Un acta oficial labrada en jurisdicción de Victoria vuelve a exponer con crudeza el circuito irregular de comercialización de pescado en Entre Ríos. El documento deja constancia del traslado de aproximadamente 11.000 kilos de pescado de río sin documentación legal válida, en un procedimiento realizado el 8 de abril de 2026 sobre la Ruta Nacional 174.

La carga era transportada por un camión vinculado a la firma A Fossil Fish, que había salido desde la zona de Villa Paranacito, uno de los puntos más sensibles de la cuenca entrerriana en materia de extracción ictícola.

La irregularidad es concreta: la guía presentada por el transportista carecía de sello y firma de la autoridad competente, lo que la invalida. Es decir, una carga de enorme volumen circulaba sin respaldo legal en territorio entrerriano.

Pero el hecho adquiere mayor gravedad al observar el contexto en el que se produjo. La imagen que acompaña esta investigación muestra al camión saliendo desde caminos costeros, chapaleando barro, en pleno domingo y tras varios días de lluvias. Una escena que no deja lugar a dudas: el movimiento se realizó por fuera de los circuitos formales, en condiciones que reflejan una operatoria al margen de los controles, casi “a lo pirata”.

Este tipo de maniobras deja al descubierto la voracidad de empresas foráneas, que avanzan sobre el recurso ictícola entrerriano sin respetar normas, tiempos ni condiciones. Se pesca, se carga y se traslada sin pausa, incluso en jornadas donde la actividad debería estar restringida o bajo controles estrictos.

Lejos de ser un episodio aislado, este caso se suma a una seguidilla de situaciones similares que evidencian una falla estructural: toneladas de pescado siguen saliendo de la cuenca entrerriana hacia circuitos que no pertenecen al sistema comercial permitido.

En este escenario, la responsabilidad es directa y tiene nombres propios. La fiscalización de estos recursos depende de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, actualmente a cargo de Mario Francisco Zárate, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Económico que conduce Guillermo Bernaudo.

Es ese esquema el que debe garantizar que el pescado entrerriano circule dentro de la legalidad. Sin embargo, los hechos muestran que los controles no están siendo suficientes, o directamente no están llegando a donde deben.

Las preguntas se imponen:¿Cómo puede moverse una carga de 11 toneladas sin documentación válida?¿Quién controla lo que sale desde zonas críticas como Villa Paranacito?¿Qué nivel de permisividad existe para que estas prácticas se repitan?

Lo que está en juego no es solo una infracción. Es el manejo de un recurso natural estratégico, el trabajo de quienes cumplen las reglas y la credibilidad del sistema de control provincial.

Entre el barro, la lluvia y la ilegalidad, el pescado entrerriano sigue saliendo.

Y mientras tanto, la responsabilidad de frenarlo tiene nombre, apellido y despacho oficial.

Funcionarios policiales de la Comisaría Primera ejecutaron cuatro órdenes de allanamientos libradas por el Juzgado de Garantías N2 a cargo del Dr. Edwin Bastián, en el marco de una causa en etapa de investigación.Las mismas tuvieron lugar en domicilios de la zona sur de la ciudad, logrando practicar el secuestro de 204 envoltorios de nylon conteniendo cocaína por un total de 51 gramos; 17 envoltorios de nylon conteniendo marihuana por un total de 27 gramos; 19 envoltorios de nylon conteniendo piedras de cocaína por un total de 808 gramos; 01 balanza de precisión; 02 teléfonos celulares, y elementos de corte y fraccionamiento de droga.A su vez, se practicó la aprehensión de tres masculinos por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, actuándose en conocimiento del fiscal en turno, Dr. Arias.

