El próximo miércoles 26 a las 10:00, en la sala de comisiones ubicada en el segundo piso de Casa de Gobierno, los integrantes de la Comisión de Obras Públicas tendrán un encuentro de trabajo para el tratamiento del expediente N° 15.679: proyecto de ley por el que se modifican artículos de la Ley de N° 6.351 de Obras Públicas de la Provincia de Entre Ríos.

La iniciativa es de autoría del Poder Ejecutivo, y en los fundamentos se lee que el proyecto tiene por objeto modernizar institutos, dotar de mayor eficiencia a los procedimientos de contratación y ejecución de las obras públicas, procura adecuar el régimen de obra pública provincial a las exigencias actuales y futuras de gestión, incorporando herramientas que permitan una actuación más ágil, eficiente y transparente del Estado, manteniendo incólumes los principios de legalidad, transparencia, concurrencia y control que rigen en la materia.Posteriormente, a las 11:00, se reunirán los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.

Los temas pendientes son: Expediente N° 15.704: Acuerdo constitucional por el que se designa al profesor Carlos Fabricio Cuenca, DNI Nº 33.624.743, como Director General de Escuelas de la provincia de Entre Ríos, quien ejercerá la Presidencia del Consejo General de Educación.

Expediente N° 15.705: Acuerdo constitucional por el que se designa a la profesora Mónica Soledad Masetto, DNI Nº 26.750.800, como Vocal del Consejo General de Educación.Expediente N° 15.706: Acuerdo constitucional por el que se designa al profesor Damián Enrique Schmidt, DNI Nº 28.913.318, como Vocal del Consejo General de Educación.Expediente N° 15.707: Acuerdo constitucional por el que se designa al profesor Gustavo Luis Blanc, DNI Nº 23.696.414, como Vocal del Consejo General de Educación.

El Gobierno de Entre Ríos destaca la intervención de la Justicia en relación con el nuevo esquema de alimentación escolar y adoptará de manera inmediata las medidas necesarias para dar cumplimiento a la resolución.Al mismo tiempo, el fallo ratifica las facultades del Poder Ejecutivo provincial para organizar el Programa Alimentario Escolar, determinar los mecanismos de adquisición, seleccionar los productos dentro del marco legal, establecer los menúes, definir proveedores, disponer controles y administrar los recursos.Asimismo, la sentencia reconoce valor probatorio a la documentación técnica presentada por la Provincia y considera acreditado que la centralización de las compras surgió de un diagnóstico previo orientado a mejorar la trazabilidad, los controles y la homogeneidad de la prestación.El Gobierno provincial valora el funcionamiento de los mecanismos institucionales de control. Una política pública que busca mayor transparencia también debe estar abierta al control de la Justicia y tener capacidad para corregir aquello que sea necesario. En ese sentido, la Provincia realizará las adecuaciones correspondientes respecto de los productos alcanzados por la resolución. El objetivo no es defender un producto, una marca o una empresa, sino garantizar una mejor alimentación para los estudiantes entrerrianos.La transformación del sistema comenzó a trabajarse prácticamente desde el inicio de la gestión y, luego de más de un año de trabajo, derivó en una licitación pública y abierta. El objetivo es contar con mayor trazabilidad y poder conocer qué se compra, cuánto se paga, dónde se entrega y qué recibe cada estudiante.El nuevo esquema es mixto: desayunos y meriendas tendrán una organización provincial, mientras que los almuerzos continuarán siendo administrados por las escuelas, que seguirán realizando compras de alimentos en comercios y proveedores de cada localidad.El Gobierno continuará analizando los fundamentos jurídicos de la sentencia y los pasos procesales correspondientes. Mientras tanto, cumplirá lo dispuesto por la Justicia y continuará avanzando con la transformación del sistema alimentario escolar, fortaleciendo los controles, la transparencia y la calidad de la alimentación que reciben los chicos entrerrianos.

El creciente endeudamiento de los hogares entrerrianos llegó a la Legislatura provincial. El diputado Enrique Cresto impulsa la creación de un programa que permita a las familias refinanciar deudas de consumo bajo condiciones que, según sostiene, hagan posible volver a pagarlas sin que las cuotas absorban una parte desproporcionada de los ingresos.La iniciativa no plantea perdonar ni asumir con recursos públicos las obligaciones particulares. El objetivo es diferente: reemplazar deudas acumuladas en tarjetas de crédito y préstamos personales por financiamiento más barato y a mayor plazo.“Las deudas deben pagarse, pero quienes tienen voluntad de hacerlo necesitan condiciones razonables que les permitan cumplir”, fundamentó Cresto.El proyecto cuenta con la coautoría de una decena de diputados y parte de un diagnóstico que se observa cada vez con mayor frecuencia: el crédito dejó de utilizarse solamente para adquirir bienes importantes o afrontar gastos excepcionales y pasó a financiar necesidades básicas.Alimentos, medicamentos, servicios, ropa y educación aparecen entre los gastos cotidianos que muchas familias terminan pagando mediante tarjetas o préstamos.Para Cresto, esa situación genera un círculo difícil de romper: se contrae una nueva deuda para cancelar otra anterior y una proporción creciente del salario termina destinada al pago de intereses.

QUIÉNES PODRÍAN ACCEDEREl programa estaría destinado a personas con domicilio real en Entre Ríos que posean deudas originadas en tarjetas de crédito o préstamos personales.Entre los requisitos previstos se establece que el solicitante figure en Situación 2 o 3 en la Central de Deudores del Banco Central, que los ingresos familiares sean inferiores a diez salarios mínimos, vitales y móviles y que más del 30% de esos recursos se destine al pago de las obligaciones comprendidas.Uno de los aspectos centrales es la condición de los nuevos créditos: el proyecto fija una Tasa Nominal Anual máxima del 35%, con un período de amortización no inferior a 24 meses.También contempla la cancelación anticipada y prohíbe incorporar gastos adicionales que terminen alterando, en los hechos, el límite establecido para la tasa.Los fondos tampoco quedarían a libre disposición del beneficiario. Serían aplicados directamente a cancelar las deudas anteriores, evitando así generar un nuevo compromiso financiero sin resolver el existente. En palabras de Cresto, se pretende “cambiar deuda cara por deuda más barata y de mayor plazo”.

INCENTIVOS PARA QUE PARTICIPEN LOS BANCOSLa propuesta invita al Banco de Entre Ríos, Banco Nación y demás entidades financieras reguladas por el Banco Central a adherir voluntariamente al sistema.Para incentivar su participación, contempla una reducción del 50% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente exclusivamente a los intereses generados por estos nuevos créditos.

Cresto aclaró que no se propone una exención impositiva general para las entidades financieras, sino un beneficio limitado a las operaciones que efectivamente permitan refinanciar las deudas de familias entrerrianas.

RECUPERAR INGRESOS PARA EL CONSUMOEl legislador considera que el mecanismo podría tener además un efecto sobre la actividad económica provincial.Una familia que actualmente destina buena parte de sus ingresos al pago de elevados intereses podría, con una cuota menor, recuperar capacidad para consumir en comercios y servicios locales.“Gana la familia, porque transforma una deuda difícil de afrontar en una cuota posible. Gana el banco, porque recupera un deudor y reduce el riesgo de incobrabilidad. Gana el comercio local, porque parte del ingreso que hoy se destina a intereses vuelve al consumo. Y gana la Provincia, porque contribuye a recuperar actividad económica sin asumir las deudas privadas”, argumentó Cresto.La iniciativa toma como antecedente un régimen de desendeudamiento aprobado en la Ciudad de Buenos Aires, aunque adaptándolo a las características económicas, tributarias y territoriales de Entre Ríos.

Para el diputado, la magnitud que adquirió el endeudamiento familiar requiere una respuesta específica. El Estado, sostuvo, no debe sustituir la responsabilidad de quien contrajo una deuda, pero tampoco permanecer indiferente cuando los intereses convierten una obligación originalmente posible de pagar en una carga prácticamente imposible de afrontar.El proyecto también lleva las firmas de los diputados Lorena Arrozogaray, Silvia Ávila, Juan José Bahillo, Sergio Castrillón, Silvina Deccó, José María Kramer, Silvia Moreno, Yari Seyler, María Laura Stratta y Andrea Zoff.

“La discusión adquiere especial relevancia frente al deterioro sostenido de los ingresos de las trabajadoras y los trabajadores, la pérdida de puestos registrados y el avance de la precarización laboral”, argumentaron desde la CGT, constató la Agencia Noticias Argentinas.

Bajo el título: “Por una discusión real del salario mínimo, vital y móvil en Argentina”, “presentamos ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, en nuestro carácter de integrantes del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, un pedido formal frente a la convocatoria prevista para el próximo 28 de agosto”, comienza el escrito.

