Los magistrados Robiglio y Bruglia remarcaron además que Aguinsky, en su rol de director del proceso, está facultado para ordenar la continuidad de la investigación durante el receso judicial, y que la normativa no prohíbe la realización de actos instructorios en días inhábiles.

En ese marco, los camaristas señalaron que la habilitación de la feria no afecta derechos de las partes, sino que permite conocer la continuidad de la investigación y ejercer adecuadamente la defensa en juicio. NA.

Por Karina Poritzker - El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky ubicó hoy a directivos de la AFA en el “epicentro” de la investigación por supuesto lavado de dinero con la compra de una mansión en Pilar y otros bienes, a partir de pruebas clave como la que comprobó que una tarjeta de crédito que usa el supuesto testaferro, Luciano Pantano, es corporativa de la Asociación del Fútbol Argentino y tiene gastos por unos 50 millones de pesos al mes.Entre estos gastos están los telepases de algunos de los 54 vehículos de alta gama secuestrados en la casaquinta de Villa Rosa, Pilar. El magistrado rechazó apartarse del caso y enviarlo al juez federal de Campana Adrián González Charvay.Advirtió que “el ilícito precedente del presunto lavado de dinero estaría constituido por la figura de la administración fraudulenta” y habría sido cometido “en perjuicio de la AFA y a través de sus directivos”.Al respecto remarcó que el supuesto testaferro y dueño formal de la mansión y otras propiedades bajo investigación paga consumos con una tarjeta de crédito “que pertenece a una cuenta corporativa de la Asociación de Fútbol Argentino”.En la resolución donde rechazó el planteo de inhibitoria basado en razón de territorio que le cursó González Charvay, -porque las propiedades están en Pilar-, el magistrado porteño aludió a la prueba que hay en la causa y mencionó el informe “sobre la tarjeta American Express de Luciano Pantano que paga, entre otros consumos, el PASE de los automotores secuestrados” en la quinta de Villa Rosa. “Allí surge que pertenece a una cuenta corporativa de la Asociación de Fútbol Argentino, que tiene como domicilio la calle Viamonte 1366 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, remarcó en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.La tarjeta de crédito cuyo resumen llegaba a la sede de la AFA a nombre de Luciano Pantano pagaba telepases de autos de alta gama secuestrados en PilarAguinsky destacó que “en esa tarjeta aparecen numerosos consumos y pagos de servicios con un promedio mensual de 50.000.000 de pesos en lo que va de enero a diciembre de 2025. Esos gastos deben ser investigados para corroborar si están o no vinculados con el predio de Villa Rosa, Pilar y para que, en caso de tratarse de un delito en curso, cesen sus efectos en forma inmediata”, advirtió.El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky recibió un informe que da cuenta que la tarjeta de crédito con que Luciano Pantano paga telepase de vehículos secuestrados en la mansión de Pilar es corporativa de la AFA

El epicentro del delitoPara el juez el “epicentro” del caso no está en Pilar. “El núcleo de la investigación no es la casa de Villa Rosa, sino que es la Asociación del Fútbol Argentino cuyo asiento y domicilio legal está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a escasos 800 metros de la sede de este tribunal (Sarmiento 1118 CABA) y a 82 km. de distancia del Juzgado Federal de Campana”, remarcó al negarse a ceder el caso a su par bonaerense.También recordó que el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial asoció esta investigación con la que se abrió por presunta evasión de aportes e impuestos por parte de la AFA por un total de 19 millones de pesos, que se sigue en otro juzgado de ese mismo fuero en CABA, a cargo del juez Diego Amarante. Esta imputación “ completa el cuadro indiciario señalado” en lo referido a delitos que antecedieron al lavado de activos y que se sospecha se cometió con la adquisición de la casa de Pilar y otras propiedades y bienes, a nombres de testaferros, -en el caso Pantano y su madre-, quienes figuran como titulares de la sociedad compradora.El estado actual de la causa “permite otorgar un anclaje distinto y más preciso para la determinación del acto relevante a los fines de dirimir la cuestión de competencia territorial”, analizó Aguinsky sobre el planteo de inhibitoria del juez de Campana.El fuero Penal Económico agregó, es “de especialidad, creado para el conocimiento y juzgamiento de conductas que, por su complejidad técnica y su impacto en el orden económico y financiero, requieren un abordaje jurisdiccional específico”.“No se encuentra cuestionado que corresponde a este fuero el entendimiento en causas vinculadas con maniobras destinadas a introducir, disimular o dar apariencia lícita a fondos de origen ilícito”, remarcó también.Aguinksy comunicó el rechazo del planteo de inhibitoria a González Charvay y si este último no lo acepta, el conflicto escalará y será resuelto por la Cámara Federal de San Martín, como tribunal de apelaciones.Mientras tanto la investigación seguirá adelante en el juzgado en lo penal económico 10 que subroga el juez, con la feria judicial de enero habilitada. Infobae.

