El Juzgado Federal de Concordia, a cargo dela jueza Analía Ramponi, resolvió el viernes 17 de julio decretar la competencia del Juzgado para entender en el amparo que presentó una mujer para que la obra social Jerárquico Salud le otorgue  “de forma inmediata, integral (100%), sin pago de co-seguros, copagos, topes, limitaciones de plan ni mediante reintegros, le otorgue la siguiente cobertura médico asistencial y prestacional: a) entrega de Dispositivo Intrauterino Hormonal Mirena (levonorgestrel)…”.

La resolución también declaró “la admisibilidad formal de la pretensión de amparo …” y  requirió a Jerárquico Salud “la producción de un informe circunstanciado sobre los fundamentos y/o antecedentes que llevaran a la falta de respuesta ante la solicitud de cobertura integral y efectiva realizada por la amparista…, de conformidad a la documentación acompañada, como así también que informe la cobertura existente para el tipo de patología en cuestión, normas y procedimientos aplicables; así como cualquier otro elemento de interés al respecto; informe que deberá ser evacuado en el plazo de cinco días a partir de la notificación…”.

Asimismo, dispuso “hacer lugar a la Medida Cautelar interpuesta…, ordenándose a Jerárquico Salud que proceda en el término de 24 horas de notificada, a brindar de manera inmediata, en favor de la amparista… las siguientes prestaciones médico asistenciales: a) ‘(...) cobertura inmediata (...) del DIU hormonal Mirena (...)’; b) ‘(...) extracción del dispositivo vencido y colocación del nuevo DIU’; c) “garantizar la realización del procedimiento con la profesional que trata”.

Finalmente dispuso en el punto “d) ‘abstenerse de imponer coseguros, copagos, topes, autorizaciones dilatorias o derivaciones arbitrarias’. En los términos y condiciones indicados por la profesional tratante, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la causa, ello bajo caución juratoria de la parte actora prestada en el promocional, debiendo tenerse por cumplimentada la misma, quién responderá, por todas las costas, daños y perjuicios que esta medida pudiere ocasionar y de acuerdo a lo normado por el artículo 199 del CPCCN”.La causa se inició por la acción de amparo promovida por la afiliada, que solicitó la cobertura inmediata del tratamiento indicado por su ginecóloga en función de antecedentes clínicos por “múltiples pérdidas gestacionales + trombofilia”.

Procedencia acreditadaRamponi, tras confirmar la procedencia de la cautelar, sostuvo que “… cabe analizar la existencia de los requisitos comunes de procedibilidad de las medidas cautelares, siendo que la normativa procesal condiciona su procedencia a que el derecho fuere verosímil y que existiere peligro en la demora, extremos que -en el caso de autos- estimo se encuentran plenamente reunidos prima facie, de conformidad con los extremos fácticos invocados y las constancias anejadas a la causa, los cuales permiten inferir la verosimilitud del derecho que asiste a la amparista”.

“Antecedentes de especial gravedad”La jueza también entendió que “la documental acompañada con el escrito de inicio da cuenta de que la amparista se encuentra afiliada a la demandada y que presenta antecedentes y cuadros clínicos que revisten especial gravedad y complejidad, circunstancias que la colocan en una situación de acreditada vulnerabilidad y que tornan necesaria la utilización de la prestación aquí reclamada, con el objeto de preservar y, en la medida de lo posible, mejorar su calidad de vida. En este sentido, las patologías y antecedentes que surgen de la documentación médica acompañada evidencian una particular situación de vulnerabilidad”.Tras consignar las 100 Reglas de Brasilia sobre la condición de vulnerabilidad por edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, Ramponi sostuvo que “… la vulnerabilidad se relaciona con la imposibilidad de un individuo de poder gozar de sus derechos humanos en un pie de igualdad con otras personas, por lo cual merece una especial protección de sus derechos”.Así, en aquella línea sostuvo que “tales circunstancias justifican el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, en tanto se encuentran configurados, prima facie, los requisitos de verosimilitud del derecho y, particularmente, el peligro en la demora, atendiendo a la situación de especial vulnerabilidad de la amparista y a la necesidad de garantizar oportunamente el acceso al dispositivo prescripto por la profesional tratante, en aras de preservar su salud y mantener su calidad de vida”.También señaló que “en suma, cabe concluir que no brindar una respuesta jurisdiccional favorable, oportuna y eficaz, sería violentar los derechos constitucionales en detrimento de la salud de la parte actora, debiéndose también ponderar el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de garantizar ampliamente el derecho constitucional a la salud integral y su preservación (CSJN, Fallos: 323:3229)”. (APFDigital)

08:00: Audiencia de Garantías en la causa "Alisio, Esteban Adolfo s/ Homicidio culposo". Se tratará un pedido de sobreseimiento y la regulación de honorarios.

08:15: Audiencia de Garantías en una causa por abuso sexual, para la revisión de medidas inhibitorias.

08:30: Audiencia de Garantías por amenazas, en la que se analizará un pedido de prisión preventiva.

08:45: Audiencia de Garantías por desobediencia, también para resolver un pedido de prisión preventiva.

09:00: Lectura de sentencia en juicio abreviado en la causa "Salinas, Alejandro Daniel s/ Tenencia de arma de guerra".

09:00: Audiencia de Garantías para la remisión a juicio de una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

09:00: Audiencia de Garantías para la remisión a juicio en una causa por abuso sexual gravemente ultrajante.

10:00: Juicio abreviado en una causa por amenazas calificadas.

10:30: Audiencia de Garantías por lesiones, con tratamiento de un pedido de prisión preventiva.

11:00: Audiencia de Garantías para la revisión de una medida de coerción en una causa por actuaciones de oficio.

11:00: Audiencia de apelación en una causa de ejecución de penas.

11:00: Audiencia de Garantías para la remisión a juicio en una causa por desobediencia.

11:00: Audiencia de Garantías para la remisión a juicio en una causa por abuso sexual gravemente ultrajante agravado.

11:00: Audiencia de Garantías para la remisión a juicio en una causa por lesiones.

