Según se informó, el hecho ocurrió el 18 de agosto, cuando dos hombres que circulaban en una motocicleta Honda XR Cross roja y blanca se presentaron en el domicilio de una mujer y la amenazaron, reclamando una supuesta garrafa que habría sido sustraída a conocidos de ellos y responsabilizando por el hecho al hijo de la denunciante.Los procedimientos se llevaron a cabo en viviendas ubicadas en inmediaciones de Urdinarrain y Tala, y de Las Heras y Odiard, donde se obtuvieron resultados positivos.

Durante los operativos fueron secuestrados un motovehículo Honda XR, 250 gramos de marihuana, dosis de cocaína, una balanza de precisión, dinero en efectivo y 13 cartuchos completos calibre 9 milímetros.

Por disposición de la fiscal Dra. Julia Rivoira, un joven de 18 años fue aprehendido por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Además, otros dos hombres fueron correctamente identificados y quedaron vinculados a la investigación.

En la zona de baño N.º 1, ubicada en Arenitas Blancas, se constató el robo de aproximadamente 200 metros de cableado y 24 focos que formaban parte de la infraestructura eléctrica del sector.El hecho representa un nuevo perjuicio para un espacio público que había quedado afectado por la creciente y que ahora deberá afrontar trabajos de reposición y reparación para recuperar las instalaciones.

Desde el lugar señalaron la preocupación por este tipo de hechos, ya que además del costo económico que implica reponer los elementos sustraídos, el robo afecta directamente las condiciones de iluminación y seguridad de uno de los sectores utilizados por vecinos y visitantes de la Costanera concordiense.Las autoridades deberán evaluar ahora las tareas necesarias para restituir el sistema eléctrico y recuperar el sector luego de los daños ocasionados por la inundación y los posteriores hechos de vandalismo.

El dato forma parte de una tendencia que se viene consolidando durante 2026. En los primeros siete meses del año, los operativos vinculados al robo de vehículos fuera de Buenos Aires ya alcanzaron un volumen equivalente al 80% del total registrado durante todo 2025.El fenómeno adquiere particular relevancia en provincias como Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Neuquén, que incrementaron su participación dentro del mapa nacional de este tipo de delitos. Los números refuerzan la hipótesis de una problemática automotor que presenta una dinámica cada vez más extendida a nivel federal.El crecimiento de los robos también se observa en un contexto de expansión del parque automotor. Durante 2026, las provincias del interior concentraron el 52,9% de los patentamientos de vehículos 0 kilómetro de todo el país. En conjunto, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Neuquén representaron el 28,3% del mercado nacional.El escenario plantea nuevos desafíos en materia de prevención y respuesta frente al delito automotor, especialmente ante modalidades que muestran un creciente nivel de profesionalización.En este contexto, la tecnología aplicada a la seguridad vehicular adquiere un papel relevante, principalmente por la posibilidad de detectar rápidamente un robo, realizar el seguimiento del vehículo y favorecer su localización y recuperación. La velocidad de respuesta aparece como uno de los factores determinantes para aumentar las posibilidades de recuperar las unidades sustraídas. 

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), en el marco de una causa iniciada en agosto a partir de distintos rastrillajes realizados por la División Antidrogas Concordia.

La investigación, impulsada por la Unidad Fiscal a cargo del Dr. Fabio Zavaleta, buscaba determinar la existencia de maniobras vinculadas con la venta de drogas en la ciudad.A partir de las tareas investigativas, los agentes lograron identificar tres domicilios ubicados en el barrio Gerardo Yoya II, uno de ellos señalado como un presunto “búnker” utilizado para la venta de sustancias ilícitas.

Con los elementos reunidos durante la pesquisa, el Juzgado de Garantías N° 4 de Concordia, a cargo de la Dra. María Gabriela Seró, autorizó los allanamientos en inmuebles ubicados sobre avenida Presidente Illia y calle Anacleto Medina.

Durante los procedimientos, un hombre argentino, mayor de edad, quedó vinculado a la causa. Además, los efectivos secuestraron varias dosis de clorhidrato de cocaína, elementos utilizados para el estiramiento de la sustancia y dinero en efectivo.

