En las últimas horas, Mariana Gallego y Mauricio D’Alessandro presentaron su renuncia como abogados de Fabiola Yáñez en causas que se tramitan en la Ciudad de Buenos Aires, sumando un nuevo capítulo a la pelea judicial entre la ex primera dama y Alberto Fernández.La salida de los abogados impactó en el expediente civil 102, donde se discuten los alimentos y el régimen de visitas de Francisco, el hijo que Yáñez tuvo con el expresidente. A su vez, también dejaron la defensa en la causa penal contravencional iniciada por Fernández, vinculada al supuesto impedimento de contacto con el menor.Al parecer, el problema comenzó hace tiempo, cuando Yáñez no informaba a sus defensores sobre sus movimientos y mantenía una comunicación complicada. Se especula que esta situación podría agravarse, y que los abogados también podrían dejar la representación en la causa por violencia de género.Por otra parte, la ex primera dama explicó que su regreso a Argentina busca facilitar la re-vinculación entre su hijo Francisco y Alberto Fernández. En declaraciones a América TV este lunes, señaló que durante un año y ocho meses el expresidente no viajó a Madrid para visitar al niño, aunque aseguró que “jamás existió un impedimento de contacto”.También habló de las dificultades que implica mantener el vínculo a la distancia con un niño. “Con un nene tan chico es engorroso, porque si bien lo podés poner frente a un teléfono un ratito, a veces no quiere o se dispersa”, dijo. Según contó el expresidente hacía videollamadas con su hijo.Además, aprovechó para desmentir las versiones que aseguraban que había sido “echada” de España. “No es verdad que yo tendría que haber vuelto por nada, a mí nadie me impuso, eso no es verdad. No hay ninguna cuestión judicial”, afirmó.El fiscal federal Ramiro González finalizó la instrucción de la causa por presunta violencia de género que denunció la ex primera dama Fabiola Yáñez, contra el expresidente Alberto Fernández. Ahora comenzó la ronda de consultas para enviar el caso a sorteo de Tribunal Oral y, tanto la querella como la defensa, tienen seis días hábiles para presentar por escrito su opinión al respecto, aunque podrían pedir prórroga, informaron fuentes judiciales.Hasta el momento, ninguna de las partes concretó ese paso necesario para que luego el juez del caso Julián Ercolini resuelva si hace lugar al planteo fiscal y envía la causa a juicio. En este sentido, se indicó que Yáñez pedirá 12 años de cárcel para el expresidente.El pedido por parte de los abogados de la ex primera dama se basará en plantearle a los fiscales que están de acuerdo, con elevar a juicio el caso y que, tomando en cuenta la sumatoria de todos los hechos que ellos tienen comprobados, más las amenazas coactivas, le correspondería 12 años de condena.“Se han materializado todas aquellas partes pertinentes de modo que se debe dar por concluida la instrucción del sumario”, se indica en el dictamen del fiscal. 

La actividad será equivalente a la de un feriado: no habrá atención al público, las audiencias quedarán suspendidas y los plazos procesales estarán interrumpidos. Solo funcionarán guardias mínimas para casos de urgencia.

En paralelo, estarán habilitadas las líneas de consulta gratuita al 0800-444-6372 y las Mesas de Información Permanente en los tribunales de Concordia y Paraná. 

