Joaquín Morales Solá

En los últimos días, se han registrado agresiones contra los periodistas Carlos Pagni, Jorge Liotti, Joaquín Morales Solá, Ignacio Girón y Manu Jove, así como contra distintos medios de comunicación.ADEPA recuerda que el debate público sobre la labor periodística es legítimo y bienvenido. Sin embargo, el insulto y la estigmatización personal, máxime cuando provienen de altas autoridades, pueden generar intimidación y hostilidad hacia el ejercicio del periodismo. Y esto afectar el acceso a la información de la ciudadanía.

Durante su intervención, Pagni definió a la educación como “el gran tema de nuestro tiempo”, al tiempo que describió la crisis económica argentina como un fenómeno persistente y singular.

En ese marco, explicó que la inflación actual impacta de manera distinta a otros períodos históricos, debido al alto nivel de informalidad: “Hoy millones de personas no tienen salario sino ingresos, sin estructuras que los protejan frente a la pérdida de poder adquisitivo”, señaló.

El analista advirtió que el combate contra la inflación puede ofrecer rédito político inmediato, pero implica decisiones profundas que requieren tiempo y, sobre todo, consensos. En ese sentido, planteó una de las principales incógnitas del actual modelo económico: los plazos entre el ajuste y la recuperación.

“La destrucción es más rápida que la creación. El problema es cuánto tarda en generarse el nuevo empleo y cómo se transita ese período con la gente adentro”, subrayó.

Pagni también cuestionó lo que consideró una visión “ingenua” sobre los tiempos de la economía por parte del Gobierno, al ejemplificar con la apertura de mercados y sus efectos en la producción y el empleo. Recordó experiencias internacionales donde esos procesos demandaron años de transición, incluso con respaldo financiero externo.

En el plano político, analizó el estilo de liderazgo actual dentro de una tradición más amplia, señalando que no se trata de fenómenos novedosos sino de expresiones que emergen en contextos de crisis de representación. “Son liderazgos que canalizan el malestar social y lo redirigen contra la dirigencia tradicional”, explicó, al tiempo que los vinculó con modelos históricos de fuerte apelación emocional.

Asimismo, sostuvo que el actual esquema económico retoma características clásicas del liberalismo argentino, con énfasis en el mercado pero con debilidades en la calidad institucional. Advirtió que, en experiencias anteriores, este tipo de políticas derivaron en procesos de deterioro productivo y social, lo que luego impacta en la percepción pública del sistema.

En clave electoral, consideró que el oficialismo se apoya en un consenso social favorable a ciertos ordenamientos económicos, mientras que el kirchnerismo atraviesa una etapa de “recesión conceptual”, con dificultades para ofrecer una propuesta renovada. 

En ese escenario, vislumbró la posible aparición de un espacio intermedio que combine racionalidad económica con sensibilidad social, aunque señaló que aún no se identifica un liderazgo claro que lo encarne.

Finalmente, Pagni planteó que el desafío para el periodismo y la historiografía es identificar las continuidades detrás de los procesos actuales. “Muchas veces creemos que estamos ante algo completamente nuevo, cuando en realidad se repiten patrones. Mostrar esas continuidades es una tarea clave, aunque incómoda”, concluyó. 

En la apertura, el presidente de la entidad, Martín Echevers, planteó un escenario global y local atravesado por tensiones geopolíticas, transformaciones en el trabajo y el avance de la inteligencia artificial, a lo que se suman problemas estructurales de larga data en la Argentina. En ese contexto, destacó que, si bien se han dado avances en el plano macroeconómico, los desafíos actuales exigen mayor capacidad de diálogo, consensos amplios y debates de fondo.

Echevers remarcó el papel central del periodismo como herramienta para observar, interpretar y visibilizar la realidad, definiéndolo como un “termómetro social” y un “reflector” de situaciones que muchas veces no llegan con claridad a los ámbitos de decisión. En ese sentido, advirtió sobre el riesgo de avanzar en mecanismos que puedan afectar su tarea y sostuvo que ningún gobierno puede erigirse como árbitro de la verdad pública.

Durante su intervención, también se refirió a iniciativas vinculadas a regulaciones sobre expresiones periodísticas y a la creación de instancias de respuesta oficial, señalando la necesidad de proteger la labor informativa sin habilitar abusos, pero evitando herramientas que puedan generar intimidación o autocensura. Otro de los ejes fue la sostenibilidad de la industria, hoy condicionada por el crecimiento de plataformas digitales, algoritmos y sistemas de inteligencia artificial. Según expresó, este escenario genera desorden, falta de previsibilidad y pone en riesgo el financiamiento del periodismo profesional, especialmente frente al uso no autorizado de contenidos y la proliferación de desinformación en entornos digitales.

Asimismo, subrayó que, a diferencia del ecosistema de redes sociales —donde muchas veces predomina el anonimato—, los medios tradicionales cuentan con responsabilidad editorial y respaldo institucional, lo que refuerza su rol en la vida democrática. En representación de la región, participaron de la Junta el director de El Heraldo, Roberto Caminos, y el gerente administrador del histórico medio concordiense, contador César Ferrari, quienes formaron parte de las actividades junto a directivos de medios de todo el país, en un espacio clave para el intercambio de experiencias y el análisis del presente y futuro de la prensa.

La Junta de Directores incluye, además, espacios de debate y capacitación sobre inteligencia artificial, nuevos modelos de negocio, transformación de las redacciones y producción de contenidos digitales, con la participación de referentes del sector. Las actividades continuarán este jueves con nuevas deliberaciones y conferencias sobre el escenario económico y la innovación en medios. 

El encuentro reunirá a directores y representantes de medios de todo el país para analizar la actualidad del periodismo, la libertad de prensa y los desafíos que enfrenta la industria informativa en un contexto marcado por la transformación tecnológica y los nuevos modelos de negocio.La actividad comenzará el miércoles 18 por la mañana en el Auditorio de la Prensa Argentina, ubicado en Chacabuco 314, con la acreditación de los directores y la posterior reunión del Consejo Ejecutivo. Luego se realizará la apertura formal de la Junta con el informe de la presidencia y la integración de las comisiones de Libertad de Prensa e Información, Asuntos Económicos y Resoluciones, y Candidaturas.Durante la jornada también se desarrollará una conversación con el periodista y analista político Carlos Pagni, columnista de La Nación y conductor de Odisea Argentina por LN+, moderada por Daniel Dessein.El programa incluirá además distintos paneles de capacitación y debate sobre los cambios que atraviesa el periodismo. Entre los temas centrales se abordarán la incorporación de inteligencia artificial en las redacciones, la automatización de procesos, el uso de datos para el desarrollo de negocios de medios y las nuevas estrategias de video digital para ampliar audiencias.El jueves 19 continuarán las deliberaciones de la Junta de Directores, con informes de las distintas comisiones y la definición de la fecha y sede de la próxima Asamblea General de ADEPA.La agenda también prevé conferencias y paneles sobre el escenario económico, los productos periodísticos en la era de la inteligencia artificial, el valor del periodismo local y el aprovechamiento de los archivos periodísticos como herramientas de innovación.La presencia de Roberto Caminos y Cesar Ferrari en esta reunión nacional forma parte de la participación institucional de El Heraldo de Concordia en los espacios de debate y formación del periodismo argentino, donde se analizan los desafíos y las oportunidades que enfrenta la prensa en la nueva era digital. 

