La operatoria aduanera vuelve a ocupar un lugar central en la agenda logística tras la publicación de la Resolución General 5819/2026, que modifica el Anexo de la normativa vigente sobre extracción de muestras y análisis. La medida apunta a optimizar procedimientos técnicos que, en la práctica, suelen convertirse en cuellos de botella para las operaciones de comercio exterior.Desde la perspectiva logística, la resolución se enfoca en uno de los momentos más sensibles del proceso aduanero: la verificación y análisis de mercadería. Al tratarse de instancias que pueden demorar la liberación de envíos, cualquier ajuste en este punto tiene impacto directo sobre la planificación operativa, los plazos de entrega y la gestión de inventarios a lo largo de la cadena de abastecimiento.En la operatoria cotidiana del comercio exterior, los procesos de muestras y análisis pueden extenderse desde varios días hasta algunas semanas, según el tipo de mercadería, la complejidad del estudio y la disponibilidad de laboratorios. Durante ese período, los envíos permanecen inmovilizados, generando reprogramaciones logísticas, presión sobre inventarios y costos adicionales de almacenamiento. La posibilidad de testeo previo, junto con plazos más acotados y mecanismos de desistimiento, apunta a reducir tiempos improductivos, evitar análisis innecesarios y mejorar la coordinación entre control aduanero y operación logística.En la práctica, estos procedimientos suelen aplicarse en operaciones vinculadas a insumos industriales, productos químicos, alimentos y agroindustria, farmacéuticos, cosméticos y manufacturas complejas, donde resulta necesario verificar composición, propiedades técnicas o correcta clasificación arancelaria. Se trata, en muchos casos, de mercaderías críticas para procesos productivos o esquemas de distribución con tiempos ajustados, por lo que cualquier demora técnica impacta aguas abajo en toda la cadena.Uno de los ejes centrales de la resolución es la reducción de los tiempos de respuesta en la tramitación de informes de análisis. La norma reconoce la necesidad de acotar plazos y ordenar instancias administrativas, una señal relevante para operadores que enfrentan costos crecientes cuando la mercadería permanece detenida a la espera de definiciones técnicas. En cadenas de abastecimiento extendidas, estas demoras no solo afectan al importador o exportador, sino que se trasladan a proveedores, distribuidores y clientes finales.A su vez, la incorporación de la figura del desistimiento introduce mayor flexibilidad operativa. Este mecanismo permite cerrar procedimientos que pierden sentido desde el punto de vista comercial o logístico, evitando que trámites inconclusos sigan afectando la planificación de operaciones, la ocupación de espacios de almacenamiento y la asignación de recursos logísticos.Otro aspecto destacado es la posibilidad de realizar testeos previos a la extracción formal de muestras, una herramienta que apunta a anticipar inconsistencias antes de activar un proceso completo de análisis. Esto permite reducir reprocesos, tiempos improductivos y ajustes posteriores que suelen impactar de manera directa en la logística aguas abajo, especialmente en cadenas con esquemas just-in-time o de abastecimiento continuo.En conjunto, la Resolución General 5819/2026, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, no redefine el esquema de control aduanero, pero sí introduce ajustes operativos orientados a mejorar la fluidez, la previsibilidad y la eficiencia de un eslabón clave del comercio exterior. Para las cadenas de abastecimiento, el impacto se traduce en mejores condiciones para planificar flujos, tiempos y costos, en un contexto donde la coordinación entre control y operación resulta cada vez más determinante.

El Gobierno introdujo una modificación en una norma reglamentaria del Código Aduanero con el objetivo de simplificar trámites para reducir “las oportunidades de corrupción”.La medida consiste en facilitar a los operadores de comercio exterior la manera de garantizar sus obligaciones ante el servicio aduanero, permitiendo que a partir de ahora puedan presentar una declaración jurada en lugar de una garantía, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

La simplificación normativa fue formalizada mediante el Decreto 838/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, habilitando a los operadores a poder exhibir un documento firmado como “instrumento de garantía cuando los regímenes de importación establezcan la obligación de garantizar los tributos que pudieran exigirse por dichas operaciones”.En el texto oficial se justificó la decisión indicando que la herramienta “permitirá homogeneizar el tratamiento normativo, reducir costos operativos para las empresas y simplificar trámites, en línea con los objetivos de modernización impulsados por el Gobierno Nacional”.Asimismo, se destacó: “La medida propuesta se alinea con la necesidad de ofrecer a los operadores de comercio exterior una alternativa menos gravosa y más accesible, sin que ello comprometa la solvencia del sistema, el control aduanero ni el debido resguardo del interés fiscal”.

El cambio normativo también fue valorado y explicado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en su cuenta de X al precisar: “Nos abre un camino para una importante simplificación de los trámites aduaneros”.

Al contextualizar la decisión, recordó que “cuando hay una discrepancia o duda sobre la liquidación, o un pago pendiente, la Aduana pide una garantía por el monto pendiente o en disputa”, y consideró: “Esto encarece el tránsito sumándole un cargo financiero a la operación aduanera. Peor aún, como la garantía muchas veces no tiene plazo, la persona que comercia está expuesta a tener que ‘gratificar’ el trámite para cancelar la garantía”.

Ante este escenario, planteó: “El decreto introduce una modalidad alternativa previamente vedada: reemplazar la garantía por una declaración jurada. Si un cliente es confiable, ¿por qué cargarlo con un costo financiero? Si un cliente nunca falló un pago con Aduana, ¿por qué encarecerle el costo de operar en comercio exterior?”.