Las discusiones estuvieron encabezadas por especialistas reconocidos, quienes aportaron perspectivas innovadoras y reflexiones profundas para fortalecer el sistema democrático. Entre los presentes estuvieron el Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona; el exministro de Justicia, Germán Garavano y el Ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos AIres, Gabino Tapia, y destacados juristas como Federico Pinedo, Antonio María Hernández, Jesús Rodríguez, Luis Cevasco y Lucas Incicco.  Abogados en Acción aprovechó este encuentro para trabajar sobre temas de actualidad que conmueven a la profesión de abogados y que tienen incidencia en problemáticas de la Argentina:   1. Nombramiento de jueces por decretoSe analizó la legitimación del Poder Ejecutivo para designar jueces de la Corte Suprema por decreto en casos de vacantes judiciales, subrayando la necesidad de respetar el marco constitucional y la independencia judicial. Aunque la Constitución permite designaciones “en comisión” sólo cuando el Congreso no está en sesiones, este mecanismo sería cuestionable si el Senado omitió tratar las ternas durante su período de sesiones. La agrupación concluyó que la solución debe estar en priorizar el fortalecimiento institucional, mediante el cumplimiento estricto de las reglas constitucionales y el diálogo entre poderes para evitar parálisis judiciales. Asimismo, se enfatizó la importancia de una Corte idónea, transparente y representativa, incluyendo criterios federales, técnicos y de género en los términos del decreto Nro 222/03, para garantizar una justicia equitativa y democrática.  2. Desafíos electorales: Ficha Limpia y Boleta ÚnicaAbogados en Acción reafirmó su apoyo al proyecto de Ficha Limpia como un requisito de idoneidad que fortalece la confianza ciudadana. Asimismo, celebró la decisión  política del Congreso de implementar la Boleta Única papel en elecciones nacionales por tratarse de un mecanismo que fomenta la transparencia y reduce irregularidades en los procesos electorales.  3. Divorcios administrativosAunque el proyecto busca simplificar procesos, desde la agrupación alertaron sobre los riesgos de eliminar la intervención judicial y legal en temas que afectan derechos fundamentales. Se concluyó que los divorcios administrativos, lejos de alcanzar la celeridad esperada, podrían generar más conflictos que sobrecarguen el sistema judicial, dejando desprotegidos y sin información a los más vulnerables.4. Sucesiones notarialesSe destacó que el actual proceso sucesorio judicial es el único que garantiza la protección de derechos de herederos y terceros. En lugar de sustituirlo por un sistema notarial, Abogados en Acción se comprometió a impulsar proyectos que mejoren los plazos y costos del proceso judicial para lograr eficiencia sin resignar seguridad jurídica de los ciudadanos.  5. La mirada de los jóvenes Los jóvenes de Abogados en Acción presentaron un análisis basado en el Índice de Confianza en la Justicia (ICJ), que refleja una desconexión entre la disposición de los ciudadanos a utilizar el sistema judicial y su percepción negativa sobre su eficiencia e imparcialidad. Propuestas como el juicio por jurados y la promoción de mayor transparencia fueron resaltadas como caminos para fortalecer la confianza en las instituciones.  En el cierre del encuentro, Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura de la Nación y líder de Abogados en Acción, destacó: “Los abogados somos el motor del sistema judicial argentino, y nuestra labor no solo defiende derechos individuales, sino que también fortalece las bases de nuestra democracia. Es alentador ver el reconocimiento que el trabajo de Abogados en Acción tiene en todo el país, y cómo nuestro compromiso sigue siendo una fuente de cambio positivo”. 

“Recorrimos un camino de promoción de las políticas de género en busca de la igualdad real de oportunidades, retroceder aumentaría la brecha entre hombres y mujeres, lo que nos degradaría como sociedad, profundizando las desigualdades”, agrega luego.

Al respecto destaca: “Nos deshonra como sociedad que se piense en nuestras Islas Malvinas en términos de mercado y no en términos de defensa de la soberanía nacional, como está expresado en nuestra constitución y nuestra historia reciente.

‘‘Entendemos como prioridad insoslayable e indiscutible la defensa de la educación y la salud pública, motores fundamentales para el desarrollo autónomo de nuestro país, con igualdad de oportunidades y ascenso social” indica, y agrega:

“Alertamos asimismo que no es humana ni legalmente posible, en el marco de nuestra cultura y nuestro Derecho, hablar de venta de órganos. Tampoco de la libre portación de armas, de la dolarización, del cierre del Banco Central de la República Argentina y otras propuestas similares que se han manifestado durante la campaña.

Las consideramos lisa y llanamente violaciones flagrantes a innumerables disposiciones Constitucionales y convencionales en tanto las referidas propuestas atentan contra la tan buscada convivencia armónica y paz social.

