El Cr. Álvaro Sierra, presidente de Compromiso por Concordia, junto a la Lic. Silvia Dri, el Cr. Guido Longo  y el abogado Pablo Lapiduz, se reunieron con Walter Kleinmann, integrante de la comisión directiva de CASCO, para informar a la institución de los proyectos de ordenanza que elaboraron.“Fue un encuentro muy importante en términos institucionales porque nos permitió presentarnos formalmente como nuevo espacio político de la ciudad, y darles detalles de los proyectos que hemos elaborado, muchos de los cuales ya fueron presentados en el Concejo Deliberante y estamos aguardando que sean tratados por los concejales”, expresaron desde Compromiso por Concordia.Por su parte, el Cr. Álvaro Sierra señaló que, si bien la realidad local está atada a la macroeconomía nacional, “existen acciones y medidas concretas que se pueden y se deben implementar a nivel municipal para apoyar y sostener al comercio, que es uno de los principales motores de nuestra economía diaria”.Por ello, “les informamos de los distintos proyectos que ya presentamos en el Municipio, que tienen que ver con aspectos instituciones y de gestión, y les adelantamos dos nuevos proyectos que elaboramos, y que son de interés específico de la actividad comercial porque uno de ellos está referido al impacto de la tasa comercial”, sostuvo.

Foco en las tasas municipalesDurante la reunión se analizó el impacto real que las tasas locales tienen sobre la actividad comercial. Sierra explicó que el equipo técnico del partido —conformado por contadores, economistas y abogados— se encuentra puliendo los últimos detalles de estos dos proyectos específicos.“Les brindamos precisiones sobre el trabajo que se elaboró y además escuchamos la problemática que ellos ven, las necesidades del sector y las soluciones que plantean. Esto enriquecerá las propuestas que pronto presentaremos al Concejo Deliberante”, adelantó Sierra.

Diálogo con el sector gremialEn el marco de esta misma ronda de consultas convocada por el partido, días atrás referentes del partido se reunieron con Juan José Simonetti, Secretario General del Centro de Empleados de Comercio de Concordia (CEC). “Tener la mirada de los distintos sectores es fundamental a la hora de elaborar proyectos para la ciudad. Porque hace que las propuestas sean más sólidas, reflejando los diferentes intereses y problemáticas, cuidando a todos los actores de la actividad económica con el objetivo de mejorar la situación de Concordia, asumiendo cada uno el compromiso que le corresponde desde el rol institucional que ocupa”, valoró Sierra.

En este sentido, desde Compromiso por Concordia adelantaron que continuarán manteniendo reuniones institucionales con diferentes sectores, para interiorizarlos de los proyectos que el espacio está formulando, como así también recabar propuestas que cada institución considere pertinente.

Tras concluir la ronda de consultas en las comisiones de Presupuesto y de Asuntos Constitucionales, el oficialismo avanzó con la firma del dictamen de mayoría para la reforma del sistema jubilatorio. El senador Gustavo Vergara, presidente de la comisión, confirmó que el proyecto del Ejecutivo recibió ocho modificaciones de último momento para atender reclamos técnicos y observaciones de la Fiscalía de Estado.

El proyecto oficialista: emergencia y nuevos aportesEl dictamen de mayoría establece una emergencia previsional por dos años, prorrogable por otros dos. Entre los cambios más significativos, se incluyó un aporte solidario del 3% para los activos que perciban haberes superiores a los 3 millones de pesos, además de una contribución patronal adicional del 3% para sostener el déficit de la Caja.En cuanto a la edad jubilatoria, el oficialismo consensuó fijarla en 65 años para varones y 60 años para mujeres. Respecto al cálculo del haber inicial, se computarán los últimos 15 años de servicio en lugar de los 10 previstos originalmente. “La idea es no dilatar más y avanzar cuanto antes”, aseguró Vergara.La postura del PJ: Rechazo a la emergencia y propuesta alternativaPor su parte, el bloque del PJ, representado por el senador Juan Pablo Cosso, presentó un dictamen propio que busca la sustentabilidad sin declarar la emergencia, a la que calificó de “contradictoria” en un proyecto de reforma estructural.La propuesta del peronismo se centra en proteger los derechos adquiridos, aplicando los cambios solo a quienes ingresen al Estado a futuro.

Entre sus puntos destacados figuran:Fondo Entrerriano de Sostenibilidad Previsional: Inspirado en propuestas de la Multisectorial, se financiaría con aportes de la planta política, el 10% de la utilidad del juego online y multas a vehículos mal radicados.Regímenes Especiales: Para los docentes, el PJ propone elevar la edad a 59 años para varones y 57 para mujeres (cinco años más que el régimen actual).Movilidad: Sugieren una fórmula basada en un 50% por IPC y un 50% por la paritaria del gremio mayoritario. (APFDigital)

Al término de la reunión, el director administrador de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, precisó que dialogaron sobre cómo están desarrollándose las obras y avanzando con el inicio del Grupo 2 de bacheo, “que se encuentra en sus etapas iniciales”, señaló.

En ese sentido, informó que ya concluyeron las tareas de bacheo sobre la ruta provincial 4, en el tramo comprendido entre la ruta nacional 14 y Los Charrúas, donde queda realizar la demarcación. Además, indicó que actualmente están trabajando en la ruta provincial 22, que son más de 90 kilómetros entre Concordia y Federal.

Precisó que se está trabajando sobre las rutas 28, 38, 23, en el acceso a Puerto Yeruá, y que algunas intervenciones “incluyen la reparación de obras de arte y abarcan en total alrededor de 220 kilómetros”, detalló Donda, quien remarcó que “el grupo de bacheo viene trabajando a buen ritmo”. Asimismo, señaló que analizaron los proyectos en los que trabajan con financiamiento internacional y los que desarrolla el organismo.Del encuentro que se realizó en el Salón de los Gobernadores en Casa de Gobierno, participaron la vicegobernadora Alicia Aluani; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; ministros y secretarios del gabinete provincial.

También formó parte de la agenda el tema Salud, donde se dialogó sobre los exámenes para residentes para ocupar vacantes que se implementó recientemente.

