Si bien todavía no se ha lanzado oficialmente, el Sindicato fue convocado a designar sus representantes en el jurado que participará del concurso público y abierto para cubrir un cargo de planta permanente en la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), con la función de Jefatura en el Área de Tesorería.

“Haber sido convocados para integrar el jurado implica que el proceso ya se puso en marcha”, explicó la Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez. Además, sostuvo: “A la brevedad vamos a tener toda la información”.Señaló que no se conoce la fecha en que se sustanciará el concurso, pero sostuvo que será en el transcurso de este año.

“Sabemos que hay numerosos trabajadores que tienen intenciones de presentarse y aspiran a ocupar el cargo.

En ese sentido, vamos a hacer una jornada de intercambio para transmitir algunos detalles y escuchar las inquietudes de los trabajadores”, expuso la dirigente.El encuentro tendrá lugar el lunes 14 de septiembre a las 10 en la sede sindical de Santa Fe 463.

La convocatoria del Sindicato es abierta a todos los trabajadores de la administración pública provincial, afiliados o no, que residan en Paraná, estén interesados y reúnan el perfil para postularse al cargo a concursar. Se requiere inscripción previa a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyAM2sxznHdhu3FtPpLZeRV5w7UkhGYhad17ENpYPDWjSa6w/viewform?pli=1 .

Por último, la Secretaria Adjunta apuntó: “Al tratarse del primer concurso que se realizará en el marco del Decreto Nº 1452, no sólo nos interesa el proceso formal sino también saber si se cumplen todos los aspectos del procedimiento, con la incorporación de tecnología y la transparencia que se requiere para este caso. Hay un equipo trabajando en eso”.

Según consta en la denuncia presentada por la Directora General de Recursos Humanos, Luciana Magali Kapp, alrededor de las 10:30 horas un grupo de aproximadamente cien personas identificadas con la pechera de ATE —entre ellas dirigentes de la seccional provincial y del Consejo Directivo Nacional— se presentó en el edificio, forzando el ingreso y generando un forcejeo con personal de Mesa de Entradas.El grupo se desplazó luego por las oficinas, profiriendo expresiones intimidatorias y amenazas hacia los trabajadores, exigiendo la agilización de trámites gremiales. Hubo empujones y forcejeos hacia varias empleadas, golpes reiterados a las puertas y daños en mobiliario. Un empleado debió permanecer encerrado en una oficina y llamó al 911, sin que se hiciera presente la policía.La denuncia también menciona un episodio anterior, del 19 de mayo de 2026, con amenazas de similar gravedad contra la funcionaria.El Gobierno pondrá a disposición de la Justicia los registros fílmicos y el testimonio de más de una decena de testigos, y solicitó medidas de seguridad para el personal. 

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) y la Policía de Entre Ríos firmaron un nuevo convenio destinado a garantizar la atención odontológica de los afiliados y establecer un marco actualizado para la prestación de servicios profesionales entre ambas instituciones.El acuerdo renueva por completo el esquema regulatorio vigente. De esta manera, se establecen nuevas pautas de funcionamiento, coordinación y control, con el objetivo de ordenar los procedimientos y asegurar una atención adecuada en los distintos puntos de la provincia entre ambas partes.El nuevo marco comenzará a regir el 1 de octubre de 2026. A partir de esa fecha, además, los afiliados de la fuerza policial podrán acceder a atención odontológica en los consultorios pertenecientes a la Policía de Entre Ríos que se encuentren debidamente habilitados por la autoridad sanitaria provincial.Los servicios estarán disponibles en dependencias ubicadas en Concordia, La Paz, Gualeguay, Gualeguaychú, Victoria y Concepción del Uruguay. También se brindará atención en la Escuela de Suboficiales de Rosario del Tala, la Escuela de Agentes de Villaguay, la Escuela de Oficiales de Paraná y los consultorios externos de la Policía en la capital provincial. Con esta iniciativa, OSER continúa ampliando y fortaleciendo su red de atención en el territorio provincial, mediante acuerdos que permiten aprovechar la infraestructura existente, ordenar los mecanismos de trabajo y acercar servicios de salud a sus afiliados. 

Gentileza Rosario Perriere

Se llevó a cabo la Asamblea Anual Ordinaria de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en el Predio Ferial de Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.En la provincia de Entre Ríos se impuso la línea interna Renovación con Unidad con el 57 % de los votos. La nómina, liderada por los ruralistas Juan Diego Etchevehere, Mariano Berisso y Mayda Spiazzi, contó también con la integración de los dirigentes provinciales Andrea Firpo, Miguel Dome, Federico Paoloni, Walter Feldkamp y Manuel Etchevehere. En tanto, la lista que obtuvo el segundo lugar fue encabezada por Domingo Veronesi y Valeria Trucco, quienes cosecharon el 43 % de los sufragios a nivel provincial.Esta constituye la cuarta oportunidad en la que la lista ganadora se impone en la provincia con una amplia mayoría.Los principales ejes de gestión sobre los cuales se apoyaron sus dirigentes en esta elección fueron su independencia gremial ante la política, la construcción de una agenda sectorial en base a las demandas de los productores, la cercanía en la representación territorial y la renovación dirigencial dentro de la entidad.A nivel nacional, la lista a presidente encabezada por Nicolás Pino resultó ganadora con el 71 % de los votos, frente a la lista liderada por Marcos Pereda, que alcanzó el 29 % de los sufragios.

No estamos hablando de una ley vieja que Frigerio heredó y ahora pretende revisar, sino de una reforma propia, presentada como una modernización institucional y que todavía ni siquiera fue utilizada en una elección provincial. Antes de volver a cambiar las reglas, sería razonable por lo menos estrenarlas. De lo contrario, inevitablemente aparece una pregunta: ¿qué cambió desde que se sancionó la reforma hasta hoy? ¿Cambió la valoración institucional de las PASO o cambió el escenario político de cara a 2027?