Uno de los puntos destacados del operativo fue la demolición de la estructura utilizada como “búnker”. Para concretar esa tarea, la Policía Federal contó con la colaboración de la Guardia Urbana Municipal de Concordia.Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, en el marco de una causa por infracción a la Ley de Drogas.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de distintas áreas de la Jefatura Departamental Concordia. Durante recorridas preventivas, efectivos de Motorizada observaron, en inmediaciones de calles 57 y Córdoba, a un grupo de personas que, al advertir la presencia policial, intentó dispersarse. En ese momento, dos de los individuos arrojaron elementos al suelo.

Los efectivos procedieron a identificarlos, constatando que se trataba de tres mayores y dos menores de edad. Durante el procedimiento, uno de los menores se descartó de una media que contenía 123 envoltorios de cocaína y 13 envoltorios de marihuana.A su vez, uno de los mayores de edad llevaba un bulto en el bolsillo de su campera. Tras realizarse la correspondiente requisa personal, se encontraron 12 envoltorios de marihuana y 20 envoltorios de cocaína, además de un teléfono celular, elementos que fueron secuestrados.

En el lugar intervino personal de la División Drogas Peligrosas, que realizó el correspondiente trabajo de campo.Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, la fiscal Dra. Julia Rivoira dispuso la aprehensión de los tres hombres mayores de edad por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En cuanto a los menores, ordenó que, previo examen médico, fueran entregados a sus respectivos progenitores.Durante el operativo también se produjo un episodio de resistencia. Un hombre de 34 años se presentó en el lugar y, según se informó, entorpeció el accionar policial, profirió agravios contra los efectivos y arrojó piedras hacia los uniformados.

Por este motivo fue reducido y posteriormente aprehendido por resistencia a la autoridad, quedando a disposición de la Fiscalía interviniente.

De acuerdo a las primeras informaciones, por causas que son materia de investigación, un automóvil Volkswagen Gol, conducido por un hombre, perdió el control de su marcha y salió de la calzada, provocando un fuerte impacto.Como consecuencia del accidente, dos personas resultaron heridas. Un hombre de nacionalidad uruguaya y una mujer de nacionalidad venezolana debieron ser rescatados por personal de Bomberos Voluntarios y posteriormente trasladados al hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia para recibir atención médica.Las autoridades trabajan para establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro vial.

La medida judicial fue concretada en un domicilio ubicado en inmediaciones de las calles Mario Gatto y Sarmiento, luego de tareas investigativas realizadas por los efectivos policiales y del análisis de registros de cámaras de seguridad, que permitieron identificar al presunto autor del ilícito.Durante el operativo, los uniformados hallaron un plato de porcelana con restos de un polvo de color blanco, una bolsa con recortes redondos y una mochila de color rosa que contenía un guante negro en cuyo interior había una piedra de cocaína. Además, dentro de una media se encontraron 52 envoltorios de cocaína fraccionada para su presunta comercialización.Al realizar la requisa personal de los habitantes de la vivienda, un adolescente de 16 años tenía en su poder una piedra de cocaína, diez envoltorios con la misma sustancia y doce envoltorios de marihuana.Como resultado del procedimiento, la Policía secuestró dos piedras de cocaína, 62 envoltorios de cocaína fraccionada, 12 envoltorios de marihuana, un plato de porcelana con restos de cocaína, seis teléfonos celulares y la suma de 202.200 pesos argentinos.Por disposición de la autoridad judicial interviniente, cuatro personas mayores de edad quedaron detenidas, mientras que el menor de 16 años fue correctamente identificado.

El siniestro ocurrió alrededor de las 7:35, cuando, por circunstancias que son materia de investigación, colisionaron un camión DAF de la empresa Veloce Logística y un Volkswagen Gol.

De acuerdo con la información conocida, el camión circulaba en sentido sur-norte, mientras que el automóvil se desplazaba en dirección contraria. Tras el impacto, el transporte de cargas terminó fuera de la cinta asfáltica, incrustado en un sector de pastizales.

En el Volkswagen Gol viajaban tres personas mayores de edad, todas domiciliadas en San Salvador. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor sufrió fracturas en un brazo y en la pierna izquierda y quedó atrapado dentro del habitáculo.

Para rescatarlo fue necesaria la intervención de Bomberos Voluntarios de San Salvador y General Campos. Una vez liberado, el hombre fue trasladado al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia para recibir atención médica.

