El siniestro fue protagonizado por un Fiat Palio que circulaba por calle Diamante en sentido sur-norte. Según manifestó el conductor, se habría quedado dormido al volante, perdió el control del vehículo y subió a la vereda.

En esas circunstancias, el automóvil arrancó un cartel de señalización vial y terminó impactando contra la estructura de una verdulería, provocando daños en una pared y en el ventanal del establecimiento.

A pesar de la violencia del impacto, no se registraron personas lesionadas. En el lugar intervino personal de la Comisaría Cuarta y de Tránsito Municipal, que realizó el correspondiente control de alcoholemia.

Tras confirmarse el resultado positivo, las autoridades procedieron a la retención del vehículo. Se continúan realizando las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.

El hecho ocurrió en inmediaciones de Próspero Bovino y Mendiburu, luego de que ambas mujeres se retiraran del Corsódromo. La conductora, que se desplazaba en una Motomel Blitz de 110 cc, habría perdido el control de la moto y caído en dos oportunidades.

Ante esta situación, intervino personal de Tránsito Municipal, que realizó el test de alcoholemia y registró un resultado de 1,51 gramos de alcohol por litro de sangre.

Como consecuencia, se procedió a la retención de la motocicleta y de la licencia de conducir, de acuerdo con la normativa vigente.

El rastrillaje comenzó alrededor de las 9 y contó con la participación de personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, Comisaría Tercera, Sección Motorizada, Prefectura Naval Argentina y Bomberos Voluntarios.

Durante el procedimiento, efectivos de Bomberos localizaron el cuerpo. A partir de sus características físicas y de los elementos personales encontrados en el lugar, se estableció preliminarmente que podría corresponder al joven buscado.

Los fiscales Martín Núñez y Daniela Montangie se hicieron presentes en el lugar y dispusieron el secuestro de elementos de interés para la causa y la realización de una autopsia para determinar fehacientemente la identidad y las circunstancias del fallecimiento.

La investigación continúa bajo intervención judicial.

El hecho ocurrió este sábado al mediodía e involucró a una motocicleta Keller Crono Classic de 110 cc, conducida por el joven, y un Citroën Picasso, al mando de un hombre de 27 años.

Según las primeras actuaciones, la motocicleta circulaba por Teniente Ibáñez en sentido este-oeste, mientras que el automóvil transitaba por Federación en dirección sur-norte. Por causas que se tratan de establecer, ambos vehículos colisionaron en la intersección.

El motociclista recibió asistencia del servicio de emergencias 107 y posteriormente fue trasladado al hospital para una evaluación médica.

En el lugar también intervino personal de Tránsito Municipal, que constató que el automóvil tenía el seguro obligatorio vencido y dispuso la retención del vehículo.

Las actuaciones correspondientes continúan para establecer las circunstancias del siniestro.

La intervención estuvo a cargo de personal de Comisaría Primera, que dio participación al veterinario policial para evaluar el estado de los animales. Según se informó, los canes permanecían habitualmente en el sector y presentaban signos compatibles con una alimentación y cuidados deficientes.Tras examinarlos, el profesional constató condiciones inadecuadas de cuidado y recomendó retirarlos del lugar y no restituirlos a su propietario.En ese contexto, el responsable entregó voluntariamente a los dos perros, que fueron trasladados a la Veterinaria Municipal, donde permanecerán bajo resguardo y recibirán la atención correspondiente.

De las actuaciones tomó conocimiento la fiscal interviniente, Dra. Natalia Conti, mientras continúan las diligencias de rigor.