Porque las reglas electorales no pueden cambiar al ritmo de la conveniencia política de cada momento. Mucho menos cuando se trata de normas que fueron presentadas como reformas estructurales y políticas de Estado. Si cada nuevo escenario electoral obliga a revisar lo que se defendía apenas un año atrás, el problema deja de ser solamente qué sistema es mejor y pasa a ser algo más básico: la previsibilidad y la confianza en las reglas. Y, siguiendo el razonamiento que hoy plantea el Gobernador, hay además una consecuencia bastante evidente. Si realmente considera que hacer concurrir tantas veces a los ciudadanos a las urnas significa no escucharlos, damos por hecho que el año próximo las elecciones provinciales se celebrarán conjuntamente con las nacionales.

Su propio Código Electoral permite hacerlo. Sería difícil cuestionar la cantidad de veces que votan los entrerrianos y, al mismo tiempo, desdoblar la elección provincial agregando una jornada electoral más. En ese punto sólo habrá que esperar coherencia entre lo que se dice y lo que finalmente se hace.

Pero detrás de esta discusión aparece una forma de mirar a los entrerrianos que empieza a repetirse. Cuando se trata de cubrir determinadas responsabilidades importantes del Estado, demasiadas veces parece que las mejores respuestas hay que buscarlas afuera de la provincia.

Sin embargo, cuando llega el momento de interpretar qué pensamos los entrerrianos, cuánto queremos participar o cuántas veces estamos dispuestos a votar, ahí el Gobierno parece no tener ninguna duda.

Resulta curioso: para algunos cargos cuesta encontrar entrerrianos capaces, pero para interpretar lo que pensamos los entrerrianos nunca falta confianza. Escuchar a la ciudadanía no es decidir por ella cuándo votar resulta demasiado ni administrarle la participación política.

Es confiar en su capacidad para elegir y, sobre todo, ofrecerle reglas claras y estables. Entre Ríos acaba de darse una reforma electoral propia; sería saludable que nuestras reglas no empezaran nuevamente a moverse al ritmo de cada discusión que aparece en Buenos Aires.

También se volvió habitual escuchar a dirigentes con décadas de actividad pública hablar de “la política” como si fuera una actividad que realizan otros. La política no escucha, la política está lejos de la gente, la política obliga a votar. Pero quienes gobiernan también son la política. Quienes ocupan cargos, impulsan leyes, construyen alianzas, diseñan sistemas electorales y deciden cuándo votamos no pueden después colocarse como simples comentaristas de esas decisiones. No se puede gobernar en tercera persona. Por supuesto que el Gobernador puede cambiar de opinión: nadie está obligado a sostener eternamente una posición equivocada. Pero cuando se cambia de opinión en apenas un año sobre algo tan sensible como las reglas mediante las cuales los ciudadanos eligen a sus representantes, ya no alcanza con decir que se cambió de parecer.

Hay que explicar por qué. Porque semejante velocidad, tratándose de una reforma que todavía no llegó siquiera a ponerse en práctica, deja inevitablemente dos alternativas incómodas: o aquella reforma fue impulsada con una ligereza impropia de la importancia del sistema electoral, o las reglas empiezan a evaluarse según la conveniencia política de cada elección. Una cosa sería irresponsabilidad; la otra, ventajismo.

Y si, más allá de todo esto, Frigerio realmente está convencido de que hacer votar tantas veces a los entrerrianos es no escucharlos, entonces por lo menos una certeza ya tenemos para 2027: las elecciones provinciales y nacionales serán el mismo día.

Nicolás Parera DenizPresidente del Frente Entrerriano Federal

El juez federal de Paraná, Leandro Ríos, procesó con prisión preventiva al abogado y oficial de la Policía de Entre Ríos Daniel Alejandro Rosatelli y a otras cuatro personas por su presunta participación en el transporte de 1.345,51 kilogramos de marihuana.

La droga, distribuida en 1.716 paquetes compactados, fue encontrada el 13 de febrero de 2026 dentro de una camioneta Citroën Jumper, luego de una persecución en la zona del Camino del Borello y la Ruta Nacional 12, cerca de La Paz.

También fueron procesados Martín Reynaldo Germán Pelizzari, Claudio David Luna, Alan Josías Gabriel Favieri y José Belén Favieri. La resolución les atribuye haber organizado la compra, preparación y circulación del cargamento entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.

Según la investigación, Rosatelli habría aportado dinero y participado en la logística para comprar la camioneta utilizada en el traslado. El vehículo tenía un pedido de secuestro por una denuncia de estafa y circulaba con una patente falsa. Una Toyota Hilux habría funcionado como vehículo de apoyo para advertir sobre posibles controles en la ruta.

Daniel Rosatelli es hermano de José María Rosatelli, actual jefe de la Policía Departamental Concordia, quien es completamente ajeno a la investigación. Ambos son hijos del comisario general retirado Juan Ramón Rosatelli, quien integró la conducción de la fuerza durante los gobiernos de Jorge Busti —2003 a 2007— y Sergio Urribarri —2007 a 2015—, y llegó a ocupar el cargo de subjefe de la Policía de Entre Ríos.

Una agresión también incluida en el expedienteLa resolución incorporó otro hecho atribuido a Daniel Rosatelli. La Justicia investiga si el 12 de noviembre de 2025 agredió a Sixto Ramón Maciel dentro de la sede de la organización Suma de Voluntades, en Paraná.