 La mansión de Pilar adquirida por una jubilada y su hijo monotributista, sospechados de ser testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, fue tasada en más de 20 millones de dólares tras un peritaje judicial, una cifra muy superior a los 1.8 millones que habían declarado sus dueños.Así se desprende del informe realizado por peritos tasadores del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro, quienes elaboraron un documento de 550 páginas y lo giraron al juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, constató la agencia Noticias Argentinas.La tasación había sido ordenada por el juez federal Daniel Rafecas, cuando estaba a cargo de la investigación.Entre todos los bienes que se encontraron en la propiedad, incluidos los vehículos, la fortuna de la mansión de la calle Misiones 4097, en la localidad de Villa Rosa, asciende a 20.815.100 dólares, de acuerdo a los expertos.Quienes figuran como propietarios son el ex dirigente del fútbol Luciano Pantano y su mamá, la jubilada Ana Conte, quienes están en la mira por ser presuntos “testaferros” o “prestanombres”, ya que sus situaciones patrimoniales no se condicen con el valor de las propiedades que poseen. Precisamente, Pantano y Conte se negaron a declarar en la Justicia este lunes por una maniobra de su abogado defensor, en momentos en que el juez pretendía que le explicaran cómo adquirieron la mansión.Solo la parcela principal del lote fue tasada en 5.600.000 dólares, mientras que el valor de la casa principal se ubicó en unos 2.385.000 y el domicilio secundario en 1.230.000.Otras edificaciones de la mansión incluyen el edificio de entrada (134.000 dólares), un depósito (1.050.000 dólares), una caballeriza con vivienda para el cuidador (1.220.000 dólares), y un galpón para autos (1.490.000 dólares).La pileta se estimó en un valor de 50.000 dólares, el bar en 390.000, la recepción en 350.000, el quincho en 1.490.000,  el complejo de spa y gimnasio en 1.450.000. la cancha de paddle en 30.000 dólares y el helipuerto en 85.000 dólares.Por último, las motos y autos de lujo guardados en la mansión de Pilar (54 en total) se tasaron en 3.861.100 dólares. NA.

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, viajará a los Estados Unidos la primera semana de 2026 para reunirse con el FinCEN, el organismo de inteligencia financiera del Tesoro norteamericano.El objetivo es cruzar datos en el marco de la investigación sobre los movimientos financieros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), supo la Agencia Noticias Argentinas.Starc espera acceder a los nombres de los beneficiarios finales detrás de un entramado de sociedades en Florida, Georgia y Delaware, a través de las cuales se habrían desviado millones de dólares provenientes de partidos amistosos de la Selección y contratos de sponsoreo.Se sospecha que Tourprodenter LLC, administrada por la pareja del empresario Javier Faroni, funcionó como una “cáscara” sin empleados ni estructura para captar ingresos de la Scaloneta tras el Mundial de Qatar.En las últimas horas, la Justicia allanó la casa de Faroni y le prohibió la salida del país cuando intentaba viajar a Uruguay.La investigación detectó al menos otras cinco entidades jurídicas vinculadas a dirigentes de la AFA con cuentas en bancos de primer nivel de EE. UU.Bajo el convenio de colaboración UIF-FinCEN, Argentina busca desarmar la “ingeniería societaria” diseñada para ocultar a los verdaderos destinatarios del dinero desviado.

