La sesión fue presidida por la viceintendente, Lic. Magdalena Reta de Urquiza, y contó con la presencia de diez ediles. La jornada tuvo además un marco institucional destacado con la visita de los alumnos de 6° Año de la Escuela N° 4 “Damián Pedro Garat” de Villa Adela, quienes asistieron junto a sus docentes como parte de las actividades pedagógicas que promueve el cuerpo legislativo.

Los ejes centrales del debate legislativoAl concluir la jornada, la viceintendente Reta de Urquiza repasó los principales temas tratados por el cuerpo, ponderando la aprobación de herramientas preventivas de seguridad, el freno a irregularidades inmobiliarias y el reconocimiento a la juventud y el deporte local.

Herramientas contra las estafas virtualesLa aprobación formal de la ordenanza contra los ciberdelitos se destrabó tras recibir informes de las áreas de Seguridad Ciudadana e Informática sobre la falta de infraestructura inicial. La situación logró resolverse gracias a una capacitación lanzada por la provincia de Entre Ríos, lo que permitirá contar con personal idóneo para instruir a la población y alertar a los grupos más vulnerables -como los adultos mayores- sobre las modalidades delictivas en entornos virtuales y telefonía celular, entre otros aspectos

Control y regularización urbanaEn materia habitacional, el Concejo Deliberante rechazó el pedido de una comisión de vivienda que pretendía vender la totalidad de sus lotes sin contar con la infraestructura básica obligatoria (tendido eléctrico, alumbrado público y red de agua). El criterio del cuerpo fue estricto: solo se les autorizó la venta de una parte de los terrenos para que, con esos fondos, financien y concluyan las obras de infraestructura antes de proceder a la adjudicación del resto de los lotes.

Detalles del Programa Municipal de Prevención en CiberdelitosLa concejal Eliana Lagraña especificó que la normativa busca reducir la vulnerabilidad de los vecinos frente al delito digital a través de cuatro pilares fundamentales:Concientización masiva: Campañas sobre las estafas más recurrentes (phishing, hackeos de mensajería, fraudes bancarios y suplantación de identidad).Capacitación ciudadana: Talleres prácticos para los sectores más expuestos: adultos mayores, estudiantes, comerciantes y Pymes locales.Protocolos de respuesta rápida: Guías claras para saber cómo actuar, dónde recurrir y cómo preservar las pruebas tecnológicas ante un ataque.Formación interna del Estado: Capacitación al personal municipal para que actúe como el primer asesor y preventor vecinal.Para garantizar la operatividad de la ordenanza, Lagraña detalló un esquema de articulación institucional donde el programa estará a cargo de la Secretaría de Gobierno, coordinado por la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y la Dirección de Informática, quienes diseñarán las campañas y contenidos. Asimismo, el municipio trabajará junto a la Justicia, fuerzas de seguridad, entidades bancarias, universidades y organizaciones intermedias a través de convenios de cooperación, asegurando que la prevención llegue directamente a las aulas, centros de jubilados y comercios de los barrios, concluyó Lagraña.

Declaraciones de Interés Municipal y ReconocimientosDurante la sesión se aprobaron diversos proyectos de resolución que declaran de Interés Municipal, Cultural o Deportivo a eventos y personalidades de la ciudad:Primer Simposio Regional del Conocimiento: Bajo el lema “Ciencia y Rendimiento en el Corazón de la Región”, se desarrollará los días 4 y 5 de julio en el Hotel San Carlos. Contará con disertantes internacionales como el Prof. Horacio Anselmi (Alto Rendimiento), el Lic. Walter Dzurovcin (Nutrición Deportiva) y el Prof. Darío Micillo (Fitness), junto a los profesionales locales Fabricio Goñe, Dr. Nicolás Hollman y Lic. Luana Romero.Distinciones Deportivas: Se entregaron reconocimientos oficiales a los atletas locales que representaron al país en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026: Felipe Bond (medalla de oro en 400 metros) y Jonathan Peruchena (5° puesto), haciendo extensiva la distinción a su entrenador, Enrique Da Costa Leite, miembro de la Dirección de Deportes Municipal.Torneo de Hockey Supermamis: A realizarse los días 18, 19 y 20 de septiembre en el Club Hípico Concordia.Festival Folklórico de Villa Adela: Impulsado por la concejal Claudia Villalba, se declaró de interés el festival que se realizará el 23 de mayo en la Escuela N° 4 “Damián Pedro Garat”, en el marco de los 15 años del Ballet Folklórico Danzas de mi Tierra.Encuentro de Mototurismo: Evento organizado por la Agrupación Mototurismo Concordia para los días 23 y 24 de mayo.

Espacio de HomenajesLa sesión también dio lugar a las expresiones políticas de los distintos bloques sobre la actualidad nacional y local:

Educación Pública UniversitariaLas concejales Celeste Fuscado (JxER) y Carolina Amiano(PJ) fijaron posición en defensa del presupuesto universitario tras las recientes movilizaciones estudiantiles. “Es necesario defender la educación pública como una herramienta de movilidad social ascendente frente al recorte presupuestario”, sostuvo Fuscado, respaldada por Amiano, quien instó a reivindicar universidades públicas y de calidad. Por su parte, la concejal Yaiza Pessolani Bechet (LLA) coincidió en la importancia de la universidad pública pero enfatizó la necesidad de mayor eficiencia y auditorías: “La ciudadanía nos exige que cada peso llegue a donde tiene que llegar; lo que se busca es evaluar si el sistema interno está funcionando correctamente”, señaló, advirtiendo el bajo nivel de adhesión actual a los convenios de auditoría.Vinculación Internacional y Desarrollo LocalPor su parte, el concejal Felipe Sastre tomó la palabra para celebrar y destacar la trascendencia de la reciente reunión mantenida con los representantes de la Cámara de Comercio de Italia. De dicho encuentro participaron las máximas autoridades locales, encabezadas por el intendente Francisco Azcué, la viceintendente Lic. Magdalena Reta de Urquiza y los funcionarios del gabinete municipal cuyas áreas están directamente vinculadas al convenio marco que se suscribió formalmente este miércoles. Según detalló el edil, este acuerdo tiene como eje central impulsar acciones conjuntas que dinamicen y potencien el desarrollo local.Durante su alocución, Sastre resaltó el valor del proceso institucional, señalando que este logro es el resultado de un trabajo sostenido a lo largo de dos años de gestiones, el cual finalmente ha concluido con resultados concretos y medibles para la ciudad. En ese sentido, puntualizó que el convenio marco abre perspectivas firmes y reales para posicionar los productos y producciones originarias de Concordia en el exigente mercado europeo, teniendo lógicamente a Italia como el destino y puente principal.Asimismo, el concejal precisó que existen firmas e inversores extranjeros interesados tanto en la radicación de nuevas empresas como en la adquisición y potenciación de firmas que ya se encuentran operando actualmente en el Parque Industrial de Concordia. A este panorama de desarrollo socioproductivo se suman, además, importantes propuestas en el ámbito educativo y de formación, entre otros puntos clave contemplados en el acuerdo.Para finalizar, Sastre no quiso dejar de poner en valor la labor legislativa de la propia institución: destacó el intenso trabajo que viene desarrollando el actual Concejo Deliberante en el diseño y modernización del aspecto normativo de la ciudad, herramientas regulatorias que, según concluyó, hoy le permiten a Concordia afianzar de manera definitiva su solvencia y solidez institucional frente a este tipo de acuerdos internacionales.