“La jornada contempla la reunión de la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo y la sesión plenaria del Consejo, ambas bajo modalidad virtual”, informa.

Por eso, “ante esta convocatoria, solicitamos que ambas instancias se desarrollen de manera presencial”, pide, “en línea con la posición que dejamos planteada en la última reunión del organismo mantenida en 2025”.

En tal sentido, argumentan que “la definición del salario mínimo y de las prestaciones por desempleo requiere un ámbito que garantice el intercambio directo, la negociación efectiva y la participación plena de los sectores que integran este espacio”.

Asimismo, agrega que “la discusión adquiere especial relevancia frente al deterioro sostenido de los ingresos de las trabajadoras y los trabajadores, la pérdida de puestos registrados y el avance de la precarización laboral”.Y resalta que “a esto se suma un escenario productivo marcado por la caída de la actividad, el cierre de empresas y una fuerte incertidumbre económica”.

Además, consideran que “la modalidad virtual puede resultar útil para cuestiones de trámite”, pero aseguran que “resulta insuficiente para una instancia de esta trascendencia institucional” porque, “las experiencias recientes evidenciaron sus limitaciones para garantizar un intercambio genuino y una negociación efectiva entre las partes”.

“Por eso, reafirmamos nuestro pedido para que la Comisión y la sesión plenaria del 28 de agosto se realicen de manera presencial. Si esto no fuera posible, solicitamos que se convoque a la brevedad una nueva instancia presencial con los mismos puntos del Orden del Día”. Agencia NA.

En política hay movimientos que suelen comenzar mucho antes de que alguien anuncie formalmente una candidatura. Y generalmente aparecen cuando quienes rodean al poder empiezan a preguntarse si quien gobierna conservará suficiente fortaleza para continuar.Eso parece estar ocurriendo alrededor de Javier Milei.En los últimos días comenzaron a instalarse los nombres del empresario de medios Daniel Hadad y del banquero Jorge Brito como posibles figuras capaces de explorar, llegado el momento, una representación electoral vinculada con sectores de centroderecha.

Por ahora, hablar de candidaturas consolidadas sería apresurado. Mucho más aún afirmar que existe una decisión orgánica del denominado “Círculo Rojo” para reemplazar a Milei. Pero en política los globos de ensayo también son información.Cuando aparecen nombres, se realizan consultas, circulan encuestas y determinados sectores comienzan a observar alternativas, el dato importante no siempre es quién terminará siendo candidato. A veces, lo verdaderamente significativo es por qué comenzaron a buscarlo.

UN CENTRO DE PODER QUE YA NO PARECE INALTERABLELa discusión adquiere otra dimensión porque coincide con un momento en el que el Gobierno enfrenta dificultades económicas, desgaste político y una creciente centralización de las decisiones alrededor de Karina Milei.

Circulan además versiones sobre un supuesto aislamiento del Presidente en Olivos y hasta especulaciones acerca de su estado anímico. No existen elementos públicos suficientes que permitan presentar esas afirmaciones como hechos, por lo que corresponde mantenerlas en el terreno de las versiones.

Lo que sí puede observarse políticamente es otra cosa: alrededor de la Casa Rosada comienzan a moverse actores que hasta hace algunos meses difícilmente hubieran considerado necesario pensar en un escenario presidencial alternativo.

Y cuando el poder empieza a ser percibido como endeble, ocurre algo conocido en la historia política argentina: los aliados toman distancia, los empresarios diversifican sus interlocutores y quienes tienen aspiraciones comienzan a probar hasta dónde pueden llegar.Hadad y Brito pueden terminar siendo candidatos o simplemente nombres utilizados para medir reacciones. En cualquiera de los dos casos, su aparición tiene significado.

¿ALTERNATIVAS A MILEI?Una primera lectura indicaría que determinados sectores empresarios comienzan a preguntarse si la reelección de Milei sigue siendo electoralmente viable.

Una segunda interpretación resulta todavía más profunda: que esos sectores no solamente estén evaluando si Milei puede ganar nuevamente, sino si desean que continúe siendo quien represente políticamente sus intereses.El poder económico necesita determinadas condiciones independientemente de quién gobierne: previsibilidad, estabilidad, reglas relativamente permanentes y capacidad política para garantizar acuerdos.Por eso, si empieza a percibir incertidumbre en el centro de las decisiones, naturalmente abre otras puertas.También aparece en ese escenario Patricia Bullrich, con construcción política propia y una posición que le permite conservar vínculos con sectores que exceden al mileísmo.Falta todavía mucho para una elección presidencial y cualquier escenario puede modificarse. Pero precisamente por eso resulta llamativo que determinados movimientos hayan comenzado tan temprano.

EL PROBLEMA DE UN PARTIDO SIN TERRITORIO PROPIOLa Libertad Avanza presenta además una característica que podría convertirse en una debilidad importante ante una eventual pérdida de poder.No posee detrás una estructura territorial histórica comparable con el peronismo, el radicalismo o incluso el PRO.Si el Gobierno comenzara a perder expectativas electorales, la disciplina interna podría deteriorarse rápidamente. Legisladores, dirigentes provinciales y aliados que llegaron atraídos por la fortaleza presidencial podrían comenzar a buscar nuevos destinos políticos.El PRO, aun después de abandonar la Presidencia, conservó la Ciudad de Buenos Aires como territorio central durante años. El peronismo siempre dispuso de gobernaciones, intendencias y organizaciones capaces de resistir derrotas nacionales.El mileísmo carece todavía de semejante refugio.Por eso la expectativa de reelección no constituye solamente una aspiración presidencial: es uno de los principales elementos que mantiene cohesionada a una fuerza política construida alrededor del liderazgo de los hermanos Milei.

MANTENER VIVA LA EXPECTATIVALa reacción más previsible de la Casa Rosada será precisamente reforzar la idea de continuidad.Mostrar iniciativa, recuperar centralidad, sostener que el programa económico finalmente producirá resultados y transmitir hacia adentro que 2027 continúa siendo posible.Porque admitir anticipadamente debilidad podría acelerar aquello que cualquier gobierno intenta evitar: el comienzo del desbande.Además, existen investigaciones y controversias judiciales —entre ellas las derivadas del caso $LIBRA y de ANDIS— cuyo desarrollo deberá resolverse en los tribunales y que agregan tensión política al futuro del oficialismo.Nada permite afirmar hoy que el ciclo de Milei esté terminado ni que los sectores empresarios hayan elegido un reemplazante.Pero existe un dato que merece atención: ya comenzaron a aparecer nombres para ocupar un espacio que hasta hace poco parecía tener dueño exclusivo.En política, cuando alrededor del poder empiezan a ensayarse alternativas, muchas veces el dato más importante no es quién se mueve.Es que alguien haya considerado que llegó el momento de empezar a moverse. 

El Gobierno Nacional anunció este viernes la adjudicación de 3.900 kilómetros de rutas nacionales correspondientes a la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, en un esquema de financiamiento íntegramente privado.El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que la incorporación de estos corredores permitirá avanzar con un programa de concesiones que, según el Ejecutivo, alcanzará en total a más de 9.000 kilómetros de las principales rutas nacionales del país.La nueva etapa contempla ocho tramos estratégicos distribuidos en distintas regiones y provincias, con corredores de relevancia para el transporte de cargas, la circulación interprovincial y la conexión de los principales centros productivos.

Los tramos adjudicados son: Centro: rutas nacionales 9, 19 y 34, en las provincias de Santa Fe y Córdoba.Mesopotámico: rutas nacionales 12 y 18, en Entre Ríos.Centro Norte: ruta nacional 34, en Santa Fe y Santiago del Estero.Noroeste: rutas nacionales 9, 34, 66, 1V66 y A-016, en Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero.Litoral: rutas nacionales 12 y 16, en Corrientes y Chaco.Noreste: rutas nacionales 12 y 105, en Misiones y Corrientes.Chaco–Santa Fe: ruta nacional 11, en Santa Fe y Chaco.Cuyo: ruta nacional 7, en Mendoza.

Un esquema basado en capital privadoDe acuerdo con la información difundida por el Gobierno, las obras y el mantenimiento de estos corredores serán financiados 100% por el sector privado.

El esquema forma parte de la estrategia oficial de ampliar la participación privada en la infraestructura pública y reducir el requerimiento de fondos del Estado nacional para la ejecución de obras viales.

El anuncio se produce en un contexto en el que la infraestructura vial se convirtió en uno de los principales reclamos planteados por los gobernadores. Precisamente, la necesidad de recuperar rutas, mejorar la conectividad y garantizar condiciones adecuadas para el transporte de la producción fue planteada este jueves durante el Consejo de las Américas.

La red vial nacional tiene un papel central en la logística argentina, particularmente para el traslado de productos agropecuarios, industriales y de exportación.

