La Cámara alta aprobó el jueves y giró a Diputados un proyecto de ley del senador catamarqueño Flavio Fama que incorpora la educación emocional entre los objetivos de la enseñanza obligatoria en la Argentina. La propuesta modifica distintos artículos de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 con el propósito de que las escuelas promuevan herramientas para el reconocimiento, la comprensión y la expresión saludable de las emociones.

El proyecto fue aprobado por 45 votos a favor, ninguno en contra y la abstención de Julieta Corroza (La Neuquinidad).La iniciativa había obtenido dictamen favorable de la Comisión de Educación y Cultura el pasado 2 de septiembre y busca introducir la educación emocional de manera transversal en los niveles inicial, primario y secundario.En concreto, el proyecto incorpora como objetivo de la educación inicial la promoción de la personalidad a través de la educación emocional. También establece que las escuelas primarias deberán implementar recursos pedagógicos que permitan a los alumnos identificar, procesar, internalizar y expresar emociones de manera saludable.

Para el nivel secundario, la propuesta plantea estimular el desarrollo personal de los adolescentes mediante herramientas pedagógicas vinculadas a la educación emocional, con el objetivo de fortalecer capacidades para afrontar conflictos, frustraciones y desafíos propios de esa etapa.En los fundamentos de la iniciativa, Fama argumenta que en los últimos años se observó un aumento de situaciones de ansiedad, depresión, trastornos del sueño, problemas de conducta y otras afecciones que impactan especialmente en niños y adolescentes. En ese sentido, sostuvo que la incorporación de la educación emocional constituye una herramienta de promoción y prevención primaria de la salud mental.

El legislador destacó además que el sistema educativo históricamente puso el foco en el desarrollo cognitivo y en menor medida en el aspecto emocional, pese a que las habilidades socioemocionales resultan clave para la convivencia, la autoestima, la empatía, la resolución de conflictos y el desarrollo integral de los estudiantes.

Entre los antecedentes mencionados en el proyecto se encuentran recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre el desarrollo de habilidades para la vida y experiencias legislativas adoptadas por provincias como Corrientes y Misiones, que ya cuentan con normas espec ficas sobre educación emocional. (Fuente: Parlamentario) 

Los costos de sacar hacienda de las islas, conseguir campos alternativos y reubicar colmenas forman parte de las dificultades que motivaron un proyecto presentado este viernes por la mañana en la Cámara de Diputados de Entre Ríos.La iniciativa del diputado justicialista Juan José Bahillo solicita al Ejecutivo provincial que declare la emergencia y/o el desastre agropecuario para las explotaciones bovinas, equinas, caprinas, ovinas y apícolas de La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy.El planteo busca una intervención estatal frente al impacto de las crecientes y la incertidumbre sobre las lluvias y el comportamiento de los ríos durante los próximos meses, en el contexto del fenómeno El Niño.

Según los fundamentos, el avance del agua reduce las superficies disponibles para pastoreo y dificulta el ingreso a los establecimientos ribereños. Esa combinación obliga a modificar el manejo de las explotaciones y afrontar gastos extraordinarios, mientras persisten las dudas sobre la duración de la contingencia.

En la producción bovina, trasladar animales hacia terrenos altos requiere embarcaciones, barcazas o camiones, además de recursos para alquilar campos, comprar alimento y garantizar atención veterinaria. La alteración del funcionamiento habitual también aumenta la vulnerabilidad de terneros y vacas con cría.Los establecimientos equinos, ovinos y caprinos enfrentan problemas similares: pérdida de pasturas, necesidad de evacuar animales y mayores desembolsos para sostenerlos en otros lugares.

Para los apicultores, la urgencia pasa por retirar o reubicar colmenas y equipos antes de que queden alcanzados por el agua o se interrumpan los accesos. A ello se suma la posible disminución de la flora disponible, con consecuencias sobre la alimentación de las abejas y la producción.

Bahillo advierte que la falta de respuestas a tiempo puede poner en riesgo la continuidad de pequeñas y medianas unidades productivas.

El impacto, señala el proyecto, también se extiende al empleo rural y a transportistas, comercios y prestadores de servicios vinculados con esas actividades.

Relevamiento, alivio fiscal y financiamientoLa propuesta reclama la intervención de la Comisión Provincial de Emergencia para evaluar los daños y definir las zonas, actividades y períodos comprendidos. También pide facilitar las declaraciones juradas y la entrega de certificados individuales. En sus fundamentos, recuerda que el encuadre provincial contempla una afectación mínima del 50% para emergencia y del 80% para desastre.En materia tributaria, solicita que ATER instrumente prórrogas o diferimientos de obligaciones, junto con exenciones totales o parciales de impuestos y tasas, según corresponda. Otro punto es gestionar ante la Nación el reconocimiento de la declaración provincial bajo el régimen de la Ley 26.509, para permitir el acceso a las herramientas de asistencia federales.El proyecto también propone créditos accesibles, con tasas inferiores a la inflación mediante bonificación estatal u otros mecanismos. El objetivo es que los productores puedan afrontar las pérdidas, mantener sus explotaciones y recuperar capacidad de trabajo.

Finalmente, plantea coordinar asistencia logística y sanitaria para trasladar y proteger animales, colmenas y equipos, asegurar alimento y atención veterinaria, y recuperar caminos, embarcaderos y otras instalaciones rurales afectadas.Con estas medidas, la iniciativa busca evitar que una emergencia climática derive en una pérdida de capital productivo que las familias rurales no puedan revertir.

Mejorar la infraestructura de los barrios y sostener los servicios cotidianos son dos de los ejes del Presupuesto 2027 de Concordia. La propuesta municipal apunta a disponer de más recursos para obras y equipamiento, dentro de la planificación de la ciudad hacia su Bicentenario, en 2031.

Las prioridades incluyen intervenciones en calles, desagües pluviales, redes de agua y cloacas, alumbrado, limpieza y conservación de espacios públicos. El objetivo planteado es atender necesidades barriales y acompañar el crecimiento urbano con una mayor integración entre los distintos sectores de la ciudad.

Para ampliar la inversión, el Ejecutivo propone modificar gradualmente la distribución del gasto. En particular, busca disminuir el peso relativo de las erogaciones en personal, sin afectar el poder adquisitivo de los empleados municipales, y aumentar la proporción destinada a infraestructura.Según las estimaciones del proyecto, los ingresos corrientes superarían a los gastos de funcionamiento. Ese ahorro, sumado a las fuentes de financiamiento previstas y después de afrontar la amortización de la deuda, permitiría cubrir las inversiones de capital sin contratar nuevo endeudamiento.

La iniciativa también contempla sostener la asistencia a los sectores más vulnerables y continuar las acciones de desarrollo económico local. En ese terreno, plantea favorecer la producción y el empleo, además de simplificar los trámites para quienes buscan iniciar o mantener una actividad comercial o productiva.

La modernización administrativa y la mejora de los servicios públicos completan los objetivos generales. Las metas de cada dependencia quedarán definidas en el Plan Operativo Anual 2027, que servirá para establecer resultados concretos y seguir su cumplimiento.El proyecto se inscribe en el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario. Su ejecución permitirá evaluar cuánto de lo previsto se traduce en obras, mejores prestaciones y respuestas a las necesidades de los vecinos.

