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La magistrada también dispuso prorrogar, ante la solicitud que cursara la Agente Fiscal, que fue adherida por el querellante particular y conformada por la defensa técnica, la prisión preventiva por el plazo de sesenta días, manteniendo su alojamiento en la Unidad Penal Nº 7 Dr. Casiano Calderón, de la ciudad de Gualeguay.

De acuerdo con el relevamiento realizado por la OM, desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2025 se registraron en Entre Ríos dos víctimas de femicidio directo y una víctima de femicidio vinculado, categoría que comprende otras muertes violentas asociadas a contextos de violencia de género.

Las víctimas tenían entre 22 y 42 años de edad. Los hechos sucedieron en distintos puntos de la provincia: en las ciudades de Victoria, Estancia Grande (departamento Concordia) y Gobernador Mansilla (departamento Tala). En cuanto al lugar de ocurrencia, uno tuvo lugar en un espacio público, otro en la vivienda de la víctima y el tercero en una zona rural.

Los registros indican además que dos niñas y/o niños quedaron sin sus madres como consecuencia de estos crímenes. En relación con los medios empleados para cometer los hechos, se identificó un caso con arma de fuego, otro con arma blanca y un tercero mediante el uso de fuerza física.

El análisis de la información permite advertir que el 100 por ciento de las víctimas conocía a su agresor, mientras que en el 80 por ciento de los casos existía o había existido una relación afectiva o sentimental entre la víctima y el femicida. Estos datos reflejan una característica recurrente de las violencias extremas por motivos de género: su ocurrencia en ámbitos de cercanía y confianza.

Asimismo, se observó que en dos de los casos no existían medidas judiciales de protección previas. En el restante, el agresor registraba una condena condicional dictada en el marco de un juicio abreviado. Uno de los femicidas se suicidó luego de cometer el hecho y los otros dos permanecen privados de libertad en una unidad penal.

Acerca de la estadística

Fernanda Baima, directora de la OM destacó que la información estadística constituye una herramienta fundamental para el diseño de políticas públicas, la protección de las víctimas y el acceso a la justicia y permiten conocer la magnitud de la problemática, identificar patrones de riesgo y mejorar las respuestas institucionales destinadas a la defensa de los derechos de las víctimas.

Y, en el marco de la consigna “Vivas nos queremos. Ni una muerta más”, la OM reafirma su deber con la construcción de una justicia cada vez más cercana, sensible y eficaz en la prevención, detección temprana y abordaje de las violencias por motivos de género. A través de la capacitación permanente, la producción de información estratégica, la articulación interinstitucional y el fortalecimiento de herramientas de protección para mujeres y personas en situación de vulnerabilidad, el Poder Judicial trabaja de manera sostenida para contribuir a una sociedad libre de violencias, donde cada mujer pueda ejercer plenamente sus derechos y desarrollar su proyecto de vida en condiciones de igualdad, dignidad y seguridad.

Acciones y políticas públicas

Por su parte, la directora de la Oficina de Violencia de Género (OVG), Sofía Uranga, sostuvo que el organismo ratifica su compromiso con el acceso a la justicia, la transparencia y la protección de las mujeres, sus hijas e hijos y precisa que la producción de información propia y la difusión de estadísticas no solo cumple con un deber institucional: busca visibilizar la urgencia de continuar trabajando en la prevención y erradicación de la violencia de género en nuestra provincia.

El sostenimiento del Centro Judicial de Género —desde una perspectiva de transversalización y de intervención concreta— es una decisión estratégica del Poder Judicial para profundizar las políticas necesarias que garanticen una vida libre de violencias. Tras más de una década de trabajo sostenido, esa política ha tomado nuevo impulso con la creación del Sistema Integral de Abordaje de las Violencias (SIAV) herramienta que fortalecerá la capacidad de respuesta de los operadores judiciales en todo el territorio provincial e igualará el acceso a la justicia en materia de violencia de género.

“Identificar riesgos e intervenir a tiempo es condición indispensable para prevenir la violencia extrema. El Estado actúa; la sociedad también es convocada a hacerlo, y fechas como la de hoy son expresión de ese compromiso colectivo”, concluyó Uranga, quien recientemente asumió en el cargo tras atravesar las instancias de una convocatoria para tal función en el Poder Judicial.