PRENSAConcejo Deliberante de Concordia | Mitre 76 – C.P. 3200 | Tel 345 4291300 Int. 112-176 | Concordia, Entre Ríos, Argentina.

El Índice de Precios al Consumidor de abril, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, determinó un incremento del 2,6% para los haberes que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizará en junio de 2026. Los ajustes alcanzan a jubilaciones, pensiones y asignaciones, en virtud de un régimen que enlaza la movilidad mensual de los beneficios con la inflación registrada dos meses antes.El objetivo del sistema, implementado por el Decreto 274/2024, es reducir la distancia entre los ingresos jubilatorios y la suba de precios.El nuevo cálculo posiciona al haber mínimo en $403.320,39 a partir de junio, mientras que quienes perciban el bono recibirán $475.142,62, cifras que contemplan el primer descenso mensual del IPC en 10 meses. Para el resto de las prestaciones, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasa a $322.655,23 y llega a $394.478,23 con bono, en tanto que las pensiones no contributivas y la Pensión Madre de 7 Hijos se incrementan en el mismo porcentaje.La proyección de este esquema de movilidad establece que, desde junio de 2026, los jubilados y pensionados bajo la órbita de Anses experimentarán un ajuste mensual determinado exclusivamente por la inflación de dos meses antes. Este mecanismo busca zanjar la brecha histórica entre ingresos previsionales y alza de precios, en un contexto donde la variación interanual del IPC llegó al 32,4%, con un acumulado anual del 12,3%, de acuerdo con lo informado por Indec.

Nuevos valores para mayo de 2026Jubilación mínima: $403.320,39Jubilación mínima con bono: $475.142,62PUAM: $322.655,23PUAM con bono: $394.478,23Pensiones no contributivas: $282.338,51Pensiones no contributivas con bono: $354.181,51Pensión Madre de 7 Hijos: $403.320,39Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $475.142,62AUH: $144.937,56AUH con Discapacidad: $471.904,34

La medición correspondiente a abril constituye la primera baja del IPC en 10 meses, lo que influenciará el poder adquisitivo de las prestaciones. Analizando el último tramo del informe, se consigna que la variación interanual es del 32,4% y el incremento acumulado desde enero alcanza el 12,3%, cifras que se encuentran dentro del rango proyectado por consultoras privadas y por el Banco Central de la República Argentina.Según el último relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, la proyección para mayo anticipa un nuevo descenso en la inflación mensual, que podría situarse en torno al 2,3%, mientras que analistas como EcoGo ajustan ese número a un preliminar del 2,2%. Por su parte, los relevamientos sectoriales en la primera semana de mayo muestran que el rubro alimentos y bebidas prácticamente no tuvo incrementos de precios. Así lo indica EconViews, que registró una deflación del 0,1%, LCG, que no verificó aumentos, y Analytica, que relevó una suba apenas perceptible del 0,3%.En el mismo período, la dinámica de precios fue impulsada por diversos factores: el reporte de EcoGo mencionó que “el mes inicia con un piso inflacionario condicionado por el fuerte incremento en el sector transporte. En CABA el aumento se sitúa en un 5,4%, en AMBA la subida escala hasta el 11,6%. A este esquema se suma, a partir de la tercera semana del mes, los ajustes programados para los colectivos nacionales (2%) y los trenes (18%)”. También se advierte que se prevé un aumento promedio del 7% en combustibles, luego de un período de 45 días sin variaciones, y alzas automáticas en prepagas, alquileres y servicios de telecomunicaciones.Anses anunciará en los próximos días el cronograma de pagos de los haberes, que se organiza en función del número final de DNI. Tradicionalmente, las jubilaciones y pensiones mínimas se acreditan en la segunda semana de cada mes, y el resto de los beneficios, en la tercera. Actualmente se están liquidando los montos correspondientes a abril, que ya incorporan el ajuste basado en la inflación de febrero.

Durante la reunión los representantes de los diferentes estamentos de trabajadores activos y jubilados plantearon su preocupación por la reforma que impulsa el gobierno de Rogelio Frigerio, ante lo cual los legisladores se comprometieron su oposición a cualquier proyecto que vulnere los derechos de los trabajadores activos o de los jubilados.En el mismo sentido, los legisladores indicaron que hasta el momento no conocen el contenido del proyecto y que tampoco obtuvieron respuesta a los pedidos de información formulados al respecto. Igualmente se indicó que la reforma previsional forma parte de la agenda del oficialismo mientras que para los bloques opositores la agenda urgente tiene otros componentes, como es la situación alimentaria o la crisis de salud mental que afecta a miles de entrerrianos y entrerrianas. La reunión con los gremios fue encabezada por los presidentes de los bloques opositores: Laura Stratta en la Cámara de Diputados y Marcelo Berthet en el Senado. Participaron también las legisladoras Silvia Moreno, Andrea Zoff, Silvina Deccó, Lorena Arrozogary y Claudia Silva; y los legisladores Sergio Castrillón, Yari Seiler, José María Kramer, Enrique Cresto y Juan Diego Conti.

El Gobernador definió a la firma como “una empresa familiar con muchísima historia y tradición, una de las principales empleadoras de la región”; y destacó “la ampliación que más que duplica la producción de la empresa e incorpora más empleo de calidad”.

Además, precisó que “la firma empezará a generar su propia energía aprovechando los créditos del Consejo Federal de Inversiones que traemos. Creo que de cerca del 40 por ciento va a ser la energía renovable producida por la empresa”.

En ese marco, sostuvo que “hay que apoyar al sector privado porque es donde se genera la riqueza y el empleo. Es el norte que tenemos en nuestra gestión”; y puso en valor a las empresas familiares, donde “todos cinchan para el mismo lado. Eso es lo que necesitamos para nuestra provincia, que todos cinchemos para el mismo norte, que es precisamente el de apoyar a los que invierten, a los que no especulan, a los que aún en momentos difíciles siguen apostando por la producción y por el empleo. A eso hay que hacerlo ver y notar, y mi presencia acá tiene que ver con eso”, remarcó.

“No son todas malas noticias. Tenemos entrerrianos que siguen poniéndole el pecho, siguen apostando y siguen creyendo en todo lo que podemos. A eso lo quiero hacer valer, lo quiero poner sobre la mesa y quiero felicitarlos también a ellos”, concluyó. Por su parte, la gerente de la firma, Laura Varese, explicó que este nuevo proyecto consiste en reemplazar el molino que hace 50 años se trajo de Brasil. “Lo hemos ido aggiornando con el tiempo, pero sentimos que estamos en un momento en donde el país apoya estas inversiones y necesitamos crecer como empresa. La idea es poder duplicar la producción y no solo en volumen, sino también eficientizando dicha producción. Se pasará de elaborar 8.000 toneladas de arroz con cáscara, a unas 18.000 toneladas por año. Para nosotros es un gran desafío”.

En ese sentido, la empresaria adelantó que se tiene previsto “incorporar personal para la línea de producción, y para los sectores comercial y de calidad. Estamos muy contentos”, aseguró, tras recordar que “un día le escribí por instagram al gobernador y me dijo: `Apliquen acá. Y así lo hicimos, con un simple mensaje de Instagram, que muchos me decían, `Es obvio que no te va a contestar’. Esta entrega del RINI para nosotros significa confianza, compromiso, y vamos a responder y a estar a la altura de las circunstancias”, dijo finalmente.Acompañaron a Frigerio y al intendente de La Paz, Walter Martin, los secretarios General de la Gobernación, Mauricio Colello; y de Industria, Catriel Tonutti; y el diputado Bruno Sarubi.