La delegación estuvo encabezada por el juez de Primera Instancia, Paulo César Aguirre Palma, junto al jefe de Policía, Ernesto Fabio Cossio Ruiz, y el jefe de Investigaciones, Jairo Jacques, quienes destacaron el profesionalismo y la coordinación demostrada por la fuerza entrerriana.El procedimiento tuvo lugar el pasado 23 de marzo de 2026, durante un operativo de saturación en el barrio Belgrano Sur, donde tras un seguimiento y un operativo cerrojo se logró la aprehensión de Araujo, quien contaba con un pedido de captura internacional con alerta roja por delitos vinculados al tráfico de armas y estupefacientes.En el mismo contexto, los efectivos lograron además desmantelar un búnker que funcionaba como punto de comercialización de droga en la zona donde se produjo la detención.Desde la fuerza destacaron que este resultado es fruto del trabajo coordinado entre la Jefatura Departamental Concordia y la Policía de la República Oriental del Uruguay, remarcando el permanente intercambio de información y la cooperación en materia de seguridad entre ambas jurisdicciones.

El conductor fue atendido por personal de la Comisaría Cuarta. Según se informó, un camión marca Volvo con acoplado, conducido por un hombre de 48 años domiciliado en la ciudad, perdió el control mientras circulaba por la zona.

Por motivos que aún se tratan de establecer, el vehículo terminó impactando contra el guardarraíl ubicado en el sector de retorno de la autovía. De acuerdo con las primeras evaluaciones realizadas en el lugar, no habrían intervenido otros vehículos ni se detectaron factores externos evidentes que provocaran el despiste.

De manera preventiva, se solicitó asistencia médica para el conductor, quien trabaja para una empresa de transporte. Tras ser examinado, se constató que no presentaba heridas de gravedad.

En el operativo también intervino personal de la Policía de Entre Ríos junto con agentes de la concesionaria de la autovía, quienes llevaron adelante tareas de prevención y señalización en el sector. Debido a que el impacto se produjo fuera de la traza principal, el tránsito se mantuvo normal durante todo el procedimiento. 

Las versiones difundidas generaron un fuerte impacto tanto en el escenario político como en la sociedad entrerriana, no solo por la gravedad de los señalamientos, sino también por la reiteración del tema en distintos espacios televisivos y plataformas digitales.Roncaglia, con una extensa trayectoria en fuerzas federales antes de asumir su actual cargo, sostuvo que este tipo de publicaciones “no son casuales” y las vinculó al avance de investigaciones contra el narcotráfico en la provincia. Desde el entorno del Ejecutivo provincial también expresaron respaldo al ministro y remarcaron que el trabajo en materia de seguridad continuará sin modificaciones.Más allá del rechazo oficial, la magnitud de las acusaciones encendió el debate público. En distintos sectores se plantea la necesidad de que la situación sea esclarecida en los ámbitos correspondientes, para evitar que hechos de semejante gravedad queden reducidos a una disputa mediática sin resolución concreta.El propio Roncaglia cuestionó la liviandad con la que se difundieron las versiones y pidió responsabilidad al momento de abordar información que afecta la credibilidad institucional. En ese sentido, insistió en que los señalamientos carecen de sustento y forman parte de maniobras destinadas a desacreditar la gestión.Desde El Heraldo ya nos hemos pronunciado con claridad sobre este episodio. Lo que se vio en algunos programas de televisión y en redes sociales no resiste el menor análisis serio: fue una infamia. De esas situaciones que obligan a preguntarse cómo pueden ocurrir bajo el ropaje del periodismo. Lo dijimos en una nota reciente y lo reiteramos: si el gobernador Rogelio Frigerio y su ministro de Seguridad tuvieran la más mínima vinculación con lo que allí se insinuó, sería momento de replantear una trayectoria de más de 50 años en esta profesión. Porque si algo así sucediera frente a nuestras narices, significaría que el olfato periodístico está definitivamente perdido.Quienes siguen estas páginas saben que no han faltado críticas firmes al ministro Roncaglia cuando así lo consideramos. Pero lo que aquí se planteó está muy lejos de cualquier cuestionamiento serio: es una acusación burda, repetida hasta el hartazgo en redes, con consignas simplificadas que buscaban instalar una etiqueta sin pruebas. Detenerse a escuchar el origen de esas versiones —basadas en los dichos de un condenado como el tristemente célebre “Tavi Celis”, hábil declarante— alcanza para advertir lo inverosímil de la construcción. Presentarlo como una fuente confiable es, directamente, un despropósito.Sostener en televisión que Entre Ríos tiene un gobernador y un ministro vinculados al narcotráfico, sin sustento sólido, no es periodismo de investigación: es una canallada.