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Causa destacada del día: el inicio del juicio por jurados contra Oscar Ramón Ramírez por homicidio simple, previsto para las 8:30 en el ámbito federal.

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El organismo rechazó el planteo del Juzgado Federal de San Isidro, que buscaba vincular el expediente con la causa Securitas por presuntos sobornos en organismos públicos, al entender que no existe una relación suficiente entre ambas investigaciones. Además, sostuvo que el supuesto incremento patrimonial de Kueider aún está siendo analizado y que el delito de enriquecimiento ilícito no requiere necesariamente la comprobación de un hecho previo específico. La definición final sobre qué jurisdicción continuará con la investigación quedará ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Las audiencias previstas para este lunes fueron aplazadas por cuestiones organizativas del Tribunal. El exlegislador oriundo de nuestra ciudad deberá comparecer la próxima semana en una causa vinculada al traslado de divisas sin declarar. Ayer lunes debía comenzar en Asunción el juicio oral contra el exsenador nacional Edgardo Kueider y su exsecretaria y pareja, la concordiense Iara Guinsel. Sin embargo, cuando todo estaba previsto para el inicio de las audiencias a las 8 de la mañana, la presidenta del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, Elsa García, resolvió postergar el proceso hasta el próximo martes 9 de junio por razones organizativas.El tribunal encargado de juzgar la causa está integrado además por los magistrados Matías Garcete Piris y Adriana Planás.

La investigación se remonta a la madrugada del 4 de diciembre de 2024, cuando personal aduanero paraguayo interceptó en la cabecera del Puente de la Amistad una camioneta Chevrolet Trailblazer en la que viajaban Kueider y Guinsel. Durante el control fueron hallados más de 200 mil dólares estadounidenses, además de pesos argentinos y guaraníes que, según la acusación, no habían sido declarados al ingresar al país.

Al día siguiente, el fiscal Ysrael Villalba Ramírez formalizó la acusación por tentativa de contrabando contra ambos ocupantes del vehículo. Desde entonces, tanto Kueider como Guinsel permanecen bajo arresto domiciliario en Paraguay. Durante este período residieron en distintos inmuebles de Asunción, pasando por un complejo residencial céntrico, un dúplex y posteriormente un departamento donde continúan alojados.La situación del popular “Turco” Kueider presenta además características singulares que mantienen abierto el debate público. No debe olvidarse que Iara Guinsel, también oriunda de Concordia, asumió responsabilidad sobre el dinero transportado, sosteniendo una versión distinta a la planteada por la acusación.

Sus allegados afirman desde hace tiempo que está en condiciones de acreditar tanto la procedencia como el destino de esos fondos.Más allá de cuál sea la resolución final y de las responsabilidades que eventualmente determine la Justicia paraguaya, resulta evidente que las demoras acumuladas en este expediente prolongan una incertidumbre que afecta no sólo a los acusados. Familiares y amigos de ambos aguardan desde hace más de un año el desarrollo del juicio para conocer finalmente una definición sobre una causa que ha tenido una enorme repercusión política y mediática tanto en Paraguay como en la Argentina. 

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Temas destacados de la jornada

La Justicia entrerriana dejó firme una condena civil contra la diputada provincial Gladys Liliana Salinas en una causa vinculada al incumplimiento de un contrato de alquiler que se extendió durante varios años.

La resolución ratifica la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado Civil y Comercial N° 4 de Concordia, a cargo del juez Jorge Ignacio Ponce, y establece la obligación de desalojar el inmueble involucrado, además del pago de una deuda acumulada por alquileres impagos.

El expediente determina que Salinas, junto con los garantes solidarios del contrato, deberá afrontar el pago de una suma superior a los 2,1 millones de pesos, monto al que deberán agregarse intereses y demás conceptos derivados de la ejecución de la sentencia.

Según surge de las actuaciones judiciales, la deuda corresponde a más de 35 meses de alquileres impagos acumulados entre 2022 y 2024. El fallo también dispuso que las costas del proceso sean afrontadas por los demandados.