De acuerdo con el expediente, habría golpeado la cabeza del hombre contra una pared mientras portaba un arma de fuego. La víctima sufrió un traumatismo de cráneo con riesgo de vida. Los investigadores sostienen que la agresión buscaba presionar a otra persona para que retirara una denuncia relacionada con la camioneta que posteriormente habría sido utilizada para transportar la marihuana.

El procesamiento no equivale a una condena definitiva. Los cinco acusados continuarán sometidos al proceso judicial y mantienen el derecho a ser considerados inocentes hasta que exista una sentencia firme.

(I: El Heraldo con datos y foto de Análisis)

Otra investigación desarrollada durante varios meses por Análisis puso bajo la lupa los movimientos migratorios, negocios e inversiones vinculados con Alejandro Luis José Almada, cuñado de Juan Pablo Aguilera y uno de los imputados en la causa por los contratos irregulares de la Legislatura entrerriana.

Almada había fijado domicilio en Paraná y tenía prohibido abandonar la ciudad sin autorización. Sin embargo, los registros migratorios indicarían que residía y se desplazaba frecuentemente entre Puerto Iguazú y Foz do Iguazú, donde su pareja, Micaela Agostina Banegas, aparece vinculada con emprendimientos gastronómicos, turísticos e inmobiliarios.Entre esos negocios se encuentra V8 Garagem Bar, un establecimiento gastronómico y de eventos con automóviles de colección. Banegas también figura en Herma Holding Ltda., junto con su hermano Tomás Valentín Banegas, y en Vivra Travel Agencia de Viajes Ltda., con una socia brasileña identificada como J.M.D. Tomás Banegas, además, aparece como titular de otra firma ubicada junto al mencionado bar.La investigación busca determinar el origen de los fondos utilizados para esas inversiones, debido a que Almada y Banegas tienen sus bienes inhibidos desde 2019. Una de las hipótesis que deberá evaluar la Justicia es si parte del dinero provenía del esquema investigado en la Legislatura y si existieron operaciones que podrían encuadrarse como lavado de activos.El registro migratorio confirmó numerosos cruces fronterizos desde el año 2020. Almada había salido nuevamente hacia Brasil el 3 de septiembre y no había regresado cuando la Justicia ordenó su detención por incumplir las restricciones impuestas. Al conocerse la medida, se presentó voluntariamente en una sede de Gendarmería Nacional y será trasladado a Paraná.La Fiscalía podría solicitar que permanezca detenido hasta el juicio. En la etapa previa, adelantó que pedirá una pena de 10 años de prisión para Almada, aunque esa pretensión deberá ser discutida y resuelta en el debate.

Todos los nombres alcanzados por la investigación patrimonialLa reinscripción de las inhibiciones comprende a imputados y, en algunos casos, a sus parejas: Alfredo Bilbao, Gustavo Pérez, Sergio Esteban Cardoso, Flavia Marcela Beckman, Hugo Rubén Mena, Juan Domingo Orabona, Pedro Eduardo Opromolla, Jorge Enrique De Breuil, Juan Pablo Aguilera, Alejandro Luis José Almada, Roberto Ariel Faure, Verónica Caíno, Jorge Pablo Balladares, Guido Daniel Krapp, María Jazmín Mena Gioveni, Nicolás Beber, Renato Jesús Mansilla, María Victoria Álvarez, Viviana Gisell Mena Gioveni, Julia Gabriela Vainstein, Sandra Fabiana Marozzini, María Alejandra Camisassa, Micaela Agostina Banegas y Luciana María Belén Almada.

En el caso de María Alejandra Camisassa, esposa de Jorge Enrique De Breuil, la inhibición fue levantada recientemente. Estas medidas patrimoniales no constituyen una condena: buscan preservar bienes ante un eventual decomiso y continúan sujetas a las decisiones judiciales que se adopten en cada caso. 

De tanto custodiar elecciones, actos partidarios y movilizaciones políticas, algunos policías retirados parecen haber terminado copiando las peores costumbres de quienes durante años debieron vigilar. Padrones incompletos, ventajas para el oficialismo, utilización de recursos institucionales, urnas trasladadas sin controles suficientes, escrutinios controvertidos y autoridades aferradas a sus cargos forman parte de una denuncia que sacude al Círculo de Retirados y Pensionados de la Policía de Entre Ríos.

Concordia merece un capítulo aparte. No solamente por el peso electoral de sus aproximadamente 700 afiliados, sino porque allí se habrían concentrado algunas de las maniobras denunciadas por la Lista 33, opositora a la conducción provincial.

La historia política concordiense conoce demasiado bien estos procedimientos. Hubo épocas en las que se hablaba del “fraude patriótico”, del vuelco de urnas y de aquellas mesas sin fiscales opositores donde aparecían resultados inverosímiles de 40 votos a 0. Prácticas tristes, pero célebres, que hicieron famosa a la ciudad por razones que nadie debería reivindicar.

Décadas después, las sospechas vuelven a sobrevolar un proceso electoral, esta vez dentro de una institución integrada por hombres y mujeres que durante su vida activa tuvieron la responsabilidad de hacer cumplir la ley.

Concordia, los avales y los créditos bajo sospecha

Uno de los primeros cuestionamientos comenzó con el padrón entregado a la oposición, que no contenía los domicilios de los afiliados. La ausencia de esa información dificultó especialmente el contacto con los retirados de las ciudades más grandes, como Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.

Mientras la conducción oficialista ya contaba con una estructura armada y conocimiento del territorio, la Lista 33 debió localizar por sus propios medios a los afiliados para conseguir los avales necesarios. Finalmente reunió alrededor de 1.400 firmas, cuando necesitaba 800, pero denunció que la desigualdad condicionó desde el comienzo la competencia.