El operativo se llevó adelante durante un control vehicular, cuando los agentes detectaron una camioneta procedente de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, que trasladaba productos de origen marino sin cumplir con los requisitos sanitarios exigidos.Según se informó, la carga estaba compuesta por 156 kilos de pescados de mar y 44 kilos de mariscos. La mercadería no contaba con los permisos sanitarios correspondientes ni con las etiquetas obligatorias que permitieran identificar su procedencia y las fechas de elaboración y vencimiento.Ante las irregularidades detectadas, se dispuso el decomiso y la desnaturalización de la totalidad de los productos, debido a que no era posible garantizar el cumplimiento de las condiciones de higiene, conservación y transporte necesarias para su comercialización y consumo.Desde el organismo sanitario recordaron la importancia de cumplir con las exigencias vigentes para el traslado de alimentos, con el objetivo de garantizar su trazabilidad y preservar la salud pública.

El procedimiento contó con la participación de personal policial de distintas áreas de la Jefatura Departamental Concordia, junto con el Can Antinarcóticos. Durante los controles, los efectivos inspeccionaron colectivos que trasladaban trabajadores hacia la cosecha de frutas, a quienes solicitaron descender de las unidades para verificar sus identidades y pertenencias.

En uno de los procedimientos, los uniformados advirtieron que un hombre llevaba varios envoltorios de nailon blanco en su billetera. Personal de la División Drogas Peligrosas realizó las pruebas de campo correspondientes, que arrojaron resultado positivo para cocaína. Según se informó, la sustancia estaba fraccionada para su presunta comercialización y fue secuestrada.

Por otra parte, el perro detector de narcóticos marcó posibles rastros de estupefacientes en la riñonera de uno de los pasajeros y en el bolsillo derecho del pantalón de otro. Ante esta situación, ambos hombres fueron trasladados para su correcta identificación y se solicitaron las correspondientes órdenes de requisa personal.Una vez autorizadas las medidas judiciales, los efectivos realizaron las requisas y secuestraron envoltorios con marihuana y cocaína.

Finalmente, el fiscal Martín Núñez dispuso la aprehensión del primer hombre, la correcta identificación de los otros dos involucrados y el secuestro de las sustancias estupefacientes halladas durante el operativo.

Personal de la Comisaría Segunda intervino en inmediaciones de las calles 2 de Abril y Sargento Cabral, donde constató que dos hombres realizaban una conexión eléctrica clandestina mediante una escalera precaria, por solicitud de la propietaria del inmueble.Por disposición del fiscal Dr. Martín Núñez, los dos hombres y la mujer fueron aprehendidos, señalados como presuntos autores materiales e intelectuales del hecho.Durante el procedimiento, además, se secuestraron herramientas y la escalera utilizada para realizar la conexión.

Al identificarse como policías, los efectivos observaron que los ocupantes arrojaron una media a la calle. Al verificar su contenido, personal de la División Drogas Peligrosas constató que había 39 envoltorios de cocaína.Por disposición del fiscal Dr. Martín Núñez, fueron aprehendidos una mujer de 37 años y un hombre de 33, por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.Además, se dispuso el secuestro de la motocicleta Gilera 110 cc, los envoltorios con cocaína y dinero en efectivo.

El siniestro ocurrió durante las primeras horas de este martes, a la altura del kilómetro 162, en jurisdicción de Pueblo Liebig, departamento Colón.

De acuerdo con la información policial, el conductor circulaba en una Ford Ranger cuando un ciervo habría irrumpido repentinamente sobre la calzada. Ante esta situación, realizó una maniobra evasiva, perdió el control del vehículo y terminó impactando contra el guardarraíl.

El hombre era el único ocupante de la camioneta. Tras recibir asistencia en el lugar, fue trasladado al Hospital San Benjamín de Colón.Los profesionales médicos constataron una fractura en la pelvis izquierda, fractura en el pie izquierdo, lesiones en la columna lumbar y contusiones pulmonares bilaterales y dorsales. Las lesiones fueron calificadas como graves.Las circunstancias del siniestro son investigadas por las autoridades.

La investigación comenzó en febrero y estuvo a cargo de agentes de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Concordia, dependiente del Departamento Federal de Investigaciones (DFI).