El funcionario remarcó que “el próximo paso es que Aduana identifique a los operadores y las operaciones donde va a habilitar esta opción” destacando que “se abre la puerta a una gran simplificación de la operatoria y una reducción tremenda en las oportunidades de corrupción. “Todo esto seguirá reduciendo costos y precios para todos los argentinos”, sintetizó.

A partir de enero de 2025, la ARCA endurecerá los controles en las Aduanas para impedir el ingreso de productos prohibidos como armas, estupefacientes y mercadería con fines comerciales, mientras se mantienen las franquicias actuales para viajeros.Con el Año Nuevo a la vuelta de la esquina, muchos argentinos ya están organizando sus vacaciones de verano, revisando los feriados y planificando viajes al exterior. Para quienes estén pensando en salir del país, especialmente con intenciones de realizar compras, es clave conocer las normas establecidas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).Debido a las significativas diferencias de precios en rubros como tecnología y ropa, miles de argentinos aprovechan sus viajes para adquirir productos en el extranjero. Sin embargo, más allá de las ventajas económicas, es esencial tener en cuenta las restricciones impuestas por la ARCA. Existen categorías de bienes cuyo ingreso al país está completamente prohibido.Cada vez que un viajero sale o ingresa al territorio nacional, ya sea por avión, barco o carretera, debe someterse al control aduanero. En este proceso, las autoridades trabajan para detectar y evitar el ingreso de bienes que están vetados por la normativa vigente.

Productos prohibidos por la ARCAAl regresar a la Argentina, todos los pasajeros deben pasar por los controles de la Aduana. Durante esta inspección, el personal verifica que los equipajes no contengan los siguientes artículos:Armas y explosivos (excepto con autorización previa de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, ANMAC).Sustancias estupefacientes.Objetos de valor arqueológico o cultural.Mercadería destinada a usos comerciales o industriales.

Artículos permitidos sin impuestosDe acuerdo con la sección “Ayuda sobre viajeros” del sitio oficial de la ARCA, cada pasajero puede ingresar al país, sin pagar impuestos, un teléfono celular y una notebook o tablet por persona.Asimismo, están exentos del pago de tributos los artículos declarados antes de salir del país, tales como indumentaria y objetos de uso personal que no tengan fines comerciales.

¿Cuál es el valor máximo permitido para ingresar bienes sin impuestos?El monto de la franquicia depende del medio de transporte utilizado y de la edad del viajero. A continuación, los límites establecidos:Por vía aérea o marítima: hasta 500 dólares por persona, con una franquicia adicional de 500 dólares para compras realizadas en free shops. Para menores de 16 años no emancipados, el límite se reduce a 250 dólares.Por vía terrestre o fluvial: hasta 300 dólares por persona, con una franquicia extra únicamente válida en Puerto Iguazú. Para menores de 16 años no emancipados, el monto permitido es de 150 dólares.

Controles más estrictos a partir de 2025El refuerzo en los controles aduaneros y la actualización de las restricciones por parte de la ARCA buscan garantizar el cumplimiento de las normativas internacionales y proteger la economía local. Estas medidas no solo apuntan a evitar el ingreso de productos ilícitos, sino también a prevenir el contrabando y el impacto negativo en sectores productivos argentinos, que podrían verse afectados por la entrada de mercadería destinada al comercio informal.

Recomendaciones para viajerosDesde la ARCA recomiendan a quienes planeen viajar al exterior consultar la normativa vigente antes de salir del país y conservar las facturas de compra de los artículos adquiridos. Esto facilita la declaración en la Aduana y asegura un proceso más rápido y ordenado. Además, sugieren hacer uso de las franquicias disponibles de manera estratégica, aprovechando los free shops, y siempre declarar los bienes de manera transparente para evitar sanciones. Infobae.

El gremio Supara, que representa a estos trabajadores, anunció un "apagón informático" de 24 horas, impactando la actividad en el Paso de Frontera de Salto Grande, donde se suspenderá la atención al público.La medida se profundiza debido a la falta de respuestas concretas de las autoridades y a los rumores de reducción del personal, que en Concordia podría afectar a 8 de los 32 empleados.Durante el lunes y martes, los trabajadores realizarán asambleas de 10 a 14 horas, y el miércoles se extenderán al paro total.Además, se prevé un paro nacional de transporte el mismo día, que afectará principalmente al AMBA, sin impacto confirmado en Concordia. En paralelo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevará adelante asambleas y una jornada de protesta en reclamo de las políticas anunciadas para el sector público.

La Aduana aclaró en un comunicado que el régimen de equipaje continúa vigente con la normativa actual hasta tanto no se apruebe la ley Ómnibus enviada al Congreso por el Gobierno con modificaciones para traer productos importados cuando se ingresa al país.

Entre las reformas que pretende hacer el presidente Javier Milei con la ley Ómnibus, se encuentra la eliminación de impuestos por ingresar artículos para uso personal al regresar de un viaje, siempre y cuando la importación no tenga fines comerciales.

De aprobarse la ley, se eliminaría el sistema actual que tiene una franquicia aérea o marítima de USD 500 y fluvial o terrestre de USD 300 para ingresar productos. Si el valor del objeto a ingresar supera la franquicia, se deberá abonar un arancel igual al 50% del total excedido. Por ejemplo, en el caso de una franquicia aérea, si el valor del objeto es de USD 600, excede en USD 100 la suma permitida por lo que se deberá pagar la mitad de esa cifra, es decir, USD 50.