Sobre el RINIEl Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) busca favorecer la radicación de nuevas inversiones en el territorio provincial y reactivar la actividad productiva ampliando los beneficios de la Ley N° 11.071 de Promoción y Desarrollo Industrial a otras actividades. Son cerca de 150 iniciativas en marcha bajo este régimen, con inversiones cercanas a los 300.000 millones de pesos que proyectan generar 2.500 puestos de trabajo.

En la sesión del Senado tomaron estado parlamentario 60 nuevos pliegos judiciales, enviados por el Poder Ejecutivo a fines de abril y esta misma semana.El nuevo paquete de propuestas para cubrir vacantes en el Poder Judicial -y más precisamente los últimos postulantes que se giraron- tiene que ver con un reclamo de aliados para que se contemplen designaciones del interior del país.

Este jueves, antes de la sesión, la Comisión de Acuerdos culminó con las audiencias públicas por la que pasaron alrededor de 80 candidatos a ocupar cargos de jueces, fiscales y defensores, pero en su mayoría fueron de Capital Federal y provincia de Buenos Aires.

Ante la postura de senadores dialoguistas, que retrasaron su acompañamiento a los dictámenes de esos expedientes, el Poder Ejecutivo envió más nombramientos. Igualmente, cuando comenzó el proceso para cubrir vacantes, el Ministerio de Justicia anticipó que hay pendientes más de 300, con lo cual, continuarán.En la nueva tanda están incluidos postulantes para las jurisdicciones de Corrientes, Chaco, Misiones, Catamarca, Salta, Tucumán, Chubut, Mendoza, San Juan, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Río Negro y Formosa.Además, en la lista que ingresó formalmente se encuentra el pliego de Víctor Arturo Pesino, uno de los jueces que falló a favor de reponer la Ley de Modernización Laboral.Tras los plazos formales, los candidatos deberán presentarse ante audiencia pública en la Comisión de Acuerdos.Por otra parte, también ingresó el pliego para promover al grado inmediato superior, al 31 de diciembre de 2025, al general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez.El listado completo de los nuevos pliegos judiciales:Pedro Mariano Rebollo para fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, Entre Ríos.Ana María Busleiman para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca.Sebastián Pedro Ruiz para juez del Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, Chubut.Fernando Gabriel Alcaraz para fiscal federal de la Unidad Fiscal Mendoza.Maximiliano Alberto Leandro Callizo para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58 de la Capital Federal.Sergio Alejandro Echegaray para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44 de la Capital Federal.Juan Manuel Cabral para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala K.Albertina Anatonia Caron para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19 de la Capital Federal.Pedro Manuel Crespo para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 28 de la Capital Federal.Sebastián Rodrigo Ghersi para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 45 de la Capital Federal.Patricio Nicolás Sabadini para fiscal federal de la Unidad Fiscal de Resistencia, Chaco.

Santiago José Martín para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Buenos Aires.Santiago French para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.Amanda Espino para defensora pública oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 7.Evangelina María Lasala para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal.José María Abram Luján para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 110 de la Capital Federal.Pilar Fernández Escarguel para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 109 de la Capital Federal.Hugo Daniel Froy para fiscal federal de la sede fiscal descentralizada de Paso de los Libres, Corrientes.Juan Tomás Rodríguez Ponte para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, Buenos Aires.Santiago Villagrán para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°19 de la Capital Federal.Paula Vanesa Romeo para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal.Julio César di Giorgio para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10 de la Capital Federal.Juan Carlos Riccardini para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y N° 9 de la Capital Federal.Ángel Roger Luna Roldán para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.María Virginia Ise para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco.

Juan Marcelo Burella Acevedo para fiscal federal de la Unidad Fiscal de Corrientes.

Ruth María Ponce de León para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, Misiones.

Pablo Roberto Toledo para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.Claudio Fabián Loguarro para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala III.Diego Fernando Manauta para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala V.Diego Javier Tula para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala II.Marina Edith Pisacco para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VI.María Claudia Jueguen para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala X.Víctor Arturo Pesino para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VIII.Leopoldo Jorge Rago Gallo para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de San Juan.Matilde Evangelina Ballerini para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala B.Natalia Cecilia Crede para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 3.María Ángeles Ramos para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 4.Santiago Roldán para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 2.Gustavo Alejandro Roque Cultraro para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 10 de la Capital Federal.Bernardo María Rodríguez Palma para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, Buenos Aires.Fernando Carlos Damián Pascual para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 41 de la Capital Federal.Mariana Salduna para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25 de la Capital Federal.Vanesa Silvana Alfaro para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16 de la Capital Federal.Bárbara Rastellino para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 27 de la Capital Federal.Javier Rodrigo Pereyra para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal.Agustín Raúl Rubiero para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala D.Alicia Isabel Braghini para vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala III.Florencia Inés Córdoba para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 66 de la Capital Federal.Lucila Califano para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 9 de la Capital Federal.Hernán Enrique Figueroa para defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Defensoría N° 2.Germán Luis Artola para defensor público oficial adjunto ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 11.Nuria Saba Sardañons para defensora pública oficial adjunta ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 15.José Nicolás Celestino Chumbita para defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja.Sofía Beatriz del Milagro Martín para defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Santiago del Estero.Maximiliano Eduardo Nicolás para defensor público de menores e incapaces ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 4.María Laura Irastorza para defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Río Negro.María Esther Pinos para defensora pública oficial federal del interior del país con asiento en la ciudad de Formosa.Ana Clarisa Galán Muñoz para defensora pública oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal, Defensoría N° 3.Maximiliano Abel Chávez, Andrea Cristina Di Gregorio, Agustín García Fauré, Gabriel Andrés Marnich, José Eduardo Di Lena y Fernando Gabriel Saraboso, conjueces de los Juzgados Federales de Primera Instancia de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.(APFDigital) 

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, participó de la inauguración de la exposición y en ese marco definió que “el gobernador Rogelio Frigerio me encomendó destacar a la Región Centro como ámbito de trabajo entre Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos; condición que año a año nos permite alcanzar nuevos objetivos.

El hecho de poder reunirnos también con autoridades nacionales para dialogar acerca de los desafíos que nos presenta el nuevo acuerdo Mercosur - Unión Europea, sin dudas nos permitirá aprovechar todo el potencial lechero de la Región Centro”.

A partir de la presencia de productores, industriales y empresas ligadas al sector; Todo Láctea se exhibe una de las más relevantes de la cadena en Sudamérica. Expositores de naciones vecinas le dieron el marco internacional al encuentro inaugurado por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora y su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Bernaudo encabezó la misión entrerriana en representación del gobernador Frigerio y lo hizo junto a Atilio Benedetti, titular del Ente Región Centro y un grupo de productores e industriales de la provincia.En Todo Láctea se rinde homenaje Jorge Chemes a través de la designación con su nombre del auditorio principal de la muestra. El espacio es un tributo al recientemente desaparecido funcionario entrerriano quién dedicó su vida pública a la representación del ruralismo y la defensa de la lechería nacional. En ese marco Bernaudo puso en valor su trayectoria que explica la importancia del reconocimiento: “Su compromiso con el campo y su gente fue sin medias tintas; para nosotros, además de un amigo entrañable, fue un referente integral”.

En el stand de Entre Ríos se concentra el potencial productivo de la provincia a partir de la participación de tamberos, industriales y delegaciones de las universidades y escuelas agrotécnicas que se van rotando a lo largo de las tres jornadas de la muestra.