La incorporación de tecnología puede simplificar los trámites públicos, aunque su utilización exige preservar los derechos de quienes recurren al Estado. Ese fue el eje del mensaje que el ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, llevó a la apertura de las 52.ª Jornadas Nacionales y el 21.º Congreso Internacional de Derecho Administrativo.

El funcionario participó este jueves en representación del gobernador Rogelio Frigerio. El encuentro se desarrolla los días 29 y 30 de octubre en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná y reúne a especialistas argentinos y extranjeros, en coincidencia con el cincuentenario de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo (AADA).Ante los profesionales presentes, Troncoso planteó que el funcionamiento de la administración pública debe comprenderse desde las necesidades de la ciudadanía. “Detrás de un expediente, detrás de un procedimiento, hay derechos, necesidades, intereses, personas que están esperando algo”, expresó.Desde esa perspectiva, sostuvo que la sensibilidad humana debe atravesar tanto el derecho administrativo como las demás ramas jurídicas. También recordó el carácter transitorio de las responsabilidades de gobierno: “Los funcionarios somos aves de paso, entramos y en un momento salimos, eso es muy sano”.

La inteligencia artificial y la digitalización ocuparon otro tramo de su exposición. El ministro reconoció su utilidad para reducir el uso de papel, acelerar procedimientos y mejorar la eficiencia estatal, pero advirtió sobre los riesgos de una incorporación sin controles suficientes.En ese sentido, propuso desarrollar procedimientos más dinámicos sin resignar las garantías de la ciudadanía. Su preocupación apuntó a evitar que las decisiones queden subordinadas al funcionamiento de un algoritmo, sin capacidad para contemplar las particularidades humanas de cada situación.Para ampliar esa reflexión, mencionó El hombre y la técnica, de Oswald Spengler, y llamó a considerar los problemas que puede generar un desarrollo tecnológico orientado por pretensiones excesivas de control.Durante el acto, Troncoso felicitó a la presidenta de la AADA, Analía Antik, por los 50 años de la entidad. Asimismo, reconoció la labor organizativa del presidente de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de Entre Ríos, Eduardo Asueta, y del fiscal de Estado provincial, Julio Rodríguez Signes.

El congreso tiene como lema “Desafíos del Derecho Público a 50 años de la creación de la AADA. Función estatal y derechos fundamentales en la era de la revolución 4.0”.Al finalizar, el ministro retomó una referencia de Spengler a la erupción de Pompeya para convocar a una actitud solidaria y comprometida frente a las transformaciones actuales. La empatía y la responsabilidad institucional, planteó, deben acompañar los cambios que atraviesan al Estado.

Por  Francisco Nutti -

El Gobierno nacional ratificó mediante el Decreto 1296/2026 la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000 para los jubilados y pensionados de menores ingresos.

Sin embargo, al mantenerse fijo y sin ningún tipo de actualización por inflación desde que fue implementado por primera vez en marzo de 2024, el refuerzo acumuló 32 meses consecutivos de congelamiento y sufrió una severa licuación real.

Los números oficiales relevados a finales de octubre de 2026 exponen que el extra perdió el 70% de su capacidad de compra original, un desplome que responde al ritmo inflacionario acumulado en la República Argentina desde marzo de 2024 hasta el último registro estadístico del INDEC, período en el cual los precios al consumidor acumularon una suba superior al 159%. Para recuperar exactamente el mismo valor adquisitivo que tenía cuando se puso en marcha al inicio de la gestión, los $70.000 nominales deberían trepar hoy hasta los $231.253.

Esta brecha implica que cada jubilado que percibe el haber mínimo esté dejando de recibir $161.253 por mes debido a la falta de actualización del refuerzo.

La pérdida de protagonismo del bono también se refleja en su peso relativo dentro del ingreso de los adultos mayores.

En marzo de 2024, este concepto extra equivalía al 34,2% del total que cobraba un jubilado de la mínima. Con el incremento de la movilidad previsional correspondiente a noviembre de 2026, que elevó el haber base a $444.158,46, el bono de $70.000 pasó a representar apenas el 13,6% del total percibido, lo que fija un ingreso bruto final de $514.158,45.

Si bien el haber base se actualiza de manera mensual atado a la evolución de la inflación con dos meses de rezago, la decisión de mantener el bono clavado en $70.000 desnuda un desfasaje estructural en la pirámide previsional. Al no acompañar la suba de los precios generales ni la de los propios haberes de base, la asistencia estatal pierde eficacia como herramienta de contención social.

Como consecuencia directa de este esquema, los ingresos de la escala previsional más baja continúan operando al límite o directamente por debajo de la Canasta Básica Total (CBT) medida por el INDEC.

Los reclamos en el ámbito judicial y los informes del sector advierten que la confiscatoriedad del bono congelado profundiza el deterioro de millones de jubilados y pensionados en todo el país.

Agencia NA

Entramos en el último tramo del año y la política ya empezó a discutir el próximo. Aunque muchos dirigentes insistan en que falta demasiado para las elecciones de 2027, sus movimientos cuentan otra historia. Nadie quiere aparecer distraído cuando llegue el momento de repartir candidaturas, y algunos ya están dejando claro que acompañar no significa resignarse.

A Javier Milei empiezan a marcarle diferencias desde sectores que contribuyeron a sostener su poder. Eso todavía no equivale a una ruptura, pero introduce una novedad: dentro del universo oficialista hay dirigentes que quieren conservar una identidad y un destino propio.

Patricia Bullrich es el ejemplo más visible. Ha vuelto a expresar que está preparada para ejercer la Presidencia, aunque sin convertir esa afirmación en una candidatura formal. Su mensaje combina respaldo al proyecto gobernante con la decisión de no clausurar su futuro.

Bullrich tiene experiencia, recorrido y capacidad para reconocer cuándo cambia el clima político. Puede discutirse su trayectoria y sus sucesivos posicionamientos, pero difícilmente se le pueda atribuir ingenuidad. Su insistencia en que la economía debe sentirse en la vida cotidiana puede leerse como una advertencia: los indicadores necesitan encontrar traducción en el bolsillo.No hay elementos para afirmar que enfrentará a Milei. Sí los hay para advertir que no se considera una figura de reparto. En una carrera extensa, conserva abierta la posibilidad de jugar una ultima carta presidencial.

Victoria Villarruel transita un conflicto diferente. Llegó al Gobierno por la misma fórmula que el Presidente, pero quedó progresivamente alejada de su núcleo de decisiones. No perdió sus atribuciones constitucionales: perdió interlocución y espacio político. La distinción importa.Su exclusión de la convocatoria oficial al Tedeum del 25 de Mayo mostró hasta dónde llegó ese distanciamiento. El desplazamiento de una vicepresidenta de los espacios compartidos del poder tiene antecedentes argentinos, pero la repetición no lo vuelve una buena práctica institucional.Villarruel parece dispuesta a resistir esa marginación. La lectura política es que ya no pretende solamente ser reconocida como parte de una fórmula: busca preservar una representación propia. Para los hermanos Milei, ese movimiento agrega una dificultad dentro de un espacio que necesita llegar ordenado a la próxima elección.

Frigerio y la ventaja de tener un nombreEn Entre Ríos, la fotografía es distinta. El oficialismo provincial tiene una figura alrededor de la cual se ordenan sus expectativas: Rogelio Frigerio. Su eventual reelección aparece como el camino más previsible, aunque el gobernador todavía ha evitado presentarla como una decisión cerrada.