En el caso de menores de 16 años, dicha franquicia corresponde al 50%. Cuando los viajeros constituyan un grupo familiar - matrimonios, uniones convivenciales e hijos menores de 16 años no emancipados -, la franquicia podrá ser utilizada en forma conjunta, establece la normativa vigente.

En la actualidad los productos permitidos sin pago de arancel al ingresar al país son un teléfono y una notebook o tablet. Para ingreso y egreso son ropas y objetos sin fines comerciales, de uso personal, y otros objetos declarados al salir. Y para egreso, bienes argentinos hasta USD 2000.

El nuevo proyecto de ley indica: “Las mercaderías amparadas por el régimen de equipaje, que se importen para consumo sin fines comerciales, fuera de las franquicias que otorga el Decreto Nº 2130/91 o con arreglo a lo dispuesto en su artículo 10, no estarán gravadas por ningún tributo”. Asimismo, el proyecto elimina el trámite que suponía completar un formulario para declarar los artículos ingresados y la presentación de ellos ante la Aduana.

Esta norma surge de un decreto de 1991 que establece que los viajeros deben llenar un “formulario de declaración” a través del cuál deben detallar toda la mercadería que traen, “indicando especie, naturaleza, calidad, cantidad y valor, y, en su caso, todos los datos que contribuyan a su precisa individualización y que permitan neutralizar la fungibilidad de los efectos con el fin de lograr una rápida verificación y de facilitar los ulteriores controles en plaza para acreditar su legítima introducción al país”.

La nueva iniciativa dispone: “Para el ingreso de productos mediante el régimen de equipaje no será necesario completar ningún formulario. En caso de que la cantidad de la mercadería a importar haga presumir fines comerciales, la dirección general de aduanas seguirá los procedimientos contemplados en la normativa vigente”.

Por otro lado, hay que mencionar que tanto la normativa vigente como el proyecto de ley son para productos. Los importes que pueden ingresar y retirarse del país deben ser sumas inferiores a USD 10.000 o su equivalente en otra moneda.

La Aduana informó este domingo que realiza una investigación sobre siete grandes empresas agroindustriales que habrían incurrido en la sobrefacturación de las importaciones de porotos de soja desde Paraguay.

El organismo informó que el efecto de las maniobras es el ahuecamiento de la base imponible de las operaciones en el país y la fuga indebida de divisas, y en ese sentido hay 3.000 operaciones bajo análisis. De acuerdo con la investigación de la Aduana, las operaciones documentadas constituyen transgresiones al artículo 954 del Código Aduanero, que refiere a declaraciones inexactas, por las cuales las empresas podrían recibir multas millonarias.

En todos los casos se estaría en presencia de triangulaciones indebidas, ya que la maniobra consistió en importar la mercadería directamente desde Paraguay, con refacturaciones de intermediarios radicados en otros países.

En las operaciones investigadas, la mercadería fue importada a la Argentina para ser procesada y luego reexportada.

Así, bajo el régimen de importaciones temporales, el valor del insumo ingresado al país se deduce de los eventuales derechos de exportación del producto elaborado en la Argentina.

De esta manera, la sobrefacturación de las importaciones les permitió a las empresas investigadas deducir casi u$s 4 millones más de lo que correspondía.

De acuerdo con el reporte del organismo, el valor declarado total ascendería a los u$s 16.210.925, pero su valor real sería de u$s 12.312.279, por lo cual la sobrefacturación totalizaría u$s 3.898.646, es decir un 31,66% del valor real.

Las firmas que están bajo proceso de investigación, según informó la Aduana, son las empresas Aceitera General Deheza, Bunge Argentina, Cargill, Cofco International, LDC Argentina SA (Louis Dreyfus Company), Molinos Agro SA (Molinos Río de la Plata) y Viterra Argentina SA (vinculada a Vicentin). Las firmas que están bajo proceso de investigación, según informó la Aduana, son las empresas Aceitera General Deheza, Bunge Argentina, Cargill, Cofco International, LDC Argentina SA (Louis Dreyfus Company), Molinos Agro SA (Molinos Río de la Plata) y Viterra Argentina SA (vinculada a Vicentin). Como ejemplo de la operatoria se difundió un caso en el cual el circuito real de la mercadería ingresó a la Argentina de Paraguay en forma directa para su procesamiento en el complejo agroindustrial local. El circuito de facturación se realizó con intermediario radicado en Suiza que declaró un circuito inicial de la mercadería exportada desde Paraguay hacia Chile.

por u$s 473 la tonelada, para luego hacer el proceso de importación desde Chile hacia la Argentina a un valor de u$s 625,60.

De esta manera, se justificaría el proceso por el cual se lograba una sobrefacturación del 32,02%.

Las autoridades nacionales señalaron que "nada puede explicar la comisión mayor al 30% que cobra el intermediario respecto de la mercadería adquirida en Paraguay".

Se presume que el verdadero objetivo de la maniobra es fugar al exterior divisas obtenidas a valor oficial.