12:00: Audiencia multipropósito en una causa por hurto en grado de tentativa.

12:00: Audiencia de Garantías para resolver un pedido de probation en una causa por hurto.

12:00: Audiencia de Garantías para tratar un pedido de probation en una causa por lesiones.

12:30: Audiencia de Garantías para resolver un pedido de probation en una causa por desobediencia.

El proyecto de ley impulsado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) para crear un quinto Juzgado de Garantías en Concordia continúa su recorrido legislativo y ya se encuentra en la Cámara de Diputados, luego de obtener media sanción en el Senado provincial.La iniciativa responde al marcado crecimiento de la actividad judicial en la jurisdicción y plantea ampliar la estructura existente para brindar una respuesta más ágil y eficiente a la creciente cantidad de expedientes que ingresan a los tribunales de Concordia.Actualmente, la ciudad cuenta con cuatro Juzgados de Garantías, pero desde el máximo órgano judicial de la provincia sostienen que el volumen de trabajo supera ampliamente el de otras jurisdicciones, situación que hace necesaria la incorporación de un nuevo organismo judicial.El proyecto comenzó a debatirse en la Legislatura durante mayo de 2025 y recibió la aprobación de la Cámara Alta en junio de este año.

Ahora será la Cámara de Diputados la encargada de analizar la propuesta antes de su eventual sanción definitiva.Desde el Superior Tribunal consideran que la creación del nuevo juzgado permitirá distribuir con mayor equilibrio la carga laboral, optimizar los tiempos de resolución de las causas y fortalecer el funcionamiento del sistema judicial en uno de los departamentos con mayor movimiento de expedientes de la provincia. 

La misma resolución alcanzó a su exsecretaria y actual pareja, Iara Guinsel, quien recibió una pena de un año y diez meses, también de cumplimiento condicional, por lo que ninguno de los dos irá a prisión.

El fallo fue dictado por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Paraguay, integrado por las juezas Elsa García y Adriana Planás y el juez Matías Garcete Piris. Los magistrados consideraron probado que ambos ingresaban al territorio paraguayo transportando una importante suma de dinero en efectivo que superaba ampliamente el límite permitido sin haber realizado la correspondiente declaración aduanera. Durante la lectura de la sentencia, el tribunal sostuvo que el control realizado sobre la camioneta Chevrolet Trailblazer en la que viajaban fue de carácter aleatorio y que, al ser consultados por las autoridades sobre si transportaban divisas, los acusados no respondieron. Posteriormente, al descubrirse el dinero en una mochila ubicada en el asiento trasero, tampoco brindaron explicaciones acerca de su declaración ante la Aduana.

La Justicia paraguaya respaldó además la postura de la Fiscalía al considerar que el dinero en efectivo constituye un bien susceptible de ser transportado físicamente y, por lo tanto, puede ser objeto del delito de contrabando cuando se intenta ingresar al país sin cumplir con las exigencias legales. La defensa había argumentado que el dinero no podía ser considerado una mercancía y, en consecuencia, rechazaba esa calificación penal. Antes de conocerse el veredicto, Kueider hizo uso de la palabra y reiteró su inocencia. Afirmó que existe una persecución política y judicial en su contra originada en Argentina, cuestionó el procedimiento realizado por la Aduana paraguaya y pidió un fallo que permitiera “limpiar su nombre y honor”. También sostuvo que Iara Guinsel fue “un daño colateral” de esa situación y aseguró que ninguno de los dos cometió delito alguno.

El expediente se originó el 4 de diciembre de 2024, cuando ambos intentaban ingresar a Paraguay desde Brasil a través del Puente de la Amistad. Durante el control fronterizo fueron hallados 211 mil dólares estadounidenses, además de 646 mil pesos argentinos y 3,9 millones de guaraníes, montos que no habían sido declarados ante las autoridades aduaneras. Desde esa fecha permanecieron privados de la libertad bajo arresto domiciliario durante 1 año, 7 meses y 9 días, hasta conocerse la sentencia dictada este 13 de julio de 2026.

Más allá de esta condena, la situación judicial del exlegislador continúa siendo compleja. En Paraguay también enfrenta una investigación por presunto lavado de activos, vinculada a la adquisición de departamentos en Asunción, mientras que en Argentina es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito en causas que tramitan tanto en Concordia como en el fuero federal de San Isidro. Además, la Cámara Federal rechazó un pedido de eximición de prisión, por lo que, si regresa al país, quedará detenido de manera inmediata.