La Libertad Avanza no exhibe, por ahora, una alternativa provincial de visibilidad comparable. Las conversaciones sobre una alianza con el gobernador muestran que el        vínculo entre ambos espacios también se juega en la conveniencia electoral.Esa centralidad le da a Frigerio una tranquilidad relativa. La candidatura puede resultar más sencilla de ordenar que las respuestas de gestión que deberá presentar ante el electorado.El radicalismo, mientras tanto, conserva dirigentes, municipios y estructura, pero sigue sin recuperar una propuesta provincial propia con capacidad de disputar el liderazgo de la coalición. Su problema es político: cómo dejar de acompañar proyectos ajenos para volver a producir uno que entusiasme.

El peronismo muestra sus cartasLa principal oposición sigue estando en el justicialismo. Allí ya aparecen aspiraciones explícitas, recorridas y conversaciones que dejaron de ser exclusivamente reservadas.

Juan José Bahillo y Enrique Cresto manifestaron su intención de competir por la Gobernación. Guillermo Michel ocupa otro lugar: su exposición nacional y su actividad política lo convierten en una referencia de la discusión, aunque eso no debe confundirse con una postulación provincial formalizada.Estos tres nombres permiten observar perfiles diferentes, pero no agotan el mapa. Gustavo Bastián también aparece entre quienes buscan proyectarse hacia 2027.Hay, además, una coincidencia territorial: la costa del Uruguay vuelve a concentrar buena parte de los movimientos. En el peronismo entrerriano, la geografía nunca fue un detalle. Las pertenencias departamentales distribuyen apoyos, despiertan resistencias y condicionan fórmulas.

Por eso sería extraño que Paraná y la costa del Paraná aceptaran mirar toda la discusión desde afuera. Que aparezca allí otra voz es una posibilidad política razonable, aunque todavía no corresponda adjudicarle un nombre.

Michel, Bahillo y Cresto: tres maneras de buscar lugarMichel construye un perfil técnico, con fuerte presencia en el debate económico nacional y cercanía con Sergio Massa. La pregunta es si su principal horizonte está en la Casa Gris o en un armado con destino a la Casa Rosada.Interpretarlo como una posible pieza del futuro proyecto del massismo es atendible. Lo que muestra su actividad es voluntad de acumular influencia en ambos escenarios.

Bahillo ofrece una trayectoria de gestión municipal, provincial y nacional, además de vinculación con el sector productivo. Su estilo es menos estridente. Esa moderación puede facilitar conversaciones, pero también le plantea un desafío: transformar antecedentes y conocimiento interno en entusiasmo electoral.

Cresto dispone de otro recurso, una trayectoria estrechamente asociada con Concordia y una identificación política y familiar reconocible. Es un dirigente de militancia, exposición y construcción territorial. Viene preparando su oportunidad desde hace tiempo.

Eso no permite declararlo, sin mediciones y sin conocer los acuerdos, el más poderoso de todos. Sí permite señalar que cuenta con una base desde la cual intentar proyectarse. Su desafío será convertir el conocimiento que tiene en Concordia en confianza en el resto de la provincia.

Los tres comparten, además, un antecedente que sus adversarios seguramente utilizarán: ocuparon responsabilidades en el gobierno nacional de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Aquel período dejó un balance económico y social severamente cuestionado. Cada uno deberá explicar qué hizo desde su función y qué propone cambiar. La experiencia puede ser un activo, pero también exige rendir cuentas.

El candidato que todavía no conocemosQueda una silla sin nombre: la de quien hoy no aparece en las conversaciones y mañana puede irrumpir.

Las redes aceleran el reconocimiento público y reducen algunas barreras de entrada. Milei mostró la capacidad de una figura inicialmente ajena a las estructuras tradicionales para convertir exposición y descontento en poder electoral.Los partidos harían mal en creer que la historia y la estructura alcanzan. También se equivocarían si imaginaran que una campaña digital reemplaza por completo la organización, la credibilidad y una propuesta.

La carrera empezó. Algunos tienen territorio; otros, visibilidad; otros, el gobierno. Ninguno tiene todavía asegurado lo decisivo: que la gente quiera acompañarlo cuando llegue la hora de votar. (R.W.C)

La Asociación Argentina de Derecho Administrativo eligió autoridades durante su asamblea en Paraná, realizada en el marco de las 52.ª Jornadas Nacionales y el 21.º Congreso Internacional de la especialidad.Analía Antik continuará como presidenta, mientras que el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, seguirá integrando el Comité Ejecutivo junto con representantes de distintas provincias. Fundada en octubre de 1976, la entidad reúne a especialistas de todo el país y promueve el estudio y el debate del derecho público. Entre sus antecedentes se destaca la utilización de sus dictámenes como argumentos en defensa de los intereses argentinos en el litigio por YPF desarrollado en Estados Unidos.

El Ente Interprovincial Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis llevó adelante el segundo encuentro de trabajo para analizar el protocolo de emergencias desarrollado ante posibles contingencias vinculadas al fenómeno climático de El Niño, con el objetivo de evaluar las medidas previstas y coordinar la respuesta de los organismos que intervienen en situaciones críticas.La reunión fue encabezada por los responsables de Defensa Civil de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, Marcos Escajadillo y Víctor Chanenko, respectivamente. También participó el subsecretario de Transporte y Logística de Santa Fe, Jorge Henn; los directores del Túnel Subfluvial, Sebastián Barbona y Aníbal Vergara; el director general de Emergencias Sanitarias de Entre Ríos, Daniel Blanzaco; personal de Emergencias Sanitarias de Santa Fe, Bomberos Zapadores de Santa Fe y equipos técnicos del Ente.

Inicialmente, el director técnico del Túnel Subfluvial, Sergio Espinosa, describió las características constructivas de la conexión interprovincial, para luego exponer el plan de contingencia elaborado por el organismo ante posibles escenarios asociados al fenómeno de El Niño. Posteriormente, los responsables de las distintas áreas operativas realizaron aportes y observaciones sobre las acciones previstas, en una instancia de intercambio orientada a fortalecer los mecanismos de prevención, organización y respuesta ante eventuales emergencias.En este marco, Escajadillo encuadró las posibles contingencias que pudieran producirse en la jurisdicción del Túnel Subfluvial dentro de lo que se denomina una emergencia compleja, por las características de la infraestructura y la necesidad de articular la intervención de distintos organismos y jurisdicciones. El funcionario también destacó la importancia de capacitar a los operadores de comando que deberán tomar decisiones durante una emergencia y sostuvo que “la mayor seguridad en una emergencia es el conocimiento”. Asimismo, adelantó que el próximo encuentro estará destinado a estos equipos, mediante una jornada de entrenamiento orientada a fortalecer su preparación para actuar ante situaciones críticas.Chanenko hizo hincapié en la necesidad de consolidar una mesa operativa de trabajo que permita coordinar las acciones entre los organismos intervinientes. En ese sentido, remarcó que el protocolo acordado debe constituir la guía de actuación ante cualquier contingencia, a fin de garantizar una respuesta organizada y efectiva.Jorge Henn valoró la articulación entre los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y destacó la visión compartida de ambos mandatarios respecto de la planificación y la coordinación de acciones para responder de manera conjunta ante eventuales emergencias. En consonancia con los lineamientos de trabajo impulsados por los gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos, el Túnel Subfluvial buscan optimizar los recursos disponibles y consolidar los mecanismos de coordinación necesarios para afrontar de la manera más eficaz posible cualquier eventualidad, garantizando la seguridad de los usuarios, del personal y de la infraestructura.