Las otras dos ocupantes del automóvil, ambas mujeres, también resultaron heridas y fueron derivadas al Hospital San Miguel de San Salvador. Según se informó, presentaban lesiones de carácter leve.

Por su parte, el conductor del camión, un hombre de nacionalidad brasileña, no sufrió lesiones.

Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar para asistir a los involucrados y realizar las actuaciones correspondientes. Las circunstancias que provocaron el choque frontal son investigadas por las autoridades.

La destrucción de la droga fue ordenada por la jueza federal Analía Ramponi, quien actualmente se encuentra a cargo de ambos juzgados. El procedimiento incluyó principalmente marihuana y cocaína, además de otras sustancias secuestradas durante investigaciones, entre ellas ketamina, LSD, TUSI y pasta base.El material había sido previamente incautado y permanecía bajo custodia en dependencias de la Policía de Entre Ríos, la Policía Federal Argentina y la Gendarmería Nacional, fuerzas que participaron del operativo de destrucción.

La incineración se llevó adelante bajo supervisión judicial y cumpliendo con los protocolos sanitarios y de seguridad establecidos, además de las disposiciones contempladas en la Ley 23.737, que regula los delitos vinculados al tráfico y tenencia de estupefacientes.Durante el procedimiento se verificó la identificación, el resguardo y la posterior eliminación del material secuestrado correspondiente a las diferentes investigaciones judiciales, garantizando la trazabilidad del proceso hasta su destrucción definitiva. Con información de Concordia Policiales

La detención del comisario Daniel Rosatelli por orden de la Justicia Federal excedió rápidamente el expediente judicial para convertirse en uno de los acontecimientos internos de mayor impacto de los últimos tiempos en la Policía de Entre Ríos.La Jefatura Central parece por estas horas una olla a presión. La tensión, según describen voces vinculadas históricamente con la institución, atraviesa oficinas, retirados y familias policiales que siguen con particular atención cada novedad de una investigación cuyo verdadero alcance todavía resulta imposible determinar.El episodio se produce además en una fuerza cuya estructura superior fue modificada durante la gestión del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, quien desde su llegada al Gobierno adquirió una gravitación política e institucional poco habitual para el responsable de la seguridad provincial.Roncaglia armó una cúpula policial de su confianza y mantiene una fuerte presencia pública. Al mismo tiempo, alrededor de su figura circulan permanentemente versiones, comentarios y lecturas políticas que exceden las cuestiones estrictamente relacionadas con la prevención del delito y la seguridad.Su permanente exposición, participación en operativos, presencia territorial y búsqueda de contacto directo con distintos sectores sociales alimentaron incluso interpretaciones acerca de eventuales aspiraciones políticas. Son, hasta ahora, especulaciones que deben distinguirse de los hechos comprobados, pero forman parte del clima que rodea actualmente al Ministerio.Hay además una coincidencia geográfica que no pasa inadvertida: Roncaglia es entrerriano y oriundo de la misma ciudad de la que provienen Rosatelli y su familia. Esa circunstancia, por sí sola, no implica ninguna vinculación con la causa, aunque forma parte de las numerosas conversaciones que recorren por estas horas el mundo policial.

UNA FUERZA QUE DISCUTE SU PROPIA HISTORIALa familia policial aparece hoy fragmentada en sus interpretaciones.Hay quienes deslizan la posibilidad de que determinadas circunstancias hayan sido impulsadas para colocar a Rosatelli bajo sospecha. Del otro lado están quienes consideran que podría tratarse del comienzo de un avance judicial sobre relaciones construidas durante muchos años entre oficiales que ocuparon posiciones estratégicas dentro de la Policía provincial.En conversaciones reservadas incluso aparece una palabra particularmente fuerte: “cofradía”. Así describen algunos antiguos integrantes de la institución a un conjunto de altos oficiales que, según esa mirada interna, durante aproximadamente dos décadas tuvo influencia sobre importantes resortes de la fuerza.También se recuerda que en ese largo proceso varios cuadros policiales con trayectoria terminaron optando por el retiro, alejándose de una estructura en la que entendían que habían perdido espacio.Se trata de apreciaciones y versiones provenientes del ámbito policial que no constituyen hechos acreditados judicialmente. Sin embargo, permiten dimensionar por qué la detención de Rosatelli tuvo una repercusión interna mucho mayor que la correspondiente a un procedimiento policial ordinario.La pregunta que circula entre oficiales en actividad, retirados y familias vinculadas históricamente con la fuerza es una sola: ¿hasta dónde llegará la investigación federal?