La exposición dio el marco a la reunión de la Mesa de Seguridad Alimentaria, donde participaron también el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini; su par de Bioindustria de Córdoba, Sergio Busso; y el director nacional de Lechería, Sebastián Alconada. Los miembros del Gabinete Productivo de la Región Centro firmaron una declaración, cuyo objetivo es consolidar un registro integral que refleje la realidad productiva de las provincias en lo referido al intercambio comercial con la región y Europa. Participaron también de la Mesa, la directora general del Instituto de Control de Alimentación y Bromatología, Karina Meier; la directora de Relaciones Internacionales Cynthia Cabrol; el director de Producción Animal, Martín Sieber; y el coordinador de Lechería, Horacio Jaureguiberry.

La agrupación interna de la Unión Cívica Radical, UCR Activa, difundió un duro documento crítico contra la nueva reasignación presupuestaria impulsada por el gobierno de Javier Milei, que implica recortes por más de 2,4 billones de pesos en distintas áreas del Estado nacional.

En el texto, titulado “No era la casta: éramos nosotros”, el espacio político sostiene que el ajuste termina impactando sobre sectores sensibles como salud pública, educación, ciencia, transporte e infraestructura, y cuestiona que el equilibrio fiscal se construya “sobre servicios esenciales y derechos básicos”.

Desde la agrupación remarcaron que las reducciones presupuestarias afectan directamente programas sanitarios, investigación científica, universidades nacionales y fondos destinados a provincias.

También advirtieron sobre el impacto específico que las medidas podrían tener en Entre Ríos, particularmente en áreas vinculadas a producción agropecuaria, innovación y desarrollo regional, señalando que la Universidad Nacional de Entre Ríos sufriría una reducción cercana a los 540 millones de pesos.UCR Activa sostuvo además que el Gobierno continúa profundizando la política de ajuste ante la falta de reactivación económica y planteó que el país necesita crecimiento con desarrollo e igualdad de oportunidades, en lugar de recortes permanentes.

Los recortes más cuestionados

Más de $78.000 millones menos para el Fondo de Compensación Salarial Docente.Recorte superior a $63.000 millones en programas vinculados a cáncer.Disminución de partidas para medicamentos, VIH, tuberculosis y salud sexual.Menos fondos para ciencia, INTA y CONICET.Caída de recursos para universidades nacionales.Reducción de fondos destinados a infraestructura vial y programas sociales.Fuerte baja en transferencias nacionales a provincias y ATN.

El documento concluye señalando que “ningún país crece destruyendo salud, educación, ciencia y trabajo” y reclama un Estado “más transparente y eficiente, pero presente donde la sociedad lo necesita”.

El legislador sostuvo que la universidad pública constituye una herramienta central para el desarrollo económico, social y científico de la Argentina, y remarcó que históricamente ha sido uno de los principales mecanismos de movilidad social ascendente.En ese sentido, recordó la tradición reformista del radicalismo desde la Reforma Universitaria de 1918 y afirmó que el acceso gratuito a la educación superior permitió durante décadas que miles de argentinos pudieran formarse profesionalmente más allá de su condición económica de origen.López también destacó el valor institucional de las universidades nacionales, subrayando la importancia de la autonomía universitaria, el cogobierno y la formación de ciudadanos con pensamiento crítico y compromiso democrático.Asimismo, consideró fundamental sostener el financiamiento destinado a investigación científica y producción de conocimiento, advirtiendo que el debilitamiento del sistema universitario afecta directamente las posibilidades de crecimiento y desarrollo del país.

Finalmente, el diputado entendió que la movilización universitaria prevista para esta semana representa una oportunidad para debatir el rol estratégico de la educación pública y reafirmó que defender las universidades nacionales significa “mantener abierta una puerta al futuro”.

La agenda del evento, desarrollado en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), incluyó también un Living de empresarios y presentaciones del subsecretario de Defensa del Consumidor y del Jefe de Gabinete de CABA. El gobernador entrerriano compartió el panel moderado por Diego Valenzuela, con su par de Chubut, Ignacio Torres.Expuso en esa oportunidad sobre la reciente adhesión de la provincia al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, destacando la importancia de que los ciudadanos identifiquen la carga tributaria en sus compras.

“Lo que estamos haciendo es un cambio cultural en el Estado. Esta idea de mejorar la competitividad que tienen los empresarios en sus empresas, los productores agropecuarios tranqueras adentro. Analizar cada peso que se gasta, cómo se gasta, dónde va, y eso es fundamental para mejorar la productividad del gasto, la eficiencia y la eficacia con la que gobernamos y también de la mano de eso viene la comunicación. La gente tiene que saber a dónde van sus impuestos y qué impuestos se pagan. Creo que hay que facilitarle la vida al ciudadano, al contribuyente”, resaltó el mandatario.

Asimismo, Frigerio profundizó en los ejes de su política fiscal, centrada en la modernización del Estado, el orden de las cuentas públicas y la creación de condiciones de competitividad para fomentar la inversión y el empleo privado. “Me gustaría bajar los impuestos mucho más rápido y aliviar la carga impositiva a los sectores de la producción”, sostuvo.En ese sentido, planteó que hay que “trabajar de manera concurrente y coordinada en los tres niveles de gobierno porque cobramos impuestos distorsivos que afectan las decisiones de inversión.  Los tenemos que eliminar. Por supuesto que no los podemos hacer de un día para el otro, pero sí tenemos la obligación de ponernos un horizonte”, aseguró.“Por eso quiero reflotar la idea del acuerdo fiscal, del consenso fiscal del 2017 y trabajar incluyendo los municipios. Creo que hay una oportunidad si bajamos retenciones, el impuesto al cheque a nivel nacional, ingresos brutos y sellos en las provincias, y cobramos sólo tasas con una contraprestación lógica en los municipios.  Vamos a tener un país mejor, con más condiciones para la inversión, más generación de empleo privado y mejor calidad de vida para nuestra gente”, señaló.

Finalmente, el gobernador detalló  que “todas las nuevas inversiones en Entre Ríos no pagan ningún impuesto durante 15 años con la posibilidad de extenderlo por 5 años más. Ya tenemos 300.000 millones de pesos de inversiones, 150 empresas, 2500 empleos nuevos comprometidos. Ese es el camino”, concluyó.La actividad finalizó  con una visita guiada por las instalaciones, tras el cierre del panel de debate.

La iniciativa presentada por el senador de Diamante, José Vergara (Frente Juntos por Entre Ríos), establece que la prohibición de ser reelecto “reviste carácter personal y alcanza a todo ciudadano que haya ejercido dos períodos consecutivos en el Departamento Ejecutivo municipal, sea en calidad de Presidente Municipal o Vice Presidente Municipal”. En consecuencia, fija que la limitación no puede eludirse “mediante la alternancia o sucesión recíproca entre dichos cargos”.El texto sostiene que la fórmula electoral constituye “un todo indivisible” y que la previsión constitucional sobre la sucesión recíproca fue diseñada precisamente para “evitar que la alternancia formal sea utilizada como mecanismo de elusión de los límites establecidos”.

En ese sentido, los fundamentos advierten que toda interpretación que “habilite la continuidad en el ejercicio del poder mediante artificios formales debe ser desestimada por resultar contraria al espíritu de la norma constitucional”.

Además, recupera jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que “ha sostenido de manera reiterada que las disposiciones relativas a la reelección deben ser interpretadas con criterio restrictivo, en resguardo del principio republicano de gobierno y de la periodicidad en el ejercicio de las funciones públicas”.

También advierte que no resultan admisibles interpretaciones que, “bajo una apariencia formal, impliquen una alteración sustancial del sistema constitucional, configurando supuestos de fraude a la Constitución”.