La información fue confirmada a Radio Chajarí por el Comisario Inspector Luis Cristian Valdez Puente, Jefe Departamental de la policía, quien manifestó que el Jefe de la Comisaria N° 1, Mauricio Maschio y el Sargento Leonard, fueron puestos a disponibilidad.

La decisión se ha tomado a “los fines de darle un marco de transparencia tanto a la investigación judicial como a la interna” explicó Valdez Puente.A su vez, manifestó que “personal de Asuntos Internos se hizo presente en la comisaría y nosotros hemos puesto a disposición todos los elementos que nos requirieron. Han tomado entrevistas al personal”.

El entrevistado recordó que el celular de la joven policía fue secuestrado en el lugar del hecho y fue puesto a disposición de la justicia.  Cabe recordar que el pase a disponibilidad en la policía es una medida administrativa preventiva y transitoria, no una sanción definitiva, que separa al personal de sus funciones ordinarias. Se aplica ante investigaciones internas, sumarios o conductas indecorosas para preservar el orden, retirando temporalmente el arma y otros elementos.

El primero de los procedimientos tuvo lugar en inmediaciones de bulevar Chacabuco y Alvear, donde efectivos de la Guardia Especial observaron una motocicleta de 110 cc detenida con el asiento levantado. Ante esta situación, los uniformados procedieron a identificar a su propietario y, al verificar el baúl del rodado, constataron la presencia de envoltorios que contenían sustancias estupefacientes.

Por otra parte, personal de Comando Radioeléctrico y del Grupo Motorizado, que se encontraba de recorrida en la zona de avenida Robinson y Pasaje de la Independencia, identificó a un hombre de 34 años que se hallaba sentado en la vía pública. Durante el control, se constató que tenía en su poder una bolsa de nylon con envoltorios de droga, arrojando un pesaje total de 31 gramos de marihuana —entre hojas y cogollos— y 0,8 gramos de cocaína.

En ambos procedimientos intervino personal de la División Drogas Peligrosas, que llevó adelante las pruebas de campo correspondientes, confirmando resultado positivo para las sustancias mencionadas.

Por disposición de la fiscal interviniente, Dra. Julia Rivoira, se ordenó la correcta identificación de los involucrados y el secuestro de los estupefacientes. Asimismo, en el primer operativo también se procedió al secuestro del rodado por infracción a la normativa vigente de tránsito.

De acuerdo a la investigación, dos hermanos habrían protagonizado una agresión utilizando armas de fuego y una cadena metálica, en el contexto de conflictos de vieja data. Durante el ataque, la víctima sufrió heridas de consideración, algunas de ellas provocadas con una cadena de eslabones que tenía un candado en uno de sus extremos.

A partir de las tareas investigativas, y bajo las directivas del fiscal Dr. Mario Figueroa, se solicitaron las correspondientes órdenes judiciales, las cuales fueron autorizadas por el juez de Garantías Dr. Mauricio Guerrero.

Los procedimientos se concretaron en inmediaciones de calle Belgrano al 1000 y en la zona de avenida Kirchner y Montevideo, arrojando resultados positivos.

Como resultado de los allanamientos, se logró la detención de los hermanos Cabaña, de 20 y 28 años, quienes fueron imputados por el delito de abuso de arma. Según fuentes policiales, ambos cuentan con un frondoso prontuario, con antecedentes en distintas causas, entre ellas hechos vinculados a amenazas y otros conflictos judiciales.

Asimismo, durante los operativos se procedió al secuestro de una cadena metálica de 25 eslabones con un candado en su extremo y un teléfono celular marca iPhone modelo 16, elementos que quedaron a disposición de la Justicia por su interés en la causa.

Según relataron los moradores, escucharon desesperados gritos de auxilio provenientes de una habitación en la que convivía una pareja. Al acercarse, observaron al hombre salir corriendo, mientras que la mujer fue hallada tendida en el suelo y cubierta de sangre.

