La ONU documentó al menos 800 casos de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos y amenazas que las autoridades talibanes de facto en Afganistán cometieron desde agosto de 2021 contra exfuncionarios gubernamentales y exmiembros de las fuerzas de seguridad vinculadas al gobierno anterior.

La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (Unama, por sus siglas en inglés) dio a conocer la cifra en un informe que fue publicado este martes y que cubre el período del 15 de agosto de 2021, fecha en que los talibanes retomaron al poder, y el 30 de junio de 2023.

El relevamiento de Naciones Unidas

registra 424 detenciones y

encarcelamientos arbitrarios

El texto registra en ese período 218 ejecuciones extrajudiciales, 14 desapariciones forzadas, más de 144 casos de tortura y malos tratados, así como de 424 detenciones y encarcelamientos arbitrarios.

Sin embargo, el vocero del Gobierno talibán, Zabiullah Mujahid, respondió en un comunicado que ese informe “no corresponde a la realidad y está lejos de la verdad”.

A diferencia de lo que denuncia la ONU, Mujahid especificó que las condiciones de la amnistía política “de los adversarios de las nuevas autoridades se cumplen estrictamente y los pocos casos de matanza por motivos personales u otros se investigan escrupulosamente”.

Asimismo, lamentó que varias organizaciones dentro de la ONU no traten de “comprender las realidades de Afganistán y ver los cambios positivos, sino buscan siempre los aspectos negativos y difunden propaganda para socavar la confianza” en las nuevas autoridades.

“Perdonados y en paz”

Afganistán sigue sumergido en una crisis tras dos décadas de conflicto armado entre el movimiento talibán y Gobiernos que se sustentaban en el apoyo militar de Estados Unidos y otros países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

El 15 de agosto de 2021, los talibanes entraron en Kabul y al día siguiente declararon que la guerra había terminado. En la noche del 31 de agosto, las tropas estadounidenses abandonaron el aeropuerto de la capital, con lo que se puso fin a una presencia de casi 20 años de invasión estadounidense en el país.

Cuando tomaron el control, Mujahid publicó en Twitter: “Repetimos una vez más que el Emirato Islámico no tiene pensando vengarse de nadie, aquellos que tenían trabajos en las fuerzas armadas y civiles, así como en los departamentos de la administración de Kabul son perdonados y en paz”.

Ejecuciones

En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales, en la mayoría de los casos las personas fueron asesinadas de inmediato, mientras otras fueron llevadas a instalaciones para luego morir bajo custodia.

El informe agrega que otros fueron llevados a lugares desconocidos y asesinados. En algunos casos, los cuerpos fueron tirados o entregados a miembros de sus familias.

Por ejemplo, el 9 de octubre de 2022, en la provincia de Ghor, dos policías de facto fueron a la casa de un exfuncionario con una orden de arresto. Dos días después, su cadáver fue encontrado.

El 13 de noviembre de 2022 en Kandahar, el cadáver decapitado de un exoficial de policía fue encontrado por la gente local. Había sido arrestado por oficiales de seguridad del Gobierno de facto el 17 de octubre de 2022.

Sin embargo, la ONU asegura que desde entonces se registraron violaciones a los derechos humanos contra exfuncionarios gubernamentales y miembros de las Fuerzas de Seguridad y Defensa Nacional (Andsf) en las 34 provincias del país.

La mayoría de ellas tuvieron lugar cuatro meses después de la reconquista del poder de los islamistas, pero continuaron más allá del período inicial con 70 ejecuciones extrajudiciales registradas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022.

“Los talibanes mataron a mi hermano... Estaba trabajando como oficial de policía en el Ministerio del Interior... 10 días después de la toma del poder por los talibanes, mientras regresaba a Kabul, lo sacaron de un vehículo privado, revisaron su teléfono celular y vieron sus fotos con funcionarios del Ministerio. Luego se lo llevaron. Después de tres días, los lugareños le informaron a mi padre la ubicación del cadáver. Su cuerpo tenía señales de balas y los perros se habían comido una parte de su cuerpo”, es uno de los testimonios que recoge el documento.

