Entre las nuevas exigencias, -que entra en pleno vigor recién en marzo de 2027-, se encuentra la inscripción en el Renspa, el cumplimiento de las normas de bienestar animal y la incorporación de un técnico acuícola acreditado por el Senasa. También deberán establecerse mecanismos de control de acceso, con registros de personas y vehículos, además de barreras sanitarias para la desinfección de manos, calzado, vehículos y materiales.

Los establecimientos deberán contar con condiciones mínimas de infraestructura, procedimientos sanitarios y sistemas de registro destinados a prevenir la introducción y propagación de enfermedades.Uno de los ejes centrales de la norma es el manejo sanitario del agua. Los establecimientos tendrán que analizar periódicamente las aguas afluentes y utilizar filtros mecánicos antes de su ingreso al sistema productivo. En paralelo, los efluentes no podrán descargarse directamente en cursos de agua naturales sin un tratamiento previo que permita evitar la propagación de agentes patógenos. La resolución también establece protocolos para el control de plagas y vectores, la gestión de bioinsumos y la verificación de la condición sanitaria de los peces y del material reproductivo antes de su ingreso al establecimiento. Además, se deberán implementar procedimientos de cuarentena y desinfección de ovas, junto con rutinas de limpieza y desinfección de las instalaciones, equipos y elementos utilizados durante la producción.

La nueva normativa pone especial énfasis en la detección temprana de enfermedades. Los productores deberán realizar un monitoreo diario de los peces para detectar comportamientos anormales, lesiones u otros signos de enfermedad, además de controlar parámetros como oxígeno disuelto, pH y temperatura del agua. La mortalidad deberá recolectarse diariamente y tratarse mediante métodos seguros y validados, entre ellos compostaje, ensilado, incineración en equipos de combustión cerrada o enterramiento bajo determinadas condiciones. Un punto de especial importancia para los productores es la notificación obligatoria de eventos anormales. Deberá informarse inmediatamente al Senasa cuando la mortalidad diaria se duplique durante dos o más días consecutivos respecto del promedio habitual para esa etapa productiva y no exista una causa conocida, o cuando exista sospecha de una enfermedad de notificación obligatoria.Para los establecimientos que producen peces en cuerpos de agua, la resolución establece obligaciones adicionales. Las distintas categorías productivas deberán mantenerse en jaulas o módulos diferenciados y las instalaciones deberán contar con sistemas adecuados de fondeo y balizamiento. También se establecen requisitos para el almacenamiento de alimentos y productos veterinarios. La norma alcanza además a las tareas de buceo y mantenimiento de redes. Las empresas que presten servicios deberán aplicar protocolos de desinfección de trajes, reguladores, embarcaciones y herramientas antes del ingreso al área de producción y entre diferentes unidades.Las distintas categorías productivas deberán mantenerse en jaulas o módulos diferenciados y las instalaciones deberán contar con sistemas adecuados de fondeo y balizamiento.

La nueva regulación incorpora una exigencia documental amplia. Los establecimientos deberán registrar el ingreso y egreso de personas y vehículos, los movimientos de peces y material reproductivo, la mortalidad diaria, los eventos sanitarios, las muestras y análisis de laboratorio, los tratamientos veterinarios, los controles de agua y la capacitación del personal. El movimiento de peces y material reproductivo deberá estar amparado por el Documento de Tránsito electrónico (DT-e). Además, los contenedores utilizados para el traslado deberán garantizar condiciones adecuadas de agua, ser herméticos y desinfectarse antes y después de cada utilización.La norma establece un esquema de implementación gradual para el sector. Los titulares de los establecimientos tendrán 90 días corridos desde la entrada en vigencia para presentar ante el Senasa un informe de cumplimiento, que deberá incluir un autodiagnóstico de la situación inicial y el grado de cumplimiento de cada requisito. Si el establecimiento cumple con todos los requisitos, será reconocido como “Establecimiento ictícola con condiciones mínimas de bioseguridad y BPA”. Si existe cumplimiento parcial, deberá presentar un Plan de adecuación, con las acciones correctivas necesarias y las fechas previstas para ejecutarlas. El plazo máximo para completar esas mejoras será de 24 meses desde la recepción del plan por parte del Senasa. El organismo sanitario aclaró que ese período de adecuación no implica una suspensión de las obligaciones sanitarias esenciales: las medidas consideradas necesarias para prevenir riesgos sobre la sanidad de los animales acuáticos, la salud pública o el ambiente deberán cumplirse de manera inmediata. La Resolución 793/2026 fue publicada el 2 de septiembre de 2026, pero comenzará a regir en 180 días.