La necesidad de la norma surge, según sus fundamentos, de controversias judiciales recientes en el ámbito municipal entrerriano. Uno de los precedentes citados es el caso Cergneux c/ Viganoni, en el que el vocal interviniente argumentó la “ausencia de norma que expresamente establezca la prohibición”, circunstancia que, según los legisladores promotores de la iniciativa, “eventualmente viene a subsanarse con la sanción de la presente ley”.

El constitucionalista Jorge D’Agostino, en su obra Constitución de Entre Ríos: comentada, concordada, antecedentes, jurisprudencia, es citado en los fundamentos para dar certeza al criterio restrictivo: el académico señala que el artículo 234 impide al vicepresidente municipal ser electo inmediatamente después como presidente si antes lo fue como vice, dejando “en claro que el espíritu de la norma ha sido restrictivo”.En su dimensión más sensible, el artículo 5° establece que la ley “tiene carácter interpretativo y resulta aplicable a los mandatos en curso, incluyendo expresamente a las autoridades electas en el período actual y en el inmediato anterior”, lo que podría afectar a funcionarios municipales que se encuentran ejerciendo sus cargos. 

Con relación a marzo se observó una estabilidad, lo cual muestra que se desaceleró el ritmo de descenso.Según la medición desestacionalizada, el índice “regresó a los niveles de octubre 2025” luego de las mermas que se habían registrado desde mediados del año pasado.

Los datos surgen del Índice de Consumo Privado (ICP-UP), elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo (UP), que procesó Agencia Noticias Argentinas.Este informe es un indicador de alta frecuencia que tiene como objetivo principal “anticipar los datos oficiales del consumo privado de la Argentina” mediante un modelo de regresión lineal múltiple.

En cuanto a los indicadores generales, la recaudación del IVA en términos reales anotó su “sexta baja consecutiva” con una caída del 1,3% interanual en abril.Por otro lado, las compras con tarjeta de crédito mostraron un alza del 1,3%, lo que representa un crecimiento menor frente al 12% que se había registrado en enero.

Respecto al consumo masivo, el informe destaca que “el consumo de carne vacuna volvió a caer, de manera que acumuló nueve meses consecutivos de caída” tras registrar una baja del 7,6% interanual en marzo.

En el sector de bienes durables, el patentamiento de motos creció un 52,1% interanual en abril, mientras que el de autos cayó un 14,6% en el mismo mes.

Por último, en el rubro de servicios, el consumo en restaurantes tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires “registró una baja por primera vez en el año” durante marzo, con un retroceso del 6,0% interanual.En contraste, rubros semidurables como la indumentaria y el calzado en centros comerciales habían mostrado una suba del 3,0% interanual en la última medición de febrero. 

El acuerdo alcanzado con UPCN establece un incremento del 3,5 por ciento sobre los conceptos remunerativos, además de una actualización del 3,5 por ciento sobre el monto fijo acordado en febrero, en los términos oportunamente establecidos.Asimismo, se acordó la realización de una reunión destinada a conformar una agenda de trabajo sobre temas sectoriales prioritarios y urgentes, cuya fecha será definida la próxima semana.

En relación con las asignaciones familiares, se garantizó que no sufrirán reducciones como consecuencia de los incrementos salariales, mediante la actualización automática de los topes de cada tramo, evitando así una disminución indirecta en los montos percibidos por los trabajadores.

DocentesEn el caso del sector docente, el gobierno provincial informó que liquidará por decreto el incremento salarial ofrecido en la última audiencia paritaria. La actualización será del 3,5 por ciento, con carácter remunerativo, y se incorporará a los salarios mediante el correspondiente acto administrativo, a fin de garantizar su liquidación con los salarios de mayo.

Desde el Ejecutivo señalaron que la medida responde al cierre del proceso administrativo de liquidación de haberes y aclararon que la aplicación del aumento no implica el cierre de la discusión salarial.En ese sentido, el gobierno ratificó la continuidad de la mesa paritaria y expresó su voluntad de seguir negociando con los sindicatos docentes.

En diálogo con el programa “Un martillo para darle forma”- Radio Plaza, Massa señaló que durante mayo volvió a habilitarse un sistema de retiro voluntario para trabajadores del organismo, luego de medidas similares aplicadas tanto durante el actual gobierno como en la gestión de Mauricio Macri.“Hay líneas de trabajo que se van perdiendo, grupos que se desinflan y conocimientos que costó mucho tiempo construir”, sostuvo el investigador. Según explicó, detrás de cada área afectada existen años de formación profesional, equipamiento técnico y vínculos territoriales que resultan difíciles de reconstruir una vez desarticulados.Massa remarcó que la preocupación excede lo estrictamente laboral y alcanza el rol estratégico que cumple el INTA en distintas regiones del país. “Nos vamos empobreciendo desde el punto de vista del conocimiento y de la capacidad de dar respuestas a la sociedad”, afirmó.En ese sentido, vinculó la situación del organismo con un escenario más amplio de ajuste sobre instituciones científicas y educativas nacionales. Mencionó particularmente los recortes en universidades públicas y en el Conicet, y consideró que existe “un hostigamiento” hacia todo lo relacionado con la producción de conocimiento.

“Primero parecía una discusión sobre si estos organismos eran necesarios o no, pero después empezaron a perder financiamiento y capacidad de atención”, indicó. Para Massa, la combinación entre desfinanciamiento y reducción de personal configura “una planificación de vaciamiento” que afecta estructuras muy complejas de sostener.El investigador explicó además que el trabajo del INTA no se limita a grandes productores agropecuarios, sino que alcanza a pequeños productores, escuelas, organizaciones sociales y familias que desarrollan huertas comunitarias o familiares. En ese marco, lamentó la discontinuidad de programas como ProHuerta y Cambio Rural.

“Con muy pocos recursos se generaban espacios de capacitación, intercambio y producción. No era solamente entregar semillas; había conocimiento, acompañamiento y presencia territorial”, destacó.También señaló que el organismo desarrolla investigaciones vinculadas a distintas realidades productivas del país, desde la pampa húmeda hasta humedales, bosques andino-patagónicos y zonas áridas. “No toda la Argentina es igual y el INTA trata de aportar herramientas específicas para cada territorio”, explicó.

Massa sostuvo además que gran parte de los trabajadores del instituto se formaron en universidades públicas y que por eso existe una fuerte identificación con las movilizaciones universitarias convocadas en defensa de la educación pública. “Uno trata de correrse un poco de lo individual y solidarizarse con el lugar de donde viene”, expresó.Finalmente, consideró que el deterioro institucional puede tener consecuencias difíciles de revertir en el futuro. “Cuando se pierde un equipo de trabajo o una línea de investigación, después cuesta muchísimo volver a construirla”, concluyó.(I:Análisis)

Durante el encuentro, el gobierno uruguayo informó que, a partir del planteo realizado por la Argentina y la provincia de Entre Ríos, se encuentra analizando alternativas de localización para la refinería de combustible sintético proyectada en Paysandú.Asimismo, se confirmó la incorporación de la ciudad de Colón como parte del área de influencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental.

En ese marco, las autoridades argentinas plantearon la necesidad de extremar los recaudos para evitar efectos perjudiciales sobre las actividades económicas preexistentes de las poblaciones ribereñas vinculadas al uso racional del río Uruguay.“Fueron casi dos años de trabajo, gestiones y diálogo permanente con una posición clara: apoyamos la inversión, el desarrollo y el empleo en el Uruguay, pero eso no debe afectar el desarrollo turístico, económico y laboral de la costa entrerriana, especialmente de la ciudad de Colón”, expresó Frigerio.