En el lugar trabajó personal de la División Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para avanzar en la investigación.La víctima fue asistida de urgencia por una unidad sanitaria y trasladada al Hospital Masvernat, donde se informó que presenta múltiples heridas de extrema gravedad. Entre ellas, traumatismos punzocortantes en la región occipital, lesiones en la zona cervical, interescapular y supraescapular, además de una herida penetrante en el tórax. La paciente permanece en asistencia respiratoria mecánica, con diagnóstico de neumotórax derecho y un cuadro crítico. El carácter de las lesiones fue estimado en 35 días.

Ante la gravedad del hecho, la fiscal interviniente, Dra. Espinosa, dispuso un mandamiento de captura y detención para el presunto autor, quien sería la pareja de la víctima.

Tras un rápido operativo de búsqueda, el sospechoso fue localizado en el domicilio de su hermana, en inmediaciones de calles T. Ibáñez y Larroca, donde fue aprehendido por personal policial. En el procedimiento, también se secuestraron prendas de vestir tanto de la víctima como del detenido, las cuales serán sometidas a peritajes. 

En horas del mediodía de este sábado, fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer, en una vivienda ubicada en calle 3 de Febrero, entre avenida Belgrano y Simón Bolívar.El cuerpo de una abogada de 42 años se encontraba en avanzado estado de descomposición. La situación fue advertida por los vecinos, frente al olor que emanaba desde el lugar.

Tras ser alertado, personal policial llegó hasta el lugar y pudo corroborar el hecho, convocando luego a los familiares y a las autoridades competentes.Un dato que se desprende de las primeras hipótesis que maneja la investigación indica que el fallecimiento por autodeterminación se habría dado al menos 5 días atrás.

Se pudo observar en las inmediaciones el trabajo de los efectivos de la División Científica, Investigaciones, como así también el médico forense que fue quien constató, a prima facie, el estado y las condiciones del cuerpo.

Además, se requirió la participación de los Bomberos Voluntarios, a fin de retirar el cuerpo y disponer de las condiciones para que el mismo sea trasladado a Concordia para la correspondiente autopsia.

El hecho tuvo lugar cuando efectivos policiales se encontraban recorriendo la jurisdicción y, al llegar a la intersección de calles Laprida y Saure, procedieron a la identificación de siete personas que se hallaban en la vía pública, sentadas en el exterior de un domicilio.

Durante el control, los uniformados observaron una balanza de pequeñas dimensiones y tres envoltorios de gran tamaño con sustancias sospechosas, los cuales se encontraban sobre el suelo, detrás de uno de los sillones. Ante esta situación, se dio intervención a la División Drogas Peligrosas.

Tras las pericias correspondientes, se confirmó que las sustancias eran cocaína y marihuana. Según se informó, los elementos hallados fueron reconocidos como de su propiedad por la dueña del domicilio.

Como resultado del procedimiento, se concretó el secuestro de 50,04 gramos de cocaína, 12 gramos de marihuana y una balanza de precisión, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

Asimismo, se dispuso la detención de la mujer involucrada, mientras que las otras seis personas, todas mayores de edad, fueron correctamente identificadas.

Todo lo actuado se realizó con conocimiento de la fiscal Dra. Julia Rivoira, quien interviene en la causa.

La víctima fue identificada como Eduardo Bentancourt, oriundo de Gualeguaychú, quien residía actualmente en un departamento ubicado sobre la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2400. Según fuentes del caso, el hallazgo se produjo luego de que su hermana denunciara que llevaba varios días sin poder contactarlo.

Al ingresar a la vivienda, efectivos policiales encontraron al hombre sentado en una silla de comedor, sin signos vitales y con sangre en la boca. Si bien las causas de la muerte aún se encuentran bajo investigación, cobra fuerza la hipótesis de una posible intoxicación por sustancias como propofol y fentanilo.

Durante el procedimiento, se incautaron diversos elementos de interés, entre ellos un guante de látex y una jeringa, además de una importante cantidad de fármacos. Entre ellos se hallaron ampollas de propofol, lidocaína, difenhidramina, dipirona, hioscina, fentanilo, diclofenac, clonazepam, midazolam, dexametasona, adrenalina, haloperidol, metoclopramida, diazepam, ketorolaco, cloruro de potasio, ceftriaxona, penicilina y succinilcolina.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, encabezada por el fiscal Carlos Alberto Vasser, quien ordenó una serie de peritajes para determinar con precisión las circunstancias del fallecimiento.