Los destinatarios fueron Cerrito, Colón, Concepción del Uruguay, Concordia, Federal, Oro Verde, Pueblo Belgrano, Urdinarrain, Villa del Rosario, Ministerio de Desarrollo de Entre Ríos, Prefectura Naval Argentina, Asociación Bomberos Voluntarios, Parque Nacional El Palmar, Dirección Departamental de Escuelas Uruguay y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Entre los bienes entregados en la jornada de hoy hay 171 neumáticos secuestrados en distintos operativos realizados en todo el país, 5 vehículos Mitsubishi secuestrados por irregularidades vinculadas con importaciones temporales en el marco del Rally Dakar, 1 embarcación y 5 contenedores.

Durante la entrega Michel le agradeció especialmente al Dr. Pablo Seró, juez federal de Concepción del Uruguay, por la celeridad en la gestión de las donaciones accionadas por la Aduana. Además, destacó el rol de los intendentes: “Nos enorgullece poder colaborar con los municipios, que son la primera ventanilla de la democracia”.

También estuvieron presentes en el acto el juez federal Pablo Seró, el prefecto principal Francisco Rafael Contreras (jefe de prefectura Concepción del Uruguay) y Ricardo Guerra, intendente del Parque Nacional El Palmar.

Estas acciones se suman a las realizadas en 2022 y 2023, cuando la Aduana entregó mercaderías valuadas en $4.300.000.000 a todas las provincias del país y a entidades de representación federal.

La Dirección General de Aduana puso en funcionamiento un nuevo escáner en el Puente Victoria-Rosario, a la altura del peaje de ingreso a Entre Ríos. El equipo permitirá continuar con el fortalecimiento del control contra el narcotráfico y el contrabando.

El nuevo equipo de Rayos-X tipo van se utilizará para fiscalizar tránsitos internacionales, colectivos de larga distancia y envíos de encomiendas y paquetería. El nuevo instrumento de control permitirá que las inspecciones diarias que realizan los agentes aduaneros sean más exhaustivas y precisas.

Es una muestra de la inversión en tecnología que la Aduana viene realizando: el objetivo es fortalecer las acciones de control sin sacrificar la agilidad del movimiento de mercaderías. Cabe destacar, hace 9 años que no se incorporaban nuevos instrumentos de estas características.

Así, este escáner se suma a los tres con los que ya cuenta la provincia de Entre Ríos en sus pasos internacionales de Gualeguaychú, Concordia y Colón, en la frontera con la República Oriental del Uruguay.

En ese marco, el titular de la Aduana, Guillermo Michel, aseguró: “La inversión en tecnología es fundamental para combatir el narcotráfico y el contrabando. Solo en Entre Ríos la Aduana argentina tiene más escáneres que todo Uruguay. El objetivo es blindar las fronteras de Entre Ríos del narcotráfico”.

Dichas herramientas de control no intrusivo, sumadas a los canes aduaneros, permiten optimizar los controles. Prueba de ello es que, desde julio de 2022 a la fecha, la Aduana incautó, tanto en frontera como en procedimientos en ruta, más de $14 mil millones en mercaderías en infracción.

La Dirección General de Aduanas (DGA), en conjunto con la Unidad de Información Financiera (UIF) y la división de Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina (PFA), realizaron este jueves alrededor de 50 allanamientos en el marco de una denuncia por la presunta fuga de US$ 400 millones por parte de 176 empresas a través de falsas importaciones con el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI).

Los allanamientos se realizaron de forma simultánea en 18 bancos, ocho estudios contables y veinticinco sociedades ubicadas en el microcentro porteño y en las ciudades de Rosario, Córdoba y Bahía Blanca.

El procedimiento se enmarca en la causa 452/23 que se lleva adelante en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del juez Pablo Yadarola, y del titular de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 6, Jorge Dahlrocha, que fue iniciada a partir de una denuncia de Aduana en febrero último.

La maniobra, realizada por 176 empresas entre julio de 2020 y julio de 2022, consistió en simular importaciones, utilizando documentación y SIMIs falsas, con el único objetivo de fugar divisas al exterior.

“Básicamente lo que hicieron fue simular operaciones de importación. Nunca importaron nada a la Argentina y giraron al exterior US$ 400 millones”, precisó el titular de la DGA, Guillermo Michel, este jueves en diálogo con la prensa.

La investigación surgió a partir de un cruce sistémico efectuado por la Aduana, comparando los giros de divisas autorizados por los bancos con las importaciones que -en términos efectivos- nunca efectuaron las firmas presuntamente involucradas.

En el caso de algunos estudios contables y jurídicos, se armaban las empresas y en otros ofrecían aumentar la capacidad económico financiera a quienes giraban las divisas.

Muchas de las empresas allanadas -señaló Aduana- eran “cáscaras” pues no tenían empleados ni capacidad económica y financiera para realizar los giros.

Además, una gran cantidad de las mismas no estaban habilitadas como importadores o exportadores, sino que fueron incluidos en la base de usuarios de comprobantes apócrifos y creadas sólo para realizar este tipo de conducta ilícita.

Los giros al exterior por las falsas importaciones fueron realizados con los códigos de importaciones de bienes de capital o de pago adelantado de importaciones de bienes, y fueron dirigidos a 146 firmas estadounidenses de dudosa constitución, fundamentalmente LLCs (sociedades de responsabilidad limitada) radicadas en los Estados de Delaware y Florida.

La Aduana le informó de la situación al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos a través de su Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations, HSI), organismo que recabó información de las empresas en ese país y brindó detalles sobre los beneficiarios finales de las empresas radicadas allí.