RONCAGLIA: “NO HAY NINGÚN ARMADO”Frente a ese escenario, el ministro salió públicamente a rechazar las versiones que relacionan el expediente con las denuncias vinculadas al sistema 911.“Acá no hay ningún armado de una causa contra Rosatelli”, afirmó Roncaglia y calificó de “absurda” la interpretación de que pudiera existir una represalia.Según explicó, el origen de la investigación estuvo en un procedimiento por narcotráfico realizado por la propia Policía entrerriana. Las averiguaciones posteriores se concentraron en una camioneta presuntamente utilizada para transportar estupefacientes y, siguiendo el origen y los movimientos del vehículo, habría aparecido la posible participación de Rosatelli en su adquisición.La información fue comunicada al Juzgado Federal y posteriormente se dispuso la intervención de la Policía Federal para preservar, según señaló el ministro, “la transparencia y la imparcialidad”.Roncaglia indicó además que se determinó que la camioneta llevaba una patente correspondiente a otro vehículo, circunstancia que abrió una investigación paralela y motivó diferentes peritajes.A partir de esos elementos, la Justicia Federal ordenó allanamientos en el domicilio particular de Rosatelli —donde fue detenido—, en su oficina dentro de la Jefatura Departamental Paraná, en su estudio jurídico y en una vivienda de Chajarí perteneciente a un familiar.

“HAY PRUEBAS SUFICIENTES”El ministro fue especialmente contundente al evaluar la decisión judicial.“Por experiencia sé que cuando un juez federal dispone la detención de una persona y ordena la indagatoria, hay pruebas suficientes”, manifestó.No obstante, será exclusivamente la Justicia la que deberá determinar el valor de esas pruebas, la responsabilidad que eventualmente corresponda al funcionario detenido y si existen otras personas involucradas. Rosatelli conserva el estado de inocencia mientras no exista una sentencia firme. Roncaglia señaló que, hasta el momento, es el único integrante de la Policía entrerriana detenido en el expediente, aunque habló de la eventual participación de “uno o más funcionarios policiales” en una operación de narcotráfico a gran escala.También reveló que registros de cámaras de seguridad habrían mostrado a la camioneta circulando por Paraná antes de ser presuntamente utilizada para el transporte de drogas.

UN MENSAJE HACIA ADENTRO DE LA FUERZARoncaglia intentó presentar el episodio como una demostración del funcionamiento de los controles institucionales.“Nadie está por sobre la ley”, reiteró, y pidió a la sociedad que mantenga la confianza en la Policía y en el Poder Ejecutivo.Fue más lejos al diferenciar su gestión de etapas anteriores: aseguró que actualmente no se cambia de destino ni se protege a quienes quedan bajo sospecha y sostuvo que “no se esconde la basura debajo de la alfombra”.Precisamente esa comparación tampoco pasó inadvertida puertas adentro. Porque mientras el ministro busca mostrar el procedimiento como evidencia de transparencia, una parte del mundo policial observa la causa desde otra perspectiva y espera conocer hasta dónde avanzará la Justicia Federal. La investigación recién comienza y sería prematuro convertir rumores internos en responsabilidades. Pero algo ya resulta evidente: la detención de Rosatelli no produjo solamente un expediente judicial. Removió viejas historias, relaciones, enfrentamientos y silencios acumulados durante años dentro de la Policía de Entre Ríos. Y por estas horas, detrás de los muros de la Jefatura, son muchos los que esperan el próximo movimiento. 