La Justicia imputó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Fabián “Chiqui” Tapia, en una investigación penal que analiza la presunta retención indebida de aportes previsionales y contribuciones a la seguridad social vinculadas al funcionamiento de la entidad.Según la denuncia, ARCA atribuye a la AFA una deuda superior a los 19.000 millones de pesos, correspondiente a los últimos dos años. La acusación sostiene que la entidad habría retenido tributos y aportes a la seguridad social correspondientes a empleados propios y de clubes del fútbol argentino, sin ingresarlos dentro del plazo legal previsto por el Régimen Penal Tributario.En su dictamen, el fiscal atribuyó responsabilidad a Tapia por su rol institucional y por la administración de la clave fiscal de la asociación, y consideró que, dada la dimensión económica de la AFA y los montos investigados, la pesquisa debe extenderse también a otros integrantes de la comisión directiva, al entender que habrían intervenido en la gestión y disposición de los fondos bajo análisis.La causa se inició a partir de una presentación de Vanina Vidal, jefa interina de la Sección Penal de la División Jurídica de la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, quien además amplió los hechos atribuidos a la Asociación del Fútbol Argentino, con sede en Viamonte 1366 de la Ciudad de Buenos Aires. En la denuncia se consignó que la entidad habría retenido tributos y contribuciones de la Seguridad Social por $19.353.545.843,85 y no los habría ingresado una vez vencido el plazo legal de treinta días corridos, correspondientes a retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones previsionales no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de este año.En su planteo, ARCA encuadró los hechos denunciados bajo los artículos 4° y 7° de la Ley N° 27.430, que regula el Régimen Penal Tributario. En relación con la obtención fraudulenta de beneficios fiscales, el artículo 4° establece de manera textual: “Será reprimido con prisión de uno a seis años el que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, obtuviere un reconocimiento, certificación o autorización para gozar de una exención, desgravación, diferimiento, liberación, reducción, reintegro, recupero o devolución tributaria al fisco nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