Finalmente, el funcionario destacó el mensaje transmitido por el mandatario provincial al gabinete. “Nos pidió que sigamos trabajando con mucho compromiso y transparencia para llevar adelante las obras que necesitan los entrerrianos”, concluyó.

La designación representa un importante reconocimiento a una de las economistas argentinas de mayor prestigio en el escenario internacional. Tenreyro cuenta con una destacada trayectoria académica y profesional, que incluye su participación como integrante del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra entre 2017 y 2023, además de haber recibido una distinción otorgada por la Corona británica por sus servicios a la economía.La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, destacó el perfil de la economista argentina al anunciar su incorporación.“Silvana es una economista de reconocido prestigio internacional que combina una destacada trayectoria académica con una amplia experiencia en la formulación de políticas y una estrecha colaboración con las principales instituciones internacionales. En un momento de profunda transformación y creciente incertidumbre en la economía global, la combinación de liderazgo intelectual y experiencia en políticas de Silvana contribuirá a garantizar que el trabajo analítico del Fondo, así como su labor de supervisión multilateral y asesoramiento en materia de políticas, se mantengan a la vanguardia en apoyo de nuestros miembros”, expresó Georgieva.“Silvana se destaca como una líder y comunicadora excepcional. Se la admira por su estilo de liderazgo reflexivo y colaborativo, su apertura a diversas perspectivas y su capacidad para generar consenso, a la vez que fomenta un debate riguroso. También es conocida por su habilidad para comunicar cuestiones económicas complejas con claridad y precisión”, sostuvo.

Una carrera de prestigio internacionalHasta su nombramiento, Tenreyro se desempeñaba como profesora de Economía en la London School of Economics (LSE). Su producción académica fue publicada en algunas de las revistas científicas más prestigiosas del mundo y recibió importantes reconocimientos internacionales, entre ellos el Premio Yrjö Jahnsson, el Premio Bernhard Harms y el Premio Birgit Grodal. Además, integra la Academia Británica, la Sociedad Econométrica, la Real Sociedad Económica y es miembro honoraria extranjera de la Asociación Económica Americana. También presidió la Asociación Económica Europea. Su experiencia profesional incluye trabajos en el Banco de la Reserva Federal de Boston, el Comité de Política Monetaria del Banco de Mauricio y el propio FMI, donde hasta ahora integraba el Grupo Asesor Externo de la Dirección Gerente.

Formación argentina y proyección globalSilvana Tenreyro nació en Argentina y posee nacionalidad argentina, británica e italiana. Se graduó como economista en la Universidad Nacional de Tucumán y posteriormente obtuvo una maestría y un doctorado en Economía en la Universidad de Harvard.A lo largo de su carrera desarrolló investigaciones de referencia en política monetaria, mercados laborales, comercio internacional y estabilidad macroeconómica. Sus trabajos ayudaron a explicar cómo las decisiones de los bancos centrales impactan sobre el empleo, los salarios y la producción, además de demostrar cómo la apertura comercial y el desarrollo tecnológico contribuyen a reducir la volatilidad económica de los países.Durante su paso por el Banco de Inglaterra le tocó afrontar algunos de los mayores desafíos económicos de las últimas décadas, como el Brexit y la pandemia de COVID-19, experiencias que fortalecieron su perfil como especialista en política monetaria y estabilidad financiera.

Un reconocimiento del Reino UnidoEn 2024, Tenreyro fue distinguida por el gobierno británico con una condecoración por sus aportes a la economía. A diferencia de otros galardonados, su nombre integró la lista de honores propuesta por el Primer Ministro británico, reservada para personas residentes en el Reino Unido que realizaron contribuciones sobresalientes en distintos ámbitos. En una entrevista concedida entonces, la economista contó que, fuera de su actividad profesional, disfruta de compartir tiempo con su familia, leer, caminar y acompañar la carrera deportiva de sus hijos: uno integra las divisiones juveniles del club italiano Lecce y el otro busca desarrollarse como tenista profesional. Con su incorporación al FMI, Silvana Tenreyro pasará a ocupar uno de los cargos de mayor influencia en la elaboración de las perspectivas económicas mundiales y en el asesoramiento de políticas para los 191 países miembros del organismo, consolidando una trayectoria que la ubica entre las economistas más influyentes del mundo.

El Consejo General de Educación (CGE) oficializó el regreso de Santiago Laumann a la estructura del organismo provincial, esta vez como subdirector de Educación Superior, un área estratégica vinculada a la planificación y coordinación de la formación terciaria y universitaria en la provincia, publicó Entre Ríos Ahora.

Laumann había integrado originalmente el directorio político del CGE junto a Elsa Chapuis y Carla Duré, acompañando la gestión encabezada por Alicia Fregonese. Sin embargo, dejó su cargo de vocal en mayo pasado, en medio de una reestructuración interna que se produjo tras la llegada de Carlos Fabricio Cuenca a la presidencia del organismo.

Luego de esa renovación, los lugares vacantes fueron ocupados por Damián Schmidt y Mónica Masetto, cuyos pliegos fueron elevados posteriormente para el tratamiento legislativo correspondiente.Ahora, el dirigente vuelve a la estructura educativa provincial y quedará bajo la órbita de la Dirección de Educación Superior, encabezada por Verónica Villagra, quien asumió ese cargo durante febrero.

La Subdirección de Educación Superior permanecía sin conducción desde fines del año pasado, luego de la renuncia de Eugenio Medrano, que dejó el puesto en medio de cuestionamientos generados por un plan de reorganización y reducción de carreras en institutos de formación docente.Desde el punto de vista académico, Laumann posee formación en distintas áreas vinculadas a la gestión educativa. Es licenciado en Seguridad, cuenta con estudios de posgrado en Dirección y Gestión Universitaria, una maestría en Docencia Universitaria y una especialización vinculada a esa misma área.

Su regreso, sin embargo, también reactiva cuestionamientos que habían surgido durante el análisis de su nombramiento como vocal del CGE a comienzos de 2024.En aquel momento, organismos de Derechos Humanos habían presentado impugnaciones a su designación debido a expresiones y posiciones que consideraron incompatibles con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia impulsadas históricamente en el ámbito educativo.

