08:00

Rodrigo Alfredo Escudero: lectura de sentencia por hurto con escalamiento, mediante juicio abreviado.

Raúl Cabral y Noeli Moretti: lectura de resolución por recurso de apelación en la causa por abandono de personas agravado por el vínculo y seguido de muerte.

Facundo Ezequiel Lacuadra: lectura de sentencia por desobediencia.

Claudio Federico Barrios: audiencia de apelación en una causa iniciada por denuncia.

08:15

T. S. I.: lectura de sentencia por amenazas calificadas.

Kevin Paul Caccia y otros: audiencia de Garantías para la remisión a juicio en una causa por tenencia de arma de fuego de uso civil.

08:30

- Nelson Alejandro Muñoz, Yanina Noelia Capovilla, Antonio Marcos Monzón y Ariel Jesús Marzoratti: debate oral en una causa por privación abusiva de la libertad.

09:00

S. H. W.: lectura de sentencia por abuso sexual simple.

Juan Miguel Flores: audiencia de Garantías por prisión preventiva en una causa por abuso sexual con acceso carnal.

Willian Rodríguez Espíndola: debate oral por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

G. E. E.: lectura de sentencia mediante juicio abreviado por lesiones leves.

Sergio Andrés Albornoz: lectura de sentencia mediante juicio abreviado por desobediencia judicial.

Gustavo Daniel Leiva y otros: audiencia de Garantías para tratar una probation en una causa por amenazas.

Leo Adrián Ybañez: audiencia de juicio abreviado por hurto con escalamiento.

10:00

Héctor Daniel D’Ambros: audiencia de apelación en una causa vinculada con una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito.

G. A. I.: audiencia de Garantías para la remisión a juicio por lesiones leves.

Gabriel Pais Natan: audiencia de juicio abreviado por abuso de armas.

11:00

Marcos Juan Carlos Barreto: audiencia de Garantías para tratar la revocación de la prisión preventiva domiciliaria, en una causa por estafa.

Silvina Andrea Villalba y Carlos Uriel Vera: audiencia de juicio abreviado por tenencia simple de estupefacientes.

I. E.: audiencia de Garantías para la remisión a juicio por lesiones leves.

12:00

Alexis Damián Franco: audiencia de Garantías por prisión preventiva en una causa por robo agravado.

Jeremías Porto: audiencia de Garantías para tratar una petición de parte vinculada con la caducidad registral, en una causa por homicidio culposo.

Roberto David Monzares: audiencia de juicio abreviado por desobediencia judicial.

16:30

- P. J. A.: debate oral en una causa por violación de domicilio.

Las defensas cuestionan la acusación y solicitaron una nueva pericia contable.

La discusión sobre la remisión a juicio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito continuará el miércoles 28 de octubre, a las 9:30, ante el juez de Garantías de Paraná Mariano Budasoff.El expediente investiga la evolución patrimonial de Urribarri y Cardona Herreros entre enero de 2008 y diciembre de 2015. Los fiscales Juan Ramírez Montrull y Gonzalo Badano atribuyen al exgobernador la autoría del delito y al empresario la participación necesaria.

Durante las audiencias anteriores, la Fiscalía expuso las pruebas que, a su criterio, justifican un juicio oral y público. Por su parte, los defensores Miguel Cullen, Ignacio Díaz y José Velázquez cuestionaron la precisión de la acusación y señalaron diferencias entre los montos imputados y los que surgirían de las pericias contables. También pidieron una nueva evaluación a cargo de profesionales del Superior Tribunal de Justicia.

Los fiscales adelantaron que, si la causa llega a debate, solicitarán cinco años y diez meses de prisión para Urribarri, además de una multa y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Para Cardona Herreros anticiparon un pedido de cinco años de prisión y una multa.En esta instancia, el juez deberá considerar los planteos de ambas partes y resolver si la investigación reúne las condiciones para ser debatida en juicio.

Primera categoría Federal; Rosario del Tala; VillaguaySegunda categoríaSanta Elena (jurisdicción La Paz); General Campos (jurisdicción San Salvador); Maciá (jurisdicción Tala).Tercera categoríaIbicuy (jurisdicción Ibicuy); San Jaime de la Frontera ((jurisdicción Chajarí); Villa Urquiza (jurisdicción Paraná), Villa San Marcial (jurisdicción Uruguay); Villa Mantero (jurisdicción Uruguay); Villa Paranacito (jurisdicción Ibicuy).Cada postulante podrá inscribirse en todas las vacantes de una sola jurisdicción y deberá hacerlo vía electrónica. Las personas interesadas tendrán que completar el formulario que estará disponible en la página web del Poder Judicial de Entre Ríos (www.jusentrerios.gov.ar), adjuntando sólo los documentos referidos a los requisitos de admisibilidad.

El trámite deberá realizarse a partir de las 7.30 del 11 de noviembre próximo hasta las 13 del 26 de noviembre venidero, aceptando expresamente la reglamentación y las condiciones fijadas por el STJ, teniendo que acreditar los siguientes requisitos: DNI (frente y dorso); títulos de abogado/a expedido por universidad oficial pública o privada legalmente reconocida (frente y dorso); ser ciudadano/a argentino/a, mayor de 25 años y con residencia inmediata mínima de dos (2) años en el departamento o distrito en que deba ejercer sus funciones; tener como mínimo cinco (5) años de antigüedad en el título de abogado (desde la fecha de su expedición) y/o función judicial, entendiéndose como tal la pertenencia al Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos, cualquiera sea la categoría y escalafón de revista; Certificado de Antecedentes penales expedido por el Registro Nacional de Reincidencia (con fecha de emisión anterior no mayor a 3 meses de la fecha de inscripción); y no registrar denuncias en el Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia (REJUCAV) dentro de los cinco (5) años inmediatos anteriores al llamado de concurso (este requisito será verificado por la Dirección de Gestión Humana del STJ a través de la Oficina de Violencia de Género del STJ.

Más información, disponible en el siguiente enlace https://www.jusentrerios.gov.ar/concursados/concurso-abierto-de-oposicion-y-antecedentes-p-cubrir-secretarias-vacantes-de-juzgados-de-paz-de-la-provincia-de-entre-rios/ 

08:00 – Brian Darío Godoy s/ robo

- Lectura de sentencia en juicio abreviado.

08:00 – Raúl Cabral y Noeli Moretti s/ abandono de personas agravado por el vínculo y seguido de muerte

- Audiencia de apelación. Sala 1.

08:00 – O. J. G. s/ lesiones graves

- Juicio abreviado. Sala 4.

08:15 – A. F. E. s/ amenazas

- Audiencia de remisión a juicio. Sala de Garantías.

08:30 – Nelson Alejandro Muñoz, Yanina Noelia Inés Capovilla, Antonio Marcos Monzón y Ariel Jesús Marzoratti s/ privación abusiva de la libertad

- Debate oral. Sala 1.

08:30 – P. M. R. s/ abuso sexual simple

- Lectura de sentencia.

09:00 – William Rodríguez Espíndola s/ tenencia de estupefacientes con fines de comercialización

- Debate oral. Sala 1.

09:00 – Carlos Ismael Chall iol s/ amenazas

- Juicio abreviado. Sala de Garantías de San Salvador.

09:30 – Ivana Gabriela Garen s/ homicidio agravado

- Admisión de evidencias. Sala 4.