“Pretendemos para nuestro país un futuro gobierno de UNIDAD NACIONAL, sobre la base de acuerdos y consensos constructivos, alejado de la grieta, que tan poco nos aportó.

Con respeto por los que piensan distinto, entendiendo que el disenso democrático también enriquece, con la convicción de que estamos ante una gran oportunidad para avanzar hacia el gran país que tanto anhelamos, en el marco de nuestras reglas constitucionales “, concluye.

El mismo se encuentra firmado por abogados y abogadas del foro de la provincia de Entre Ríos, entre los que se encuentran “Santiago HALLE - Luisina MINNI - Lisandro AMAVET - Virginia CAMARERO - Hernán JORGE - Ana MENDEZ - Juan Domingo CABRERA –Adriana PEREZ –Gonzalo GARCIA GARRO – Ana RUBERTO - Antonino BELOTTI ALLENDE – Sofía YAÑEZ – Marcelo BOEYKENS - Ma. Victoria HAIDAR – Pablo CLEMENTI – Cynthia SANCHEZ – Pedro RAITERI - Marina HUNDT – Juan José AMAVET- Vanina CIPOLATTI – Pablo FRANCO – Antonella PLUGOBOY – José IPARRAGUIRRE – Ma. Aldana SASIA – Jorge FLOREAN – Romina HEFFELE – Claudio BERON – Ma. Sol BOEYKENS – Mariano LATINI – José Francisco UMEDEZ – Lucía FOLETTO - Martín ESPINDOLA- Cecilia VALI – Leopoldo CAPPA – Ma. Belén RIOS – Lautaro AMAVET – Yamila MATTIG – Guillermo COMAS CANCIO – Paola LISNOFSKY – Juan Francisco LEIVA – Ana Lucía TEJERA – Mario CARBALLO – Amalia VILLAGRA – Santiago ARIAS – Román JALIL – Enrique DE LA CRUZ RIOS – Juan MAYER – Martin SAINT PAUL CHIALVA – Santiago FARIAS – Luciano LEGASCUE – Fabio SIEBENHAR – Amir OVEJERO – Alejandro DARRICHON – Guido OLIVIERI – Walter LOPEZ - Emanuel BERTA SHROEDER – José RAITERI – Víctor VIRGALA – Matías AMAVET – Damián PATRICELLI – Christian WEBER”, entre otros.

Por tal motivo, la actividad en los Tribunales de la provincia será como la de un día feriado.

Habrá guardias mínimas para casos de urgencia, no se atenderá al público, ni se celebrarán audiencias y se suspenderán los plazos procesales.

Sin embargo se podrán efectuar consultas telefónicas gratuitas al 0800-444- 6372, y estarán a disposición de la población las Mesa de Información Permanente, ubicadas en los tribunales de las ciudades de Concordia y Paraná.

Según la denuncia que fue firmada por el concejal Felipe Sastre, miembro de Abogados en Acción, el Ejecutivo municipal “realizó un acto público de entrega de escrituras traslativas de dominio y convenios de adjudicación de terrenos a nuevas familias” el mismo día que comenzaba la prohibición de actos de gobierno, con el objetivo de captar el voto de la ciudadanía.

En la denuncia aparecen mencionados el senador provincial y varios funcionarios municipales que son precandidatos a diferentes cargos políticos, y participaron del acto de entrega de escrituras en el palacio municipal.

Al respecto, el concejal Felipe Sastre afirmó que “los funcionarios denunciados no habrían cumplido su deber legal de proba administración y debido respeto a las normas que por mandato legal deben seguir”.

“La Justicia debe investigar este hecho porque constituye una clara violación a la veda electoral que prohíbe este tipo de actos, 25 días previos a la elección” dijo Sastre, y agregó que en caso de comprobarse “tienen que aplicarse las sanciones correspondientes”.

Por su lado, el abogado Mauro Vazón, coordinador federal de Abogados en Acción, sostuvo que “nuestra agrupación está siguiendo de cerca todos los intentos del kirchnerismo para captar votos para las elecciones. Tenemos presencia en todo el país y nuestros referentes actúan en consecuencia elección tras elección”.