En toda democracia, los gobiernos tienen derecho a contar con áreas de comunicación institucional y a difundir la información oficial que consideren pertinente, así como su versión de los hechos que forman parte de la agenda informativa. Esa práctica es legítima y alimenta la lógica habitual del debate público. La preocupación de ADEPA no radica en la existencia de una oficina de comunicación, sino en la dinámica acusatoria y estigmatizante que se pretende asignarle.

El proclamado objetivo, de “desmentir”, parte del supuesto de que alguien miente, es decir falsea la realidad de manera consciente y deliberada, cuando en la dinámica informativa y en el análisis de los hechos el periodismo tiene la responsabilidad de contrastar opiniones, de reflejar todas las voces. Combatir la desinformación es un objetivo legítimo y necesario en toda sociedad democrática. Pero el Estado, en todo caso, es una fuente más de información, no el árbitro de la verdad pública. Como ha señalado ADEPA en otras oportunidades, la mala utilización de este tipo de organismos estatales, cuando se les atribuyen funciones de monitoreo, evaluación o verificación de contenidos, conlleva el riesgo de convertirlos en mecanismos de vigilancia, estigmatización o disciplinamiento indirecto del periodismo y de las opiniones críticas.Llama la atención, además, que en la presentación de este organismo se haga referencia sólo a la actividad periodística calificándola de “operaciones de los medios”, y no a la enorme cantidad de falsedades, manipulaciones y desinformaciones que circulan —muchas en forma anónima o a través de perfiles falsos— en redes sociales y plataformas digitales.

El mejor antídoto contra la desinformación no es la “verdad oficial”, sino un ecosistema plural de medios libres, profesionales e independientes, responsables ante sus audiencias y ante la ley, conforme a los estándares internacionales de libertad de expresión.

Los medios de comunicación, como actores centenarios de la vida democrática, cumplen una función social basada en la confianza de sus audiencias y de la ciudadanía. Son las propias personas, en un ecosistema plural y abierto, quienes tienen la capacidad de contrastar fuentes, formarse opinión y reconocer la confiabilidad de la información. En síntesis, la gente es el último juez del trabajo periodístico.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, asistió a la cena anual que realiza la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y aseguró que el Gobierno del presidente Javier Milei destaca la libertad de expresión y reafirmó el compromiso con la verdad.Según supo la Agencia Noticias Argentinas, que estuvo presente en el evento, el funcionario afirmó que la política de “austeridad publicitaria” de esta gestión “promueve un ejercicio más pleno de la libertad de expresión”, al mismo tiempo que resaltó la importancia de la verdad tanto en el periodismo como en la política. En la misma línea, señaló que desde el Ejecutivo “no le tienen miedo” a lo que digan algunos medios porque actúan con “coherencia”.Por otra parte, enfatizó en la responsabilidad compartida entre periodistas y dirigentes políticos de construir una relación sólida con la verdad, a la vez que recordó que la falta de veracidad en administraciones anteriores había provocado un “cisma” entre la política y la sociedad, lo que determinó que “la palabra de los políticos valga cero”. Este escenario, según el jefe de Gabinete, culminó con una “reputación dinamitada” de la política en las elecciones de 2023.Asimismo, subrayó que el presidente Javier Milei ha logrado “reparar este vínculo” al convertirse en el primer mandatario en mucho tiempo que “dice que va a pasar A y pasa A”, una “novedad total” que contribuye a “sanar la grieta moral” entre la gente y la política.También se refirió al rol de las redes sociales y afirmó que “amplifican la voz de la audiencia” y obligan al periodismo a una rendición de cuentas “más asidua”: “Esto fuerza a tener que atender más y mejor a la verdad”, agregó.En cuanto a la relación del Gobierno con la prensa, el jefe de Gabinete aseguró que no se “cercena en ningún sentido la libertad de expresión” y explicó que adoptaron un “régimen de publicidad” que “corre al Estado del medio”, lo que implica que “el halago al Gobierno se hace más escaso”.“Cuando el Estado publicita volúmenes importantes en medios de todo tipo y tamaño, como pasó en gobiernos anteriores, todo es mucho más fácil. Este cambio es positivo para la actividad periodística porque ahora el único incentivo de los medios es cuidar su relación con la audiencia, que no es ni más ni menos que su relación con la verdad”, explicó.Finalmente, reiteró el compromiso del gobierno y aseguró que mientras él sea jefe de Gabinete y Javier Milei el presidente “siempre habrá libertad plena para preguntar en la República Argentina”: “No es posible construir confianza en las instituciones públicas sin un periodismo íntegro y responsable”, cerró Adorni.

La reciente sentencia de la justicia en lo Civil y Comercial Federal por la cual se prohíbe a todos los medios de comunicación la difusión de audios presuntamente grabados en la Casa de Gobierno de la Nación atribuidos a la Secretaria General de la presidencia, es un nuevo ejemplo de esas órdenes estatales que limitan de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa.La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene resuelto que, con la sola excepción de la protección de la infancia y la adolescencia, cualquier medida preventiva que limite la circulación de información constituye un menoscabo de la libertad de pensamiento y de expresión.La publicación de informaciones solo puede dar lugar a responsabilidades ulteriores y el gobierno puede promover la investigación y sanción de los delitos que puedan haber dado lugar a la grabación de los audios, del mismo modo que puede procurar la sanción de cualquier funcionario que haya violado sus deberes de secreto.

Las prohibiciones preventivas, en cambio, son contrarias al artículo 14 de la Constitución Nacional y afectan el derecho de la ciudadanía a informarse y conocer hechos de relevancia pública que pueden -o no- influir en la formación de la opinión pública. 