El encuentro se desarrolló en el marco de los mecanismos de diálogo y cooperación bilateral previstos en el Estatuto del Río Uruguay y en el ámbito de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

La República Argentina atraviesa una de las crisis más profundas de su historia contemporánea, una que no solo se mide en índices inflacionarios o niveles de pobreza, sino en la erosión sistemática de su tejido social y su identidad nacional. Bajo la administración del presidente Javier Milei, asistimos a un experimento de “anarcocapitalismo” aplicado que, en su afán de desmantelar el Estado, parece haber olvidado que el fin último de la política es el bien común y la paz social.

El diagnóstico del hartazgoComo hombres de leyes y académicos, observamos con preocupación cómo la gestión actual ha priorizado una visión económica reduccionista por sobre los preceptos constitucionales de justicia social y bienestar general.

El “hartazgo” ciudadano que hoy se percibe en las calles de todo el país no es meramente el rechazo a un ajuste económico severo; es el síntoma de una sociedad que se siente desamparada por un Estado que abdica de sus funciones esenciales.La precarización del sistema educativo, el ataque a las instituciones científicas y la asfixia de las economías regionales están configurando un escenario de exclusión que pone en riesgo nuestra soberanía cultural y productiva. No se puede construir una nación sobre las cenizas de su clase media y el hambre de sus sectores más vulnerables.

El imperativo de un Gran Pacto Nacional 2027Ante este panorama de fragmentación, la salida no puede ser el retorno a fórmulas del pasado que fracasaron, ni la persistencia en este dogmatismo de mercado que ignora larealidad humana. Es imperativo convocar a un Gran Pacto Nacional para el 2027, un acuerdo que trascienda las banderas partidarias.

Evitar el colapso de la identidadEl colapso que enfrentamos no es solo financiero; es un colapso de identidad. Si permitimos que el egoísmo individualista reemplace la solidaridad comunitaria, habremos perdido la esencia de lo que nos define como nación.Desde mi posición como docente de Ciencias Jurídicas, apelo a la responsabilidad de la dirigencia. El Derecho debe volver a ser una herramienta de equilibrio y protección, no un obstáculo a derribar. El 2027 no debe ser solo un año electoral, sino el punto de inflexión donde los argentinos decidamos si vamos a desaparecer como proyecto común o si, finalmente, seremos capaces de reconstruir el país que nos merecemos.La historia nos juzgará por nuestra capacidad de diálogo o por nuestra complicidad en el silencio. Es tiempo de elegir la reconstrucción nacional.

La jornada se realizó en la sede de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde el mandatario participó del panel “Acción de las provincias en una Argentina distinta: El rol de los gobiernos provinciales en el nuevo escenario productivo”, junto a sus pares de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Corrientes, Juan Pablo Valdés; y de Río Negro, Alberto Weretilneck. El encuentro fue encabezado por el presidente de CRA, Carlos Castagnani; y el vicepresidente primero, el entrerriano José Colombatto; entre otras autoridades de la entidad.“No puede haber ninguna prioridad antes que bajar las malditas retenciones”, dijo Frigerio ante los referentes institucionales, empresariales y económicos que participaron de la jornada, al tiempo que advirtió que, a pesar de que el campo está logrando una cosecha récord, la rentabilidad sigue siendo escasa, una situación que calificó como responsabilidad del Estado. “Este debería ser el último año en la Argentina de una gran cosecha y una baja rentabilidad”, sentenció y subrayó que, mientras el productor hace todo bien “de la tranquera hacia adentro”, el sector público debe colaborar para que ese esfuerzo sea recompensado.

Un nuevo acuerdo fiscal federal En ese marco, el gobernador entrerriano propuso al gobierno nacional y a sus pares un acuerdo fiscal federal para proyectar una política tributaria con “sentido común” a largo plazo. Según manifestó, es imperativo eliminar de forma coordinada entre Nación, provincias y municipios, aquellos impuestos que no existen en otros países y que frenan el crecimiento.En su planteo, estableció una escala de prioridades clara: A nivel nacional, reiteró la necesidad en primer lugar de eliminar las “malditas retenciones”, además del impuesto al cheque, para favorecer el financiamiento y el capital de trabajo. A nivel provincial, propuso la baja gradual de Ingresos Brutos y Sellos; y a nivel municipal, instó a revisar las tasas que funcionan como “impuestos disfrazados”.

El modelo de gestión de Entre Ríos Luego, Frigerio destacó las acciones implementadas en la provincia para fomentar la competitividad, entre ellas los incentivos a la inversión: “Entre Ríos cuenta con un régimen propio donde las nuevas inversiones no pagan ningún impuesto provincial por 15 años (extendible a 20), lo que ya atrajo a más de 150 empresas y compromisos por más de 300.000 millones de pesos”, dijo.En materia de infraestructura y logística, resaltó que en la próxima licitación Entre Ríos va a formar parte por primera vez de la Hidrovía, así como la reactivación en marcha de los puertos de Concepción del Uruguay, La Paz, Diamante e Ibicuy para reducir costos logísticos.También bregó por la apertura de mercados, y mencionó como un hito la reciente exportación de miel entrerriana a Alemania bajo el acuerdo Unión Europea-Mercosur, la primera en el país desde su firma.Finalmente, Frigerio reafirmó que el sector agropecuario es la “locomotora de la recuperación” de la economía argentina y que el camino para salir adelante es trabajar de manera coordinada para terminar con una matriz impositiva que ha sido un impedimento para crecer durante décadas.

Bajo el pomposo lema de las planillas oficiales, “2026 - Año de la Grandeza Argentina”, el Gobierno oficializó el lunes lo que en la práctica representa un golpe demoledor a la inversión social. A través de la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial, se autorizó una reestructuración presupuestaria que retira miles de millones de pesos de programas críticos de salud, educación y desarrollo provincial, consolidando una hoja de ruta donde el equilibrio fiscal se paga con la motosierra social.

El ajuste no discrimina: afecta desde la provisión de drogas para pacientes con cáncer y VIH hasta el mantenimiento de las Fuerzas Armadas, pasando por la paralización total de obras de saneamiento para acceder a agua potable o cloacas. El documento de cientos de páginas esconde un recorte neto de al menos $2,5 billones en las distintas áreas.

Salud

El área de Salud Pública sufrió un recorte nominal de $63.021 millones. El impacto más severo se siente en el programa “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica”, que perdió $20.000 millones, una cifra que pone en jaque la continuidad de la entrega de fármacos de alta complejidad.Pero la crueldad del ajuste se lee en los detalles:Cáncer y VIH: El Gobierno quitó $5.000 millones del programa de Investigación, Prevención y Tratamiento del Cáncer. A esto se suman recortes por $800 millones en el abordaje de VIH, hepatitis, tuberculosis y lepra, y otros $900 millones en Salud Sexual y Procreación Responsable.

Organismos estratégicos: El Incucai (trasplantes) sufrió una poda de $831,3 millones, mientras que el Instituto Malbrán perdió $1.162 millones, lo que implica la parálisis de obras de infraestructura en laboratorios fundamentales para la soberanía sanitaria.

Educación

En la Secretaría de Educación, el recorte asciende a $78.768 millones. La mayor contradicción oficialista aparece en el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió $35.288 millones en transferencias directas a las provincias.