Por último, Vazón agregó que habilitaron el número telefónico 11-3675-5266, “para que nuestros abogados y la ciudadanía en general nos haga saber casos donde no se respeten las leyes, y se lo haga con fines netamente electorales. Tenemos la responsabilidad de garantizar la transparencia en todo el proceso electoral”.

En esta ocasión, hay dos listas encabezadas por mujeres -ya que debe haber paridad de género en su integración-, y en la provincia de Entre Ríos hay 4.004 abogados de la matrícula federal que están habilitados para votar.

La abogada Jimena de la Torre que encabeza la Lista 1 �SAbogacía por la Independencia Judicial⬝, afirmó que �Shace años que los argentinos esperamos tener las mayorías y el equilibrio necesarios en el Consejo de la Magistratura Nacional para impulsar modificaciones en el proceso de selección de jueces federales. Hay ajustes por hacer que otorgarían mayor transparencia y objetividad en el proceso a fin de garantizar su imparcialidad e independencia. Estoy comprometida con la realización de los cambios normativos que sean necesarios para lograr un mejor servicio de justicia en nuestro país⬝.

Jimena de la Torre es abogada y fundadora de la agrupación Abogados en Acción, integrada por abogados de todo el país. Por su parte, Virginia Badino es profesora universitaria y Directora del Departamento de Práctica Profesional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La lista que encabeza el binomio de la Torre-Badino, se completa con las candidaturas suplentes de las abogadas Patricia Virilli y Paola Santarcángelo.

�SEn estos años de trabajo hemos demostrado con hechos que somos férreos defensores de la independencia del Poder Judicial y el estado de derecho.

Los argentinos necesitamos una justicia cercana, ágil y eficaz. Necesitamos jueces libres y con el coraje suficiente para hacer respetar nuestra Constitución Nacional, alejados de todo tipo de presiones⬝ declaró la candidata de la Torre.

Por último, la fundadora de Abogados en Acción le pidió a los 164.000 abogados en todo el país que �Sse involucren, que vayan a votar acorde a sus convicciones.

Es una elección importante que necesita la participación de todos⬝. El padrón electoral se puede consultar en el sitio web de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).

La convocatoria tiene como fecha para los comicios el 18 de febrero de 2022.⬨⬨La elección de los abogados y abogadas se realizará en la sede de cada seccional del Colegio. Hasta el 27 de diciembre de 2020 hay plazo para presentar listas. La fórmula estará integrada por dos titulares y dos suplentes, con el aval de 30 colegiados.⬨⬨El acto interno se lleva adelante a raíz que el 31 de diciembre del corrientes, vencen los mandatos de los actuales representantes.

Es un patrocinio gratuito para la víctima que así puede acudir al servicio de justicia para que se tomen las medidas de protección y se lleven adelante causas civiles y/ o penales y se realice el asesoramiento y la orientación que las víctimas requieran. Señalan que �Sse hace necesario un cuerpo de profesionales de la abogacía que se especialicen en violencia de género, a cargo del Estado, porque es evidente que muchas mujeres no acuden a realizar la denuncia porque no saben, no pueden, no son atendidas correctamente o no ven respuestas adecuadas en el sistema de justicia. Por eso es fundamental que el asesoramiento y la derivación hacia los centros de atención sea realizada por profesionales, como así también haya un patrocinio letrado en los procesos que la denuncia pone en marcha, para que se garantice un verdadero acceso a la justicia⬝.

�SEste Cuerpo ya funciona a nivel nacional y recientemente se incorporó al servicio que brinda el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, pero creemos que debe conformarse a nivel local, para dar una respuesta concreta a las mujeres que requieren del Estado una señal clara y precisa de que sus derechos deben ser defendidos ante toda clase de discriminación y violencia⬝.