El ordenamiento del cableado urbano y la prevención de la muerte súbita fueron los ejes de dos reuniones de trabajo realizadas en el Concejo Deliberante de Concordia, con la participación de su presidenta, Magdalena Reta de Urquiza, y ediles de los distintos bloques.

En el encuentro dedicado a las redes de telecomunicaciones, el secretario de Servicios Públicos, Roberto Óscar Ramírez, y representantes de empresas de internet y telefonía intercambiaron opiniones sobre la normativa que regula la adecuación y organización de los cables en la ciudad.La segunda reunión estuvo centrada en el proyecto de ordenanza que propone un abordaje integral de la muerte súbita y la creación de espacios cardioasistidos en Concordia.Participaron el secretario de Salud, Diego Sauré, la médica Constanza Lagos y representantes de gimnasios y establecimientos dedicados a la actividad física. Estos últimos acercaron observaciones e inquietudes para aportar al análisis de la iniciativa.

Durante la sesión especial convocada al solo efecto de interrogar a la ministra, Berisso estuvo acompañada por el director de Comedores, Lautaro Azzalini, entre otros funcionarios del Ministerio a su cargo. Desde la bancada opositora se agradeció su presencia, que se produjo más de dos meses después de haberse aprobado el Proyecto de Resolución del bloque justicialista que la convocó; también se destacó que aún sigue sin respuesta un Pedido de Informes sobre el mismo tema presentado hace meses.

La presidenta del bloque, Laura Stratta, señaló: “Nos quedamos con muchas dudas, sobre todo acerca de las razones que motivaron un cambio de un sistema de semejante envergadura”. La legisladora destacó, en un tramo de la interpelación, que el mecanismo adoptado por el gobierno de Rogelio Frigerio no da certezas acerca de la calidad del alimento ni de la razonabilidad de la inversión de un monto que supera los 101.000 millones de pesos. “Queremos que se garantice un desayuno y una merienda de calidad a nuestros gurises. Creemos que tenemos los profesionales para poder acompañar estos procesos; también creemos que los comercios de cercanía son importantes en la trama productiva de nuestra provincia”, destacó en referencia a la tercerización del sistema en una empresa radicada en la ciudad de Buenos Aires.

También preguntó Stratta si “en vez de hacer esta centralización con todos estos productos, no hubo un cálculo de cuánto costaría un desayuno o merienda saludable. Si en vez de gastar el 30% del monto en pagar la logística de esta empresa, no se evaluó usar ese dinero para reforzar la calidad nutricional de los gurises”.

Quien formuló la mayoría de las preguntas fue la diputada Silvina Deccó, dado que el reglamento de la Cámara establece que un legislador lleve adelante el cuestionario, mientras que el resto de los integrantes de la bancada pueden intervenir una sola vez. Terminada la sesión especial, Deccó sostuvo que varios aspectos quedaron sin respuesta y señaló, por ejemplo, que “no hubo explicaciones en concreto de qué manera se van a distribuir los alimentos, ni de qué manera se va a resolver la cuestión de Teknofood. Hay una adjudicación de una determinada cantidad de alimentos y no supieron responder qué va a pasar con eso”.Asimismo, planteó dudas acerca de la explicación de los funcionarios sobre la actual paralización del sistema de provisión licitado por el gobierno: “Indican que está paralizado por una cuestión judicial, pero la cuestión judicial ya fue agotada. Yo entiendo que es más bien por la falta de productos que reúnan los requisitos que establece la Justicia hoy”, señaló refiriéndose a la prohibición de brindar alimentos ultraprocesados.

Otro punto en debate estuvo relacionado con la decisión gubernamental de sacar de la economía provincial la masa de recursos que percibirá Teknofood y que antes se volcaba al comercio local. “Desde nuestro bloque planteamos en reiteradas oportunidades el impacto que produce en nuestros comercios locales y la falta de posibilidad de adquirir los productos en esos lugares”, indicó, y luego rechazó las explicaciones oficiales sobre la cantidad de establecimientos comerciales que participaban del sistema anterior: “Lo que nos dijeron es que eran dos, tres o cuatro comercios por ciudad. Pero acá estamos hablando de una sola empresa que se adjudica lo de toda la provincia”.

La diputada también remarcó las inconsistencias presupuestarias que surgieron durante el análisis de la adjudicación: “Hay un 240 por ciento de diferencia entre lo que fue presupuestado y lo que fue adjudicado”, indicó.Durante el desarrollo de la interpelación también formularon preguntas los legisladores Andrea Zoff, Silvia Moreno, Lorena Arrozogaray, Juan José Bahillo y Enrique Cresto, quienes plantearon objeciones a la calidad nutricional de los alimentos; al impacto que la decisión tiene sobre la economía entrerriana por dejar de lado a los comercios locales; al hecho de que los funcionarios no pudieran justificar semejante decisión —tomada sin consultar a los protagonistas del sistema educativo—; y a las dudas sobre la implementación del nuevo mecanismo.

El senador Víctor Sanzberro fundamentó la posición del bloque al señalar que la información sobre el endeudamiento ya forma parte de los registros oficiales y que la iniciativa no garantiza un mecanismo de control imparcial ni herramientas concretas para realizar un seguimiento efectivo.

“Todas las iniciativas que están vinculadas con la transparencia las hemos acompañado. Hemos aportado siempre en esa dirección, pero a este proyecto de ley no le encontramos justificación”, sostuvo Sanzberro.

El legislador explicó que la evolución del endeudamiento provincial ya está documentada en la Cuenta General del Ejercicio, que elabora la Contaduría General de la Provincia, se remite a la Legislatura y es examinada por el Tribunal de Cuentas. “¿Por qué precisamos una ley y una comisión para averiguar lo que el Estado provincial tiene perfectamente registrado y resguardado en sus oficinas?”, planteó.

Sanzberro también cuestionó que la iniciativa no distinga entre reconstruir la historia financiera de la provincia y analizar el impacto y la sostenibilidad del endeudamiento. “El impacto y la sostenibilidad de la deuda es otra cosa, es otro análisis”, señaló, al advertir que ese no es el objeto que establece el expediente.

AutovotoOtro de los cuestionamientos estuvo centrado en la composición del organismo, que tendrá nueve integrantes, con tres representantes del Poder Ejecutivo y dos del bloque mayoritario. Según señaló, esa distribución garantiza al oficialismo la mayoría absoluta para aprobar los informes.“Creamos una comisión que no es necesaria para buscar lo que ya está. Y encima le garantizamos la mayoría absoluta para autovotarse los informes”, afirmó finalmente.