En una nueva embestida contra Claudio “Chiqui” Tapia, el Gobierno anunció que el Ministerio de Justicia, a través de la IGJ, intimará a la AFA y a la Liga Profesional de Fútbol a que den explicaciones sobre sus balances contables y financieros.Según anticiparon en un comunicado, pedirán documentos que respalden gastos e inversiones por más de USD 111.000.000 y USD 340.000.000, respectivamente.El escrito que se publicó recientemente señalaron que “se intimará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Superliga del Fútbol Argentino a brindar explicaciones sobre las cifras contenidas en sus estados contables y financieros, y responder todas las preguntas respecto a las observaciones realizadas, así como se le exige a todas las personas jurídicas privadas registradas, sin excepciones”.“Los balances de la AFA y la Superliga sobre los que se han pedido explicaciones superan los USD 111.000.000 y USD 340.000.000, respectivamente. La IGJ intimará a la AFA a presentar documentos relacionados con gastos e inversiones vinculadas con actividades no incluidas en sus estatutos sociales. La AFA es una asociación sin fines de lucro”, siguió el comunicado.Y completaron: “Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad ante la Ley. Nadie está por encima de la Ley ni tiene privilegios. La AFA y la Superliga deben cumplir con los mismos requisitos que se le exigen a todas las asociaciones y fundaciones registradas ante la IGJ. La falta de respuesta o el incumplimiento de los requerimientos dentro del plazo otorgado podrá derivar en sanciones económicas severas, tanto para las entidades involucradas como para sus directivos”.Así, se trata de una nueva embestida por parte del Gobierno que el último lunes, a través de Patricia Bullrich, denunció a las autoridades de la entidad del fútbol argentino ante el Tribunal de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por presuntas violaciones al Código de Ética y a la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento de la organización.En esta presentación se pide una investigación preliminar sobre un entramado de sociedades comerciales, contrataciones directas y movimientos patrimoniales que, según dijo Bullrich, comprometen los estándares de buena gobernanza exigidos por Conmbeol.Todo esto se da en el marco de una investigación que llueva adelante el juez a cargo del Juzgado Penal Económico N°10, Marcelo Aguinsky, que investiga a la firma Real Central SRL y a dos personas identificadas como Luciano Nicolás Pantano (monotributista) y Ana Lucía Conte (jubilada y beneficiaria de asistencia social estatal), investigados como supuestos testaferros de altos dirigentes de la AFA.Según la presentación, esta empresa habría sido utilizada como vehículo para la tenencia de bienes que no guardan relación con la capacidad económica declarada de sus titulares. Entre los activos bajo análisis figura una propiedad de más de 10 hectáreas en Villa Rosa, Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires, que incluye una estancia con helipuerto, instalaciones deportivas, pista de entrenamiento equino, harás con caballos de alta competencia y una colección de vehículos de lujo y automóviles clásicos.El dominio de este inmueble resulta particularmente llamativa: en 2017 fue adquirido por el ex futbolista de Boca Carlos Tévez, en junio de 2023 pasó a manos de Malte S.R.L. (proveedora oficial de la AFA) y, menos de un año después, fue transferido a Real Central S.R.L.. Justamente, donde se apunta que los socios de esta última fueron señalados son presuntos testaferros. Además, las expensas y gastos de mantenimiento de la propiedad se encontraban a nombre de Wicca S.A.S., sociedad vinculada a la ex secretaria de Finanzas de la AFA, María Florencia Sartirana, y al ex director general ejecutivo del organismo, Juan Pablo Beacon.La denuncia también pone el foco en las contrataciones directas entre la AFA y empresas vinculadas. De acuerdo con el Boletín N.º 6089 de la AFA, fechado el 25 de marzo de 2022, Malte S.R.L. fue contratada de manera directa por un monto aproximado de USD 550.000 para la finalización de la instalación del sistema VAR.El documento oficial destaca que la empresa es de “reconocida trayectoria y antigüedad como Proveedora Oficial de la Asociación”, pero la denuncia sostiene que existen vínculos societarios y personales con ex directivos del organismo.Esta concatenación entre contrataciones, relaciones personales y operaciones patrimoniales de alto valor plantea, según la presentación, “serios interrogantes en materia de conflicto de intereses, falta de transparencia y cumplimiento de los deberes fiduciarios exigidos a los dirigentes de una federación miembro de la CONMEBOL”.A todo esto, desde la AFA denunciaron que hay “evidente persecución política” contra las autoridades de la entidad. En ese sentido, sostuvieron que “tuvimos que enfrentar el ataque coordinado de su Ministro de Justicia, Dr. Mariano Cúneo Libarona, de la Diputada Juliana Santillán y de actual Senadora Patricia Bullrich”.  “Avanzaron con la IGJ intentando obstruir la realización de la Asamblea de la AFA y el pleno ejercicio del derecho democrático de la dirigencia a manifestar su libre decisión a través de algo tan simple, claro y transparente como lo es el acto de la votación. No pudiendo lograr su objetivo, volvieron las amenazas de la intervención”, remarcaron.En tanto, también cuestionaron la intención que han mostrado desde el Poder Ejecutivo en avanzar con las Sociedades Anónimas Deportivas, “en contra de la libertad que tienen los clubes a través de sus dirigentes para elegir el modelo de Asociaciones Civiles sin fines de lucro”.Y completaron: “Al final del día, mientras algunos critican desde afuera (los mismos que criticaban la decisión de sostener al DT. Scaloni y su Cuerpo Técnico antes de que ganaran un mundial y dos copas América), nosotros seguimos haciendo lo que siempre hicimos: poner la pelota en el piso, jugar simple, mirar el largo del campo y trabajar para que el fútbol argentino siga creciendo. Si eso genera sospechas, teorías creativas o debates interminables, será porque estamos haciendo las cosas demasiado bien. Después de todo, en la AFA no hablamos de política, hablamos de fútbol. El resto, que lo discutan en la tribuna“.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció este lunes la suspensión y despido del árbitro Sebastián Solís, luego de su polémico accionar durante un partido de la categoría Juveniles C entre Roma y Argentino de Rosario.

