Desde hace varios meses, en estas columnas se viene anticipando que Entre Ríos difícilmente llegue a las elecciones de 2027 con el sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Hoy ese escenario comienza a consolidarse.El gobernador Rogelio Frigerio cuenta con respaldo suficiente en la Legislatura para impulsar la eliminación de las primarias, una decisión que deberá resolverse antes del inicio del calendario electoral. Según los tiempos que manejan distintos sectores políticos, la definición debería producirse entre fines de este año y los primeros meses de 2027. Una vez puesto en marcha el cronograma electoral, ya no habría margen para modificar las reglas de juego.Las PASO rigen en Entre Ríos desde 2011. En sus primeros años solo eran utilizadas por los partidos que debían resolver internas, pero desde 2015 pasaron a ser obligatorias para todas las fuerzas políticas. Paradójicamente, fue el propio Frigerio quien en 2024 impulsó una amplia reforma política que mantuvo ese sistema e incorporó la Boleta Única de Papel.

El escenario cambióLa realidad política de hoy es muy distinta.La consolidación de la alianza entre Juntos por Entre Ríos y La Libertad Avanza, que ya mostró su fortaleza en las elecciones legislativas de 2025, modificó el mapa político provincial y también la estrategia electoral del oficialismo.Con un frente unificado, las PASO pierden parte de su razón de ser y pasan a convertirse en una instancia costosa y, para muchos dirigentes, innecesaria.Sin embargo, eliminar las primarias no implica que Frigerio tenga garantizada una nueva victoria como la que lo llevó a la Gobernación.

La cercanía con Milei abre otros interrogantesEs público y notorio que el mandatario entrerriano atraviesa uno de los mejores momentos de su relación política con el presidente Javier Milei.Las señales son numerosas. Frigerio acompañó prácticamente todas las iniciativas centrales del Gobierno nacional, evitó confrontaciones innecesarias y mantuvo una posición de colaboración permanente con la Casa Rosada. Incluso, varios reclamos de la provincia encontraron canales de diálogo que otros gobernadores no lograron construir.Esa cercanía política alimenta una hipótesis que comienza a repetirse en distintos ámbitos: quizá el destino de Frigerio no esté exclusivamente en Paraná.No son pocos quienes imaginan al gobernador ocupando un lugar de mayor protagonismo en un eventual segundo mandato presidencial de Milei. Su experiencia de gestión, su conocimiento del Estado nacional y su vínculo con distintos sectores políticos lo convierten en un dirigente con proyección para integrar un futuro gabinete nacional e incluso, según especulan algunos dirigentes, formar parte de una eventual fórmula presidencial.Por ahora son escenarios políticos, pero dejan en claro que el futuro del gobernador podría estar más cerca de los despachos de la Casa Rosada que del regreso definitivo a la Casa Gris.El desafío internoMientras tanto, si finalmente se eliminan las PASO, Frigerio concentrará la decisión sobre el armado de las listas.

No será una tarea sencillaLa coalición oficialista reúne radicales, dirigentes del PRO, peronistas no kirchneristas, socialistas e independientes. A ese esquema podrían sumarse con mayor protagonismo referentes de La Libertad Avanza.Habrá que distribuir lugares, equilibrar sectores y resolver tensiones que hasta ahora encontraban en las primarias una vía de canalización.A ello se suma otro dato político que comienza a observarse con atención: el radicalismo atraviesa un proceso interno que podría modificar el actual equilibrio de fuerzas. Si decide recuperar protagonismo y dejar atrás el rol secundario que muchos le atribuyen dentro de la alianza gobernante, el reparto de candidaturas podría volverse mucho más complejo.En definitiva, la eliminación de las PASO parece cada vez más probable. Pero el verdadero desafío para Frigerio no será aprobar esa reforma, sino administrar una coalición cada vez más amplia y definir cuál será su propio futuro político. Porque, si algo muestran los movimientos de los últimos meses, es que el horizonte del gobernador podría proyectarse mucho más allá de Entre Ríos.

• Sturzenegger, cada vez más cerca del centro del poder.Hay un dato que no pasó inadvertido: el lugar preponderante que Javier Milei le dio a Federico Sturzenegger al presentar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En política, las fotos y los lugares elegidos para cada protagonista suelen decir bastante. Y la sensación es que Sturzenegger está ganando influencia, particularmente en las decisiones económicas y regulatorias.

• ¿Y cómo cae eso dentro del equipo económico?No demasiado bien, según algunas versiones. Las diferencias con el sector que conduce Luis “Toto” Caputo existirían aunque hacia afuera se procure mostrar otra cosa. Selfies, fotografías compartidas y gestos públicos de convivencia ayudan, pero no necesariamente eliminan las tensiones. Habrá que seguir mirando.