La investigación comenzó luego de que un comerciante dedicado a la venta de aberturas denunciara que el 26 de junio había concretado la venta de una importante cantidad de puertas y ventanas de aluminio. Los materiales fueron retirados en tres oportunidades mediante distintos servicios de flete, cuyos responsables abonaron con cheques que posteriormente fueron constatados como denunciados por robo.A partir de distintas tareas investigativas y del análisis de las cámaras de seguridad de la Sala de Monitoreo, los investigadores lograron identificar las camionetas utilizadas para trasladar los materiales y establecer los domicilios de sus propietarios.Con esta información, se concretaron tres órdenes de allanamiento y registro domiciliario en viviendas ubicadas en inmediaciones de República Argentina y bulevar Yuquerí/Yamandú Rodríguez; Isthilart y República Argentina Norte; y calle 58.Los procedimientos arrojaron resultados positivos. La Policía secuestró diez teléfonos celulares, una camioneta Chevrolet de color blanco y una Ford F-100 también blanca, además de nueve puertas placa y cuatro ventanas de aluminio que estarían vinculadas con la investigación.Durante los allanamientos también fueron halladas armas de fuego: un revólver calibre .38, cuya numeración de serie no era visible, una carabina calibre .22 y cartuchería de distintos calibres. Por disposición de la fiscal Dra. Julia Rivoira, un hombre quedó detenido por el supuesto delito de tenencia ilegal de arma de fuego.Asimismo, se incautó una importante cantidad de materiales cuya procedencia continúa siendo investigada. Entre ellos se encuentran bultos de telgopor, paquetes de machimbre de PVC, perfiles de chapa, uniones H de PVC y molduras perimetrales. Estos elementos quedaron bajo resguardo en el Galpón La Arrocera, a disposición de la magistratura interviniente.La investigación continuó posteriormente y permitió localizar otro domicilio, ubicado en inmediaciones de calle 53 Oeste y De los Viñedos. Allí, el propietario realizó la entrega voluntaria de distintos elementos que podrían guardar relación con la causa.Entre los objetos entregados se encontraban puertas, ventanas, ventanales, ventiluz y escuadras de aluminio. Según manifestó el propietario del lugar, los elementos habían sido dejados allí por un amigo para su resguardo.Todo lo actuado fue informado a la fiscal Dra. Julia Rivoira, quien continúa interviniendo en la investigación para determinar el origen de los elementos secuestrados y establecer las responsabilidades correspondientes.

El Senado entrerriano convirtió este miércoles en Ley el proyecto que establece un nuevo esquema institucional para promover el desarrollo económico, productivo, social, educativo y de infraestructura del norte de la provincia.Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es que las políticas destinadas a esta región ya no dependan exclusivamente de decisiones circunstanciales de cada administración, sino que cuenten con un instrumento legal capaz de sostener la planificación más allá de los cambios de gobierno.

La senadora por Feliciano, Gladys Domínguez, destacó precisamente ese punto y sostuvo que departamentos como Feliciano, Federación y La Paz han quedado históricamente relegados frente a otras regiones entrerrianas.“Esta iniciativa se trata de que trascienda, de que se haga ley, y de esta manera que trascienda diferentes gestiones”, expresó la legisladora, quien consideró que la norma permitirá que estos territorios tengan mayor consideración al momento de discutir presupuestos, inversiones e incentivos.

CUATRO DEPARTAMENTOS Y UNA ESTRATEGIA COMÚNLa Región del Norte Entrerriano comprende sectores rurales pertenecientes a Feliciano, La Paz, Federal y Federación.En Feliciano quedaron incluidos los distritos Chañar, Basualdo, Manantiales, Feliciano y Atencio; en La Paz, Tacuaras y Ombú; en Federal, Banderas, Achiras, Sauce de Luna, Diego López, Chañar y Francisco Ramírez; y en Federación, Tatutí y Atencio al Este.La intención es abordar las necesidades de esos territorios desde una mirada regional, evitando que cada localidad o departamento deba gestionar de manera aislada problemas que en muchos casos son comunes.

UNA MESA PARA DEFINIR PRIORIDADESLa nueva legislación crea la Mesa Coordinadora de Desarrollo del Norte Entrerriano, que será el ámbito encargado de elaborar diagnósticos, establecer prioridades, coordinar organismos y realizar el seguimiento de las políticas que se implementen.Allí tendrán representación ambas cámaras legislativas, el Poder Ejecutivo provincial, los municipios que adhieran, organizaciones no gubernamentales y sectores privados vinculados con la producción.

También participarán representantes del INTA, universidades o instituciones científico-tecnológicas y CAFESG, buscando incorporar al diseño de las políticas públicas tanto al conocimiento técnico como a los sectores directamente vinculados con la realidad productiva y social de la región.