Hasta allí se trasladó esta semana el director de Cooperativas y Asociativismo de la Municipalidad de Concordia Ariel Gorostegui, junto al equipo de la dirección del INTA, con el objetivo de establecer colaboraciones para futuros proyectos conjuntos.Durante la visita, se pudo apreciar todo el proceso de investigación registrado por dicho organismo nacional, que abarca desde la cría hasta la conservación de especies de peces nativas del río Uruguay como pacú, boga y sábalo, destacándose los resultados productivos y comerciales obtenidos hasta la fecha.Este encuentro subraya el compromiso del INTA Concordia y de las autoridades municipales en avanzar en investigaciones que promuevan el desarrollo productivo. 

El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Carlos Liberman, destacó que “el sector finalmente logró consolidarse y era esencial acompañarlo de nuevos instrumentos con pautas que controlen y acompañen ese crecimiento”.

Según lo informado, la reformulación de la normativa impulsada por el Ministerio de Economía, a cargo de Sergio Massa, permite una adaptación de las pautas y los criterios que regularán las estadísticas, registros, certificaciones, control, fiscalizaciones y autorizaciones para la exportación e importación de todos los productos acuícolas de la República Argentina, acompañando la jerarquización del sector y su crecimiento desde el año 2020, desde la creación de la primera Dirección Nacional.

“Para pensar en la expansión de una acuicultura ordenada, quienes estamos frente a los desafíos de planificar su desarrollo integral, debemos considerar tanto la producción y sus mercados, el financiamiento, la ciencia y la tecnología, como también en su sostenibilidad con el ambiente”, señaló Liberman al explicar que “estos factores alineados permiten que la planificación sea concebida de forma inteligente, aprovechando los recursos y brindando todos los esfuerzos para que la actualidad del sector sea concebida como una agenda nacional de la economía argentina, con más fuentes de trabajo y con una visión integral que favorezca a todos los argentinos y argentinas”.

Por su parte, Guillermo Abdala Bertiche, primer director Nacional de Acuicultura, quien coordinó las acciones que alcanzaron la nueva normativa, afirmó que “todos los aspectos analizados e implementados son fruto de una necesidad del presente para acompañar las directrices internacionales de la Acuicultura Sostenible de FAO, conforme las consideraciones vinculadas en cada intercambio de trabajo con representantes de todo el mundo, y que caracteriza al sector a nivel global dotándolo de robustez y reglas claras para transformarse definitivamente en una actividad desarrollada y sustentable”.

De esta manera, el Registro Nacional de Establecimientos Acuícolas (RENACUA) se verá complementado con Registro de Genética Acuícola, focalizado en las operaciones de producción nacional y exportaciones, y un Registro de Intercambio Genético, orientado a la caracterización y el seguimiento de la información referida a los recursos genéticos acuícolas, con una clara vocación de desarrollo para la sustitución de importaciones y el abastecimiento nacional de insumos e infraestructura local.

Asimismo, mediante el correspondiente Reglamento para la solicitud de inscripción, se han reformulado los procedimientos referidos al RENACUA y se dota a la Dirección Nacional de Acuicultura para implementar los acuerdos necesarios y las actualizaciones que requiera el acompañamiento del sector en su crecimiento a nivel federal.