De dichos datos, se desprendió que las 146 firmas estadounidenses a las cuales se giraron las divisas están vinculadas con argentinos.

“La plata que se fugó de Argentina terminó en cuentas de sociedades del exterior vinculadas a argentinos. Estas son maniobras que claramente son ilegales y que consiste en obtener dólares, sacarlos del sistema financiero de manera ilegal para luego revenderlos en el mercado blue o al de Contado con Liquidación”, subrayó Michel.

El titular de Aduana confirmó que se detuvieron a dos personas en el marco de los allanamientos, además de secuestrarse mercaderías.

Las SIMIs falsas, que dieron luz verde al giro de divisas, habrían sido realizadas con la connivencia del personal del sector de comercio exterior de diversos bancos y financieras.

“Podemos decir que los directorios y gerentes de los bancos no están involucrados, pero si lo estuvieron empleados infieles de los sectores de comercio exterior. Eso es lo que tiene determinado la justicia hasta ahora. En las escuchas realizadas se detectó una gran cantidad de empleados de bancos siendo parte de la maniobra”, dijo Michel, quién aclaró que la causa se encuentra bajo secreto de sumario.

Dichos empleados “pedían determinados montos a cambio de liberar de manera irregular estos giros” sin “la debida documentación”, agregó el funcionario.

El sistema SIMI no tenía trazabilidad del giro contra la importación de mercadería, lo cual fue solucionado con la implementación del SIRA, que contiene un cruce sistémico y una cuenta corriente con el Banco Central (BCRA).

El Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), puesto en marcha por el Gobierno anterior, estuvo vigente hasta el 17 de octubre de 2022, cuando comenzó a regir el nuevo Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), que se encuentra vigente en la actualidad.

“Evidentemente los controles fallaron. El sistema SIRI tenía errores y no se aplicaron de manera correcta los controles, pero fundamentalmente falló el control delegado en los bancos comerciales”, señaló Michel.

La denuncia en la causa se encuadra en los artículos 864 inciso b y 865 inciso f del Código Aduanero, y la Aduana se presenta como parte querellante.

El titular de Aduana dijo que “hay tres causas más en distintos juzgados” que están vinculados con el tema, y que habría “un hilo” en común entre las empresas creadas en el Estado de Delaware, EEUU, que habrían participado de la maniobra, tras lo cual remarcó que no se encontraba autorizado a dar mayor información sobre el tema debido a que la investigación se encuentra en proceso y existe secreto de sumario.

Previamente, en mayo último y en una causa radicada en el mismo Juzgado Penal Económico, alrededor de 20 entidades financieras fueron allanadas en el microcentro porteño para detectar presuntas operaciones irregulares de comercio exterior, compras, ventas y transferencias de divisas efectuadas por 46 sociedades y 13 personas humanas, por más de US$ 5 millones.

La DGA, en un comunicado, indicó que en un domicilio del barrio porteño de Belgrano “ante la llegada de la Aduana y la Policía Federal, las personas presentes en el lugar se fugaron por la terraza”.

En el lugar, los policías y los inspectores encontraron “cajas fuertes vacías y una máquina de contar billetes”.

“Todo indica que además vendían celulares de alta gama y accesorios de telefonía en forma irregular”, sostuvo la DGA, que además señaló que “en algunos casos los CUITs utilizados para las maniobras ilícitas correspondían a personas fallecidas”.

Según informó la Aduana en un comunicado oficial, el incidente ocurrió cuando los agentes detuvieron e inspeccionaron el camión que se dirigía hacia la capital argentina. Durante la revisión, los agentes realizaron una serie de preguntas al conductor, quien tenía ciudadanía argentina. Sin embargo, las respuestas proporcionadas por el conductor levantaron sospechas entre los funcionarios aduaneros, lo que llevó a una inspección más exhaustiva del vehículo.

Fue durante esta inspección minuciosa que se encontraron 22,400 atados de cigarrillos de fabricación uruguaya, de una marca que no se comercializa en Argentina. La mercadería incautada tiene un valor estimado de alrededor de 13,000 dólares en el mercado. Lo que más llamó la atención de las autoridades fue que la carga no contaba con la documentación aduanera y fiscal requerida para su transporte y comercialización en territorio argentino. Ante esta falta de documentación, los agentes de la Aduana, en colaboración con la Gendarmería, procedieron a la incautación de la totalidad de los cigarrillos.

La Dirección General de Aduanas (DGA) denunció una presunta operación fraudulenta de una firma que ofrecía supuestos servicios educativos mediante la cual buscó acceder a dólares oficiales para luego fugarlos del país, informó el organismo a través de un comunicado.

Los agentes de la Aduana analizaron los giros que realizó la empresa dLocal Argentina S.A. durante 2022, y detectó pagos de personas que nunca contrataron los servicios de esta firma, la cual se presentaba como una institución educativa.

Estas operaciones incluso aparecían a nombre de individuos que habían fallecido con anterioridad a la fecha de las mismas.

La maniobra

El objetivo de la supuesta empresa educativa era adquirir dólares a valor oficial y girarlos a Estados Unidos, simulando la venta de servicios que nunca fueron prestados y que se sostuvieron mediante el uso de una base de datos “con particularidades que hacen presumir su falta de licitud”, según la aduana.

Esto se suma a una causa radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, donde se investigan maniobras de defraudación contra la administración pública por parte de dLocal.