10:00 – Sebastián Alberto Ríos y otros s/ tenencia de estupefacientes con fines de comercialización

- Audiencia por agravamiento de las condiciones de detención. Sala de Garantías.

10:00 – Cristian Andrés Hilario Barragán s/ lesiones

- Juicio abreviado. Sala de Garantías de San Salvador.

10:30 – Brian Eugenio Omar Yancovich y Oscar Muñoz Almeida s/ estafa

- Juicio abreviado. Sala de Garantías de San Salvador.

11:00 – Ariel Oscar González, Romina Soledad Rodríguez, María Lorenza Sosa y Diego Sebastián Barreto s/ tenencia de estupefacientes con fines de comercialización

- Audiencia de remisión de causa a juicio. Sala de Garantías de San Salvador.

11:00 – S. H. W. s/ abuso sexual simple

- Juicio abreviado. Sala 4.

11:30 – Cintia Marisol Piutrin s/ lesiones leves

- Juicio abreviado. Sala 4.

12:00 – Héctor Daniel D’Ambros s/ enriquecimiento ilícito

- Audiencia de apelación. Sala 4.

16:30 – P. J. A. s/ violación de domicilio

- Debate oral. Sala 1.

Por Karina Poritzker - La expresidenta Cristina Kirchner revisaba papeles mientras hablaba con su secretario privado, conectada de manera remota desde San José 1111, presa y condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad. Su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, fumaba un cigarrillo frente a cámara y lo apagó después de iniciada la trasmisión oficial. Así se los vio por vía remota en el juicio que comenzó este viernes en los tribunales federales de Retiro por “Los Sauces-Hotesur”. Había iniciado la lectura del requerimiento de elevación a juicio, firmada por los fiscales que investigaron el caso, los federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. La audiencia duró 2 horas y 50 minutos.El debate es el tercer juicio oral que enfrenta la expresidenta y el primero para su hijo Máximo. En esta oportunidad, se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero a través de las sociedades inmobiliarias y hoteleras de la familia Kirchner, mediante operaciones comerciales con empresarios que mantuvieron vínculos contractuales con el Estado durante sus gobiernos.De acuerdo con el requerimiento fiscal, existió una “compleja maniobra de corrupción” desarrollada por una presunta organización criminal que habría utilizado contratos de alquiler y otras operaciones para transferir fondos a los expresidentes y su entorno familiar. La acusación atribuye a Cristina Kirchner la conducción de un esquema destinado a incorporar dinero de origen ilícito al patrimonio de las sociedades investigadas. Esos hechos deberán ser examinados durante el juicio.

Todos los acusados conectados vía remota tuvieron que validar antes del comienzo sus datos ante funcionarios del Tribunal Oral Federal 5: el secretario de CFK exhibió a la cámara el DNI de la acusada. Casi de inmediato y con extrema puntualidad -inusual en Comodoro Py 2002-, a las 10.12, doce minutos después del horario previsto, se sentaron en la sala de audiencias los jueces José Michilini, Adriana Pallioti, Fernando Machado Pelloni y el magistrado suplente Santiago Schiopetto. Este último juró como juez de Tribunal Oral en Comodoro Py el 10 de septiembre pasado.En la sala también estuvieron presentes el fiscal Diego Velasco, acompañado por su equipo, y los representantes de la Unidad de Información Financiera (UIF), que interviene como querellante. Los abogados defensores debieron concurrir personalmente a los tribunales de Retiro, mientras que los imputados recibieron autorización para seguir de manera remota esta primera etapa del debate.Se informó entonces un problema de conexión del dueño de Austral Construcciones Lázaro Báez, desde la cárcel. Se lo vio ubicado en el cubículo de trasmisión del penal. Está condenado al igual que la expresidenta en la causa Vialidad y además por lavado de dinero en la llamada “ruta del dinero K”. Solucionado el inconveniente, el presidente del Tribunal Michilini remarcó que la virtualidad tiene “carácter excepcional”.El abogado de CFK, Carlos Beraldi, concurrió en persona al igual que los demás letrados y se sentó en primera fila de la sala. Suele estar allí todos los martes y jueves desde el 6 de noviembre del año pasado, durante las audiencias del caso Cuadernos, donde su clienta también es juzgada.Otros dos acusados sí estuvieron presentes en Comodoro Py: Víctor Manzanares, excontador de la familia Kirchner, y el empresario Osvaldo San Felice. Antes de ingresar, Manzanares, quien declaró como imputado colaborador en la causa Cuadernos, anticipó que espera un veredicto condenatorio al que describió como “sanador también”. Infobae. 

Por Karina Poritzker - La decisión alcanzó a los traders Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, al creador de la criptomoneda, el estadounidense Hayden Davis, a Chyi Haur Peh (Julian Peh), María Alicia Rafaele, María Pia Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino porque los sucesos “no encuadran en una figura legal”, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.Martínez De Giorgi tomó la decisión luego de un pedido de sobreseimiento de los imputados que hizo el fiscal del caso, Eduardo Taiano. Las querellas fueron excluidas del caso y ahora están pendientes de resolución recursos de queja directa ante la Cámara Federal de Casación.Martínez De Giorgi sostuvo que la petición fiscal fue fundada y que no existe una acusación autónoma que justifique continuar el proceso luego del apartamiento de los inversores que habían sido aceptados como querellantes. Los imputados quedaron sobreseídos sin haber sido llamados a declaración indagatoria.La causa se originó por denuncias vinculadas al lanzamiento de $LIBRA el 14 de febrero de 2025. Ese día, Milei publicó en su cuenta de X un mensaje en el que presentaba el proyecto Viva la Libertad Project como una iniciativa privada destinada a financiar emprendimientos argentinos.Según reconstruyó la resolución, el valor del token subió de forma acelerada después de esa publicación y, horas más tarde, se desplomó. Las denuncias planteaban que la maniobra había provocado pérdidas entre quienes compraron el activo, mientras que un grupo reducido de tenedores habría retirado alrededor de USD 100 millones.Sin embargo, el juez coincidió con la fiscalía en que la secuencia de promoción, suba y caída de la cotización no alcanza para configurar una estafa. Para ello, señaló, debía acreditarse una “maniobra engañosa concreta, un error inducido en los compradores y un perjuicio patrimonial causado directamente por ese engaño”, según la resolución a la que accedió Infobae.El juez remarcó que la investigación no logró identificar “una afirmación falsa específica que hubiera determinado a los adquirentes a comprar $LIBRA”. También argumentó que se trata de un mercado de “alta volatilidad, propio de las denominadas memecoins, y que una pérdida económica no equivale por sí sola a la comisión de un delito”.

El posteo de MileiEl fallo también descartó que la conducta del presidente Javier Milei haya configurado el delito de abuso de autoridad o negociaciones incompatibles con la función pública porque no se probó que la difusión de $LIBRA hubiera sido un acto oficial “ni que existiera una resolución, una orden administrativa o una intervención estatal” vinculada con el proyecto. La Secretaría Legal y Técnica informó que no había registros de actuaciones administrativas sobre el criptoactivo, remarcó el juez.Además tomó en cuenta una conclusión de la Oficina Anticorrupción, que consideró que la publicación en X fue realizada desde “una cuenta personal, sin uso de recursos públicos ni difusión a través de los canales institucionales de la Presidencia”.En ese marco, Martínez de Giorgi entendió que el mensaje no demostró una intervención de Milei “en una operación estatal ni un interés particular dentro de un contrato gestionado por la administración pública”. La resolución también indicó que no se encontró documentación que acreditara un acuerdo confidencial entre el Presidente y el creador de la criptomoneda, el estadounidense Hayden Davis.

