Se destacó que un eje central será el “análisis de los plazos de prescripción penal en los delitos sexuales y su impacto en el acceso a la justicia, propiciando un espacio de diálogo, concientización y participación comunitaria”.

El proyecto de declaración fue presentado por el senador Rafael Cavagna, de Juntos por Entre Ríos. Allí indicó que “la Asociación Civil Así Basta, pionera en la ciudad de Paraná en la prevención, sensibilización y abordaje del abuso sexual en la infancia y adolescencia, cumple este año una década de labor ininterrumpida y comprometida con la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes”.Tiempo de escuchaCavagna precisó que la jornada se realizará en el contexto de aquella conmemoración y detalló que “está dirigida a profesionales de diversas disciplinas, educadores, integrantes de asociaciones civiles, estudiantes y público en general, con el propósito de visibilizar y profundizar el abordaje del abuso sexual en las infancias y adolescencias.

Asimismo, busca reflexionar sobre la importancia del tiempo de escucha en los procesos de denuncia y acompañamiento, así como promover acciones concretas para la prevención de estos delitos aberrantes”.

El eje central: el análisis de los plazos de prescripciónEn el proyecto que se aprobó se destacó que “un eje central de la jornada será el análisis de los plazos de prescripción penal en los delitos sexuales y su impacto en el acceso a la justicia, propiciando un espacio de diálogo, concientización y participación comunitaria. La ponencia central estará a cargo de la licenciada Sonia Almada, psicóloga, fundadora y presidenta de la Fundación Aralma, autora de diversas obras sobre la temática, y reconocida a nivel nacional e internacional por su compromiso con los derechos de las infancias”.Cavagna consideró que se debía “destacar que la licenciada Almada es la primera sobreviviente de abuso sexual en integrar, por concurso, el proceso de selección para la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación”.

En la oportunidad de dialogar con la prensa, CHAJARI AL DIA consultó sobre el nivel de incidencia de estas causas en la provincia.A modo de referencia, el titular del Ministerio Público de la Defensa respondió con los datos que hablan de las condenas por estas causas.“El promedio de personas condenadas por abuso sexual en el país es aproximadamente de un 4 o 5 por ciento”, señaló. Con respecto a Entre Ríos, dijo que “el promedio de personas condenadas por abuso sexual infantil es del 14 o 15 por ciento, estamos por encima a la media nacional”.Estos datos pueden tener varias lecturas. Por un lado, que esas condenas reflejan la cantidad de casos existentes y, por el otro, que el trabajo llevado adelante por los estamentos intervinientes, entre ellos los judiciales, llegan a buen puerto.Benítez entendió que la implementación del protocolo ASI (Abuso Sexual Infantil)  y el sistema de la testimonial videograbada (Cámara Gesell) dieron cabida a una mayor cantidad de denuncias. “Ha hecho que la población viera el abuso sexual de niños como un flagelo y que comience a denunciar. Había una cifra evidentemente oculta en la provincia y en el país”, esgrimió el defensor. Asimismo, consideró que “con el protocolo y a medida que se fue dando confianza al personal que trabaja con niñez, educación y salud, se pudo lograr una mayor cantidad de denuncias y procesos de este tipo“, resaltó.Insistió en que las razones de ese incremento que deviene en un índice de condena superior a la media nacional está en el trabajo que fue aceitándose en el último tiempo e hizo hincapié en el objetivo de “evitar la revictimización del niño”, alcanzando con la justicia el delito del cual fue víctima. 

Tras un año de pesquisas, la comisión ha identificado a docenas de posibles víctimas y a 21 presuntos autores.

En total, el equipo recibió el testimonio de 63 mujeres y 12 hombres, con edades comprendidas entre los 13 y los 43 años y con una media de edad de unos 20 años.

A las víctimas se les prometía trabajo a cambio de relaciones sexuales. Nueve mujeres han denunciado que fueron violadas.

