Se trata de una de las tantas imputaciones que pesan sobre este abogado. En este caso, está acusado por presuntas coacciones agravadas contra la jueza María Carolina Castagno, a quien —según la acusación fiscal— habría intentado amedrentar al advertirle que promovería un jury en su contra si no se apartaba del tribunal designado para juzgar la causa por supuestos sobreprecios en la pavimentación de 14 cuadras en Santa Elena, expediente en el que está imputado el intendente Domingo Daniel Rossi. Castagno fue designada presidenta de ese Tribunal, y en ese contexto el abogado presentó recusaciones e inhibiciones contra ella y otros magistrados.

El jueves de la semana pasada, la audiencia comenzó ante el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Grippo. El fiscal auxiliar de Paraná, Martín Abrahan, solicitó que sea remitida a juicio la causa caratulada “Reggiardo Carlos Guillermo s/ Coacciones agravado”, que se inició el 27 de junio de 2025. Según la imputación, el letrado habría exigido mediante un escrito que Castagno se abstuviera de intervenir en el juicio oral, bajo amenaza de denunciarla por prevaricato ante el Honorable Jurado de Enjuiciamiento de la provincia, “con plena conciencia de la falsedad de tales acusaciones”.La acusación sostiene además que, en un presunto intento de frustrar el inicio del debate oral y obstaculizar la acción de la justicia, Reggiardo promovió recusaciones contra la magistrada y los vocales Alejandro Grippo y Juan Francisco Malvasio, planteos que fueron rechazados el 25 de junio de 2025 por considerarse carentes de sustento legal.

El abogado es funcionario político de Domingo Rossi en la comuna de Santa Elena y contratado de la mujer de Rossi, la senadora provincial Patricia Díaz, por lo cual percibe un doble sueldo del Estado municipal y el Senado entrerriano. Además, se autopercibe periodista, es tiktokero y expone en las redes sociales teorías conspirativas y denuncias sin evidencia alguna. Ayer, en la audiencia, volvió a solicitar el sobreseimiento en una extensa argumentación durante más de una hora y media, en la cual expuso su teoría de que es objeto de una persecución del sistema judicial y periodístico.El juez resolvió pasar a un cuarto intermedio y anunciará en los próximos días la resolución acerca del planteo de Reggiardo.Cabe recordar que el asesor legal de la Municipalidad de Santa Elena tiene otras dos causas acumuladas en Gualeguay por las que también será juzgado en aquella localidad, con un pedido de pena de prisión efectiva por parte de la acusación pública. Los fiscales Mariángeles Schell y Rodrigo Molina lo imputaron por los delitos de desobediencia judicial en un caso, y coacciones agravadas contra una funcionaria pública, perturbación de audiencia y desobediencia judicial en el otro, ambos en un contexto de violencia de género.

En el primer hecho endilgado al abogado se lo acusa de haber desobedecido una orden judicial emitida el 16 de octubre de 2024 y reiterada el 31 de marzo de 2025, dictada por la jueza Rosa Fernández Campasso, quien le exigía iniciar y acreditar un curso de capacitación sobre violencia de género en la Asociación Pablo Besson. Según la Fiscalía, el imputado no cumplió con esta disposición entre el 5 de noviembre de 2024 y el 3 de abril de 2025, a pesar de estar debidamente notificado. La medida se originó a raíz de un episodio de violencia de género que Reggiardo habría protagonizado el 26 de agosto de 2024 en la mesa de entradas de la Fiscalía de Gualeguay, donde habría tenido una “actitud corporal agresiva y beligerante” con insultos, gritos y golpes en el mostrador. Este hecho habría causado malestar y temor en las empleadas. La calificación legal para este hecho es desobediencia judicial.

El segundo hecho ocurrió el 9 de mayo de 2025 durante una audiencia de remisión a juicio en el Juzgado de Garantías de Gualeguay. Se acusa a Reggiardo de perturbar el acto procesal a cargo de la jueza Alejandra Gómez mediante “conductas coactivas” para impedir que la magistrada desarrollara la audiencia. Según los fiscales, Reggiardo buscaba suprimir la decisión de la jueza y reemplazarla por la suya, menoscabando su libertad. Durante la audiencia, el imputado le dijo a la jueza frases como: “considero que usted no está a la altura de llevar adelante este juicio”, “usted desprestigia el derecho”, “usted es una delincuente”, y “los jueces como usted tienen que salir de la justicia”. Además, la amenazó con denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, comenzó a filmar a la jueza con su celular, desobedeciendo la orden de detenerse, lo que forzó a la magistrada a suspender la audiencia. Posteriormente, el mismo día, realizó una publicación en el sitio web “La Caldera” con el titular “La jueza de la vergüenza”, que finalizaba con la frase: “no habrá paz donde reine la impunidad con toga”, lo que la Fiscalía consideró otra amenaza. Los delitos imputados son coacciones agravadas contra una funcionaria pública, en concurso ideal con perturbación en audiencia y en concurso real con desobediencia judicial, todo en un contexto de violencia de género.