“Hacer periodismo profesional tiene consecuencias, no hacerlo tiene más”, fue el lema de la iniciativa.La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) lanzó  una campaña para resaltar “el valor del periodismo profesional” como garantía del funcionamiento pleno del sistema democrático y para desmontar las fake news que circulan en las redes sociales.“Hacer periodismo profesional tiene consecuencias, no hacerlo tiene más”, fue el lema de la campaña que presentó ADEPA y en la que viene trabajando hace meses junto a ATA, cámara empresaria que representa a los canales privados de TV abierta, y ARPA, que agrupa a las principales radios AM y FM.El presidente de ADEPA, Martín Etchevers, encabezó el acto de lanzamiento de la campaña y en su exposición llamó a defender “el valor del periodismo” como “una base para el debate público con información verificada y opinión argumentada, que es lo que el periodismo aporta a la democracia”.Etchevers resaltó la necesidad de la iniciativa en un contexto de “polarización creciente, desinformación, burbujas de sentido en las redes sociales con impacto en las democracias, proliferación de fake news, violencia digital”, algo que preocupa “en la Argentina y en todo el mundo”.Además, resaltó que el periodismo “está siendo cuestionado con una virulencia de pocos antecedentes” a partir de lo que se considera un “desvío de estándares profesionales o éticos”.La presentación estuvo acompañada por la difusión de datos sobre consumo de medios y cómo los percibe la sociedad, basado en una encuesta de la consultora Trens sobre una muestra de casi 2.000 casos nacionales.Al respecto, la consultora concluyó que “en información y noticias los medios masivos siguen siendo muy relevantes, más allá del formato de consumo”.De acuerdo al informe, dos de cada tres argentinos sigue las noticias con interés: el 36% de los consultados respondió que le “interesan mucho” las noticias y el 28% que le “interesan”.En tanto, la sumatoria de los que respondieron que las noticias le interesan “poco” o “nada” fue del 6%.Ante la consulta “¿Qué tan satisfecho está con la calidad de las noticias que consume?”, el 78% respondió que está “satisfecho” y el 19% dijo que está “insatisfecho”.Ante la pregunta sobre “¿cuál es el medio principal con el que se informa habitualmente?”, las redes sociales quedaron en el primer lugar con el 28,5%, pero la sumatoria de los medios masivos o tradicionales arrojó que casi el 62% los elige para consumir noticias.Dentro del 28,5% que eligió las redes como principal medio de información, se señaló que la mayoría de las cuentas que se siguen para eso son las de medios tradicionales (40%) y cuentas personales de periodistas (25%).Ante la consulta sobre “¿cuánta confianza tiene en los medios de comunicación?”, la muestra arrojó como resultado que 6 de cada 10 argentinos tiene confianza en el periodismo.Mientras que frente a la consulta sobre “cuánta confianza te genera el contenido que circula en redes sociales”, dos de cada tres respondieron que desconfían de las noticias que circulan allí. NA. 

Durante la 62ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), realizada en Posadas, se eligieron las nuevas autoridades que liderarán la entidad por el período 2024-2025. Martín Etchevers, representante de Clarín, fue designado como presidente del Consejo Ejecutivo.

El nuevo equipo ejecutivo cuenta con destacados referentes del periodismo nacional, como Diego Fuentes (Diario Huarpe) como vicepresidente primero y Nahuel Caputto (El Litoral) como vicepresidente segundo. Además, se renovaron diversas comisiones, entre ellas, la de Libertad de Prensa, presidida por Daniel Dessein (La Gaceta) y la de Asuntos Económicos, a cargo de Pablo Deluca (Infobae). Con este nuevo consejo, ADEPA se propone fortalecer la defensa de la libertad de expresión y avanzar en la innovación digital en los medios periodísticos. La elección refuerza el compromiso de la entidad con la representación de medios de todo el país, promoviendo el desarrollo de la prensa en Argentina. 

La Comisión de Libertad de Prensa  de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) presentó un duro informe en el que hace un fuerte llamado a que el Presidente de la Nación deje de agraviar periodistas y medios en pos de un debate democrático.“La propensión del presidente de la Nación al agravio a periodistas y medios de comunicación perturba el debate democrático. Se contabilizan más de cincuenta periodistas y medios que han sufrido, en los últimos dos meses, imputaciones infundadas y descalificaciones estigmatizantes”, dice el informe que presentó el presidente de la Comisión Daniel Dessein al cierre de la 62 Asamblea General Ordinaria de Adepa que se realizó en la ciudad de Posadas.“La asimetría entre un presidente y un periodista es extraordinaria”, avanzó Dessein y agregó que “las acusaciones y los denuestos presidenciales motorizan a un ejército de troles, con el amparo del anonimato y de un financiamiento opaco, que multiplican agresiones verbales y abren así rendijas a la violencia física. Ese clima hostil estimula la autocensura y perturba la actividad periodística”.Dessein recordó que en 2010 Adepa había indicado que “el lenguaje es la principal herramienta de articulación social. Su degradación, a través del estilo provocador y ofensivo de los funcionarios públicos, deteriora la cohesión de la ciudadanía. Corresponde reiterarlo hoy”. “Todo funcionario puede contradecir, rechazar y eventualmente iniciar acciones civiles contra los responsables de contenidos periodísticos. Pero está también obligado, junto con el periodismo responsable, a preservar el clima en el que se desarrolla el debate ciudadano”, alertó y citó las palabras de un intelectual valorado por el Presidente como Alberto Benegas Lynch (h) que dijo que “la libertad de prensa cumple un rol vital para prevenir abusos de poder y asegurar un acceso total a la información gubernamental, fortaleciendo la democracia”.El informe advierte también por otros aspectos en riesgo de la profesión como es el decreto que limita la Ley de Acceso a la Información Pública o los derechos de autor en tiempos de plataformas y de IA.El informe califica de “preocupante” al reciente decreto del Poder Ejecutivo “por el cual se incorporan excepciones que abren las puertas a un angostamiento del nivel de acceso a información por parte del periodismo y la ciudadanía en general”. “Estas limitaciones van a contramano de los estándares constitucionales e internacionales en la materia. Se trata de modificaciones que, por su ambigüedad y amplitud, chocan con el espíritu de una norma que consagra principios de “máxima divulgación” y establece excepciones de alcance limitado”, Indicó Dessein en la lectura del documento.Recordó que hace casi 25 años “las redes sociales irrumpieron en nuestras comunidades con la expectativa de ampliar los límites de la libertad, bajar las barreras para emprender y aumentar los niveles de democratización y transparencia”, pero alertó que hoy “son algunos de los conglomerados económicos más grandes del planeta, con cotizaciones superiores al PBI de un país como la Argentina”.Se apuntó que “las redes generan el terreno fértil para la amplificación de discursos de odio, la circulación de noticias falsas y la ruptura de muchos de los consensos sobre los que se construyó la paz social”, sin embargo indicó que hoy se encuentra contaminado con “diatribas tóxicas, y el periodismo es una de las principales herramientas con las que cuenta la sociedad para oxigenarlo”.El trabajo destaca que sustituir el rol de la prensa con el de las redes sirve “para evitar la intermediación incómoda de los periodistas”.“No se hacen allí preguntas difíciles, son permeables a las inyecciones anabolizantes que hipertrofian un tráfico inorgánico y generan la ilusión de una comunicación directa. También la falsa imagen de una supuesta autenticidad en la canalización de la ira y el resentimiento”, precisa el trabajo.A partir de este punto el trabajo deriva en otro punto fuerte como es el del respeto de la propiedad intelectual.“Para preservar su sustentabilidad, el periodismo requiere el respeto de la propiedad intelectual de los contenidos que genera. En países con economías y democracias desarrolladas, como Australia, Canadá o las naciones que integran la Unión Europea, existen legislaciones que garantizan los derechos de autor de los medios periodísticos y promueven, de ese modo, la vital función que estos ejercen en la vida de sus sociedades. Esas normativas impulsan acuerdos razonables entre las plataformas tecnológicas –que lucran con el uso de contenidos periodísticos– y los medios de comunicación”, indica.“En la Argentina existen acuerdos de esa naturaleza que constituyen antecedentes tan positivos como insuficientes, ya que están muy lejos de una compensación justa como la que deriva de los convenios alcanzados en los países citados o del marco regulatorio impulsado por gobiernos conscientes del rol estratégico del periodismo en toda democracia. Al mismo tiempo hay empresas tecnológicas globales que vulneran de manera sistemática la propiedad intelectual de los medios periodísticos”.Por ello y como conclusión, Adepa insta “a que el Gobierno nacional, los poderes locales y la clase dirigente en su conjunto asuman con conciencia democrática la urgencia de atenuar el clima de confrontación, garantizar la plena vigencia de las libertades de expresión y de prensa y aportar al fortalecimiento de un periodismo responsable y moderno como herramienta clave para defender la institucionalidad”. NA. 