Veintinueve mujeres quedaron embarazadas. Seis víctimas de violaciones afirmaron haber sufrido abortos espontáneos. Otras contaron a los investigadores que los hombres que abusaron de ellas también las obligaron a abortar ofreciéndoles los medicamentos e incluso inyecciones.

Tras conocerse los resultados de la investigación, el director general de la Organización pidió perdón a las víctimas y dijo que asumía �Sla responsabilidad última⬝ por los fallos que permitieron este comportamiento.

�SLo siento. Lamento lo que les han hecho personas contratadas por la OMS para servirles y protegerles⬝, dijo el director de esta agencia, el doctor Tedros Adhanom Gebreyesus.

Las víctimas solo pudieron proporcionar los nombres de pila de otros presuntos autores, a los que aún no se ha identificado. En esos casos, la OMS está contratando a un servicio de investigación externo.

La Organización prohibirá a los autores identificados trabajar en el futuro y lo notificará a todo el sistema de las Naciones Unidas. También remitirá las denuncias de violación a las autoridades de la República Democrática del Congo para que las investiguen, y al país de nacionalidad de los presuntos autores, si procede.

El voluminoso informe sobre el encubrimiento -en Estados Unidos y en Roma- de los abusos sexuales del excardenal y exsacerdote Theodore McCarrick sobre monaguillos y seminaristas a lo largo de 48 años será presentado el próximo martes 10 de noviembre, según ha adelantado este viernes la Oficina de Información del Vaticano.

Aunque las primeras denuncias contra McCarrick, que ahora tiene 90 años, fueron presentadas en la diócesis de Metuchen (New Jersey) en 1994, la primera denuncia en la nunciatura en Estados Unidos no tuvo lugar hasta el año 2000, a raíz de su nombramiento por Juan Pablo II como arzobispo de Washington después de varios años como obispo en Metuchen y Newark. Probablemente el Papa polaco -que estaba ya muy limitado por el párkinson y dependía de sus colaboradores -, nunca llegó a conocerla, pues le impuso la birreta de cardenal en 2001.

McCarrick siguió siendo uno de los eclesiásticos de referencia de Estados Unidos hasta su jubilación en 2006, y no fue castigado hasta que Francisco le suspendió de toda actividad sacerdotal en 2018. Al año siguiente le expulso del sacerdocio y, por consiguiente, del episcopado y del cardenalato.

El antiguo arzobispo de Washington era el segundo eclesiástico que Francisco cesaba en el cardenalato después del escocés Keith O�"Brien, sancionado por abusar de sacerdotes mayores de edad pero subordinados suyos en la diócesis de Glasgow.

El polaco Henryk

Gulbinowicz

El tercer caso de castigo por abusos -hecho público este viernes- es el del polaco Henryk Gulbinowicz, de 97 años, a quien -en una sanción mitigada por motivos de ancianidad- el Papa le ha prohibido utilizar los distintivos episcopales y ser enterrado en la catedral de Wroclaw, donde fue arzobispo.

Al mismo tiempo, Francisco le condena al pago de una fuerte suma a la Fundación San José, creada por la conferencia episcopal polaca para indemnizar y ayudar a las víctimas de abusos sexuales.

El exhaustivo trabajo investigativo para descubrir quienes encubrieron y protegieron a Theodore McCarrick en su larga y brillante carrera eclesiástica dio comienzo el 6 de octubre de 2018, cuando el Papa confirmó que «no se pueden tolerar ni los abusos sexuales ni su encubrimiento, y un tratamiento distinto para los obispos que los han cometido o encubierto representa una forma de clericalismo que ya no es aceptable».

El Vaticano anunció que Francisco había ordenado «revisar por completo toda la documentación de los archivos de los departamentos y oficinas de la Santa Sede», y adelantaba que «del examen de los hechos y las circunstancias podrían salir a la luz decisiones que no serían coherentes con el tratamiento actual de estas cuestiones».

Theodore McCarrick se trasladó en 2018 a vivir como huésped en el convento de San Fidel en Victoria, un pueblecito de solo 1.200 habitantes en el estado de Kansas, bajo la supervisión del obispo de la diócesis de Salinas.