La Cámara Federal de Apelaciones porteña instó a definir la situación procesal del exsecretario de Seguridad Sergio Berni y de un grupo de exfuncionarios que se encuentran imputados en la investigación por las irregularidades cometidas en el departamento del fiscal Alberto Nisman la noche en que hallaron su cuerpo sin vida. El tribunal advirtió sobre las demoras en el expediente y demandó que se resuelvan las responsabilidades de los involucrados sin más dilaciones.La resolución judicial se conoció en el marco de la confirmación del procesamiento de la exfiscal Viviana Fein. Al analizar el expediente, los camaristas de la Sala II de Comodoro Py, Martín Irurzun y Eduardo Farah, señalaron que, si bien la fiscalía formalizó en su momento una imputación contra Berni y otros exmiembros de las fuerzas de seguridad y del Poder Ejecutivo, el trámite se encuentra estancado.Los imputados presentaron sus descargos de manera espontánea, pero el fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación, todavía no emitió los dictámenes correspondientes para resolver sus situaciones legales.Ante este escenario, la Cámara Federal porteña encomendó al juez del caso, Julián Ercolini, y a la fiscalía que impriman celeridad a una causa que calificó como “ya dilatada”. El objetivo de la directiva es avanzar con las medidas pendientes para determinar de manera urgente si los imputados deben ser llamados a indagatoria, sobreseídos o si se les dictará la falta de mérito.Además de Sergio Berni -actual senador bonaerense-, la lista de exfuncionarios bajo la lupa judicial incluye a Darío Ruiz, quien se desempeñó como subsecretario de Seguridad, al exjefe de la Policía Federal, Román Di Santo, y al exjefe de la Prefectura Naval, Luis Alberto Heiler. Todos ellos estuvieron presentes en el edificio Le Parc, ubicado en el barrio de Puerto Madero, durante las primeras horas del procedimiento tras el descubrimiento del cadáver del fiscal el 18 de enero de 2015.La investigación penal busca determinar si existió un plan coordinado para alterar la escena del hecho o si se cometieron delitos en el ejercicio de las funciones públicas. La sospecha principal radica en que el ingreso indiscriminado de personas y la falta de preservación del lugar perjudicaron la recolección de pruebas clave para esclarecer la muerte de Nisman, la cual es investigada de forma independiente como un homicidio.Los jueces de la Cámara recordaron que diversas autoridades que transitaron por el departamento caminaron por los distintos ambientes e interfirieron en las tareas forenses sin tener asignada ninguna función específica vinculada al levantamiento de rastros. Para el tribunal, estas conductas no pueden justificarse bajo el argumento de la trascendencia institucional del caso ni por la presencia de los familiares de la víctima en el lugar.El fallo remarcó que la preservación del departamento resultaba una tarea prioritaria que se descuidó desde el primer momento. Entre las anomalías detectadas durante aquella madrugada, se mencionaron la libre circulación de personas sin la vestimenta de protección adecuada, la manipulación incorrecta de objetos con valor probatorio y la omisión de registrar elementos que resultaban de vital importancia para la reconstrucción de lo sucedido.De esta manera la Cámara Federal dejó en claro que el paso del tiempo sin definiciones concretas afecta la eficacia del proceso y posterga la obtención de respuestas definitivas en un caso de enorme trascendencia pública.A partir de esta directiva, el juez Ercolini y el fiscal Taiano tendrán que coordinar las acciones necesarias para cumplir con la exigencia de celeridad impuesta por el tribunal superior. Infobae.

La medida fue dispuesta por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, mediante la Resolución PGN N°40/26, que abrió un concurso público de oposición y antecedentes para seleccionar fiscales federales.

La convocatoria adquiere especial relevancia para Concordia por la importancia que reviste la Fiscalía Federal local, que interviene en investigaciones vinculadas a delitos de competencia federal, entre ellos narcotráfico, contrabando, delitos económicos, lavado de activos, trata de personas y otras causas complejas que se tramitan ante el Juzgado Federal de la ciudad.La Procuración General señaló que el objetivo del concurso es garantizar el adecuado funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y avanzar en la cobertura de cargos que actualmente permanecen vacantes.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 25 de septiembre, a las 16, y deberán realizarse exclusivamente mediante el Sistema Informático de Inscripción a Concursos de Magistradas y Magistrados del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Allí los postulantes deberán presentar la documentación que acredite sus antecedentes académicos, profesionales y laborales, además de indicar el cargo o los cargos a los que aspiran.Para participar, los aspirantes deberán ser ciudadanos argentinos, tener al menos 25 años de edad y acreditar un mínimo de cuatro años de ejercicio efectivo de la abogacía o de desempeño en el Poder Judicial o en el Ministerio Público, con igual antigüedad en el título profesional, conforme lo establece la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.La certificación del Documento Nacional de Identidad y del título de abogado podrá realizarse en la Secretaría de Concursos de la Procuración General o, para quienes residen en el interior del país, a través de las fiscalías federales habilitadas.

Las listas definitivas de inscriptos se publicarán durante noviembre, mientras que el 17 de diciembre está previsto el sorteo público de los magistrados y juristas que integrarán el Tribunal Evaluador encargado de llevar adelante el proceso de selección.Además de la vacante en Concordia, el Concurso N°137 también comprende la cobertura de los cargos de fiscales federales en Victoria y Paraná, junto con otras vacantes existentes en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires.

Mientras espera la definición, Kueider volvió a sostener públicamente su inocencia y aseguró que ni él ni su pareja, Iara Guinsel, cometieron delito alguno. “No se cometió ningún ilícito”, afirmó al finalizar una de las últimas audiencias del debate oral.La defensa sostiene que el dinero transportado no puede ser considerado “mercadería” y, por lo tanto, entiende que no corresponde la figura de contrabando. La Fiscalía paraguaya, en cambio, mantiene una interpretación diferente y pidió una condena de dos años y dos meses de prisión, al considerar que existió un intento de ingresar divisas sin cumplir con las exigencias legales de declaración.

El caso se originó en la madrugada del 4 de diciembre de 2024, cuando Kueider y Guinsel fueron interceptados al intentar ingresar desde Brasil hacia Paraguay a bordo de una camioneta Chevrolet Trailblazer. Durante el procedimiento fueron hallados 200 mil dólares estadounidenses cuya declaración es el eje central del juicio.El exlegislador insistió en que tanto él como su pareja actuaron siempre dentro de la ley y expresó su confianza en que el fallo respaldará la postura de la defensa.Más allá de este proceso, la situación judicial de Kueider continúa siendo compleja. En Paraguay también enfrenta una investigación por presunto lavado de activos vinculada a la adquisición de seis departamentos y sus respectivas cocheras en un edificio de alta gama de Asunción.

En Argentina, además, permanecen abiertas investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y otras actuaciones impulsadas por la Justicia Federal. Incluso existe una solicitud de extradición ya autorizada por las autoridades paraguayas, aunque resta definir qué tribunal argentino quedará a cargo del expediente.El tribunal especializado en delitos económicos volverá a reunirse el lunes desde las 9.30 para escuchar las últimas intervenciones de las partes. Finalizada esa etapa, los jueces iniciarán la deliberación y, si no resuelven postergar la decisión, el veredicto podría conocerse ese mismo día.En caso de una eventual condena, el Tribunal también deberá considerar que Kueider y Guinsel llevan aproximadamente 18 meses cumpliendo prisión domiciliaria en Paraguay, tiempo que puede ser computado al momento de fijar la pena.

El fiscal Ysrael Villalba sostuvo durante el juicio que quedó acreditado que ambos intentaron introducir el dinero en horario nocturno y sin realizar la declaración obligatoria para montos superiores a los 10.000 dólares.