“Con 100 millones de dólares anuales en juego, los editores de noticias quieren garantizar que la cantidad máxima fluya a las redacciones para mantener y hacer crecer los empleos periodísticos en las comunidades locales de todo Canadá”, dijo Maria Saras-Voutsinas, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Prensa y Medios Étnicos de Canadá. “La CRTC debe asegurarse de que las reglas sean claras para todos y que todos las sigan”.La Asociación de Periódicos Semanales de Alberta, la Asociación de Medios de Noticias Comunitarios de BC y Yukon, Hebdos Québec, la Asociación de Periódicos Comunitarios de Manitoba, el Consejo Nacional de Prensa y Medios Étnicos de Canadá, News Media Canada, la Asociación de Periódicos Comunitarios de Ontario y la Asociación de Periódicos Semanales de Saskatchewan piden a la CRTC que dictar las siguientes normas:Garantizar la coherencia y la equidad en todas las empresas de noticias añadiendo especificidad a las definiciones de la Ley y los reglamentos.Base el «equivalente a tiempo completo» en una semana laboral estándar y aplíquelo a aquellos que trabajaron un período mínimo de 40 semanas consecutivas en un puesto de producción de noticias elegible para el negocio de noticias elegible en el año calendario anterior.Los empleados deben definirse como aquellos que recibieron un T-4 o Relevé 1 de la empresa de noticias en el año calendario anterior y según la guía federal sobre la relación empleador/empleado.Minimizar los gastos administrativos para maximizar la inversión en la redacciónPoner un límite máximo a las tarifas administrativas que el Colectivo Único puede asumir: 0,5% (es decir, 500.000 dólares canadienses).Asegúrese de que cualquier interés ganado sobre los 100 millones de dólares canadienses fluya hacia las empresas de noticias elegibles, no hacia el administrador.Mejorar la transparencia y la confianza y evitar conflictos de intereses.Antes de realizar pagos a las empresas de noticias, hacer que la CRTC valide la elegibilidad de la empresa de noticias y verifique la cantidad de empleados equivalentes a tiempo completo de manera expedita.Todos los gastos administrativos (incluidos salarios, honorarios de consultoría, etc.) superiores a C$5000 incurridos por el Colectivo Único deben ser reportados a la CRTC, auditados y publicados públicamente.La contribución de 100 millones de dólares canadienses de Google debe mantenerse en fideicomiso en una institución miembro del CDIC. La autoridad firmante para desembolsos superiores a C$5000 debe incluir un representante autorizado de la institución miembro de CDIC, y no se puede mezclar con los activos de otra parte.Los directores del Colectivo Único deben declarar cualquier conflicto de intereses, incluido, entre otros, cualquier otra remuneración o beneficio que reciban del intermediario de noticias digitales.Los directores del Colectivo Único deben inhibirse de cualquier decisión relacionada con su propio negocio informativo.Minimizar las infracciones y tergiversaciones imponiendo sanciones monetarias administrativasDespués de que la CRTC proporcione especificidad a las definiciones, haga que cada empresa de noticias que haya realizado una certificación ante Google reconfirme que son elegibles y la cantidad de empleados equivalentes a tiempo completo dedicados a la producción de contenido de noticias original.Garantizar consecuencias estrictas para cualquier empresa de noticias o individuo que haya tergiversado un hecho material o haya hecho una declaración falsa con respecto a su elegibilidad según la Sección 27 de la ‘Ley sobre plataformas de comunicaciones en línea que ponen contenido de noticias a disposición de personas en Canadá’. (la Ley de Noticias en Línea) o con respecto al número de empleados equivalentes a tiempo completo según las Regulaciones de Exención y Aplicación de la Ley de Noticias en Línea: SOR/2023-276. (Fuente: Community Wire, traducido por Adepa)

Creemos en el Periodismo es una campaña creada por la agencia de publicidad española Portavoz para AMI España en 2020, con mucho significado, y que hoy congrega medios y asociaciones de varios países alrededor de su compromiso con el periodismo y su misión de informar, así como con los valores que lo fundamentan.

Este esfuerzo parte de la necesidad de un auto examen permanente para mejorar en la prestación de este servicio, para llevar a las comunidades información cierta, clara y útil, destacando el valor de los buenos periodistas y del buen periodismo, entendiendo que este es la mejor herramienta ciudadana para contrarrestar las noticias falsas y la desinformación que tanto daño hace a la convivencia en nuestras sociedades.

Entraña un mensaje imperecedero, porque corresponde a la esencia del quehacer periodístico y a los compromisos ineludibles de periodistas y medios con la gente. Y debe mantenerse activo como señal de compromiso con sus valores, de apertura en un estado permanente de autocrítica, para garantizar que en las distintas comunidades de habla hispana y portuguesa nunca falten medios de información, plurales y fieles a su vocación de servicio en un entorno democrático con prensa libre, derecho a la información y libertad de expresión.

Urribarri, un exfuncionario público de la mayor importancia a nivel nacional y provincial fue condenado a ocho años de prisión por la justicia de Entre Ríos. La responsabilidad que se le atribuye al periodista es haber dado a conocer los hechos que determinaron su condena, es decir, ejercer su función como periodista de investigación.Los eventuales reproches que puedan realizarse a las fuentes del periodista no pueden serle atribuibles a este, por lo que la denuncia resulta injustificada en los propios términos en que ha sido realizada. Por ese motivo, preocupa también a ADEPA que, más allá de lo que pueda decirse sobre su competencia, no se haya rechazado in limine una denuncia que constituye un ataque a las bases mismas del periodismo de investigación y a los principios republicanos consagrados en nuestra Constitución Nacional. 

Las amenazas fueron recibidas en el teléfono celular del periodista Sebastián Domenech, desde un número desconocido. Fueron varios mensajes intimidatorios dirigidos contra Castro y el equipo del canal. “Decile que si llega a Seguí y Oroño lo sacamos a tiro(s)”, decía una de las amenazas, acompañada por una foto de la transmisión de TN en vivo, donde se lo ve al conductor de Telenoche parado en una esquina de la ciudad.

“El que avisa no traiciona. Que se vaya de Rosario, no los queremos acá”, fue otro de los mensajes amenazantes, firmado por “la mafia”.

Tras ese mensaje, continuaron los mensajes amenazantes: “Que no se acerque a Francia y Seguí y a Oroño y Seguí. Fuera de Rosario”. Y en la última parte del WhatsApp que le llegó a Domenech, los agresores dicen que si Castro no se retira del lugar “va a terminar como (José Luis) Cabezas”, el fotógrafo que fue brutalmente asesinado en enero de 1997 en Pinamar.

ADEPA insta a las autoridades locales y federales, y a los tres poderes del estado, a investigar y a sancionar a los responsables de las amenazas que recibió el conductor y el equipo que cubre la violencia narco en Rosario.