La situación de Karina MileiRespecto de Karina Milei, el juez descartó un posible tráfico de influencias. Se analizaron documentos y archivos extraídos del celular del trader Mauricio Novelli. Entre ellos, una oferta de acuerdo “sin firmas” y una nota recuperada mediante imágenes que hacía alusión a un supuesto “acuerdo final” conversado con una persona identificada como “H”, quien sería Davis, el creador de LIBRA.El fallo indicó que la única constancia documental directa vinculaba a la secretaria general de la Presidencia con la autorización de ingresos de Davis y Bartosz Lipinski a la Casa Rosada, en julio de 2024. Según la resolución, ese dato no demuestra por sí mismo la existencia de un acuerdo ilícito.También se analizaron documentos y archivos extraídos del celular de Mauricio Novelli. Entre ellos, había una oferta de acuerdo sin firmas y una nota recuperada mediante imágenes que hacía alusión a un supuesto “acuerdo final” conversado con una persona identificada como “H”.“La existencia de documentación que alude al Gobierno, así como las referencias al Tech Forum y a determinadas personas, no basta para demostrar que se hubiera acordado remunerar a Karina Milei por facilitar reuniones con el presidente. Máxime cuando dicho documento carece de firmas, lo cual hace que que tal elemento en términos probatorios, carezca de valor documental”, concluyó.Los peritajes determinaron que esa nota había existido en la aplicación Apple Notes del dispositivo, pero no pudieron comprobar que hubiera sido enviada a terceros ni que hubiera sido recibida o aceptada por alguno de los involucrados. Por eso, el juez concluyó que no se acreditó un intercambio ilícito ni una intermediación remunerada atribuible a Karina Milei.La resolución también menciona la decisión de un tribunal federal de Nueva York que rechazó en septiembre una demanda civil contra Kelsier Labs y otros acusados vinculados con el token, por motivos procesales y de fondo. Con el sobreseimiento, el juzgado ordenó archivar el expediente. 

Una llamada anónima al servicio de emergencias 101 alertó en Concordia sobre un presunto intercambio: una mujer habría entregado a su hija de 15 años a un hombre, a cambio de una vivienda precaria. La adolescente fue localizada posteriormente en Mercedes, Corrientes, y rescatada durante un procedimiento de Gendarmería Nacional.Según los antecedentes de la causa, días después de recibir aquella comunicación, la policía entrerriana citó a la madre por un expediente anterior de lesiones en el que figuraba como víctima. Ya en la dependencia, la mujer accedió a comunicarse desde su teléfono celular con el hombre que se encontraba con su hija.Durante esa conversación, el sospechoso proporcionó su nombre, apellido y domicilio. Con esa información se realizó el allanamiento que permitió encontrar a la adolescente y detenerlo.Sin embargo, el procedimiento utilizado para obtener esos datos se convirtió en el centro de una controversia judicial que terminó con la anulación de las actuaciones y el sobreseimiento de los implicados.

La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes consideró que la convocatoria a la madre había funcionado como un engaño para conseguir información sin advertirle sus derechos como sospechosa. Entendió que se había vulnerado la garantía contra la autoincriminación y que esa irregularidad afectaba también a las pruebas obtenidas posteriormente, según consignó Diario Judicial.

El Ministerio Público Fiscal recurrió esa resolución y consiguió que la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, la dejara sin efecto.El tribunal hizo lugar al recurso y remitió las actuaciones al órgano de origen. La decisión permite continuar la investigación contra la mujer y el hombre por presunta trata de personas con fines de explotación, agravada por la edad de la víctima. No implica una declaración de culpabilidad, sino la revisión del cierre del expediente.En el voto que encabezó el acuerdo, Carbajo sostuvo que no se había acreditado intimidación ni coacción sobre la madre. Desde esa perspectiva, consideró que la información había sido aportada voluntariamente y cuestionó la interpretación que el tribunal anterior realizó de la prohibición de autoincriminación.

Casación señaló que esa garantía protege frente a la imposición física o moral de declarar contra uno mismo y que la anulación de una prueba requiere demostrar un perjuicio concreto. También remarcó que la exclusión de evidencias constituye una medida excepcional.

Borinsky y Hornos añadieron otro fundamento: la investigación contaba con una fuente independiente del llamado realizado por la mujer. La denuncia al 101 había sido ratificada y contenía datos que permitían desarrollar una pesquisa autónoma.Hornos invocó, además, la teoría del descubrimiento inevitable, al considerar que las medidas razonables de investigación habrían permitido llegar al mismo resultado aun sin utilizar el acto cuestionado.

Con la resolución de Casación, el expediente deberá continuar en el juzgado Federal de Paso de los Libres. El fallo también subrayó el deber del estado de actuar con especial diligencia cuando se investiga un posible delito contra una niña, un niño o un adolescente

08:00

Herrera, Agustina Ayelén s/ robo agravado. Audiencia de juicio. Sala 4.

C.N.A. s/ lesiones leves calificadas. Lectura de sentencia.

P.R.A. s/ abuso sexual. Lectura de sentencia.

08:15

- B.R.A. s/ incendio. Audiencia de garantías para remisión a juicio.

08:30

Z.F.A. s/ violación de domicilio. Audiencia de juicio. Sala 4.

Muñoz, Nelson Alejandro; Capovilla, Yanina Noelia Inés; Monzón, Antonio Marcos y Marzoratti, Ariel Jesús s/ privación abusiva de la libertad. Audiencia de juicio. Sala 1.

09:00

C., F.S. s/ abuso sexual sin acceso carnal agravado. Audiencia de juicio por procedimiento abreviado. Sala 4.

NN s/ abuso sexual. Audiencia de garantías para anticipo jurisdiccional de prueba.

Paiz, Guido Rodolfo s/ hurto. Audiencia de garantías por probation.

Zapata, Marcelo Jorge Raúl s/ robo con escalamiento. Audiencia de garantías para remisión a juicio.

10:00

M.O.M. s/ abuso sexual. Audiencia de garantías por prisión preventiva.

A., E.C. s/ abuso sexual gravemente ultrajante agravado. Audiencia de juicio multipropósito. Sala 4.

González, Ramón Alberto y otro s/ robo. Audiencia de garantías por prórroga de prisión preventiva.

11:00

Vega, Exequiel Martín y Pucheta, Gian Marcos s/ robo. Audiencia de garantías por prisión preventiva.

Ramírez, José Andrés s/ robo en grado de tentativa. Audiencia de juicio por procedimiento abreviado. Sala 4.

M.F.D. s/ abuso sexual. Audiencia de garantías para remisión a juicio.

12:00

S.G.M. s/ abuso sexual con acceso carnal. Audiencia de garantías por prórroga de medidas de coerción.

R.E.R. s/ desobediencia. Audiencia de garantías por prisión preventiva.

El período de inscripción se encontrará habilitado desde hoy 23 de octubre a las 7 hasta el 6 de noviembre próximo a las 7.

