El Superior Tribunal de Justicia de la Nación dio a conocer este viernes, pasadas las 13:45, el veredicto en el histórico caso Fornerón, uno de los expedientes más emblemáticos vinculados a adopciones irregulares en la Argentina.Tal como pudo confirmar El Heraldo, todos los imputados fueron absueltos, mientras que los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el 10 de febrero.El proceso judicial había comenzado tras décadas de dilaciones, sobreseimientos y denuncias, y tuvo como antecedente central la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2012, que responsabilizó al Estado argentino por violar los derechos de Leonardo Fornerón y de su hija.

Un caso que llegó a instancias internacionalesLa causa se originó en el año 2000, cuando la hija de Fornerón nació el 16 de junio y fue entregada al día siguiente a un matrimonio porteño, mediante un acta de guarda provisoria, firmada en Victoria.Pese a haber reconocido su paternidad, Fornerón fue excluido del proceso judicial y privado de todo contacto con su hija.Ante la falta de respuestas en el ámbito local, el trabajador entrerriano, oriundo de Rosario del Tala, llevó su reclamo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que determinó que el Estado argentino había vulnerado el derecho a la identidad, a la familia y al debido proceso.

El juicio y las absolucionesDurante el debate oral, la fiscalía y la querella sostuvieron que existió una trama de complicidades institucionales, integrada por funcionarios judiciales, profesionales y particulares, que legitimaron una entrega irregular de la niña.Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia de la Nación, resolvió absolver a todos los acusados, entre ellos: Raúl del Valle, exjuez civil de VictoriaSalvador Espona, abogado intervinienteDaniela Kairuz, psicólogaPaul Reynoso y Ariel Barreto, intermediariosTambién a la madre biológicaMarcelo Balbi, defensor oficial ya había sido sobreseídoAunque el fallo cierra el proceso penal, el caso Fornerón mantiene un fuerte peso institucional y social, al exponer ciertas falencias de un sistema que negó el derecho de un padre a ver a su hija.

La lectura de los fundamentos será clave para conocer los alcances reales de la absolución y el modo en que la Justicia nacional interpreta, a más de una década, la sentencia de la Corte Interamericana.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora resolvió este martes absolver al exdelantero de Boca Juniors, Sebastián Villa, en la causa por abuso sexual iniciada en 2021 tras una denuncia de su expareja, Rocío Tamara Doldán.La Justicia decidió sobreseerlo luego de que la denunciante asegurara que “resignificó” el episodio en cuestión y que tanto ella como el fiscal desistieran de continuar con el caso.En este sentido, los jueces determinaron que no se hallaron “otros elementos corroborantes, accesorios o periféricos que le permitan sostener la acusación”y lo absolvieron.En abril del año pasado, Doldán había llegado a un acuerdo económico con Villa, a modo de resarcimiento. Luego, la mujer, con su abogado Roberto Castillo, se presentó en la Justicia para homologar el arreglo e hizo otra presentación donde pidió que no se realice el juicio porque “se ventilarían cosas íntimas”.Si bien el debate oral siguió adelante, como indica la norma, la denunciante eligió no declarar. Y en este contexto, desde la Justicia ya habían advertido que “sería mucho más complicado” llegar a una condena sin el relato de la víctima que constituye “la prueba fundamental”.Pocas horas después de conocerse la decisión de la Justicia, Villa hizo una publicación en su cuenta de Instagram, donde reposteó una historia de su actual pareja, Caroline Ospina, con una frase motivacional.“Que la vida nos premie así como también nos ha castigado”, se lee en la foto que compartió su novia. Ella le agregó: “Más que listos”.El exdelantero de Boca, por su parte, compartió la foto de su pareja y escribió: “Gracias amor por estar todo este tiempo a mi lado y creer siempre en mí, te amo”.La conciliación entre Villa y Doldán y sus respectivos abogados, Martín Apolo y Roberto Castillo, tomó por sorpresa a los Tribunales de Lomas de Zamora porque durante todo el proceso había una voluntad inquebrantable de la víctima de que el caso se resuelva en un juicio oral y público.De hecho, en varios audios y chats de Instagram posteriores al presunto abuso sexual, hubo propuestas de cerrar todo por medio de una compensación económica, pero Doldán no sólo se opuso a ello sino que además denunció penalmente el intento de comprar su silencio.La situación, sin embargo, cambió diametralmente. Y ante esta situación, la Justicia no quiso descartar todo el trabajo en la instrucción de la causa, con pericias, audiencias, testimonios y decidió que todo se resuelva donde se debe: en el Tribunal.