El gobernador Rogelio Frigerio planteó que las grandes inversiones deben traducirse en oportunidades concretas para las empresas entrerrianas. Durante la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), realizada este jueves en la Estación Fluvial de Rosario, sostuvo que el desarrollo de los recursos naturales y el ordenamiento macroeconómico necesitan complementarse con una integración efectiva de las cadenas productivas provinciales.Al inicio de la jornada, el anfitrión Maximiliano Pullaro destacó la capacidad productiva de Santa Fe para abastecer a los sectores minero y energético. El mandatario definió a su provincia como “el polo que nuclea grandes negocios en Argentina” y puso el foco en las posibilidades de vincular la industria regional con los nuevos proyectos.Frigerio celebró la convocatoria y la participación de pymes de Entre Ríos interesadas en establecer relaciones comerciales con las grandes compañías. Sin embargo, remarcó que la llegada de inversiones y divisas no garantiza, por sí sola, que sus beneficios alcancen al conjunto del entramado productivo.

“El derrame no es automático, hay que construirlo. Hay que incorporar a las empresas metalúrgicas, metalmecánicas, de logística, transporte e incluso catering, y para eso hay que prepararse”, afirmó.

Su planteo apuntó a ampliar la participación provincial más allá de los lugares donde se encuentran los yacimientos. Las necesidades de equipamiento, transporte, mantenimiento y servicios abren posibilidades para empresas de otras regiones, siempre que puedan responder a las exigencias de contratación de los grandes proyectos.La convocatoria reunió a 43 operadoras de minería, industria e infraestructura y contempló más de 2.100 reuniones entre grandes compañías y proveedores. También incluyó espacios de financiamiento y asistencia técnica para facilitar la incorporación de firmas nacionales a esas cadenas de abastecimiento.

El RIGI es un régimen creado por la Ley Bases 27.742 para atraer inversiones nacionales y extranjeras de gran escala. Contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, además de estabilidad normativa durante 30 años para los proyectos adheridos. El piso general de inversión es de 200 millones de dólares, aunque existen montos superiores según el sector y las características del emprendimiento.Con ese marco, Frigerio centró su mensaje en la preparación de las pymes entrerrianas: convertir el interés por las nuevas inversiones en vínculos comerciales que permitan ampliar mercados y generar actividad en la provincia.

El oficialismo defendió la iniciativa como una herramienta de transparencia, mientras que el peronismo cuestionó su utilidad, la falta de recursos y la mayoría que tendrá el gobierno en su integración. 

El oficialismo y sus aliados aprobó, sin el acompañamiento del bloque peronista, el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que crea la Comisión Permanente de Seguimiento de la Deuda Pública, destinada a estudiar la evolución histórica del endeudamiento provincial, tanto interno como externo, desde el 10 de diciembre de 1991.El presidente del bloque Frente Juntos por Entre Ríos, Rubén Dal Molín, explicó que se trata de “un instrumento que habla de la transparencia activa”, y precisó que “los entrerrianos deben saber cómo se toma deuda y, sobre todas las cosas, qué genera y dónde es utilizada esa deuda”.

En ese sentido, explicó que, una vez conformada, la comisión podrá realizar un trabajo profesional y emitir informes que nos van a servir a todos, ya que se prevé un primer informe que abarque todo el período histórico y, posteriormente, realizar evaluaciones anuales.La comisión estará integrada por nueve miembros que ejercerán sus funciones ad honorem durante dos años: dos senadores, dos diputados, tres representantes del Poder Ejecutivo, un profesional de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner) y otro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos. En ambas cámaras legislativas deberá garantizarse la representación de la mayoría y la primera minoría.

Entre sus funciones tendrá la facultad de requerir documentación a organismos públicos, analizar renegociaciones, refinanciaciones y reestructuraciones, y evaluar el destino de los fondos obtenidos mediante endeudamiento. Las dependencias consultadas deberán responder en un plazo máximo de 15 días corridos.

Además, deberá elaborar informes anuales sobre la evolución, composición y sostenibilidad de la deuda, diferenciando los recursos destinados a gastos corrientes de aquellos orientados a inversiones productivas o estratégicas. Los resultados deberán publicarse en el sitio web oficial de la provincia, con información accesible para la ciudadanía.

La aprobación expuso las diferencias entre el oficialismo, que busca institucionalizar el seguimiento de la deuda, y el peronismo, que considera innecesaria la nueva estructura y cuestiona el predominio gubernamental en su composición.

También reclamaron el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y denunciaron que el ajuste pone en riesgo la continuidad de los estudios de miles de jóvenes. 

Representantes estudiantiles se movilizaron a Anses, donde presentaron un petitorio dirigido a la conducción nacional del organismo para reclamar un incremento de emergencia en el monto de las becas Progresar y la implementación de un mecanismo de actualización periódica frente a la inflación.En el documento, advirtieron que las becas “perdieron un 60% de su valor en términos reales desde diciembre de 2023” y exigieron que se garantice “un esquema de ajuste periódico frente a la inflación”.Asimismo, reclamaron que Anses ejerza sus facultades institucionales para solicitar ante el Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Economía una ampliación de las partidas presupuestarias, para poner fin al incumplimiento de las garantías de permanencia y financiamiento de la educación superior fijadas en la normativa vigente.

Denunciaron el desfinanciamiento de la educación superiorLos estudiantes cuestionaron la responsabilidad del organismo frente al deterioro de las prestaciones y señalaron que en su condición de órgano ejecutor del programa, responsable directo de la administración, liquidación y pago de las becas Progresar, la Anses no puede declararse incompetente frente a la severa licuación de los haberes.Además, sostuvieron que el organismo posee el deber legal y la potestad administrativa de emitir dictámenes técnicos y requerir formalmente la reasignación presupuestaria ante las carteras ministeriales correspondientes a fin de sostener el objeto esencial de la prestación.En ese marco, denunciaron que el desfinanciamiento continuado de las becas Progresar atenta en forma directa contra los principios de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley N.º 27.795).La garantía legal de sostener el presupuesto de la educación superior resulta inexistente si en forma simultánea se destruye el sistema de ayudas económicas directas que permite a los y las estudiantes cubrir el transporte, el material de estudio y la subsistencia básica, expresaron.

También advirtieron que esta caída del valor en términos reales configura un vaciamiento del sistema universitario y vulnera de manera flagrante el principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos sociales, lo que termina empujando a miles de jóvenes de sectores vulnerables a abandonar sus estudios por razones económicas.Reclamos por pagos atrasados y solicitudes rechazadasOtro de los planteos estuvo vinculado con las demoras en la liquidación de las becas y la falta de respuestas a estudiantes que tienen sus prestaciones suspendidas o solicitudes pendientes.

En el petitorio señalaron que resulta urgente la agilización en la liquidación de las nóminas de los adjudicados y la resolución de reclamos por haberes detenidos, para evitar nuevas demoras que perjudiquen a los beneficiarios.Por eso, exigieron que Anses regularice de forma inmediata la liquidación de expedientes atrasados y habilite una instancia de revisión masiva de solicitudes rechazadas o pendientes de evaluación.