• Los puertos pueden convertirse en un problema mayor.La desregulación del practicaje abrió un conflicto que amenaza con paralizar buena parte de la actividad portuaria. Y apareció una primera señal: el White Marlin, buque semisumergible que transporta equipos para el oleoducto de Vaca Muerta, debió quedar a la espera ante las dificultades para realizar sus maniobras. Una pequeña muestra de lo que podría venir si el conflicto escala.

• Una pregunta para las próximas horas: ¿Cordero o Monteoliva?Si el conflicto portuario continúa, habrá que observar qué camino elige el Gobierno. ¿Intentará resolverlo Julio Cordero desde Trabajo mediante una instancia de conciliación o terminará interviniendo el área de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva? La decisión puede mostrar mucho más que la forma de resolver un conflicto gremial.

• Manuel Adorni tendría una pregunta preparada: “¿Entonces el problema era yo?”.Durante bastante tiempo se le atribuyeron dificultades en la comunicación, problemas de gestión y hasta parte de los tropiezos legislativos del oficialismo. Alejado ahora de aquel centro de las críticas, algunos aseguran que observa lo que sucede preguntándose si realmente era él quien trababa el funcionamiento o simplemente resultaba una explicación conveniente para problemas mucho más profundos.

• Se terminó la feria judicial. Y algunos miran hacia Tribunales.Este lunes vuelve plenamente la actividad judicial y habrá despachos oficiales donde seguirán con especial atención determinados movimientos. Hay quienes se fueron al descanso con garantías de tranquilidad. Ahora llegará el momento de comprobar cuánto valían aquellas promesas.

• Otra vez Sturzenegger aparece en el Senado.La discusión sobre la Ley de Tierras tendrá al ministro nuevamente como protagonista indirecto. El Senado es hoy el territorio parlamentario más complicado para el Gobierno y algunas iniciativas podrían necesitar bastante negociación para atravesarlo. Quizás salgan “con fórceps”, pero el oficialismo confía en conseguir los votos.

• Pero atención: se reactivó el WhatsApp de los gobernadores.Este puede ser uno de los datos políticos más interesantes. Los mandatarios provinciales volvieron a conversar entre ellos. No existiría voluntad inmediata de romper con la Casa Rosada, pero tampoco de acompañar gratuitamente todas sus iniciativas. Mucho menos aquellas que puedan complicarles las elecciones en sus propios territorios.

• Las PASO tienen precio político.Si el Gobierno pretende avanzar nuevamente sobre las primarias, necesitará garantizarles a varios gobernadores que las nuevas reglas no terminarán perjudicándolos. Nadie parece dispuesto a inmolarse electoralmente para facilitarle las cosas a La Libertad Avanza.

• ¿Vuelve la idea del “superdomingo”?Entre mayo y junio podría producirse una concentración de elecciones provinciales. Santa Fe, Córdoba, Chubut y Jujuy aparecen dentro de las conversaciones.Allí hay gobernadores que dialogan con la Nación, pero que también enfrentaron electoralmente a La Libertad Avanza. Una fotografía interesante pensando en lo que viene.

• ¿Se terminó la primavera de Diego Santilli?Es otra pregunta que empieza a escucharse. Santilli consiguió construir puentes con varios gobernadores, pero hay un inconveniente difícil de solucionar: muchas conversaciones terminan hablando de dinero. Y cuando aparece la plata, quien suele tener la última palabra es Luis “Toto” Caputo.

• El verdadero “no” muchas veces sale de Economía.Los gobernadores pueden conversar, negociar y acercar posiciones. Pero cuando los pedidos necesitan fondos nacionales, la decisión final pasa por Caputo, con respaldo presidencial.Allí puede encontrarse una de las razones por las cuales algunas relaciones que comenzaron con entusiasmo hoy parecen bastante más frías.

• ¿Una Karina Milei versión moderada?También circula esa versión. Desde sectores importantes del Gobierno intentarían fortalecer un perfil de Karina como interlocutora política capaz de ofrecer garantías a los gobernadores. Una suerte de puente frente a la intransigencia que los mandatarios provinciales atribuyen tanto a Javier Milei como a Caputo.

• Y una última sobre Santilli.¿Puede terminar siendo candidato de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires? El rumor comenzó a circular y nadie parece demasiado interesado en apagarlo.

• Aunque algunos agregan una maldad política: ¿y si los rumores sobre la candidatura de Santilli los estuviera haciendo circular el propio Santilli?