En este sentido, se reconfigura un marco normativo moderno y ágil que, desde la óptica de la sostenibilidad, contribuirá con los actuales indicadores de expansión y controles necesarios para equilibrar la actividad. (Campo en Acción)

Desde 2015 ambas organizaciones llevan adelante la Estación de Acuicultura Salto Grande, espacio donde se genera y comparte información referida a la producción de especies nativas del río Uruguay de interés comercial (pacú, sábalo y boga) con validez para el centro de Argentina y centro-norte de Uruguay.

Junto con los análisis productivos en mencionada unidad, se realizan los cálculos económicos de la actividad.

La producción de peces se presenta como una interesante alternativa para ser incorporada a las unidades productivas familiares diversificadas de la región de Salto Grande, que cuentan en algunos casos con capacidad instalada (pozos de para a la provisión y bomba para la extracción de agua, electricidad, tajamares o espejos de agua, mano de obra familiar).

También puede representar una oportunidad para jóvenes que deseen incorporarse al mundo de la producción agropecuaria o personas que deseen iniciar un proyecto en el medio rural.

Si se considera un costo de producción de 1 kg de pescado despinado de $1.000 y un precio de venta al público de $ 2.000, es decir que por cada kg de pescado despinado se obtiene un margen de $1.000, para alcanzar el objetivo de ingreso neto de $ 1.752.000 para cubrir las necesidades de una familia será necesario producir unos 2.500 kg de pescado (unas 1900 piezas de peso comercial de 1.3kg) considerando mermas de eviscerado y despinado.

En este análisis no se consideran costos de inversión inicial (excavaciones, instalaciones para el suministro de aire y agua) Para el análisis económico se toma como base la experiencia en la Estación de Acuicultura Salto Grande ubicada en Concordia, que tiene un sistema de producción semintensivo en estanques de 8x40x2 mts de profundidad construidas sobre tierra con aireación y recambio parcial de agua.

Si se considera que en cada uno de estos estanques se pueden criar alrededor de 250 peces, para el objetivo económico y productivo planteado serían necesarios 8 estanques productivos que requieren una superficie de aproximadamente 3000 m2.

Si bien los costos de producción (alevines o juveniles, alimento, mano de obra, electricidad) y precios de venta considerados en este artículo son estimativos, permiten tener una aproximación de la escala productiva, económica y comercial pensando en piscicultura familiar.

La Estación de Acuicultura Salto Grande del (INTA-CTM Salto Grande) puede ser visitada previa coordinación con los responsables al 0345-154154556 por aquellas personas que deseen iniciarse esta actividad, además se brindan capacitaciones vivenciales para jóvenes y municipios interesados en promocionar la producción de peces.

Para más información:

hegglin.juanpablo@inta.gob.ar

El potencial de Entre Ríos para crecer en la acuicultura radica en la disponibilidad de agua, el acceso a productos y subproductos agropecuarios y los recursos humanos con conocimientos en actividades intensivas. Otra fortaleza es el tipo de suelo predominante que favorece la retención de agua.

 �SApoyamos este tipo de emprendimientos, que permiten diversificar la producción en distintas escalas⬝, dijo el jefe de la cartera y determinó: �SLa cría de pacú es compatible con la geografía y recursos hídricos de la provincia; su carne es muy apreciada y elegida por su sabor y nos puede posicionar como provincia, ofertando a la gran demanda en forma de procesados y también filetes para restaurants⬝.

Bahillo puso en valor que dicha especie de pez actualmente recibió ventajas arancelarias sobre su exportación, razón por la cual se enfrenta a un escenario internacional auspicioso. Incluso sentenció que �Sla provincia fomenta el desarrollo de emprendimientos de producción acuícola, como alternativa válida a la pesca comercial en nuestros ríos, con el propósito de cuidar el recurso natural⬝.

