El cronograma se extenderá hasta lunes 9 de marzo.Lunes 2 de marzo (acreditación sábado 28 de febrero): hasta 860.000 pesos.Martes 3 de marzo: desde 860.001 hasta 1.145.000 pesos.Miércoles 4 de marzo: desde 1.145.001 hasta 1.330.000 pesos.Jueves 5 de marzo: desde 1.330.001 hasta 1.635.000 pesos.Viernes 6 de marzo: desde 1.635.001 hasta 2.180.000 pesos.Lunes 9 de marzo (acreditación sábado 7 de marzo): superior a 2.180.001 pesos.El enlace a la noticia es http://portal.entrerios.gov.ar/noticias/49409 

Esta medida forma parte del proceso de modernización del Estado que impulsa la provincia, con el objetivo de simplificar trámites, eliminar el uso de papel y mejorar la experiencia de los trabajadores públicos. Desde ahora, los recibos estarán disponibles en formato digital, permitiendo su consulta, descarga y resguardo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.El acceso se realiza ingresando a www.mientrerios.gob.ar, donde cada agente puede identificarse de manera segura y visualizar su información salarial de forma rápida y transparente. La digitalización de este servicio no solo mejora la accesibilidad, sino que también optimiza los procesos administrativos y reduce tiempos y costos asociados a la gestión en papel.Desde la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación destacaron que este avance se enmarca en una estrategia integral que busca poner la tecnología al servicio de las personas, cuidando el tiempo de los trabajadores y fortaleciendo un Estado más eficiente, ágil y cercano.Con esta incorporación, Mi Entre Ríos continúa consolidándose como la plataforma central de trámites y servicios digitales de la provincia, ampliando sus funcionalidades y facilitando el vínculo entre el Estado y la ciudadanía. 

El pago comenzará a acreditarse a partir del sábado 31 de enero de 2026 y se realizará de manera escalonada, de acuerdo con los tramos salariales establecidos.

El detalle del cronograma es el siguiente:

Lunes 2 de febrero (acreditación el sábado 31 de enero): hasta 710.00 pesos.Martes 3 de febrero: desde 710.001 hasta 945.000 pesos.Miércoles 4 de febrero  desde 945.001 hasta 1.130.000 pesos.Jueves 5 de febrero : desde 1.130.001 hasta 1.435.000 pesos.Viernes 6 de febrero: desde 1.435.001 hasta 1.980.000 pesos.Lunes 9 de febrero (acreditación sábado 7 de febrero): más de 1.980.001 pesos

En un contexto de ajustes generalizados en el Estado, los salarios públicos muestran una marcada diferencia en su evolución según el nivel de administración. El poder adquisitivo de los trabajadores provinciales se ubicó en septiembre un 6,3% por debajo de noviembre de 2023, mientras que los asalariados nacionales experimentaron una caída del 32,6 por ciento.Este contraste refleja un fenómeno que comenzó meses atrás y se profundizó a lo largo del año, según precisó Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).En enero de 2024, tanto el sector nacional como el provincial habían registrado una pérdida del 22% en su poder adquisitivo respecto de noviembre de 2023.Tras ese punto de partida, los salarios provinciales iniciaron una recuperación que los diferenció de sus pares nacionales, cuya capacidad de compra siguió en descenso. Esta dinámica afectó de manera directa la capacidad de consumo de miles de empleados públicos en todo el país.La brecha salarial se acompaña de distintos niveles de gasto público en cada jurisdicción. El informe de Argañaraz señala que el gasto en salarios provinciales creció en términos reales un 11% interanual durante el primer semestre de 2025, mientras que el gasto en salarios nacionales disminuyó un 5%. Estos movimientos pueden asociarse tanto a variaciones salariales como a cambios en la cantidad de empleados públicos.Al respecto, la dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades alcanzó los 283.552 empleados en septiembre, de acuerdo al último dato del Indec. Esa cifra representa una caída interanual del 7,6% y mensual del 0,7%. En noviembre de 2023 la cantidad de trabajadores ascendían a 317.345.Una de las problemáticas que aparecen en ese contexto de despidos masivos en el sector público es que el empleo en el sector privado sigue en caída, por lo que la capacidad de reinserción en el mercado laboral se torna compleja. Por caso, los datos del SIPA muestran que en agosto (último dato disponible) perdieron su puesto 10.555 trabajadores registrados. Desde noviembre de 2023, la reducción acumulada es de 138.573 empleos.Vale mencionar que, según un relevamiento de Ecosur, la mayor parte del empleo público en la Argentina se concentra en los niveles provinciales y municipales, con marcadas diferencias en la cantidad de personal y en los salarios según cada región.De acuerdo con el Indec, en 2024 el 15,8% de los ocupados se desempeñaba en el sector público. De ese universo, el 21% trabajaba en la administración nacional, el 66% en las provincias y el 13% en los municipios.En ese sentido, el gasto en personal también muestra una fuerte disparidad entre jurisdicciones. Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Cruz registraron en 2024 el mayor gasto per cápita, mientras que Buenos Aires, Mendoza, Santiago del Estero y Córdoba se ubicaron entre las provincias con menor desembolso por habitante.La distancia entre los extremos es significativa: las provincias de menor gasto anual destinan menos de un millón de pesos per cápita (a precios de agosto de 2025), mientras que todas las patagónicas triplican o superan ampliamente ese monto.A partir del gasto total en personal y la cantidad de empleados, Ecosur calculó el costo laboral promedio en cada administración provincial. Si bien aclararon que no equivale estrictamente al salario —porque incluye aportes patronales y otros conceptos asociados a diversas modalidades de contratación— constituye una aproximación del ingreso medio en el empleo público provincial y permite comparar entre jurisdicciones.Las diferencias son notorias. Neuquén y Santa Cruz encabezan el ranking de costo laboral, con un gasto mensual estimado de $3,1 y $2,8 millones por empleado, respectivamente. Les siguen la Ciudad de Buenos Aires ($2,3 millones), Chubut ($2,2 millones) y Tierra del Fuego ($2,2 millones).En el otro extremo aparecen La Rioja ($1,1 millones), Jujuy ($1,2 millones), San Luis ($1,3 millones) y Santiago del Estero ($1,4 millones), que exhiben los costos laborales más bajos del país. Infobae.

