El Gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) firmaron este martes al mediodía un acuerdo salarial y presupuestario para aliviar el conflicto por los fondos para sostener el funcionamiento de las universidades públicas.Pese al principio de acuerdo, las entidades educativas mantendrán la demanda ante la Corte Suprema por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la norma votada favorablemente y ratificada en el Congreso que continúa sin aplicarse.La propuesta en discusión incluyó un aumento salarial de 24,33% en dos tramos, un ajuste de 21,33% en julio y otro de 3% en octubre. Esa recomposición equivale a 7 puntos correspondientes a 2024, 12,33 puntos de 2025 y el resto busca compensar la pérdida acumulada hasta mayo de 2026. También está prevista una reunión paritaria con los gremios.El acuerdo económico no implica el cierre del litigio. Los rectores hicieron saber que “no retirarán la demanda judicial”, sobre la causa que analiza la Corte Suprema de Justicia por los fondos universitarios.Además de la suba salarial, el oficialismo incorporó el compromiso de evitar que los salarios universitarios sigan perdiendo frente a la inflación durante 2026. El acta rubricada hoy también incluye un incremento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano. Ese programa promueve el acceso, el avance y la finalización de estudios de pregrado y grado en áreas consideradas claves para el desarrollo del país. A eso se sumó un financiamiento de $50 mil millones para hospitales universitarios.Las conversaciones también abarcaron una negociación puntual para el personal docente de los establecimientos preuniversitarios. En esos colegios de nivel medio, la situación salarial es más delicada porque los docentes también perdieron poder adquisitivo por la quita del Fondo de Incentivo Docente, el FONID.Ese deterioro forma parte de la negociación abierta entre el Ejecutivo, las universidades y los gremios. El reclamo alcanza tanto a docentes como a no docentes, en un contexto en el que los rectores exigen que cualquier salida incluya una instancia paritaria real y un acuerdo con las organizaciones sindicales.La causa por la Ley de Financiamiento Universitario tiene una medida cautelar favorable a las universidades, ratificada en dos oportunidades, aunque hoy permanece suspendida por un recurso extraordinario del Poder Ejecutivo. La decisión final quedó en manos de la Corte Suprema, que no tiene un plazo establecido para pronunciarse.La posición del Gobierno es que la ley sancionada por el Congreso es “ilegal” porque, bajo su interpretación, no cumple con la normativa de administración financiera que exige identificar la fuente de los recursos. Por ese motivo, el Ejecutivo sostiene que mantener la demanda judicial es incompatible con un acuerdo económico entre las partes.Del lado sindical, la desconfianza continúa. “Por ahora, es todo informal. Entonces no se puede dar crédito a eso. Tenemos que ser muy cuidadosos y serios porque el Gobierno es un interlocutor muy escurridizo. El gobierno tiene que convocar a paritaria, cosas que no hace hace años”, dijeron desde Conadu a Infobae.Las universidades siguen en estado de alerta. El martes 26 de mayo, centros de estudiantes de la UBA, gremios docentes y otras organizaciones de la comunidad universitaria realizaron clases públicas frente al Palacio de Justicia para reclamar a los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz una definición sobre la cautelar.También hubo medidas de fuerza en los colegios preuniversitarios. Estudiantes del Nacional Buenos Aires y del Carlos Pellegrini tomaron los establecimientos como protesta.

"Hemos realizado un esfuerzo extraordinario para llegar a un acuerdo salarial que garantice a los docentes un incremento por encima de los índices inflacionarios, y en pos del objetivo de desarrollar nuestro ciclo lectivo con 191 días de clases", expresó el gobernador Gustavo Bordet.

"El orden de nuestras cuentas públicas y la previsibilidad que logramos en estos años nos permiten llevar adelante acciones como ésta".

Se dará comienzo el lunes al ciclo lectivo en la provincia, a partir del acuerdo que rubricó el Ejecutivo con los gremios docentes. La provincia supera los parámetros previstos de inflación al pagar un 40 por ciento de aumento hasta mayo.

Durante la audiencia paritaria, realizada en la Secretaría de Trabajo, el gobierno provincial firmó con Agmer, Amet, Uda y Sadop un acuerdo de recomposición salarial para los trabajadores docentes que supera lo previsto en inflación. Percibirán un aumento del 40 por ciento que consta de un 8 por ciento a Febrero, un 19 a Marzo y 13 a Mayo.

"Somos respetuosos del trabajo de los docentes y los acompañamos con las herramientas que están a nuestro alcance para garantizar la calidad educativa de nuestros niños y jóvenes ".

El diálogo ha sido eje de mi gestión de gobierno, y más allá de los debates, sabemos de lo imprescindible de ponernos de acuerdo en temas trascendentes para la provincia", afirmó.

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Muller, mencionó �Sel esfuerzo que realiza el gobierno provincial al presentar una propuesta superadora" .

La audiencia estuvo presidida por el coordinador, Armando Ferrari y la delegada contable, Mónica Barbabianca.

Por parte de Agmer, participaron el secretario General, Marcelo Pagani; la secretaria Adjunta, Ana Delaloye; el secretario Gremial, Guillermo Zampedri; el miembro paritario, Juan Carlos Crettaz y la vocal Susana Cogno. También asistieron el secretario Adjunto de AMET, Carlos Varela; y en representación de Sadop, la secretaria adjunta, Alejandra Franck, y la secretaria gremial, Katerina Arce.

En representación del CGE participaron Müller; los vocales, Exequiel Coronoffo y Humberto Javier José; la directora de Asuntos Jurídicos, Miriam Clariá; la prosecretaria, Melina Romero y el asesor, Néstor Griffoni.