La propiedad objeto del litigio está ubicada sobre calle Laprida de Concordia y pertenece a Francisco Ramón Iriarte, quien promovió la demanda luego de varios intentos fallidos por regularizar la situación contractual.

El caso generó repercusiones debido a que la condena alcanza también a los fiadores que respaldaron el contrato. Ambos son trabajadores de ingresos modestos y, al quedar firme la sentencia, podrían verse alcanzados por medidas patrimoniales destinadas a garantizar el cobro de la deuda.

Un antecedente que volvió a generar cuestionamientosLa situación judicial reavivó además cuestionamientos que acompañaron la trayectoria pública de la legisladora en los últimos años.

Salinas ha protagonizado diversos enfrentamientos políticos, cambios de posicionamiento partidario y controversias públicas que generaron debate tanto dentro como fuera de la Legislatura provincial.

En esta oportunidad, sin embargo, el eje del cuestionamiento no se centra en diferencias políticas sino en el incumplimiento de obligaciones contractuales que terminaron afectando a un propietario particular y a los garantes que respaldaron la operación.

El caso adquiere una dimensión adicional debido a que el dueño del inmueble es un jubilado que utilizaba el alquiler como complemento de sus ingresos, mientras que los garantes son empleados públicos cuyos salarios podrían quedar comprometidos por la ejecución de la sentencia.

Con la resolución ya firme, el expediente ingresa ahora en una nueva etapa orientada al cumplimiento efectivo de las obligaciones económicas establecidas por la Justicia.

Fue en el marco del legajo “Rebollo, Juan Martín s/Abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado”. Conocido el veredicto del jurado, la jueza técnica y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Clara Mondragón Pafundi, anunció que la audiencia de cesura -durante la cual las partes brindarán sus argumentos sobre la pena que deberá cumplir el imputado-, se realizará el viernes 5 de junio próximo, a las 9, en los Tribunales de Concordia.  Durante el debate el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Martín Nuñez, en tanto que el imputado fue asistido por el defensor oficial Alejandro Giorgio.

Por tratarse la denuncia de un delito contra la integridad sexual, el juicio -que se efectuó en la sede de la Sección Concordia del Colegio de la Abogacía-, se realizó a puertas cerradas.Además, la jueza Mondragón Pafundi hizo lugar al pedido de la acusación y dispuso la prisión preventiva de Rebollo en la Alcaldía de Concordia.Se trató del juicio por jurados número 162 efectuado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal. 

·  08:00 hs – Lectura de sentencia en la causa “M, M A s/ abuso sexual simple”.

·  08:00 hs – Juicio abreviado para Ángel José Luis Vega por tentativa de homicidio.

·  08:15 hs – Lectura de sentencia en causa por tenencia simple de estupefacientes contra Pintos, Morilla, Duarte y otros.

·  08:30 hs – Audiencia de apelación en causa “Berdún y otros s/ abigeato”.

·  08:30 hs – Debate oral por abuso sexual simple en Sala N°1.

·  08:30 hs – Lectura de sentencia para Enzo Matildo Espíndola por robo.

·  08:30 hs – Juicio por jurados en el Colegio de la Abogacía por abuso sexual con acceso carnal.

·  09:00 hs – Resolución en causa contra Orlando Darío Lezcano por homicidio culposo.

·  09:00 hs – Audiencias de remisión a juicio para Marcos Antonio Lezcano Acosta por tentativa de robo y tentativa de hurto.

·  09:00 hs – Juicio abreviado para Fernando René Penayo por robo con arma de fuego.

·  09:00 hs – Audiencia de garantías para Rubén Teófilo Gómez por hurto en grado de tentativa.

·  09:30 hs – Audiencia de prisión preventiva para Leandro Ezequiel Ruiz Díaz por tentativa de homicidio.

·  10:00 hs – Apelación en causa “Martinelli Marcelo s/ estafa”.

·  10:00 hs – Audiencia de admisión de evidencias en causa por homicidio agravado contra Ivana Gabriela Garen.

·  10:30 hs – Audiencia de decomiso para Fernando Nahuel Alvez por tenencia de arma de guerra.

·  10:30 hs – Audiencia multipropósito por medidas probatorias en causa “Piana Noelia Vanesa s/ denuncia”.