El encuentro se llevó a cabo en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno, y contó con la participación del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider; el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas y el secretario de Modernización, Emanuel Gainza.Durante la reunión, se presentó el plan de reingeniería del sistema de obra pública, que busca digitalizar integralmente los procedimientos que hoy se realizan en papel, desde el inicio hasta la finalización de cada proyecto."El objetivo es reducir los plazos actuales, que pueden extenderse hasta 90 días, a unos 30 o 40 días", explicó el secretario de Modernización, Emanuel Gainza. "Esto implica un trabajo articulado entre todos los organismos intervinientes y representa un paso central hacia la modernización del Estado", añadió.Gainza detalló que, como parte del diagnóstico, se realizaron más de 60 entrevistas, se llevaron adelante cinco talleres de trabajo y se analizaron más de 30 procesos internos. A partir de este trabajo, se conformará una mesa conjunta liderada por el Ministerio de Planeamiento para avanzar en la implementación del nuevo sistema."La digitalización permitirá mayor trazabilidad, más transparencia y velocidad en trámites que impactan directamente en la ciudadanía, como es la ejecución de la obra pública", subrayó.Tambien participaron, el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönals; y el director administrador de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, entre otros funcionarios.Por su parte, el ministro Darío Schneider remarcó la importancia de esta herramienta dentro del rumbo de modernización que impulsa la gestión provincial. "Digitalizar los procesos de certificación de obra pública nos permitirá ganar eficiencia, evitar demoras y reducir costos para el Estado, al eliminar el pago de intereses derivados de atrasos administrativos", explicó.Schneider destacó también el trabajo de campo realizado por la Secretaría de Modernización: "Han recorrido oficina por oficina para conocer el funcionamiento actual y trasladarlo a un sistema digital, que hoy fue presentado al gobernador".Respecto a la reacción del mandatario, el ministro comentó que Frigerio se mostró interesado y comprometido con la iniciativa, consultando sobre los tiempos y alcances del proyecto. "Es un proceso que lleva tiempo, pero que ya está en marcha, al igual que lo que ya hicimos con la digitalización de decretos y resoluciones", concluyó.

Sábado 30 de agosto: hasta 651.000 pesos.Martes 2 de septiembre: desde 651.001 hasta 867.000 pesos.Miércoles 3 de septiembre: desde 867.001 hasta 1.041.000 pesos.Jueves 4 de septiembre: desde 1.041.001 hasta 1.322.000 pesos.Viernes 5 de septiembre: desde 1.322.001 hasta 1.827.000 pesos.Sábado 6 de septiembre: más de 1.827.001 pesos. 