Guardias fronterizos de Arabia Saudita mataron a cientos de migrantes etíopes que intentaban cruzar al reino por Yemen entre marzo de 2022 y junio de este año, denunció este lunes la ONG Human Rights Watch (HRW), lo que movió a Estados Unidos a exigir una investigación, a la ONU a expresar honda preocupación y al país implicado a negar las imputaciones.

Las acusaciones apuntan a una importante escalada de abusos a lo largo de la peligrosa “Ruta Oriental” desde el Cuerno de África hasta Arabia Saudita, donde viven y trabajan cientos de miles de etíopes.

“Funcionarios sauditas están matando a cientos de migrantes y solicitantes de asilo en esta remota zona fronteriza, lejos de la mirada del resto del mundo”, afirmó en un comunicado Nadia Hardman, investigadora de HRW.

Algunos sobrevivientes entrevistados por la ONG reportaron ataques con armas de fuego a corta distancia y a los guardias preguntando a los migrantes “en qué parte del cuerpo preferían ser disparados”.

“Gastarse miles de millones en el deporte y el ocio para mejorar la imagen saudita no debería distraernos de estos horribles crímenes”, sentenció el grupo no gubernamental.

Una fuente del gobierno declaró que “las acusaciones incluidas en el informe de HRW sobre guardias fronterizos sauditas que dispararon a migrantes etíopes que cruzaban la frontera entre Arabia Saudita y Yemen son infundadas y no se basan en fuentes fiables”.

“Hemos planteado nuestras preocupaciones sobre estas acusaciones al gobierno saudita e instamos a sus autoridades a emprender una investigación exhaustiva y transparente, y también a cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional”, expresó un portavoz del Departamento de Estado.

Por su parte, la ONU consideró “muy preocupante” el informe, aunque admitió que es difícil “confirmar” esas acusaciones.

“El informe presenta acusaciones muy graves”, sentenció el secretario general del organismo, Stéphane Dujarric, quien reforzó que “impedir la migración con cañón de un fusil es intolerable”.

La acusación de HRW se basó en las entrevistas a 38 migrantes etíopes que intentaron cruzar Arabia Saudita desde Yemen, y en imágenes satelitales y vídeos y fotos en redes sociales o de otras fuentes.

Los entrevistados refirieron 28 “incidentes con armas explosivas” incluidos ataques con proyectiles de mortero.

“Todos los entrevistados describieron escenas de horror: mujeres, hombres y niños esparcidos por el paisaje montañoso, gravemente heridos, desmembrados o ya muertos”, añadió la ONG.

HRW, con sede en Nueva York, lleva casi una década documentando abusos contra etíopes en estos países, pero alertó que los últimos homicidios parecen “generalizados y sistemáticos” y podrían constituir “crímenes contra la humanidad”.

El norte de Yemen está controlado en gran parte por los hutíes, rebeldes combatidos desde 2015 por Arabia Saudita, que apoya a las fuerzas progubernamentales.

La guerra en Yemen generó lo que la ONU describe como una de las peores situaciones humanitarias del mundo. Télam.

La decisión fue tomada por los integrantes de Casación de la ciudad de Concordia, María Luján Giorgio; Gustavo Perroud y María Evangelina Bruzzo.

Los magistrados hicieron lugar al planteo interpuesto por los fiscales Matilde Federik y Mariano Budasoff quienes solicitaron que se revoque la excarcelación de MJS, madre de los menores abusados en rituales y de otro mujer identificada como LLS, quienes serán alojadas en la Unidad Penal 6 de Paraná, así como también de los varones GAS; DAC y AIG, quienes serán trasladados a la Unidad Penal 1, también de la capital provincial. A JPS se le ordenó la prisión domiciliaria, en aras a la avanzada edad que detenta.

Todos ellos fueron condenados por abusos cometidos contra tres menores durante la primera década del siglo. La sentencia de primera instancia fue ratificada por Casación hace unas semanas pero la apelación, en última instancia, ante el Superior Tribunal, hace que aún no quede firme.

“El escenario normativo circunscripto, sustenta aquella serie de razonamientos que permitieron asumir la verificación del riesgo procesal de evasión de los justiciables ante la eventual -casi cierta- ejecución efectiva de la pena”, sostuvo la jueza Giorgio en su voto, avalado por Bruzzo y Perroud.