En ese sentido, los corredores incluidos en esta nueva etapa atraviesan regiones de fuerte actividad productiva y conectan provincias con importantes nodos urbanos, industriales y portuarios.

Más de 9.000 kilómetros bajo concesiónCaputo sostuvo que la adjudicación anunciada este viernes completa un proceso que permitirá alcanzar más de 9.000 kilómetros concesionados, distribuidos en 16 tramos estratégicos.“Con esta adjudicación, completamos más de 9.000 km de las principales rutas nacionales que estarán todos en obra a partir de fin de septiembre: 16 tramos estratégicos, por donde circula cerca del 80% del tránsito del país”, afirmó el ministro.La estimación oficial implica que los corredores incluidos en el programa concentran una porción significativa del movimiento vehicular nacional, por lo que las intervenciones previstas tendrán impacto no sólo sobre la circulación de pasajeros, sino también sobre los costos y tiempos de transporte de mercaderías.El Gobierno apunta así a avanzar con un modelo de infraestructura vial sustentado en concesiones y capital privado, en momentos en que las restricciones presupuestarias limitan la capacidad del Estado para afrontar directamente grandes proyectos de inversión.La implementación de las nuevas concesiones y el inicio de las obras previsto para fines de septiembre serán, a partir de ahora, los próximos hitos del programa. El desafío para el Ejecutivo estará puesto en garantizar que las inversiones comprometidas se traduzcan en mejoras concretas en el estado de las rutas, la seguridad vial y la conectividad entre las distintas regiones del país. 

El Poder Ejecutivo autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a disponer y enajenar cuatro inmuebles de propiedad del Estado Nacional ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Tierra del Fuego.

La medida quedó establecida en el Decreto 764/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, publicada hoy en el Boletín Oficial y procesada por la Agencia Noticias Argentinas.El primero de ellos está ubicado en Avenida Belgrano 637, en la Ciudad de Buenos Aires y cuenta con una superficie aproximada de 956,80 metros cuadrados.El segundo se encuentra en un terreno sin nombre de calle en la ciudad de Córdoba Capital y tiene una superficie de 32.261,26 metros cuadrados.El tercero está en la calle Tiburcio Benegas, en San Rafael, Mendoza y tiene una extensión de 25.840,90 metros cuadrados.El cuarto es el de mayor superficie: un predio de 382.594,79 metros cuadrados en Ushuaia, Tierra del Fuego, delimitado entre las calles Yaganes, 44 Héroes ARA San Juan, la Avenida Héroes de Malvinas y la calle Horeb.Según el decreto, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno consideró que la venta de esos inmuebles ociosos “no solo constituirán una fuente de ingresos para el Tesoro Nacional sino que además generarán un impulso en la economía al ponerlos al servicio de diversas actividades productivas”.La AABE identificó los predios en el marco de su Servicio de Auditoría de Bienes Inmuebles, con “falta de afectación específica, uso indebido, subutilización o estado de innecesariedad”, y algunos de ellos ya habían sido desafectados de sus jurisdicciones de origen antes de incorporarse al proceso de venta.En paralelo, la AABE avanzó con procesos de subasta sobre otros dos inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires, cuya venta responde al mismo criterio de identificar propiedades subutilizadas o sin destino específico para generar ingresos al Tesoro y reducir los costos de mantenimiento que representan para el Estado.El primero de esos procesos es la Subasta Pública para vender un terreno de 823,68 metros cuadrados en la calle Santos Dumont 2677, que había estado afectado al uso ferroviario de Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima (ADIF) hasta su desafectación, dispuesta en septiembre de 2025 por el Ministerio de Economía.La convocatoria fue autorizada mediante la Resolución 134/2026, firmada por la presidenta de la AABE, Tania Yedro.Según esa resolución, publicada en el Boletín Oficial, el Tribunal de Tasaciones de la Nación determinó en junio pasado que el valor venal del inmueble —al contado y desocupado— asciende a $3.900 millones, equivalentes a US$2.608.695 al tipo de cambio de referencia utilizado en la tasación, y fijó el valor base de venta en $3.510 millones, equivalentes a unos US$2.347.826.La subasta se realizará a través del sistema electrónico “Subast.ar”, de uso obligatorio desde 2018, y los recursos que se recauden, descontados los gastos, se destinarán conforme al artículo 15 del decreto 1382/2012, la norma que financia a la AABE con los ingresos de la gestión de bienes estatales.El segundo proceso corresponde a un terreno de 210 metros cuadrados en la calle Teniente General Eustaquio Frías 247/249, también en la Ciudad de Buenos Aires.La Resolución 135/2026 declaró desierto el primer llamado a subasta de ese predio y autorizó un nuevo llamado bajo las mismas condiciones.Según la resolución, se había presentado una sola oferente, la firma Frías 247 SA, cuya presentación fue declarada inadmisible por no cumplir con los requisitos administrativos del pliego.El Tribunal de Tasaciones había fijado en mayo el valor venal del inmueble en $433 millones, equivalentes a US$306.007 dólares, con un valor base de venta de $368.050.000, unos US$260.160.El nuevo llamado SPU26 se realizará con idéntico pliego de bases y condiciones y los mismos criterios de afectación de recursos que en el caso anterior. Agencia NA

La actividad se concretó en las instalaciones de Mirador Tec, en la ciudad de Paraná, contando con el acompañamiento de la presidenta de Iapser Seguros, Myriam Clerici; y representantes del mercado asegurador y reasegurador nacional, así como de entidades representativas del sector agropecuario. Esta política pública busca transformar la matriz de cobertura agrícola en el territorio, articulando recursos del Estado provincial junto a compañías que representan el 90 por ciento del mercado del sector.

La propuesta toma al maíz como insumo estratégico para la economía regional, considerando su impacto directo en la cadena avícola, la producción porcina y la generación de proteína animal en el territorio entrerriano. Al respecto, el gobernador remarcó la necesidad de promover un cambio cultural sobre la prevención de riesgos climáticos en la actividad agropecuaria. “Darle tranquilidad y previsibilidad a los productores agropecuarios de nuestra provincia, que son los que generan trabajo y riqueza todos los días, tiene que ver con la tarea del Estado”, afirmó Frigerio.Asimismo, enfatizó el carácter gradual de la medida indicando que “es el primer paso. Elegimos el producto quizás más determinante para nuestra economía, pero la idea es, a partir de esta prueba piloto, seguir creciendo y abarcar a la mayor cantidad de productores de la provincia y del país”.

La herramienta contempla detalles técnicos precisos para facilitar su acceso y ampliar la cobertura tradicional, constituyendo un hito de innovación para el mercado asegurador argentino. La mecánica de adhesión opera de forma transparente e inmediata para pequeños productores con esquemas de hasta 200 hectáreas en departamentos seleccionados bajo análisis de riesgo, activándose el beneficio multirriesgo sin costo adicional en esta primera etapa al momento de contratar la póliza tradicional contra granizo.La inversión gubernamental alcanza el millón de dólares con el acompañamiento de Iapser Seguros y garantiza el capital invertido ante inclemencias del tiempo, evitando la pérdida de sustentabilidad financiera del productor. Es importante destacar que la cobertura no tiene costo adicional para el productor durante este primer año. El programa se consolida además con la adhesión consensuada de las firmas Nación Seguros, Sancor Seguros, San Cristóbal Seguros, La Segunda, El Norte, Mercantil Andina y Cooperación Seguros junto a la firma estatal provincial.

En relación con el funcionamiento operativo y el alcance para el sector, la presidenta de Iapser Seguros, Myriam Clerici, detalló que el programa Escudo Maíz busca sostener la continuidad de las explotaciones familiares. “Se gatilla con un seguro tradicional de granizo y en ese momento, de manera transparente, empieza a funcionar el seguro multirriesgo.

El programa se activa sin costos para el productor y se hace de manera inmediata. Es una prueba piloto con el maíz porque es un insumo tan importante que, cuando la provincia no lo tiene, lo tiene que importar. Empezamos por los pequeños productores porque son los más castigados y los que a veces desaparecen cuando sufren estas inclemencias climáticas. Es una inversión para que el dinero vaya directo al bolsillo del productor a fin de que no pierda su capital, no se endeude y además continúe con su cosecha , asegurando la continuidad productiva”, sostuvo Clerici.  

El lanzamiento contó con el respaldo institucional de entidades representativas como la Federación Entrerriana de Cooperativas, las Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos y la Federación Agraria Argentina. Esta sinergia entre el sector público y privado sienta las bases para escalar la cobertura hacia otros cultivos como trigo, soja o sorgo en las próximas campañas, posicionando a Entre Ríos como pionera en el desarrollo de instrumentos financieros de gestión del riesgo climático.