1.- Pasado, presente y un futuro incierto

La decisión estatal de limitar la pauta publicitaria en los medios de prensa ha generado distintos debates. Algunos han llevado la vista hacia el pasado, donde se encontraron con lo resuelto por la Corte Suprema en los casos «Ed. Río Negro”, “Ed. Perfil” y otros similares. De ellos se concluye que no existiría un derecho a que los gobiernos realicen campañas publicitarias en la prensa. El único derecho que existiría, según lo sostenido por el Máximo Tribunal a principios de este siglo, consistiría en no ser discriminado cuando las autoridades deciden llevar a cabo campañas publicitarias.

La afirmación es correcta a la luz de la posición que elaboró la Corte Suprema a principios del siglo XXI. Dos décadas puede ser mucho tiempo. Lo fue a fines del siglo XVIII, cuando Rip van Winkle despertó creyéndonos aún súbditos de la corona británica. Y lo es mucho más en este siglo, donde los cambios sociales adquieren una velocidad que Occidente quizás no haya conocido desde la caída de Roma.

La doctrina del tribunal se elaboró a principios del siglo XXI, en una realidad completamente distinta a la que atraviesan hoy la prensa y la democracia. Por ello es conveniente, o más bien necesario, cambiar un momento de perspectiva; alejar el zoom del caso específico de la publicidad oficial y ver el mapa completo de la prensa y la democracia al concluir el primer cuarto del siglo XXI. Solo después tendrá sentido preguntarse qué papel deberían cumplir hoy los gobiernos respecto de la prensa.

2.- La democracia necesita a la prensa

La libertad de expresión es un componente esencial de una democracia constitucional. No hay democracia real donde la libertad de expresión no esté ampliamente garantizada. Al mismo tiempo, y más allá de breves excepciones históricas, es difícil imaginar un entorno duradero para la libertad de expresión fuera de una democracia constitucional. La libertad de expresión se explica y justifica mucho más allá de la democracia, pero es su papel en el sistema democrático el que cimenta en muchos casos un mayor nivel de protección frente a otros derechos.

Ese mayor nivel de protección en ocasiones se brinda respecto de ciertas temáticas, como ocurre con la doctrina de la real malicia; en otros casos se protege de modo especial a los sujetos que se expresan, con independencia del contenido de las expresiones. Por ejemplo, es una regla ampliamente aceptada en los regímenes democráticos que las manifestaciones de los miembros de los congresos o parlamentos tienen un nivel máximo de protección o, incluso, una completa inmunidad, al menos en ciertas circunstancias.

Ese interés de la democracia en proteger las expresiones de los legisladores está presente también en el caso de la prensa, por ciertas funciones insustituibles que cumple para el sistema democrático.

En la medida en que se entienda por democracia algo más que la veneración al principio mayoritario, sino una organización social en la que se respete el pluralismo, el disenso y los derechos humanos, son imperativos el debate y la participación en la toma de decisiones públicas. Claro está, esa participación y discusión no pueden llevarse a cabo de cualquier manera o en cualquier lugar. Los ciudadanos necesitan información pertinente y creíble para debatir e intervenir en elecciones generales o procesos públicos de toma de decisiones. Este tipo de información es la que resulta de múltiples comprobaciones y discusiones.

El periodismo viene cumpliendo esta función de chequeo de datos a lo largo de los últimos dos siglos. Hoy, la cantidad y complejidad de la información actual hace que ese rol se vea complementado con think tanks, organizaciones académicas, asociaciones profesionales y factcheckers enfocados en algún sector específico del conocimiento. Pero todas estas instituciones sólo pueden llegar al público a través de la prensa, y es a través de ella que puede tener lugar un debate público racional que sustente a la democracia constitucional.

El mero chequeo de información poca utilidad tendría para la democracia si no logra ingresar en el debate público, y el lugar natural para ese debate público racional que necesitan las democracias constitucionales no lo proveen las redes sociales, ni los buscadores, ni los motores de IA. Al menos en la actualidad, solo una prensa compuesta por un sistema de medios diversos y autónomos puede implementar un foro razonable y confiable para un debate público significativo. Contra el aislamiento y las visiones unilaterales que traen consigo los algoritmos y sus filtros de burbuja, el periodismo de calidad, sustentado en prácticas periodísticas basadas en la buena fe y en la ética de la profesión, es una de las armas más poderosas concebibles para luchar contra la desinformación en una democracia liberal.

La capacidad de presentar al público información y opiniones precisas y confiables que cumplan con los principios de equidad, independencia y transparencia sólo es posible con una prensa independiente.

Ninguno de estos requisitos podría cumplirse mediante las plataformas, las redes sociales, los buscadores o los motores de IA. Por más indispensables que sean para una comunicación fácil, rápida y amplia, estas herramientas no están diseñadas para ser órganos de investigación y vigilancia de los gobiernos y demás poderes relevantes en una sociedad y, mucho menos, pueden ser vistas como el foro universal, plural y transparente de debate significativo que la democracia requiere.

La fragmentación del debate y la comunidad acosados por el micromarketing y por el direccionamiento de los mensajes es, al mismo tiempo, una barrera para un intercambio de ideas racional y el mejor caldo de cultivo para las campañas de desinformación de cualquier tipo. Sin una prensa plural, que respete estándares de calidad y que sea independiente de los gobiernos, es difícil imaginar un foro de debate para que subsista la convivencia democrática.

3.- La prensa necesita a la democracia

El tipo de periodismo necesario para mantener viva la democracia no es gratuito. Una prensa de calidad, fiable e independiente tiene costos. La calidad editorial, la integridad y la independencia, presuponen los recursos económicos para financiar el funcionamiento de las empresas periodísticas, sin ser captadas por gobiernos o por actores económicos con intereses extra periodísticos, pero con la solvencia necesaria.

Con el actual modelo de negocios, consistente en suscripciones digitales y en ingresos publicitarios disminuidos por su migración a redes sociales, buscadores y otras plataformas, es difícil imaginar que pueda subsistir una prensa numerosa, plural y de calidad. Se abordarán aquí dos enfoques para este problema y, en ambos, los gobiernos juegan un papel muy relevante. En primer lugar, existe una dificultad en la que intervienen las plataformas y en la cual los medios de prensa necesitan de las autoridades para asegurar su propiedad.

Los sistemas jurídicos estatales se enfrentan hoy a la necesidad apremiante y urgente de encontrar formas adecuadas de hacer efectiva la obligación de las plataformas de remunerar a los principales creadores de contenidos. Existe un derecho de propiedad asegurado a los creadores de contenido. La Constitución Nacional, como muchos instrumentos universales y regionales de derechos humanos, garantizan a los autores el derecho a “beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales resultantes de cualquier producción científica, literaria o artística”

Junto al interés apremiante en proteger a la prensa como requisito fundamental para la democracia, existe una necesidad no menos urgente, como lo es la de proteger la propiedad de los medios y hacer efectivo su derecho como creadores de contenidos. Es inimaginable el establecimiento de una nueva industria si sus productos serán usados gratuitamente por quien así lo desee. Sin embargo, redes sociales, buscadores y otras plataformas se sirven gratuitamente de la información que produce la prensa, cobran publicidad o suscripciones a partir de esa información y nada dan a quienes invirtieron para crear esos contenidos.