Desde esos sectores señalaron entonces su preocupación por lo que definieron como una postura vinculada a discursos negacionistas respecto del terrorismo de Estado y advirtieron sobre el impacto que esas posiciones podrían tener dentro de un organismo encargado de definir políticas educativas provinciales.

Las críticas generaron un fuerte debate público y político durante el tratamiento legislativo de su pliego, aunque finalmente obtuvo el aval correspondiente y asumió como vocal.Con su designación en Educación Superior, Laumann vuelve a ocupar un espacio relevante dentro del sistema educativo provincial, en un contexto donde el área continúa atravesando procesos de reorganización y redefinición de su estructura académica e institucional. (APFDigital)

Los costos del transporte de cargas registraron en junio un incremento de 1,81%, el menor avance mensual de lo que va de 2026, de acuerdo con el Índice de Costos del Transporte (ICT) elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y Costos de FADEEAC. La desaceleración se produjo luego del fuerte impacto que tuvo el aumento del combustible en marzo y en un contexto en el que el esquema de referencia para los precios del gasoil moderó las variaciones durante los últimos meses.

El indicador, utilizado como referencia para la actualización de tarifas del transporte de cargas, mostró un crecimiento inferior al registrado en abril (2,42%) y mayo (1,91%). Sin embargo, el acumulado del primer semestre alcanzó 22,2%, por encima del 14% registrado en igual período del año pasado, mientras que la variación interanual llegó al 47%.Uno de los principales factores detrás de la desaceleración fue el comportamiento del combustible, uno de los componentes de mayor peso dentro de la estructura de costos del transporte. Durante junio registró una suba de apenas 0,55%, la menor del año, en el marco de la continuidad del esquema conocido como “buffer”, que mantiene congelado el precio de referencia del gasoil en el mercado local.No obstante, el alivio mensual no modifica la tendencia acumulada. Tras el fuerte incremento registrado en marzo, el gasoil acumula una suba cercana al 34% en lo que va de 2026, lo que continúa condicionando la rentabilidad de las empresas transportistas por el peso que este insumo tiene sobre la operación diaria.A ello se suma la decisión oficial de volver a postergar la actualización plena de los impuestos a los combustibles, mecanismo que comenzó en mayo de 2024 y que fue prorrogado nuevamente para julio de este año mediante los decretos 405/26 y 562/26.

El mayor impacto volvió a observarse en Peajes, que crecieron 3,09%, seguidos por Reparaciones (3,02%), Neumáticos (2,96%) y Personal, que avanzó 2,61% como consecuencia de la entrada en vigencia de la cuarta cuota del actual Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, que contempla incrementos salariales y asignaciones no remunerativas con actualizaciones mensuales entre marzo y agosto.También registraron incrementos Gastos Generales (2,06%), Costo Financiero (1,76%), Material Rodante (1,69%) y Seguros (1%), mientras que Lubricantes aumentó 4%, luego de variaciones más moderadas durante el primer trimestre. El único componente sin modificaciones fue Patentes y Tasas, cuyas actualizaciones tienen carácter anual.

La infraestructura continúa presionando sobre la operaciónDesde FADEEAC señalaron que el incremento del rubro Reparaciones también refleja el impacto que tiene el deterioro de la infraestructura vial sobre la actividad. El estado de rutas y caminos incrementa las necesidades de mantenimiento de las unidades y eleva los costos operativos de un sector que depende directamente de la red vial para desarrollar su actividad.En ese escenario, las empresas continúan enfrentando un contexto de costos elevados, al que se suman las dificultades derivadas del mantenimiento de la infraestructura y las diferencias en el nivel de actividad entre los distintos sectores de la economía.

Un escenario económico con demanda disparLa evolución del índice también refleja el comportamiento heterogéneo de la economía. Mientras actividades como el agro, la energía y la minería sostienen la demanda de servicios logísticos, otros segmentos, como la industria, el consumo y la inversión pública, muestran un desempeño más débil.Aunque junio marcó el menor incremento mensual del año, la estructura de costos del transporte continúa acumulando aumentos significativos. En ese contexto, la evolución del combustible, las futuras actualizaciones salariales y el estado de la infraestructura vial seguirán siendo variables clave para la competitividad y la planificación de las empresas del transporte de cargas. 

La medida fue formalizada mediante la Resolución 103/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, como parte de una serie de modificaciones en el sistema de registro de empresas de la actividad agroindustrial.Al explicar la decisión, desde el área dependiente del Ministerio de Economía se apoyaron en la falta de un marco legal específico para la actividad láctea, a diferencia de lo que ocurre con las cadenas de carnes y granos.Mientras que estos sectores cuentan con leyes que otorgan competencias de control y sanción a la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (DNCCA), el sector lácteo carece de una normativa que permita ejercer un poder sancionatorio real sobre los operadores.

En este sentido, explicaron que “la inscripción en el registro no se traducía en una herramienta de control sino en una carga burocrática para los operadores y su eliminación no implica resignar capacidad de fiscalización, sino adecuar los instrumentos a la normativa actual”.De esta forma, remarcaron que “se elimina un trámite que resultaba redundante para el sector privado y se optimiza el uso de los recursos del Estado, que ya no deberá destinar esfuerzos a la gestión y seguimiento de un registro sin posibilidad de ejercer el poder sancionatorio”.Además, el Gobierno destacó que la decisión “reduce cargas administrativas para los operadores y forma parte del proceso de simplificación y modernización de los registros vinculados a la actividad agroindustrial”.Al respecto, puntualizó que dicho proceso comenzó en 2024 con la unificación de registros, y continuó en 2025 con la eliminación del RUCA y la reorganización del registro de la cadena de granos en el SISA.

