Un proyecto de ley que ingresó este lunes en la Cámara de Diputados propone “establecer un marco legal integral para la prevención, detección, intervención y acompañamiento de situaciones de acoso escolar y ciberacoso en la Provincia de Entre Ríos, incorporando el principio de corresponsabilidad familiar como eje central de la política pública educativa en esta materia”. Como Corresponsabilidad Familiar se entenderá el “deber de madres, padres o tutores de colaborar activamente con las medidas de prevención, intervención y seguimiento adoptadas por la institución educativa y la autoridad de aplicación”.La autora del proyecto, la diputada de la Alianza Juntos por Entre Ríos, Gabriela Lena, señaló que se “propone la creación de un Protocolo Único de Actuación que será de aplicación obligatoria en todos los establecimientos educativos de la provincia, garantizando criterios homogéneos de intervención, resguardo de la integridad de las víctimas, y participación activa de las familias en todas las instancias del proceso”.Asimismo, destacó que “se establece un régimen de medidas y sanciones aplicables a las familias que no colaboren de manera injustificada y reiterada con las acciones institucionales destinadas a prevenir o resolver situaciones de acoso escolar en las que sus hijos o hijas sean identificados como agresores”.Añadió que “el régimen sancionatorio propuesto se estructura de manera gradual y proporcional, priorizando medidas educativas y restaurativas como el apercibimiento formal, la participación obligatoria en talleres de parentalidad y convivencia, y la realización de actividades comunitarias, reservando la sanción pecuniaria como medida subsidiaria para aquellos casos en los que las acciones previas hayan resultado insuficientes o cuando exista reiteración en la falta de colaboración”.Lena, tras considerar la experiencia de Mendoza en el abordaje de la problemática del acoso escolar y ciberacoso –la provincia puntana estableció multas de más de dos millones de pesos para los padres que retaceen sin fundamentos su colaboración-, fundamentó su proyecto en que “en conjunto, estos antecedentes muestran que, si bien existen acciones provinciales vinculadas al bullying, todavía hay espacio para avanzar en una normativa más específica y actualizada, especialmente en lo relativo al involucramiento familiar, la dimensión digital y los mecanismos de intervención integral”.

La diputada añadió que “el proyecto propuesto se inscribe en la necesidad urgente de garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes entrerrianos puedan desarrollar su trayectoria educativa en ambientes libres de violencia, donde se respeten sus derechos, se proteja su integridad y se promueva una cultura de convivencia pacífica, inclusiva y democrática, con el acompañamiento activo del Estado, las instituciones educativas, las familias y toda la comunidad”.Lena propuso, tras considerar la experiencia mendocina, que n”la multa máxima establecida es de dos millones cien mil pesos, siguiendo el criterio adoptado por la Provincia de Mendoza, y su graduación dependerá de la gravedad de la conducta, la reiteración, el daño causado a la víctima y el grado de incumplimiento u obstrucción de las medidas institucionales”. Agregó que “en todos los casos, se garantiza el debido proceso administrativo, con notificación fehaciente, derecho a descargo y posibilidad de recurrir las resoluciones dictadas”.También propuso que “para familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica debidamente acreditada, se prevé la sustitución total o parcial de la multa por trabajo comunitario o participación en programas de formación obligatoria, garantizando que la herramienta sancionatoria no profundice situaciones de desigualdad”.

Organizaciones sociales se reunieron con autoridades del Poder Judicial entrerriano para advertir serias irregularidades en la administración de justicia que atentan contra las víctimas de abuso.

�SEn todo el sistema judicial a nivel nacional se cometen injusticias desde la justicia⬝, indicó Romero, quien dijo: �SNo sabemos si este sistema que fue creado para proteger nos cuida o agrede, ya que en el sistema judicial siempre pone en duda la palabra de niñas, niños y de adultos protectores, ordenan pericias psicológicas y psiquiátricas a víctimas de abusos sexuales y a quienes denuncian pero no al perverso que cometió el delito⬝.

En ese sentido, precisó que �Sjueces y juezas parecen olvidar que la Convención de los Derechos del niño, niña y adolescente tiene rango constitucional y ninguna ordenanza, decreto, Ley nacional o provincial puede legislar, ni reglamentar nada que contradiga sus principios invalidando el derecho de todo niño o niña a ser oído, escuchado y mucho menos a cambiar sus palabras y debemos trabajar entre todos y todas para que esos principios se cumplan⬝.

Al respecto contó que un caso paradigmático ocurrió en Entre Ríos donde se alteró el testimonio de una niña que fue sistemáticamente abusada por su progenitor y se dictó una sentencia injusta que beneficia al abusador: �SDe la lectura de las testimoniales fundada en la palabra del niño se desprende el grave error de la transcripción referida a la fecha y lugar de los hechos (esenciales en una causa de abuso) que producen una posible modificación en la misma y su sentencia, no encontrándose los motivos u argumentos de la tergiversación⬝.

En ese marco, se hizo pública una declaración al no haber tenido respuestas con las autoridades de la justicia �Sen la que se exigió corrección en el texto del dictamen de recurso de Cámara Casación en la que, comprobamos, hay una clara distorsión de las palabras de la víctima, según consta en testimoniales de la instancia de debate del tribunal de juicios y apelaciones de Paraná⬝.

El error �Ses muy grave y afecta notablemente a una víctima y su derecho a no ser violentada como es el modificar sus palabras al relatar lo sucedido⬝, subrayó Romero quien agregó: �SAnte este escenario nos vemos en la responsabilidad de hacer público nuestro reclamo siendo, nuestra asociación, la voz de niñas, niños, adolescentes que no se ven representados en el sistema creado para protegerlos, el cual no sólo no los protege sino que los agrede⬝.

Un niño o niña que vivió un acontecimiento traumático, como lo es el abuso sexual, deja en evidencia una clara violación a sus derechos y por eso reclaman que se remiende el error, ya que en lo traumático de un abuso el tiempo se detiene y quien lo padeció lo sufre como si estuviera ocurriendo hoy, por esto es que es tan difícil que se pueda confundir el lugar donde sucedió, el daño ocurrido continúa y es la marca del arrasamiento de un derecho, los efectos de ese daño serán menos devastadores cuando la palabra del niño sea escuchada, creída, respetada, y cuando haya sanción del delito del que fue objeto.