Las tareas permitieron establecer que la organización adquiría grandes cantidades de cigarrillos y otras mercaderías en Paraguay, utilizando botes para cruzar por zonas no habilitadas y posteriormente trasladarlas por rutas terrestres hacia Uruguay.Según la pesquisa, Concordia era utilizada como centro de operaciones, desde donde se coordinaban los movimientos de la organización y el traslado de la mercadería sin la documentación correspondiente.Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la jueza Analía Ramponi, ordenó ocho allanamientos en distintos domicilios de la ciudad. El operativo derivó en la detención de cinco hombres y una mujer, todos mayores de edad y de nacionalidad argentina.Durante los procedimientos se secuestraron 5.630 dólares, $1.737.000 argentinos y 4.670 pesos uruguayos, dinero que, según la investigación, iba a ser destinado a la compra de mercaderías.También fueron incautados tres botes de chapa, dos motores de lancha, una carabina calibre .22 con cargador y 14 municiones, dos automóviles, una camioneta, seis teléfonos celulares y una gorra con la inscripción de Prefectura, además de otros elementos considerados de interés para la causa.

La investigación contó con la intervención de la Fiscalía Federal de Concordia, a cargo del fiscal Francisco Berthrand, y la Secretaría de la Dra. Cibulskas.Los seis detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia Federal por una causa vinculada con la infracción al Código Aduanero.

La preocupación por los delitos en establecimientos agropecuarios reunió a cerca de un centenar de productores entrerrianos en el Establecimiento Yola, próximo a Sir Leonard, en el departamento La Paz. Durante el encuentro con autoridades policiales, los asistentes exigieron medidas urgentes para proteger la propiedad privada y esclarecer los hechos denunciados.

Participaron representantes de la Federación Agraria Argentina (FAA) Filial Entre Ríos, la Sociedad Rural Argentina (SRA) Distrito Entre Ríos y la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER). Las entidades acompañaron un petitorio que reclama respuestas tanto de la Justicia como de las fuerzas de seguridad.Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al tratamiento de las denuncias. Los productores pidieron investigaciones efectivas, avances en los procesos y sentencias que permitan sancionar a quienes resulten responsables. Según expresaron, la falta de respuestas profundiza la sensación de desprotección en las zonas rurales.Los asistentes describieron un escenario de reiteradas incursiones en propiedades privadas y sostuvieron que la situación requiere una intervención estatal urgente. El reclamo comprende áreas agropecuarias cercanas a Bovril, Avigdor, Sauce de Luna, Santa Elena, La Paz y Villaguay, pero la situacion se repite en casi todos los departamentos de la provincia. Durante la reunión también reconocieron el trabajo del personal de la Policía Rural, aunque advirtieron sobre la necesidad de dotarlo de más herramientas. En particular, solicitaron drones térmicos y miras nocturnas para cada destacamento, con el objetivo de mejorar las tareas de prevención y vigilancia.Otra propuesta fue instalar cámaras de seguridad en rutas, caminos rurales y accesos. Los productores plantearon que esos dispositivos deben estar integrados a un sistema de monitoreo policial que facilite una respuesta rápida ante posibles delitos.La firma del petitorio fue encabezada por Matías Martiarena, Sebastián Klug y Marcelo Schreiner, por FAA Entre Ríos; Mariano Berisso y Mayda Spiazzi, por SRA Entre Ríos; y Maximiliano Müller, por FARER. La iniciativa recibió el acompañamiento de la mayoría de los productores presentes.