Al momento de la eliminación dispuesta, el rubro lácteos contaba con 468 operadores inscriptos. En el marco del proceso de simplificación, sus actividades registrables ya se habían reducido de 13 a 2. Agencia NA 

Las transferencias no automáticas que el Gobierno nacional giró a las provincias durante junio alcanzaron los 48.300 millones de pesos, lo que representa una caída real interanual del 87,7%, el peor registro para un mes de junio desde, al menos, 2005, según un informe elaborado por Politikon Chaco en base a datos del Presupuesto Abierto y del Indec. En ese contexto, Entre Ríos recibió 2.308 millones de pesos, ubicándose en el octavo lugar entre las jurisdicciones con mayores transferencias del mes. Sin embargo, esos recursos representaron una baja del 55,2% en términos reales respecto de junio de 2025 y equivalieron al 4,8% del total distribuido entre provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los fondos girados a la provincia estuvieron concentrados principalmente en el programa de Universalización de la Jornada Extendida, que aportó 1.773 millones de pesos. También recibió 236 millones para planificación y seguimiento de proyectos del hábitat y 170 millones correspondientes al Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional.

Sin fondos para la Caja de JubilacionesEl informe remarca además una situación que afectó a Entre Ríos y a otras provincias con sistemas previsionales no transferidos: durante junio se interrumpieron las transferencias a las cajas previsionales provinciales, con la única excepción de Corrientes.De ese modo, Entre Ríos no recibió recursos para su Caja de Jubilaciones pese a tener vigente un convenio con la Nación que prevé envíos mensuales. La misma situación alcanzó a Córdoba, La Pampa, Misiones, Santa Fe, Chubut y Neuquén.

El semestreA pesar de la caída registrada en junio, el acumulado del primer semestre muestra un escenario diferente para Entre Ríos.Entre enero y junio la provincia recibió 52.251 millones de pesos en transferencias no automáticas, equivalente al 8,2% del total distribuido, ubicándose como la tercera jurisdicción que más fondos captó, detrás de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la comparación interanual, el incremento real fue del 107,5%.La mayor parte de esos recursos correspondió a transferencias para la Caja de Jubilaciones, que totalizaron 30.000 millones de pesos durante el semestre. Además, la provincia recibió 10.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN), 9.613 millones por el programa de Universalización de la Jornada Extendida y 2.638 millones por otros rumbos.No obstante, el informe advierte que, a nivel nacional, el primer semestre cerró con una baja real del 61,8% en las transferencias no automáticas respecto del mismo período de 2025, configurando el segundo peor primer semestre desde 2005, solo por encima del registrado en 2024. (APF Digital)

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Entre Ríos UNER aprobó durante la última sesión, una declaración en la que expresa su “profunda preocupación” ante la compleja situación que atraviesa la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).El pronunciamiento se da tras las recientes notificaciones de despidos, no renovaciones y la falta de continuidad de contratos dentro del organismo, en un contexto generalizado de desfinanciamiento que golpea al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El Gobierno oficializó más de 170 despidos en la Comisión de Energía AtómicaDe acuerdo a lo establecido en la Ley 24.804, la CNEA tiene como principales funciones como asesorar al Poder Ejecutivo Nacional en materia de política nuclear, desarrollar ciencia y tecnología en el área nuclear, promover la formación de recursos humanos especializados, impulsar programas de desarrollo e innovación tecnológica y ejercer responsabilidades vinculadas a la gestión de residuos radiactivos.

A través de la declaración del Consejo Superior, la UNER advirtió que el debilitamiento de la CNEA no debe ser leído como un hecho aislado o un mero problema administrativo o presupuestario. Por el contrario, el debilitamiento de organismos estratégicos de este tipo “compromete capacidades soberanas en áreas críticas para el desarrollo nacional, la salud pública, la energía, la industria, la investigación científica, la formación de recursos humanos altamente calificados y la inserción internacional del país en tecnologías de alta complejidad”.

La Argentina “es uno de los pocos países emergentes que cuenta con desarrollos tecnológicos en este campo” y es por este motivo que “renunciar o debilitar las capacidades en la materia, no solo nos obliga a integrarnos al conjunto de naciones subordinadas a los países centrales sino que constituye un renunciamiento a la soberanía científica y a un campo de desarrollo comercial inherente altamente competitivo a nivel internacional”.Cabe destacar que la UNER integra el Consejo Consultivo de la Fundación Centro de Medicina Nuclear y Molecular Entre Ríos (Cemener), “institución de alta relevancia sanitaria, científica, tecnológica y académica para la provincia y la región, vinculada al diagnóstico, tratamiento, docencia, investigación y formación de recursos humanos en medicina nuclear”. En tal sentido, las tecnologías nucleares aplicadas a la salud –entre ellas la producción y utilización de radioisótopos, radiofármacos, técnicas de diagnóstico por imágenes, radioterapia, medicina nuclear y desarrollos asociados– son “fundamentales para garantizar derechos vinculados a la salud, equidad territorial y el acceso a prestaciones de alta complejidad”.

En esta declaración, el Consejo Superior de la universidad solicita “a las autoridades nacionales competentes que garanticen la continuidad de las capacidades científicas, tecnológicas, técnicas y operativas de la CNEA; brinden información pública, clara y fundada sobre las decisiones adoptadas, las personas y áreas afectadas, sus impactos presentes y futuros; habiliten instancias efectivas de diálogo institucional y que adopten políticas claras, transparentes y sostenidas para preservar el sistema nuclear argentino como patrimonio estratégico de la Nación”.De esta manera, la UNER reafirmó su compromiso “con la defensa de la universidad pública, la ciencia, tecnología, innovación, la salud pública, el desarrollo federal y la soberanía tecnológica de la República Argentina”. (APFDigital) 

