Luego de las cartas documentos enviadas por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, el defensor de Daniel “Tavi” Celis, Augusto Lafferriere, aseguró que su cliente desconoce el contenido de los informes televisivos en canales porteños, donde le endilgaron mensajes de texto y un audio que involucraban al gobernador Rogelio Frigerioy y al propio Roncaglia en el narcotráfico. Asimismo, el abogado, en la entrevista con el programa El Séptimo Día (Radio Plaza) desmintió que Celis posea dispositivos móviles en la celda de máxima seguridad donde estaba alojado para realizar tales declaraciones.

Daniel Celis, quien se encuentra cumpliendo una condena en la Unidad Penal 1 de Paraná y esta semana será trasladado a la Unidad Penal 8 de Federal, responderá de manera negativa a la carta documento enviada por el ministro de Seguridad de Entre Ríos. El funcionario provincial envió la intimación tras la difusión de un informe televisivo que lo vincula con el narcotráfico, basándose en supuestos audios y mensajes atribuidos a Celis.

Cabe recordar, tal como informó ANÁLISIS, que Roncaglia envió el pasado martes seis cartas documento a empresas y personas involucradas en la difusión de lo que afirma que se trata de “información falsa” que lo vincula al narcotráfico, junto al gobernador Rogelio Frigerio. Se trata de los informes publicados por el conductor televisivo Tomás Méndez en los programas que conduce en Canal 9 de Buenos Aires y en Crónica TV, donde se sustenta en presuntos mensajes que envió el condenado por narcotráfico Celis, a la expolicía y exfuncionaria municipal también sentenciada en la causa Narcomunicipio, Griselda Bordeira, en los cuales involucra a las autoridades provinciales en actividades delictivas.En este sentido, Lafferriere confirmó que su defendido negará la autoría de los mensajes y el contenido del informe. El abogado explicó que Celis se encuentra bajo un régimen de máxima seguridad, alojado en una celda individual donde es monitoreado por cámaras las 24 horas y sometido a tres requisas diarias. “Es imposible que el señor Celis haya podido visualizar el programa periodístico al que refiere la carta documento”, señaló el letrado, destacando además que su cliente tiene prohibido el acceso a dispositivos móviles y el contacto con la prensa.Lafferriere calificó como una “ridiculez” el plazo de 24 horas otorgado por Roncaglia para ratificar o rectificar los dichos, señalando que los protocolos de traslado y las autorizaciones judiciales del Tribunal Oral Federal hacen fácticamente imposible cumplir con tal requerimiento en ese tiempo.

Asimismo, sostuvo que Celis desconoce las manifestaciones que se le atribuyen en el programa del conductor televisivo Tomás Méndez, donde supuestamente mencionaba una organización del tráfico de cocaína.El defensor también aprovechó para desmentir cualquier tipo de beneficio o “connivencia” entre Celis y el ministro Roncaglia. Según Lafferriere, la situación de detención de Celis ha empeorado significativamente desde que realizó una denuncia previa sobre un plan contra funcionarios federales: pasó de un pabellón abierto a estar totalmente aislado. “Es falso que haya alguna connivencia para beneficiar la situación de detención de Celis”, sentenció el abogado, confirmando que ya trabaja en el borrador de la respuesta a la carta documento basándose en un manuscrito entregado por su cliente.

Traslado a FederalEste lunes se conoció la resolución de la jueza de Ejecución del Tribunal Oral Federal de Paraná, Noemí Berros, quien dispuso el traslado de Celis desde la cárcel de la capital provincial hacia la Unidad Penal N° 8 de Federal. Cabe recordar que el Tavi había sido llevado desde la cárcel de Gualeguaychú hacia la UP1 tras denunciar que el procesado por narco, Leonardo Airaldi, planeaba mandar a matar al juez federal Leandro Ríos y al fiscal general José Ignacio Candioti, y que luego otros dos presos agregaron que también incluía a Roncaglia.Celis estuvo en una celda junto a su hijo, Teuco Celis, estos dos meses, y tras una pelea entre ambos en los últimos días se resolvió el traslado del padre al penal del norte de la provincia.