Para la legislación paraguaya, el dinero en efectivo también integra el concepto de mercadería, interpretación que constituye uno de los principales ejes de discusión entre la acusación y la defensa.La Fiscalía remarcó además que una maniobra de estas características no solo vulnera las normas aduaneras, sino que también afecta los mecanismos internacionales de control destinados a prevenir el lavado de activos. Incluso cuestionó la actitud de los acusados durante el proceso, al señalar que nunca expresaron arrepentimiento por lo ocurrido.Por su parte, la defensa pidió la absolución de ambos, argumentando que la acusación realizó una interpretación forzada de la ley y que el Ministerio Público no logró demostrar la existencia del delito tal como fue planteado.

Un caso que comenzó en diciembre de 2024El expediente se originó el 4 de diciembre de 2024, cuando Kueider y Guinsel fueron interceptados en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad, mientras viajaban desde Foz do Iguaçu hacia Ciudad del Este en una Chevrolet Trailblazer.Durante el control, las autoridades encontraron una mochila con 211.000 dólares estadounidenses, 646.000 pesos argentinos y casi cuatro millones de guaraníes, dinero que no había sido declarado. Desde entonces, ambos permanecen con arresto domiciliario en Paraguay.

Los problemas judiciales no terminan allíLa causa por tentativa de contrabando es apenas una parte del complejo panorama judicial que enfrenta el exlegislador concordiense. En Paraguay también está imputado por presunto lavado de activos, investigación que derivó en el embargo de inmuebles adquiridos en Asunción.En Argentina, además, la situación es todavía más delicada. La jueza Sandra Arroyo Salgado lo investiga por presunto lavado de dinero y ya solicitó su extradición, trámite que cuenta con el aval de la Fiscalía paraguaya pero que recién podrá avanzar una vez finalizado el proceso judicial en ese país.A esto se suma otra investigación abierta en la Justicia de Entre Ríos por hechos similares, mientras la definición sobre qué tribunal argentino tendrá competencia para continuar la causa permanece pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.El próximo lunes 13, el Tribunal paraguayo escuchará la réplica de la Fiscalía y la dúplica de la defensa. Si no surgen nuevas incidencias, ese mismo día podría conocerse la sentencia que definirá el futuro inmediato del exsenador entrerriano.                                                                                       De confirmarse esa pena los concordienses seguirán detenidos   Si el Tribunal hace lugar al pedido de la Fiscalía y condena a Kueider a dos años y dos meses de prisión, la sanción tendría un efecto mucho más severo que una condena similar en Argentina. Mientras la legislación argentina permite, como regla general, que las penas inferiores a tres años sean de ejecución condicional, en Paraguay la suspensión de la pena está prevista para condenas de hasta dos años. En consecuencia, una sentencia de 2 años y 2 meses implicaría, en principio, el cumplimiento efectivo de la prisión.

Por Tomás Martino - El juicio oral por el naufragio del ARA San Juan ingresará este lunes, desde las 9, en su última semana con los alegatos de las defensas de tres de los cuatro acusados. El miércoles, una vez cumplida la instancia de las últimas palabras, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz quedará en condiciones de anticipar el veredicto.Las presentaciones estarán a cargo de Ricardo Gastón Morillo, defensor del contralmirante retirado Luis López Mazzeo, y de la defensora pública oficial Leticia Diez, quien representa al capitán de navío retirado Héctor Alonso y al capitán de fragata retirado Hugo Correa.De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, los defensores objetarán que la fiscalía no explicó cómo los deberes que se imputan incumplidos incrementaron el riesgo para la navegación del submarino ni cómo ello se vinculó con las condiciones de su última zarpada y posterior naufragio, que provocó la muerte de sus 44 tripulantes.Con esas intervenciones concluirá la etapa de alegatos iniciada la semana pasada, durante la cual expusieron el Ministerio Público Fiscal, las dos querellas y la defensa del excapitán de navío Claudio Javier Villamide.El debate comenzó el 3 de marzo en Río Gallegos y estuvo a cargo del juez Mario Reynaldi, junto con Enrique Baronetto y Luis Giménez. A lo largo de alrededor de 30 audiencias, el tribunal recibió declaraciones de submarinistas, técnicos, especialistas, antiguos comandantes y autoridades navales, además de incorporar documentación sobre el estado material de la unidad, las tareas de mantenimiento y las circunstancias de su última navegación.Al momento de la tragedia, López Mazzeo era comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada; Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos; Alonso, jefe de Estado Mayor de esa estructura; y Correa, jefe de Operaciones del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, con sede en Mar del Plata.Los cuatro están acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de la dotación.Los fiscales Julio Zárate, Lucas Colla, María Andrea Garmendia Orueta y Gastón Franco Pruzán solicitaron cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para López Mazzeo y Villamide; cuatro años de cárcel e inhabilitación especial perpetua para Alonso; y tres años y seis meses de prisión para Correa.La acusación afirmó que los imputados permitieron que el submarino cumpliera la misión en un “estado de alistamiento precario” y con “deficientes condiciones de mantenimiento”.Para el Ministerio Público, la acumulación de inspecciones postergadas, tareas pendientes, restricciones técnicas y un antecedente de ingreso de agua durante una navegación cuatro meses antes incrementó indebidamente los riesgos propios de la navegación submarina.Los representantes de la fiscalía ubicaron a los acusados en una posición de garante respecto de la seguridad de los tripulantes. Según su postura, debían advertir las deficiencias, disponer controles adicionales, limitar la actividad de la unidad o impedir su participación en la operación hasta que las condiciones consideradas riesgosas fueran subsanadas.También plantearon que no era indispensable identificar con precisión el mecanismo final del naufragio si se acreditaba que los imputados habían creado o mantenido un riesgo jurídicamente desaprobado que luego se materializó en el resultado.