·  11:00 hs – Audiencia de garantías en causa “Q J E s/ lesiones”.

·  11:30 hs – Juicio abreviado para Enzo Daniel Godoy por robo en grado de tentativa.

·  12:00 hs – Juicio abreviado para Mauro Damián Arrieta por robo.

·  12:00 hs – Apelación en ejecución de pena para Nicolás Miguel Ángel Miño.

·  12:00 hs – Audiencia de probation para Marcos Gastón Batalla por robo.

De esta forma, la Justicia evitó que el trámite escalara a la Corte Suprema y seguirá adelante con los trámites para que la ex mandataria devuelva al Estado Nacional 111 bienes de su familia y del empresario Lázaro Báez.

En relación a los hijos de la expresidenta, son 19 las propiedades las que recibieron por herencia o que fueron recibidas por Máximo y Florencia en cesión.Además, la resolución que tomó Casación también llega a los bienes de Lázaro Báez. La decisión busca dar cumplimiento al decomiso de $684.990.350.139,86 y forma parte de la condena de prisión a seis años que cumple en su domicilio Cristina Kirchner por administración fraudulenta.

¿Quién tomó la decisión?Los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky fueron quienes llegaron a la resolución y, el último magistrado fue quien votó, en minoría, a favor de otorgar los recursos extraordinarios a ciertos bienes tanto de Máximo como de Florencia Kirchner, más algunas empresas de Báez.A su vez, por mayoría quedaron desestimaron la totalidad de los recursos. Sobre esto, Hornos con su voto dijo que “el decomiso de los beneficios de origen delictivo encuentra su fundamento en que el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida”. Además, agregó que se trata de un “ilícito comprobado” el cual tiene condena firme. Y señaló que los delitos durante la etapa kirchnerista con la obra pública vial nacional crearon “un flujo económico de magnitud extraordinaria en perjuicio del erario público”.

¿Qué dijo Hornos sobre los bienes de Máximo y Florencia Kirchner?Respecto de los bienes de los hijos de la expresidenta el Juez Hornos finalizó diciendo que ya había habido una “respuesta extensa, fundada y razonada” en la instancia de la sentencia previa, sumando que el criterio adoptado sobre el alcance de la medida fue lo que objetaron.Además, sentó en rechazo a la argumentación de que el decomiso de los bienes heredados o recibidos de forma gratuita vulneraría los principales de la constitución como la legalidad, inocencia, culpabilidad o propiedad. Y agregó que tales objeciones ya fueron tratadas.

Otro de los puntos que marcó al respecto es que si bien Máximo y Florencia no fueron están en la causa penal, lo propio no impide el decomiso de los bienes porque “una vinculación razonable entre los bienes y el provecho económico derivado del delito”. Y explicó que “la transmisión hereditaria o gratuita no neutraliza la posibilidad de ejecutar los bienes si éstos integran el circuito patrimonial alcanzado por el decomiso”.

Por su parte, el Juez Borinsky, dijo que es inadmisible el recurso de la expresidenta Cristina Kirchner y, a la vez marcó que sí correspondía habilitar, de forma parcial, la instancia extraordinaria sobre algunos de los bienes emparentados a Máximo y Florencia Kirchner, así como también a ciertas empresas de Lázaro Báez.“El decomiso de los bienes indicados se dispuso sin debido sustento normativo, en tanto se apartó de los propios parámetros temporales fijados por el tribunal de juicio para evaluar la incorporación de bienes pasibles de decomiso, sin que la sentencia aquí cuestionada -en su conformación de mayoría- brindara tratamiento a esa circunstancia objetiva oportunamente introducida por las partes”, finalizó diciendo Borinsky sobre los inmuebles que fueron adquiridos previamente al 23 de abril de 2004, correspondiente a la fecha que el tribunal fijó para la ejecución de la condena como el punto inicio para la evaluación de los bienes alcanzados.

¿Cuáles son los bienes?En total son diez departamentos en Río Gallegos, Santa Cruz, más cinco lotes del complejo hotelero Los Sauces ubicado en Lago Argentino. Ahora, sobre los de Lázaro Báez, corresponden a inmuebles de dos empresas que compró, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto. NA

Movimiento de causas judiciales en tribunales de Concordia

·  08:00 hs – Audiencia de garantía por daños vinculados al Legajo 8102/25, con remisión a juicio.