Según la presentación opositora, cuando sus representantes llegaron a Concordia encontraron que gran parte de los afiliados ya había firmado avales para la Lista 1, vinculada a la conducción oficialista.

También surgieron versiones sobre la entrega de créditos por montos cercanos al millón de pesos, con intereses muy bajos o incluso sin interés, que habrían facilitado la obtención de adhesiones. La acusación reconoce que no cuenta todavía con documentación suficiente para probar que esos préstamos hayan sido concedidos a cambio de avales o votos. Precisamente por eso, el movimiento de fondos, las fechas de otorgamiento y la nómina de beneficiarios deberían ser exhibidos y auditados.

No alcanza con negar las sospechas. Si los créditos fueron entregados regularmente, con criterios transparentes y sin condicionamientos electorales, la conducción tiene una oportunidad sencilla para demostrarlo: abrir los libros y publicar la información.

¿Qué recursos y qué intereses están en juego?

La permanencia prolongada de las mismas autoridades, las reelecciones sucesivas y el interés por conservar el control institucional despiertan una pregunta inevitable: ¿qué montos administra el Círculo y qué beneficios económicos, financieros o empresariales están vinculados con su conducción?

La curiosidad aumenta cuando se afirma que durante la campaña oficialista se utilizaron vehículos pertenecientes al Círculo y recursos económicos de la entidad, es decir, bienes sostenidos por el conjunto de los retirados y pensionados.

La oposición aseguró que los candidatos oficialistas recorrieron la provincia cinco o seis veces, mientras que la Lista 33 solamente pudo visitar una vez cada departamento. Si se utilizaron fondos comunes para beneficiar electoralmente a una agrupación, no se trataría simplemente de una ventaja política: sería una utilización indebida del patrimonio de todos los asociados.

También deberían conocerse los aportes, convenios y apoyos empresariales que recibe la institución. Una entidad que administra dinero de sus afiliados y mantiene relaciones comerciales debe rendir cuentas con mayor claridad todavía cuando sus autoridades buscan perpetuarse en los cargos.

Concordia, por su cantidad de afiliados y por las denuncias formuladas, necesita una explicación propia, detallada y documentada.

Una urna bajo el brazo y una elección repetida en Victoria

Victoria aportó una postal impropia de cualquier elección seria. En la votación del 26 de agosto participaron 153 afiliados. En el plano local, la Lista 33 obtuvo 136 votos y la oficialista solamente 17. Para la conducción provincial, la oposición reunió 85 votos contra 68.

Terminada la elección, la urna fue retirada por el presidente de mesa, quien se la llevó bajo el brazo y la trasladó sin acompañamiento de fiscales opositores ni un mecanismo de resguardo que garantizara su inviolabilidad. Permaneció fuera del control de la oposición hasta el escrutinio definitivo realizado en Paraná.

Cuando finalmente se abrió, apareció un acta en la que el número 136 parecía transformado en 186, cifra incompatible con los 153 votantes registrados. Dentro de la urna también se encontraron votos opositores sueltos y una cantidad que no coincidía con el resultado asentado.

Ante semejante desorden, la votación de Victoria fue anulada y debió realizarse nuevamente. En la segunda elección volvió a imponerse la oposición en la filial local, aunque su candidato provincial no logró revertir el resultado general.

Más allá de quién ganó, el episodio resulta alarmante: retirados de una fuerza que conoce perfectamente la importancia de preservar pruebas, documentos y elementos bajo custodia terminaron protagonizando una elección en la que ni siquiera pudieron garantizar adecuadamente el resguardo de una urna.

Impugnaciones en La Paz y Villaguay

Las objeciones también alcanzaron a La Paz y Villaguay. La Lista 33 sostuvo que se permitió competir por un tercer mandato consecutivo a conducciones que ya habían completado dos períodos de cuatro años.

El juez electoral interpretó que la limitación alcanzaba únicamente a la Comisión Directiva Central. La oposición, en cambio, invocó el artículo 36 del estatuto, que establece para las filiales la misma duración de mandato que para la conducción provincial.

En La Paz, la Lista 1 se impuso por 102 votos contra 99, una diferencia mínima que podría resultar decisiva en el cómputo provincial. En Villaguay ganó la oposición, aunque también se cuestionó la aparición de 45 votantes que nunca antes habían participado y que, según la denuncia, no pertenecerían a la zona.

Una institución que debe dar explicaciones

La Lista 33 presentó denuncias ante la Justicia y la Dirección de Personas Jurídicas y solicitó la anulación completa de los comicios. Ahora serán esos organismos los que deberán determinar si existió fraude electoral, incumplimiento del estatuto o utilización irregular de recursos institucionales.

Pero aun antes de una resolución formal, la conducción tiene una responsabilidad política y ética: explicar cómo se confeccionó el padrón, quién autorizó el uso de los vehículos, cuánto dinero se destinó a la campaña, qué créditos se entregaron durante el período electoral, quiénes fueron sus beneficiarios y qué aportes empresariales recibió la institución.

Los policías retirados conocen mejor que nadie que una sospecha no equivale a una condena. También saben que cuando existen indicios, contradicciones y documentación cuestionada, corresponde investigar.

Después de tantos años custodiando elecciones ajenas, deberían poder organizar las propias sin padrones incompletos, urnas errantes, privilegios económicos ni reelecciones discutidas. Si terminaron copiando las peores mañas de la política, será necesario que las autoridades de control actúen para que el Círculo no se transforme en aquello que sus integrantes juraron combatir durante toda una vida.