La reforma previsional de Entre Ríos dejó de ser un proyecto discutido en la Legislatura y comenzó formalmente su etapa de aplicación.El Poder Ejecutivo publicó este viernes en el Boletín Oficial la Ley Nº 11.302 de “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”, que declara la emergencia económica y financiera de la Caja de Jubilaciones y Pensiones durante dos años, con posibilidad de extenderla por otro período similar. La nueva legislación introduce modificaciones que alcanzan al sistema previsional de los tres poderes del Estado y a los municipios y comunas adheridos.

Su entrada en vigencia cierra además varios meses de una fuerte discusión política y gremial. El proyecto obtuvo media sanción del Senado el 15 de julio y fue aprobado definitivamente por Diputados el 29 del mismo mes.

UNA REFORMA QUE LLEGÓ EN MEDIO DE PROTESTASEl tratamiento estuvo acompañado por una importante resistencia sindical.AGMER, junto con otras organizaciones nucleadas en la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones, mantuvo durante aproximadamente dos meses un acampe frente a la Casa de Gobierno mientras la iniciativa era analizada en comisiones.Las jornadas de votación también estuvieron acompañadas por manifestaciones en los alrededores de la Legislatura.Distintos sectores sindicales cuestionaron la constitucionalidad de algunos artículos y anticiparon que, una vez promulgada la norma, podrían recurrir a la Justicia mediante acciones de amparo. Con la publicación oficial comienza, por lo tanto, otra etapa de la discusión: la aplicación concreta de los cambios y las eventuales impugnaciones judiciales que puedan presentarse.

APORTE EXTRA PARA LOS SALARIOS MÁS ALTOSEntre las medidas de efecto más inmediato aparece un aporte personal extraordinario del 3% para los trabajadores públicos en actividad cuya remuneración bruta mensual sea igual o superior a 3 millones de pesos.Quienes perciban ingresos inferiores a ese monto quedan fuera del aporte adicional. También aumentan en tres puntos porcentuales las contribuciones patronales que realizan organismos estatales y gobiernos locales. Para aquellos sectores y municipios que no generen déficit previsional, el incremento será del 1,5% mientras conserven esa condición.

EDAD JUBILATORIA: LOS CAMBIOS SERÁN GRADUALESLa reforma establece como objetivo final una edad de jubilación ordinaria de 65 años para los hombres y 60 para las mujeres, junto con un mínimo de 35 años de aportes.Sin embargo, el cambio no será inmediato.Las condiciones actuales permanecerán sin modificaciones hasta 2030 inclusive y desde el 1º de enero de 2031 comenzará una transición gradual que se extenderá hasta 2039.La edad requerida aumentará seis meses por año, mientras que los años de servicios exigidos se incrementarán progresivamente hasta alcanzar el nuevo régimen.

CAMBIA LA FORMA DE CALCULAR LA JUBILACIÓNOtro punto de fuerte impacto está relacionado con la determinación del haber inicial.

Para la jubilación ordinaria se establece el 82% del promedio actualizado de las últimas 180 remuneraciones mensuales sujetas a aportes, es decir, los últimos 15 años de actividad considerados por la norma.Para las jubilaciones por invalidez y edad avanzada, el porcentaje inicial será del 70% sobre ese promedio.

REGÍMENES ESPECIALESLa ley incorpora además aportes solidarios para beneficiarios de determinados regímenes especiales, entre ellos docentes, trabajadores de salud mental, radiólogos y personal penitenciario.El descuento comenzará en el 19% y disminuirá progresivamente al 17%, 12% y 6% conforme el beneficiario se aproxime a la edad correspondiente al régimen común.Quedarán exceptuados quienes acrediten 30 años de aportes directos al régimen especial dentro de Entre Ríos.

NUEVAS CONDICIONES PARA LAS PENSIONESTambién se modifican aspectos relacionados con las pensiones por fallecimiento.El beneficio será equivalente al 70% de la prestación correspondiente al causante y, en determinadas situaciones, su duración quedará vinculada al tiempo que haya durado el matrimonio o la unión convivencial.La pensión tendrá carácter vitalicio en los supuestos contemplados por la legislación, entre ellos cuando el beneficiario supere los 55 años y reúna determinadas condiciones económicas. Asimismo, se prevé la extinción del beneficio ante un nuevo matrimonio o convivencia.

LOS MUNICIPIOS DEBERÁN RESPONDER POR SU DÉFICITLa reforma introduce también una modificación importante para municipios y comunas.Cada jurisdicción adherida deberá afrontar la proporción del déficit previsional originada por sus propios beneficiarios.Cuando existan deudas por aportes o intereses, la Provincia podrá efectuar descuentos sobre fondos de coparticipación u otros recursos correspondientes al gobierno local deudor.

JUBILACIÓN O SUELDO DEL ESTADOFinalmente, se establece una incompatibilidad para los jubilados provinciales que vuelvan a desempeñarse bajo relación de dependencia en organismos públicos nacionales, provinciales o municipales.En esos casos deberán optar entre continuar percibiendo el haber jubilatorio o cobrar el salario correspondiente al nuevo cargo público.La promulgación pone en marcha una de las reformas más trascendentes y discutidas de los últimos años en Entre Ríos. El Gobierno sostiene que las modificaciones son necesarias para recuperar el equilibrio financiero y garantizar la sustentabilidad futura de la Caja.Los sectores gremiales, en cambio, vienen advirtiendo que el costo del déficit no debe recaer sobre trabajadores y jubilados.La discusión legislativa terminó. Ahora comenzará la etapa que permitirá medir el verdadero alcance económico, social y también judicial de la reforma.

El Gobierno nacional modificó la Ley de Ministerios y reorganizó las competencias vinculadas con el control sanitario de los alimentos, una medida que alcanza de manera directa a distintas etapas de la cadena de abastecimiento. A partir del nuevo esquema, el Ministerio de Economía tendrá entre sus atribuciones la fiscalización de productos agroalimentarios durante su producción, transformación, almacenamiento, transporte, comercialización, importación y exportación.

El cambio fue establecido mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 771/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial. La norma diferencia las funciones de las carteras involucradas: mientras Economía tendrá intervención sobre la fiscalización sanitaria de los productos a lo largo de la cadena, el Ministerio de Salud conservará funciones de normatización y rectoría en materia alimentaria, dentro del ámbito de su competencia.

La nueva distribución de atribuciones adquiere relevancia para los operadores que participan en las cadenas agroalimentarias porque la fiscalización no se circunscribe al establecimiento donde se produce o transforma una mercadería. El decreto incorpora de forma expresa etapas posteriores como depósitos, traslado de productos y comercialización, además de los flujos internacionales.Esto alcanza a cadenas donde las condiciones de inocuidad, conservación y calidad higiénico-sanitaria deben mantenerse durante sucesivos eslabones antes de que el producto llegue a destino. En ese recorrido pueden intervenir productores, plantas elaboradoras, centros de almacenamiento, transportistas, operadores de comercio exterior y distintos puntos de distribución.En materia de comercio exterior, la redacción incluye específicamente la importación y exportación, por lo que el nuevo reparto de competencias también comprende el control sanitario de alimentos y productos alcanzados cuando ingresan o salen del país.La medida no modifica en su articulado los requisitos particulares que debe cumplir cada tipo de mercadería ni establece nuevos procedimientos logísticos. El cambio se concentra en reordenar las competencias ministeriales bajo las cuales se desarrollan las tareas de regulación y fiscalización.

Además de las modificaciones vinculadas con los alimentos, el DNU introduce cambios en otras atribuciones del Ministerio de Salud relacionadas con productos medicinales, cosméticos y de uso doméstico, y le asigna funciones específicas para la prevención y el abordaje de la ludopatía.

El DNU sustituye el inciso 74 del artículo 20 de la Ley de Ministerios y establece que Economía deberá entender en la fiscalización sanitaria de la producción agropecuaria, forestal y pesquera, así como en la normalización, registro y control de la sanidad, calidad higiénico-sanitaria e inocuidad de distintos productos.La enumeración incluye productos, subproductos y derivados agroalimentarios, bebidas, aguas minerales, dietéticos y alimentos acondicionados, cualquiera sea su origen. También contempla los insumos específicos, aditivos, colorantes, edulcorantes e ingredientes utilizados en la alimentación humana.Para la cadena logística y el comercio exterior, uno de los principales puntos de la modificación está en su alcance operativo. La competencia abarca expresamente todas las etapas de producción y transformación, pero también el almacenamiento y el transporte, además de la comercialización y las operaciones de importación y exportación.En los fundamentos de la medida, el Ejecutivo señaló que corresponde que Economía intervenga en estas tareas de fiscalización sanitaria. También recordó que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) es un organismo descentralizado que funciona dentro de la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de esa cartera.Salud conservará la rectoría en materia alimentariaEn paralelo, el decreto modifica las atribuciones del Ministerio de Salud. La nueva redacción establece que esa cartera deberá “intervenir en la normatización y rectoría en materia de alimentos”, dentro de sus competencias.De esta manera, la norma busca separar las responsabilidades relacionadas con la definición sanitaria y normativa de aquellas asociadas con la fiscalización y el control de productos a lo largo de su circuito productivo y comercial.Entre los argumentos del decreto, el Poder Ejecutivo sostuvo que Salud debe ejercer la rectoría sanitaria y la normatización en materia de salud alimentaria, con el objetivo de orientar las políticas públicas hacia la protección y promoción de la salud de la población.El texto también toma como referencia el Sistema Nacional de Control de Alimentos y el Código Alimentario Argentino. En sus considerandos recuerda que este último constituye la norma fundamental del sistema y que el SENASA tiene asignadas funciones vinculadas con la ejecución de la política alimentaria y el cumplimiento de sus disposiciones.