Perfil requerido-Residir en la localidad asiento en el que desempeñe su cargo, Art. 17 Inc. 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.-Incompatibilidades según la Ley Nº 7413, Ley Nº 6902 y Ley Nº 5143.-Título habilitante, antigüedad mínima y formación, según los previstos en el art. 16 LPF – 10668 y los mencionados en el Acuerdo General Nº 02/21 del 18-02-21, Punto 4º del Superior Tribunal de Justicia.-Disponibilidad horaria de acuerdo lo estipulado en el Art 10 de la Ley N° 5143-Disponibilidad de movilidad propia y licencia de conducir vigente.-Disponibilidad de traslado a jurisdicciones cercanas cuando el servicio lo requiera.

El Dr. Miguel Ángel Cullen había cuestionado los cálculos, la imputación de gastos familiares y la validez constitucional del delito investigado. El juez Mariano Budasoff deberá resolver.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Sergio Urribarri quedó pendiente de una definición judicial después de una nueva confrontación entre la Fiscalía y su defensor, Miguel Ángel Cullen. Los representantes del Ministerio Público Fiscal ratificaron el pedido de remisión a juicio y rechazaron las objeciones sobre los montos de la acusación y el informe contable que la sustenta.

Según la detallada cobertura de Análisis, una fuente de referencia cuyo seguimiento implacable mantiene el caso bajo escrutinio público, los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano respondieron a los cuestionamientos formulados por la defensa durante la audiencia anterior.

La decisión corresponde al juez de Garantías número 3, Mariano Budasoff, quien anticipó que comunicará con antelación cuándo dará a conocer su resolución. Por ahora, no está definida la elevación a juicio en esta instancia.

Uno de los principales desacuerdos gira alrededor de la correspondencia entre los montos imputados a Urribarri y las conclusiones del trabajo contable.

Cullen había sostenido que las cifras de la acusación no coincidían con el informe y reclamó una nueva pericia oficial. Ramírez Montrull respondió que esa interpretación surgía de una lectura parcial de los anexos.Según explicó el fiscal, el defensor consideró la planilla sobre capacidad de ahorro, pero dejó fuera los gastos que la investigación identifica como no justificados, resumidos y actualizados en el Anexo J4. Afirmó que, al sumar ambos componentes, se obtienen los importes incluidos en la imputación.“No hay ningún centavo de diferencia”, sostuvo Ramírez Montrull.

El representante del MPF también defendió la naturaleza pericial del informe. Señaló que fue elaborado con intervención de una contadora de la Fiscalía y un contador de parte, quienes alcanzaron conclusiones conjuntas. Consideró extemporáneos los cuestionamientos y sostuvo que el ofrecimiento de una nueva pericia debe discutirse en la instancia de admisión de prueba correspondiente.

Otro punto del planteo de Cullen fue la incorporación de consumos de distintos integrantes de la familia al patrimonio cuestionado de Urribarri. El abogado pidió individualizar esas erogaciones y atribuir a su defendido únicamente las adquisiciones que le correspondieran.

Badano respondió que la hipótesis fiscal se apoya en la documentación sobre pagos y gestiones realizados por el empresario Diego Armando Cardona Herreros y su firma Relevamientos Catastrales SA, contratista del Estado provincial y también investigados en el expediente.

De acuerdo con la exposición del fiscal recogida por Análisis, distintas facturas de viajes aparecían a nombre del empresario o de la compañía. También mencionó planillas internas con las iniciales “SDU”, en las que, según la acusación, se registraban gastos atribuidos al exmandatario.Badano sostuvo que esos elementos permiten vincular las erogaciones con Urribarri, aunque los beneficiarios de algunos viajes fueran familiares. Esa interpretación es discutida por la defensa y deberá ser evaluada judicialmente.

La Fiscalía también hizo referencia a remodelaciones y compras para el departamento de calle Lafinur, en la Ciudad de Buenos Aires. Aunque reconoció que el inmueble fue adquirido a nombre de Bruno Urribarri en 2005, afirmó que era utilizado por el grupo familiar y que empleados de Relevamientos Catastrales intervenían en las gestiones y la facturación.

Cullen planteó, además, la inconstitucionalidad de la figura de enriquecimiento ilícito. Badano solicitó rechazar ese cuestionamiento y citó antecedentes judiciales provinciales y nacionales, entre ellos los casos de Domingo Daniel Rossi, Mario Yedro, María Julia Alsogaray y Raúl Taleb.

El fiscal sostuvo que existen decisiones que respaldan la validez del tipo penal y afirmó que Urribarri tuvo oportunidad de explicar la evolución de su patrimonio.La controversia incluye el alcance de la obligación de justificar el incremento patrimonial y su relación con las garantías de defensa.

Los fiscales solicitaron que se rechacen la nulidad del requerimiento de elevación, las objeciones al informe contable y el cuestionamiento constitucional. También defendieron la precisión de los hechos, los períodos y los montos incluidos en la acusación.

Badano distinguió el fundamento necesario para llevar el caso a juicio de la certeza exigible para una condena. Sostuvo que, para la Fiscalía, existen elementos suficientes para discutir la acusación en un debate oral, donde deberá evaluarse la prueba.

La situación de Urribarri queda así sujeta a la decisión de Budasoff. El juez deberá resolver los planteos pendientes y determinar cómo continúa el procedimiento.

Hasta entonces, persiste una disputa central: la defensa cuestiona la construcción contable y jurídica de la acusación, mientras que los fiscales aseguran que sus cifras y fundamentos permiten avanzar hacia el juicio.