Como siempre ocurre cuando empieza a moverse el tablero, hay certezas, versiones, operaciones y preguntas. Pero algunas señales empiezan a coincidir: Sturzenegger crece, Caputo conserva la caja, los gobernadores vuelven a hablar entre ellos y dentro del oficialismo ya se piensa en el próximo armado electoral.

Y cuando tantas piezas empiezan a moverse al mismo tiempo, generalmente es porque alguien ya comenzó a pensar varias jugadas más adelante. 

La crisis migratoria que atraviesa Europa, con una llegada masiva de personas a las fronteras de Ceuta que volvió a poner en tensión a España y a la Unión Europea, trasciende el debate sobre inmigración y seguridad. También invita a recuperar una reflexión filosófica que, casi cien años atrás, formuló José Ortega y Gasset en su célebre obra La rebelión de las masas.

Las autoridades españolas informaron que la entrada de decenas de miles de migrantes en un corto período de tiempo desbordó la capacidad de respuesta local y obligó a movilizar recursos extraordinarios, mientras la situación generó repercusiones en toda la Unión Europea.

Sin embargo, relacionar este fenómeno con Ortega exige una precisión importante. El filósofo español no escribió sobre inmigración ni sobre desplazamientos masivos de personas. Su preocupación era otra: advertía sobre lo que sucede cuando las multitudes, impulsadas por la fuerza del número, condicionan el funcionamiento de las instituciones y reducen el espacio para la reflexión, la planificación y el liderazgo responsable.

Para Ortega, el problema no era la existencia de grandes mayorías, sino la aparición del “hombre-masa”: aquel que considera suficientes sus propias opiniones, prescinde del conocimiento especializado y desconoce los límites que hacen posible la convivencia institucional.

Su advertencia conserva vigencia porque toda crisis de gran magnitud —sea económica, sanitaria, política o migratoria— pone a prueba precisamente la fortaleza de las instituciones. Cuando la presión colectiva supera la capacidad de respuesta del Estado, aparecen tensiones entre el respeto por los derechos humanos, la seguridad de las fronteras y la estabilidad política.En las últimas semanas, la crisis en Ceuta volvió a evidenciar esas dificultades. Diversos gobiernos europeos reclamaron reforzar el control de las fronteras exteriores mientras la Unión Europea continúa implementando un nuevo Pacto de Migración y Asilo, orientado a acelerar los procedimientos, fortalecer los controles y coordinar la respuesta entre los Estados miembros.En ese contexto, las ideas de Ortega y Gasset adquieren un nuevo significado. Su reflexión no puede utilizarse para descalificar a quienes migran, muchos de los cuales escapan de conflictos, pobreza o persecuciones. Más bien invita a preguntarse si las democracias cuentan con instituciones suficientemente sólidas para gestionar fenómenos masivos sin perder el equilibrio entre el orden jurídico, la solidaridad y la gobernabilidad.

Casi un siglo después de la publicación de La rebelión de las masas, Europa vuelve a enfrentar un desafío donde la magnitud del fenómeno supera el hecho migratorio en sí mismo: la necesidad de que las instituciones respondan con eficacia, legitimidad y capacidad de decisión frente a situaciones extraordinarias.

Como escribió Ortega y Gasset, el verdadero riesgo aparece cuando la fuerza de la cantidad desplaza la calidad del debate y la responsabilidad en la toma de decisiones. Esa reflexión, nacida en otra época, continúa alimentando una discusión que hoy vuelve a instalarse en el centro del escenario europeo.

La derrota duele. Y está bien que duela.

Vivimos en una época en la que muchas veces se pretende encontrar de inmediato una explicación, una justificación o una frase hecha que alivie cualquier frustración. Sin embargo, las derrotas también merecen ser vividas. El enojo, la tristeza y hasta las lágrimas forman parte de una pasión que, cuando es genuina, no entiende de cálculos.

El deporte tiene una de las enseñanzas más valiosas de la vida: hacer las cosas bien no garantiza siempre el triunfo. Se puede entrenar, esforzarse, jugar con inteligencia, dejar todo en la cancha y, aun así, encontrar un rival que ese día resulte mejor.

Aceptarlo no significa resignarse, sino comprender que competir también implica convivir con la posibilidad de perder.

Esta selección volvió a recorrer un camino extraordinario. Llegó nuevamente a una final, sostuvo un estilo de juego, mostró compromiso, compañerismo y una identidad que despertó admiración dentro y fuera del país. Un solo partido no borra todo lo construido.

Quizás esa sea la enseñanza más importante. No medir el éxito únicamente por una copa levantada, sino también por el recorrido, por el esfuerzo compartido y por la capacidad de volver a intentarlo después de un golpe.