Solidaridad con jubilados y personas con discapacidadLos estudiantes también expresaron su preocupación por la situación de jubilados, pensionados y personas con discapacidad.Como estudiantes universitarios comprometidos con la defensa integral de los derechos sociales, no podemos permanecer ajenos a la emergencia social que afecta a otros sectores clave que dependen de la Anses, manifestaron.En ese sentido, solicitaron una respuesta y una rectificación de rumbo ante la severa pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y las pensiones, así como el cese inmediato de las bajas e interrupciones injustificadas en las pensiones no contributivas por discapacidad, las cuales privan de su sustento básico a miles de compatriotas en situación de extrema vulnerabilidad.Finalmente, reclamaron que se disponga un incremento de emergencia del haber mensual de la Beca Progresar, implementando un mecanismo de actualización periódica ajustado a la variación del Índice de Precios al Consumidor (Indec).También exigieron que Anses inicie el trámite de actualización presupuestaria ante las autoridades nacionales correspondientes y regularice las liquidaciones atrasadas. (Fuente: AIM)

Defendió el nuevo sistema de contratación del servicio alimentario escolar y sostuvo que la reforma permitirá mejorar los controles, transparentar los recursos y garantizar una alimentación de mayor calidad para los estudiantes entrerrianos.

El bloque de diputados de Juntos por Entre Ríos manifestó su respaldo a la política alimentaria escolar impulsada por el gobierno de Rogelio Frigerio, luego de la exposición de la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, ante la Cámara baja.La funcionaria, acompañada por su equipo técnico y el director general de Comedores Escolares, Lautaro Azzalini, respondió las consultas de los legisladores sobre las modificaciones previstas en el sistema de alimentación escolar, particularmente el mecanismo de licitación pública para contratar el servicio.

Desde el oficialismo destacaron que la convocatoria se desarrolló dentro de los mecanismos constitucionales de control y rendición de cuentas, contemplados en el artículo 116 de la Constitución provincial y el artículo 155 del Reglamento de Diputados.

Cuestionamientos al sistema anteriorEn su pronunciamiento, los legisladores oficialistas señalaron que el esquema utilizado anteriormente presentaba deficiencias en materia de calidad nutricional, seguimiento de los recursos y transparencia en las contrataciones.Según sostuvieron, esas dificultades provocaban que directivos y docentes debieran ocuparse de compras y cuestiones logísticas, desviando tiempo y esfuerzos de sus responsabilidades educativas.También hicieron referencia a presuntas irregularidades y diferencias de precios detectadas en el sistema anterior, argumentos que, a criterio del bloque, justifican la necesidad de introducir cambios estructurales.Licitaciones y mayor controlLa propuesta provincial apunta a centralizar las contrataciones mediante licitaciones públicas, establecer criterios nutricionales comunes y mejorar la trazabilidad de los fondos destinados a la alimentación escolar.Los diputados señalaron que la magnitud del servicio, que comprende más de mil establecimientos educativos, representa un desafío para los mecanismos de fiscalización y auditoría.En ese contexto, defendieron la decisión del Ejecutivo de avanzar hacia un modelo que permita identificar el destino de los recursos, controlar los costos y establecer condiciones uniformes de prestación.

Respaldo político a la gestiónFinalmente, Juntos por Entre Ríos ratificó su acompañamiento a Berisso y al gobernador Frigerio, al considerar que la alimentación escolar debe ocupar un lugar prioritario en las políticas públicas.El bloque valoró que el funcionamiento de los comedores haya ingresado al debate legislativo y sostuvo que la discusión debe traducirse en mejores controles, transparencia administrativa y una adecuada calidad alimentaria para niños, niñas y adolescentes.

La posición del oficialismo deja planteado uno de los ejes centrales del debate: si la centralización de las contrataciones permitirá efectivamente mejorar la calidad del servicio, optimizar los recursos públicos y garantizar una prestación adecuada en todas las escuelas de Entre Ríos. 

“La modernización es necesaria, pero tiene que hacerse con reglas claras y controles efectivos”, sostuvo el senador Martín Oliva.

Durante el encuentro de las comisiones que analizaron la iniciativa del Poder Ejecutivo, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, el bloque planteó la necesidad de introducir cambios sustanciales al régimen de compras y contrataciones tecnológicas, para resguardar los recursos públicos y asegurar que las nuevas herramientas digitales se incorporen con transparencia y responsabilidad.

“No estamos discutiendo si el Estado debe modernizarse, sino bajo qué reglas lo hace. La innovación no puede convertirse en una puerta de entrada para contratar sin límites ni controles suficientes”, expresó Oliva, quien preside la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.

Uno de los principales ejes de la propuesta es establecer condiciones concretas para habilitar la contratación directa de software, licencias, suscripciones y servicios tecnológicos. Para ello, se plantea exigir informes técnicos fundados, la comparación de alternativas disponibles y la evaluación del costo total de cada operación, junto con límites presupuestarios y un plazo máximo de 36 meses.

Además, se propone prohibir el fraccionamiento de contratos para eludir esos límites e incorporar previsiones sobre las condiciones de salida de los servicios y la portabilidad de los datos, con el objetivo de evitar que el Estado quede condicionado a un único proveedor.

“La contratación directa tiene que ser una excepción debidamente justificada, no una autorización abierta. Si se trata de recursos de todos los entrerrianos, necesitamos saber por qué se elige a un proveedor, cuánto se paga y qué garantías tiene el Estado”, remarcó el senador.

La propuesta también establece límites al pago anticipado de servicios tecnológicos, que no podrá superar el equivalente a doce meses de prestación. A esto se suman obligaciones de rendición mensual para las tarjetas corporativas y billeteras digitales utilizadas en estas operaciones, con intervención de la Contaduría General de la Provincia y comunicación al Tribunal de Cuentas.En materia de transparencia, el bloque impulsa la publicación periódica de información detallada sobre las contrataciones, los proveedores, los montos, los plazos, los fundamentos de cada operación y los funcionarios responsables.

Las modificaciones alcanzan asimismo a las alianzas estratégicas con entidades privadas y académicas, para exigir instrumentos jurídicos, criterios objetivos de selección, mecanismos de control y rendición de cuentas. El propósito es evitar que estas figuras se conviertan en vías para eludir las normas que regulan las contrataciones públicas.Por otra parte, se propone que las plataformas digitales y las herramientas de inteligencia artificial contribuyan a mejorar los procedimientos de compra, sin alterar las reglas de selección establecidas por la legislación vigente ni reemplazar la evaluación administrativa de las ofertas.

“Modernizar también significa fortalecer los controles, dar publicidad a las decisiones y asegurar que cada peso se gaste con fundamento. Queremos un Estado más ágil y eficiente, pero también más transparente y responsable frente a la ciudadanía”, concluyó Oliva.

Desde el Bloque de Senadores Justicialistas señalaron que las modificaciones buscan contribuir al debate legislativo con aportes concretos para que la transformación digital del Estado se traduzca en mejores servicios para la ciudadanía, sin resignar transparencia, competencia ni controles sobre el uso de los recursos públicos.