"No vamos a eliminar las horas extras, vamos a ordenarlas en un trabajo conjunto con los gremios. No pagaremos horas que no se trabajan ni tampoco las que no hagan falta. En un contexto como el que vivimos, es inadmisible", afirmó.Boleas remarcó que las horas extras "fueron pensadas como una herramienta excepcional, para situaciones concretas donde sea necesario extender la jornada laboral. No para complementar sueldos ni para sostener hábitos que se naturalizaron con el tiempo pero que hoy no resisten ningún análisis de eficiencia ni de justicia".Precisó que la medida podría tener impacto como mucho sobre un 4% de la totalidad de empleados públicos. En la gran mayoría son los sueldos más altos del escalafón general. A su vez, el ministro sostuvo que la revisión del sistema no implica un ajuste, sino un acto de respeto. "Respeto por el trabajo genuino, por quienes cumplen, y sobre todo por los contribuyentes que nos sostiene con su esfuerzo todos los días", explicó. "El régimen actual se desvirtuó. La ley es clara: la jornada laboral concluye pasado el mediodía. Las horas extraordinarias deben ser la excepción, no la regla. Lo que estamos haciendo es revisar y corregir un sistema que muchas veces se sostuvo por comodidad o costumbre, pero que no puede seguir así", agregó. Finalmente, concluyó: "El esfuerzo no puede recaer siempre en los mismos. Desde el Estado, tenemos que dar el ejemplo. Cuidar los recursos públicos no es solo una obligación legal: es un deber moral con la sociedad". 

En el marco del proceso de ordenamiento y cumplimiento estricto de la normativa vigente, la Fiscalía de Estado, a través de la Dirección de Sumarios, informó que durante 2024 y lo que va de 2025 se dictaron 174 cesantías de agentes de la administración pública provincial, como resultado de los sumarios por incumplimientos graves a los deberes de funcionario público.Según el informe de Fiscalía, en 2024 se resolvieron 85 cesantías y dos exoneraciones, mientras que en lo que va de 2025 ya se dictaron 89 cesantías y una exoneración. En promedio, alrededor del 80 por ciento de los sumarios finalizados en este período culminaron en la aplicación de la sanción de cesantía, la medida prevista por la ley para los casos de faltas graves.El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, subrayó que esto es resultado de la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de regularizar y ordenar la aplicación de la Ley N° 9755 y los distintos estatutos que rigen la función pública provincial. "Desde el inicio de la gestión, el Poder Ejecutivo asumió el compromiso de hacer cumplir las leyes que regulan el desempeño de los agentes públicos, respetando los derechos de defensa y garantizando el debido proceso en cada caso", explicó el funcionario.En este sentido, Rodríguez Signes remarcó que durante años el ejercicio del poder disciplinario en la administración pública fue claramente irregular. "Los sumarios se hacían, pero sucedían dos cosas: o bien los gobiernos que sucedían al que había iniciado el proceso sumarial invalidaban esos sumarios mediante indultos; o directamente no se concluía el procedimiento, quedando los expedientes archivados, sin dictar los decretos de cesantía o exoneración. Así se desnaturalizaba el ejercicio del poder disciplinario de la administración", dijo. Y agregó: "Así es como encontramos situaciones ridículas, con personas que acumularon más de 100 o 200 inasistencias injustificadas. La gran mayoría de las cesantías actuales responden justamente a faltas injustificadas".Cabe aclarar que los sumarios que lleva adelante la Dirección de Sumarios no comprenden al personal docente ni policial, cuya tramitación corresponde a otros ámbitos administrativos.El fiscal de Estado precisó además que, actualmente, el total de sumarios en trámite ronda los 215 expedientes. "Puede haberse incorporado algún caso más, pero seguimos trabajando sobre un universo de alrededor de 215 expedientes activos", explicó.Este proceso de depuración y control apunta a fortalecer la transparencia, garantizar el correcto funcionamiento de la administración pública y proteger los intereses del Estado provincial, resguardando los recursos que pertenecen a todos los entrerrianos. 