Los argentinos solemos vivir el fútbol con una intensidad única. Esa pasión es una fortaleza, siempre que no nos haga olvidar que el deporte, como la vida, está hecho de triunfos y de derrotas. Nadie gana siempre. Tampoco nadie pierde para siempre.

La ilusión de este Mundial terminó, pero quedó algo mucho más profundo: el orgullo de un equipo que volvió a representar valores con los que millones se sintieron identificados. Y esa, aunque no figure en ninguna estadística, también es una victoria.

En las redes sociales se multiplicaron los comentarios y cuestionamientos sobre la ausencia de una ambulancia en el lugar, inclusive por parte de la familia del damnificado. Según trascendió, el accidente deportivo ocurrió alrededor de las 17 horas y el joven arquero habría llegado al hospital cerca de las 19, donde quedó internado y fue sometido a una intervención quirúrgica que derivó en la extirpación del bazo y del riñón izquierdo, de acuerdo con los informes médicos.

Hace algunos días, una publicación del medio Siete Páginas planteaba el debate sobre los “clubes pobres y una Liga rica”, una situación que históricamente ha sido objeto de cuestionamientos y que en reiteradas oportunidades hemos reflejado en estas páginas.

Muchas instituciones -decía el comentario de Siete Páginas - se encontrarían condicionadas por la entidad madre debido a las dificultades económicas que enfrentan para sostener la actividad deportiva. Los costos de poner en cancha a sus equipos, desde las categorías infantiles hasta la Primera División, representan una carga cada vez más difícil de afrontar.

Numerosos clubes acumulan deudas que, en algunos casos, son posteriormente refinanciadas o asistidas por la propia Liga, generando un círculo vicioso del que resulta difícil salir. Esta situación suele contar con el aval de dirigentes que, al momento de una elección, respaldan a las mismas conducciones, muchas veces condicionados por los compromisos económicos asumidos por sus instituciones.

Lo ocurrido con el arquero de El Olimpo podría derivar en consecuencias similares a las que ya se vivieron en el pasado. La Liga estuvo cerca de perder su sede por un juicio, tras el trágico episodio registrado en la cancha de Sarmiento, donde una enfermera perdió la vida durante un tiroteo. Aquel hecho enlutó al fútbol concordiense y demandó años de gestiones para superar sus consecuencias.

Por estas horas, la principal preocupación es la salud del jugador. Se trata de un joven que perdió órganos vitales mientras practicaba el deporte que ama. Más allá de las circunstancias propias del accidente, quienes estuvieron presentes aseguran que no se contaba con elementos fundamentales para el desarrollo seguro del espectáculo deportivo, entre ellos una ambulancia en el lugar.

Tampoco puede dejar de mencionarse que ninguna de las canchas de la ciudad cuenta con la protección adecuada en los muros perimetrales del campo de juego, una exigencia de seguridad que cobra relevancia si se consideran los numerosos antecedentes registrados a nivel nacional de jugadores que sufrieron graves lesiones al impactar contra estructuras de hormigón.

También se pueden agregar preguntas sobre la cobertura de los jugadores en cuanto a seguro. ¿Están asegurados los jugadores y quienes ingresan al campo de juego?, ¿el seguro es sólo para el espectador?. La prioridad como se indica, es la salud del deportista, pero habrá que revisar todos estos detalles a modo de prevención y no lamentarnos luego que pasen este tipo de hechos y seguir para adelante.

Mientras tanto, no se había emitido ningún comunicado oficial ni brindado explicaciones a través de canales institucionales sobre lo sucedido con el arquero. Es probable que las autoridades aguarden la evolución de su estado de salud, que hoy constituye la prioridad absoluta. Sin embargo, más temprano que tarde, las responsabilidades y las condiciones de seguridad deberán ser analizadas y abordadas para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

Desde el Gobierno buscaron rápidamente bajar el tono de la controversia. El propio Javier Milei salió públicamente a denunciar una “operación” y aseguró que detrás del episodio hubo maniobras destinadas a generar divisiones dentro del oficialismo. En ese marco, defendió tanto a Menem como al asesor presidencial Santiago Caputo, a quien definió como “un hermano”, una frase que no pasó inadvertida dentro del complejo tablero libertario.

Las declaraciones presidenciales llegaron en momentos donde, según fuertes versiones políticas, el llamado “caso Adorni” había enfriado el vínculo entre “la Jefa” —como muchos identifican en la intimidad oficialista a Karina Milei— y el propio Presidente.