El hecho se da en paralelo a otra investigación que generó conmoción en el ámbito de la salud: las denominadas “propofest”, fiestas clandestinas vinculadas al consumo de anestésicos. Este entramado salió a la luz tras la muerte del anestesista de 29 años Alejandro Zalazar, conocido como “Alito”, quien fue encontrado sin vida en su departamento, también en Palermo.

Zalazar se desempeñaba como médico de guardia en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y había sido residente en el Hospital Rivadavia. En su vivienda, la policía secuestró medicamentos anestésicos y una bomba de infusión, un equipo utilizado para la administración intravenosa de drogas.

La causa se originó a partir de una denuncia en la que una familia habría amenazado a otra utilizando un arma de fuego, lo que motivó el avance de las tareas investigativas y la posterior intervención judicial.Durante los procedimientos, los efectivos incautaron dos armas de fuego de fabricación casera calibre 5.5 mm, un arma calibre .38 sin marca ni numeración visible, y una pistola calibre 9 mm marca CZ75B con cargador y ocho cartuchos.

Además, se secuestraron una caja con 36 cartuchos calibre 9 mm, diez cartuchos calibre .38, 80 envoltorios de cocaína, cuatro teléfonos celulares y diez gallos de riña, en el marco de una posible infracción por maltrato animal.

Como resultado del operativo, fueron detenidos dos hombres mayores de edad, imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de armas de fuego. Asimismo, se procedió a la correcta identificación de otro hombre de 30 años.

Las actuaciones se desarrollaron con conocimiento del fiscal Dr. Mario Figueroa y contaron con la participación de distintas áreas de la Jefatura Departamental Concordia. 

La investigación se inició a partir de la denuncia de un ciudadano que, mientras circulaba por la Ruta Nacional 14, fue interceptado por el conductor de otro vehículo, a quien logró identificar. Según su relato, el agresor habría intentado colisionarlo intencionalmente y, tras sobrepasarlo, exhibió un arma de fuego en actitud intimidante. De acuerdo a lo manifestado, ambos mantienen conflictos de larga data.

A raíz de estos hechos, efectivos de la Comisaría La Criolla llevaron adelante tareas investigativas que permitieron reunir los elementos necesarios para que el Juzgado de Garantías local ordenara dos allanamientos sobre domicilios vinculados al sospechoso, ambos ubicados en esa localidad.

Los procedimientos se concretaron en la jornada de hoy y arrojaron resultados positivos. Durante los mismos, se logró el secuestro de una pistola Bersa calibre 9x19 mm con cargador y municiones, además de otras dos pistolas Bersa calibre .22 y diversa munición.

Como resultado del operativo, un hombre fue aprehendido por tenencia ilegal de arma de fuego, quedando a disposición de la Justicia.

El episodio vuelve a poner en primer plano una realidad que preocupa y se repite en la provincia: la cantidad de personas que, atravesadas por distintas situaciones, toman la dolorosa decisión de quitarse la vida.

Este caso no es un hecho aislado. En Entre Ríos, en los últimos años, se han registrado varios episodios similares que encienden una señal de alerta sobre la salud emocional de la población.

Especialistas coinciden en que se trata de una problemática compleja, atravesada por múltiples factores —personales, sociales y económicos— que requieren un abordaje serio, sostenido y con políticas activas de prevención.

Cada uno de estos hechos deja una marca profunda, no solo en las familias y entornos cercanos, sino también en toda la comunidad, que vuelve a enfrentarse a una realidad difícil de comprender y abordar.

La reiteración de estos casos obliga a reflexionar y a fortalecer los espacios de acompañamiento, contención y escucha.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Fátima II, en un predio ubicado en calles Vera Peñaloza y Córdoba. La actuación se produjo luego de que vecinos del lugar denunciaron que se estaba realizando una toma irregular del lugar.