La decisión fue tomada tras constatarse que el colegiado infringió seriamente su deber de impartir justicia y faltó al respeto a jugadores, cuerpos técnicos y espectadores.

En un comunicado oficial, la AFA explicó que Solís “atentó contra los valores del fútbol” y que su comportamiento no se condice con la investidura arbitral. La entidad destacó que el árbitro no solo no cumplió con sus responsabilidades dentro del campo de juego, sino que su actitud fue “lamentable” y generó un impacto negativo en las instituciones participantes del encuentro.Como parte de la documentación del caso, la AFA compartió un video en el que se ve al árbitro alejándose de las jugadas, elongando en el medio del partido y, en un momento, aparentemente sacando un celular de su bolsillo. Las imágenes evidencian su desinterés por las acciones del juego y fueron decisivas para respaldar la medida disciplinaria.

A raíz de este episodio, Sebastián Solís queda inhabilitado para dirigir en cualquier categoría del fútbol argentino.

Hasta el momento, no se conocen los motivos que llevaron al árbitro a actuar de esta manera, mientras la AFA enfatizó que la sanción busca preservar los valores y la ética dentro del deporte.

Uno de los puntos importantes y que generaban más expectativa fue la aprobación total de la lista única que reeligió a Tapia como el mandamás de la AFA hasta el año 2029, junto a nombres fuertes como Juan Román Riquelme en uno de los cargos de vicepresidente y con Pablo Toviggino, mano derecha del actual presidente, como Tesorero, y Víctor Blanco como Secretario General.

A su vez, de manera unánime una vez más, se anularon los dos descensos de la Liga Profesional de Fútbol para la temporada 2024 y se le sumarán los dos ascensos de la Primera Nacional para tener un torneo de 30 equipos para la temporada 2025 del fútbol argentino.

Con 45 presentes sobre los 46 citados para el Predio Lionel Messi, la AFA aprobó el debate de los puntos propuestos en la orden día a pesar de la presencia de los miembros de la Inspección General de Justicia y la negativa del club Talleres de Córdoba.

Primero fue aprobada la moción de la asamblea ordinaria, por unanimidad, incluso Rodrigo Escribano, representante de Talleres, quien había rechazado tratar los temas objetados por la IGJ. El Orden del Día también fue aprobado pero esta vez el asambleísta de la T se opuso.

Ante las críticas, el presidente Claudio Tapia recordó lo que se vivió en AFA hace unos años: “Celebramos cada vez que tenemos la posibilidad de elegir democráticamente a los dirigentes que van a representar al fútbol argentino. Lo digo con mucha firmeza: quienes comenzaron en el 2017 saben de qué hablamos, nos tocó una difícil situación. Refundamos el fútbol argentino”.

Y agregó: “Era un momento muy difícil, donde los clubes no cobraban los derechos de TV, donde vivimos muchas de las cosas que nos quieren hacer vivir hoy. Estamos acostumbrados, las hemos pasado. Por ahí algunos de esos actores se equivocaron a la hora de contar un voto. Esa elección la ganamos. Tenían mermelada en la mano”.

En los siguientes dos puntos de la asamblea, el cuarto y el quinto, se aprobaron por unanimidad que los veedores de la IGJ revisaran la veracidad de los papeles de los temas a tratar en la reunión.

Para la revisión del presupuesto y el estado financiero de la AFA, el ente alegó un superávit superior al de 2023 y que las revisiones de las auditorías fueron positivas y sin irregularidades para esta gestión. Este punto también fue aprobada por casi la totalidad de los presentes excepto Escribano, de Talleres, quien presentó unos balances hechos de manera externa para anexarlos a la orden del día.

Sin embargo, su pedido debió someterse a votación por ser considerado una moción y esta fue rechazada por el resto de los dirigentes del fútbol argentino para que no sea anexada y como consecuencia abandonó el recinto antes de la votación de las nuevas autoridades.