En las últimas 48 horas crecieron las especulaciones sobre una fuerte disputa interna entre sectores cercanos a Santiago Caputo y al titular de Diputados. Todo se aceleró luego de la aparición de publicaciones en redes sociales adjudicadas a Menem, aunque desde el entorno oficial insistieron en que se trató de cuentas falsas o maniobras armadas para exponer diferencias dentro del espacio gobernante.

Sin embargo, puertas adentro del oficialismo, la polémica dejó más preguntas que respuestas. Incluso dirigentes libertarios reconocen que la cuenta desde donde surgieron algunos mensajes manejaba información extremadamente sensible y detallada, lo que alimentó sospechas sobre el verdadero origen de las filtraciones.

En medio del ruido político, Milei mostró un tono menos confrontativo que en otras semanas y volvió a refugiarse en el discurso económico, el terreno donde se siente más cómodo. Pero aun así, la crisis interna no logra apagarse del todo.

La próxima semana podría ser clave. Está prevista una nueva reunión política y de gabinete donde coincidirán nuevamente Santiago Caputo y Martín Menem, protagonistas involuntarios de un episodio que dejó expuestas tensiones, desconfianzas y una pregunta que sigue sobrevolando en la Casa Rosada: quién mueve realmente las piezas dentro del círculo más íntimo del poder libertario.

Y como suele ocurrir en la política argentina, cuando desde arriba aseguran que “está todo aclarado”, en los pasillos generalmente recién empieza la verdadera discusión.

Para ilustrar la indefensión de los uniformados, Pereyra utilizó una contundente definición sobre sus condiciones laborales: “Lo que la gente debe saber es que un trabajador que no puede protestar por el salario, no puede agremiarse y obviamente no puede hacer huelga, literalmente es un esclavo”.

Según explicó el ex uniformado, el origen de los problemas estructurales de la fuerza se remonta a 1975, con la sanción de la Ley Orgánica 5654, que copió reglamentos militares e instauró un sistema obsoleto. Esta organización ha generado una estructura desproporcionada que él mismo describió como “una tribu con muy pocos indios”, donde abundan los jefes que ascienden por el paso del tiempo, pero escasean los efectivos en las calles.

Como ejemplo de estas distorsiones, señaló que la policía ha funcionado como “agencia de colocaciones”, permitiendo que incluso un sacerdote llegara al grado de comisario general solo “dando misa”, desplazando a quienes realmente “se gastaron los zapatos en la calle”.En el plano económico, el panorama no es más alentador. Pereyra advirtió que el personal gana poco, no cuenta con feriados y sobrevive a base de “adicionales” que realizan en bancos, casinos o canchas de fútbol. Aclaró, además, que estos adicionales no funcionan como las “horas extras” que se pagan en la Policía de Buenos Aires, lo que obliga a los agentes entrerrianos a sacrificar su tiempo de descanso y familiar para llegar a fin de mes.

El malestar también apunta hacia la cúpula de Seguridad provincial. Al ser consultado sobre si confía en la gestión del actual ministro Néstor Roncaglia para solucionar el conflicto, Pereyra fue categórico al descartarlo y cuestionó sus declaraciones públicas. Respecto a la afirmación de que los policías de Entre Ríos ganan mejor que la Policía Federal, el retirado sentenció: “Es una mentira grande como una casa”.

Frente a este escenario de tensión, Pereyra confirmó que un grupo de autoconvocados llevará adelante una protesta pacífica en las Plazas de toda la provincia  el próximo martes 12 de marzo. La manifestación, aseguró Pereyra, será respetuosa hacia las autoridades locales, pero con un mensaje claro “contra el sistema y contra el gobierno”.

Sin embargo, cada convocatoria abre una discusión más profunda: ¿cuándo es defensa de derechos y cuándo se convierte en disputa de poder?

La democracia argentina ha atravesado crisis severas. El recuerdo del 2001 permanece como advertencia de lo que significa la desestabilización institucional. Las interrupciones abruptas de mandatos siempre dejan heridas sociales profundas. Por eso, la responsabilidad colectiva es mayor en tiempos de tensión.

La actual reforma laboral llega con un dato insoslayable: casi el 42% de los trabajadores se desempeña en la informalidad.Es decir, una porción sustancial del mercado laboral está por fuera del esquema tradicional que se busca proteger. Esa realidad obliga a pensar si el debate debe limitarse a conservar estructuras o si necesita adaptarse a nuevas formas de empleo. El sindicalismo enfrenta, además, un desafío propio: la caída de su imagen pública y la dificultad para convocar masivamente. En una sociedad fragmentada, el paro general ya no genera el mismo consenso que décadas atrás. Tampoco el mismo temor.