Domínguez consideró fundamental la creación de este ámbito: “Es una muy buena oportunidad para que nuestra región deje de ser tan postergada”, señaló al destacar la posibilidad de sentar en una misma mesa a legisladores, gobiernos locales, instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTOEntre las funciones asignadas a la Mesa estarán la planificación estratégica regional, la coordinación entre instituciones, el impulso de proyectos productivos, sociales y territoriales, la participación ciudadana y la evaluación de los resultados alcanzados.Los integrantes desempeñarán sus funciones ad honorem y deberán reunirse, como mínimo, una vez cada dos meses, procurando que los encuentros se desarrollen principalmente en los municipios adheridos.La Mesa Coordinadora deberá quedar constituida y comenzar a funcionar dentro de los 60 días posteriores a la promulgación de la Ley.Con la sanción legislativa queda ahora planteado el desafío más importante: transformar el nuevo marco legal en obras, inversiones y políticas concretas capaces de modificar las condiciones de una región entrerriana que durante años ha reclamado mayor atención y oportunidades de desarrollo.

La medida judicial fue dispuesta por el juez Dr. Mauricio Guerrero, a solicitud del fiscal Dr. Fabio Zabaleta.

Durante el procedimiento, que arrojó resultado positivo, los efectivos secuestraron varios envoltorios que contenían sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína y marihuana. Además, se incautó dinero en efectivo y cuatro teléfonos celulares.

Como resultado del operativo, dos personas mayores de edad fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias vinculadas a la presunta comercialización de estupefacientes.

Una fuerte conmoción se produjo en las primeras horas de este miércoles en las filas de la Policía de Entre Ríos, luego de conocerse la detención de Daniel Rosatelli, funcionario de la fuerza provincial que cumplió importantes funciones administrativas, jurídicas y de asesoramiento.El impacto adquirió todavía mayor dimensión porque uno de los allanamientos ordenados por la Justicia Federal se realizó dentro de la propia sede de la Jefatura Departamental Paraná, específicamente en la oficina vinculada a Rosatelli.El operativo comenzó poco después de las 8 de la mañana y estuvo a cargo de efectivos de la Policía Federal Argentina, Delegación Paraná, por disposición del Juzgado Federal de Paraná, a cargo del juez Leandro Ríos, en el marco de una investigación por presuntas infracciones a la Ley Nacional Nº 23.737 de Estupefacientes.De acuerdo con la información conocida, Rosatelli fue detenido en su domicilio particular y posteriormente trasladado a dependencias de la Policía Federal en Paraná. Se preveía que más tarde fuera derivado a la Unidad Penal Nº 1.

La noticia recorrió rápidamente las dependencias policiales de toda la provincia y generó un fuerte impacto interno. No se trata solamente de la detención de un integrante de la institución: Rosatelli ocupó lugares sensibles dentro de la estructura policial, entre ellos funciones en el área jurídica, la Secretaría General de la Departamental Paraná y tareas de asesoramiento en Investigaciones.

UNA FAMILIA CON HISTORIA DENTRO DE LA FUERZAOtro elemento que aumentó la repercusión del caso son los antecedentes familiares de Rosatelli dentro de la Policía entrerriana.Daniel Rosatelli es hijo del comisario general retirado Juan Ramón Rosatelli, quien llegó a ocupar uno de los cargos más importantes de la institución al desempeñarse como subjefe de la Policía de Entre Ríos, durante períodos correspondientes a las gestiones provinciales de Jorge Busti y Sergio Urribarri.

Por esa trayectoria familiar y por los cargos desempeñados por el ahora detenido, el procedimiento provocó sorpresa y preocupación en distintos ámbitos de la fuerza provincial.La investigación judicial deberá determinar ahora cuál habría sido concretamente la participación de Rosatelli en los hechos investigados. Su detención no implica una declaración de culpabilidad y rige el principio constitucional de inocencia mientras avance el proceso judicial.