La irrupción de las grandes plataformas en la industria publicitaria y el consiguiente drenaje -hasta la sequía- de la publicidad de los medios tradicionales, torna imperativo encontrar maneras de asegurar la justa remuneración que merece la prensa, como uno de los principales creadores de contenidos del mundo.

La implementación de ese derecho sólo puede realizarse mediante intervención coactiva del Estado.

Otros aspectos vinculados con la solvencia de los medios también involucran a los gobiernos. No solo se trata de proteger esa propiedad intelectual, evitando que los medios de prensa terminen cerrando igual que un comercio al que la policía no le protege.

Los gobiernos tienen, desde luego, la obligación de no atacar la estructura económica de los medios, por ejemplo, mediante presiones a través del sistema tributario, o mediante discriminación en la asignación de publicidad gubernamental, controles aduaneros a los suministros básicos de la prensa o regulaciones laborales irrazonables.

Es de interés aquí el ejemplo de la publicidad oficial, hoy puesta en debate. Esa publicidad, bastardeada por mensajes agonales facciosos o direccionada como premio y castigo de líneas editoriales, tampoco puede concebirse como algo completamente discrecional. Lo será en muchos casos, pero en otras tantas ocasiones, la verdadera publicidad estatal no será más que cumplir con una obligación constitucional derivada del principio republicano de publicidad de los actos de gobierno y una forma de que los ciudadanos puedan auditar gastos e inversiones estatales.

Hasta aquí estamos en el ámbito tradicional de la regulación en materia de libertad de expresión y medios de prensa. Pero nos encontramos ante la necesidad de un paso más que el simple “no dañar”. Mientras la democracia constitucional requiera un foro compartido para la discusión y el debate racional, los gobiernos tendrán el deber de asegurar un ecosistema legal y económico capaz de permitir la existencia de medios y organizaciones de prensa pluralistas.

4.- La formación de un nuevo marco jurídico

La vinculación entre medios de prensa y democracia, sumada a la gran transformación producida en el mercado publicitario y en los hábitos de consumo en las últimas dos décadas, obligan a repensar la relación entre el Estado y la prensa.

Distintos organismos internacionales se encuentran abordando este problema. Hay un consenso internacional de que la democracia constitucional no podrá subsistir sin un sistema de medios plural e independiente. Por ejemplo, en diciembre de 2023, la OCDE, uno de los centros del capitalismo mundial, elaboró un documento con principios sobre el apoyo que los Estados deben brindar a los medios de comunicación y al ecosistema de la información. La UNESCO ha realizado recomendaciones similares. Quizás la posición más extrema se encuentre en algunos países europeos que brindan subsidios a la prensa privada.

Puede que el camino de los subsidios esté lejos de ser el ideal. El subsidio directo a la prensa la coloca en una situación de debilidad frente a presiones o amenazas de los gobiernos, mientras aumenta la tentación de las autoridades de comportarse como medievales y violentos ring givers sajones.

Incluso si la única alternativa fuese el subsidio de actividades necesarias para la subsistencia de una democracia constitucional se estaría frente a costos que los ciudadanos deberían afrontar, como deben hacer con las elecciones periódicas o las fuerzas de seguridad. Pero no se trata de una alternativa binaria entre subsidiar o dejar morir a las empresas periodísticas.

Mucho más justo y racional es que el Estado asuma su papel como coordinador en la formación de un orden social no violento y permita que la prensa subsista con lo que legítimamente hace: contenidos que el público busca, lee y comparte en todo tipo de plataformas. Sobre esos contenidos la prensa tiene una legítima expectativa de percibir ingresos y la violación de esas expectativas por quienes se aprovechan de ellos es un problema que requiere respuestas del Estado para proteger la propiedad de los particulares.

El derecho de la prensa como creador de contenidos es similar a otros derechos de propiedad cuya protección justifica la existencia misma del Estado; sin embargo, no se insistirá lo suficiente si se indica que las consecuencias institucionales y democráticas del sistemático aprovechamiento gratuito de las creaciones periodísticas son totalmente diferentes al robo de una cartera o al plagio de una canción.

La prensa, la prensa independiente, el tipo de prensa que es crucial para las democracias, exige de un ecosistema legal que permita su subsistencia económica. Esa es una responsabilidad de los gobiernos y el mecanismo más natural consiste en que se le pague al periodismo por el uso del contenido que genera a diario desde hace más de dos siglos.

Desde esta perspectiva, la pauta oficial quizás no sea el principal problema, pero tampoco sería correcto decir que los gobiernos no tengan la obligación de dar amplia difusión y publicidad a los actos de gobierno y que, a su vez, uno de los carriles naturales para ello son los medios de prensa, quienes, desde luego, tendrá derecho a cobrar esa publicidad como cualquier otro proveedor del Estado.

 Por Carlos Laplacette

Fuente: ConverCom,  Publicado página de ADEPA.

En ese marco, defendió la libertad de expresión, el respeto por las líneas editoriales y la publicidad de los actos de gobierno con una distribución equilibrada y responsable de la pauta.

El exgobernador entrerriano, junto al presidente de Adepa, Martín Etchevers, el senador nacional Edgardo Kueider y el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, enfatizó que "la libertad de prensa hace que vivamos en una sociedad más democrática, más plural y con más voces que esperamos se puedan seguir escuchando en Entre Ríos", subrayó.

Luego del tradicional encuentro, que reunió a empresarios, referentes de la justicia, dirigentes políticos y periodistas, el ex gobernador entrerriano puso de relieve que "estamos frente a la responsabilidad de hacer todo lo que sea necesario, como dirigentes, como autoridades y como ciudadanos, para que tengamos democracia siempre".

"Tenemos que darle al diseño, al intercambio de ideas y la construcción de acuerdos el lugar que necesitan.

''De nada sirven los discursos únicos, no nos lleva a ningún puerto alguien que se pone por encima de la democracia y se arroga el monopolio de la verdad''", expresó.

En este sentido, se refirió a la decisión del gobierno nacional de suspender la pauta publicitaria y puso de relieve la necesidad de sostenerla en Entre Ríos.

"El ecosistema de medios de comunicación en Entre Ríos es diverso y plural, y es una garantía de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía.

''Suspender este apoyo del Estado a los medios afectará en particular a las pequeñas y medianas empresas periodísticas, y comprometería la fuente laboral de cientos de trabajadores de prensa''.