Al mismo tiempo, el oficialismo tiene la obligación de garantizar que el debate parlamentario se desarrolle sin sobresaltos y con pleno respeto institucional. La protesta no puede transformarse en presión que altere el funcionamiento del Congreso, así como el tratamiento legislativo no debe ignorar las voces disidentes.

En democracia, el conflicto es inevitable. Lo que no es inevitable es la ruptura.

La historia reciente muestra que los gobiernos caen cuando pierden legitimidad social, no solo por la presión callejera. Y las reformas perduran cuando logran construir mayorías amplias, no solo aritméticas.

El desafío de este jueves no es únicamente aprobar o frenar una ley. Es demostrar que el país puede discutir cambios estructurales dentro de las reglas del juego democrático.Porque las reformas pasan. Las instituciones, si se cuidan, quedan.

El Gobierno provincial confirmó el inicio formal de las paritarias correspondientes al año 2026 y puso fecha a las primeras reuniones con los gremios de la administración pública y del sector docente.

La negociación con los sindicatos estatales comenzará el jueves 19 de febrero a las 14, cuando fueron convocadas la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Allí se abrirá la instancia de discusión salarial para los trabajadores de la administración central.

En tanto, el turno de los gremios docentes será el lunes 23 de febrero a las 16. A esa mesa asistirán representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

Con estas convocatorias, la Provincia pone en marcha la paritaria 2026 y formaliza el proceso de negociación con los distintos sectores, en un contexto donde los reclamos salariales y las expectativas por recomposición marcan el pulso de la agenda laboral.

Será también el momento de hilar fino y mostrar su esencia el ministro de Gobierno y Trabajo, el concordiense Manuel Troncoso. En una etapa de recursos comprimidos y demandas que tensionan al máximo, su capacidad para comprender situaciones límites y que mediar entre lo necesario y lo posible será determinante. 

Ese equilibrio difícil —que define a esta época— exige claridad política para evitar cualquier ruptura. Los gremios entrerrianos reconocen en el ministro una sencillez creíble y una dedicación plena para buscar entendimientos. Y sabe el gobernador Rogelio Frigerio que, en tiempos donde “solo se trata de vivir” como la vida lo impone, es Troncoso el hombre indicado para tender puentes cuando más se necesita.

La postal es inquietante. Afuera, 40 grados. Adentro, frío comercial.La televisión repite que la inflación desacelera, que los índices se ordenan, que los números cierran mejor que antes. Sin embargo, en la economía doméstica la sensación es distinta. El consumidor común —ese que alguna vez integró con orgullo la amplia y sólida clase media argentina, admirada en la región— siente que cada compra exige un cálculo más fino. La cuenta del supermercado, la cuota del colegio, el combustible, los servicios. Todo parece administrado al límite.No es solo una cuestión de precios. Es la percepción de que el dinero circula menos. Los comerciantes lo dicen en voz baja: “La gente entra, pregunta, mira… y se va”. No importa el rubro. Indumentaria, electrodomésticos, gastronomía, materiales de construcción. Sin movimiento real de efectivo, no hay ventas que sostengan estructura, empleados, impuestos, alquileres.Y entonces surge una pregunta incómoda: ¿nos acostumbramos durante años a vivir con inflación como si fuera el motor invisible del consumo? Cuando los precios subían mes a mes, muchos corrían a comprar antes del próximo aumento. El dinero quemaba en el bolsillo y se transformaba rápido en bienes. Ese vértigo, aunque dañino en el largo plazo, generaba una ilusión de movimiento permanente.Hoy, con una inflación que en teoría se modera, el consumo no despega con la misma fuerza. Tal vez porque los ingresos quedaron rezagados. Tal vez porque el miedo a no llegar a fin de mes pesa más que la tentación de gastar. Tal vez porque la clase media —columna vertebral histórica del país— siente que perdió poder y seguridad.En las calles calurosas de este verano se percibe algo más que altas temperaturas. Hay incertidumbre. Hay prudencia extrema. Hay comerciantes que esperan y consumidores que postergan.La economía no es solo un índice en la pantalla. Es la mesa familiar, el mostrador del barrio, la fábrica que produce, el servicio que se presta. Si no hay circulación, todo se enfría.Calles a alta temperatura y veredas congeladas. Una imagen que resume un momento. Un desafío que exige algo más que estadísticas: recuperar confianza, ingreso real y movimiento genuino. Porque sin eso, ningún termómetro económico logra reflejar lo que verdaderamente se vive.