�SLa resolución penal del MPF en esta millonaria causa en perjuicio de los entrerrianos y en tiempos pandémicos avanza sesgada para dar impunidad a los ideólogos y grandes causantes de haberla permitido⬝.⬨⬨

En un documento, los abogados del radicalismo entrerriano indicaron que �Sel estrépito causado por la remisión a juicio de la causa penal que investiga la escandalosa exacción y otros delitos relacionados con fondos públicos asignados a la Legislatura entrerriana convoca en estas horas a buena parte de la política, la academia y la opinión pública⬝.⬨

Es que el Ministerio Público Fiscal (MPF) �Sparece haber ejecutado una medida de política criminal cuya lectura no deja margen de dudas ni tan siquiera para el más lego de los lectores: la persecución penal selectiva y acotada que busca la condena del eslabón más débil de una cadena muy pesada de responsabilidades. Mientras tanto y cuando la pandemia azota con inusual dureza a nuestra provincia se perfecciona una maniobra institucionalmente gravosa que buscó perderse en el anonimato de los intereses de la sociedad, urgida como está con la angustia económica y sanitaria⬝, dijeron.⬨

En ese sentido, apuntaron que la resolución penal del MPF �Sen esta millonaria causa en perjuicio de los entrerrianos y en tiempos pandémicos avanza sesgada para dar impunidad a los ideólogos y grandes causantes de haberla permitido: los presidentes de ambas Cámaras Legislativas, marginándolos de la investigación y acusación y direccionando la persecución hacia la periferia también responsable de la cadena delictiva⬝.⬨⬨

Además, remarcaron que �Suna selectividad criminal como la utilizada por el MPF en un legajo investigativo de la envergadura patrimonial, la trascendencia institucional y el impacto político de esta causa de los �Scontratos truchos⬝ revela dos cosas: la vocación del acusador público por garantizar la impunidad de algunos o sus limitaciones políticas para avanzar hacia los centros del poder real.

Si existía alguna investigación penal que podía servir como indicador o variable para mensurar el grado de autonomía e independencia del Ministerio Público Fiscal era ésta.- 10 años de desvíos criminales de fondos y más de 1000 millones de pesos estimados en las maniobras (recursos que excederían para la compra de dosis e inmunizar a los más de 1.300.000 entrerrianos) exhiben un período premeditadamente elegido entre 2011 y 2018 que involucran administraciones de al menos 3 vicegobernadores y otros tantos presidentes de la Cámara de Diputados, marginando de la investigación a mandatos legislativos y altos funcionarios sospechosamente omitidos en la pesquisa.⬨

⬨�SLimitar la persecución a quienes -sin desestimar sus eventuales responsabilidades en los hechos- constituyeron los ejecutores de una maniobra sistémica organizada y pergeñada profesionalmente por quienes debieron contar con el aval político de aquéllos que tenían o debieron tener el dominio de los hechos ilícitos constituye una franca garantía de impunidad⬝, aseveraron.

El Colegio de Abogados de Entre Ríos -CAER- manifestó su �Ssorpresa⬝ ante el fallo del Superior Tribunal de Justicia -STJ- en relación a la Acción de Inconstitucionalidad presentada por la institución en 2019 ante la baja de los honorarios profesionales decidida mediante una acordada del alto cuerpo judicial.

Ante la sentencia de �Sincompetencia⬝ del Superior Tribunal de Justicia, integrado en este caso por vocales de Cámara, los abogados se mostraron sorprendidos y aseguraron que se utilizan �Sargumentos erróneos⬝ en los fundamentos del fallo.

�SLlama la atención el desconocimiento del derecho básico de los jueces, al minimizar la Constitución de la Provincia de Entre Ríos. En nuestro país, como bien sabemos desde el Preámbulo, las provincias anteceden a la Nación⬝, aseguraron desde el CAER.

Asimismo, desde la institución aseguraron que continuarán instando hasta agotar las instancias legales que sean �Snecesarias para el reconocimiento del justo reclamo presentado el año pasado⬝.