YPF dio a conocer este miércoles sus resultados financieros y operativos correspondientes al tercer trimestre del año, donde registró un EBITDA ajustado de US$2.503 millones, el segundo más alto de su historia, solo por debajo del trimestre previo, y una utilidad neta cercana a los US$1.200 millones.Según el reporte oficial, el EBITDA trimestral creció un 84% en la comparación interanual, empujado por el mayor volumen de extracción de shale, menores costos de extracción y récords de procesamiento en refinación.Las inversiones de la compañía entre julio y septiembre sumaron US$1.287 millones (un 26% más que el año anterior), de los cuales el 70% se destinó a la actividad no convencional.La producción de petróleo shale promedió los 224.000 barriles diarios en el trimestre (un 32% más interanual), aunque la curva siguió trepando hasta alcanzar los 245.000 barriles diarios actuales, con la meta de llegar a 250.000 antes de que termine el año. En paralelo, la firma adelantó que presentará en las próximas semanas la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de cinco proyectos en el área Norte de Vaca Muerta (Bajo del Toro, Bajo del Toro Norte, Narambuena, La Escalonada y Rincón de la Ceniza). Estos desarrollos, operados por YPF con una participación cercana al 40%, demandarán una inversión estimada de US$44.000 millones a lo largo de 26 años, con la perforación de unos 2.200 pozos y un pico de producción proyectado en 270.000 barriles diarios.En el segmento de refinación (downstream), las plantas procesaron 344.000 barriles diarios (5% más interanual), lo que permitió abastecer la demanda local sin necesidad de importar combustibles, incrementar exportaciones y marcar un récord en naftas premium. Además, la Refinería de La Plata fue distinguida por segundo año consecutivo como “Refinería del Año” en América Latina, y la empresa recibió el premio a la “Tecnología Digital del Año” por su sistema de inteligencia artificial Ekons Matrix AI.Tras el cierre del trimestre, YPF anunció la compra del 25% restante de YPF Luz por US$430 millones, tomando el control del 100% de la generadora.

Por su parte, la obra del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) superó el 85% de ejecución y apunta a inaugurarse a finales de 2026, con exportaciones previstas para el primer trimestre de 2027.En el plano financiero, el flujo de caja libre positivo de US$900 millones permitió a la petrolera reducir su ratio de endeudamiento neto a 0,8 veces (el nivel más bajo de la última década). Este desempeño vino acompañado por el regreso de YPF al mercado internacional de capitales en septiembre, mediante la colocación de obligaciones negociables a nueve años por US$1.200 millones, emitidas con un cupón de 7,55% y un rendimiento de 7,85%. Agencia NA

Impulsan pedidos de interpelación a funcionarios y advierten sobre el impacto institucional y diplomático del episodio, especialmente en la relación con Brasil.

La partida de Flávio Bolsonaro desde la Argentina y el operativo que acompañó su salida generaron fuertes cuestionamientos de sectores de la oposición, que reclamaron explicaciones al Gobierno nacional y anticiparon pedidos de interpelación en el Congreso. Legisladores de distintos bloques advirtieron sobre el impacto institucional y diplomático del episodio, particularmente en la relación con Brasil.Según informó oficialmente la Dirección Nacional de Migraciones, Flávio Nantes Bolsonaro ingresó al país el 27 de octubre a las 22.50 junto a Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro por el paso internacional Tancredo Neves, en Misiones. El organismo precisó que todos lo hicieron con documentación habilitada y sin impedimentos legales para ingresar a la Argentina.

Asimismo, señaló que a las 23.30 la comitiva abordó un vuelo privado de la empresa Baires Fly con destino a Guayaquil, Ecuador, conforme al plan de vuelo presentado.Las explicaciones oficiales no alcanzaron para desactivar las críticas opositoras. Uno de los primeros en reaccionar fue el diputado Pablo Juliano, integrante del bloque Provincias Unidas, quien acusó al presidente Javier Milei de mantener un “silencio cómplice” y reclamó que el Congreso intervenga para esclarecer lo ocurrido.¿Por qué el Estado argentino tiene que ayudar a quienes buscan evadir la Justicia?”, se preguntó el legislador a través de las redes sociales. Juliano sostuvo además que el canciller Pablo Quirno debe ser interpelado por el Parlamento para brindar explicaciones sobre la actuación del Gobierno en este caso.

“¿Somos un país soberano o sólo una marioneta de Trump?”, planteó el diputado, quien también vinculó el episodio con la decisión del presidente argentino de no saludar el triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva.También cuestionó la situación el diputado socialista Esteban Paulón, quien calificó de “temeraria” la postura del Gobierno nacional. Según expresó, existen “indicios de colaboración en el operativo de fuga de Flávio Bolsonaro”, a quien describió como una persona que no enfrentaba un riesgo inminente de detención, aunque sí tenía restricciones judiciales y diversas denuncias vinculadas al lavado de activos y hechos de corrupción.Paulón advirtió además sobre las consecuencias diplomáticas de la situación. Recordó que Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y destacó que más de 140.000 argentinos residen en ese país.A su juicio, este episodio afecta el proceso de recomposición de las relaciones bilaterales y contradice una estrategia de inserción internacional basada en acuerdos de libre comercio y la profundización de vínculos con distintos bloques económicos.“Continuar dañando el vínculo bilateral con nuestro principal socio comercial no hace otra cosa que perjudicar severamente los intereses nacionales”, sostuvo.En la misma línea, el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, anunció que impulsará la interpelación tanto del ministro de Relaciones Exteriores como de la ministra de Seguridad.

“Tienen que dar la cara y rendir explicaciones ante el Congreso”, afirmó el legislador, quien acusó al Gobierno de haber coordinado y facilitado la salida del dirigente brasileño mediante organismos estatales.Ferraro sostuvo que hubo asistencia operativa de distintas dependencias nacionales, entre ellas Migraciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la SIDE. Además, cuestionó la decisión oficial de no reconocer institucionalmente el resultado electoral en Brasil, al considerar que se trata de un país integrante del Mercosur y un socio estratégico para la Argentina.

De esta manera, el episodio amenaza con trasladarse al Congreso, donde la oposición buscará avanzar con pedidos de informes e interpelaciones para determinar cuál fue el grado de participación de las autoridades argentinas en la salida de Flávio Bolsonaro y si hubo coordinación con otros gobiernos en el operativo.

El presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, precisó que la jubilación provincial más alta ronda actualmente los 20 millones de pesos, mientras que el haber promedio se ubica en 1,7 millones. El funcionario sostuvo que los extremos responden a situaciones particulares y no reflejan lo que percibe la generalidad de los beneficiarios.

En declaraciones al programa A Quien Corresponda, de Radio Plaza, Bagnat ubicó los haberes del sector inferior en torno a los 900 mil y un millón de pesos, aunque reconoció que existen prestaciones menores. Esa referencia no constituye un piso mínimo uniforme para todos los jubilados.

“Obviamente alguno va a decir yo cobro 700 mil, pero quizás fue ordenanza de medio tiempo y se jubiló por esas poquitas horas. Son municipales, ordenanzas, cocineras de comedores que son los sueldos más bajos”, señaló.“Siempre los extremos son malos y hay que sacarlos porque no reflejan la generalidad, son casos aislados. El promedio de las jubilaciones en Entre Ríos es 1 millón 700 mil pesos”, completó.

Las declaraciones se producen durante la implementación de la última reforma previsional entrerriana. La Ley 11.302, denominada de Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional, fue sancionada definitivamente el 29 de julio de 2026, promulgada el 20 de agosto y publicada en el Boletín Oficial el 21 de agosto. La norma modificó el régimen establecido por la Ley 8.732.

Entre los cambios centrales se encuentra la ampliación del período utilizado para calcular el haber inicial: pasó de los últimos diez años a los últimos quince años de remuneraciones con aportes. Además, la implementación incorporó modificaciones en la movilidad y en los recibos de haberes de los beneficiarios.