La magistrada también puso de realce el rol de la abogada Marina Hundt en la búsqueda de justicia. “Mención aparte merece -entre paréntesis- la actuación de la Dra. Hundt, en el ejercicio funcional de su cargo asesorando, patrocinando, a sus instituyentes y evidentemente aún más allá de su compromiso legal y técnico, lo que ha reflejado -a mi criterio- el espíritu esencial de su profesión, habiendo sostenido desde lo espiritual a sus asistidos en la tramitación que insumió casi una década, examinando y valorando desde lo jurídico las pruebas al menos en cuanto lo hubiera así apreciado en la reconstrucción durante el plenario, sin haber escatimado esfuerzos en búsqueda de argumentos que respaldasen su posición en orden a la acreditación de la responsabilidad de los encausados, habiendo cumplido con el deber de garantizarles a sus representados, la dialéctica del debido proceso constitucional, y en suma, la tutela judicial efectiva”.

En la causa fue condenado también el ex comisario Mario René Wolff Furlong (alias “Nene”), quien tiene domiciliaria, y otras cinco personas más.

La decisión ha revivido un gran escándalo que está sacudiendo el liderazgo de la Iglesia.

La opacidad en el manejo del caso, que había sido encubierto por la jerarquía a favor de Rupnik, ha levantado sospechas sobre el papel del Papa Francisco en el asunto. Rupnik, un artista y sacerdote esloveno, es famoso por su trabajo en mosaicos que representan escenas de la Biblia que se encuentran en todo el mundo, incluyendo el Palacio del Vaticano.

El caso pone de relieve la falta de transparencia en el Vaticano en relación con el abuso sexual.

�SPor favor, recuerden bien esto: tolerancia cero en los abusos a menores o personas en discapacidad, tolerancia cero. Por favor, no escondan esta realidad⬝, exhortó el papa Francisco en su discurso a los participantes en los capítulos generales de la Orden de la Madre de Dios, de la Orden Basiliana de San Josafat y de la Congregación de la Misión, a los que recibió en el Palacio Apostólico.

El pontífice advirtió: �SNosotros somos religiosos, somos sacerdotes para llevar a la gente hacia Jesús, no para ��comer�" a la gente con nuestra concupiscencia. Y el abusador destruye, ��come�" al abusado con su concupiscencia. Tolerancia cero⬝, subrayó.

�SLes solicito tolerancia cero⬝, insistió el Papa y les pidió �Sno tengas vergüenza a denunciarlo⬝. �SLos acompaño, eres un pecador, eres un enfermo, pero tengo que proteger a los demás⬝, dijo el Papa, afirmando con contundencia que �Sesto no se resuelve con una mudanza (refiriéndose al traslado de comunidad): �SAh, lo enviaré a este continente, lo mandaré al otro continente... ¡No!⬝.

Francisco devolvió los saludos de los tres superiores y les agradeció la presentación de las trayectorias y perspectivas de sus respectivos Institutos. �STambién yo deseo, en primer lugar, expresarles la gratitud de la Iglesia por el testimonio que dan como personas consagradas y por la actividad apostólica que desarrollan allí donde están presentes⬝, les manifestó.

Luego, recordó que, en estos días, las tres familias religiosas se dedican a trabajar en el Capítulo General. Precisó que los clérigos de la Madre de Dios y los sacerdotes de la Misión están llegando al final de estos espacios, mientras que los basilianos �Sno hicieron más que empezar⬝, acotó. El Papa extendió sus mejores deseos a los que han sido elegidos para el servicio del gobierno y se unió a su gratitud por los que han terminado.

Cerca de los ucranianos

Por otra parte, recordando a los basilianos ucranianos, les reiteró �Sestoy cerca de ustedes, toda la Iglesia está cerca, todos ustedes. Los acompañamos como podemos en su dolor. Uno de los mayores peligros actuales es olvidar el drama de Ucrania porque uno se acostumbra y luego pareciera no es tan importante⬝, indicó comentando que en los últimos días, vio en el periódico que las noticias sobre el conflicto estaban en la página 9: �SNo es un problema de interés y esto no está bien⬝.