Sólo en 2022, la empresa procesó US$ 10.600 millones en pagos en más de 40 países, según señala en su página web oficial.

La empresa, que cotiza en Nueva York en el índice Nasdaq, viene siendo investigada, además de la Aduana, por el Banco Central, la Secretaría de Comercio, AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF) por sus maniobras en el mercado cambiario.

Defraudación y estafa

Según la Aduana, la firma afirmó que operó en Argentina para Academiland LLC, una empresa con sede en el Estado de Delaware, en Estados Unidos, que se dedicaría a brindar servicios educativos a través de una plataforma “e-learning” sin intervención humana.

Dichos servicios –señaló dLocal al organismo- los brindaba en la página beiuinstitute.com, la cual actualmente no está en funcionamiento.

Los agentes aduaneros analizaron 9.304 operaciones de cobro que realizó Academiland en la Argentina por $ 395 millones.

Tomando una muestra de 800 usuarios, analizaron los datos de los individuos que habían abonado los servicios y se los contactó a través de una circular para corroborar la información presentada.

No obstante, todos respondieron que nunca adquirieron bienes o servicios de Academiland LLC o de Be U Institute, y 20 de ellos se trataban de sucesiones, cuya fecha de fallecimiento era anterior a la de la presunta contratación del servicio.

La Aduana señaló incluso que, entre los supuestos alumnos, aparecen empleados del propio organismo, un miembro de la Justicia Federal y personas que trabajan en medios de comunicación.

Ante la irregularidad, el área allanó los domicilios de los supuestos dueños de Academiland secuestrando documentación y equipamiento informático, y presentó una denuncia ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1, a cargo de Ramiro González.

La denuncia está dirigida a los supuestos dueños de la empresa por “acceder en forma ilegítima a un banco de datos personales, por defraudación a la administración pública y por lavado de activo”.

El organismo incrementó las inspecciones sobre los convoyes que atravesaban el río Paraná, efectuando verificaciones documentales en los términos establecidos por el Código Aduanero y la Ley N° 24.385 (Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná) y controlando tanto la seguridad de los precintos como el acceso a las respectivas cargas.

Para los procedimientos fueron movilizados equipos de agentes especializados de la Dirección General de Aduanas junto con canes antinarcóticos.

La Hidrovía es el curso hídrico de mayor relevancia del Mercosur y como tal, es una vía elegida para el contrabando de drogas a Europa -ello valiéndose de la complejidad que presenta la realización de controles sobre barcazas cargadas de granos o mineral de hierro, y la facilidad para acondicionar cargas de estupefacientes durante los más de 3.400 km de navegación.

El Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná establece que, en el curso de la Hidrovía, las aduanas deben abstenerse de practicar inspecciones o controles a las unidades de transporte -salvo cuando entren a puerto a realizar operaciones-, limitándose a la revisión de la documentación y condiciones exteriores de la carga, como el precintado.

Cabe aclarar, en caso de sospecha de fraude, ello de ninguna manera limita el derecho de las aduanas a realizar los controles que consideren pertinentes.

Se debe señalar que los controles implementados por la DGA se realizaron aprovechando las características propias de la logística de la navegación.

En este sentido, los convoyes de barcazas amarran en islas a la altura de la provincia de Corrientes y segmentan en cantidades menores el número de barcazas, permitiendo, de esta manera, que el personal aduanero realice sus acciones de control sin demorar el flujo comercial.

Asimismo, la Aduana está evaluando, para facilitar la libre navegabilidad, la implementación del Precinto Electrónico para el Monitoreo Aduanero (PEMA), herramienta que permite un control satelital ágil y eficiente.

El primer hallazgo ocurrió durante un control de rutina en el Puente Internacional Salto Grande. Durante la inspección del camión con matrícula de Paraguay, que transportaba maíz, el personal aduanero utilizó métodos no intrusivos, como el escáner aduanero y el binomio guía-can. Gracias a estos métodos, se logró detectar y secuestrar un total de 89,150 kg de estupefacientes. El cargamento fue inmediatamente puesto bajo custodia de la Aduana y se informó a las autoridades judiciales correspondientes.

El segundo decomiso tuvo lugar en el paso Colón-Paysandú, donde los controles habituales permitieron descubrir otros 31 kg de cocaína ocultos en la cabina del camión. El valor total estimado de ambos cargamentos alcanza los USD 1.800.000.

El director general de Aduanas, Guillermo Michel, enfatizó la determinación de combatir el narcotráfico, catalogándolo como una amenaza que trafica con la enfermedad y la muerte. En esta lucha contra el flagelo, destacó la importancia del trabajo de los canes aduaneros, la implementación de tecnología avanzada y la continua capacitación del personal aduanero. Además, se anunció la adquisición de cinco nuevos escáneres que serán distribuidos en todo el país para fortalecer aún más las capacidades de detección.

La incineración de los cargamentos fue ordenada por el Juzgado Federal de Posadas N° 1 y el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del Dr. Pablo Sero, respectivamente. La supervisión de este proceso estuvo a cargo de la Jueza Federal de Concordia, Dra. Analía Ramponi, quien contó con el apoyo del personal de la Gendarmería Nacional.