EL GOBIERNO: “NADIE ESTÁ POR SOBRE LA LEY”Tras conocerse los procedimientos, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos difundió un comunicado oficial en el que confirmó la intervención de la Policía Federal, los allanamientos y la detención de Rosatelli.Según informó oficialmente la cartera que conduce Néstor Roncaglia, uno de los procedimientos se concretó en la Jefatura Departamental Paraná y quedó “circunscripto específicamente” a la oficina de Rosatelli, mientras otras medidas se realizaron en inmuebles vinculados con la investigación, incluido su domicilio particular.

El Ministerio y la Jefatura de Policía aseguraron su “plena colaboración con la Justicia Federal para el esclarecimiento de los hechos investigados” y señalaron que pondrán a disposición del magistrado toda la información y documentación que sea requerida.

El comunicado concluye con una frase contundente, escrita en mayúsculas, con la que el ministro Roncaglia fijó la posición oficial ante un episodio que golpea directamente a la institución: “NADIE ESTÁ POR SOBRE LA LEY”.La causa permanece bajo investigación de la Justicia Federal y se aguardan mayores precisiones sobre el alcance de los procedimientos, las pruebas incorporadas y la situación procesal de las personas involucradas.

Un fuerte siniestro vial generó preocupación este martes sobre la Autovía 14, una de las principales vías de conexión de Entre Ríos, cuando un automóvil despistó y dio varios giros antes de detenerse en el cantero central.El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 319 de la Ruta Nacional 14. En el vehículo, un Citroën C4, viajaban cinco personas que se trasladaban desde Formosa hacia Buenos Aires.Entre los ocupantes se encontraba una beba de un año y tres meses, quien tenía previsto continuar viaje hasta la capital argentina para recibir atención médica en el Hospital Garrahan debido a una cardiopatía.

La beba fue trasladada a ChajaríLuego del accidente, la pequeña fue derivada preventivamente al Hospital Santa Rosa de Chajarí, donde fue evaluada por profesionales médicos. La intervención tuvo como objetivo descartar consecuencias producto del siniestro y garantizar su estado de salud antes de continuar con el traslado.Pese a la violencia del despiste y los sucesivos giros que realizó el automóvil, no se registraron personas heridas entre los cinco ocupantes.En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Caminera Paso Cerrito, personal de la Subcomisaría Tagüé y agentes de Gendarmería Nacional, quienes asistieron a las personas involucradas y realizaron las actuaciones correspondientes.Las autoridades investigan ahora las circunstancias que llevaron al conductor a perder el control del vehículo y terminar fuera de la calzada.El hecho vuelve a poner el foco sobre la circulación en la Autovía 14, una ruta de intenso tránsito que atraviesa gran parte del territorio entrerriano y constituye una vía fundamental para quienes se trasladan hacia y desde Buenos Aires.

Sin embargo, tras la intervención policial y las primeras averiguaciones, terminó reconociendo que había inventado el hecho con el objetivo de cobrar el seguro.El supuesto damnificado, de profesión camionero, manifestó que alrededor de las 19:30 circulaba en un camión Fiat Iveco Cursor 330, de color azul y con batea blanca, desde Buenos Aires hacia la Colonia Oficial N° 5, perteneciente a la Compañía Forestal del Sur.Según su primera versión, al llegar al kilómetro 231 se detuvo a orinar y fue abordado por un hombre armado que lo apuntó y le cubrió la cabeza. Luego, habría sido trasladado algunos kilómetros, sin poder observar hacia dónde se dirigían con el camión ni el vehículo en el que se movilizaban.Además, denunció que le habían sustraído un teléfono celular Samsung A04, una billetera con $5.000 y un bolso negro que llevaba dentro del camión, con $1.500.000 correspondientes a su sueldo.El hombre fue trasladado a un centro médico debido a que presentaba golpes. En tanto, personal de la Comisaría Pedernal, División Drogas Peligrosas y Caminera, Puesto Concordia, se constituyó en el lugar para investigar lo ocurrido.Durante las primeras averiguaciones surgió un dato que puso en duda el relato. Personal de Caminera corroboró, mediante la patente del vehículo, que el camión no había pasado por el peaje de Yeruá. La situación fue comunicada al fiscal de turno, Dr. Mario Figueroa.A partir de esta información, los investigadores volvieron a entrevistar al denunciante para determinar la veracidad de lo ocurrido. En esa instancia, el hombre terminó reconociendo que había realizado una denuncia falsa.Según manifestó, hacía bastante tiempo que ya no tenía el camión y que había inventado el supuesto asalto con el objetivo de cobrar el seguro. Además, señaló que había realizado la maniobra para hacerle un favor a sus patrones.También admitió que había arrojado su teléfono celular y la billetera a la vera de la Ruta 18, mientras que el dinero que había denunciado como robado se encontraba en poder de su padre.Por otra parte, personal de la División Policía Científica, que había intervenido en el lugar señalado inicialmente por el supuesto damnificado, no encontró indicios compatibles con la comisión de un delito.Ante estas circunstancias, el fiscal Dr. Mario Figueroa dispuso que, una vez localizados los elementos mencionados por el denunciante, el hombre fuera aprehendido por el delito de falsa denuncia.En cumplimiento de la medida, efectivos policiales realizaron un rastrillaje en la zona y lograron encontrar el teléfono celular y la billetera en el cantero central del segundo retorno, a la altura del kilómetro 231 de la Autovía 18, en sentido Este-Oeste.Los elementos fueron formalmente secuestrados y, tras una nueva comunicación con el fiscal en turno, se dispuso el secuestro de los mismos y que al denunciante se le realizara la correspondiente identificación. 