El reclamo se hacía sentir desde hace tiempo en los �Spasillos virtuales⬝ del ámbito judicial: numerosos abogados que litigan en el fuero penal venían expresando el malestar por la falta de contacto con sus clientes alojados en las unidades penales de la provincia. Las quejas llegaron al Colegio de Abogados y luego al Ministerio de Gobierno. Por esto, se respondió a la demanda encomendando al Servicio Penitenciario acondicionar un espacio en cada cárcel para que los defensores puedan estar cara a cara con los internos, previo aviso y designación de día y horario.

Hace cuatro meses que de la cárcel no sale ni entra nadie que no haya recibido la libertad condicional o la domiciliaria, salvo casos excepcionales, como medida de prevención ante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

En este marco, el contacto de los presos no sólo se vio impedido en cuanto a los familiares, sino también a los abogados que los representan en las diferentes causas. En varios casos, sobre todo en aquellos cuyos legajos se encuentran en plena producción de medidas de prueba porque los hechos imputados ocurrieron recientemente, las quejas de los defensores apuntaban a las dificultades para el ejercicio de la actividad, debido a que la falta de diálogo directo con el imputado impedían el correcto abordaje y el desarrollo de la estrategia defensiva.

Para algunos trámites, por ejemplo, un abogado asiste a la unidad penal, le entrega a un agente penitenciario la información por escrito o el documento que debe firmar, y luego el carcelero regresa con la respuesta escrita o el papel rubricado.

En este sentido, a cuatro meses de una situación en la que todo indica que las medidas restrictivas se prorrogarán por un tiempo aún indefinido, se efectuó el planteo formal a las autoridades competentes. La semana pasada, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, respondió que la demanda era atendible, y envió una nota al SPER para que elabore un protocolo sanitario para subsanar esta situación.

Distintos abogados explicaron a UNO que ahora deberán comunicarse con la Dirección General del Servicio Penitenciario para informar a qué interno deben visitar y en qué unidad penal se aloja, así como precisar el día y hora de la entrevista. Para ello, en cada cárcel se deberá preparar un espacio que cumpla con los requisitos sanitarios de distanciamiento social, con el fin de prevenir un contagio que, en caso de producirse, puede ser calamitoso e imparable dentro de los establecimientos penitenciarios.

Cabe recordar que unos días antes de esta medida la jueza de Garantías Elisa Zilli había dictado una resolución ante un planteo particular de dos abogados para ver a su cliente, en la cual ordenaba habilitar la entrevista bajo condiciones sanitarias seguras.

�SCreemos que los jueces deben escuchar a la sociedad y no tomar posturas en pos de una minoría. Hay que terminar con ciertos privilegios y ponerle el hombro a la crisis, con mayor razón aquellos que son funcionarios públicos⬝, aseguraron desde el CAER.

Desde la entidad que nuclea a los abogados matriculados en Entre Ríos, expresaron el rechazo a la realización de la feria de invierno de forma normal, sin escuchar el pedido oficial del CAER y sin considerar que en Entre Ríos estuvieron suspendidos los plazos procesales más de 70 días, lo que generó demoras e inconvenientes en la mayoría de los fueros y también mucho descontento social, afirmaron los letrados.

�SLa Justicia es un ��servicio esencial�" y no debe tomarse vacaciones, menos en el marco de la Emergencia Sanitaria. Los poderes judiciales de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Tucumán y La Pampa, lo entendieron así y suspendieron la feria de invierno para garantizar un servicio pleno de justicia para toda la sociedad⬝, enfatizaron.

Además, la medida va en contramano de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, que entre los fundamentos por los cuales decidió suspender la feria de invierno destacó que ��es necesario redoblar los esfuerzos para afrontar las particulares circunstancias de este tiempo�", dice la resolución⬝.

�SLos jueces supremos entrerrianos parecieran desconocer la grave situación institucional y económica que atraviesa el país y la provincia como consecuencia de la pandemia producida por el COVID-19, la que será superada con el esfuerzo de todos cumpliendo cada uno la función que le corresponde en este momento⬝, aseveraron en un comunicado que hicieron público.