El objetivo del organismo que dirige Guillermo Michel es que las mercaderías incautadas sean devueltas de forma provechosa a la sociedad. La Dirección General de Aduanas entregó una nueva donación a la Municipalidad de Gualeguaychú. En esta oportunidad, el organismo que dirige Guillermo Michel otorgó 963 camperas para adultos de distintas marcas y tamaños que tiene un valor en plaza de $3.265.437,74. Las prendas fueron incautadas por agentes especializados de la Aduana durante un operativo en el puente Rosario-Victoria. La mercadería no contaba con la documentación que avalara su legítimo ingreso al territorio aduanero. Justamente, uno de los principales compromisos de la gestión de Guillermo Michel en el organismo es asegurar que las mercaderías incautadas por el Estado Nacional sean devueltas en forma provechosa a la sociedad, integrando un ciclo virtuoso. Por ello, coordina con otros entes de la Administración Pública Nacional la entrega de los bienes que pueden ser donados en el marco de la Ley 25.603. En ese sentido, el director general de Aduanas dijo: “Estas donaciones son el resultado de la tarea que hacen las áreas operativas de la Aduana: trabajan para que esta mercadería vuelva a los ciudadanos. Cuenten con nosotros para seguir trabajando”. De la entrega de las camperas participaron Lorena Arrozogaray, viceintendenta de Gualeguaychú; Fabián Lavini, jefe de Sección Inspección Simultánea a cargo de la Aduana de Gualeguaychú; Sofía Ghiglione, concejala de esa ciudad y Martín Núñez, administrador de la Aduana de Diamante.

“Le quiero agradecer a la Aduana por estar siempre presente. Este tipo de indumentaria es muy necesaria para los vecinos y vecinas de Gualeguaychú en este momento de necesidad”, aseguró Arrozogaray al finalizar la entrega de la donación.

D.local Limited, una fintech que procesa pagos digitales de otras compañías y que en 2021 se convirtió en el primer único unicornio uruguayo y la primera empresa de ese país que cotiza en Wall Street, sufre un duro traspié este viernes, cuando sus acciones se desplomaron 17,3 % en Nueva York, a USD 11,41, dinámica que también hundió su capitalización bursátil a 3.352 millones de dólares. D.local, se enfrenta a una investigación por parte del Estado argentino y podría ser denunciado por estafa ante Estados Unidos debido a la presunta fuga al exterior de, por lo menos USD 400 millones de la empresa de tecnología financiera.

Las malas noticias no dejan de llegar para dLocal tras aquel miércoles negro de noviembre en el que sus acciones se derrumbaron más del 51 % luego de que la empresa Muddy Waters Capital emitiera un informe lapidario sobre las finanzas del unicornio uruguayo. Ahora, la fintech se enfrenta a una posible denuncia de la Aduana argentina ante la Securities and Exchange Commission (SEC), el regulador de Wall Street, por haber enviado millones de dólares al exterior con el propósito de �Sfugar divisas⬝. Según fuentes del mercado, la empresa opera unos USD 1,3 millones por día y había operado USD 7 millones, lo que muchos interpretaron como un intento de rescate en medio de la caída. Fuentes oficiales argentinas fueron contundentes al definir la actividad en el país de la fintech oriental. �SSon un mero instrumento para aprovechar la brecha cambiaría y sacar dólares al exterior con operaciones que no tienen su reflejo en la contabilidad⬝. Las autoridades locales lo acusan de �Sfugar⬝ al menos unos USD 400 millones sólo el año pasado. Según informó Infobae este viernes, la AFIP le exigió documentación y la Aduana trabaja para denunciarlo ante la SEC, el regulador de Wall Street, y buscará obtener información vía el Tesoro americano y Homeland Security Investigations sobre el destino de los fondos. Las autoridades argentinas sospechan que las operaciones de d.local son un mero instrumento para aprovechar la brecha cambiaría y sacar dólares al exterior. La empresa fue fundada en 2016 por Sergio Fogel y Andrés Bzurovski. Nació como un desprendimiento de otro medio de pago, Astropay, también creada por Fogel, con el objetivo de convertirse en una plataforma que cubra las necesidades de pego de grandes empresas digitales en mercados emergentes, como los países de la región y África. Fuentes de la Aduana, el organismo de control que comanda Guillermo Michel, evalúan notificar a la SEC a través de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. También buscarán obtener información vía FinCEN, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro americano, y de Homeland Security Investigations (HSI) para establecer los beneficiarios afectivos de los giros y determinar la ruta del dinero que salió de Argentina. 

Un control llevado adelante por agentes especializados de la Dirección General de Aduanas en inmediaciones del puente Rosario-Victoria resultó en el secuestro de más de un centenar de cubiertas de gran porte, de origen extranjero. El valor de la mercadería en infracción asciende a $11.600.000.

En este caso, las inspecciones del personal de la Aduana se centraron sobre vehículos de logística y envío de encomiendas. Así, con respecto a las cubiertas secuestradas, los agentes del organismo que dirige Guillermo Michel exigieron a los transportistas la documentación que avalara el legítimo ingreso de la mercadería al país, pero éstos no fueron capaces de exhibirla.

De ese modo, los agentes de la Aduana labraron las actas correspondientes y, en el marco de los artículos 986 y 987 de la Ley 22.415, procedieron al secuestro de la mercadería.

Intervino en la causa que resultó del procedimiento el Juzgado Federal de Victoria, a cargo del Dr. Federico Martín.

La causa en cuestión que tramita en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, a cargo del juez Marcelo Aguinsky, supone un antecedente histórico, ya que gran parte de la mercadería en infracción consistía en productos con fraude marcario.