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer) es organizado por el Gobierno provincial a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), en conjunto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (Araer). Colell es una de las voces más destacadas del cine de autor español. Su ópera prima, Con el viento (2018), se estrenó en la Berlinale y recibió la Biznaga de Plata a Mejor Película Española en el Festival de Málaga. Con Dúo (2023) volvió a ser reconocida en Málaga, esta vez con el premio a Mejor Dirección. Su nueva película, que se podrá ver en el Ficer, llega con un enorme recorrido y ya tuvo su estreno mundial en el Festival de Locarno, donde recibió el Premio Fipresci de la crítica internacional.Merixtell Colell Aparicio nació en Barcelona en 1983. Es una destacada directora de cine, guionista, montadora y docente española. Forma parte de una renombrada generación de cineastas catalanas contemporáneas que han logrado una amplia proyección internacional. Su estilo cinematográfico se caracteriza por una mirada íntima y una profunda exploración del territorio, la memoria, los vínculos afectivos y el exilio.

La actividad tiene como finalidad seleccionar a las voces solistas para la cuarta edición del Concierto Música por la Paz, en el cual se interpretarán las obras Misa Criolla y Navidad Nuestra de Ariel Ramírez junto a un coro y ensamble folclórico.Para la jornada de evaluación se establecieron como movimientos obligatorios las piezas Kyrie y Gloria de la obra Misa Criolla, sumadas a La Huida y Los Pastores pertenecientes a Navidad Nuestra. La convocatoria busca renovar los roles centrales de la presentación, previa a una posterior convocatoria que el organismo educativo realizará para sumar nuevos coreutas al proyecto.El Concierto Música por la Paz se estrenó en diciembre de 2023 en la Catedral Metropolitana de Paraná y se replicó en ese mismo espacio durante 2024 y 2025 mediante un trabajo articulado con el Arzobispado de Paraná. Para esta cuarta entrega la organización plantea un formato itinerante con funciones programadas en hospitales y parroquias de la capital provincial, estableciendo su función central para el domingo 20 de diciembre. La propuesta está orientada a transmitir un mensaje vinculado al deseo de paz de las culturas más allá de los credos religiosos y  cuenta con la dirección general de Miguel Otti Gómez y la dirección artística de Nicolás Faes Micheloud, junto a la participación de músicos, docentes, coreutas, estudiantes y público no vinculado a la institución.

La iniciativa se llevará a cabo los días jueves 1 y viernes 2 de octubre, en el Centro Cultural. «Un espacio pensado para compartir historias, descubrir nuevos mundos y disfrutar de la lectura en comunidad», expresaron desde el gobierno local.«Una hermosa oportunidad para acercarte a los libros, encontrarte con autores y vivir la magia de la palabra escrita», resaltaron. 

La celebración comenzó con la tradicional novena, un tiempo de preparación y oración durante el cual distintos sacerdotes de la diócesis visitaron la comunidad y presidieron las misas diarias, renovando la fe y el espíritu cristiano en los días previos a la solemnidad. La jornada patronal tuvo como momento central la misa, presidida por el párroco, padre Hugo Grimaux, quien estuvo acompañado en el altar por el sacerdote Aníbal Aguilera, párroco de Santa Teresita de San Salvador, y el presbítero Elías Benitti, párroco del Sagrado Corazón de Ubajay.Luego, las calles de Villa Elisa se llenaron de cantos y alabanzas durante la tradicional procesión. La columna partió desde el parque San Jorge y avanzó hasta la explanada del templo, acompañando la imagen de la Virgen Niña.Los Bomberos Voluntarios tuvieron a su cargo llevar en andas y escoltar la imagen de la patrona de la ciudad durante todo el recorrido. Al finalizar la procesión, la comunidad se reunió frente al templo para compartir el tradicional tablado popular. En un ambiente de alegría y fraternidad, las familias disfrutaron de distintas propuestas de música y danza a cargo de artistas de la zona. 

En el marco de la Resolución CFE Nº 515/26, correspondiente al Plan Plurianual de Evaluación Educativa 2026-2030, el operativo Aprender Censal de 3° grado 2026 se realizará los días 17 y 18 de noviembre.La instancia estará destinada a estudiantes de tercer grado de nivel primario y alcanzará a la totalidad de las escuelas primarias de la jurisdicción. La evaluación estará focalizada en los conocimientos y habilidades vinculados a Lengua y Matemática.Actualmente, la Coordinación de Evaluación e Investigación Educativa del Consejo General de Educación (CGE) trabaja en la logística del operativo y mantiene comunicación con las Direcciones Departamentales de Escuelas, supervisores y equipos directivos para coordinar las acciones correspondientes.Los operativos censales constituyen una herramienta fundamental del Sistema de Evaluación Nacional, ya que permiten generar evidencia diagnóstica sobre los aprendizajes y las condiciones en las que se enseña y aprende. Esta información contribuye a fortalecer la reflexión pedagógica y la toma de decisiones orientadas a garantizar el derecho a la educación y la equidad educativa. 