La Cancillería de Rusia convocó al embajador argentino en Moscú, Enrique Ignacio Ferrer Vieyra, tras los señalamientos que la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, dirigió recientemente a Moscú, informó la prensa de aquel país.Patricia Bullrich acusó a la inteligencia rusa de haber participado en una grabación ilegal en la Casa Rosada, informa el sitio Actualidad RT.“Se le informó al embajador de la Argentina que la parte rusa rechaza firmemente las acusaciones” de la ministra, que considera “infundadas”, en tanto en cuanto “no tienen pruebas”, reza un comunicado del Ministerio de Exteriores.Además, “se señaló la existencia del Tratado entre Rusia y la Argentina de asistencia legal recíproca en materia penal, que establece un procedimiento para la interacción correspondiente de las estructuras competentes de los dos  países”, indicó la Cancillería.Añadió que las declaraciones de Bullrich “no ayudan a mantener relaciones constructivas de amistad que existen” entre ambas naciones.En este sentido, Moscú “lamenta que Buenos Aires no esté dispuesto a avanzar en el camino de su desarrollo progresivo”, señala el Ministerio en su comentario. Finalmente, la Cancilleria rusa confía en que recibirá de la parte  argentina “una explicación detallada” de las “inaceptables declaraciones” de la ministra “lo antes posible”.

Actualidad RT cita luego que “en una entrevista con Radio Rivadavia, Bullrich” declaró “el pasado lunes que el Gobierno denunció a personas ligadas a exservicios de inteligencia rusos por la filtración de audios de Karina Mieli, la  secretaria general de Presidencia y hermana del mandatario Javier Milei”.“Si bien el contenido de dichos audios era inocuo, otra grabación atribuida a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), asegura que ella y su asesor, Eduardo ‘Lule’ Menem, cobran sobornos del 3 al 8 % a las empresas farmacéuticas privadas, a cambio de otorgarles millonarios contratos de compra de medicamentos para instituciones públicas”, completa el medio ruso.

En octubre de 2019 la Unidad Fiscal de Concordia inició una investigación, a partir de un informe remitido por el Oficial Principal Luis Ángel Duarte, dando cuenta de un grupo de personas que cometían delitos de forma organizada, entre ellas funcionarios de la Policía de Entre Ríos.

En el marco de la misma, se intervinieron líneas telefónicas y se realizaron tareas investigativas de forma conjunta con el Comisario José María Rosatelli, lo cual permitió acreditar la actividad desplegada por los imputados, tanto en los hechos ejecutados como en la permanente vinculación con fines criminales.

El caudal probatorio reveló que los imputados formaron distintas células, lo que surgió de escuchas telefónicas y de mensajes y audios de sus teléfonos celulares. A su vez, estas células o clanes familiares se encuentran perfectamente vinculados e interconectados.

El 24 de mayo pasado se realizaron 19 allanamientos y 23 detenciones ordenados por el Juzgado de Garantías Nº 3, procedimientos que arrojaron resultado positivo y permitió incorporar evidencia valiosa a la investigación. Así también, se imputaron 16 delitos y el Juez hizo lugar al pedido de la Unidad Fiscal dictando la prisión preventiva efectiva de 17 imputados y la prisión domiciliaria a otros 3.

Tras el desarrollo de la investigación se realizaron 3 nuevos allanamientos y 4 detenciones de miembros de la empresa criminal, entre los que se encontraba Facundo Omar Mazaira Silveyra, quien publicó un video en la red social �SFacebook⬝, mediante el cual acusaba al Oficial de la Policía Luis Duarte y al fiscal Azcué de actos de corrupción, a la vez que profería amenazas contra los mismos.

Tras ese hecho, se inició una investigación en la cual se probó que tales acusaciones eran falsas y el Juez de Garantías Mario Figueroa, resolvió la prisión preventiva de Mazaira Silveyra por el plazo de 45 días en la Unidad Penal, por considerar que el video fue un claro acto de entorpecimiento a la investigación.

Resultado de la investigación sobre falsas acusaciones

En la audiencia donde se comprobó la falsedad de las acusaciones de Mazaira Silveyra, se presentó un audio en el que Mazaira manifestó a otra persona que él �Sescondió el teléfono⬝ cuando los funcionarios de la Brigada de Abigeato fueron a su domicilio a realizar el allanamiento. Esto demuestra la falsa acusación que había formulado contra el oficial Duarte, acusándolo de haber cobrado una suma de dinero para no secuestrarle el teléfono, ya que ese teléfono nunca fue hallado según los propios dichos del imputado. En un posterior allanamiento se secuestró un celular y se aguarda el peritaje correspondiente para determinar si es el del imputado.

En su acusación hacía el fiscal Azcué, Mazaira Silveyra manifestó que en la indagatoria se le pidió ochenta mil pesos cuando fue llevado a la fiscalía después de su detención. Respecto a esto último, se recibió declaración del abogado Dr. Jáuregui, que lo representó en ese acto procesal, quien declaró que nunca existió un pedido de coima, desmintiendo de esta manera los dichos que fueron publicados en el video en cuestión.

Por otra parte, del informe elaborado por la Secretaría de la Unidad Fiscal de esta ciudad, indica que Azcué nunca tramitó una causa de narcomenudeo, evidencia que desmiente los dichos del imputado respecto a la investigación de estos delitos de su parte.