La denunciaLa denuncia fue presentada inicialmente el 13 de mayo de 2022 en la UFI 3 de Esteban Echeverría, por un presunto hecho ocurrido el 21 de junio de 2021 en el country Venado II, en Canning, provincia de Buenos Aires, donde residía el ex delantero de Boca. Todo habría sido tras un asado del que habían participado otros jugadores del club.En la misma, Doldán explicó que el colombiano había consumido “mucho alcohol” y que comenzó a reprocharle que le gustaban o que había estado con otros futbolistas del equipo. Posteriormente, tuvieron una fuerte discusión, se retiraron del lugar y se dirigieron a la casa del futbolista junto a un empleado de seguridad, donde Villa presuntamente la encerró en una habitación, abusó sexualmente de ella y la intentó sofocar.“En momentos que ambos se encontraban acostados, el mentado Villa Cano comienza a insultarla a Doldán, tomándola de los cabellos para luego pegarle una cachetada en el rostro”, señaló en el escrito Vanesa González, la fiscal que instruyó el caso.Según consta en el expediente, Villa puso a la víctima “en un estado de indefensión impidiendo así que la misma se retire del lugar tal como ella deseaba”.Mientras la causa avanzaba, en 2023 Villa fue condenado a 2 años por violencia de género por haber golpeado a otra ex pareja, Daniela Cortes. En esa oportunidad, también hubo un acuerdo económico, un resarcimiento.

Ramón Dupuy, el abuelo del niño de 5 años asesinado en noviembre del 2021 en Santa Rosa, consideró que fue �Suna mala decisión⬝ que el tribunal del juicio haya absuelto a la madre del niño por el abuso sexual por el que había sido acusada por los fiscales y por la querella, aunque manifestó su satisfacción porque ambas �Srecibirán perpetua⬝.

�SEs una mala decisión para mí. Los juguetes sexuales tenían el ADN de las dos, es decir que las pruebas estaban (para que ambas sean condenadas por el abuso)⬝, dijo Ramón a la salida del Centro Judicial de Santa Rosa, donde minutos antes había escuchado el veredicto condenatorio.

De todas formas, se expresó conforme con que tanto la madre del niño, Magdalena Espósito Valenti, como su pareja, Abigail Páez, fueran consideradas autoras de un delito por el que es probable que reciban la pena de prisión perpetua.

�SEsto lo lograron ustedes, el apoyo de la gente fue increíble. Ahora la pelea por la niñez arranca⬝, afirmó el hombre, mientras recibía decenas de saludos de la gente que se acercó hasta los tribunales para reclamar justicia.

�SJusticia es perpetua⬝, �SPerpetua es separadas⬝, eran algunos de los gritos de los manifestantes que acompañaban a Ramón Dupuy, quien caminaba con lágrimas en los ojos, mientras llevaba colgado de su cuello un collar con una medalla con la imagen de su nieto.

El abuelo de Lucio Dupuy, el niño asesinado en noviembre de 2021 en la ciudad de Santa Rosa, había dicho antes de conocer la sentencia que con la lectura del veredicto del juicio por el crimen de su nieto �Sse cierra un ciclo⬝, a la vez que pidió que �Sel fallo sea justo por semejante aberración⬝.

�SSe cierra un ciclo y comienza una lucha. Vamos a luchar por los niños que quedan. Con ��Lucito�" no pudimos llegar a tiempo. Queremos que el fallo sea justo por semejante aberración. Por destrozar a una familia y a un pueblo entero matando a Lucio de la forma en la que lo hicieron⬝, dijo Ramón Dupuy en diálogo con TN. El hombre hizo referencia a la decisión de las imputadas de no estar en la condena y admitió que le hubiese gustado que estén presentes �Spara que sientan la sentencia en su cara⬝.

�SPedimos que no permanezcan juntas, pero la capacidad de la cárcel no da para que estén separadas. Tienen un pabellón para ellas solas. Yo quiero que las condenen y que las separen⬝ y manifestó que Espósito y Páez pasan su estadía en la cárcel como �Suna luna de miel y vacaciones⬝.

�STienen televisión, tienen equipo de música, tienen sommier, se hacen la propia comida. Comen mejor que las otras reclusas. Están hechas unas reinas. Muchas veces se criticó que les dieron una paliza, es mentira. No las pueden tocar ahí adentro⬝, afirmó Dupuy.

En ese sentido, el abuelo de Lucio reclamó: �SPedimos que no permanezcan juntas, pero la capacidad de la cárcel no da para que estén separadas. Tienen un pabellón para ellas solas. Yo quiero que las condenen y que las separen. Lo demás está en manos de mi abogado⬝. Por último, Ramón consideró que el asesinato de su nieto será un �Scaso bisagra⬝ para los derechos de las infancias en la Argentina. �SVa a ser un antes y un después. No puede haber muerto de la forma en la que pasó sin que cambie nada. Tenemos que mirar fijamente a la niñez⬝, concluyó.