Concordia atraviesa desde hace años una situación estructural compleja, con dificultades económicas reconocidas en todo el país. Ese dato no puede quedar al margen cuando se analiza cualquier decisión vinculada a la presión tributaria local.Comerciantes y contribuyentes advierten que el problema no es una cifra aislada, sino la acumulación de obligaciones en un escenario de bajo consumo, caída en la actividad y recursos familiares cada vez más ajustados.A esto se suma un dato estructural que ya fue reconocido por distintos intendentes entrerrianos el año pasado: la cobrabilidad en algunos municipios no alcanza el 40%. Cuando la base contributiva es reducida, el equilibrio fiscal se vuelve más delicado.El desafío es complejo.Una ciudad extensa necesita sostener alumbrado, mantenimiento, servicios urbanos y asistencia social. Pero también necesita preservar su tejido comercial y no asfixiar a quienes todavía cumplen.La pregunta no es solamente cuánto se cobra, sino cuánto se puede pagar en una comunidad con ingresos limitados.Si una parte importante no paga y luego se recurre a moratorias, el esquema pierde previsibilidad. Y cuando el que cumple siente que carga con el peso mayor, aparece el malestar.Concordia enfrenta un equilibrio delicado entre orden fiscal y realidad social. Gobernar no es solo cuadrar números; es entender el pulso de la calle.Porque cuando una comunidad con dificultades económicas profundas siente que cada ajuste cae siempre sobre los mismos, el problema ya no es tributario: es de confianza.

Y sin confianza, ningún sistema de recaudación —por más ordenado que sea— logra sostenerse en el tiempo 

El caso del acero es  paradigmáticoEn el mercado interno, el kilo de acero producido por Techint, empresa líder en Sudamérica, se comercializa a valores que superan el dólar con treinta centavos en zonas cercanas a los grandes centros de distribución. Pero esa cifra se multiplica cuando la compra se realiza en el interior profundo del país: en ciudades del centro bonaerense, ese mismo kilo puede alcanzar los tres dólares. El contraste es elocuente. *En el mercado internacional, el acero cotiza por debajo de un dólar el kilo.                  *En China, ronda los treinta centavos.La pregunta no es ideológica, es económica y productiva: ¿cómo puede competir una pequeña o mediana empresa argentina cuando su insumo básico cuesta entre cuatro y diez veces más que en los principales países industriales del mundo?Más aún: ¿cómo se explica que un producto terminado, fabricado y mecanizado en China, transportado miles de kilómetros, descargado en un puerto argentino y gravado con impuestos locales, llegue al mercado a un precio inferior al de un producto nacional?

La respuesta no está en la productividad.El trabajador argentino no es menos eficiente ni menos capacitado que el alemán, el norteamericano, el japonés o el chino. Por el contrario, la mano de obra argentina es reconocida y demandada a nivel internacional por su versatilidad, capacidad técnica y adaptación. El problema es estructural y también, geopolítico.Cuando los insumos estratégicos se venden en el mercado interno a valores divorciados del contexto global, la industria nacional queda fuera de competencia antes de comenzar. No hay esfuerzo individual que alcance cuando la ecuación económica está desequilibrada desde el origen.La discusión superficial —reducida a consignas, eslóganes o debates estériles— suele tapar la verdadera cuestión: sin energía accesible, sin acero a precios razonables y sin reglas previsibles, no hay desarrollo posible, no hay entramado pyme sostenible y no hay país federal que resista.El gasoducto no es solo una obra de infraestructura, es una decisión estratégica.Como lo es el modo en que se fijan los precios de los insumos clave para producir.La Argentina enfrenta una disyuntiva clara: seguir exportando materias primas con bajo valor agregado o construir una economía que transforme, industrialice y genere empleo genuino.Para eso, el debate debe correrse del ruido ideológico y concentrarse en lo esencial: producir en la Argentina no puede ser más caro que importar desde el otro lado del mundo.

El fenómeno se repite con mayor crudeza en el norte del país. La llamada Cuesta del Ipán, un tramo de la Ruta Nacional 54, alcanza los 4.170 metros sobre el nivel del mar y conecta el extremo noroeste argentino con Chile. Es, además, la principal vía de acceso a dos minas activas y a otros cuatro proyectos de litio en la provincia de Jujuy.Mientras el gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, redujo en un 72% la inversión vial, por esta ruta circulan cada vez más camiones cargados con litio e insumos mineros. El tránsito pesado, constante y creciente, acelera un deterioro que ya resulta evidente y peligroso.

Los pobladores de las Salinas Grandes lo viven a diario. Denuncian desniveles pronunciados, curvas dañadas, sectores desbordados y falta total de mantenimiento. La situación afecta a residentes, turistas y transportistas, y se agrava por las condiciones geográficas extremas del lugar.