La asfixia al sistema educativo se completa con:Salarios: La eliminación del Fondo de Compensación Salarial Docente ($8.929 millones), el mecanismo que garantizaba un piso salarial digno en las provincias con menos recursos.

Universidades: Justo en la previa a la marcha de este martes, trece casas de estudio nacionales sufrieron un recorte de $5.303 millones en infraestructura. Entre las más golpeadas están la UNLP (-$1.043 millones), la Unsam y la Universidad de Avellaneda. También figura la UNER, tal como adelantó esta Agencia.Infraestructura: Se retiraron más de $21.600 millones destinados a equipamiento y obras en escuelas de todo el país.

Golpe a las provincias

El ajuste sobre los gobernadores e intendentes es, quizás, el de mayor volumen político y social. La Decisión Administrativa 20/2026 dispuso un recorte superior a los $970.000 millones mediante la eliminación de transferencias y la suspensión de obras de infraestructura hídrica.

El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, desactivó partidas por $27.641 millones que estaban destinadas a llevar obras a las provincias. La lista de obras “muertas” incluye:- El Acueducto Vipos en Tucumán.- El Sistema de Agua Potable de Concordia (Entre Ríos).- La Planta Depuradora de Cloacas de Rafaela (Santa Fe).- El Acueducto Sarmiento-Comodoro Rivadavia en Chubut.

Defensa y Ciencia

Ni siquiera las Fuerzas Armadas quedaron a salvo de la “motosierra”. El Ministerio de Defensa perdió más de $46.000 millones. El caso más emblemático es el de la Armada Argentina, que debió dar de baja la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos para la Base Naval Puerto Belgrano al perder el crédito externo que financiaba el proyecto.

Por su parte, el sistema científico-tecnológico continúa su desmantelamiento silencioso: se registran fuertes bajas en el presupuesto del CONICET, el programa espacial y los proyectos de energía nuclear de la CNEA.Conicet–$3.280 millonesCONAE –$4.409 millonesANLIS –$1.162 millonesAgencia I+D+i –$857 millones

El detalle del ajuste aparece en los anexos que acompañan el decreto.

El considerando principal de la medida dice que “corresponde adecuar el presupuesto vigente de diversas Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional con el objeto de afrontar gastos que hacen al cumplimiento de su cometido” y que “se efectúan rebajas en créditos presupuestarios de varias Jurisdicciones”.

El artículo 3° incrementa en $500.000 millones el límite para el pago de deudas previsionales judiciales de ANSES, llevándolo a $712.288 millones.

Malvinas y Parques Nacionales

El ajuste alcanza también a áreas de la Cancillería y hasta los Parques Nacionales. En el ministerio de Relaciones Exteriores se desfinancia - ente otros rubros- el programa “Acciones diplomáticas asociadas a la cuestión Malvinas y Antártida”, al que se le quitan aproximadamente 14,3 millones de pesos, según reveló el exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal, publicó Diario.Ar.

El exlegislador también consignó podas $2.557 millones en el programa referido a “Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas”, que incluye recortes en los fondos presupuestarios pertenecientes a parques nacionales de todo el país. También hay ajuste en el “Servicio de Bomberos” del Ministerio de Seguridad Nacional, por $11,8 millones.

La concentración comenzó en la Plaza Urquiza, desde donde una extensa columna integrada por estudiantes, docentes, no docentes, gremios, organizaciones sociales y vecinos recorrió las calles céntricas de la ciudad hasta llegar a la Plaza 25 de Mayo. Allí, frente al Gazebo, se realizó el acto central y la lectura de un petitorio elaborado por las comunidades universitarias de Concordia.

El documento fue leído por el decano de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Fabián Abid; el decano de la regional Concordia de la Universidad Tecnológica Nacional, Javier Coglierí; el representante de la Facultad de Ciencias de la Administración, Ignacio Mona; y el coordinador de actividades académicas de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Daniel Capodoglio.

Desde el inicio de la lectura, las autoridades destacaron la magnitud de la convocatoria y remarcaron el carácter colectivo del reclamo. “Estamos en la cuarta Marcha Federal Universitaria. Esta marcha se funda en el derecho a la educación, en el carácter alimentario de los salarios y de las becas, y en las obligaciones indelegables del Estado de financiar la universidad pública”, expresaron ante los presentes.

A lo largo del texto, los referentes universitarios cuestionaron con dureza las políticas impulsadas por el Gobierno nacional, al considerar que existe un proceso de “desmantelamiento de la educación pública en todas sus formas, modalidades y niveles”, afectando no solo a las universidades sino también al sistema científico, cultural y educativo en general.

“El actual gobierno avanza hacia un modelo cada vez más desigual, excluyente y violento”, señalaron, denunciando además situaciones de “hostigamiento, criminalización y estigmatización” hacia distintos sectores sociales históricamente vulnerados.

Uno de los ejes centrales del documento estuvo vinculado al desfinanciamiento universitario. En ese sentido, se advirtió que las universidades nacionales, entre ellas la UNER y la UTN, junto con la UADER en el ámbito provincial, atraviesan una situación presupuestaria crítica que pone en riesgo el normal funcionamiento de las instituciones.

Los oradores sostuvieron que la educación pública constituye “uno de los pilares históricos del país”, resaltando su carácter laico, gratuito y de calidad. “La universidad pública es hoy la caja de resonancia de las grandes esperanzas y luchas de la sociedad, con una juventud protagonista de su tiempo”, manifestaron.

Durante el acto también se remarcó que la defensa de las universidades se encuentra estrechamente ligada a otros reclamos sociales. En ese marco, mencionaron la situación de las jubilaciones, la salud pública, la discapacidad, la cultura, las diversidades, la defensa de los recursos naturales y de la industria nacional.

En otro tramo del petitorio, los representantes universitarios afirmaron que el financiamiento actual del sistema “es crítico” y responsabilizaron al Gobierno nacional por incumplir la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso. Según expresaron, dicha normativa establece un piso mínimo de recursos para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio, pero actualmente no estaría siendo aplicada.

“Cuando el gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solamente el presupuesto universitario: se rompe la división de poderes y el contrato social de un Estado democrático”, advirtieron.

La problemática salarial ocupó además un lugar destacado en la lectura del documento. Los organizadores denunciaron que las políticas nacionales provocaron una fuerte pérdida del poder adquisitivo de docentes y trabajadores universitarios, además del cierre de paritarias y el deterioro de las condiciones laborales.

“Hoy los salarios universitarios son los peores del Estado nacional y de los más bajos de América Latina”, afirmaron, agregando que en el ámbito provincial la situación “es aún más grave”.

También hubo fuertes críticas al deterioro del sistema de becas estudiantiles. Según indicaron, la reducción y pérdida del valor real de las ayudas económicas provoca que miles de jóvenes trabajadores y estudiantes de sectores populares abandonen sus estudios universitarios.

“El sistema de becas vacía de contenido una política pública fundamental para garantizar el derecho a la educación superior”, expresaron.

Uno de los pasajes más emotivos del acto estuvo relacionado con la situación de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER. Allí se recordó que hace pocas semanas se realizaron clases públicas para visibilizar la crisis presupuestaria y el histórico reclamo por un edificio propio.

“La Facultad de Humanidades hoy sigue en pie gracias al aporte de su cooperadora y al esfuerzo incansable de trabajadores, trabajadoras y estudiantes”, remarcaron, insistiendo en la necesidad urgente de contar con infraestructura adecuada para la institución.

El documento también repasó distintas acciones de protesta realizadas en los últimos meses, como la marcha de antorchas llevada adelante por universidades de todo el país y la reciente vigilia de gremios docentes frente a la Casa Gris de Entre Ríos en defensa de salarios dignos, la obra social y la caja jubilatoria provincial.