Las dos querellas también formularon sus alegatos con sus respectivos pedidos de pena. Por un lado, intervino la querella unificada en manos de Valeria Carreras y Lorena Arias -también está incorporado el abogado Fernando Burlando-. Por el otro, expuso Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes fallecidos y querellante por derecho propio y en representación de una decena de familiares.Sin embargo, el tribunal oral dejó sin efecto sus pedidos de condena por una cuestión procesal: ninguna de las dos acusaciones particulares había presentado un requerimiento formal de elevación a juicio durante la etapa de instrucción.Por ese motivo, las penas reclamadas por las querellas no podrán ser consideradas como sustento de una eventual condena.El abogado cuestionó que no se hubiera podido determinar con certeza qué ocurrió durante la secuencia final de la navegación y sostuvo que esa falta de precisión impedía establecer cuál era el resultado concreto que su defendido debía evitar.“No conocemos las causas del estrago: ¿cómo defenderse de lo que no se conoce? ¿Cómo atribuir responsabilidad, o siquiera insinuarla, cuando nadie sabe qué pasó?”, planteó ante los magistrados.Vigliero acusó además a la fiscalía de haber “parcializado, tergiversado, seccionado y amputado” la prueba producida durante el debate. Aseguró que los testigos declararon que el submarino estaba apto para cumplir la misión encomendada, correspondiente a la denominada Tercera Etapa de Mar, que incluía actividades de adiestramiento naval combinado y una patrulla de control de los espacios marítimos.En ese marco, el ARA San Juan zarpó de la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017, arribó a Ushuaia el 4 de noviembre y volvió a partir cuatro días después. Primero participó de un ejercicio antisubmarino que, según un informe elaborado por el comandante de la unidad, Pedro Martín Fernández, tuvo un resultado satisfactorio. Luego inició una patrulla destinada al control de la pesca ilegal y a la obtención de información marítima.Durante el juicio, en efecto, no pudo determinarse qué llevó a la tripulación a perder el control de la nave hasta superar su profundidad de colapso. El submarino implosionó el 15 de noviembre a las 10.52 y sus restos fueron hallados un año después, a más de 900 metros de profundidad y unos 500 kilómetros de Comodoro Rivadavia.La última comunicación telefónica se produjo a las 7.19 de ese día entre el jefe de Operaciones del submarino, el teniente Fernando Villarreal, y el ahora acusado Correa. Durante ese contacto, Villarreal informó que la intención del comandante era descender a plano profundo para permitir el descanso de la tripulación, desgastada por el temporal en superficie, y luego revisar el tanque de baterías donde se había producido el principio de incendio para efectuar un control de daños.Así las cosas, este lunes quedará completada la etapa de alegatos. El miércoles, López Mazzeo, Villamide, Alonso y Correa podrán pronunciar sus últimas palabras y se espera que los cuatro ejerzan esa facultad. Cumplida esa instancia, el tribunal estará en condiciones de cerrar formalmente el debate y adelantar si los considera culpables o inocentes. Los fundamentos de la sentencia se conocerían alrededor de un mes después. NA.

Por Rosario Bigozzi - Tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firme el sistema de cálculo del decomiso por la condena de Vialidad, el fiscal Diego Luciani trabaja con su equipo en la actualización de la cifra según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. De acuerdo a sus estimaciones, el monto del recupero de activos alcanzaría a $898.000 millones.En el Ministerio Público consideran que el último cómputo realizado en julio de 2025 dio como resultado $685.000 millones, a los que deberían sumarse la inflación interanual de más de treinta por ciento.Fuentes judiciales precisaron a Infobae que la cifra adquiere efecto inmediato ante la resolución del máximo tribunal que ratificó también el avance de las medidas de ejecución patrimonial, incluido el remate de bienes de los condenados. El perjuicio por los hechos condenados en la causa Vialidad fue estimado originalmente por el Tribunal Oral Federal 2 en $84.835 millones, una cifra que al ser actualizada en mayo del año pasado, en base al IPC del INDEC, alcanzó los $685.000 millones.En tanto, la fiscalía recalculó que debería hoy incrementarse $212.861.206.992, lo que elevaría el monto hasta unos $898.000 millones.La valoración final del decomiso se conocerá en el momento en que se ejecute la pena, según el cómputo que realicen los organismos técnicos con los que cuenta la justicia.La restitución del dinero de la corrupción no solo recae sobre la ex presidenta, sino que el fallo estableció que la suma deberá ser afrontada en forma solidaria por todos los condenados, sin precisar qué proporción le corresponde a cada uno.Para llegar a esta cifra, la sentencia tomó en cuenta la cartelización empresarial que benefició a las firmas de Lázaro Báez, y el sobreprecio en la licitación de las obras, que la Justicia estimó en un promedio del veinte por ciento.Hasta el momento, el TOF 2 aprobó una lista de 111 inmuebles que figuran a nombre de Lázaro Báez y Cristina Fernández de Kirchner, que incluye diez departamentos y dos casas en Río Gallegos, además de terrenos en Lago Argentino, en la provincia de Santa Cruz. También se habilitaron diecinueve propiedades que figuran a nombre de sus hijos.En este aspecto, la ex mandataria presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema con el propósito de impugnar la ejecución de las propiedades atribuidas a Máximo y Florencia Kirchner.Por otro lado, Luciani le pidió al tribunal que evalúe un segundo conjunto de propiedades que todavía espera resolución, entre los que figuran locaciones ligadas a Los Sauces y Hotesur, entre ellas el departamento de San José 1111, donde la ex mandataria cumple arresto domiciliario.Mientras tanto, continúan con la tarea de identificar nuevas propiedades para sumar al proceso. En este expediente se investigó una maniobra defraudatoria desarrollada entre 2003 y 2015 en Santa Cruz, en el marco de 51 procesos licitatorios de obra pública vial ejecutados por la Dirección Nacional de Vialidad. Según surge de la causa, esas obras fueron adjudicadas de manera sistemática al Grupo Austral, perteneciente a Báez. Infobae.