⬢ La Justicia en Entre Ríos en 2020

Luego recordaron que desde el día 13 de marzo de 2020, el sistema de Justicia ha funcionado sólo 45 días, reduciéndose dicho plazo en ciudades como Colón y Paraná, donde hubo �Stransmisión del virus por conglomerado⬝.

�SNo hay fundamento alguno para impedir el ejercicio profesional y garantizar el servicio de justicia, cuando la actividad judicial se realiza con la presentación de escritos electrónicos y las tareas de los jueces, magistrados y personal puede efectuarse de la misma manera⬝, dijeron.

�SLos matriculados somos testigos de las demoras en distintos fueros y sabemos que las 3500 sentencias que aseguran haber dictado, no implica que exista un funcionamiento pleno de la justicia⬝, aseguraron desde el Colegio de Abogados, al tiempo que informaron que �Sno han existido casos de personas afectadas por COVID19 en el ejercicio de  las tareas propias del Poder Judicial⬝.

Por eso, el Colegio de Abogados de Entre Ríos se �Sdeclara en estado de alerta y movilización, solicitando a los Colegiados la reproducción del presente y la presentación de todos los escritos que estimen conveniente a la marcha de los procesos en los que son partes durante el período de feria judicial decretada⬝.

La petición que exponen está expresada en 15 ítems, con sólidos fundamentos. El pedido con mayor resonancia es que se habilite el servicio de justicia en su plenitud (en todos los fueros e instancias) a partir del lunes 18 de mayo.

El Presidente del Colegio de Abogados de la Sección Concordia Dr. Daniel Cabrera expresó para EL HERALDO: �SQueremos que la justicia se reestablezca, no solo por los abogados sino porque la sociedad lo necesita⬝, dando como ejemplo resoluciones para cuotas alimentarias, indemnizaciones y todas las demandas legales de la ciudadanía.

�SLa sociedad necesita hacer sus reclamos a la justicia. Muchas personas acuden a nuestros estudios por una respuesta a su caso, y la respuesta la tiene el Superior Tribunal de Justicia que, caprichosamente, hoy no quiere abrir las puertas de los Tribunales, amparado en lo decidido por la corte suprema de Justicia de Nación y por el Presidente de la Nación⬝, pronunció enérgicamente Cabrera.

Aquí debemos mencionar que uno de los argumentos del petitorio se refiere a que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), se rige por las pautas estrictas que estableció la Corte Suprema Nacional, que estableció sus normas (por COVID-19) basándose en la realidad que transita CABA y AMBA, que es muy distinta a la que existe en Entre Ríos y Concordia.  

Cabrera manifestó también que no se toma en cuenta que nuestra provincia hay 29 casos (a la fecha) de Covid-19 y en la ciudad de Concordia, se confirmaron solo 2.

El Presidente del Colegio de Abogados sostuvo que, �Stampoco se tiene en cuenta que el Gobernador Gustavo Bordet, prácticamente abrió la administración pública y lo único que queda cerrado son los Tribunales⬝.

Los abogados reclaman ejercer plenamente sus actividades laborales, basándose en que �Sen la ciudad aproximadamente un 85% de la actividad se está desarrollando⬝, como ejemplos enumeran bancos, comercios, construcción, recreación, actividad pública provincial y municipal.

En uno de sus ítems mencionan que al momento con la habilitación de recreación y esparcimiento, los funcionarios y empleados judiciales circulan por la ciudad, �Sentonces por qué no lo pueden hacer en los edificios de Tribunales trabajando como el resto de la ciudadanía⬝, expuso el letrado.

Cabrera hizo referencia además, a la igualdad no solo como abogados sino como ciudadanos. Esto se traduce también en la solicitud al Superior Tribunal de Justicia de �Splena vigencia del principio de igualdad ante la ley, rechazando cualquier distinción a favor de los jueces, funcionarios o empleaos del Poder Judicial⬝, remarcó.

Al cierre Cabrera concluyó que son más de 400 matriculados en Concordia y que muchos están teniendo dificultades para mantener los estudios jurídicos con sus gastos fijos, pero destacó: �Slo más grave es que muchos colegas no están pudiendo pagar el sustento de sus familias⬝.