Desde la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, dependiente de la Secretaría de Gobierno, se reafirmó el compromiso de seguir trabajando en ese sentido, "con tolerancia cero al delito y a la ocupación de los espacios públicos. Trabajamos para hacer de Concordia, una ciudad más segura y ordenada".

Las tareas se realizan bajo las directivas del jefe de Policía, Claudio González, y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia, a cargo de Néstor Roncaglia, con el objetivo de prevenir delitos y reforzar la seguridad vial en rutas provinciales y nacionales.Uno de los procedimientos tuvo lugar el pasado 29 de marzo en el puesto de control vial de Paso Cerrito, donde cerca de las 22:00 horas se inspeccionó un colectivo Scania/Marcopolo perteneciente a la empresa Crucero del Norte, que transportaba a 16 pasajeros. Tras verificar la documentación mediante los sistemas oficiales, se detectó que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente desde mayo de 2022, solicitado por el Juzgado Civil y Comercial N° 1 de Posadas, en el marco de una causa por embargo ejecutivo.

Ante esta situación, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Chajarí, que dispuso el secuestro del rodado y la identificación del conductor, un hombre de 54 años oriundo de Misiones.Por otra parte, en el puesto de control vial Túnel, se interceptó una camioneta Toyota Hilux conducida por un hombre mayor de edad, oriundo de Santa Fe.

Durante la inspección, los efectivos constataron que transportaba dos ciervos y seis vizcachas faenados, sin contar con la documentación ni los permisos de caza correspondientes, además de cartuchería calibre .308. Se dio intervención a la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, que labró las actuaciones por infracción a la Ley Provincial de Caza N° 4.841.

En paralelo, desde la fuerza se informó que durante el año se realizaron más de 70.600 controles de alcoholemia en todo el territorio provincial, con un total de 218 resultados positivos. En Entre Ríos rige la Ley de “Alcoholemia Cero”, que prohíbe conducir con cualquier nivel de alcohol en sangre, como medida para reducir la siniestralidad vial.

Asimismo, en lo que va del año, los operativos permitieron el secuestro de 157 vehículos por distintas irregularidades, 25 armas de fuego, y la detención de 19 personas, además de la identificación de individuos con pedidos de captura y localización vigentes.

Desde la Policía destacaron la importancia de estos controles preventivos y reiteraron el mensaje a la comunidad: al conducir, no consumir alcohol.

Durante el encuentro, que se realizó en la Casa del Bicentenario de Colón, se concretó la entrega de un Convenio de Colaboración Interinstitucional destinado a fortalecer la asistencia y protección de mujeres en situación de vulnerabilidad por este delito.“Estos encuentros son fundamentales para que las personas que intervenimos y luchamos contra la trata de personas podamos conocernos y articular acciones para mejorar la acción, prevención y atención a víctimas y testigos. Estamos trabajando mucho contra este delito porque no es un delito más, es aberrante y por eso este compromiso de coordinar y vincularnos a nivel nacional, provincial y municipal para combatir la trata, no solo sexual sino también laboral”, sostuvo el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia.

Por su parte, el intendente de Colón, José Luis Walser, destacó que la articulación entre los tres poderes del Estado es la única vía efectiva para abordar delitos de tal complejidad. Señaló que estas instancias permiten no solo la formación técnica de los actores involucrados, sino también la visibilización de una problemática que a menudo permanece oculta para la comunidad. El jefe comunal celebró el compromiso de todos los presentes, afirmando que el trabajo conjunto es la base para llevar adelante políticas públicas de protección de derechos humanos.A su momento, el subsecretario de Investigación Criminal de la Nación, Marcelo Romero, presentó formalmente el “Protocolo para la detección temprana de situaciones de trata de personas en pasos fronterizos”, la cual describió como una “herramienta clave diseñada junto a la Dirección Nacional de Migraciones”.Durante la jornada, de la cual también participó la coordinadora del Consejo de Lucha contra la Trata, Silvina Calveyra, expertos de la Protex, la Justicia Federal y la Dirección Nacional de Migraciones disertaron sobre los desafíos actuales en los controles fronterizos y la importancia de la detección temprana.Se destacaron las nuevas estrategias de captación de las redes criminales, subrayando la necesidad de una actualización constante de los protocolos de las fuerzas de seguridad. Al finalizar la jornada, se anunció oficialmente la continuidad de este plan estratégico con la realización del Segundo Congreso 2026, que tendrá lugar en la ciudad de Gualeguay el próximo 28 de julio.