Hubo señalamientos concretos hacia la ilegalidad de los allanamientos realizados por la Policía Federal, los informes acusatorios y las violaciones a la privacidad de los acusados.

Los abogados Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, integrantes de la defensa técnica de Urribarri, se turnaron durante esta última jornada de alegatos para exponer sobre las fragilidades de la acusación.

En primer lugar, Barrandeguy aseguró que la clave para entender los hechos sobre los cuales se puso la lupa es el derecho administrativo, materia sobre la cual los integrantes del Ministerio Público Fiscal demostraron no saber �Sabsolutamente nada⬝.

Del mismo modo, consignó que las cuentas generales de los ejercicios donde ocurrieron los hechos investigados fueron aprobados por la Legislatura sin que haya habido ningún señalamiento por parte de la Tesorería General, ni la Contaduría General ni tampoco de las fuerzas opositoras que los tuvieron a la vista.

Antes, le reclamó a la acusación: �S¿No se pudo investigar a Urribarri de manera menos humillante?⬝. Más adelante, puntualizó que personas que no estaban acreditadas como peritos judiciales tuvieron acceso y dieron a publicidad fotografías familiares, personales y hasta de menores vinculados al ex gobernador. El letrado marcó que en las elevaciones a juicio de las causas, a Urribarri se le habían solicitado 8 años de prisión. Pero en los alegatos finales, la acusación pidió 12 pese a no tener �Sni un elemento para descargar⬝ una variación de ese tipo.

�S¿Qué sucedió? La suspensión de una funcionaria jerárquica importante (de la Fiscalía, Cecilia Goyeneche, acusada de mal desempeño de sus funciones). Como probablemente no gustó esto que pasó en el Jurado de Enjuiciamiento y nos adjudicaban a los abogados de Urribarri alguna participación (dijeron) «en vez de ocho, ponele 12». Esto no es democracia. En la democracia no manejamos poderes propios, sino ajenos. Y lo hacemos con límites y controles. Hay desborde y descontrol por parte del Ministerio Público⬝ Fiscal, reseñó.

Pérez, por su parte, hizo un racconto de los hitos centrales de la acusación y de los legajos investigativos sobre los que fue marcando errores e inconsistencias. Una de las más importantes fue cuando indicó que el MPF acusaba a Urribarri y también al ex ministro de Comunicación Pedro Baez de haber sustraído dinero de una partida presupuestaria para atender gastos de la campaña política del ex gobernador.

Al respecto, resaltó que «sustraer» no es una palabra que se ajuste a la ejecución presupuestaria, ya que el Estado no maneja dinero tangible que haya podido llegar a manos de los acusados para ser derivados a otro destino. Todos los gastos de la Administración Pública se manejan con procedimientos preestablecidos, consignó.

Otro elemento sobre el que llamó la atención fue que la acusación sostuvo que el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, utilizaba como «testaferros» a su esposa, Luciana Almada, al cuñado Alejandro Almada y a sus amigos de la infancia Maximiliano Sena y Emiliano Giacopuzzi, quienes figuraban como titulares legales de las empresas TEP y Next, que para el MPF eran una mascarada para detraer fondos públicos a través de la publicidad oficial en vía pública.

El punto más fuerte de su intervención se dio cuando citó un párrafo de la denuncia ante Fiscalía que dio origen a la investigación sobre TEP y Next y el allanamiento posterior. Para este último procedimiento, el Ministerio Fiscal corrió a la Policía de Entre Ríos y pidió el auxilio de la Policía Federal.

En el texto de la presentación, los abogados Guillermo Mulet y Rubén Paglioto mencionaron: �SAcercamos también, debido a nuestra vinculación con funcionarios del Estado nacional la posibilidad de acercar recursos técnicos de organismos con aquilatada trayectoria en faenas de similares características⬝.

�SEstas fuerzas federales se las mandaron las autoridades nacionales que en ese momento gobernaban el país. Y también les mandaron los expertos que fabricaron cualquier cantidad de pruebas⬝, sostuvo Pérez.

Cabe consignar que al momento del allanamiento, 1° de agosto de 2016, el Ministerio de Seguridad estaba cargo de la actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y que al frente de la Policía Federal estaba el comisario general Néstor Roncaglia, quien tras su retiro se sumó a los equipos técnicos de Juntos por el Cambio de la provincia de Entre Ríos.