Durante los primeros 15 meses de gestión del presidente Javier Milei, un total de 42.034 empleados dejaron sus puestos en el sector público nacional. Esta cifra representa una reducción del 8,4% del personal estatal y marca uno de los ajustes más profundos en la estructura administrativa del Estado argentino en décadas recientes.El dato fue informado oficialmente este viernes por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, y forma parte de la estrategia del Gobierno para reducir el gasto público y avanzar hacia el equilibrio de las cuentas fiscales. De acuerdo con el informe difundido por la cartera, esta reducción genera un ahorro estimado de USD 1.635 millones anuales.Según el análisis presentado, las desvinculaciones abarcan tres grandes áreas del Estado: la Administración Pública Nacional (APN), las empresas estatales y el personal militar y de seguridad. La APN concentró el mayor volumen de bajas, con una reducción del 11,8% en su plantel, seguida por las empresas públicas, donde la caída fue del 15%, y el sector de defensa y seguridad, con menores cifras aunque también en descenso.Dentro de la APN, el recorte alcanzó a todas las modalidades de vinculación laboral. El personal de planta permanente y transitoria se redujo en un 6%, en tanto que los empleados contratados bajo la Ley Marco (Ley 25.164) disminuyeron en un 18,6%. Sin embargo, el mayor ajuste se registró entre quienes prestaban servicios bajo el régimen LOYS —monotributistas regulados por el Decreto 1109/17—, que cayeron un 50,7% en el mismo período.El informe destaca que, tomando como base los salarios promedio ponderados de febrero de 2025 para cada tipo de contratación, el ahorro en sueldos asciende a USD 817,5 millones anuales. A este monto se le suman los costos indirectos asociados al funcionamiento administrativo —infraestructura, servicios, insumos, equipamiento— que, según estimaciones utilizadas por el propio Gobierno, equivalen aproximadamente al salario del trabajador. Por esta razón, se estima que el costo total de un empleado estatal duplica su sueldo, llevando el ahorro total proyectado a 1.635 millones de dólares.Desglosado por tipo de contrato, el mayor ahorro en sueldos proviene de las desvinculaciones bajo la Ley Marco, con USD 216 millones, seguidas por las del personal de planta permanente y transitoria (USD 190 millones) y los contratos LOYS (USD 61 millones). Sumando los costos indirectos, los valores se duplican: USD 432 millones, USD 380 millones y USD 122 millones, respectivamente.El documento oficial también hace una salvedad metodológica: los cálculos se basan en el salario promedio de la APN, pero se aplican también para estimar el ahorro en otros sectores del Estado, como las empresas públicas y las fuerzas de seguridad. Si bien esta aproximación puede resultar conservadora —dado que los costos asociados pueden ser mayores en otras áreas—, se consideró apropiada para unificar criterios de análisis.Desde el Gobierno se sostiene que esta política de reducción de personal responde a un compromiso explícito con la eficiencia, la austeridad y la necesidad de alcanzar el superávit fiscal. “Son menos impuestos para todos nosotros”, afirmó el ministro Sturzenegger en sus redes sociales, al comunicar los resultados del informe. En ese sentido, el recorte en la estructura del Estado se presenta como uno de los pilares centrales de la estrategia económica que impulsa la actual administración.El proceso de desvinculación ha generado reacciones diversas. Desde sectores afines al oficialismo se lo celebra como un paso clave hacia la modernización del aparato estatal. Por el contrario, desde la oposición y los gremios estatales se ha cuestionado la metodología, el impacto social y el posible deterioro en la capacidad operativa de ciertas áreas sensibles de la administración pública.Organizaciones sindicales advirtieron que muchas de las personas afectadas cumplían funciones clave en áreas sociales, de salud, educación o ciencia y técnica, lo que, según sostienen, podría afectar la calidad y continuidad de servicios públicos esenciales. A su vez, denuncian que en algunos casos las desvinculaciones se realizaron sin mediar evaluaciones de desempeño ni procesos de revisión adecuados.

Avance hacia una segunda etapaFrente a estas críticas, el Gobierno reafirmó que el proceso de reducción fue planificado y que continuará durante este año. La cartera de Desregulación anticipó que se avanzará con una segunda etapa que incluirá la eliminación de áreas estatales consideradas no esenciales, así como una revisión integral de estructuras organizativas con el objetivo de evitar duplicaciones, superposiciones de funciones y mantener sólo las dependencias con impacto real en la gestión pública.En paralelo, el ajuste del empleo estatal se enmarca dentro de una política más amplia de recorte del gasto público. El mismo informe oficial menciona que la mejora del resultado fiscal durante los primeros meses de 2025 se explica, en gran parte, por la fuerte contracción del gasto primario. Las transferencias a las provincias, la obra pública y los subsidios son otras de las partidas que también sufrieron importantes reducciones nominales y reales. Infobae.