Los abogados Miguel Ángel Cullen -por Urribarri- y José Raúl Velázquez -por Cardona Herreros-, reclamaron una pericia contable oficial en la causa y, en el caso puntual de Urribarri, pidieron explicaciones sobre los montos que la Fiscalía achaca como injustificados.La audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 9.30, oportunidad en la que los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull contestarán a los planteos defensivos. La instancia judicial se desarrolla ante el juez de Garantías N°3, Mariano Budasoff.                                                                  La lupa sobre los supuestos montos injustificadosDurante el alegato de ayer, los fiscales fueron dando los montos que, desde 2008 a 2015, año por año, el exgobernador no pudo justificar con sus ingresos formales, y eso funda la necesidad de llevar a juicio la causa. “Esto es una verdad a medias”, respondió Cullen. Agregó que los montos de dinero expuestos por los fiscales “llevan a confusión” y, por lo tanto, no pueden defenderse. “Debemos tener bien en claro el monto no justificado”, acotó. Y puntualizó que la Fiscalía le achaca a Urribarri haberse enriquecido en 11 millones 546 mil 740 pesos con 92 centavos; 7 millones 245 mil 441 dólares; y 16 mil 300 euros. “No encontramos un atisbo de dónde surgen estos montos. Voy a hacer una aclaración. La realización del informe pericial abarcó casi dos años. Tiene más de 500 fojas. No es un análisis meramente formal. De ese análisis no surgen los más de 11 millones 546 mil pesos, porque del grupo familiar surge un monto de 6 millones de pesos no justificados. ¿Y el monto de 7 millones de dólares? ¿Sabe cuánto es el monto en dólares de acuerdo al informe pericial? 103 mil 217 dólares con 93 centavos, de los cuales 66 mil pertenecen a 2012, que es el año en que Bruno Urribarri volvió del Asteras Trípoli de Grecia”.“Venimos a contestar una remisión que nos habla de un supuesto crecimiento patrimonial 70 veces más que lo que dice la propia perito. Esto sostienen los fiscales, más de 7 millones de dólares. Esto no nos permite defendernos. Acá hay cuestiones contables que nos exceden a los propios defensores y fiscales, somos abogados. Pero el informe contable es la madre de las pruebas en una causa por enriquecimiento. Debemos sentarnos frente a un tribunal con una hipótesis de la que no podemos defendernos”, advirtió el abogado.Recordó que “en un principio se investigó a todo el grupo familiar”. “Los fiscales aseguraron que en 2008, de acuerdo al informe contable, existió una diferencia de 108 mil 500 pesos. Cuando uno va al cuadro específico del informe contable, el monto coincide. Sin embargo, los fiscales dijeron acá que en 2009 el monto fue de 197 mil 691 pesos, pero cuando vamos al cuadro del informe pericial, no es ese el monto. No sabemos de dónde sale la diferencia”, planteó. “Estas diferencias que surgen de un cotejo sencillo y abierto entre el informe y lo que dijeron los fiscales hacen que nosotros no tengamos un elemento central para defendernos. No tenemos el detalle claro, preciso y circunstanciado de la acusación, y qué conducta le reprochan a Urribarri”, sintetizó el defensor.Cullen recalcó además que la actividad de Bruno Urribarri en el fútbol profesional no se tuvo en cuenta. “Bruno es jugador de fútbol profesional, con ingresos superiores a la media, ingresos más abultados que el común de la gente. Jugó en Europa y en los dos clubes más grandes del país. Bruno es el dueño de la finca de calle Lafinur (CABA). La compró en 2005, y esto surge del propio informe contable. El 6 de octubre de 2005, Bruno compró la finca de calle Lafinur”, contestó. “Acá escuchamos que cada gasto realizado en esa finca dependió del señor Urribarri”.También refirió a un intercambio de correos electrónicos entre una empleada de Relevamientos Catastrales y uno de los hijos de Urribarri, en relación a una reserva de hotel. “No se leyó que el hijo de Urribarri le contesta a la empleada que si no encuentra hotel le reserve un hostel”, acotó.  

El reclamo de UrribarriEn su exposición, el abogado Miguel Cullen hizo señalamientos y pedidos que los fiscales deberán contestar mañana. Reclamó que se declare la nulidad de la remisión a juicio de la causa por enriquecimiento ilícito. Y solicitó: Que se realice una pericia contable oficial, con los peritos designados por el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Cabe señalar que en la causa existe un “informe contable” realizado por una contadora del Ministerio Público Fiscal (MPF) y un contador de parte. La elaboración del documento, que tiene más de 500 fojas, llevó varios años.Que se deslinde el gasto puntual que hizo Urribarri entre 2008 y 2015, dejando de lado los consumos que hicieron otros miembros del grupo familiar.Que se espere la respuesta a los exhortos librados al club de fútbol de Grecia, que nunca contestó. 

El abogado aseguró que el requerimiento de elevación a juicio “mezcla” los patrimonios de los integrantes familiares y por todo se le pide explicación solo a Sergio Urribarri. “Lo único que se hizo acá fue sumar y sumar montos que no se condicen con la prueba de la Investigación Penal Preparatoria (IPP)”. “Esto responde a una idea y voluntad del MPF de acusar. No podemos defendernos de la hipótesis, tenemos que defendernos de una acusación clara, concreta y circunstanciada”. (Fuente: Analisis)

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) determinó que el 10 y el 11 de noviembre de este año se realizarán las audiencias orales del caso que Argentina inició contra el Reino Unido por la explotación de petróleo en el Atlántico Sur.A través de una orden firmada el martes por el presidente de la entidad, el juez Maurice Kamga, el tribunal con sede en Hamburgo, estableció las instancias en las que resolverá si frena el proyecto Sean Lion en la cuenca del norte de las Islas Malvinas mientras se conforma el tribunal que abordará la cuestión de fondo.Las audiencias se llevarán adelante en la sala principal del organismo, serán públicas y podrán verse en vivo por la web del ITLOS. Los integrantes del cuerpo diplomático, la prensa y el público en general pueden registrarse con antelación para concurrir de manera presencial. El 10 y 11 de noviembre, el tribunal tendrá que analizar si tiene jurisdicción prima facie, si la urgencia justifica accionar y si las medidas pedidas son proporcionales.Argentina pide que se ordene al Reino Unido impedir el comienzo o la continuación de la explotación petrolera en la zona, que se abstenga de utilizar información conseguida durante la exploración en perjuicio de los derechos argentinos, que cese de impedir el cumplimiento de obligaciones ambientales y que no brinde nuevas autorizaciones que puedan agravar el conflicto.La determinación se conoce una semana después de que el gobierno de Javier Milei presentara su pedido de medidas provisionales, el 13 de octubre.

EL INICIO DEL CONFLICTOLa orden del magistrado Kamga, registrada como caso número 37 en el tribunal, formaliza un procedimiento que empezó el pasado 28 de septiembre, cuando Milei le dio la orden a la Cancillería para comenzar un arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) y avisó de manera formal a Londres. Si en dos semanas no se frenaba la explotación, Argentina recurriría a Hamburgo.El plazo finalizó el 12 de octubre sin modificaciones en la postura adoptada por Gran Bretaña. Al día siguiente, el canciller Pablo Quirno formalizó el pedido ante el ITLOS, basándose en el artículo 290, inciso 5, de la Convemar, que autoriza solicitar medidas provisionales cuando todavía no se ha conformado el tribunal arbitral y la urgencia de la situación lo demanda. El Reino Unido ya había rechazado las medidas el 11 de octubre, en una nota que el texto argentino califica como “una mera repetición de argumentos previamente planteados”.La presentación, de 49 páginas, con la firma del embajador Mario Oyarzábal como agente ante el tribunal, fue elaborado junto con la Cancillería y la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal.

EL YACIMIENTOEl yacimiento en conflicto se encuentra a 107 millas náuticas, aproximadamente 198 kilómetros, al norte de las Islas Malvinas, sobre una superficie de 541,40 kilómetros cuadrados, dentro de la licencia PL032. La operación la conduce la empresa israelí Navitas Petroleum, que maneja el 65% del proyecto, y la británica Rockhopper Exploration, el 35% restante. Ambas tomaron la decisión final de inversión a fines de 2025 y establecieron como inicio de la producción el primer trimestre de 2028. Agencia NA.

La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, dejó sin efecto formalmente su sentencia contra la Argentina y dio por cerrada la etapa de primera instancia en el juicio por la estatización de YPF.