Durante la jornada, puso en funciones el Centro de Comando y Gestión para el fenómeno de El Niño, una herramienta estratégica que permitirá centralizar información, monitorear en tiempo real la situación en distintos puntos de la provincia y coordinar el despliegue de los recursos disponibles.El nuevo centro, ubicado en la Jefatura Central de Policía, constituye un punto estratégico para la gestión de situaciones críticas vinculadas con crecidas de ríos y arroyos, inundaciones, anegamientos, tormentas severas y otros eventos meteorológicos. Desde allí se podrá obtener una visión integral de la capacidad operativa provincial, conocer dónde se encuentran los recursos, cuáles están disponibles y cuáles pueden ser movilizados de manera inmediata ante una emergencia. “Hoy ponemos en funciones el Centro de Comando y Gestión para el fenómeno de El Niño. Esto es lo que tenemos que hacer: prepararnos de la mejor manera frente a lo inevitable”, sostuvo Frigerio.La principal fortaleza del Centro de Comando y Gestión radica en la posibilidad de integrar información y recursos para anticipar escenarios y mejorar la toma de decisiones. La sala permite monitorear la disponibilidad de embarcaciones, vehículos, personal, grupos especiales, equipamiento logístico y otros medios destinados a la prevención y asistencia. También incorpora información relacionada con precipitaciones, tormentas, niveles y crecidas de ríos y arroyos, y situaciones de riesgo, con el objetivo de orientar rápidamente los recursos hacia los sectores que más los necesiten.En este sentido, el sistema apunta a construir progresivamente un monitoreo integral de todo el territorio entrerriano, mediante la articulación permanente con los municipios y los organismos provinciales. La incorporación de información en tiempo real desde cada localidad permitirá contar con una visión unificada de las condiciones existentes y de la evolución de una eventual emergencia. “Si los municipios nos dan apertura, desde aquí se pueden monitorear todos los sistemas de monitoreo municipales y policiales”, explicó el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, quien destacó la importancia de compartir información para fortalecer la coordinación operativa.

El Centro también permitirá mantener comunicados a los jefes de las Policías Departamentales y conocer la ubicación y disponibilidad de las unidades operativas desplegadas en la provincia. De esta manera, ante una situación crítica, la información centralizada permitirá responder con mayor rapidez preguntas fundamentales: qué está ocurriendo, dónde está ocurriendo, qué recursos están disponibles, dónde se encuentran y hacia dónde deben ser enviados. La Policía de Entre Ríos dispone de unos 1.000 efectivos para reforzar las tareas de prevención, asistencia y respuesta ante posibles emergencias.

Acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, Frigerio destacó la inversión realizada por la Policía de Entre Ríos para ampliar su capacidad operativa y valoró la incorporación de gomones, embarcaciones, motos de agua, vehículos, grupos electrógenos, equipamiento para rescate y asistencia, elementos de protección personal y otros recursos logísticos. La inversión supera los 100 millones de pesos y está orientada a fortalecer la preparación de la provincia frente a los posibles efectos asociados al fenómeno de El Niño. “Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para tratar de minimizar algo que parece inevitable que ocurra”, afirmó el Gobernador.Durante la presentación también se exhibieron móviles de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales y otros medios que se encuentran distribuidos estratégicamente en el territorio entrerriano. El objetivo es que estos recursos puedan ser movilizados de acuerdo con las necesidades de cada departamento y evitar la duplicación de esfuerzos, optimizando la capacidad de respuesta del Estado. Frigerio remarcó, además, que el trabajo coordinado con los presidentes municipales, el Ejército y las distintas fuerzas de seguridad será fundamental para afrontar los escenarios que puedan presentarse.Con la puesta en funcionamiento del Centro de Comando y Gestión para el fenómeno de El Niño, Entre Ríos incorpora una herramienta orientada a una gestión de emergencias más moderna, preventiva y coordinada. La estrategia no se limita a disponer de medios materiales, sino que busca integrarlos mediante información actualizada, comunicación permanente y una planificación que permita anticiparse a los acontecimientos. De esta manera, la Provincia fortalece su capacidad para proteger a las comunidades ante crecidas, inundaciones, tormentas y otras contingencias, con una respuesta rápida y eficiente basada en la coordinación entre la Policía, los municipios y los distintos organismos del Estado. 

Un minuto de silencio recordó a quien durante años ocupó una banca y protagonizó, con vehemencia y convicciones, numerosos debates de la vida política de la ciudad. Luego, el cuerpo avanzó con la adhesión a la Urgencia Sanitaria en Salud Mental, un pedido de informes sobre el Vivero Municipal y diferentes reconocimientos.

Hubo este miércoles una ausencia que, paradójicamente, se hizo presente en el recinto del Concejo Deliberante de Concordia.

Antes de los expedientes, las ordenanzas y las diferencias propias de la política, las distintas bancadas coincidieron en detener por unos minutos la actividad para recordar al Dr. Guillermo Satalía Méndez, exconcejal y dirigente político concordiense fallecido el 9 de agosto.

Fue un momento de particular solemnidad para un ámbito que Satalía Méndez conoció profundamente y en el que dejó parte de su trayectoria pública. Ya no estaba físicamente en el recinto, pero su nombre volvió a escucharse entre esas bancas donde tantas veces defendió sus posiciones y sostuvo sus debates.

La concejal Carolina Amiano, del bloque Más para Entre Ríos, fue la encargada de expresar el homenaje, al que adhirieron representantes de las diferentes fuerzas políticas.Más allá de las pertenencias partidarias y de las diferencias que naturalmente pudieron existir durante años de actividad pública, hubo coincidencia al recordarlo por su vehemencia, su calidez personal, el compañerismo y, especialmente, el valor que otorgaba a la palabra empeñada.Las expresiones fueron acompañadas por las condolencias a su familia. Después llegaron unos segundos en los que ya no hubo discursos: el recinto completo se puso de pie y guardó un minuto de silencio en su memoria.La sesión, presidida por el vicepresidente primero del cuerpo, Felipe Sastre, y con diez concejales presentes, continuó posteriormente con una amplia agenda.

CONCORDIA ADHIRIÓ A LA URGENCIA EN SALUD MENTALEntre las decisiones de mayor relevancia, el Concejo aprobó la adhesión municipal al Decreto Provincial Nº 2130/26, mediante el cual Entre Ríos declaró la Urgencia Sanitaria en Salud Mental.La medida habilita al Ejecutivo municipal a coordinar acciones con el Ministerio de Salud provincial para reforzar las políticas de prevención, asistencia y abordaje integral de las problemáticas de salud mental y los consumos problemáticos.La aplicación de los programas estará condicionada a las disponibilidades presupuestarias municipales, procurando que las nuevas intervenciones no comprometan otros servicios públicos esenciales.

CAMBIO EN LA CONDUCCIÓN DEL BLOQUE OFICIALISTALa sesión también dejó una modificación política dentro de Juntos por Entre Ríos.La concejal Eliana Lagraña solicitó autorización para ausentarse durante el resto del período legislativo 2026 por razones de salud y, por el mismo motivo, presentó su renuncia a la presidencia de la bancada.Ante esta situación, Celeste Fuscado fue elegida para conducir el bloque oficialista durante lo que resta del año.

PEDIDO DE INFORMES POR EL VIVERO MUNICIPALOtro de los puntos que generó atención fue la aprobación de un pedido de informes al Departamento Ejecutivo relacionado con el funcionamiento del Vivero Municipal y la Licitación Pública Nº 30/2026.El Concejo solicitó precisiones sobre el estado de las instalaciones, capacidad y volumen de producción, cantidad de trabajadores y stock de especies vegetales.También pretende conocer los fundamentos técnicos que llevaron a recurrir a la compra externa de ejemplares, además de acceder a informes de la Dirección de Parques y Paseos, el programa de forestación previsto y los lugares de la ciudad donde serán destinadas las especies adquiridas.