Con una marcada impronta por la unidad y un reclamo claro de protagonismo político, se llevó a cabo un masivo encuentro nacional y regional de representantes gremiales nucleados en las 62 Organizaciones Peronistas, en la sede del barrio porteño de Caballito. En el marco del proceso de normalización que atraviesa el brazo político del movimiento obrero, el plenario funcionó como una demostración de fuerza sindical orientada al armado político para las próximas elecciones. Por intermedio del nucleamiento, los gremios buscan consolidar su estructura territorial y programática para influir de manera directa en las listas del peronismo o en un armado propio de cara a las próximas elecciones.El encuentro contó con una fuerte presencia de la primera línea de Camioneros, encabezada por Hugo Moyano, Jerónimo Moyano y Octavio Argüello, dirigente integrante de la conducción de la CGT. La participación de Argüello significó un guiño importante por parte de la Confederación General del Trabajo al proceso de reorganización de “las 62”. Los gremios del agrupamiento intentan devolverle al brazo político sindical la centralidad histórica que supo tener en el justicialismo. También sumaron su peso estratégico numerosos dirigentes de diversos sectores y seccionales, incluyendo a Morón, Regional Tuyú, Avellaneda-Lanús, Esteban Echeverría y Zona Norte. Estuvieron presentes Juan Carlos Murgo (Caucho), Rubén Grimaldi (UTERA), Marcelo Dávila (Guincheros), Julio Estévez (UPSAFIP), Adolfo Villafañe (Chacinados), Cacho García (Estaciones de Servicio), Guillermo Lugones (Personal Jerárquico Banco Provincia), Julio Schiantarelli (SUPEH), Marcelo Barrios (Remiseros), Guillermo Mangone (Gas), Gonzalo Salum (Judiciales), Roberto Villalba (Madera), José Ibarra (Taxistas) y Fabián García (SOECRA).

La Agencia Noticias Argentinas pudo saber que durante el cónclave, Julio Rubén Ledesma, secretario general del SEOCA Zona Oeste y referente central del espacio, analizó el escenario político actual y fijó los objetivos estratégicos de los trabajadores. “Estamos aportando un elemento más con este encuentro de gremios y sindicatos nacionales, provinciales y regionales. El objetivo es llegar a un punto de encuentro respecto a la participación del movimiento obrero a través de las 62 Organizaciones Peronistas”, afirmó el dirigente en declaraciones vertidas en el plenario. “Queremos dejar de ser convidados de piedra o que dejemos de ser solamente convidados para manifestar nuestro descontento. En este momento estamos reconstruyendo las 62 Organizaciones a los efectos de ocupar el espacio que Perón y Evita nos legaron”, advirtió. Ledesma también destacó la necesidad de saldar los debates internos para fortalecer la propuesta del peronismo hacia la sociedad.

En ese sentido, remarcó el valor estratégico de la unidad conceptual y operativa con la central obrera. “Somos todos partícipes y dependientes de la Confederación General del Trabajo, representante genuina de todos los trabajadores a lo largo y a lo ancho del país”, señaló por último.NA

La medida fue presentada como un alivio para organizadores de eventos y propietarios de salones, pero también reabre un debate de fondo: ¿por qué la música parece ser el único trabajo que muchos consideran que puede utilizarse sin retribución?El razonamiento admite un paralelismo sencillo. En una fiesta de casamiento se paga a la modista que confeccionó el vestido, al peluquero que preparó a los novios, al fotógrafo que inmortaliza el momento, al servicio de catering, a los mozos, al decorador, al florista, al DJ o al sonidista que opera los equipos y hasta al alquiler del salón. Todos cobran por su trabajo.Sin embargo, cuando llega el momento de reconocer económicamente a quien creó las canciones que mantienen la pista llena, levantan el ánimo de los invitados y, muchas veces, son el alma misma de la celebración, aparece la discusión sobre si corresponde o no pagar derechos de autor.El presidente Javier Milei ha impulsado en los últimos meses distintas medidas que despertaron fuertes controversias. Para sus críticos, este decreto integra una lista de decisiones que avanzan sobre derechos adquiridos bajo el argumento de desregular actividades, aun cuando terminan afectando a quienes viven de su producción intelectual.Desde el oficialismo local sostienen que la resolución únicamente busca dar certeza jurídica a salones y organizadores de eventos privados, aclarando que la norma alcanza exclusivamente a reuniones con acceso restringido, sin venta de entradas y realizadas en ámbitos de carácter privado.Pero la discusión trasciende el aspecto legal. La pregunta sigue siendo la misma: si todos los que intervienen en una fiesta reciben una remuneración por su aporte, ¿por qué el creador de la música debería quedar afuera?La resolución fue aprobada por unanimidad, un dato político que tampoco pasó inadvertido. Para algunos observadores, más que abrir un debate profundo sobre el valor de la propiedad intelectual, varios dirigentes optaron por alinearse con una iniciativa nacional que consideran conveniente respaldar antes que cuestionar.Porque detrás de cada canción hay horas de composición, estudio, inversión y talento. Y cuando esa obra genera parte esencial de una celebración, el interrogante permanece abierto: ¿la cultura debe ser la única actividad cuyo trabajo pueda disfrutarse gratuitamente?

En ese marco, el mandatario destacó que los convenios representan un reconocimiento al trabajo que muchos gobiernos locales vienen realizando y que a partir de este convenio lo realizarán "con más responsabilidad". Además, señaló que la medida responde a una política de su gestión y expresó: "Creo en la descentralización y en la eficiencia que se da en el manejo de los recursos cuando la gestión está más cerca de la gente", aseguró.El acto se realizó este jueves en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno, con la participación de los ministros de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob, y de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; el director administrador de Vialidad Provincial, Exequiel Donda; e intendentes y presidentes comunales de las localidades alcanzadas por esta primera etapa de la iniciativaPor su parte, la presidenta de la comuna de Aldea San Rafael, departamento Paraná, Roxana Toloy, celebró la instancia y destacó que permitirá fortalecer el mantenimiento de los caminos rurales, una tarea que la comuna ya viene desarrollando desde el año pasado tras la incorporación de una motoniveladora. "Gracias a las gestiones realizadas junto a Ezequiel Donda y al gobernador, hoy contamos con este respaldo que nos permitirá recibir recursos para seguir dando respuestas a nuestros vecinos. Es una ayuda muy importante para sostener caminos fundamentales para la salud, la educación y la producción", expresó.En tanto, el presidente de la comuna de Gualeguaycito, departamento Federación, Ariel Toller, afirmó que el convenio representa "un gran respaldo del gobierno provincial", para continuar con el mantenimiento de los caminos rurales de la comuna. Señaló que los nuevos recursos permitirán fortalecer el trabajo que vienen realizando desde el inicio de la gestión y remarcó que "los caminos son esenciales para la producción, la salud, la educación, la seguridad y la comunicación de nuestras comunidades rurales".En esta primera etapa se suscribieron convenios con dos municipios y 20 comunas, que asumirán las tareas de conservación y mantenimiento de cerca de 2.000 kilómetros de caminos provinciales.La iniciativa pone en marcha una nueva herramienta impulsada por el gobierno de Entre Ríos para fortalecer el trabajo conjunto con los gobiernos locales. A partir de estos acuerdos, los municipios y comunas tendrán a su cargo el mantenimiento de caminos provinciales y recibirán un aporte económico mensual por parte de la Dirección Provincial de Vialidad para la ejecución de esas tareas. 