·  08:00 hs – Lectura de sentencia en una causa por estupro.

·  08:00 hs – Audiencia de decomiso de una camioneta Toyota Hilux secuestrada.

·  08:15 hs – Audiencia de prisión preventiva para Jonatan Eduardo Escalante, imputado por tentativa de homicidio.

·  08:30 hs – Juicio por jurados en una causa por abuso sexual con acceso carnal.

·  08:30 hs – Debate oral en Sala N°1 por abuso sexual simple calificado.

·  09:00 hs – Audiencia de probation para Aldo José Paiz, acusado de lesiones.

·  09:00 hs – Remisión a juicio en una causa por defraudación contra Horacio Ramón Rivarola.

·  10:00 hs – Lectura de sentencia en una causa por infracción a la Ley 14.346 contra Patricia Lorena Ensina.

·  10:00 hs – Juicio abreviado por tenencia simple de estupefacientes contra Víctor Daniel Castro y Jesica Danila Benítez.

·  11:00 hs – Juicio abreviado en una causa por lesiones leves.

·  11:00 hs – Audiencia de garantías para Gustavo Javier Vargas, acusado de hurto agravado.

·  11:00 hs – Remisión a juicio para Benigno Andrés Godoy, imputado por amenazas.

·  12:00 hs – Audiencia de garantías para Milagros Antonella Gallegos en una causa por lesiones.

·  12:00 hs – Audiencia de probation en actuaciones vinculadas a Nélida Yamila Marote.

·  16:30 hs – Debate oral en Sala N°1 por una causa de abuso sexual simple.

La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de Concordia programó para hoy una intensa jornada judicial con juicios abreviados, audiencias de garantías, lecturas de sentencia y un juicio por jurados.

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Presidirá el debate la jueza técnica y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Clara Mondragón Pafundi. El Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal Martín Nuñez, en tanto que el defensor oficial Alejandro Giorgio asistirá al imputado.Por tratarse la denuncia de un presunto delito contra la integridad sexual, el debate se realizará a puertas cerradas.Se trata del juicio por jurados número 162 que se efectúa en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de Concordia tendrá este martes una intensa jornada judicial con causas vinculadas a abuso sexual, homicidio, desobediencia judicial, robos y tenencia de estupefacientes, además de audiencias de garantías y resoluciones de apelación.

Primeras audiencias de la mañana

A las 08:00, en la Sala 4, se realizará un juicio abreviado contra Ramón Antonio Salas, imputado por el delito de desobediencia. Intervendrán el vocal Lafourcade, la fiscal Figueroa y la defensa a cargo de Giorgio.

Media hora más tarde, a las 08:30, se llevará adelante la lectura de sentencia vinculada a una apelación en la causa contra Maximiliano Jesús Alvez por administración fraudulenta y defraudación.

También a las 08:30, comenzará en la Sala Nº1 el debate oral en una causa por abuso sexual simple calificado. Participarán el vocal Caprarulo, la fiscal Solé y la defensa encabezada por Cedro.

En paralelo, en la Sala de Garantías, se desarrollará una audiencia de sobreseimiento en una causa por hurto en grado de tentativa contra Juan Cruz Ríos Arrieta.

Audiencias de las 9 de la mañana

A las 09:00, en el Colegio de Abogados, se realizará un procedimiento de voir dire en la causa “R.J.M.” por abuso sexual con acceso carnal.

En el mismo horario, en Sala 4, se desarrollará un juicio abreviado contra Rodrigo Alejandro Schmit y Milagros Ludmila Itatí Acuña por tenencia simple de estupefacientes.

Además, en Garantías, Cristian David Trinidad afrontará una audiencia de remisión a juicio por una causa de hurto en grado de tentativa.

Homicidio y prisión preventiva

Uno de los procesos más relevantes de la jornada será el juicio por homicidio simple contra Oscar Ramón Ramires, previsto para las 10:00 en Sala 4. En la causa intervienen el vocal Garrera Allende, el fiscal Molina y las defensas de Molares y Garay.