Desde la oposición se sostuvo que el pedido responde a la necesidad de garantizar transparencia en la utilización de los recursos públicos. El oficialismo, por su parte, aseguró que el Ejecutivo brindará la documentación requerida dentro de los plazos correspondientes.

DISTINCIONES A PERSONALIDADES E INSTITUCIONESLa jornada se completó con diferentes reconocimientos vinculados con la cultura, la educación, la actividad profesional y el deporte.

El Concejo declaró Personalidad Destacada de Concordia a Mario Enrique Nicolás Di Maio, comandante mayor retirado de Gendarmería Nacional, escritor, poeta y músico, destacando su producción literaria, su aporte a la cultura criolla y su trabajo de prevención de las adicciones.

También fue declarado de Interés Municipal su libro “Al Gran Pueblo Argentino ¡Salud! Sin Adicciones”, que aborda la problemática desde perspectivas médicas, jurídicas y educativas, utilizando además elementos de la literatura gauchesca.

Asimismo, recibió la declaración de Interés Municipal, Educativo y Profesional la Jornada de Capacitación en Higiene y Seguridad organizada por HYSER para este 21 de agosto en el Centro de Convenciones de Concordia. Entre sus temáticas se encuentran los riesgos psicosociales y la utilización de inteligencia artificial aplicada a la seguridad laboral.

El cuerpo declaró además de Interés Municipal y Educativo la XX edición del curso “Ingeniería en Industria de Cítricos y Berries”, organizado por la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la UNER y AUSAL, que tendrá lugar entre el 7 y el 10 de septiembre.

Finalmente, fue reconocida la jornada sobre “Principios Básicos del Judo”, realizada el 15 de agosto en el Club Río Uruguay y encabezada por el profesor Néstor Fabio Zambón, por su aporte deportivo, educativo y social.

Fue, en definitiva, una extensa jornada legislativa. Pero entre todos los asuntos tratados quedó una imagen distinta a las habituales: por un minuto las diferencias políticas quedaron en silencio y el recinto recordó a uno de los hombres que alguna vez ocupó esas mismas bancas.

Martín Oliva, Marcelo Berthet, Juan Diego Conti, Claudia Silva y Víctor Sanzberro, presentaron un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo de Entre Ríos para conocer el estado de ejecución de los fondos con afectación específica al Sistema Vial Integrado (SISVIAL) y las gestiones realizadas ante el Gobierno nacional para garantizar que esos recursos lleguen efectivamente a las obras viales de la provincia. Advierten sobre la sub ejecución de fondos mientras se profundiza el deterioro de la red vial nacional en Entre Ríos y cifras millonarias destinadas por ley a obras viales estarían inmovilizadas en plazos fijos o colocadas en títulos públicos. La iniciativa de los senadores busca conocer, entre otros aspectos, los montos recaudados, transferidos, comprometidos y efectivamente pagados por el SISVIAL durante 2024, 2025 y lo transcurrido de 2026, discriminados por obra, expediente de la Dirección Nacional de Vialidad y empresa contratista. También solicita información sobre las obras actualmente financiadas, su avance físico y financiero y los tramos de la Red Vial Nacional que requieren mantenimiento, reconstrucción o repavimentación y no cuentan con financiamiento asignado.Los legisladores expresaron especial preocupación por los datos que surgen de un relevamiento periodístico citado en los fundamentos del pedido. Según esa información, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 se recaudaron $1,5 billones destinados al SISVIAL, pero solamente se ejecutaron $394.406 millones, lo que representa una sub ejecución del 73,8%. En particular, durante 2024 se ejecutó el 11,3% de lo recaudado, en 2025 el 39% y entre enero y mayo de 2026 apenas el 18,5%.A esto se suma otro dato que los senadores consideran especialmente relevante: al 31 de mayo de 2026, $1.001.018 millones permanecían colocados en títulos públicos y plazos fijos, mientras otros $37.761 millones se encontraban inmovilizados en una cuenta corriente especial del Banco Nación. En total, más de $1.038.000 millones no habían sido aplicados a obras viales.En ese sentido, el pedido también solicita conocer si el Poder Ejecutivo tomó conocimiento de la existencia de saldos ociosos o colocaciones financieras correspondientes a recursos del SISVIAL y, en caso afirmativo, qué acciones emprendió o prevé emprender para reclamar su aplicación efectiva a las obras viales. Los senadores también pidieron información sobre el impacto que tuvo la disolución del Fideicomiso Individual PPP Red de Autopistas y Rutas Seguras (PPP RARS), dispuesta por el Decreto Nacional 415/2025, sobre las obras viales en ejecución o previstas en Entre Ríos y sobre las garantías existentes para la continuidad de los compromisos de pago.“No se trata solamente de discutir números: detrás de cada obra que no se ejecuta hay rutas deterioradas, mayores riesgos para quienes circulan y mayores costos para quienes producen y transportan en Entre Ríos”, remarcaron.

Por último, reclamaron conocer qué gestiones concretas realizó el Gobierno provincial ante la Nación para normalizar la ejecución de los fondos del SISVIAL y si la Provincia acompañó e impulsó los reclamos de los gobernadores para garantizar la distribución de los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono.Los legisladores consideraron que, frente al deterioro de la infraestructura vial, la Provincia debe asumir un rol activo en la defensa de los recursos que corresponden a Entre Ríos y exigir que los fondos destinados específicamente a las rutas sean efectivamente utilizados para ese fin. 

En medio de una exposición principalmente económica, el presidente Javier Milei volvió a plantear su rechazo a la legalización del aborto, esta vez relacionando la cuestión con la disminución de la natalidad y sus posibles consecuencias para el futuro económico del país.Durante su intervención en el Council of the Americas, ante empresarios, gobernadores y funcionarios, Milei utilizó una de las frases más fuertes de la jornada: “Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes”.El mandatario sostuvo que la Argentina atraviesa un problema demográfico que, según su interpretación, dificulta la reposición del capital humano necesario para sostener mayores niveles de crecimiento.Milei fue más allá y vinculó directamente esa situación con el futuro de las jubilaciones: “Nos está costando en términos de crecimiento y ni les cuento en términos del sistema previsional”, afirmó.La referencia presidencial apuntó a la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada por el Congreso a fines de 2020 y vigente desde enero de 2021, luego de un extenso debate político y social que tuvo como protagonistas a los movimientos identificados con el pañuelo verde.

UN DISCURSO ECONÓMICO CON FUERTES DEFINICIONES POLÍTICASLas referencias al aborto aparecieron dentro de un discurso en el que Milei defendió el rumbo económico de su administración y volvió a confrontar con distintos sectores.Uno de los momentos de mayor dureza se produjo cuando cuestionó a quienes se opusieron a las políticas de desregulación impulsadas por el ministro Federico Sturzenegger.También apuntó contra aquellos empresarios que, según la visión del Gobierno, construyeron sus negocios a partir de privilegios o beneficios obtenidos del Estado.“Si queremos ser grandes, hay que ponerse los pantalones largos y los hijos de puta prebendarios tienen que quebrar”, lanzó el Presidente, utilizando una expresión que rápidamente tuvo repercusión política y mediática.De esta manera, el cierre del Council terminó excediendo ampliamente la discusión estrictamente económica. Milei combinó la defensa de su programa de Gobierno con definiciones ideológicas sobre el aborto, la evolución demográfica del país, el sistema jubilatorio y el vínculo entre el Estado y determinados sectores empresarios.No es la primera oportunidad en que el mandatario cuestiona públicamente la legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, en esta ocasión incorporó un argumento diferente al relacionarla directamente con la natalidad y el futuro económico y previsional de la Argentina, reabriendo un debate que continúa generando fuertes posiciones encontradas en la sociedad.

La postura del bloque “Más Para Entre Ríos” se basa en la situación planteada a partir de la decisión del gobierno provincial de contratar un servicio de provisión, logística y distribución de alimentos no perecederos destinados a desayunos y meriendas en comedores escolares de la provincia, dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano, y que tal servicio fue adjudicado a la firma Teknofood S.A., con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La bancada justicialista señaló que en esa modificación del sistema de funcionamiento de los comedores escolares donde se observan cuestiones que podrían afectar la alimentación cotidiana de los niños, niñas y adolescentes que concurren a las escuelas públicas de Entre Ríos. El bloque advirtió que la calidad nutricional de los alimentos no aportaría a los alumnos los nutrientes necesarios y además podría afectar su salud.

Igualmente recordó que los niños, niñas y adolescentes son un grupo de tutela prioritaria tanto a nivel constitucional como en las convenciones internacionales, por lo que su alimentación requiere atención urgente. Del mismo modo, remarcaron que ese bloque presentó el 28 de julio un Pedido de Informes referido a la contratación de Teknofood, que consta de 34 puntos, y que no fue respondido por el Poder Ejecutivo Provincial.