Los procedimientos fueron ordenados por el juez Dr. Mauricio Guerrero, a solicitud del fiscal Dr. Fabio Zabaleta, y permitieron obtener resultados positivos en los distintos domicilios intervenidos.Como resultado de los allanamientos, se secuestró un trozo compacto de cocaína con un peso de 100,4 gramos y 40 envoltorios que contenían la misma sustancia. Además, los efectivos incautaron dinero en efectivo, nueve teléfonos celulares y distintos elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de estupefacientes.

Asimismo, cinco personas mayores de edad fueron detenidas durante el operativo y quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación vinculada a la presunta comercialización de drogas bajo la modalidad de narcomenudeo. 

El hecho ocurrió en inmediaciones de calles Pellegrini y Espejo, donde efectivos del Comando Radioeléctrico visualizaron al sujeto cuando saltaba el muro de una vivienda con elementos que habría sustraído del lugar.

Al advertir la presencia policial, el hombre intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente interceptado y detenido en la intersección de Pellegrini y Tucumán. En su poder llevaba los elementos sustraídos.

Por disposición de la fiscal Dra. Daniela Montangie, el individuo quedó aprehendido por el supuesto delito de hurto con escalamiento.

Asimismo, se dispuso el secuestro y posterior entrega de los elementos recuperados a la damnificada, quien radicará la correspondiente denuncia.

El procedimiento se desencadenó a partir de un operativo cerrojo desplegado de manera estratégica por efectivos de la Jefatura Departamental Islas del Ibicuy, en articulación con especialistas de la Dirección General de Delitos Rurales. Durante el despliegue, los agentes lograron interceptar un convoy integrado por cuatro camionetas en las que se desplazaban los sospechosos.

Como resultado de las requisas efectuadas sobre los vehículos, el personal policial procedió al secuestro de 11 armas de fuego, 204 cartuchos de diversos calibres, equipos de comunicación e insumos logísticos utilizados para la actividad no autorizada.

Asimismo, los efectivos decomisaron más de 300 kilogramos de cortes cárnicos pertenecientes a cinco ejemplares de ciervo axis, cuya caza es ilegal, además de una cabeza de la misma especie con sus correspondientes astas.

Además, se dieron inicio a las actuaciones correspondientes por presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal Argentino, por portación e intromisión ilegítima de armas de fuego, tras detectarse que uno de los armamentos incautados carecía de la documentación legal exigida.

Desde la fuerza de seguridad destacaron la efectividad del operativo conjunto para garantizar la protección de la fauna y reforzar el control en los caminos rurales de la provincia.

El vehículo era conducido por un joven de 21 años. Ante la situación, se dio intervención a personal de Tránsito Municipal, que realizó el correspondiente test de alcoholemia al conductor.

El resultado arrojó 1,79 gramos de alcohol por litro de sangre, por encima de los límites permitidos.

Como consecuencia, los agentes de Tránsito procedieron a la retención de la licencia de conducir y del automóvil, conforme al procedimiento establecido.

Finalmente, se labraron las actuaciones correspondientes.