En la oportunidad de discutir la elevación a juicio de estos expedientes, Reggiardo también había argumentado la teoría de una conspiración en su contra: dijo que existe una “operatoria destinada a meterlo preso” por sus enfrentamientos políticos con la diputada María Laura Stratta y sus denuncias de corrupción. Atribuyó la causa a una persecución orquestada por figuras del poder judicial y político de Gualeguay. (Analisis) 

A Guillermo Reggiardo, se le achacaron todos estos ilícitos debido a su comportamiento en relación a una causa que se tramitaba en los Juzgados de Gualeguay. Se trata de un proceso por tenencia y comercialización de estupefacientes. El acusado principal era Emanuel Voney y había dos coimputados.Reggiardo envió el 12 de agosto un correo electrónico al Ministerio Público Fiscal en el que sostenía que en ese caso se habían cometido una serie de ilícitos. Al imputado, se lo había privado ilegítimamente de la libertad, según su exposición. Además, denunció que el fiscal del caso, Fernando René Martínez, y el juez de Garantías, Sebastián Elal, habrían incurrido en prevaricato por falsa imputación. Todos ellos, en conjunto con el defensor de Voney, habrían negociado la libertad del acusado a cambio de USD 2.500, según el relato de Reggiardo.En ese mismo mail, Reggiardo adjuntó un documento donde Néstor Voney, padre del acusado, era el verdadero denunciante de esos delitos y él era su representante legal. Cuando se lo llamó a declarar a Néstor Voney el 26 de agosto, Reggiardo se presentó al juzgado. Se escucharon, según consigna el auto de elevación a juicio, un serie de «gritos, insultos, descalificaciones e injurias provenientes de la mesa de entradas». El responsable era Reggiardo, según expuso una empleada. El letrado habló con Néstor Voney y lo determinó a no prestar declaración testimonial.

Los hechosEl desarrollo de la investigación y la constatación de los sucesos, demostró que la construcción que había hecho Reggiardo era falsa.En primer lugar, a Emanuel Voney no se lo había privado ilegítimamente de su libertad. El acusado había acordado, en conjunto con su abogado, una prisión preventiva en dos etapas antes de recuperar su libertad. En un primer momento (desde el 27 de enero hasta el 1 de febrero de 2024) estuvo alojado en Jefatura. Y desde ese día hasta el 13 del mismo mes tendría domiciliaria en la casa de su padre. Luego, quedó libre.Esto fue motivo de un acuerdo donde están las firmas del propio Emanuel Voney, su defensor Rubén Gallardo y el fiscal Fernándo Martínez. El entendimiento fue homologado por el juez de Garantías Sebastián Elal. Se trató, en resumidas cuentas, de un proceso legal normal y habitual.Por otro lado, la imputación de los delitos de tenencia y comercialización de estupefacientes tenía el suficiente peso probatorio para esa instancia procesal. Hay un video donde se registra una transacción comercial entre el acusado y otro joven. Voney entrega una bolsa con estupefacientes y a cambio recibe dinero.Además, Néstor Voney, el supuesto representado por Reggiardo, negó ser el autor de la denuncia. El padre del imputado en la causa inicial se presentó finalmente a declarar ante Fiscalía dos días después del escándalo que habría hecho su abogado para impedirlo. En ese momento no ratificó la denuncia hecha por Reggiardo en su nombre. “Yo no me hago cargo del contenido de la denuncia que fue remitida por e-mail. No la ratificó en ninguna de sus partes”, expresó según se lee en el auto de elevación a juicio.Esto llevó al convencimiento de Fiscalía que el documento enviado por correo por Reggiardo, que contenía la denuncia supuestamente hecha por Néstor Voney, era “falso” y había sido “creado” por el imputado.“Es en virtud de todo lo expuesto, que éste MPF entiende que el Dr. Carlos Guillermo Reggiardo es el autor directo del delito de falsa denuncia, el que concurre en forma ideal con la creación y uso de un documento privado falso, con aptitud para causar perjuicio en la medida en que resultaron idóneos para disponer la apertura de causa de la presente IPP y la realización de la presente investigación”, consigna el documento de Fiscalía.“Estos injustos penales así concursados  - agrega - concurren, a su vez, en forma real con el delito de instigación a cometer el delito de incumplimiento del deber procesal de declarar como testigo”.La elevación a juicio se presentó el pasado 11 de abril. Allí, Beheran expuso: “En consecuencia, solicitó ante el Tribunal de Juicio que se le imponga la pena de dos años de prisión en relación a los delitos oportunamente imputados”.

La familia de Nataniel Guzmán se pregunta, sin descanso, dónde está. El joven abogado de 38 años desapareció el 27 de enero en Mendoza, y desde entonces, nadie supo nada más de él. Tras la denuncia que realizaron sus compañeros de trabajo, empezó la búsqueda, la cual hasta el momento no arrojó resultados positivos.