Ante el planteo realizado por padres de alumnos, gremios y distintas organizaciones de la sociedad ante el Poder Judicial, que generó una medida cautelar que dispuso que el gobierno se abstenga de brindar en las escuelas los productos de Teknofood que contengan uno o más sellos de advertencia o leyendas precautorias según la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, los legisladores y legisladoras sostienen que la Cámara “no puede hacer caso omiso a esta situación”y reclaman  interpelar a los funcionarios responsables: la ministra de Desarrollo Humano y el director de Comedores de la Provincia.

El Senado entrerriano convirtió este miércoles en Ley el proyecto que establece un nuevo esquema institucional para promover el desarrollo económico, productivo, social, educativo y de infraestructura del norte de la provincia.Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es que las políticas destinadas a esta región ya no dependan exclusivamente de decisiones circunstanciales de cada administración, sino que cuenten con un instrumento legal capaz de sostener la planificación más allá de los cambios de gobierno.

La senadora por Feliciano, Gladys Domínguez, destacó precisamente ese punto y sostuvo que departamentos como Feliciano, Federación y La Paz han quedado históricamente relegados frente a otras regiones entrerrianas.“Esta iniciativa se trata de que trascienda, de que se haga ley, y de esta manera que trascienda diferentes gestiones”, expresó la legisladora, quien consideró que la norma permitirá que estos territorios tengan mayor consideración al momento de discutir presupuestos, inversiones e incentivos.

CUATRO DEPARTAMENTOS Y UNA ESTRATEGIA COMÚNLa Región del Norte Entrerriano comprende sectores rurales pertenecientes a Feliciano, La Paz, Federal y Federación.En Feliciano quedaron incluidos los distritos Chañar, Basualdo, Manantiales, Feliciano y Atencio; en La Paz, Tacuaras y Ombú; en Federal, Banderas, Achiras, Sauce de Luna, Diego López, Chañar y Francisco Ramírez; y en Federación, Tatutí y Atencio al Este.La intención es abordar las necesidades de esos territorios desde una mirada regional, evitando que cada localidad o departamento deba gestionar de manera aislada problemas que en muchos casos son comunes.

UNA MESA PARA DEFINIR PRIORIDADESLa nueva legislación crea la Mesa Coordinadora de Desarrollo del Norte Entrerriano, que será el ámbito encargado de elaborar diagnósticos, establecer prioridades, coordinar organismos y realizar el seguimiento de las políticas que se implementen.Allí tendrán representación ambas cámaras legislativas, el Poder Ejecutivo provincial, los municipios que adhieran, organizaciones no gubernamentales y sectores privados vinculados con la producción.

También participarán representantes del INTA, universidades o instituciones científico-tecnológicas y CAFESG, buscando incorporar al diseño de las políticas públicas tanto al conocimiento técnico como a los sectores directamente vinculados con la realidad productiva y social de la región.

Domínguez consideró fundamental la creación de este ámbito: “Es una muy buena oportunidad para que nuestra región deje de ser tan postergada”, señaló al destacar la posibilidad de sentar en una misma mesa a legisladores, gobiernos locales, instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTOEntre las funciones asignadas a la Mesa estarán la planificación estratégica regional, la coordinación entre instituciones, el impulso de proyectos productivos, sociales y territoriales, la participación ciudadana y la evaluación de los resultados alcanzados.Los integrantes desempeñarán sus funciones ad honorem y deberán reunirse, como mínimo, una vez cada dos meses, procurando que los encuentros se desarrollen principalmente en los municipios adheridos.La Mesa Coordinadora deberá quedar constituida y comenzar a funcionar dentro de los 60 días posteriores a la promulgación de la Ley.Con la sanción legislativa queda ahora planteado el desafío más importante: transformar el nuevo marco legal en obras, inversiones y políticas concretas capaces de modificar las condiciones de una región entrerriana que durante años ha reclamado mayor atención y oportunidades de desarrollo.

El presidente Javier Milei cerrará este jueves la 23ª edición del Council de las Américas, que se desarrollará en el Alvear Palace Hotel de Buenos Aires y reunirá a funcionarios, gobernadores y representantes de importantes sectores empresarios.La presencia presidencial tendrá un fuerte contenido económico. En momentos en que persisten interrogantes sobre el ritmo de recuperación de la actividad, el Gobierno intentará llevar un mensaje de estabilidad y previsibilidad al sector privado y reforzar las expectativas sobre una nueva etapa de inversiones.La actividad comenzará a las 9 con las exposiciones del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.Posteriormente será el turno del ministro de Economía, Luis Caputo, quien tendrá a su cargo uno de los mensajes centrales de la jornada. El funcionario mantuvo previamente un encuentro con autoridades del Council, entre ellas su presidenta y CEO, Susan Segal.Caputo destacó que durante esa reunión se analizaron las reformas económicas implementadas por el Gobierno, la recuperación de la confianza de los inversores y las oportunidades de negocios que presenta actualmente el país.

MINERÍA Y ENERGÍA, DOS SECTORES CLAVELa agenda otorgará un lugar destacado a dos actividades que el Gobierno considera fundamentales para incrementar las exportaciones y el ingreso de capitales: minería y energía.En el panel denominado “Minería: Inversión, Desarrollo y Oportunidades para Argentina” participarán los gobernadores Carlos Sadir, de Jujuy, y Gustavo Sáenz, de Salta, junto con empresarios vinculados principalmente a proyectos de cobre y oro.Allí se analizarán inversiones proyectadas, posibilidades de expansión y condiciones regulatorias necesarias para acelerar emprendimientos privados.La energía ocupará otro de los espacios centrales del encuentro. Participarán los gobernadores Rolando Figueroa, de Neuquén, e Ignacio Torres, de Chubut, junto con Hugo Eurnekian, presidente y CEO de CGC, y Rodolfo Freyre, CEO de Southern Energy LNG.Antes del discurso de Milei también está prevista la participación del ministro Federico Sturzenegger y del canciller Pablo Quirno.

INFLACIÓN, DÓLARES Y CRÉDITO PARA LAS EMPRESASEl encuentro empresario se produce además en momentos en que el Gobierno busca mostrar nuevos indicadores para respaldar su política económica.El INDEC informó una inflación mayorista del 0,8% durante julio, cifra inferior a la registrada el mes anterior y que la administración nacional pretende exhibir como una nueva señal del proceso de desaceleración de los precios.En paralelo, se avanzó con modificaciones destinadas a ampliar el acceso de las empresas a créditos en dólares, una posibilidad que dejará de estar restringida exclusivamente a compañías exportadoras.Las firmas que utilicen ese mecanismo deberán liquidar las divisas obtenidas en el mercado oficial. Desde el Gobierno consideran que la medida podría incrementar la oferta de dólares, disminuir presiones cambiarias y facilitar el financiamiento destinado a inversiones productivas.Con este escenario, Milei buscará cerrar el encuentro con un mensaje dirigido especialmente al capital privado: convencer a los empresarios de que la estabilización económica puede transformarse en crecimiento y que existen condiciones para avanzar con nuevas inversiones en la Argentina.

La organización comenzó a tomar forma tras una cumbre de alto nivel liderada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que reunió a integrantes del Gabinete nacional, funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y representantes de la Iglesia. El encuentro contó con la participación clave del nuncio apostólico en el país, monseñor Michael Wallace Banach. En representación de la Santa Sede, Banach destacó la plena disposición del Gobierno argentino para avanzar en la coordinación del arribo papal.

Avanzada vaticana y posibles sedesDurante la mesa de trabajo se trazaron los primeros lineamientos sobre la agenda de actividades, los anillos de seguridad, la logística de traslados y la difusión de la visita. En este marco, se confirmó que el próximo 30 de agosto aterrizará en el país una comitiva de avanzada del Vaticano, cuya misión será recorrer y evaluar técnicamente los posibles escenarios de los encuentros.Si bien el cronograma definitivo está en desarrollo, la agenda preliminar contempla realizar actos masivos en tres jurisdicciones estratégicas:Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Se evalúa el Monumento a los Españoles.Provincia de Buenos Aires: El punto de encuentro sería la emblemática Basílica de Luján.Córdoba: El predio de FADEA (Fábrica Argentina de Aviones) asoma como la principal opción para albergar a los fieles.

Alojamiento y cobertura globalPara optimizar el megaoperativo, se estableció que León XIV se alojará en la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires. Por su parte, la delegación oficial que lo acompaña hará base en un hotel cercano, con el objetivo de facilitar y centralizar la logística urbana.

La visita promete captar la atención mundial y contará con un despliegue mediático acorde a la magnitud del evento: el Santo Padre llegará acompañado por más de 80 periodistas internacionales a bordo del vuelo papal.