El Estado provincial entrerriano estableció las fechas de asueto por las fiestas de fin de años y el período de receso administrativo del verano 2025 a través de un decreto. La norma indica que, para la prestación de los servicios esenciales, se establecerán las guardias que sean necesarias en las distintas reparticiones. De esta manera, se dispuso que se otorgue el asueto al personal de la Administración Pública Provincial los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre. Mientras que el receso administrativo en el ámbito de la Administración Pública Central, se lleve a cabo entre los días 2 y 17 de enero de 2025 inclusive, el que se computará a cuenta de la licencia anual ordinaria de los agentes provinciales. El decreto menciona que, para dictar el asueto y el receso, se toman en cuenta los datos de la administración provincial, los cuales indican que “en vísperas de las fiestas, como así también durante el mes de enero, se observa una marcada disminución de trámites y gestiones en áreas vinculadas con los Poderes del Estado”.Por otra parte, informa que se “dispone la suspensión de las plazos administrativos excepto los referidos a los procedimientos de selección del co-contratante estatal bajo la ley de contabilidad y la de obras públicas que no refieran a reclamos o recursos administrativos; los concernientes a las operaciones de crédito público: a los procedimientos de los registros públicos y a los que expresamente las autoridades máximas de cada jurisdicción les habiliten día y hora mediante la emisión de los actos administrativos de su competencia, en los periodos antes consignados”.

Cronograma de pagos

Jueves 1 de agosto: haberes hasta 413.000 pesos.Viernes 2 de agosto: haberes desde 413.001 pesos hasta 563.000 pesos.Sábado 3 de agosto: haberes desde 563.001 pesos hasta 682.000 pesos.Martes 6 de agosto: haberes desde 682.001 pesos hasta 875.000 pesos.Miércoles 7 de agosto: haberes desde 875.001 pesos hasta 1.225.000 pesos.Jueves 8 de agosto: haberes mayores a 1.225.000 pesos. 

El Plan ofrece a trabajadores de la provincia y de municipios entrerrianos la posibilidad de capacitarse en diversas temáticas como presupuesto, planificación y evaluación, género, lengua de señas, procedimientos administrativos o el uso de herramientas básicas contables y procesadores de textos entre otros temas, con el objeto de brindar una actualización y formación permanente que redunde en mejores capacidades estatales y servicios públicos, promoviendo en simultáneo el conocimiento, compromiso y vinculación de los trabajadores con su función en la administración pública. Durante 2024 ya se dictó una primera capacitación denominada "Intervenciones breves contra el tabaco", desarrollada en conjunto con la Coordinación de Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles del Ministerio de Salud y que contó con la participación de 60 personas que trabajan, principalmente, en las administraciones públicas de Nogoyá, Victoria, Gualeguay, María Grande, Galarza y Paraná. El Plan pertenece a la Dirección General de Recursos Humanos que depende del Ministerio de Gobierno y Trabajo.

A tener en cuentaAquellos trabajadores que nunca han ingresado a la plataforma ni han realizado un curso primero deberán matricularse en el Plan, y luego inscribirse al curso de su interés. Quienes ya se encuentren matriculados sólo deberán inscribirse al curso que deseen. Los accesos se encuentran en los siguientes enlaces:-Plan de Capacitaciones: https://portal.entrerios.gov.ar/gobiernoytrabajo/rrhh/capacitacion.-Campus virtual para realizar actividades: https://campusvirtual.entrerios.gov.arPor más consultas: mailto:capacitaciones@entrerios.gov.ar 

El Gobierno nacional se dispone a decretar asueto el 23 y 30 de diciembre para todos los trabajadores de la Administración Pública Nacional.

Un proyecto de DNU con firma del secretario de Interior, José Lepere, plantea la medida a la que le falta la firma de Alberto Fernández para su publicación en el Boletín Oficial.

La fundamentación para la medida gira entorno a la proximidad de las fiestas de fin de año, para quienes �Spor diversas causas, se domicilian lejos de sus seres queridos⬝, según explicaron desde el ministerio del Interior que encabeza Eduardo �SWado⬝ de Pedro.

Dado que los días 24 y 31 son vísperas de las festividades de la Navidad y del Año Nuevo, se considera conveniente otorgar asueto administrativo el 23 y 30 de diciembre del corriente año.

El incremento que se efectúa con los haberes de agosto, se compone del 6,16 por ciento pendiente en el primer acuerdo paritario de este año (que totaliza un 45,45 por ciento) y un 4 por ciento. El porcentaje representa una medida adicional que busca mejorar el salario de las y los trabajadores estatales ante la escalada inflacionaria.

El cronograma de pago dado a conocer por el Ministerio de Economía es el siguiente:

Sábado 3 de septiembre: de 100.001 pesos a 125.000 pesos

Martes 6 de septiembre: de 125.001 pesos a 175.000 pesos

Miércoles 7 de septiembre: más de 175.000 pesos.