En las últimas horas, el Ministerio de Seguridad provincial ofreció una recompensa de $1.350.000 para quien aporte datos sobre su paradero.

Los últimos movimientos del abogado desaparecido

Las imágenes fueron captadas el 27 de enero y se lo ve a Guzmán subiendo al colectivo de la línea 630, interno 72, que va a la localidad de Las Heras. Eran alrededor de las 11:30. Los investigadores ya les pidieron a los pasajeros que suelen tomar ese ómnibus que si pueden aportar algún dato se comuniquen de manera urgente al 911 para de esta forma ayudar a encontrarlo.

 �SAl no tener cámaras los colectivos, no sabemos hasta dónde fue. Por eso, se solicitaron las cámaras del recorrido de esa línea para ver dónde bajó⬝, explicó la mujer.

Según pudo reconstruir, y consta en la causa que está bajo secreto de sumario por 90 días, el 27 de enero le mandó un mensaje por WhatsApp a su hijo, que se lo respondió y desde ese día perdió todo tipo de contacto. Fue el 1° de febrero, cuando no se presentó a trabajar en los Tribunales de Familia de Las Heras, que sus compañeros realizaron la denuncia en la fiscalía y se comunicaron con su madre, que se tomó un avión desde Jujuy.

Días atrás, Nataniel se había ido de vacaciones a Mar de Ajó con su novia. Como se pelearon, él se tomó un micro y volvió al departamento en el que vivía en el centro de Mendoza. El último en verlo fue un vecino quien contó que el joven salió hasta la puerta a despedir a unos amigos que habían ido de visita.

Guzmán tiene en su poder el celular al que llaman constantemente, pero nadie atiende, y salta el contestador. La antena de telefonía lo situó el 27 de enero a pocos kilómetros de su casa en un lugar llamado La Canota, camino a Villavicencio.

En ese sitio se realizaron rastrillajes, pero no se encontraron indicios de Nataniel. La causa por su desaparición es investigada por el fiscal de homicidios Gustavo Pirrello.

EL HERALDO dialogó con el abogado defensor de Castillo, confirmó que por el momento la caratula del caso es Homicidio doblemente calificado en contexto de género, (criminis causae), si esto se mantiene es una condena perpetua.

Un abogado y apoderado de la comuna santafesina de Puerto Gaboto decidió donar su sueldo para que su pueblo natal siga contando con la atención de un médico pediatra al que no podían pagarle sus servicios por falta de presupuesto.

El gesto altruista y solidario, que es comentado y celebrado en toda la provincia, fue realizado por el abogado Sebastián Darrichón (38), quien desde hace un mes fue contratado como apoderado general en la comuna de Puerto Gaboto.

Darrichón contó a Télam que decidió donar sus honorarios al pediatra del pueblo, Luciano Lorenzo, porque la comuna, por falta de presupuesto, no podía afrontar el pago de sus servicios en el Sistema para la Atención Médica de la Comunidad (Samco).

Ante esa situación, Darrichón le propuso a la jefa comunal de Puerto Gaboto, Sandra Aguirre, donar su sueldo �Scomo un gesto de agradecimiento" a todo lo que le dio el pueblo en su época de estudiante, y por haberlo nombrado apoderado general de la comuna.

�SMe crie aquí, hice el jardín, primaria y secundaria en Puerto Gaboto, luego me fui a estudiar a Rosario y en la mitad de la carrera la comuna abrió la Casa del Estudiante, gracias a lo cual pude bajar costos y terminar mis estudios⬝, detalló Darrichón.

�SIncluso mi mamá fue encargada de la Casa del Estudiante de Puerto Gaboto en Rosario⬝, recordó emocionado y agregó que quiso contribuir con su "granito de arena" donando su sueldo hasta tanto se resuelva el tema del pediatra.

Para reforzar la importancia que reviste la atención de un pediatra en su pueblo, Darrichón explicó que el establecimiento de salud más cercano, de mediana complejidad, se encuentra en la ciudad de San Lorenzo, Granadero Baigorria o Rosario.

                                                                                                                                                                          �SEs decir que el centro de atención más cercano está a 40 kilómetros, Puerto Gaboto cuenta con un Samco (Sistema de Atención Médica para la Comunidad) rural para una población de 4.500 personas, pero los fines de semana, por la afluencia del turismo, hay 3 mil personas más⬝, afirmó el médico.

Agregó que hay unas 7 mil personas los fines de semana y no se cuenta con guardia médica.

                                                                                                                                                                   �SPor todo eso, y por lo que me brindó mi pueblo cuando yo estudiaba abogacía, decidí contribuir con algo que sirviera, y me pareció lo más justo donar mi sueldo. Hace un mes que fui contratado, así que este primer salario ya se utilizará para pagar al pediatra⬝, concluyó.