�SSi bien los titulares y licenciatarios de las marcas afectadas podrían exigir su destrucción, sus representantes legales junto a las autoridades gubernamentales y de Cáritas Argentina, acompañan la decisión de proceder a la donación de estos bienes a los sectores más carenciados de nuestra comunidad⬝, explicó Aguinsky.

Así, solo el 22 % de la mercadería involucrada en la causa (cuyo valor asciende a USD 364 millones) fue destruida.

 Entre lo donado hay juguetes, indumentaria, rollos de tela, artículos de bazar, de cocina y herramientas, entre otros.

Conforme con el resultado, Aguinsky señaló: �SLa audiencia que decidimos convocar en la terminal de contenedores es para decidir sobre importaciones con doble fraude.

Estos productos secuestrados en condiciones de ser donados se hallan en doble infracción, es decir, por un lado, mercadería involucrada en una maniobra de contrabando propiamente dicha y, por otro lado, por ostentar una marca falsificada⬝.

Y agregó: �SCuando una persona le advierte a otra ��no pases por debajo de la escalera que te va a traer mala suerte�", vemos que la reacción inmediata es acatar esa indicación. Pero si alguien decide armar una organización para defraudar a la Aduana,  dice ��Traigamos cosas de contrabando que no pasa nada�". No hay que ser supersticioso. Lo que de verdad trae mala suerte es meterse en problemas con la ley⬝.

Participaron de la firma Leonardo Moyano, a cargo de la Secretaría de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; Darío Trimarco, Gerente Operativo de BACTSSA (permisionario de la Terminal Portuaria N°5); el Monseñor Gustavo Carrara, a cargo de la Vicepresidencia de Cáritas Argentina; el Comisario Inspector Gustavo Quevedo, del Departamento de Delitos Federales de la Policía Federal Argentina. En representación de las marcas afectadas por el fraude marcario, firmaron el Dr. Pablo Serra, por Mattel, Inc.; Alejandro Camino, Joaquín López Díaz, Javier Amarilla y María Eugenia Camino, en representación de las marcas Nike, Puma, Levi�"s, Converse, Tommy Hilfiger, Chanel, Versace y Under Armour. A su vez, Ana Paula Gallardo y Lucía Cuggino lo hicieron en representación de The Walt Disney Company, mientras que Gustavo Giay firmó por Adidas. 

Personal de la Aduana apostado en el Paso Fronterizo Internacional Clorinda-Puerto Falcón estaba realizando controles de tránsito internacional cuando un camión proveniente de Paraguay se presentó en el área de control. El mismo tenía Uruguay como destino final e ingresaba a la Argentina solo para realizar el trayecto terrestre que conecta con el país oriental.

El camión fue sometido al control de escáner y fue en ese momento que los agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP advirtieron algo extraño en las imágenes de la cabina. En ese marco, procedieron a una verificación exhaustiva y detectaron un bulto de grandes dimensiones que contenía medicamentos de los habitualmente denominados anabólicos. Concretamente, había 150 cajas de Oxitoland, 150 cajas de Testanad Depot de 250 ml, 150 cajas de Decaland Depot de 200 ml, 400 cajas de Durasteston de 250 mg en ampollas y 20 cajas de Androlic de 25 mg en comprimidos.

Por la cantidad y variedad de mercadería hallada -toda de origen extranjero- se presume que estaba siendo importada con fines comerciales, lo cual invalida su ingreso por la vía del régimen de equipaje. Sin embargo, la falta más grave en este caso es la falta de certificación de la ANMAT, sin la cual la importación de productos de este tipo está prohibida. De esta manera, los medicamentos fueron secuestrados en su totalidad por infracción a la Resolución N° 2014/1993.

Formalmente, el valor de la mercadería supera los 3 millones de pesos, pero se estima que en el mercado informal el precio puede incluso duplicarse.

Qué son los anabólicos

También denominados esteroides, son iguales o similares a ciertas hormonas del cuerpo, que las produce de manera natural para funciones como el crecimiento y el desarrollo.

No obstante, algunas personas usan esteroides en forma de píldoras, geles, cremas o inyecciones para mejorar su rendimiento deportivo o su aspecto físico. Existen más de 100 variantes de esteroides anabólicos, cuyo uso en gran medida, carece de regulación. Su venta ilegal y consumo abusivo generan graves riesgos para la salud.

En el marco de las investigaciones que tramitan ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Ciudad de Gualeguaychú, a cargo de Hernán Viri, la Aduana realizó 71 allanamientos en locales de venta de indumentaria en diferentes puntos de Entre Ríos y del país. Sólo en la provincia, los operativos fueron Gualeguaychú, San José, Victoria, Colón, Rosario del Tala, Diamante, Paraná y Concepción del Uruguay. También hubo procedimientos en CABA y Gran Buenos Aires.

Además de personal de Aduana, hubo agentes de la Dirección General Impositiva, Seguridad Social, con la colaboración de la Policía Federal y Gendarmería Nacional Argentina. Se procedió al secuestro de 25.133 prendas de vestir y zapatillas por infracción a la Ley de marcas, o por incapacidad de justificar el legítimo ingreso de la mercadería al territorio aduanero. El valor de las prendas secuestradas asciende a $55.640.000.

También fueron secuestradas, en una imprenta, máquinas que se usaban para falsificar las etiquetas. Las tareas de comiso de mercadería seguirán durante el día de mañana.