ANSES estimó que para el 2027 habrá menos jubilados y en paralelo, crecerá el número de personas que cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).Según las estimaciones del organismo, el padrón de jubilados se reducirá de 5.590.521 en 2026 a 5.485.761 en 2027, lo que es igual a una disminución de 104.760 individuos en un año.Por el contrario, la cantidad de beneficiarios de la PUAM aumentará: pasará de de 220.308 a 253.032, lo que implica una suba de 32.724 beneficiarios.La PUAM es un beneficio para personas de 65 años o más, tanto mujeres como hombres, que no lograron los aportes necesarios para una jubilación y para recibirlo deben estar en una situación de vulnerabilidad social y someterse a una evaluación socioeconómica y patrimonial.Su valor es menor al haber mínimo jubilatorio, equivale al 80% de la jubilación mínima, más un bono de $70.000. En septiembre, el número se ubicó en $342.908 más el bono de $70.00.Otro incremento será el de los titulares del Seguro de Desempleo: de 118.868 personas en 2026 a 130.324 en 2027.

POR QUÉ HABRÁ MENOS JUBILADOS EN 2027

La razón principal de la disminución de jubilados de la ANSES es que para acceder a una jubilación contributiva se requieren 30 años de aportes.La pérdida de puestos de trabajo registrados y el crecimiento de la informalidad hacen que para los trabajadores sea más difícil reunir esa cantidad de años.En consecuencia, al alcanzar la edad jubilatoria, 60 años para las mujeres y 65 para los hombres, una parte de quienes llegan a esa instancia no cuenta con la cantidad de aportes necesarios.Con las moratorias se habían podido completar los períodos de aportes faltantes, pero esas herramientas fueron derogadas. Por lo tanto, en la actualidad, aquellos que llegan a la edad correspondiente sin los 30 años de aportes necesarios ya no cuentan con esa opción.

40 AÑOS DE APORTES NO ALCANZAN PARA UNA JUBILACIÓN MÍNIMA

Un estudio realizado por la Fundación Mediterránea determinó que ninguna categoría del monotributo aporta hoy lo suficiente para financiar una jubilación mínima. Por lo tanto, aun con 40 años de aportes, en un cronograma de capitalización ajustado por inflación, ni siquiera la categoría K logra el haber mínimo actual.Explicó que el problema nace de una brecha muy significativa en los aportes: en promedio, el aporte personal equivale al 11% del ingreso de un asalariado formal, al 5% en autónomos y a sólo 1,1% entre los monotributistas.Además, indicó que el régimen está muy concentrado en las categorías más bajas: el 55% de los monotributistas activos pertenece a la categoría A y el 78% en A, B o C. Ahí se halla buena parte de quienes efectúan los menores aportes.En lo que respecta a una jubilación, eso implica que, con aportes actualizados únicamente por inflación, un hombre de categoría A con 40 años financiaría el 9% de una jubilación mínima. En categoría K, el 75%. Para una mujer: 6% y 50%, respectivamente.El estudio hizo hincapié en que, aunque los aportes rindieran 2 puntos anuales por arriba de la inflación, sólo aquellos que permanecieran 40 años en la categoría K se acercarían o superarían la mínima: 138% para hombres y 99% para mujeres.La brecha también se hace presente al analizar cuánto deberían crecer los aportes. Acorde con el informe, en la categoría A con 40 años y rendimiento real del 2%, deberían aumentar 778% para mujeres y 725% para hombres que dejan pensión a su cónyuge.  Agencia NA

La planilla anexa al Artículo 42 de la iniciativa, que autoriza al Poder Ejecutivo a cerrar operaciones de crédito público, tiene tres ítems. Dos corresponden a la Armada Argentina: 2.300 millones de dólares para la compra de tres submarinos convencionales que se destinarán a la Base Naval Mar del Plata, con un plazo mínimo de amortización de tres años; y 1.200 millones de dólares para dos fragatas multimisión en la Base Naval Puerto Belgrano, también con amortización mínima de tres años. Tercero el Parque Fotovoltaico Cauchari, en Jujuy, por 250 millones de dólares.Los submarinos y las fragatas no figuran entre los proyectos de inversión del ejercicio 2027, que se hagan efectivos depende de que se especifique el financiamiento y de que el Congreso apruebe el presupuesto en su totalidad.Lo que sí tiene crédito asignado es la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos para Puerto Belgrano, por 37.616 millones de pesos, que integran el programa de mantenimiento de medios e infraestructura para el alistamiento operacional.El proyecto también contempla el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino (Plan ARMA), presentado en mayo de este año, que destina el 10% de lo recaudado por la enajenación, locación o privatización de bienes estatales al reequipamiento militar. En lo que refiere a los activos propios de las Fuerzas Armadas, el porcentaje de reinversión directa en el sistema de defensa aumenta al 70%.Entre los ítems, la iniciativa incluye: la compra de un sistema de armas para recuperar las capacidades aeroespaciales de la VI Brigada Aérea, la adquisición de munición para reservas estratégicas y operacionales, y avances en el Plan Satelital de la Defensa, como el desarrollo de tecnologías ópticas, electroópticas, criptografía cuántica, radares láser y sistemas de observación. También la implementación del Plan de Capacidades Militares, el desarrollo de un Comité de Logística Conjunta y la participación en Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU.En materia diplomática, el presupuesto consigna 6.384 millones de pesos a la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur, dependiente de la Cancillería, dentro del Programa 23. Los fondos se utilizarán para llevar a cabo acciones bilaterales y multilaterales ante la ONU y otros foros a fin de continuar con el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, el Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. La iniciativa también precisa la continuidad de pensiones para veteranos de guerra y la gestión del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur.   (NA)

El proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso volvió a colocar la reducción de la estructura estatal entre las prioridades del Gobierno. Desde finales de 2023, la cantidad de trabajadores comprendidos en el ámbito nacional pasó de 343.357 a 270.835.La diferencia representa 72.522 puestos menos y equivale a una disminución del 21,1% en casi tres años. La cifra incluye bajas producidas tanto en la Administración Pública Nacional como en empresas y sociedades controladas por el Estado.Del total, 49.578 puestos correspondieron a la administración nacional y otros 22.944 a compañías estatales.La Administración Pública Nacional cuenta actualmente con 183.520 trabajadores, frente a los 233.098 registrados en noviembre de 2023. La reducción fue del 21,3%.Dentro de esa estructura, los organismos descentralizados pasaron a tener 111.117 empleados después de perder 25.646 puestos, lo que representa una disminución del 18,8%.El recorte proporcional más importante se produjo en la administración centralizada. Su planta bajó de 55.858 a 37.657 trabajadores: 18.201 puestos menos, equivalentes al 32,6%.La reducción también alcanzó a diferentes ministerios. Economía registra alrededor de 1.004 trabajadores menos, mientras que Salud disminuyó su dotación en algo más de 1.200 puestos. Estas cifras incluyen modificaciones organizativas y redistribuciones internas producidas durante el período.

Las empresas públicas también redujeron personal

Las compañías estatales pasaron de concentrar 110.259 trabajadores en 2023 a contar actualmente con 87.315. La diferencia alcanza los 22.944 puestos, una reducción del 20,8%.Correo Argentino encabezó las bajas en términos absolutos: su planta descendió de 16.897 a 11.279 empleados, con una diferencia de 5.618 puestos.Operadora Ferroviaria redujo su dotación en 4.305 trabajadores; el Banco Nación, en 2.381; y Aerolíneas Argentinas, en 1.923. También se registraron disminuciones en AySA, Belgrano Cargas y Radio y Televisión Argentina.En la categoría denominada “otros entes”, la cantidad de empleados cayó de 15.545 a 13.615. El PAMI concentra 13.025 trabajadores, 1.300 menos que al comienzo de la actual administración.Ferrocarriles Argentinos constituye una excepción estadística: pasó de 73 a 501 empleados debido a absorciones y movimientos internos, por lo que el aumento no supone necesariamente la creación de nuevas vacantes.Para 2027, el Ejecutivo plantea continuar con la modernización del Estado y fortalecer los mecanismos de transparencia y profesionalización. Según sostiene el proyecto, el objetivo será consolidar una administración más austera, eficiente y concentrada en funciones consideradas estratégicas.La nueva etapa, de acuerdo con los lineamientos presupuestarios, combinará reorganización de estructuras, revisión de funciones y continuidad de la política de reducción del empleo público.

La convocatoria dejó, además, una pregunta inevitable: ¿se trata del comienzo de una verdadera reactivación partidaria o apenas de una movida para mostrar que el radicalismo todavía está en movimiento?Convocados por el diputado provincial Marcelo López, militantes y dirigentes de distintos sectores de la Unión Cívica Radical se reunieron en el Círculo Italiano de Concordia para analizar el escenario político y comenzar a delinear una estrategia con vistas a 2027.La reunión adquiere particular significado porque tanto en Concordia como en el orden provincial la UCR viene atravesando una existencia política más bien pasiva, por no decir prácticamente nula como estructura partidaria activa.En el gobierno provincial de Rogelio Frigerio hay hombres provenientes del radicalismo y el partido acompañó la ocupación de distintos espacios dentro de la administración. Sin embargo, cuesta encontrar una participación radical claramente identificable en la orientación ideológica o en las grandes decisiones políticas del Gobierno entrerriano.Concordia presenta una situación particular. La victoria electoral de 2023 llevó al radical Marcelo Azcué a la Intendencia y durante esta temporada hubo sectores que intentaron proyectarlo políticamente más allá de la gestión municipal, procurando instalarlo como una suerte de líder y conductor del radicalismo.Pero una cosa es gobernar una ciudad y otra bastante diferente convertirse en conductor de un partido.El intento, al menos hasta ahora, no prosperó. Incluso cuando comenzó a insinuarse una mayor participación interna alrededor de un dirigente recientemente afiliado, desde Paraná aparecieron límites que terminaron coartando aquella posibilidad de construcción.Ahora el radicalismo concordiense vuelve a reunirse y habla de organización, identidad, gestión y continuidad. Los participantes plantearon la necesidad de defender el cambio político producido en 2023 y trabajar para que la UCR conserve el gobierno municipal después de 2027.También se habló de desarrollo productivo, transparencia, presencia del Estado y de las importantes deudas sociales que todavía mantiene Concordia.El desafío, sin embargo, empieza mucho antes de las elecciones.El Comité radical de Concordia permanece habitualmente cerrado o con escasa actividad visible y recién parece poblarse cuando alguna circunstancia política pone en movimiento a la dirigencia. Por eso, una reunión por sí sola difícilmente alcance para demostrar el resurgimiento de un partido con tanta historia.La incógnita queda abierta: ¿comenzó realmente a despertarse la UCR de Concordia o estamos ante una movilización destinada, precisamente, a mostrar que todavía está movilizada?El tiempo —y especialmente lo que ocurra dentro del Comité cuando no haya elecciones a la vista— dará la respuesta.