El primero de los procedimientos se concretó en inmediaciones de calles José Larocca y Ramírez, donde personal de la Comisaría Segunda realizaba recorridas peatonales. Allí, los efectivos demoraron a un adolescente de 15 años y, durante el palpado preventivo, detectaron varios envoltorios que presentaban un olor característico a cannabis sativa.Tras solicitar la correspondiente orden de requisa y realizarse el pasaje de un can detector de drogas, se confirmó la presencia de sustancias estupefacientes. Como resultado, se secuestraron envoltorios con marihuana y dinero en efectivo, principalmente billetes de baja denominación.Por disposición de la fiscal Macarena Mondragón, el adolescente quedó aprehendido por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.En otro procedimiento, desarrollado en la zona de calles Libertad y Padre Servín, personal de la Comisaría Primera fue alertado sobre la presencia de un menor que estaría portando un arma de fuego.Los efectivos acudieron rápidamente al lugar y localizaron al adolescente, también de 15 años. Al advertir la presencia policial, intentó darse a la fuga y descartó un arma de fuego tipo revólver, marca Smith & Wesson, “Trade Mark”, calibre .38, con tambor de cinco alveolos.El fiscal de turno dispuso la aprehensión del menor, el secuestro del arma y la intervención de la División Policía Científica para las pericias correspondientes.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Paraná, dependiente del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), luego de un relevamiento en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).

Los investigadores detectaron que sobre el hombre pesaba un pedido de detención, luego de que fuera declarado en rebeldía.

La solicitud había sido emitida el 1 de octubre por la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación de Paraná, a cargo del fiscal Cristian Giunta.A partir de la orden judicial, los efectivos realizaron tareas de investigación para establecer el paradero del sospechoso y lograron determinar el domicilio donde se encontraría oculto.

Finalmente, montaron un operativo en las inmediaciones del lugar y observaron sobre la vía pública a un hombre cuyas características coincidían con las del buscado. Tras confirmar su identidad, procedieron a detenerlo en calle El Trébol, de la ciudad de Paraná.

El detenido, de nacionalidad argentina, quedó a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.

Según se informó, una camioneta Toyota Corolla Cross, conducida por un hombre de 37 años, circulaba de sur a norte por avenida Castro. Al llegar al cruce con Ejército Argentino, por causas que se investigan, impactó con su frente contra una columna de alumbrado.

El conductor no sufrió lesiones y solo se registraron daños materiales.

En el lugar se hizo presente personal de Tránsito, que realizó las diligencias correspondientes. El test de alcoholemia arrojó un resultado positivo de 1,77 mg de alcohol en sangre, por lo que se labró el acta de retención del vehículo.

La camioneta permaneció en el lugar del siniestro debido a que personal de Tránsito no contaba con una grúa para realizar su traslado.

La investigación por el ataque a piedrazos contra la vivienda del intendente de Basavilbaso, Hernán Besel, derivó en un allanamiento que terminó con incidentes entre los policías y las ocupantes de una casa.

El operativo se realizó al mediodía del domingo en calle Blanche, entre Moreno y Rivadavia, por orden del Juzgado de Garantías Nº 1, a cargo de Gustavo Díaz. La causa busca esclarecer quiénes provocaron la rotura de los vidrios de un ventanal de la vivienda del presidente municipal.

De acuerdo con el informe de la Jefatura Departamental Uruguay, la propietaria se negó a permitir el ingreso y habría intentado agredir con una cuchilla a uno de los efectivos. El elemento alcanzó su antebrazo, aunque no le causó lesiones.

Los policías ingresaron luego por la parte trasera de la propiedad para controlar la situación. Durante esa intervención, la hija de la mujer, de 17 años, habría intentado impedir la detención de su madre y agredido a los uniformados. Uno de ellos sufrió una lesión cortante, escoriaciones y la rotura de sus anteojos, según el parte oficial.

En la vivienda se secuestraron prendas de vestir y calzado que podrían aportar información sobre el ataque a la casa de Besel. También se incautó la cuchilla presuntamente utilizada durante los incidentes.La Fiscalía dispuso que la mujer quedara alojada en la Comisaría del Menor y la Mujer de Concepción del Uruguay, por actuaciones vinculadas con presunta resistencia a la autoridad y amenazas calificadas. La adolescente fue trasladada a la dependencia de Basavilbaso y, tras las diligencias correspondientes, quedó al cuidado de un familiar.La investigación continúa y deberá establecerse si los elementos recogidos guardan relación con las pedradas contra su vivienda.