Gira sudamericana: fechas confirmadasDesde el Vaticano confirmaron que el Sumo Pontífice recorrerá la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Este histórico viaje tendrá un profundo carácter regional, ya que la hoja de ruta incluye una escala previa en territorio de Uruguay y un gran cierre en Perú.

Por Lucrecia Eterovich - Luego de que la inflación saltara a 2,1% en julio, en gran medida por factores estacionales como las vacaciones de invierno, el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, se mostró optimista respecto a cómo están corriendo los precios en lo que va del mes y sostuvo que probablemente el dato de inflación de agosto se ubique por debajo de 1,9 por ciento.

La postura de Bausili quedó expuesta durante el FIEL Premium Meeting, que se desarrolló este miércoles en formato virtual. “Seguimos viendo una reducción de la inflación, los analistas que están publicando mediciones de alta frecuencia para agosto son bastante auspiciosos, a que pareciera que vamos a tener una tasa de inflación menor a la de julio, que tuvo factores transitorios, pero también probablemente menor a la de junio”, sostuvo.En junio, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) marcó que la inflación fue de 1,9%. Ahora para el presidente de la entidad, en agosto podría ubicarse por debajo de ese valor, al menos por lo que mostraron las mediciones de alta frecuencia de las primeras dos semanas del mes.Su mensaje ganó relieve tras la difusión de los últimos datos del Indec, que informó que la inflación mayorista en julio fue de 0,8%. Ese registro fue celebrado por el presidente Javier Milei, quien había anticipado que la inflación mensual iba a comenzar con cero a mediados de este año. El dato, sin embargo, solo refleja el comportamiento de los precios mayoristas, es decir, aquellos a los que los productores e importadores venden en el mercado interno y no incluye los servicios.En su intervención, Bausili explicó que las presiones que habían visto en el primer trimestre y que fueron caracterizado como temporarias, resultaron ser así y dejaron de ejercer presión en el segundo trimestre. A su vez, remarcó que la inflación de abril, mayo y junio mostró una “marcada reducción” respecto del periodo de octubre a marzo. En ese marco, el titular del BCRA señaló que las expectativas del mercado permanecen están bien ancladas en este aspecto. Con una proyección de inflación para todo el año completo 2026 alrededor del 30% y 2027 del 20 por ciento.Las consultoras privadas, como Analytica, LCG y EconViews, difundieron sus relevamientos para las primeras semanas de agosto y registraron comportamientos dispares en los precios de alimentos y bebidas. Pero en línea con la expectativa de Bausili, consideran que la inflación de agosto se va a ubicar entre 1,8% y 1,9 por ciento.Analytica detectó una variación de 0,8% en alimentos y bebidas durante la segunda semana del mes y calculó un alza de 1,8% para el promedio de cuatro semanas. El informe de la consultora destacó subas de 5,4% en verduras y de 3% en pescados y mariscos, mientras que carnes y derivados subieron 0,7%, y frutas, 0,3%. Para el nivel general, la proyección también se ubicó en 1,8%. Un dato que si se confirma, implicaría una desaceleración de 0,3 puntos porcentuales.

En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el BCRA, la mediana de las respuestas de los analistas ubicó la inflación de agosto en ese mismo 1,8%. De este modo, tanto las estimaciones oficiales como las privadas coinciden en una tendencia de moderación de los precios para el mes en curso.Por su parte, LCG reportó una baja de 0,3% en la segunda semana de agosto en alimentos y bebidas. Según la consultora, esa caída compensó parte del aumento de la semana anterior. El promedio de las últimas cuatro semanas desaceleró a 2,2%, 0,3 p.p. por debajo del registro previo. Entre los factores que explican ese movimiento, LCG identificó el ajuste en el precio de carnes, que bajó 1% después de una suba la semana anterior, y una nueva caída en bebidas, con un descenso de 1,6 por ciento.El comportamiento de los precios en supermercados y comercios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBa) también fue evaluado por EconViews. De acuerdo con su relevamiento, en la segunda semana de agosto la canasta de alimentos y bebidas relevada en supermercados del Gran Buenos Aires subió 0,1%. En ese período, el rubro verdulería encabezó las subas con 0,8%, mientras que carnes descendió 0,3%, y el promedio acumulado de las últimas cuatro semanas se ubicó en 2,2 por ciento. Por lo que, hasta el momento, proyectan que el índice general en agosto se va a ubicar en 1,9 por ciento.

Las diferencias en los porcentajes registrados por cada consultora muestran que el proceso inflacionario presenta comportamientos distintos entre rubros y regiones. Algunos productos, como verduras y pescados, registraron incrementos significativos, mientras otros, como carnes y bebidas, bajaron sus precios en las últimas semanas. Este fenómeno llevó a que el promedio general se ubique por debajo del 2% en varias mediciones, señalando una desaceleración en los precios de alimentos y bebidas, aunque con variaciones internas relevantes.Luego del salto que marcó la inflación en julio, a pesar de que fue por factores estacionales, el Gobierno necesita mostrar una desaceleración el ritmo de aumento de precios en agosto. Hasta el momento los relevamientos de las consultoras son optimistas, marcan que la inflación rompería con el piso del 2% mensual en el octavo mes del año aunque lejos de empezar con cero este indicador como en algún momento habló el Gobierno.

Una fuerte conmoción se produjo en las primeras horas de este miércoles en las filas de la Policía de Entre Ríos, luego de conocerse la detención de Daniel Rosatelli, funcionario de la fuerza provincial que cumplió importantes funciones administrativas, jurídicas y de asesoramiento.El impacto adquirió todavía mayor dimensión porque uno de los allanamientos ordenados por la Justicia Federal se realizó dentro de la propia sede de la Jefatura Departamental Paraná, específicamente en la oficina vinculada a Rosatelli.El operativo comenzó poco después de las 8 de la mañana y estuvo a cargo de efectivos de la Policía Federal Argentina, Delegación Paraná, por disposición del Juzgado Federal de Paraná, a cargo del juez Leandro Ríos, en el marco de una investigación por presuntas infracciones a la Ley Nacional Nº 23.737 de Estupefacientes.De acuerdo con la información conocida, Rosatelli fue detenido en su domicilio particular y posteriormente trasladado a dependencias de la Policía Federal en Paraná. Se preveía que más tarde fuera derivado a la Unidad Penal Nº 1.

La noticia recorrió rápidamente las dependencias policiales de toda la provincia y generó un fuerte impacto interno. No se trata solamente de la detención de un integrante de la institución: Rosatelli ocupó lugares sensibles dentro de la estructura policial, entre ellos funciones en el área jurídica, la Secretaría General de la Departamental Paraná y tareas de asesoramiento en Investigaciones.

UNA FAMILIA CON HISTORIA DENTRO DE LA FUERZAOtro elemento que aumentó la repercusión del caso son los antecedentes familiares de Rosatelli dentro de la Policía entrerriana.Daniel Rosatelli es hijo del comisario general retirado Juan Ramón Rosatelli, quien llegó a ocupar uno de los cargos más importantes de la institución al desempeñarse como subjefe de la Policía de Entre Ríos, durante períodos correspondientes a las gestiones provinciales de Jorge Busti y Sergio Urribarri.

Por esa trayectoria familiar y por los cargos desempeñados por el ahora detenido, el procedimiento provocó sorpresa y preocupación en distintos ámbitos de la fuerza provincial.La investigación judicial deberá determinar ahora cuál habría sido concretamente la participación de Rosatelli en los hechos investigados. Su detención no implica una declaración de culpabilidad y rige el principio constitucional de inocencia mientras avance el proceso judicial.

EL GOBIERNO: “NADIE ESTÁ POR SOBRE LA LEY”Tras conocerse los procedimientos, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos difundió un comunicado oficial en el que confirmó la intervención de la Policía Federal, los allanamientos y la detención de Rosatelli.Según informó oficialmente la cartera que conduce Néstor Roncaglia, uno de los procedimientos se concretó en la Jefatura Departamental Paraná y quedó “circunscripto específicamente” a la oficina de Rosatelli, mientras otras medidas se realizaron en inmuebles vinculados con la investigación, incluido su domicilio particular.

El Ministerio y la Jefatura de Policía aseguraron su “plena colaboración con la Justicia Federal para el esclarecimiento de los hechos investigados” y señalaron que pondrán a disposición del magistrado toda la información y documentación que sea requerida.

El comunicado concluye con una frase contundente, escrita en mayúsculas, con la que el ministro Roncaglia fijó la posición oficial ante un episodio que golpea directamente a la institución: “NADIE ESTÁ POR SOBRE LA LEY”.La causa permanece bajo investigación de la Justicia Federal y se aguardan mayores precisiones sobre el alcance de los procedimientos, las pruebas incorporadas y la situación procesal de las personas involucradas.