El máximo cuerpo ejecutivo de la institución quedó constituido de la siguiente manera:

CONSEJO EJECUTIVO 2023 – 2024

Presidente: Martín Etchevers (Clarín, Buenos Aires)

Vicepresidente 1º: Diego Fuentes (Diario Huarpe, San Juan)

Vicepresidenta 2ª: Cecilia Gargatagli (Mirador Provincial, Santa Fe)

Secretario General: Pablo Deluca (Infobae, Buenos Aires)

Secretario de Organización: Carlos Azzariti (Página 12, Buenos Aires)

Sec. de Relaciones Institucionales: Luis H. Tarsitano (El Tribuno, Salta)

Secretaria de Actas: Sabrina Salvi (Diario Uno, Mendoza)

Tesorero: Francisco Muñoz (Opi Santa Cruz, Río Gallegos)

Protesorero: Juan Carlos Fernández Llano (El Libertador, Corrientes)

Vocales titulares

1º José Claudio Escribano (La Nación, Buenos Aires)

2º Guillermo Ignacio (TSN Necochea, Necochea)

3ª Ana Tronfi (ADN Sur, Comodoro Rivadavia)

4º Carlos Marino (Letra P, Buenos Aires)

5ª Ramona Maciel (La Voz del Pueblo, Tres Arroyos)

6º Héctor Lebensohn (Democracia, Junín)

Vocales suplentes

1º Diego Garazzi (Hola Argentina, Buenos Aires)

2º Diego Dillenberger (Imagen, Buenos Aires)

3º Gustavo Ick (El Liberal, Sgo. del Estero)

4º Nahuel Caputto (El Litoral, Santa Fe)

5º Tomás Vio (Olé, Buenos Aires)

6ª Claudia Bogado (La Mañana, Formosa)

Comisión de Libertad de Prensa e Información

Presidente: Daniel Dessein (La Gaceta, Tucumán)

Comisión de Asuntos Económicos y Resoluciones

Presidente: Agustino Fontevecchia (Perfil, Buenos Aires)

Vicepresidente: Alfredo Scoccimarro (Grupo Crónica, Buenos Aires)

Comité Estratégico

Presidente: Guillermo Ignacio (TSN Necochea, Necochea)

Comisión de Premios “Federico C. Massot”

Presidente: José Claudio Escribano (La Nación, Buenos Aires)

Comisión de Capacitación Multiplataforma

Presidente: Carlos Jornet (La Voz del Interior, Córdoba)

Vicepresidente: Chani Guyot (Red/Acción, Buenos Aires)

Secretario: Carlos de Elía (TN, Buenos Aires)

Comisión de Desarrollo Digital

Presidente: Tomás Vio (Olé, Buenos Aires)

Vicepresidente: Carlos Marino (Letra P, Buenos Aires)

Comisión de Desarrollo de Medios Locales

Presidente: Carlos Valentini (El Diario de Pringles, Cnel. Pringles)

Vicepresidenta: Ana Tronfi (ADN Sur, Comodoro Rivadavia)

Secretario: Juan Carlos Fernández Llano (El Libertador, Corrientes)

Comisión de Relaciones Internacionales

Presidente: Gustavo Ick (El Liberal, Sgo. del Estero)

Vicepresidente: Jorge García (Noticias Argentinas, Buenos Aires)

Comisión de Marcas de Verdad

Presidente: Diego Dillenberger (Imagen, Buenos Aires)

Comisión de Diversidad

Presidenta: Bárbara Read (La Mañana, Formosa)

Comisión de Propiedad Intelectual

Presidente: Diego Garazzi (Hola Argentina, Buenos Aires)

Vicepresidente: Nahuel Caputto (El Litoral, Santa Fe)

Comisión de Socios

Presidente: Miguel Gaíta (La Palabra, Berazategui)

Secretario: Emilio Magnaghi (El Ciudadano, Mendoza)

Comisión de Difusión

Presidente: Fernando Rajneri (Río Negro, General Roca)

Vicepresidente: Juan A, Boglione (Nueva Rioja, La Rioja)

Comisión Revisora de Cuentas

Titulares: Miguel Gaíta, Diego Garazzi y Sergio Ducca

Suplente: Patricia Pérez

Servicio de Orientación Legal

Libertad de Prensa: Carlos Laplacette

Propiedad Intelectual: Nicolás Novoa

Servicio de Orientación Tributaria

Sergio Ducca

Servicio de Orientación Tecnológica

Diego Handera

Director Ejecutivo

Andrés D´Alessandro

Gerente General

Gabriel Matijas

El máximo cuerpo ejecutivo de la institución quedó constituido de la siguiente manera:

CONSEJO EJECUTIVO 2023 – 2024

Presidente: Martín Etchevers (Clarín, Buenos Aires)

Vicepresidente 1º: Diego Fuentes (Diario Huarpe, San Juan)

Vicepresidenta 2ª: Cecilia Gargatagli (Mirador Provincial, Santa Fe)

Secretario General: Pablo Deluca (Infobae, Buenos Aires)

Secretario de Organización: Carlos Azzariti (Página 12, Buenos Aires)

Sec. de Relaciones Institucionales: Luis H. Tarsitano (El Tribuno, Salta)

Secretaria de Actas: Sabrina Salvi (Diario Uno, Mendoza)

Tesorero: Francisco Muñoz (Opi Santa Cruz, Río Gallegos)

Protesorero: Juan Carlos Fernández Llano (El Libertador, Corrientes)

Vocales titulares

1º José Claudio Escribano (La Nación, Buenos Aires)

2º Guillermo Ignacio (TSN Necochea, Necochea)

3ª Ana Tronfi (ADN Sur, Comodoro Rivadavia)

4º Carlos Marino (Letra P, Buenos Aires)

5ª Ramona Maciel (La Voz del Pueblo, Tres Arroyos)

6º Héctor Lebensohn (Democracia, Junín)

Vocales suplentes

1º Diego Garazzi (Hola Argentina, Buenos Aires)

2º Diego Dillenberger (Imagen, Buenos Aires)

3º Gustavo Ick (El Liberal, Sgo. del Estero)

4º Nahuel Caputto (El Litoral, Santa Fe)

5º Tomás Vio (Olé, Buenos Aires)

6ª Claudia Bogado (La Mañana, Formosa)

Comisión de Libertad de Prensa e Información

Presidente: Daniel Dessein (La Gaceta, Tucumán)

Comisión de Asuntos Económicos y Resoluciones

Presidente: Agustino Fontevecchia (Perfil, Buenos Aires)

Vicepresidente: Alfredo Scoccimarro (Grupo Crónica, Buenos Aires)

Comité Estratégico

Presidente: Guillermo Ignacio (TSN Necochea, Necochea)

Comisión de Premios “Federico C. Massot”

Presidente: José Claudio Escribano (La Nación, Buenos Aires)

Comisión de Capacitación Multiplataforma

Presidente: Carlos Jornet (La Voz del Interior, Córdoba)

Vicepresidente: Chani Guyot (Red/Acción, Buenos Aires)

Secretario: Carlos de Elía (TN, Buenos Aires)

Comisión de Desarrollo Digital

Presidente: Tomás Vio (Olé, Buenos Aires)

Vicepresidente: Carlos Marino (Letra P, Buenos Aires)

Comisión de Desarrollo de Medios Locales

Presidente: Carlos Valentini (El Diario de Pringles, Cnel. Pringles)

Vicepresidenta: Ana Tronfi (ADN Sur, Comodoro Rivadavia)

Secretario: Juan Carlos Fernández Llano (El Libertador, Corrientes)

Comisión de Relaciones Internacionales

Presidente: Gustavo Ick (El Liberal, Sgo. del Estero)

Vicepresidente: Jorge García (Noticias Argentinas, Buenos Aires)

Comisión de Marcas de Verdad

Presidente: Diego Dillenberger (Imagen, Buenos Aires)