La resolución acata el fallo de la Cámara de Apelaciones que revocó la condena millonaria y traslada la definición final a la Corte Suprema estadounidense, que deberá determinar si acepta tratar la apelación del fondo Burford Capital.La magistrada puso fin a su intervención en la causa tramitada en Nueva York por la expropiación de la petrolera en 2012 durante la gestión de Cristina Kirchner. Con esta orden, Preska dejó sin efecto el fallo emitido en 2023 que obligaba a la Argentina a pagar US$16.100 millones, monto que con intereses superaba los US$18.000 millones.La decisión judicial acata el pronunciamiento dictado en marzo por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, donde los jueces Denny Chin y Beth Robinson, con la disidencia de José Cabranes, anularon la sentencia de primera instancia al concluir que se había interpretado de forma errónea la ley argentina.El tribunal de alzada resolvió que la legislación de expropiación argentina impide demandas de terceros que interfieran con el proceso expropiatorio, señalando además que el estatuto de YPF no constituye un contrato bilateral entre accionistas que habilite reclamos por daños. La instancia de apelación ordinaria quedó agotada luego de que el pleno del tribunal rechazara un pedido de revisión en junio.El fondo de litigios Burford Capital, financista de la demanda interpuesta originalmente por los exaccionistas Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park, presentó a principios de octubre un recurso de certiorari ante la Corte Suprema de Estados Unidos. En su presentación, el demandante calificó la decisión de la Cámara como “gravemente errónea, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes”.Sin embargo, la admisión del caso no es obligatoria para el máximo tribunal estadounidense. La Corte recibe entre 7.000 y 8.000 peticiones anuales y suele conceder la revisión de aproximadamente 80 expedientes, sin plazos fijados para expedirse.Al mismo tiempo, Burford abrió de manera paralela un reclamo arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial, en representación de las sociedades Petersen. Agencia NA

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) presentó este lunes 19 de octubre, en los Tribunales de Paraná, el segundo módulo del Sistema Interinstitucional de Abordaje de la Violencia (SIAV), destinado a centralizar información sobre recursos de alojamiento para mujeres en situación de violencia de género.

La incorporación apunta a facilitar la articulación entre las instituciones que intervienen ante estas situaciones y brindar respuestas integrales y oportunas a las víctimas y sus hijos e hijas.El SIAV es una plataforma web compartida que organiza la información alrededor de cada mujer mediante un legajo único, con distintos niveles de acceso según el perfil del organismo interviniente. Su alcance comprende áreas de Justicia, Salud, Seguridad y asistencia, con el propósito de reducir la fragmentación de las intervenciones estatales.Del acto participaron el presidente del STJER, Germán Carlomagno; las vocales Susana Medina, Claudia Mizawak, Gisela Schumacher y Laura Mariana Soage; el vocal Leonardo Portela; la intendenta de Paraná, Rosario Romero, y el defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez, entre otras autoridades.

Coordinación para responder a la urgenciaDurante la apertura, Susana Medina sostuvo que garantizar el acceso a la Justicia de los sectores más vulnerables constituye un mandato legal, constitucional y convencional. Repasó las herramientas desarrolladas por el tribunal para abordar la violencia de género y destacó el trabajo de los juzgados de Paz y los acuerdos con los municipios.Gisela Schumacher explicó que el SIAV busca resolver dificultades de comunicación entre las instituciones. Señaló que la tecnología permite compartir información y establecer criterios comunes para la recepción de denuncias, aunque subrayó que su funcionamiento también depende de los acuerdos entre los organismos.

Por su parte, Laura Mariana Soage remarcó que la violencia afecta distintas dimensiones de la vida de las mujeres y requiere una respuesta estatal integral. “Ninguna institución puede trabajar sola”, afirmó, al destacar la necesidad de articular capacidades para acompañar a las víctimas.La vocal también reconoció el impulso de la secretaria general del STJER, Elena Salomón, en el desarrollo del proyecto y pidió preservar la empatía en las intervenciones: “Detrás de cada dato y de cada registro hay una mujer que sufre”.

Evaluación y recursos de protecciónLa directora de la Oficina de la Mujer del STJER, Fernanda Baima, explicó que el sistema surgió de un diagnóstico compartido con los organismos de la Mesa Interinstitucional de Violencia. Entre las dificultades identificadas mencionó la falta de intercambio de información, que lleva a las mujeres a reiterar su relato cada vez que buscan asistencia en una institución diferente.

Durante la jornada, Victoria Delaude, coordinadora técnica provincial de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios, presentó un informe de evaluación de la etapa de prueba iniciada en marzo. Ese trabajo analizó el comportamiento del predictor de riesgo y las sugerencias de medidas como apoyo a las decisiones judiciales en situaciones reales de recepción de denuncias.La secretaria provincial de Políticas del Cuidado, Ayelén Acosta, destacó la participación de las áreas municipales de la Mujer, que suelen constituir el primer espacio de consulta de las víctimas. Además, sostuvo que el alojamiento debe entenderse como una instancia de protección orientada a fortalecer la autonomía de las mujeres y de sus hijos e hijas.

La actividad incluyó una reunión de la Mesa de Trabajo Interdisciplinaria e Interinstitucional, destinada a coordinar acciones con universidades, equipos de investigación y organizaciones de la sociedad civil.

Hoy martes 20 de octubre, de 9 a 18 horas, los abogados de todo el país elegirán a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, el organismo encargado de seleccionar y disciplinar jueces, y administrar los recursos del Poder Judicial de la Nación.En Entre Ríos hay 4120 abogados con la matrícula federal habilitados para votar en estos comicios, en los que se definirán los representantes de la profesión para los próximos cuatro años. La elección en la provincia se realizará en cinco ciudades en simultáneo: Paraná (2001 electores), Concepción del Uruguay (733 electores), Concordia (599 electores), Victoria (349 electores) y Gualeguaychú (438 electores).En esta elección competirán cuatro listas, entre ellas, la Lista 3 – Unidad en Defensa de la Abogacía, encabezada por Alberto “Nacho” Biglieri y Claudia Sarmiento. La agrupación presentó siete compromisos vinculados con la selección de jueces, la independencia judicial, la defensa del ejercicio profesional, la rendición de cuentas y la modernización de la Justicia. “Los abogados conocemos de primera mano los problemas que enfrenta la Justicia porque trabajamos todos los días en los tribunales. Sabemos lo que significan las demoras, las dificultades para cobrar nuestros honorarios y la falta de respuestas. Por eso es importante que participemos de esta elección y que nuestros representantes conozcan la realidad de la profesión”, señaló la abogada sanjuanina Claudia Sarmiento.Uno de los principales debates de esta elección gira en torno a los mecanismos de selección de magistrados. Desde la Lista 3 plantean la necesidad de reducir la discrecionalidad en los concursos, respetar el orden de mérito y equiparar la valoración de la experiencia profesional de los abogados independientes con la de quienes desarrollan su carrera dentro del Poder Judicial.En ese sentido, Biglieri sostuvo recientemente que buscan que los antecedentes de los abogados tengan el mismo valor que los de los funcionarios judiciales y reducir el peso de las entrevistas personales en la calificación final de los concursos.La Lista 3 está vinculada a la colegiatura federal de los abogados y reúne, además, a distintas agrupaciones de abogados, entre ellas Abogados en Acción, espacio liderado por la actual consejera Jimena de la Torre, y Abogados por Argentina. Durante los últimos cuatro años, desde la representación del espacio en el Consejo de la Magistratura se impulsaron iniciativas relacionadas con la transparencia en la selección de magistrados, el cumplimiento de la ley de honorarios profesionales y el control del desempeño judicial.“Los abogados necesitamos una representación que conozca las distintas realidades de nuestra profesión, que escuche a los colegios de todo el país y que rinda cuentas de sus decisiones. Hemos trabajado para que estos temas estén presentes en la agenda del Consejo de la Magistratura y sabemos que todavía hay muchos desafíos pendientes”, expresó Sarmiento. Finalmente, la candidata destacó la importancia de la participación de los profesionales en las elecciones. “El 20 de octubre cada abogado tiene la oportunidad de elegir quiénes van a representarlo en un organismo que toma decisiones fundamentales para la Justicia. Es importante que todos nos involucremos y hagamos escuchar nuestra voz”, concluyó. Los abogados habilitados para votar deberán consultar previamente el padrón electoral para verificar su lugar de votación. La consulta puede realizarse en la página de Abogados en Acción: https://abogadosenaccion.com.ar/donde-voto/, por WhatsApp al +54 9 11 5633-1757 o en el sitio web de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).