El trasfondo de esas modificaciones es el desequilibrio financiero del organismo. Según el documento oficial de diagnóstico, medidas y proyección publicado por la Caja, el déficit previsto para el conjunto de 2026 asciende a $370.500 millones, equivalente al 27,1% del gasto estimado en pasividades. Se trata de una proyección anual y no del resultado definitivo del ejercicio ni de un faltante mensual.

Ese mismo informe calcula que, sin las medidas correctivas contempladas, el desequilibrio podría alcanzar los $655.200 millones anuales. La diferencia representa un ahorro estimado de $284.700 millones, aunque el escenario proyectado mantiene a la Caja en situación deficitaria.

“Quiero decirles, no solo a mis 60 millones de votantes, sino a todo el pueblo brasileño, que soy el presidente electo y que los criminales que robaron las elecciones en Brasil forman parte de una organización criminal que instauró una tiranía. Ustedes, que anhelaban un cambio, no los abandonaré; seré la voz y el liderazgo libre de nuestra nación”, aseveró.“No era mi intención abandonar mi patria, pero sé perfectamente adónde me llevará esto”, dijo el senador opositor y sostuvo que “la persecución política que comenzó con mi padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y que se extendió a miles de brasileños patriotas y ciudadanos estadounidenses, tiene un único objetivo: silenciar a cualquiera que discrepe del estado de excepción establecido en Brasil, a través de un Tribunal Supremo controlado por el Partido de los Trabajadores, una organización criminal”.Al inicio de su misiva, Bolsonaro agradeció en primer lugar al presidente argentino Javier Milei “por su valentía, su sentido de la justicia y el respeto a la legalidad”,  tras el operativo que le permitió abandonar Brasil; y al presidente estadounidense Donald Trump y al “maravilloso pueblo estadounidense por haberme recibido”.“Esta es una tierra de libertades y hermanos que comparten los mismos valores que la buena gente de mi país. El presidente Trump es un gran defensor de la libertad de expresión”, agregó.El senador opositor sostuvo que el domingo por la noche, presenció “con horror cómo se desarrollaba ante mis ojos un fraude electoral”.“Las acciones ilegítimas e ilegales del exabogado de Lula permitieron que se materializara una imposibilidad matemática, lo que resultó en que Lula obtuviera más de 10 millones de votos de la primera a la segunda vuelta. Una decisión del Tribunal Supremo Federal (TSF), anulando la autoridad del Tribunal Superior Electoral (TSE), extendió el período de votación en el último minuto, y la orden llegó después de la hora legal de cierre, cuando las urnas ya habían cerrado. Los votantes fueron sometidos a reglas diferentes”.Hasta el momento, el TSE solo ha defendido la extensión del horario de votación, “y no hay una sola respuesta creíble. Y las irregularidades no son el único problema. Durante toda la campaña, hubo abuso de poder político y económico y malversación de recursos públicos en favor de la reelección. Estos son actos graves, expresamente prohibidos por la ley, que justifican la anulación de la candidatura Lula-Alckmin”, opinó.“La respuesta del régimen a mis preguntas fue inmediata. Como si se tratara de un plan preestablecido, siete minutos después de este repugnante fraude electoral, el juez, implicado en un enorme escándalo de corrupción, citado directamente en la investigación que utilizó para intentar confiscar mis pasaportes, y que muy probablemente estaría en prisión si no hubiera impedido mi investidura, puso en marcha la maquinaria de persecución política del régimen”, agregó.Sostuvo que “siendo intrínsecamente inelegible y completamente sospechoso para iniciar cualquier procedimiento judicial en mi contra, su mera participación en actos procesales demuestra la magnitud de la arbitrariedad e ilegalidad en curso”.Puso de relieve que no era su intención “abandonar” Brasil. Este es el manual clásico de cualquier golpe de Estado. La persecución política que comenzó con mi padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y que se extendió a miles de brasileños patriotas y ciudadanos estadounidenses, tiene un único objetivo: silenciar a cualquiera que discrepe del estado de excepción establecido en Brasil, a través de un Tribunal Supremo controlado por el Partido de los Trabajadores, una organización criminal.“Para que quede claro, no hay ninguna orden de arresto en mi contra porque no he cometido ningún delito. Lo que existe es una persecución política cuyo objetivo es mantenerme como rehén y convertirme en objeto de chantaje para proteger a magistrados corruptos de la Corte Suprema. Este es el guion de la persecución: confiscación del pasaporte, tobillera electrónica, censura, arresto domiciliario, juicio simulado y, finalmente, condena política”.Flávio Bolsonaro continuó: “No voy a someter a mi familia a esto, y mi país no merece volver a sufrir esta humillación internacional. Dada la manipulación política del sistema judicial en Brasil, traje a mi familia a Estados Unidos, donde estamos a salvo. Agradezco, una vez más, al presidente Trump y al gobierno estadounidense por acogernos y brindarnos la seguridad jurídica que ya no tenemos en Brasil”.Y remarcó: “No huí de Brasil, me fui a Brasil, dejé un régimen de excepción para poder ser el líder que mi pueblo merece, porque silenciado, encarcelado y censurado, como lo está mi padre, no podría ser ese líder y seríamos entregados al teatro institucional de una oposición castrada y controlada por el Tribunal Supremo lleno de sirvientes del régimen”.En sus considerandos, Bolsonaro rememoró que no es el primero en “haber tenido que luchar por mi patria lejos de ella: Rui Barbosa se exilió por oponerse al régimen arbitrario de Floriano Peixoto y desde allí continuó defendiendo la ley y la libertad. Charles de Gaulle lideró la Francia Libre desde Londres, condenado a muerte por el régimen de Vichy, y regresó para liberar a su país. José Martí organizó la lucha por la independencia cubana desde Nueva York”.Añadió que, más cerca en el tiempo, “en Venezuela, Juan Guaidó y Edmundo González tuvieron que abandonar el país para enfrentarse a la dictadura chavista, y María Corina Machado, aun siendo perseguida, se negó a legitimar el fraude y se convirtió en un símbolo mundial de la resistencia democrática. Todos ellos fueron tratados como criminales por los regímenes a los que se oponían. La historia los llamó de otra manera”.“A las instituciones brasileñas les hago un llamado: esta locura debe terminar. Brasil atraviesa actualmente un caos legal, corrupción y persecución política, donde la oposición teme expresarse y la familia de un expresidente es tratada como enemiga del Estado. Ninguna nación puede vivir en paz ni prosperar así. Aún hay tiempo para restablecer el equilibrio de poder y devolver a los brasileños la confianza que han perdido”, dijo Bolsonaro.“Le pido a la comunidad internacional: no normalicen lo que está sucediendo en Brasil. Lo que está sucediendo hoy en mi país no es normal y no puede tratarse como tal”, puntualizó.Bolsonaro anticipó que en los próximos días se dirigirá al pueblo brasileño “y presentaremos una estrategia para movilizar a la oposición y el inmenso apoyo popular con el que contamos, por todos los medios pacíficos y legítimos, para impedir que Lula consolide un régimen dictatorial en Brasil. Les pido a todos que se mantengan firmes y nunca se rindan”.Finalizó su misiva diciendo: “Me fui de Brasil, pero no abandoné al pueblo brasileño. Esta lucha no terminó el 25 de octubre. Solo terminará cuando Brasil vuelva a ser un país libre. Y ese día llegará. Que Dios bendiga a Brasil”. Agencia NA