Así, renovó su cercanía con el pueblo ucraniano: �SPor eso estamos cerca de ustedes y todos tenemos que mirarlos porque están en el martirio ahora mismo. Están en el martirio. Y les deseo que el Señor tenga compasión de ustedes y que de otro modo esté cerca de ustedes con la paz y el don de la paz⬝.

Discernimiento

Además, el Papa les habló a los religiosos sobre los capítulos que están celebrando estas congregaciones. Tras el �Speríodo de distanciamiento forzado por la pandemia, el capítulo debería ayudarles a no dar por sentado el hecho de poder encontrarse, de poder mirarse a los ojos y, sobre todo, de poder rezar juntos, escuchar la Palabra y compartir la Eucaristía⬝.

El pontífice se refirió al capítulo como una instancia propicia para el discernimiento: �SCon la ayuda del Espíritu Santo, tratamos de ver si fuimos fieles al carisma y hasta qué punto, en lo que el Espíritu nos impulsa a seguir adelante y en lo que, en cambio, nos pide que cambiemos⬝.

Los habitantes de Gobernador Virasoro en la provincia de Corrientes, están conmocionados por los hechos que ocurren en el Hogar de Niños Rincón de Luz, de su ciudad.

Hace diez días hallaron colgando de una soga al cuello a un niño de 14 años en una habitación, donde según el hermanito de la víctima que lo encontró, estaba aislado a modo de penitencia. Cuando el cadáver del niño fue retirado de allí, las autoridades obligaron al hermanito de la víctima a dormir en la misma habitación de la tragedia, sin importarles el dolor ni el trauma psicológico que eso significaba para el menor, informó Radiodos, medio local.

Ahora los denunciantes volvieron sobre sus denuncias realizadas hace casi un año para marcar el grado de morbosidad de las autoridades del hogar. Lo más increíble de esta historia, es que pasaron muchos días de esta tragedia y ni la policía ni la justicia fueron notificadas del caso.

El abogado Eduardo Raúl Etchegaray Centeno pidió la inmediata detención de Sonia Andrea, directora del hogar "Rincón de Luz" de Virasoro, en la provincia de Corrientes, por el delito de "Corrupción de Menores Agravado por su condición de encargada de Guarda y Educación en concurso real por el delito de Facilitación a la Prostitución", como así también de un empresario de la zona, dueño del Local Osadía Calzados, quien fuera acusado de abusar sexualmente de una menor alojada en dicha institución.

La denuncia había sido realizada en 2021 por Leandra, una orientadora del hogar, quien en aquel momento manifestó haber presenciado actos de corrupción de menores, abuso y tortura a los niños y niñas alojados en dicha institución. Si bien esta denuncia no avanzó en las vías judiciales, la reciente noticia del hallazgo sin vida de Claudio F. el menor de 14 años, dentro del hogar, reavivó las acusaciones de la dramática situación a la que son sometidos los niños y niñas del hogar.

Quienes pasaron por la institución, conmovidos por la muerte de Claudio, rompieron el silencio y narraron los años de hambre, abuso y torturas que sufrieron. Sus testimonios tratan de proteger y salvar a los niños y niñas que aún se encuentran en el hogar. A su vez, el Dr. Pablo Baqué presentará las denuncias por delitos de lesa humanidad en el fuero Federal.

Nueve mujeres imputadas, entre ellas monjas, directivas y una cocinera del Instituto Antonio Próvolo de Mendoza, irán a juicio a partir del 12 de abril próximo, acusadas de los abusos sexuales cometidos a niños hipoacúsicos dentro del Instituto.

Se trata del segundo juicio, luego de que a fines de noviembre del 2019 el sacerdote Horacio Hugo Corbacho Blanck (59) fuera condenado a 45 años de prisión.