La audiencia se desarrollará desde las 10 de la mañana en la Sala 9 de los Tribunales de Asunción, donde el fiscal Ysrael Villalba expondrá su interpretación de las pruebas reunidas durante el juicio y formulará el pedido de condena contra Kueider y su pareja y exsecretaria, Iara Guinsel. Ambos enfrentan una expectativa de pena de hasta dos años y medio de prisión.La última audiencia de producción de pruebas concluyó con la presentación de los elementos ofrecidos por los abogados defensores, Marcelo Bogado y Carlos Arévalo. Finalizada esa etapa, el Tribunal especializado en delitos económicos dio por cerrada la incorporación de pruebas y fijó la fecha para los alegatos finales.

El tribunal está integrado por las juezas Elsa García, quien lo preside, Adriana Planás y el juez Matías Garcete Piris. Según trascendió, tanto Kueider como Guinsel optaron nuevamente por no prestar declaración durante el debate.Tras la exposición del Ministerio Público, la defensa tendrá la posibilidad de presentar su propio alegato, con el objetivo de cuestionar la teoría de la Fiscalía y ofrecer una interpretación diferente de los hechos ocurridos el 4 de diciembre de 2024, cuando ambos fueron detenidos en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad intentando ingresar a Ciudad del Este con una importante suma de dinero sin declarar.De acuerdo con la acusación, Kueider transportaba 211 mil dólares, 646 mil pesos argentinos y 3,9 millones de guaraníes ocultos en una mochila. Al no haberse concretado el ingreso del dinero al país, el hecho fue calificado como contrabando en grado de tentativa, lo que redujo la pena prevista de cinco años a un máximo de dos años y medio.Luego de los alegatos podrán producirse las instancias de réplica y dúplica entre la Fiscalía y la defensa. Finalmente, los jueces fijarán la fecha en la que darán a conocer el veredicto.

Kueider y Guinsel llegan a esta etapa del juicio bajo arresto domiciliario, luego de permanecer detenidos desde diciembre de 2024. En caso de una eventual condena, el tiempo que llevan privados de su libertad será considerado por el tribunal.Mientras avanza este proceso, ambos también fueron imputados en Paraguay por presunto lavado de activos. La Justicia de ese país sostiene que utilizaron fondos de origen ilícito para adquirir departamentos y cocheras en Asunción, bienes que ya fueron embargados.

En paralelo, Kueider enfrenta una investigación en Argentina por presunto lavado de activos. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó su extradición, trámite que fue autorizado por la Fiscalía paraguaya, aunque solo podrá concretarse una vez finalice el proceso judicial que actualmente se desarrolla en Asunción. Además, existe otra causa por el mismo delito en la Justicia de Entre Ríos, mientras la Corte Suprema debe resolver cuál será el tribunal competente para continuar la investigación.

El Gobierno oficializó la eliminación del Ministerio del Interior y el traslado de sus funciones a la Jefatura de Gabinete a cargo de Diego Santilli, quien coordinará la gestión diaria del Ejecutivo y conservará la relación política con los gobernadores.Así se indicó en el Decreto 571/2026, publicado en el Boletín Oficial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas en el cual se detalló que “por razones de gestión resulta necesario suprimir el Ministerio del Interior reasignando sus competencias al Jefe de Gabinete de Ministros”.“Para una mejor gestión resulta conveniente que el Jefe de Gabinete de Ministros sea asistido por un Vicejefe de Gabinete y un Vicejefe de Gabinete del Interior”, señaló el escrito en el cual se añadió: “Por otra parte, procede crear la Secretaría de Vocería Presidencial y la Secretaría de Comunicación y Medios, ambas dependientes de la Presidencia de la Nación”.En tanto, indicó: “El jefe de Gabinete de Ministros y ocho ministros tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación. Los Ministerios serán los siguientes: Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Economía; Justicia; Seguridad Nacional; Salud; Capital Humano y Desregulación y Transformación del Estado”.“Las tareas necesarias para posibilitar la actividad del Presidente de la Nación serán atendidas por las siguientes Secretarías Presidenciales: General; Legal y Técnica; Inteligencia de Estado; Vocería Presidencial; Comunicación y Medios y Cultura”, añadió el documento.Por medio del Decreto 574/2026 firmado por el presidente Javier Milei y por Santilli, se le aceptó la renuncia al licenciado Guillermo Ignacio Devitt al cargo de Secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros y se lo designó “en el cargo de Vicejefe de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.El área en la que estará a cargo Devitt mantiene intervención en la articulación parlamentaria, la centralización de pedidos del Congreso y el seguimiento de las votaciones legislativas, mientras que además quedan bajo su órbita Asuntos Estratégicos, Innovación y Ciencia, además de Turismo, Ambiente y Deportes.En tanto, a través del Decreto 575/2026 se le aceptó la renuncia al licenciado en Ciencia Política Gustavo Javier Coria al cargo de Secretario de Interior del entonces Ministerio del Interior y se lo designó “en el cargo de Vicejefe de Gabinete del Interior de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.Según se informó, esta Vicejefatura tendrá bajo su control Asuntos Políticos, Enlace Parlamentario, Relación con Provincias, Relación con Municipios, Reforma Política, la Dirección Nacional Electoral, el Renaper, el INAI, la AABE, la Corporación Puerto Madero y Parques Nacionales.En el Decreto 573/2026 se le aceptó la renuncia a Fabián Horacio Fernández al cargo de Secretariado de Comunicación y Prensa de la Jefatura de Gabinete de Ministros y se lo designó como “Secretario de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación”Además, en el Decreto 572/2026 se indicó: “Desígnase en el cargo de Secretario de Vocería Presidencial de la Presidencia de la Nación al doctor Adrián Osvaldo Ravier”. Agencia NA

“No va a faltar gas en los domicilios en la medida que no haya un imponderable, que no quede un yacimiento fuera de producción o que no pase nada en algún sistema de transmisión o de distribución”, señaló el secretario de Energía, Daniel González.