La audiencia se desarrollará desde las 10 de la mañana en la Sala 9 de los Tribunales de Asunción, donde el fiscal Ysrael Villalba expondrá su interpretación de las pruebas reunidas durante el juicio y formulará el pedido de condena contra Kueider y su pareja y exsecretaria, Iara Guinsel. Ambos enfrentan una expectativa de pena de hasta dos años y medio de prisión.La última audiencia de producción de pruebas concluyó con la presentación de los elementos ofrecidos por los abogados defensores, Marcelo Bogado y Carlos Arévalo. Finalizada esa etapa, el Tribunal especializado en delitos económicos dio por cerrada la incorporación de pruebas y fijó la fecha para los alegatos finales.

El tribunal está integrado por las juezas Elsa García, quien lo preside, Adriana Planás y el juez Matías Garcete Piris. Según trascendió, tanto Kueider como Guinsel optaron nuevamente por no prestar declaración durante el debate.Tras la exposición del Ministerio Público, la defensa tendrá la posibilidad de presentar su propio alegato, con el objetivo de cuestionar la teoría de la Fiscalía y ofrecer una interpretación diferente de los hechos ocurridos el 4 de diciembre de 2024, cuando ambos fueron detenidos en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad intentando ingresar a Ciudad del Este con una importante suma de dinero sin declarar.De acuerdo con la acusación, Kueider transportaba 211 mil dólares, 646 mil pesos argentinos y 3,9 millones de guaraníes ocultos en una mochila. Al no haberse concretado el ingreso del dinero al país, el hecho fue calificado como contrabando en grado de tentativa, lo que redujo la pena prevista de cinco años a un máximo de dos años y medio.Luego de los alegatos podrán producirse las instancias de réplica y dúplica entre la Fiscalía y la defensa. Finalmente, los jueces fijarán la fecha en la que darán a conocer el veredicto.

Kueider y Guinsel llegan a esta etapa del juicio bajo arresto domiciliario, luego de permanecer detenidos desde diciembre de 2024. En caso de una eventual condena, el tiempo que llevan privados de su libertad será considerado por el tribunal.Mientras avanza este proceso, ambos también fueron imputados en Paraguay por presunto lavado de activos. La Justicia de ese país sostiene que utilizaron fondos de origen ilícito para adquirir departamentos y cocheras en Asunción, bienes que ya fueron embargados.

En paralelo, Kueider enfrenta una investigación en Argentina por presunto lavado de activos. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó su extradición, trámite que fue autorizado por la Fiscalía paraguaya, aunque solo podrá concretarse una vez finalice el proceso judicial que actualmente se desarrolla en Asunción. Además, existe otra causa por el mismo delito en la Justicia de Entre Ríos, mientras la Corte Suprema debe resolver cuál será el tribunal competente para continuar la investigación.

El 6 de julio comenzará en toda la provincia la Feria Judicial que se extenderá hasta el 17 de ese mes.Cesarán en ese lapso las actividades ordinarias del Poder Judicial de Entre Ríos. Pero los casos de urgencia serán atendidos por integrantes de la magistratura, del funcionariado y empleados/as que prestarán servicio durante toda la mañana, en el habitual horario de 7 a 13. Además, se podrán efectuar consultas telefónicas gratuitas a través de la línea de alcance nacional para atención ciudadana: 0800-444-MESA (6372).El STJ, junto a la Procuración y la Defensoría General de la Provincia -teniendo en cuenta las presentaciones y propuestas recibidas-, dispusieron que serán responsables del servicio de justicia en Entre Ríos durante el receso las siguientes autoridades:Superior Tribunal de Justicia:Presidente:Miguel Ángel Giorgio -del 6 al 10/7/26.Carlos Federico Tepsich -del 12 al 17/7/26.

Vocales:Leonardo Portela -del 6 al 11/7/26.María Andrea Morales -del 6 al 10/7/26.Susana Medina -del 11 al 17/7/26.Edgardo Martín Nicolás Cossy -del 12 al 17/7/26.

Secretaria y secretario del Superior Tribunal de Justicia:Melina Arduino -del 6 al 11/7/26.Eduardo Rodriguez Vagaria -del 12 al 17/7/26.

Procuración General:Mónica Carmona -del 6 al 15/7/26.Cecilia Goyeneche -del 12 al 17/7/26.

Defensoría General:-en materia Civil y Superintendencia general:Daniel E. Cottonaro -del 6 al 12/7/26.María de los Ángeles Banno -del 13 al 17/7/26.-en materia Penal:Ignacio Mullor -del 6 al 12/7/26.Gaspar I. Reca Ríos -del 13 al 17/7/26.-en materia Penal de Niños, Niñas y Adolescentes:Juan Ignacio Barrandeguy -del 6 al 10/7/26.Susana M. Carnero -del 11 al 17/07/26.

Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAER):Daniel E. Cottonaro -del 6 al 12/7/26.María de los Ángeles Banno -del 13 al 17/7/26.

Órgano de Revisión en Salud Mental (ORSM):Daniel E. Cottonaro -del 6 al 12/7/26.María de los Ángeles Banno -del 13 al 17/7/26.

Coordinación de Equipos Técnicos del MPD:Alejo Amadeo De Zan -del 6 al 12/07/26.

Servicio de Información y Comunicación (0343 4206156):Oscar Londero -del 6 al 11/7/26Martín Fabre -del 12 al 17/7/26,