Será a partir de las 8.30 en el Colegio de la Abogacía (Hipólito Irigoyen 629), en el marco del legajo “Heis, Ángel Marcos-Heis, Johann Nazareth s/Homicidio simple”.

El juez técnico del debate, que se extenderá hasta el viernes próximo, será el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Aníbal Lafourcade. En tanto, el Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal José Arias. Por su parte, los imputados, que lleganal juicio en libertad, serán asistidos por los abogados Pablo Palacio y Martín Lombardo.

Se trata del juicio por jurados número 172 que se realiza en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

Este lunes, a las 9, otra situación judicial de Sergio Daniel Urribarri volverá a quedar frente a un juez, pero esta vez como un preso que cumple condena en la Unidad Penal n.º 9 El Potrero de Gualeguaychú. El juez de Garantías Mariano Budasoff retomará en el Salón de Audiencias n.º 1 de los Tribunales de Paraná la audiencia de apertura de causa a juicio en el legajo por enriquecimiento ilícito, el expediente que debe resolver si el dos veces gobernador entrerriano se sentará otra vez en el banquillo de un juicio oral y público. Urribarri, si su abogado defensor así lo requiere, podría participar por zoom de la audiencia, aunque no es una exigencia su presencia.

Es la continuidad de un debate que quedó congelado en abril. Las audiencias de remisión a juicio, pedidas por la Fiscalía en noviembre de 2023, se habían programado para casi todo marzo y abril de este año. Pero el trámite se frenó cuando los defensores consiguieron que se concediera, con efecto suspensivo, una apelación contra el rechazo de sus pedidos de exclusión de prueba. Recién el 28 de agosto Budasoff fijó la nueva fecha. Ahora, el expediente vuelve a moverse.                   

Por el Ministerio Público Fiscal intervendrán los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull. La defensa técnica de Urribarri estará a cargo del abogado Miguel Ángel Cullen, el mismo que en las últimas semanas planteó ante la Justicia de Ejecución las condiciones de detención del exgobernador en la UP9. El empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, titular de Relevamientos Catastrales SA y coimputado en la causa, será asistido por los abogados José Raúl Velázquez y Esteban Ignacio Díaz.

El tercer imputado original, Rubén Ángel Martínez, ya no forma parte del proceso. Jubilado, de más de 70 años, quedó afuera del juicio oral en mayo de 2024, cuando el juez de Garantías Julián Vergara homologó un acuerdo de suspensión de juicio a prueba por tres años. La Fiscalía le reprochaba haber comprado en 2011 un vehículo a su nombre y tramitado luego una tarjeta azul para que lo usaran Mauro Urribarri, hijo del exgobernador, y Ana Lía Aguilera, su esposa. También le atribuía haber facilitado el ingreso al país de obras de arte traídas de Europa con destino a la familia Urribarri.

El corazón de la acusación es una cifra: alrededor de 7 millones de dólares. Es el incremento patrimonial que, según los fiscales, Urribarri no pudo justificar durante los años en que ejerció funciones públicas. La pericia contable firmada por la perito oficial Romina Stepanic Pouey y el perito de parte Cristian Dumé llevó ese crecimiento, para el período en que fue gobernador, entre 2008 y 2015, a una suma cercana a los 9 millones de dólares.

El legajo n.º 10.059, caratulado Urribarri Sergio D. y otros s/ enriquecimiento ilícito, describe un hecho único de carácter continuado: el aumento injustificado del patrimonio del exmandatario, con la intervención de Cardona Herreros como persona interpuesta para administrar y ocultar bienes y fondos. La hipótesis fiscal arranca en 2007, cuando Urribarri todavía era ministro de Gobierno de Jorge Busti, y sigue durante sus dos gestiones. Según la acusación, desde el Estado se favoreció a Relevamientos Catastrales en distintas contrataciones vinculadas con sistemas informáticos, con acuerdos previos y entrega anticipada de información, y con sobreprecios que luego habrían servido para pagar sobornos a funcionarios.

Los investigadores reunieron información patrimonial y financiera no solo del exgobernador, sino también de su esposa y de sus hijos: Sergio Damián, empleado legislativo; Mauro Gabriel, exministro de Gobierno de Gustavo Bordet; Bruno Saúl, futbolista; y Franco Daniel, productor televisivo.

En el escrito de remisión a juicio, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano pidieron para Urribarri 5 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo. Para Cardona Herreros solicitaron 5 años de prisión efectiva, en calidad de partícipe.  

Lo que se discute en esta etapa no es todavía la culpabilidad, sino si la causa está en condiciones de llegar a juicio. Y las defensas dieron batalla en todos los frentes. Entre el 25 y el 26 de marzo, Budasoff rechazó uno por uno sus planteos: la prescripción de la acción penal, la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 67 del Código Penal, la violación del plazo razonable y el supuesto doble juzgamiento. Ante la queja de que el expediente lleva más de diez años abierto, el juez invocó la complejidad de la causa y recordó que Urribarri siguió en funciones públicas hasta 2019 y volvió a ellas en 2020 como embajador, lo que suspende el cómputo de la prescripción.

También desestimó los pedidos para excluir los registros de llamadas obtenidos de las empresas telefónicas, la evidencia digital y los informes técnicos del Gabinete de Informática Forense. Los abogados sostuvieron que hubo una ruptura de la cadena de custodia en el allanamiento realizado en 2018 en un inmueble vinculado a Cardona Herreros, en el country San Jorge Village de Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires. El 20 de abril, el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones Gervasio Labriola confirmó lo resuelto por Budasoff, y las defensas anunciaron que insistirían ante la Cámara de Casación.

El expediente se abrió el 22 de diciembre de 2015, a partir de una denuncia de los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, tras una investigación de la revista ANÁLISIS sobre el patrimonio de la familia Urribarri. En noviembre de 2017, otra investigación de esta revista, El amigo paraguayo, firmada por Daniel Enz, expuso la trama que unía al exgobernador con Cardona Herreros. Casi once años después de la primera denuncia, la causa todavía no llegó a juicio. Ambas se unirán en una causa para llevar adelante el juicio y con una pena también unificada.

La audiencia de este lunes llega en el peor momento judicial de Urribarri. Desde septiembre está alojado en la UP9 de Gualeguaychú, donde cumple la condena firme a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua dictada en abril de 2022 en el megajuicio, por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. En el mismo penal están su cuñado, Juan Pablo Aguilera, y su exministro de Comunicación, Pedro Báez. El 24 de septiembre tuvo, de manera virtual, su primera audiencia de control ante la jueza de Ejecución de Penas, Cecilia Bértora. Y se entiende que sucederá lo mismo este lunes. (Fuente: Analisis) 

Los robos de ganado registrados en Bovril, Santa Elena, Villaguay, La Paz y otras zonas de la provincia motivaron una reunión entre representantes del sector agropecuario, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Económico y autoridades de la Policía de Entre Ríos. El encuentro permitió repasar las principales preocupaciones de los productores y evaluar medidas para fortalecer la prevención y la investigación del abigeato.