Comisión de Diversidad

Presidenta: Bárbara Read (La Mañana, Formosa)

Comisión de Propiedad Intelectual

Presidente: Diego Garazzi (Hola Argentina, Buenos Aires)

Vicepresidente: Nahuel Caputto (El Litoral, Santa Fe)

Comisión de Socios

Presidente: Miguel Gaíta (La Palabra, Berazategui)

Secretario: Emilio Magnaghi (El Ciudadano, Mendoza)

Comisión de Difusión

Presidente: Fernando Rajneri (Río Negro, General Roca)

Vicepresidente: Juan A, Boglione (Nueva Rioja, La Rioja)

Comisión Revisora de Cuentas

Titulares: Miguel Gaíta, Diego Garazzi y Sergio Ducca

Suplente: Patricia Pérez

Servicio de Orientación Legal

Libertad de Prensa: Carlos Laplacette

Propiedad Intelectual: Nicolás Novoa

Servicio de Orientación Tributaria

Sergio Ducca

Servicio de Orientación Tecnológica

Diego Handera

Director Ejecutivo

Andrés D´Alessandro

Gerente General

Gabriel Matijas

Durante el encuentro, Adepa brindará un informe sobre la situación de las libertades de expresión y de prensa en la Argentina, organizará paneles sobre la situación política y económica, y capacitará a sus integrantes sobre los desafíos más relevantes de la industria periodística. Además, durante el transcurso de la Asamblea, se tratarán asuntos internos de la institución y se renovarán las autoridades de Adepa.

Hoy, se reunirá la Junta de Directores de la entidad –que conforman representantes de medios de todo el país–, la que será renovada parcialmente, y de la cual surgirán las nuevas autoridades de Adepa para el período 2023/2024. El nuevo Consejo Ejecutivo de la entidad se anunciará el viernes 29.

Entre los panelistas y expositores que formarán parte del programa de la Asamblea -que se realizará en los salones del Hotel Del Bono Central-, se destacan el politólogo y analista Marcos Novaro; el economista Fausto Spotorno; Mario Tascón, presidente de Prodigioso Volcán (España); Rodrigo Bonilla, gerente de Relaciones con la Industria de Noticias de Google América latina (México); Carlos Andrés Ardila, gerente comercial para América latina de Protecmedia (Colombia) y Gastón Serralta, CEO de Dosunos (Argentina). También se realizará un laboratorio de innovación, y expondrán directivos y referentes de medios de todo el país: Chani Guyot (Redacción), Agustino Fontevecchia (Perfil), Ana Tronfi (ADN Sur, Comodoro Rivadavia), Pablo Pechuan (Diario Huarpe, San Juan), Carlos Jornet (La Voz, Córdoba), Magalí Suárez (El Litoral, Santa Fe) y Mauro Terrizzi, de La Nación.

A continuación, compartimos la agenda completa de actividades, que se desarrollarán en San Juan.

Jueves 28 de septiembre

10.00                           Reunión de la 182ª Junta de Directores

11.00 – 12.00              Inauguración de la 61ª Asamblea General Ordinaria

12.00 - 13.00               Panel “Escenarios políticos y económicos”, a cargo de Marcos Novaro, analista y politólogo; y Fausto Spotorno, economista.

Moderador: Mauricio Laciar, periodista de Diario Huarpe

 13.30 – 15.00              Reuniones de trabajo de las comisiones de Libertad de Prensa e Información y de Asuntos Económicos y Resoluciones.

15.00 – 17.30              Capacitación y formación profesional

 “IA. Lecciones para los medios desde otros sectores”, a cargo de Mario Tascón, presidente de Prodigioso Volcán (España).

Presentación de Google News Initiative, a cargo de Rodrigo Bonilla, gerente de Relaciones con la Industria de Noticias de Google América latina (México) y charla “Desbloqueando el potencial de la first party data a través del inicio de sesión”, a cargo de Mauro Terrizzi, gerente de Tecnología de La Nación.

“Ejemplos prácticos del uso de Inteligencia Artificial en las redacciones”, a cargo de Carlos Andrés Ardila,

gerente comercial para América latina de Protecmedia (España).

“Productos y audiencias en tiempos desafiantes: Lecciones aprendidas con 200 medios”, a cargo de Gastón Serralta, CEO de Dosunos (Argentina).

Viernes 29 de septiembre

9.00 - 12.00                Laboratorio de Innovación, coordinado por Chani Guyot, presidente de la Comisión de Innovación Digital de Adepa.

Exponen casos: Agustino Fontevecchia (Perfil), Ana Tronfi (ADN Sur, Comodoro Rivadavia), Carlos Jornet (La Voz, Córdoba), Pablo Pechuan (Diario Huarpe, San Juan), y Magalí Suárez (El Litoral, Santa Fe).

12.00 – 13.30              Continuación de la Asamblea

*Informe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información.

*Consideración de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Económicos y Resoluciones.

*Informes de las comisiones de Capacitación Multiplataforma; de Desarrollo del Negocio Digital; de Innovación Digital; de Premios; de Propiedad Intelectual; de Diversidad; y de Socios.

13.30                           Cierre de la 61ª Asamblea General Ordinaria

15.30                           Reunión de la 183ª Junta de Directores renovada

17.30                           Reunión constitutiva del nuevo Consejo Ejecutivo 2023/2024 y distribución de cargos.

21.30                           Comida de Clausura

La convivencia democrática en sociedades diversas reconoce como elemento esencial la posibilidad de someter a juicio y crítica el actuar de los funcionarios públicos, incluso cuando su designación provenga de una elección democrática, competitiva y libre de sospechas.

No es el origen democrático de un funcionario un título que brinde ningún tipo de indemnidad ante la crítica. Por el contrario, en su carácter de mandatarios de esa voluntad popular, estarán sometidos siempre a un escrutinio superior y más intenso de sus acciones. Ese es el papel de la prensa y ese papel es indispensable en un sistema democrático.

Lo dicho no se modifica por el hecho de que los gobiernos, en cumplimiento de exigencias constitucionales e internacionales, deban difundir los actos de gobierno y en paralelo contribuir a la sostenibilidad de la prensa independiente en la particular coyuntura mundial que atraviesa el sector, tal como lo exige Unesco en la Declaración Windhoek+30.

La sola sugerencia de que la comunicación institucional que el Estado está obligado a realizar debe ser un motivo de deferencia para con los funcionarios constituye un inusitado desvío autoritario. Erigir la percepción de fondos estatales como una causa para limitar la crítica a los funcionarios por parte de los ciudadanos, sean estos periodistas, empleados públicos o beneficiarios de planes sociales, pone de manifiesto una visión completamente desviada del servicio público y de la propia democracia.

Por supuesto, el desempeño de la actividad periodística no otorga inmunidad por un eventual ejercicio irregular. En palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no existe derecho al insulto gratuito.

En democracia, el día que la prensa, por presiones económicas o amenazas legales, deje de escrutar y criticar el desempeño de los funcionarios estatales, dejará de ser esta el sustrato indispensable para la existencia de un sistema democrático de gobierno. Se habrá convertido en un órgano de propaganda de gobiernos autoritarios o totalitarios.