CONCORDIAVocales del Tribunal de Juicio y Apelaciones:María Clara Mondragon Pafundi -del 6 al 9/7/26.Anibal Lafourcade -del 10 al 17/7/26.Jueces en materia Civil, Comercial, Laboral y de Paz, de Concordia, Gral. Campos y Estancia Grande:Julio César Marcogiuseppe -del 6 al 11/7/26.Justo José de Urquiza -del 12 al 17/7/26.Jueces en materia Penal y Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad:Francisco Rafael Ledesma -del 6 al 9/7/26.Mauricio Javier Guerrero -del 10 al 12/7/26.Edwin Ives Leonardo Bastian -del 13 al 17/7/26.Jueces en materia de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad:Juan Ignacio Lazzaneo -del 6 al 12/7/26.Edwin Ives Leonardo Bastian -del 13 al 17/7/26.Jueza y juez de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes:Delfina Valeria Geist -del 6 al 11/7/26.Rodolfo Guillermo Jauregui -del 12 al 17/7/26.Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:Jose Arias -del 6 al 8/7/26.Agustina Sole -del 6 al 8/7/26Tomas Tscherning -del 6 al 8/7/26.Mariana Elias -del 6 al 11/7/26.Mauro Jaume -del 9 al 13/7/26.Fabio Zabaleta -del 9 al 15/7/26.Mario Figueroa -del 9 al 15/7/26.Mario Guerrero -del 12 al 17/7/26.Juan Pablo De Giambattista -del 14 al 17/7/26.Daniela Montangie -del 16 al 17/07/26.Luciana Musuliotis -del 16 al 17/7/26.Defensorías Públicas:-en materia Civil:Lorena Pignataro -del 6 al 11/7/26.Mercedes Iturburu -del 12 al 17/7/26.-en materia Penal:Joaquin Garaycoechea -del 6 al 12/7/26.Mariano G. Miño -del 6 al 12/7/26.Alejandro María Giorgio -del 13 al 17/7/26.Eduardo Garay -del 13 al 17/7/26.-en materia Penal de Niños, Niñas y Adolescentes:Dario Andrioli -del 6 al 12/7/26.Luciana Cometti -del 13 al 17/7/26.Unidad de Letrados en Procesos de Salud Mental de Concordia, San Salvador, Chajarí, Federación y Federal:Mariana Carbonell -del 6 al 11/7/26.Agustín Peroni -del 12 al 17/7/26.Dispositivo de entrevista testimonial video grabada (DETVG):Adrián Novkovic -del 6 al 11/7/26.Lucrecia Saez -del 12 al 17/7/26.Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción (RUAER):Maricel Tamaño -del 6 al 13/7/26.Natalia Loggio -del 6 al 9/7/26.Exequiel Ortiz -del 14 al 17/7/26.Órgano de Revisión de Salud Mental (ORSM):Cynthia Protzman -del 6 al 12/7/26.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme el monto de $684.990.350.139,86 para ejecutar el decomiso sobre los bienes de la ex presidenta Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez y otros condenados en la causa conocida como “Vialidad”, al rechazar por inadmisibles los recursos presentados por las defensas.

La decisión fue adoptada este jueves por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron, en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el planteo de la defensa de Cristina Kirchner contra la forma de actualización del monto originalmente fijado en concepto de decomiso. También rechazaron el recurso de la defensa de Lázaro Báez, que cuestionaba la competencia del Tribunal Oral Federal 2 para llevar adelante esa etapa del proceso.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el Tribunal Oral Federal N° 2 había fijado en la sentencia condenatoria un decomiso de $84.835.227.378,04 por el perjuicio ocasionado al Estado, con la disposición de que esa suma fuera ajustada cuando el fallo adquiriera firmeza.El 6 de diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en el marco de 51 licitaciones de obra pública en Santa Cruz y la absolvió por el delito de asociación ilícita.

También fueron condenados Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y otros ex funcionarios, mientras que la ex mandataria recibió además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia el 13 de noviembre de 2024 y, el 10 de junio de 2025, la Corte Suprema rechazó los recursos extraordinarios contra las condenas, que quedaron firmes.

Tras esa decisión, el Tribunal Oral ordenó la detención de los condenados y dispuso la actualización del monto del decomiso. En ese trámite intervino el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, junto con peritos de las defensas y del Ministerio Público, y la cifra fue actualizada a $684.990.350.139,86 sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025.La defensa de Cristina Kirchner, encabezada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvo que el monto inicial era provisorio y cuestionó la utilización del IPC para su actualización. Por su parte, la defensa de Lázaro Báez planteó que el decomiso debía tramitar ante el Tribunal Oral Federal 4, debido a la condena que pesa sobre el empresario en la causa conocida como “la ruta del dinero”.

Con la resolución de este jueves, la Corte Suprema dejó firmes los fallos de las instancias anteriores y quedó confirmado el monto actualizado del decomiso que deberán afrontar solidariamente los condenados en la causa Vialidad. Agencia NA

“Vinieron tres hombres a decirle a Laudelina que tenía decir que era un accidente, pero para mí era mentira”, contó la jubilada frente al Tribunal. Acerca de María Victoria Caillava, señaló que la conocía por ser funcionaria del barrio y que fue Laudelina quien la invitó al almuerzo. Durante su testimonial se solicitó que la mujer se siente cerca de los jueces para que pueda escuchar bien las preguntas.

A su vez, se esperan más testimoniales con relación al entorno del niño. Dos de esas declaraciones son más que importantes debido a que se tratan de personajes reconocidos en la causa: Camila Núñez, esposa del primo del Loan, y Macarena Peña, hija de Laudelina Peña y Antonio Benítez, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.Macarena es una de las piezas más relevantes. Hija de dos de los acusados y quien días después del inicio de la causa fue con su mamá hasta la ciudad de Corrientes para declarar en el fuero provincial que Loan sufrió un accidente automovilístico.El listado también está integrado por Ceferina Noguera y Alberto Sebastián Noguera, tíos maternos de Loan.

El martes y miércoles se llevaron a cabo audiencias atravesadas por una fuerte carga emocional, donde los padres y hermanos se quebraron al recordar al menor. Agencia NA.

Familiares, amigas, vecinos y allegados de Zoe Schimf se movilizaron este jueves frente a los Tribunales de Concordia para reclamar justicia por la muerte de la joven y exigir que la investigación avance hasta esclarecer completamente lo ocurrido.La manifestación se desarrolló con bombos y cánticos. Entre las consignas que más se escucharon estuvo: “¿Dónde están los que decían que la iban a cuidar?”. Además, los presentes pidieron que la causa sea investigada en profundidad y sostuvieron que Zoe “recibía violencia de parte de él”, en alusión al principal acusado.Horas más tarde 17:30 hs, la convocatoria continuó con una concentración en el barrio donde vivía la joven, donde vecinos y allegados renovaron el pedido de justicia y acompañaron a la familia.