También a las 10:00, se desarrollará una audiencia de prisión preventiva por desobediencia judicial en una causa identificada con las iniciales P.C.D.

En ese mismo horario, habrá una audiencia de remisión a juicio por lesiones leves.

Actividad del mediodía

A las 11:00, la Sala de Garantías tendrá una audiencia de remisión a juicio contra Carlos Fabián Basualdo e Ignacio Daniel Magariños por robo en grado de tentativa.

En simultáneo, en Sala 4, se llevará adelante otro juicio abreviado por tenencia simple de estupefacientes, esta vez contra Miguel Ángel Perezlindo, Dalma Magalí Perezlindo, Néstor Emanuel Acevedo, Carlos Ítalo Morilla y Noelia Leticia Piedrabuena.

Finalmente, a las 12:00, se realizará una audiencia de probation en la causa contra Miguel Ángel Luna por desobediencia.

Velazque Pens explicó que el fallo fue dictado por el Juzgado Federal de Concordia y destacó que, por primera vez, el organismo nacional competente emitió un acto administrativo positivo reconociendo el beneficio solicitado. “Logramos un primer fallo a favor que salió publicado en el Boletín Oficial el 22 de abril y recién hace tres días nos fue comunicado por el juzgado”, señaló.

El letrado indicó que el caso corresponde a una persona que esperaba el reconocimiento de una pensión no contributiva por invalidez. 

Según explicó, tras la resolución favorable, el organismo nacional prometió comenzar a abonar el beneficio a partir del mes siguiente. Sin embargo, aclaró que todavía la orden de pago no había sido remitida a la Anses, entidad encargada de efectuar los depósitos.

“El reconocimiento ya está otorgado, y eso es lo importante. Antes, en casos similares, la Agencia Nacional de Discapacidad cumplía formalmente con el trámite, pero rechazando las solicitudes”, sostuvo el abogado.

En ese sentido, explicó que los argumentos utilizados por el organismo eran la falta de “entrecruzamiento de datos” para verificar si los solicitantes poseían bienes registrables, vehículos o inmuebles.

Velazque Pens consideró que muchas veces esos requisitos terminan perjudicando a personas que atraviesan situaciones críticas. 

“La ley es injusta. Estamos hablando de gente hipervulnerable, personas que sobreviven gracias a la ayuda de familiares, que les prestan un lugar para vivir o les acercan un plato de comida”, expresó.

Asimismo, señaló que varios de los beneficiarios realizan changas informales para subsistir, como cortar pasto o hacer mandados, ya que no pueden acceder a un trabajo formal. “Esto no es hacer trampa, es supervivencia pura”, afirmó.En relación al monto de las pensiones, el abogado remarcó que actualmente rondan los 350 mil pesos y sostuvo que resultan insuficientes frente al costo de vida actual. “Ni siquiera alcanza para cubrir lo básico. Está muy por debajo de cualquier canasta básica o incluso de lo que hoy representa una cuota alimentaria”, comparó.

El profesional también advirtió sobre las dificultades burocráticas que enfrentan quienes tramitan el Certificado Médico Oficial (CMO), documento indispensable para acceder a las pensiones. Según indicó, actualmente no se estaría realizando ese trámite en Concordia, obligando a muchas personas con discapacidad a viajar hasta Chajarí para completar la evaluación médica correspondiente.

“Considero sumamente injusto que una persona con discapacidad tenga que trasladarse a otra ciudad para realizar un trámite de este tipo”, cuestionó.

Velazque Pens sostuvo además que este fallo podría sentar jurisprudencia en Concordia, ya que anteriormente el mismo juzgado había validado respuestas negativas del organismo nacional. “Ahora, por primera vez, el acto administrativo se cumple en forma positiva a favor del beneficiario”, destacó.

El abogado aclaró que el amparo por mora no obliga directamente al Estado a pagar la pensión, sino a resolver administrativamente el expediente. Sin embargo, explicó que una vez obtenido ese reconocimiento, puede avanzarse con otros reclamos judiciales más profundos en caso de incumplimiento.

Finalmente, el letrado remarcó que junto a su estudio jurídico representan gratuitamente a las personas afectadas. “No cobramos honorarios a los clientes. Solo les pedimos que puedan reunir el dinero para enviar la carta documento. Entendemos la situación de vulnerabilidad que atraviesan”, afirmó.