El procedimiento se desarrolló durante la jornada del martes, cuando más de una docena de efectivos policiales de Concordia, en conjunto con áreas investigativas y fuerzas especiales del Grupo Halcón de la Policía bonaerense, irrumpieron en seis viviendas ubicadas en los partidos de Moreno, Merlo y San Martín.

Como resultado de las tareas investigativas, realizadas en colaboración con el Departamento de Casos Especiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se logró individualizar a los sospechosos y establecer sus domicilios. Con las pruebas reunidas, el fiscal interviniente, Dr. José Arias, solicitó las órdenes de allanamiento y detención, las cuales fueron otorgadas por el juez de Garantías, Dr. Mauricio Guerrero, y ejecutadas mediante exhortos judiciales.

Durante los procedimientos, fueron detenidos dos hombres y una mujer, quienes resultaron ser hermanos entre sí. Además, se logró recuperar una importante cantidad de objetos denunciados como robados, entre ellos relojes de distintas marcas, joyas, bijouterie y perfumes de reconocidas firmas internacionales.

Asimismo, los efectivos secuestraron más de 30 electrodomésticos nuevos, aún embalados, que habrían sido adquiridos con posterioridad al hecho investigado. En una de las viviendas también se hallaron dos armas de fuego tipo revólver, calibres .32 y .38.

Otro de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo de un inhibidor de señal de última tecnología, capaz de bloquear sistemas de alarmas, cámaras de seguridad, portones eléctricos y cierres centralizados, el cual fue incautado para su correspondiente peritaje.

En cuanto al modus operandi, la investigación permitió establecer que una mujer allegada a la víctima habría sido quien aportó información clave sobre la ausencia de moradores en la vivienda y la ubicación de los objetos de valor. Esta persona, junto a sus hermanos, habría participado directamente en la comisión del delito.

La causa continúa en etapa investigativa, mientras se analizan los elementos secuestrados y no se descartan nuevas medidas judiciales en el marco del caso.

Además, el informe indicó que se secuestraron 157 vehículos por diversas causas. También se incautaron 25 armas de fuego, se registraron 19 detenidos, 18 pedidos de captura sin detención y 21 pedidos de localización.

La Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos dio a conocer el balance de los controles realizados durante el mes en los distintos puestos camineros de la provincia, donde se llevaron adelante operativos de alcoholemia de manera ininterrumpida en todo el territorio entrerriano.

Según se informó oficialmente, en lo que va del año se realizaron un total de 70.600 controles de alcoholemia, de los cuales 218 arrojaron resultado positivo. Desde el organismo recordaron que en Entre Ríos rige el concepto de “Tolerancia Cero” al alcohol al volante, establecido por la Ley Provincial N° 10.460 de Alcoholemia Cero, con el objetivo de disminuir los siniestros viales relacionados con el consumo de alcohol.

En ese sentido, destacaron que el incremento de controles contribuye directamente a la prevención de la siniestralidad vial y remarcaron la importancia de la responsabilidad al conducir bajo el lema: “Si manejás, no consumas alcohol”.

Por otra parte, en el marco de los operativos preventivos realizados durante el año, la DGPSV informó que se secuestraron 157 vehículos por diversas causas, entre ellas pedidos de secuestro vigentes, documentación apócrifa y adulteración de numeración de motor o chasis.

Además, se incautaron 25 armas de fuego, se registraron 19 detenidos, 18 pedidos de captura sin detención y 21 pedidos de localización en rutas entrerrianas.

Finalmente, desde la fuerza remarcaron que continúan trabajando con el objetivo de reforzar la seguridad en las rutas de la provincia y prevenir delitos y siniestros viales, destacando el compromiso permanente con el cuidado de los ciudadanos.