Durante la jornada, las fuerzas de seguridad ejecutaron una serie de operativos estratégicos en diversos puntos, enfocados en la prevención del delito. Estas acciones permitieron el secuestro de motovehículos que contaban con pedido de robo vigente y la identificación de individuos con mandamientos de captura activos.

En el barrio Villa Busti, los efectivos demoraron a un hombre de 53 años. Durante el palpado preventivo, hallaron en su poder una media que contenía siete envoltorios con una sustancia blanquecina. Tras la intervención de la División Drogas Peligrosas, se confirmó mediante pruebas de campo que se trataba de cocaína. La fiscal Macarena Mondragón ordenó la aprehensión del sujeto y el secuestro de la droga.

Por otro lado, en la intersección de las calles Siria y Medina, la policía intervino ante un caso de violencia de género. Tras el aviso de una vecina, los agentes detuvieron a un hombre que agredía a su pareja. El fiscal Jaume Mauro dispuso su traslado por amenazas.

Durante el procedimiento, efectivos policiales y de la Sección Motorizada interceptaron, en inmediaciones de calles P. del Castillo y Coldaroli, una motocicleta de 110 cc. conducida por una mujer de 25 años, quien llevaba una mochila.

Al solicitarle la documentación, la mujer abrió la mochila y los uniformados observaron varios envoltorios en el interior de un monedero negro. Ante esta situación, se dio intervención a personal de la División Drogas Peligrosas.

Con la participación de un can detector de estupefacientes y el correspondiente trabajo de campo, se confirmó la presencia de cocaína. La sustancia se encontraba distribuida en varios envoltorios fraccionados y también en un envoltorio de mayor tamaño.

Durante el procedimiento se secuestraron la motocicleta, un teléfono celular, $390.000 en efectivo y la sustancia estupefaciente.

Por disposición del fiscal de turno, Dr. Martín Núñez, la mujer quedó aprehendida por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Durante el procedimiento, que arrojó resultado positivo, se secuestraron 17 envoltorios con cocaína y otros envoltorios con marihuana, además de dinero en efectivo.

También fueron incautados cuatro teléfonos celulares, una balanza de precisión, un bulto de bolsas tipo camiseta, una tijera y una motocicleta Honda Wave 110 cc.

Como resultado del operativo, tres personas mayores de edad fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia.

En diálogo con El Heraldo, contó su experiencia durante aquella jornada y explicó que desde hace más de dos años documenta fotográficamente las manifestaciones de los jubilados. “Estoy documentando las rondas de los jubilados desde sus comienzos, allá por mediados de 2024”, manifestó. Por aquellos tiempos, decidió transformar ese registro en un proyecto fotográfico y desde entonces acompaña las concentraciones de los miércoles, además de otras actividades en las que participan los jubilados.

El miércoles 23 de septiembre, la jornada transcurría de manera habitual. Primero se realizó el espacio de debate y micrófono abierto y, posteriormente, los participantes comenzaron la tradicional vuelta alrededor de la Plaza 25 de Mayo.

En esa oportunidad, uno de los jubilados llevó una cartulina pintada con el diseño de la bandera de Estados Unidos. Luego de expresar su rechazo a recientes declaraciones de Donald Trump ante la Organización de las Naciones Unidas, procedió a prenderla fuego.

Según declaró Verón a este medio, se encontraba en una de las esquinas de la plaza, junto con la cabecera de la manifestación, cuando advirtió una situación que llamó su atención.

“Observo que un grupo de aproximadamente seis policías se acerca al centro de la plaza a hablar con los rezagados. Generalmente solamente se acerca algún policía, toma una fotografía al grupo con el celular y se aleja. Pero esta vez eran varios, y uno de ellos portaba una escopeta”, relató.