El ministro Guillermo Bernaudo recibió a los dirigentes junto al jefe de la Policía provincial, Claudio González, y al director general de Delitos Rurales, Cristian Allegrini. Por las entidades participaron Mariano Berisso, director de la Sociedad Rural Argentina en Entre Ríos; Matías Martiarena, de Federación Agraria Argentina; y Maximiliano Muller, vicepresidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos.

Entre los temas abordados figuró la adquisición de vehículos y drones equipados con visión nocturna y térmica para las tareas de patrullaje. También se analizaron los controles de hacienda en establecimientos rurales, embarcaderos y puertos.

Otro de los puntos fue la elaboración de un protocolo de actuación ante la presencia de animales sueltos, mediante un acuerdo entre la Policía entrerriana y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Los representantes rurales, además, reclamaron mayor celeridad en la tramitación de las causas judiciales y plantearon la necesidad de disponer de fiscalías especializadas en delitos rurales. Para trasladar estas inquietudes, se prevé solicitar una reunión con representantes del Superior Tribunal de Justicia.

Del encuentro también participaron el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Ho; la coordinadora general del Ministerio de Desarrollo Económico, Paula Vicari; el director de Producción Animal, Martín Sieber; y el secretario de Finanzas de Federación Agraria Argentina, Sebastián Klug.

En una jornada de trabajo se exhibirá el Módulo 2 “Alojamiento Seguro” del sistema, que permitirá poner a disposición de los/as usuarios/as toda la información vinculada con los recursos de alojamientos destinados a mujeres en situación de violencia de género. También se reunirá la Mesa de Trabajo Interdisciplinaria e Interinstitucional, la que fue conformada a los fines de realizar un trabajo articulado con universidades, equipos de investigación y organizaciones de la sociedad civil.

El SIAV constituye una herramienta creada por el STJER con el propósito de mejorar la respuesta del Estado frente a los casos de violencia de género, mediante la integración, organización y circulación segura de información relevante entre las instituciones que intervienen en la materia. El proyecto surgió de la necesidad de superar la fragmentación informativa entre organismos del Estado, lo que dificulta garantizar la protección integral y oportuna de las víctimas.A partir de su vigencia y puesta en marcha, todas las áreas con competencia en materia de género estarán vinculadas, permitiendo dar una rápida respuesta a las víctimas de violencia.

Durante la jornada matutina de trabajo se presentará el Módulo 2 “Alojamiento Seguro” del sistema desarrollado junto al equipo de la Startup Data Género, luego de que la propuesta elaborada por el STJER fuera premiada en el “Concurso de Innovación para la Justicia”, impulsado por el BID y JusLab. Habrá transmisión pública, de 10 a 12, a través del canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del STJ.A esta instancia se arriba luego de haber trabajado en forma conjunta con el Poder Ejecutivo provincial, a través de la Secretaría de Políticas de Cuidado y la Dirección de Mujeres, en la realización de pruebas y la puesta a punto de dicho módulo, con las correspondientes etapas de validación que concluyeron satisfactoriamente.  Bajo la concepción del SIAV como una plataforma interconectada e interinstitucional, estructurada sobre la premisa de que ninguna institución puede producir aisladamente una respuesta integral frente a las situaciones complejas de violencia, desde el Poder Judicial se convocó a universidades, equipos de investigación, organizaciones de la sociedad civil e instituciones especializadas que pudiera contribuir desde sus respectivos saberes y trayectorias, al desarrollo, implementación y  evaluación del sistema.En ese sentido, durante la tarde diversas instituciones mantendrán un encuentro para articular y promover la producción, construcción de consensos y el acompañamiento técnico del proceso de implementación del SIAV.La jornada de trabajo es articulada desde la Oficina de Violencia de Género del STJER, la Oficina de la Mujer del STJER y la Coordinación Técnica de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETIs).

La iniciativa se encuentra en desarrollo en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación y la convocatoria fue en el marco del interés que despertó el nuevo sistema de automatización de sucesorios implementado por el Poder Judicial en Entre Ríos y que fuera presentado en un congreso en Italia.

La magistrada fue invitada por el Director Nacional de Asistencia Técnica y Apoyo a las Justicias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctor Martín Cardone, reunión a la que asistió junto al Director del curso de capacitación de la Universidad de Buenos Aires (UBA), doctor Osvaldo Gozaíni.

El encuentro tuvo como puntapié la presentación de los desarrollos tecnológicos del poder judicial de Entre Ríos que realizó la jueza en una exposición el 24 de setiembre de este año titulada “Respuestas judiciales con IA para el mejor ejercicio de la tutela judicial efectiva” en el IV curso Internacional de Alta Especialización y sesionó bajo el tópico “El Derecho y la Inteligencia Artificial”, en la ciudad de Bari, Italia, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Departamento de Ciencias Políticas de la Università degli Studi di Bari Aldo Moro, que profundizó sobre aspectos críticos de la tecnología aplicada al ámbito jurídico.

En esa oportunidad, la jueza entrerriana presentó dos de los proyectos que desarrolla el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos en materia de tecnología y derecho: el de automatización de procesos sucesorios y el Sistema Integral de Abordaje de Violencia (SIAV) tanto los módulos en implementación como los proyectados.

Vale recordar que la automatización de sucesorios se organizó como una transformación en el fuero civil y comercial de la provincia, en un proyecto que contó con la participación de diferentes integrantes del Poder Judicial, tanto de la judicatura como de las áreas administrativas del STJ, en especial, el área de informática. Se trabajó durante tres años desde los inicios hasta su efectiva implementación, e implicó la reducción de los tiempos totales del trámite para la declaratoria de herederos desde un año y siete meses en promedio antes, hasta los 40 días hábiles de ahora. La trascendencia de dicho desarrollo también reside en la gobernanza y custodia de los datos, la seguridad jurídica de la información y la adaptación funcional a las necesidades específicas.Es así que el Poder Judicial de Entre Ríos reafirma su compromiso con la innovación tecnológica y la mejora continua, destacando que la construcción de herramientas digitales propias representa un verdadero cambio de paradigma en la gestión judicial.

En el curso también brindó una conferencia el vocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Concepción del Uruguay, Federico Lacava.Bajo el título “¿Hacia una civilización de agentes inteligentes? “, en conjunto con el profesor Piergiuseppe Otranto, afrontó el desafío que supone regular los riesgos sistémicos generados por la interacción de agentes inteligentes más avanzados, cuya operatividad, según declaran sus propios entrenadores, convierte en utópica toda supervisión humana.Por otra parte, bajo el lema “Desafíos del control judicial de las decisiones administrativas inteligentes”, Lacava profundizó los problemas que presenta a la magistratura humana la necesidad de lograr un control efectivo de las decisiones administrativas motorizadas por algoritmos más complejos haciendo uso de las técnicas jurídicas de las que tradicionalmente dispone.