En la explotación, radicada en Espinillo Norte, a la altura del kilómetro 25 de la ruta nacional número 18, iniciaron la producción con la compra de alevines o juveniles de pacú para su recría en dos lagunas artificiales. Luego sumaron 10 piletas de engorde y finalmente desembocaron en la cosecha. Toda la producción se comercializa por venta directa con proyección al mercado mayorista. Bahillo visitó el predio justamente a días de la realización de la cosecha de la campaña 2020/2021.

El emprendimiento fue desarrollado por Liliana Vera, Lucas Marcos y Juan Manuel Rossi quienes luego de la idea inicial indagaron y se asesoraron sobre distintos métodos de producción para lograr la eficiencia en la producción.

Al respecto, Lucas Marcos sostuvo que �Sse recibe el constante acompañamiento del INTA y vamos analizando alternativas para lograr eficiencia y sustentabilidad. Por ahora nuestra escala sólo nos permite atender la venta a consumidores finales, tanto locales gastronómicos como público en general, pero en un futuro estamos pensando inversiones para aumentar la producción y ver otros mercados. Nos dedicamos a lograr un producto de mucha calidad y la demanda que tenemos así lo demuestra⬝.

Por su parte, Juan Manuel Rossi subrayó que el consumo de pescado en el mundo �Sviene con un crecimiento sostenido, habida cuenta que por los años 70 el consumo per cápita anual era de 9 kilos y hoy supera los 20 kilos. Además, y a tono con el cuidado ambiental, el 47 % de la producción mundial proviene de criaderos. En Argentina estamos lejos aún de esos datos, pero de a poco vamos tomando conciencia de la importancia y relevancia que será cuidar nuestros ríos y arroyos y potenciar este tipo de experiencias⬝.

Algunos datos de la actividad en la provincia

Durante el año 2019 la contribución de la provincia al sector acuícola nacional fue solo del 0,38%, unas 150 toneladas, y se impone precisar que la pesca comercial entrerriana o de captura en los ríos ronda las 7.000 toneladas anuales entre sábalo y especies acompañantes.

En la provincia hay entre 10 y 15 establecimientos acuícolas productivos, algunos de los cuales están funcionando como demostradores en el proceso de difusión de la actividad. Existen tres estaciones de investigación: una en La Paz fruto de un convenio entre el Ministerio de Producción y la Municipalidad; otra en Concordia -conocida como �SEl Alambrado⬝- que se puso en marcha tras un acuerdo entre el INTA y la Comisión Técnica Mixta Salto Grande; y la de Diamante que depende del Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica (CICYTTP) administrado por el Conicet, la UADER y la Provincia.

Entre Ríos está comprendida en dos de las cuatro cuencas acuícolas del país: la del norte que es ideal para potenciales especies de clima cálido y templado cálido (surubí, cucharón, pirapitai, rana toro y pacú entre otras) y la del sur que presenta características climáticas más restringidas siendo apta para especies como el pejerrey, esturión, o salmón siberiano.

Los productores entrerrianos han elegido al pacú como pez objetivo predominante para su estudio, desarrollo, cultivo y venta en mercados locales y regionales. La especie (Piaractus Mesopotamicus) está vedado a la pesca artesanal, comercial y deportiva. Se trata de un pez de alimentación omnívoro con tendencia de herbívora, frugívora o microorganismos.

Por caso, el objetivo del emprendimiento de Espinillo Norte consiste en producir con la aplicación de tecnología de cría y engorde semi intensiva, carne de pacú de calidad homogénea, bajo un entorno ambiental sustentable, cuidando ríos y arroyos y de esta manera proveer a la población de alimento con alto valor nutricional e incentivar el consumo de pescado.

Acompañaron al ministro Bahillo en su recorrida el secretario de Agricultura y Ganadería, Lucio Amavet, el director de Recursos Naturales, Mariano Farall, el director del Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB), Pablo Basso y el coordinador de Pesca, Pablo Gudiño.