Otro cuestionamiento al andamiaje probatorio de la acusación fue la no inclusión como testigo en las audiencias de la dueña de la casa lindera a TEP y Next donde supuestamente la Policía Federal encontró y secuestró un disco rígido que para la Fiscalía es la «caja negra» de la corrupción.

Pérez señaló que la mujer, de apellido Brambilla, no está nombrada en el acta de allanamiento. Y que debía hacerse presente ante el Tribunal para confirmar que había dado su consentimiento expreso para que los fiscales y uniformados entren a su domicilio, ya que, como lo indica la jurisprudencia de la Corte Suprema, no puede haber «consentimiento tácito» en una situación así.

También apuntó contra el ex policía y contador de Fiscalía Héctor Enrique. Subrayó que en su informe, Enrique aseveró que hubo un �Sacto simulado⬝ entre las empresas señaladas y el empresario Gerardo Caruso, para que Aguilera pudiera hacerse de un «retorno» que, en el relato acusatorio, provendría de un sobreprecio en la contratación del parador de Mar del Plata concesionado a Caruso.

Pérez consignó que los informes no pueden contener una evaluación legal y recordó que cuando se le preguntó a Enrique de dónde había sacado la existencia de un acto simulado, el testigo dijo �Slo supongo⬝. �SEs un irresponsable este profesional⬝, concluyó el abogado defensor.

Además, puso de relieve que Enrique construyó una �Snovela⬝ sobre los supuestos retornos entre empresas pero que al ser interrogado al respecto reveló que era �Suna suposición suya⬝, rememoró Pérez. El letrado también puso sobre la mesa que en su testimonio, el ex agente de Policía reconoció haber �Smodificado⬝ los números de los montos de dinero de los expedientes que tenía a estudio. Y que luego se vio que en su informe las cifras parciales, al ser sumadas, no daban con el total. Tampoco se condecían los porcentajes de participación en la pauta oficial de vía pública con el global: el valor llegaba al 122%.

En el tramo final del alegato de defensa de Urribarri, Barrandeguy marcó que en el Estado de Derecho no puede haber condenas basadas en el �Stodos saben⬝ que los acusados cometieron un delito. Y marcó que una condena se basa en tres factores: que la acusación se base en pruebas que no pueden ser refutadas por otras; que los elementos probatorios sean sostenidos por otros indicios y, finalmente, que las versiones restantes del hecho no necesariamente sostengan pero, al menos, no contradigan la versión condenatoria.

Al concluir, Barrandeguy interpeló al Tribunal de Juicio integrado por José María Chemes; Carolina Castagno y Elvio Garzón. �STenemos una expectativa enorme en el fallo. Supera largamente las que hemos tenido en otros juicios importantes durante toda nuestra trayectoria profesional. Está fincada en que la defensa del Estado de Derecho, de nuestra Democracia, de nuestra República, no requiere más presos. Requiere más razones. Esperamos que nos acompañen en este razonamiento⬝. La etapa de alegatos quedó cerrada con esta exposición. El jueves próximo se concretarán las respuestas de Fiscalía a los argumentos defensivos (réplicas) y, de inmediato, las dúplicas o contestación de las defensas a la contraargumentación acusatoria. Está previsto que el lunes los imputados comiencen a decir sus últimas palabras antes de que el Tribunal pase a debatir el fallo. Urribarri sería el primero en hacer uso de este derecho.

Jorge Enrique González Nieva (58) esperó 14 años, 2 meses y 14 días para que su caso tenga una resolución. Todo ese tiempo lo pasó preso.

Según el Centro de Información Judicial (CIJ), �Sla Corte Suprema de Justicia de la Nación, por unanimidad, absolvió a Jorge Enrique González Nieva por los delitos de robo con homicidio resultante y portación de arma de guerra por los que había sido condenado a la pena de 25 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 del Departamento Judicial de Morón⬝.

A González Nieva lo detuvieron por un crimen durante una salidera bancaria ocurrida el 24 de mayo de 2006. Ese día, Analía Aguerre (43) fue asesinada por motochorros en Merlo.

Los delincuentes la mataron en la puerta de su casa de un disparo en el pecho cuando llegaba del banco: había ido junto a su marido y una prima a retirar $11 mil pesos de un crédito para comprar un coche.

Fue el 19 de julio de 2006 que detuvieron a González Nieva, taxista, por el crimen de la mujer. Según denunció, lo llevaron a la comisaría de Merlo, lo golpearon y extorsionaron para incriminarlo en el crimen de Aguerre.

En 2010, a González Nieva lo condenaron a 25 años de prisión. Pero la condena no estaba firme ya que su caso era parte de una denuncia por �Scausas armadas⬝ contra el fiscal Alejandro Jons, suspendido en 2017 tras un jury.