En esa oportunidad, el cura italiano Nicola Corradi (83) recibió una pena de 42 años y el ex jardinero Armando Gómez (49) fue sentenciado a 18 años. El abogado querellante Sergio Salinas indicó este lunes a Télam que "se ventilará la responsabilidad de la gente a cargo, las directivas, las monjas, la cocinera y la psicóloga, quienes conociendo de los abusos, sistemáticamente lo ocultaban. La prueba es abrumadora porque no solo hay testimonios que establecen la veracidad de los delitos denunciados por peritos oficiales y de parte, sino también muestran el perfil psicológico de las imputadas y la prueba objetiva que son documentaciones como libros y material que utilizaban para cometer los abusos sexuales y ocultarlos", afirmó.

Entre ellos, "hay elementos secuestrados como cadenas, pastillas anticonceptivas, ropa interior con semen y los pañales que usaban las monjas para encubrir los abusos sexuales a niños y niñas cuando eran muy pequeñas", dijo el querellante.

                                                                                                                                                                      Esto, explicó Salinas, "demuestra un correlato de lo que allí sucedía, sobre todo las denuncias penales que ya para el 2006, 2007 y 2008 demostraban los indicadores de hipersexualidad y comportamientos agresivos que tenían las víctimas en aquel entonces".

                                                                                                                                                                            Los abusos en el Próvolo, cuya denuncia y condena fueron noticia y ejemplo de justicia a nivel mundial, se conocieron en 2016 cuando se escuchó por primera vez a Luis Batistelli, profesor de Lengua de Señas, quien, ayudado por un intérprete de señas, contó en la Legislatura de Mendoza los hechos aberrantes que ocurrían en la institución religiosa.

                                                                                                                                                                      Fue un 18 de noviembre de 2016, en medio de una charla sobre los Derechos del Niño en la Legislatura de Mendoza, cuando una senadora tomó coraje y llevó la denuncia a la justicia.

El Vaticano emitió un muy esperado manual para obispos y líderes eclesiásticos sobre cómo realizar investigaciones internas ante denuncias de violaciones y abusos sexuales cometidos por curas contra menores de edad o adultos vulnerables.

Si bien el Vaticano ha contado con normas canónicas detalladas desde hace más de dos décadas, las leyes siguen siendo ignoradas por algunos obispos que desestiman las denuncias de las víctimas y optan por proteger a sus sacerdotes.

Si bien el manual no tiene la fuerza de una nueva ley, va más allá de la directriz actual del Vaticano respecto a la cooperación con las autoridades, fiscalías o agencias policiales. La política exige que obispos y líderes eclesiásticos reporten acusaciones de abuso sexual contra menores sólo cuando las leyes locales lo señalen.

El manual indica: �SAun en casos en que no existe una obligación legal explícita, las autoridades eclesiásticas deberían hacer una denuncia ante las autoridades civiles competentes si esto es considerado necesario para proteger a la persona involucrada o a otros menores de los peligros de actos criminales ulteriores�"�".

Añade que los líderes religiosos deberán acatar �Slegítimas�"�" citaciones emitidas por las autoridades locales.

El manual, emitido en media docena de idiomas, parece diseñado para privar a obispos y superiores religiosos de sus frecuentes excusas para no realizar pesquisas preliminares a sacerdotes acusados y para no cooperar con las autoridades locales.

Por ejemplo, el manual estipula que no deberían desestimarse las denuncias anónimas, y que incluso rumores o mensajes en redes sociales pueden servir de fundamento para lanzar una investigación.

Además, establece que un obispo no debería ignorar acusaciones simplemente porque son anteriores al límite de antigüedad, ya que el Vaticano en cualquier momento puede decidir eliminar dicho período.

La única justificación para desestimar por completo una denuncia, de acuerdo con el manual, es cuando el obispo determine que hay �Suna imposibilidad manifiesta de proceder�"�", como por ejemplo si el denunciante no era menor de 18 años en el momento o si el cura no estaba físicamente en el lugar donde ocurrieron los presuntos abusos.

Para aquellos obispos que no lo sepan, el manual deja en claro que el tipo de crímenes que constituyen el abuso sexual es �Sbastante amplio�"�" no solamente incluyen relaciones sexuales sino también cualquier contacto físico para obtener gratificación sexual.

El manual subraya que eso incluye exhibicionismo, masturbación, producción de pornografía y �Sconversaciones y/o proposiciones de naturaleza sexual�"�".