 En el marco de la planificación de obras de infraestructura escolar, se realizó la apertura de sobres para la ejecución de trabajos de reparación y mejora de la accesibilidad en la escuela de educación integral N° 14 María Montessori, ubicada en la intersección de las calles Mariano Moreno y Lisandro de la Torre, de la ciudad de Santa Elena, departamento La Paz. La intervención tiene como objetivo mejorar las condiciones edilicias, de seguridad, accesibilidad y funcionamiento de distintos sectores del establecimiento. El proyecto contempla la refuncionalización del grupo sanitario, además del cambio de tableros eléctricos y cableado. También se realizarán reparaciones en aberturas, solados y zócalos, se reubicará la bomba del tanque cisterna y se reacondicionará el sanitario del nivel inicial, que actualmente se encuentra en desuso. En total, se intervendrán 49 metros cuadrados del establecimiento.La necesidad de la intervención fue detectada a partir de un relevamiento realizado por el equipo zonal departamental de Arquitectura, que identificó distintas patologías edilicias vinculadas al paso del tiempo, principalmente en las instalaciones eléctricas y sanitarias. La obra cuenta con un presupuesto oficial de 94 millones de pesos y un plazo de ejecución de 180 días corridos."Cada obra que se lleva adelante en establecimientos educativos representa una mejora concreta para quienes los habitan todos los días. En este caso, el proyecto busca que la comunidad de la Escuela María Montessori cuente con una institución más accesible, segura y preparada para acompañar las trayectorias de sus estudiantes", sostuvo el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob. En ese sentido, remarcó que "invertir en infraestructura educativa es también fortalecer la igualdad de oportunidades y hacer posible que cada chico pueda transitar su aprendizaje en un entorno que acompañe su crecimiento".Durante el acto administrativo de apertura de sobres se presentaron tres firmas oferentes: COVI S.A.S.; Fiore Martín Miguel (El Trébol construcciones) y El Súper de la Construcción S.R.L.Participaron también la directora de Arquitectura y Construcciones, Claudia Benavento; el director de la Unidad de Proyectos Generales, Diego Romero; la jefa del Departamento de Asesoría Legal de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, Soledad Vidoz; la Senadora, Patricia Teresa Díaz y el coordinador de Departamentales de escuelas del CGE, Sebastián Benedetti. 

La reunión mensual fue encabezada por el presidente del Emturer, Jorge Satto, y contó con la participación de la vicepresidenta, Marcela Santamaria, y del secretario Ejecutivo, Sebastián Bel, junto a representantes de organismos públicos, cámaras empresarias, trabajadores, universidades y organizaciones que integran el directorio.Uno de los principales temas abordados fue el acompañamiento técnico de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación. En ese marco, la coordinadora de Desarrollo de Gestión, Paula Durán, repasó programas y líneas de trabajo vinculados al desarrollo e integración de la Región de Salto Grande y al fortalecimiento de productos y servicios turísticos mediante herramientas de financiamiento.También se analizaron iniciativas que involucran directamente a los municipios, como la implementación de la herramienta STAR de ONU Turismo, que alcanza a 26 localidades entrerrianas; el programa Best Tourism Villages; el desarrollo del turismo rodantero y el relevamiento para una matriz nacional de Turismo Rural.

La agenda incluyó además turismo de naturaleza, pesca adaptada, el proyecto Caminos de Belgrano, enoturismo y turismo religioso.En materia de promoción, el directorio recibió un informe sobre la participación de Entre Ríos en la Feria Internacional Turismo 360 de Montevideo y conoció los avances para la presencia provincial en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026, que se realizará del 26 al 29 de septiembre en Buenos Aires. También se abordó la invitación del Inprotur para participar en Buy Asunción y Fitpar 2026.El encuentro incluyó, finalmente, el tratamiento de las acciones de comunicación vinculadas al fenómeno climático de El Niño, en continuidad con las medidas anunciadas por el Gobierno provincial y orientadas a mitigar su posible impacto en la actividad turística y promover alternativas en los distintos destinos entrerrianos."Estamos consolidando el Emturer mediante una institucionalización cada vez más sólida. El trabajo conjunto entre el sector público y privado, articulado con Nación y los municipios, es el camino para una planificación turística con una mirada integral de la provincia", señaló Satto.

En la misma línea, Bel destacó el entramado de gestión que se viene construyendo y el valor del acompañamiento técnico nacional para fortalecer a los municipios y acompañarlos en sus procesos de desarrollo turístico. 

También acordaron avanzar en un plan de trabajo conjunto para mejorar la respuesta ante emergencias, agilizar el acceso a los recursos y fortalecer el financiamiento del sistema.El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este miércoles una reunión de trabajo con autoridades de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, con el objetivo de analizar el funcionamiento del sistema y avanzar en acciones que permitan fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en la provincia.Durante el encuentro se destacó que, a partir de la actual gestión provincial, comenzó a implementarse la Ley 11.116, que contempla aportes destinados al sistema de bomberos voluntarios y la cobertura de obra social para sus integrantes. Se trata de una normativa que, pese a estar vigente desde hace años, no había tenido una implementación efectiva en la provincia.

En ese marco, el Gobierno provincial asumió el compromiso de mejorar el circuito administrativo de los recursos previstos por la ley para acortar los tiempos de tramitación y dar mayor previsibilidad a los cuarteles. Actualmente, el proceso atraviesa distintas instancias administrativas y de control, por lo que durante la reunión se planteó analizar alternativas que permitan reducir esos plazos.Asimismo, se acordó avanzar en una mayor articulación entre Nación, provincia y municipios para fortalecer el funcionamiento de los cuarteles. “Como en tantos otros temas, tenemos que ordenar responsabilidades y definir con claridad qué puede aportar cada nivel del Estado”, sostuvo Frigerio. En ese sentido, se analizarán las experiencias de Santa Fe, Córdoba y Corrientes.Entre los temas abordados estuvo además la necesidad de mejorar y diversificar las fuentes de financiamiento del sistema, tanto a través de los recursos provenientes de Nación como mediante alternativas que puedan instrumentarse desde la provincia y los municipios. También se acordó analizar las herramientas previstas en la Ley nacional 27.629 de Bomberos Voluntarios.Otro de los ejes centrales fue la preparación ante los eventos climáticos que puedan afectar a Entre Ríos. En ese sentido, la provincia y los bomberos voluntarios acordaron trabajar en un plan coordinado para afrontar las contingencias que pueda generar el fenómeno de El Niño, revisar capacidades y necesidades y gestionar los recursos necesarios para fortalecer la respuesta ante emergencias.Al finalizar el encuentro, el presidente de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, Ariel Molina, valoró la predisposición del gobernador y destacó la posibilidad de avanzar en una agenda conjunta. “Necesitábamos y era urgente esta reunión. La charla que tuvimos con el gobernador fue positiva, porque se comprometió a trabajar para mejorar los tiempos de llegada de los recursos y también se habló de un trabajo en conjunto para fortalecer aún más el sistema en lo económico, de parte de la provincia, para no ser tan dependientes de lo que mande Nación y tener un sistema más autónomo acá”, explicó.Por su parte, el presidente de Bomberos Voluntarios de Gualeguay, Juan Godino, destacó el respaldo institucional y la posibilidad de fortalecer la planificación conjunta. “Fue una reunión altamente positiva, porque se logró que varios puntos se lleguen a concretar y ver para el futuro, ante una emergencia hídrica como la que está anunciada, de poder trabajar en conjunto, saber a lo que nos vamos a enfrentar y tener el respaldo que ha prometido el gobernador. Seguimos trabajando continuamente con el mismo fin que es mejorar el sistema bomberil”, remarcó.Del encuentro participaron además el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; los ministros de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, y de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; y el director de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Jesús Korell.