Ante esa escena, regresó para fotografiar lo que estaba ocurriendo. Mientras registraba el procedimiento, escuchó que los efectivos recriminaban a los jubilados la quema de una bandera. Los manifestantes respondieron que se trataba de una cartulina y que ya se había consumido por completo.

De acuerdo con lo que pudo escuchar durante el procedimiento, los policías manifestaron que el episodio había sido observado a través de las cámaras del centro de monitoreo y resolvieron trasladar a Ramón Cabrera y Julio Perlestein para su “identificación” y “actualización de antecedentes”.

El fotógrafo continuó tomando imágenes hasta que dos efectivos se acercaron y le indicaron: “Usted también nos va a tener que acompañar”.

Los tres fueron trasladados a la Jefatura Departamental. Una vez allí, se les informó que se les realizaría la “correcta identificación”. Mientras permanecían en un pasillo, Verón aseguró haber escuchado a algunos policías acercarse a los jubilados y realizarles comentarios como “tiene que haber límites” o “no pueden continuar así”.

En su caso, el procedimiento incluyó la toma de huellas dactilares, fotografías y una revisación médica. Calculó que permaneció en la dependencia entre una hora y una hora y media.

“Después de esto me indican que me retire sin indicarme el motivo de mi ‘detención’”, contó. Durante su permanencia en la Jefatura también alcanzó a ver al abogado Facundo Pérez, quien se había acercado para asistir a los involucrados.

Una vez fuera de la dependencia policial, se reencontró con el resto de los jubilados y con el abogado Javier Román. Juntos se dirigieron hacia Tribunales para intentar tomar contacto con la Fiscalía de turno.

Según relató, Román logró comunicarse con la Fiscalía y recibió como respuesta que estaban al tanto de la situación y que, una vez finalizado el procedimiento, los jubilados serían liberados.

La espera se extendió durante aproximadamente dos horas más. Finalmente, Cabrera y Perlestein recuperaron la libertad y se reencontraron con sus compañeros. De acuerdo con lo que posteriormente le transmitieron, dentro de la dependencia policial les habrían manifestado que, si volvían a realizar una acción similar, podían terminar detenidos.

A pesar de lo ocurrido, los jubilados retomaron la actividad que había quedado interrumpida y completaron la ronda alrededor de la plaza.

En cuanto a la situación judicial, el fotógrafo señaló que, hasta el momento, ninguno de los tres involucrados recibió una comunicación judicial formal respecto de la causa. Su conocimiento sobre la investigación surge de lo informado públicamente por la Policía, que comunicó que se había iniciado de oficio una causa por “intimidación pública”. 

Consultado puntualmente sobre el motivo por el que fue demorado y trasladado a la Jefatura, Verón aseguró que no recibió una explicación al respecto: “Nunca me lo dijeron. Estaba tomando fotografías de lo que estaba pasando y, de repente, se me acercaron dos policías y me dijeron: ‘Vos también tenés que acompañarnos’. Incluso dentro de la Jefatura no se me indicó ningún motivo”. 

Qué ocurrió el 23 de septiembre

El episodio se produjo durante la tradicional concentración que los jubilados realizan cada miércoles en la Plaza 25 de Mayo de Concordia. Ese día, dos de los participantes realizaron la quema simbólica de una cartulina que representaba la bandera de Estados Unidos.

A partir del episodio, Ramón Cabrera, Julio Perlestein y el fotógrafo Claudio Verón fueron trasladados a la Jefatura Departamental. En las primeras informaciones difundidas sobre el procedimiento se hizo referencia a una “averiguación de antecedentes” o “correcta identificación”.

Posteriormente, la Policía informó que la intervención se había originado a partir de un aviso al Comando Radioeléctrico por la presencia de fuego en la plaza y que el hecho había sido constatado mediante las cámaras de videovigilancia. Según la versión oficial, los efectivos intervinieron ante lo que consideraron una situación potencialmente peligrosa para manifestantes, transeúntes y el espacio público.