“La demanda prioritaria de todo el país está perfectamente satisfecha. El sistema de gasoductos tiene la presión correcta, los yacimientos están produciendo como tienen que producir y no hay cortes en la demanda prioritaria”, explicó en diálogo radial que procesó Agencia Noticias Argentinas.

La fuerte demanda ya provocó el corte de suministro de los servicios interrumpibles en algunas estaciones de servicio.

Respecto de las tarifas, el funcionario señaló que “aumentan o se reducen todos los meses en función, por un lado, de la inflación de los meses anteriores, que impacta en el cargo fijo, y después en función del costo real de la energía”. Agencia NA

El debate sobre el sistema previsional de nuestra provincia nos enfrenta a una realidad que durante demasiado tiempo la política entrerriana prefirió postergar. El proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo para ordenar y sanear la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos no es una iniciativa más: es una decisión de Estado indispensable si queremos garantizar la continuidad del sistema.Llegamos a este punto después de años en los que se priorizó el cálculo político por sobre el abordaje serio de un problema estructural. Se eligió postergar las decisiones para evitar costos electorales, mientras el déficit crecía de manera sostenida. Hoy esa realidad nos interpela con toda su crudeza y nos demuestra que ya no hay lugar para la especulación. La crisis previsional no se resolverá con demagogia, promesas imposibles o discursos para la tribuna. Se resolverá con responsabilidad, sinceridad y decisión política.En las últimas semanas, las comisiones legislativas fueron escenario de un hecho inédito. Este miércoles concluyó la etapa de exposiciones en el Senado provincial, luego de una convocatoria amplia y plural que permitió escuchar a todos los sectores involucrados. Desde el retorno de la democracia, pocas veces un proyecto de esta magnitud generó una instancia de participación tan abierta. Esa amplitud refleja la importancia del desafío que tenemos por delante.Durante ese proceso escuchamos a representantes gremiales, profesionales, funcionarios judiciales, especialistas, autoridades de la Caja y también a quienes la condujeron en gestiones anteriores. Entre ellos, el expresidente de la Caja, Daniel Elías, cuya trayectoria y conocimiento del sistema le otorgan una autoridad técnica difícil de discutir. Sin pertenecer a nuestro espacio político, sostuvo con claridad la necesidad de avanzar en una reforma paramétrica que garantice la viabilidad del régimen previsional. Su diagnóstico coincidió con una percepción que atravesó buena parte del debate: esta es una discusión que desde hace años todos sabían que debía darse, pero que muy pocos estuvieron dispuestos a impulsar.Hoy nos corresponde asumir esa responsabilidad con la convicción de que no hacer nada significaría condenar a la Caja de Jubilaciones a un deterioro cada vez más profundo. Ya no hay margen para seguir postergando decisiones.También es importante transmitir tranquilidad a los trabajadores y jubilados. Esta reforma respeta plenamente los derechos adquiridos y proyecta sus cambios hacia el futuro. Quienes ya están jubilados o quienes ya reúnen las condiciones para acceder al beneficio no verán modificada su situación. Quienes ingresen en adelante a la administración pública conocerán desde el inicio cuáles serán las reglas del sistema.A lo largo de las reuniones de comisión también quedó de manifiesto otro dato difícil de ignorar: el aumento de la expectativa de vida obliga a revisar parámetros que fueron pensados para una realidad demográfica completamente distinta. Las leyes deben acompañar esos cambios para preservar la sustentabilidad del sistema. Del mismo modo, numerosas exposiciones dejaron en evidencia distorsiones y situaciones que explican la necesidad de introducir correcciones.El gobernador Rogelio Frigerio tuvo el coraje político de abrir este debate y poner sobre la mesa un problema que durante años fue evitado. Como legisladores, nuestra responsabilidad es estar a la altura de ese desafío.Es tiempo de escuchar, incorporar los aportes que mejoren el proyecto y avanzar con la firme convicción de que la inacción ya no es una alternativa. La responsabilidad política también consiste en tomar decisiones difíciles cuando son necesarias para proteger el futuro de todos los entrerrianos.

(*) Diputada de Juntos por Entre Ríos

“Lo que nosotros estamos planteando es un pacto fiscal federal industrial en el cual, las provincias y Nación hagan un acuerdo para bajar los impuestos nacionales, pero también provinciales y municipales”, señaló el dirigente empresarial durante una entrevista en Radio Rivadavia que procesó Agencia Noticias Argentinas.

Según un informe de la UIA que analiza los 30 países más importantes del mundo, Argentina lidera los índices de tributación. “Seguimos liderando la presión fiscal a nivel global, o sea, somos los Messi de la presión global, para decirlo de una manera. Somos los líderes”, afirmó.Para el empresario, este factor es el principal determinante de los altos precios internos, ya que “termina impactando, digamos, en todos los precios y en el famoso costo argentino”.El diagnóstico de la entidad señala que la política de los últimos 30 años se ha centrado en aumentar los impuestos en lugar de fomentar el crecimiento de la economía. Rappallini advirtió que esta tendencia reduce el Producto Interno Bruto (PIB) y ensancha la economía informal, que actualmente se sitúa en torno al 40% en el país.

“Si uno sigue subiendo impuestos, lo que hace es que la gente deje de pagar y termina generando un sistema totalmente perverso”, advirtió el titular de la UIA.En cuanto a los impuestos específicos que la entidad busca revisar, se mencionaron el impuesto al cheque, al patrimonio, ingresos brutos, derechos de exportación y sellos.Ante la dificultad de las provincias para prescindir de ingresos brutos por la caída de la recaudación y el consumo, Rappallini propuso “empezar por sectores que hoy tienen una exigencia mayor”.

En este sentido, destacó el esfuerzo del sector industrial para contener la inflación: “Podemos ver que servicios está en torno a 300%, la general 180, y la inflación industrial está en torno al 110”, detalló.