En el cierre del acto, la comunidad universitaria reafirmó la importancia de la universidad pública como herramienta de transformación social y desarrollo nacional. “La universidad argentina pública, gratuita y federal es el logro de generaciones. Todo proyecto de país necesita una universidad de excelencia que aporte desde la soberanía científica, tecnológica y cultural”, señalaron.

Finalmente, los presentes exigieron a la Corte Suprema de Justicia que garantice el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y acompañe “el clamor de las plazas de toda la República”.

“La educación pública iguala y nos hace libres. Es el conocimiento, la ciencia y la cultura lo que permite alumbrar el desarrollo”, concluyó el documento entre aplausos y cánticos de los manifestantes.

Por Julieta Roffo - El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocaron a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores a movilizarse este martes 12 de mayo en todo el país. La jornada constituyó la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei como presidente.El acto central se desarrolló en Plaza de Mayo. Entre los principales reclamos figuran el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Casa Rosada, la falta de acatamiento a fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la norma -que ajustan una recomposición de salarios y becas-, la reducción del presupuesto para el sector y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

El documento final, leído por estudiantes, exigió que el Gobierno cumpla de una vez la ley de financiamiento universitario, votada, ratificada y validada en dos instancias por la Justicia, mientras se espera la intervención final de la Corte.Las autoridades y los gremios docentes se pronunciaron en contra del Poder Ejecutivo y volvieron a pedir que cumpla con la ley de financiamiento. “La universidad argentina es un valioso logro de muchas generaciones y una extrema responsabilidad a preservar”, señalaron.En medio de la cuarta Marcha Federal Universitaria que se lleva a cabo en todo el país, las autoridades de las facultades, como los titulares de los diferentes gremios, tanto docentes como nodocentes, volvieron a pedirle al Gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, reclamó que se asignen los recursos mínimos indispensables para el funcionamiento de la universidad pública en Argentina.Bartolacci subrayó que es imprescindible respetar la ley de financiamiento universitario, a la que describió como una normativa razonable para el sector, ya que “sin comprometer fiscalmente al Estado ofrece las respuestas que necesitamos”. El directivo defendió el valor de la movilidad social ascendente que otorga la educación superior pública, argumentando que el acceso igualitario a una formación de excelencia para los jóvenes, sin importar su lugar de nacimiento, es una responsabilidad que no admite restricciones.El titular del CIN afirmó que garantizar este derecho permitiría que las próximas generaciones accedan a las mismas oportunidades que ofreció el sistema en el pasado. Destacó la importancia de que los hijos de trabajadores mantengan la posibilidad de convertirse en profesionales como “ingenieros, arquitectos”, y que la comunidad científica nacional continúe produciendo “vacunas, satélites”.La movilización, según las expresiones de Bartolacci, representa también una defensa de la democracia y el Estado de Derecho. Alertó sobre el riesgo de establecer antecedentes peligrosos si no se cumple con la legislación vigente y sostuvo que “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”.Anselmo Torres, rector de la Universidad de Río Negro, advirtió durante el acto: “Está en riesgo la democracia, la plena vigencia del estado de derecho”.El rector sostuvo que “una sociedad empieza a quebrarse cuando deja de dolerle el sufrimiento del otro”, y denunció que restringir el derecho a protestar, emplear la represión policial y desconocer leyes aprobadas por el Congreso nacional constituyen amenazas directas a la democracia.El reclamo incluyó un pedido explícito para que la administración nacional cumpla tanto con la ley de financiamiento universitario como con las decisiones judiciales. “Exigimos que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento universitario, la voluntad democrática del Congreso y las decisiones de la Justicia”, expresó Torres ante la multitud reunida.

Rechazó la posibilidad de “condenar a millones de jóvenes a privarse del derecho a estudiar”, señalando que el ajuste y la crisis económica, aunque relevantes, no explican por sí solos el peligro que enfrenta el sistema educativo.En su discurso, Torres mencionó que la jornada fue “un día histórico”, resaltando que “nos encontramos en la calle y dijimos que el otro sí nos importa. Nos importan los trabajadores, los jubilados, las personas con discapacidad, los estudiantes”. El rector remarcó que limitar derechos, demorar acciones judiciales o discriminar por pensar diferente pueden dañar de forma irreparable la convivencia democrática.La multitud que rodea al escenario frente a Casa Rosada cantó el himno a las 17. Se esperan los discursos y la lectura de un documento final que le exigirá al gobierno que cumpla con la ley de financiamiento universitarioLa multitudinaria concurrencia a Plaza de Mayo incluyó formas creativas de manifestar la disconformidad con la política educativa del presidente Javier Milei.El jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito, fue blanco de reproches. “Menos cascadas y más universidad”, sintetizaba un cartel, que aludió a las refacciones que se conocieron en uno de las propiedades descubiertas al funcionario nacional.Sobre avenida de Mayo se realizó un desfile de “viudas” que simularon velar a la ciencia, destacando la eliminación del ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que dispuso Milei tras su llegada al gobierno.En su trayecto a Plaza de Mayo, estudiantes de la Universidad Nacional de las Artes realizaron distintas demostraciones artísticas y coreografías que aportaron color a la tarde, sin abandonar las consignas.La enorme cantidad de gente que se desplazó fue amplia también en el rango etario. Familias con integrantes de distintas generaciones participaron de la protesta.

El ministro de Economía, Fabián Boleas, fue el encargado de anunciar el programa y señaló que se implementa a partir de una serie de gestiones del Gobierno provincial con el Banco de Entre Ríos, que es el agente financiero de la provincia.

Para explicar de qué se trata el programa el Ministro puso un ejemplo: “Suongamos que el año pasado tomé un crédito a una tasa del 130%. Este programa va a permitir poder refinanciar esa deuda con una tasa que rondará el 60%, lo que permite bajar a la mitad la tasa de interés que hoy estoy pagando”.

Habrá un período de gracia de dos meses y se ofrecerá la posibilidad de pagarlo hasta en 60 cuotas.

Luego señaló que el programa se pondrá en vigencia en los próximos días, no tiene costo fiscal para la provincia y está destinado a poder saldar deudas que los usuarios tienen con entidades bancarias, financieras y mutuales.

En Santa Fe ya rigeEl mes pasado el Gobierno de Santa fe presentó el Plan Integral de Protección de Ingresos y desendeudamiento destinado a empleados públicos, activos y pasivos, trabajadores del sector privado y autónomos.

El Gobierno de Santa Fe presentó el Plan que apunta a refinanciar deudas de los trabajadores, incluso pasivos, que fija como tope el 25% del salario.

A nivel provincial, el diagnóstico oficial indica un alto nivel de afectación en los ingresos por descuentos vinculados a deudas. En el universo de agentes con retenciones salariales, unos 12.000 trabajadores tienen descuentos superiores al 25% de sus haberes. Además, se identificaron 7.000 jubilados en la misma situación y alrededor de 60.000 trabajadores del sector privado y autónomos con problemáticas similares.

El plan apunta a cuatro ejes centrales: mejorar el ingreso disponible de las familias reduciendo el peso de los descuentos por deudas; refinanciar pasivos en condiciones más favorables; promover instancias de educación financiera y asesoramiento; y dinamizar la actividad económica provincial, especialmente en el comercio. La iniciativa busca, en definitiva, ordenar el endeudamiento creciente en un contexto económico adverso y aliviar la presión sobre los ingresos de miles de santafesinos.