Lo que se conoce de la causaLa investigación continúa en etapa de producción de pruebas y pericias. La Justicia aguarda el informe definitivo de la autopsia, que permitirá establecer con mayor precisión las causas de la muerte.Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el informe forense completo podría estar disponible entre este viernes y el lunes próximo. Hasta entonces, las conclusiones médico-legales aún no son definitivas.Mientras tanto, los investigadores continúan incorporando elementos de prueba para determinar las circunstancias en las que murió Zoe Schimf y la eventual responsabilidad penal de Acosta, quien permanece detenido.

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La medida fue resuelta tras la audiencia en la que las fiscales Julia Rivoira y Evelina Espinosa (Fiscalía de Género) solicitaron que Acosta permanezca detenido mientras avanza la investigación.Finalizada la audiencia, la fiscal Rivoira confirmó a El Heraldo que el juez hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y otorgó la prisión preventiva por 90 días. Además, indicó que la investigación continúa sosteniendo la hipótesis de instigación al suicidio en un contexto de violencia de género (artículo 83 del Código Penal), delito que castiga a quien induce o incita a otra persona a quitarse la vida y que, en este caso, es investigado en un contexto de violencia de género.

Antecedentes de violencia y medidas judicialesSegún la investigación, Milagros Zoe Schimf tenía vigentes medidas de restricción de acercamiento contra Maximiliano César Acosta. No obstante, al momento de la muerte de la joven, el hombre se encontraba dentro de la vivienda, situación que forma parte de la investigación.Además, Acosta ya había sido detenido en abril de este año, luego de que Schimf lo denunciara por amenazas y agresiones. En aquella oportunidad, la Justicia libró una orden de captura y el hombre fue localizado y detenido por personal policial.En cuanto a la autopsia, El Heraldo pudo saber que, hasta el momento, no existen resultados concluyentes. Si bien las primeras actuaciones no habrían evidenciado lesiones físicas compatibles con hechos de violencia, esa información deberá ser corroborada con el informe forense definitivo. Fuentes vinculadas a la investigación indicaron a este medio que el informe completo de la autopsia podría estar disponible entre este viernes y el lunes de la próxima semana, por lo que, hasta entonces, no hay datos certeros sobre las conclusiones médico-forenses.Mientras se incorporan nuevas pruebas y continúan las pericias, la justicia procura establecer con precisión las circunstancias que rodearon la muerte de Schimf y la eventual responsabilidad penal de Acosta, quien continuará detenido.

Tras el veredicto de culpabilidad, el magistrado dispuso que el acusado quede detenido en la Unidad Penal Nº 5 de Victoria hasta la lectura de la sentencia.

El debate oral comenzó el 24 de junio y estuvo a cargo del Tribunal de Juicio por Jurados. La acusación fue sostenida por el fiscal Fernando Martínez, mientras que la defensa fue ejercida por los abogados Walter Martínez e Ignacio Martínez. También intervino el defensor público Gustavo Piquet, en representación del Ministerio Pupilar.

Durante la audiencia de cesura realizada este miércoles, el fiscal solicitó una pena de 19 años de prisión, al considerar acreditada la gravedad de los hechos, y pidió además que el imputado permanezca detenido sin aguardar el resultado de eventuales recursos. La defensa, por su parte, requirió una condena de ocho años de prisión.

El juicio se desarrolló a puertas cerradas debido a la naturaleza del delito investigado y correspondió al 166° juicio por jurados realizado en Entre Ríos desde la implementación de este sistema.

Los  familiares y allegados a la víctima rodean al fiscal a la salida de la audiencia para manifestarle, de manera espontánea y emotiva, su agradecimiento por el avance y el desenlace que tomó una causa que durante años permaneció sin una definición judicial.

Finalizada la audiencia, se vivió una escena inusual a la salida de Tribunales. Familiares de la víctima y personas allegadas aguardaron la salida del fiscal Fernando Martínez para expresarle personalmente su reconocimiento y agradecimiento por la labor desarrollada durante la investigación y el juicio.

Quienes participaron del encuentro destacaron que el representante del Ministerio Público logró dinamizar una causa que arrastraba años de demora, imprimiéndole un nuevo impulso hasta alcanzar el juicio y el veredicto de culpabilidad. También valoraron la firmeza con la que sostuvo la acusación y el hecho de haber solicitado la pena más alta que consideró ajustada al caso, además de requerir que el condenado permaneciera detenido sin esperar el resultado de una eventual apelación.

·  07:30 – Juicio abreviado por desobediencia judicial.Proceso: P., P. A.

·  08:00 – Audiencia de Garantías por decomiso de un vehículo Toyota Corolla dominio KSU-613, en actuaciones de oficio.

·  08:15 – Audiencia de formulación de cargos a José Luis Aguilar por lesiones leves.

·  08:30 – Juicio abreviado por amenazas calificadas.Proceso: V. F. A.

·  09:00 – Lectura de sentencia en causa por lesiones leves.Proceso: F. E. A.

·  09:00 – Audiencia de admisión de evidencias en causa por abuso sexual gravemente ultrajante agravado.Proceso: R., O. E.

·  09:00 – Audiencia de remisión a juicio para Alexander Agustín González y Cristian Martín López por abuso de armas.

·  09:00 – Audiencia de remisión a juicio en causa por abuso sexual con acceso carnal.Proceso: P. E.

·  10:00 – Audiencia por pedido de prisión preventiva para César Maximiliano Acosta, imputado por amenazas calificadas.

·  10:00 – Audiencia por pedido de prisión preventiva para Mariano Miguel Barone, imputado por hurto.

·  10:00 – Inicio del debate oral contra Luciano Roberto Pelayo por robo agravado.

·  11:00 – Audiencia de remisión a juicio en causa por abuso sexual.Proceso: A. B.

·  11:30 – Audiencia de remisión a juicio en la causa Brisa Antonella Prette y otros por homicidio simple.

·  12:00 – Audiencia para resolver una probation en la causa Mauricio Augusto Gutiérrez y otros por lesiones.

·  12:00 – Audiencia para resolver una probation de Pablo Alejandro Fittipaldi, imputado por desobediencia.

·  12:30 – Audiencia por revocación de probation de Soledad Marcela Lucrecia Rosas, en causa por desobediencia.