Además, alentó a quienes atraviesen situaciones similares a buscar asesoramiento legal. “Hay mucha gente esperanzada. Ojalá este fallo sirva para que más personas puedan reclamar lo que les corresponde”, concluyó.

Augusto Lafferiere, abogado oriundo de Nogoyá, asumió este jueves la defensa de Pablo Laurta, que cumple prisión preventiva por el femicidio de su ex pareja, Luna Giardina, de 24 años; el de la madre de aquella, Mariel Zamudio, de 54 años; y el homicidio del chofer de una aplicación, Martín Palacio, cuyo cuerpo descuartizado y el auto destruido por el fuego, fueron hallados en los últimos días de julio de 2025 sobre la ruta hacia Sauce Sur, a 1,5 kilómetros del camino a Gobernador Echagüe, en Rosario del Tala.

La designación del nuevo defensor se realizó ante funcionarios penitenciarios ante la imposibilidad de contar con testigos civiles.

Por aquellos graves hechos, el militante antifeminista y creador de una organización de varones que adversan las políticas de género, será juzgado por los delitos de Homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, por el crimen de las dos mujeres, y Sustracción de menores, puesto que tras dar muerte a su expareja y la madres de esta, Laurta huyó con el hijo de 5 años que tuvo con la víctima. Intentó huir hacia Uruguay pero fue interceptado y detenido en Entre Ríos. Por estos hechos será juagado por la Cámara 9ª del Crimen de Córdoba.Laurta, según sostiene el fiscal de Violencia Familiar de Córdoba, Gerardo Reyes, está acusado de llegar a la casa de su ex, su hijo y su suegra, ubicada en Villa Serrana, barrio de la ciudad de Córdoba ingresar armado y dar muerte a las mujeres y huir con el menor, hasta que como consecuencia de la activación del Alerta Sofía y un pedido de captura internacional fue detenido en un hotel de Gualeguaychú, cuando intentaba cruzar con el niño hacia su país natal, Uruguay.

Mientras que en Entre Ríos, Laurta también está acusado del crimen de Palacio, cometido, aparentemente, cubrir los femicidios de Córdoba. Se lo acusó de contratar al chofer para viajar hasta Córdoba, donde, según la acusación mató a las dos mujeres. En el camino Laurta habría asesinado a Palacio, ocultado el cuerpo e incendiado el auto de alquiler con el que llegó a Entre Ríos.

El cambio de defensa se realizó en la Oficina de la División Tratamiento Correccional, donde Laurta se presentó alrededor de las 12.

Oficiaron como testigos dos  funcionarios del Servicio Penitenciario de Entre Ríos de la Unidad Penal N° 1, de acuerdo a lo estipulado en el artículo N° 166 del Código Procesal Penal de la provincia, “dada la emergencia y en la imposibilidad de contar con testigos civiles que oficien como tales, se procede a labrar la presente acta”.

No obstante la delicada situación que el acusado enfrenta, puesto que la pena que le espera de ser hallado culpable es la de prisión perpetua, Laurta fue denunciado a fines de abril por supuestas amenazas a la familia de las víctimas que habría realizado desde su encierro. La fiscalía notificó a la abogada de la familia de las víctimas, Marina Romano, acerca de comunicaciones intimidatorias.Romano precisó que sus asistidos conocieron del envío de mensajes luego de ser contactados por autoridades judiciales. Los mensajes habrían consistido en frases como “pronto voy a recuperar la libertad, ya saben quién soy” y “yarde o temprano se sabrá la verdad”.Lafferiere también asumió la representación de Nahir Galarza, que fue condenada en 2017 a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizo. Una de las últimas medidas del letrado en relación a la joven consistió en un pedido para que pueda utilizar sus redes sociales y poseer un celular. (APFDigital)

La resolución impone prohibiciones de contacto y de acercamiento, y ordena abstenerse de difundir datos personales, imágenes o información del ámbito privado o familiar del denunciante. Sin embargo, no menciona hechos concretos que permitan atribuir a los periodistas denunciados la comisión de un delito, ni siquiera con el grado de provisionalidad propio de una medida cautelar. La acusación a los periodistas se centra en la decisión editorial de informar de modo sostenido sobre el caso «AFA».