La Unidad Penal N.º 9 “El Potrero” de Gualeguaychú aparece como el posible destino de Sergio Urribarri, Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, quienes actualmente permanecen detenidos en Paraná.

El Servicio Penitenciario propuso trasladarlos a ese establecimiento por considerar que ofrece mejores condiciones de alojamiento y seguridad. Sin embargo, la medida todavía no fue autorizada y deberá ser resuelta por la Justicia.

“El Potrero” está ubicado en una zona rural, comenzó a funcionar en 2015 y actualmente aloja a 633 personas. El complejo posee varios pabellones, espacios educativos, talleres laborales, sectores recreativos y un sistema de seguridad compuesto por cercos perimetrales y puestos elevados de vigilancia.

El espacio sugerido para recibir a los tres exfuncionarios funciona en un antiguo hospital modular construido durante la pandemia. Como el edificio había quedado sin utilización, fue transformado en un pabellón para personas mayores de 60 años o con problemas de salud.

El sector posee 17 habitaciones, de las cuales 14 se encuentran ocupadas. Por lo tanto, quedarían tres plazas disponibles.

Las habitaciones tienen cámaras internas y externas, pero no cuentan con baños privados. Los ocupantes utilizan dos sanitarios colectivos.

El pabellón dispone de cocina, comedor, pasillo interno y salida a un patio. Ese espacio al aire libre permanece abierto entre las 7 y las 19. Durante la noche continúa habilitada la circulación por las áreas comunes interiores.

Las puertas de las habitaciones son individuales, aunque no poseen candados ni cerrojos. Quienes sean alojados allí deberán convivir con los actuales ocupantes del pabellón, sin una separación exclusiva.

Otra característica es su cercanía con el área médica, lo que permite un seguimiento más directo de las personas mayores o con determinadas afecciones de salud.

Los pabellones de la Unidad Penal N.º 9 no poseen calefacción central. El establecimiento entrega mantas y permite el ingreso de una estufa por habitación.

Durante el verano se autoriza la utilización de ventiladores.

El menú habitual incluye pastas con estofado, milanesas de pollo o carne, hamburguesas, pizzas y sopas.

Las personas que presentan problemas gastrointestinales u otras enfermedades acreditadas pueden recibir una alimentación especial de acuerdo con las indicaciones médicas.

Los medicamentos deben ser revisados y autorizados por el servicio sanitario. Pueden ser entregados por la institución o ingresados por familiares después del control correspondiente.

La cárcel cuenta con un salón general de visitas ubicado cerca del ingreso. Los días y horarios se organizan según los diferentes pabellones.

Por encontrarse alejada del centro de Gualeguaychú y debido a que muchos internos son oriundos de otras localidades, las visitas pueden tener una mayor flexibilidad horaria.

Habitualmente duran entre dos y cuatro horas, aunque pueden extenderse cuando los familiares recorren largas distancias para llegar al establecimiento.

Las personas que ingresan no pueden llevar teléfonos celulares ni alimentos crudos. La comida debe estar cocida y toda medicación queda sometida al control del personal sanitario.

Algunos pabellones poseen televisores comunitarios y determinadas habitaciones cuentan con equipos individuales. No están permitidos los televisores inteligentes ni otros dispositivos con acceso a Internet.

Los internos que estudian pueden utilizar computadoras en lugares y horarios determinados. Las notebooks se habilitan únicamente con fines educativos y sin conexión a la red.

La Unidad Penal N.º 9 ofrece educación primaria y secundaria, bibliotecas y talleres de carpintería, herrería y otros oficios.

También se desarrollan actividades culturales con la participación de grupos teatrales y organizaciones externas. A esto se suma el acompañamiento de la Pastoral Penitenciaria.

En la parte posterior del predio funciona un sector deportivo con cancha de fútbol, elementos de gimnasia y espacios que ocasionalmente se adaptan para la práctica del básquet.

La cárcel también cuenta con un equipo de rugby relacionado con la organización Los Espartanos, que participa en actividades y competencias fuera del establecimiento.

“El Potrero” posee varios cercos perimetrales y puestos elevados de vigilancia. Desde su apertura, en 2015, se registraron pocos intentos de fuga y, en esos casos, las personas fueron recapturadas durante los operativos de seguridad.

Por sus características edilicias, su ubicación y la existencia del pabellón para mayores de 60 años, el Servicio Penitenciario considera que esta unidad reúne mejores condiciones para alojar a Urribarri, Báez y Aguilera.