Respecto a los incentivos a la inversión, como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), Rappallini expresó su acuerdo con la filosofía de nivelar los impuestos con los estándares globales, pero reclamó igualdad de condiciones para la industria tradicional.

“Lo que nosotros planteamos es que también los sectores tradicionales, acero, autos, todo lo que significa el universo industrial que tiene que combatir con el mundo requiere también esta reducción impositiva”, sostuvo.Otro eje de preocupación para la UIA es la competencia desleal, especialmente proveniente de China y de plataformas digitales que no pagan aranceles.

Rappallini advirtió que China posee el 55% del mercado del acero, aluminio y plástico, con una capacidad productiva del 100%, lo que podría derivar en un “monopolio absoluto” si el mundo no reacciona. Además, denunció problemas de contrabando en sectores como calzado, celulares y cerveza, así como maniobras de subfacturación y dumping.

Sobre la actualidad del mercado interno, el directivo de la UIA alertó sobre la caída del consumo en rubros como la construcción, el textil y el calzado. El objetivo de mínima planteado es “recuperar niveles del 2022”, dado que la producción y el empleo se encuentran estancados desde hace 15 años.

Para lograrlo, consideró necesario generar crédito al consumo y acompañar al empresariado en la transición actual para evitar el cierre de empresas y la pérdida de tecnología y conocimiento.Finalmente, Rappallini se refirió al impacto de la inteligencia artificial como un factor que generará un “salto de productividad muy alto” y una transformación profunda en toda la economía real, similar a lo que ya ocurre en las empresas de software.

Concluyó reafirmando el compromiso del sector: “Lo que estamos pidiendo no es protección, sino igualdad de condiciones y que nos den la posibilidad de ser competitivos”. Agencia NA

La jornada reunió a militantes, profesionales, estudiantes y simpatizantes de distintos puntos de la ciudad de Paraná y alrededores en torno a un espacio de debate sobre las denominadas “ideas de la libertad” y el rumbo del gobierno del presidente Javier Milei.

La actividad fue impulsada por Cristian Centurión, referente provincial de Las Fuerzas del Cielo, agrupación política respaldada por el propio Presidente de la Nación Javier Milei, de la que participaron el profesor en economía y Director Académico de Fundación Faro, Martin Krause y Director de la Fundación Libertad y Progreso, Agustin Etchebarne. La convocatoria buscó reunir a quienes acompañan el proceso de reformas impulsado por el Gobierno nacional y generar un ámbito de intercambio alrededor de los principios que sostienen las mismas.

Durante la jornada desarrollaron exposiciones sobre los fundamentos de las reformas impulsadas por el Gobierno y el Índice de Libertad Educativa elaborado por la Fundación Libertad y Progreso. Como cierre, el doctor Martin Krause presentó su nuevo libro La utopía libertaria, el fin del Estado.

Además de las conferencias, el encuentro incluyó espacios de intercambio con los asistentes, recorridos por la Universidad Adventista del Plata y el parque industrial de Crespo, una jornada en el Concejo General de Educación, donde se abordaron distintos aspectos del proceso político de las reforma, fundamentos, el futuro y los desafíos que enfrenta el movimiento libertario. Con un auditorio expectante en cada jornada, el evento dejó una de las convocatorias libertarias más numerosas realizadas este año en Entre Ríos. Esta actividad también reflejó la intención de consolidar y expandir el mileísmo que se identifica y sostiene el rumbo político impulsado desde la Casa Rosada, en un contexto nacional atravesado por una intensa discusión pública sobre el presente y el futuro del proyecto encabezado por Javier Milei.

La publicación también vincula la derrota electoral de 2023 con años de conflictos, decisiones alejadas de la militancia y disputas por espacios de poder. Según distintos sectores del peronismo concordiense, uno de los principales cuestionamientos alcanza a Adán Bahl, a quien algunos militantes atribuyen una escasa presencia en Concordia durante la campaña a gobernador, aunque esa es una interpretación que no ha sido corroborada oficialmente.

Con las PASO ya eliminadas, en el peronismo entrerriano muchos anticipan que, una vez finalizado el Mundial, comenzará una intensa puja por las candidaturas, en un escenario donde la falta de mecanismos internos de selección podría profundizar las diferencias y agregar aún más tensión a una fuerza política que busca reconstruir su representatividad tras la derrota electoral.

Durante un encuentro con delegados de Paraná, la secretaria adjunta del sindicato, Carina Domínguez, afirmó que el nuevo esquema marca el inicio de una etapa distinta dentro del Estado provincial.“Donde antes no había oportunidades, hoy existe la posibilidad de acceder a la planta permanente o concursar un cargo sin depender de decisiones discrecionales”, expresó la dirigente.Domínguez recordó que el ingreso mediante concursos está previsto en la Constitución de Entre Ríos y señaló que UPCN participó activamente en la elaboración del régimen para introducir modificaciones al proyecto inicial.Según indicó, el primer borrador presentaba aspectos que podían generar discrecionalidad, por lo que el gremio impulsó cambios que permitieron establecer un procedimiento con etapas definidas y mayor transparencia, aunque aclaró que aún quedan aspectos por perfeccionar mediante futuras reglamentaciones.La dirigente también respondió a los cuestionamientos realizados desde ATE sobre las capacitaciones y la integración de los jurados de concursos. En ese sentido, defendió el rol de UPCN y destacó que el sindicato cuenta desde hace más de una década con instituciones de formación cuyos certificados poseen validez oficial otorgada por el Consejo General de Educación.Respecto de la representación sindical en los jurados, sostuvo que la participación de UPCN responde a su condición de gremio mayoritario dentro de la administración pública provincial, aunque remarcó que el resto de las organizaciones también continuará formando parte del proceso.Finalmente, Domínguez instó a los delegados a acompañar la implementación del nuevo régimen promoviendo la formación de los trabajadores, al considerar que el éxito en los concursos dependerá de la preparación, el conocimiento de la normativa y la capacitación permanente. Según afirmó, el objetivo del sindicato es fortalecer las herramientas de los empleados públicos para que puedan competir en igualdad de condiciones y resguardar sus derechos.