ADEPA recuerda que cuando se trata de personas con notoria actuación pública o responsabilidades institucionales, la noción de vida privada, familiar o íntima debe ser interpretada con especial cuidado, para no impedir investigaciones o publicaciones referidas a hechos de interés público. La protección de la intimidad no puede convertirse en una fórmula amplia o ambigua que restrinja la difusión de información vinculada con la actuación pública, patrimonial o institucional de quienes ejercen funciones relevantes.

Resulta especialmente preocupante que se imponga a periodistas una prohibición de acercamiento respecto del denunciante y de los lugares donde desarrolla sus actividades habituales. Una restricción de esa naturaleza, sin identificación de conductas intimidatorias concretas, puede afectar tareas básicas del periodismo, como procurar información, formular preguntas, cubrir acontecimientos o realizar investigaciones sobre asuntos de interés general.

Medidas de este tipo conllevan un serio efecto inhibitorio sobre la libertad de prensa. La utilización de una denuncia penal para imponer restricciones cautelares a periodistas, sin fundamentos específicos, es un mecanismo indirecto de entorpecimiento de la labor periodística en los términos del artículo 13 del Pacto de San José Costa Rica. Y, por sobre todo, la violación de la prohibición de establecer la censura previa a la libertad de expresión y prensa, establecida por el articulo 14 de la Constitución Nacional.

ADEPA reafirma que la seguridad personal y la intimidad merecen protección, pero esa tutela debe ser compatible con el pleno ejercicio de la libertad de expresión. Una decisión de estas características constituye un peligroso antecedente: de extenderse, permitiría judicializar la crítica, los criterios editoriales y la labor periodística en general, con grave afectación del debate público esencial para un sistema democrático.

·  07:45 – Juicio abreviado contra Jonathan Matías Emanuel Enrique por tenencia simple de estupefacientes. Sala 1.

·  08:00 – Lectura de sentencia en la causa contra Lautaro Daniel Arce por tenencia simple de estupefacientes.

·  08:00 – Audiencia de probation para Camila Elizabeth Larre por amenazas. Sala de Garantías.

·  08:30 – Audiencia por prórroga de prisión preventiva para Lucas Leandro Torres Hernández y otros, imputados por tenencia de arma de fuego de uso civil.

·  08:30 – Debate oral contra Yamil Leandro Nicolás Athan y Griselda Macarena Miño por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Sala N°1.

·  09:00 – Audiencia en San Salvador para Ricardo Rafael Segovia por daños.

·  09:00 – Juicio abreviado contra Mariano Miguel Barone por varios hechos de hurto. Sala 4.

·  09:00 – Audiencia de remisión a juicio para José Ramón Vergara por robo.

·  10:00 – Juicio contra Luciano Hernán Gatica por estafa. Sala 4.

·  10:00 – Audiencia de prisión preventiva para Federico Diego Ramón Bonasola por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

·  10:00 – Audiencia de probation para Marcelo Gabriel Ramírez por amenazas, en San Salvador.

·  10:00 – Audiencia multipropósito en una causa de denuncia identificada como “L.A.L.”.

·  10:00 – Juicio abreviado contra Víctor Mauricio Espil por robo de vehículo dejado en la vía pública. Sala 4.

·  10:30 – Audiencia de juicio abreviado en San Salvador por una causa de abuso sexual.

·  11:00 – Juicio abreviado por abuso sexual simple contra M.M.A. Sala 4.

·  11:00 – Audiencia de remisión a juicio por lesiones leves en la causa “C.G.D.”.

·  11:00 – Audiencia de remisión a juicio por amenazas calificadas en la causa “A.J.M.”.

·  11:30 – Juicio abreviado contra Carlos Enrique Mouzo, Juan Carlos Balbis, Pablo Nicolás Pared y Alan Emanuel Pavón por robo agravado por el uso de arma de fuego. Sala 4.

·  11:30 – Audiencia de probation para Hernán Jacinto Loker por lesiones, en San Salvador.

·  16:30 – Debate oral por lesiones leves en la causa “H.O.A.”. Sala N°1.