La decisión final, de todos modos, continúa pendiente y deberá ser adoptada por la autoridad judicial correspondiente.

Entre las coberturas analizadas se encuentran los concursos orientados a fortalecer el Ministerio Público de la Defensa y Fiscal -incluyendo fiscalía anticorrupción, defensorías penales, multifueros y de niños, niñas y adolescentes (NNA)-, así como magistraturas para vocalías de Tribunal de Juicios y Apelaciones y vocalía de Cámara de Casación Penal; las cuales son para distintas jurisdicciones de la provincia.

Al respecto, el presidente del organismo, Mauro Vazón, destacó el ritmo de trabajo institucional: "Estamos dando una dinámica constante al tratamiento de los trámites concursales vigentes. Además, nos encontramos fijando las próximas fechas de exámenes de oposición en los concursos ya convocados".

Por otra parte, el pleno del Consejo dedicó parte de la sesión a debatir el proyecto de reforma del Reglamento General del organismo, una iniciativa central para la gestión actual.

En este sentido, Vazón sostuvo que el proyecto de reforma "tiene como objetivo amoldarse a la nueva ley 11.227.

Es la primera reforma integral del reglamento. En él recibimos nuevas tecnologías digitales, simplificamos pasos dentro del procedimiento y buscamos optimizarlo a fin de agilizar la tramitación de los concursos". 

El conjunto provincial dio vuelta el marcador en los últimos cuatro minutos de juego tras un ajustado desarrollo. Con este resultado el equipo entrerriano pisa fuerte en la instancia decisiva del certamen, en una zona que comparte junto a San Juan, Mendoza y San Rafael en busca del pase a la definición por el podio nacional.

Destacada actuación y próximo compromiso 

Goleadora del torneo: La jugadora entrerriana Catalina Goñe sobresale en la tabla general de goleo con 37 tantos en tres presentaciones (promedio de 12,33 goles por partido). 

Próximo encuentro: hoy jueves 10 de septiembre a las 13:00 hs frente a San Rafael, en el Estadio Aldo Cantoni.

La Justicia paraguaya avanzará con una pericia informática sobre los dispositivos electrónicos secuestrados al exsenador entrerriano Edgardo Kueider, su pareja Iara Guinsel y otras personas relacionadas con las operaciones comerciales que se encuentran bajo investigación.El procedimiento fue fijado para el próximo 18 de septiembre, a las 9, y tendrá como objetivo recuperar conversaciones, llamadas, fotografías, videos, audios y archivos enviados o eliminados entre enero de 2024 y diciembre de 2025.

Las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdez intentan determinar las conexiones existentes entre Kueider, Guinsel y cuatro empresarios paraguayos que podrían haber intervenido en diferentes negocios inmobiliarios.

Quiénes aparecen vinculadosLos nombres bajo análisis son Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat, titulares de la firma Golsur, empresa sobre la cual Guinsel tenía un poder amplio de administración.Ambos están imputados junto con Kueider y Guinsel en la investigación por presunto lavado de activos. La Fiscalía sospecha que Golsur habría funcionado como una estructura destinada a recibir y administrar fondos cuya verdadera propiedad se intentaba ocultar.La pareja del exsenador había declarado que los más de US$200.000 encontrados en su poder al ser interceptados en diciembre de 2024 pertenecían a esa empresa. Para los investigadores, Torales Benegas y Cousirat podrían haber actuado como socios o intermediarios de Kueider y Guinsel. Esa presunta relación todavía debe ser acreditada judicialmente.También serán analizadas las comunicaciones con Carlos Alberto Guasti Cabañas, empresario inmobiliario y principal accionista del Grupo Petra. Guasti declaró que Guinsel había intentado comprar en efectivo cinco departamentos, valuados en aproximadamente US$600.000, para colocarlos a nombre de Kueider.Según su testimonio, la operación no se concretó porque no se presentó la documentación necesaria para justificar el origen del dinero. El caso fue comunicado a los organismos paraguayos encargados de prevenir el lavado de activos.

El sexto nombre es Antonio Azouz Baladí, gerente general de la desarrolladora Innova. Esa empresa había acordado comercializar departamentos con Desarrolladora Exclusiva PY, otra sociedad integrada por Torales Benegas y Cousirat.La investigación indica que Guinsel habría adquirido seis departamentos con sus respectivas cocheras por unos US$460.000. Los pagos se efectuaron en cuotas durante junio y julio de 2024, pero la operación fue cancelada en septiembre y el dinero terminó reintegrado.

Teléfonos y computadoras bajo análisisLos investigadores examinarán los dispositivos incautados durante el allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025 en el dúplex de Asunción donde Kueider y Guinsel cumplían arresto domiciliario.Entre los elementos secuestrados se encuentran cinco teléfonos celulares, un iPad, una computadora portátil y un pendrive. También serán peritados equipos retirados de los domicilios de Cousirat y Torales Benegas, entre ellos computadoras, celulares, memorias externas y un disco rígido.La búsqueda abarcará llamadas, mensajes de texto, WhatsApp, Instagram y otras aplicaciones de comunicación. La Fiscalía pretende establecer si existieron acuerdos, instrucciones o movimientos coordinados vinculados con las inversiones inmobiliarias investigadas.Kueider y Guinsel fueron imputados en Paraguay por presunto lavado de activos y también recibieron una condena por tentativa de contrabando. Tras el allanamiento, debieron abandonar el inmueble de Asunción porque se les rescindió anticipadamente el contrato de alquiler y se mudaron a Luque.

La pericia será determinante para establecer qué relación mantenían con los empresarios investigados y si las operaciones inmobiliarias formaban parte de una estructura organizada para introducir fondos de presunto origen ilícito en el sistema económico paraguayo. (Información con datos de Infobae)