“La ruta está cada vez más rota. Hay desniveles en las curvas y el riesgo es permanente. Pasan equipos pesados todo el tiempo y estamos muy abandonados”, señalan desde la zona. A las dificultades físicas se suman impactos ambientales que generan preocupación en las comunidades locales.La paradoja es evidente y no se limita a Jujuy. Para captar inversiones en minerales e hidrocarburos, la Argentina reduce impuestos y ofrece condiciones favorables. Los proyectos avanzan, generan empleo y aumentan la actividad exportadora, pero al mismo tiempo deterioran la infraestructura que los sostiene. Luego, tanto las provincias como las empresas reclaman rutas en condiciones para poder operar.Desde el gobierno jujeño aseguran que mantuvieron conversaciones con las compañías mineras y que existe predisposición para que aporten fondos destinados a la reparación de los caminos. Sin embargo, mientras las definiciones se demoran, las rutas siguen rompiéndose.

La falta de obra pública no solo se traduce en viviendas que no se construyen o en rutas inseguras: también frena el desarrollo, pone en riesgo vidas y debilita la competitividad de sectores clave como el litio, una de las grandes apuestas productivas del país.Sin infraestructura, no hay inversión sostenible. Sin rutas seguras, no hay desarrollo posible.

Desde presentaciones multitudinarias hasta intervenciones cargadas de épica, la imagen construida se apoya en la idea de un dirigente convencido de su propio rumbo. Sin embargo, mientras el relato político se fortalece en el escenario, la economía cotidiana ofrece un contraste más sobrio: comercios que bajan sus persianas, actividad industrial que pierde ritmo y trabajadores que enfrentan un horizonte incierto.

Gobernar exige algo más que convicciones. Supone equilibrar tensiones sociales, sostener el entramado productivo y evitar que la apertura o la presión de los mercados termine debilitando la estructura económica nacional. Allí es donde la teoría se enfrenta con la práctica, y donde los resultados comienzan a ser la medida más concreta de cualquier proyecto.

Algunos observadores interpretan que el mandatario busca demostrar fortaleza y autonomía en cada paso. Otros advierten que esa construcción puede derivar en una narrativa excesivamente personalista, donde la política se acerca al espectáculo y se aleja de la gestión silenciosa que demandan los problemas estructurales.

La historia enseña que el poder no se legitima sólo con discursos ni con gestos simbólicos, sino con realidades palpables en la vida de la sociedad. En definitiva, más allá de las interpretaciones psicológicas o políticas, el desafío sigue siendo el mismo para cualquier administración: transformar expectativas en resultados y épica en bienestar concreto.

La prensa que cubre el Carnaval fue ubicada en un espacio reducido e inadecuado, sin condiciones mínimas para desarrollar su trabajo. Cámaras, micrófonos y cronistas trabajaron apretados, en un sector que evidenció una falta de planificación y consideración profesional por parte del Ente Permanente del Carnaval.

Mientras otros públicos contaron con espacios cómodos y diferenciados, la prensa —que sostiene el relato del carnaval durante todo el año— quedó relegada, como si la comunicación ya no necesitara lugar ni condiciones, bajo la idea de que “todo es redes”.

El reclamo no apunta a privilegios, sino a respeto. El Carnaval necesita una prensa que pueda trabajar dignamente para estar a la altura del espectáculo que se pretende mostrar. Cuando uno de los actores fundamentales queda marginado, algo del espíritu de la fiesta se pierde. Y eso no debería ocurrir.

En medio de un escenario social y productivo cada vez más tenso, Manuel Troncoso volvió a ocupar el rol que mejor lo define dentro del gobierno entrerriano: el del hombre del diálogo. Con conocimiento del territorio, lectura política fina y capacidad para sentarse a la mesa incluso con los “dientes apretados”, el ministro de Gobierno y Trabajo fue la figura clave para destrabar el conflicto en la planta La China de Granja Tres Arroyos, en Concepción del Uruguay.

No se trató de un episodio menor. Más de 900 trabajadores, tres turnos, una región que vive de esa actividad y un conflicto sensible por salarios adeudados y el SAC. En ese contexto, la intervención provincial no fue testimonial. Hubo presencia, hubo escucha y hubo una mediación concreta que permitió abrir un canal de negociación, compromisos de pago y, sobre todo, el levantamiento de la medida de fuerza para normalizar la producción.

Troncoso no desconoce el clima que se respira. Sabe que vienen tiempos complejos: automatización de tareas, cambios en la legislación laboral que se discuten a nivel nacional, trabajadores que presienten que algunos derechos pueden verse limitados y empresarios que operan al borde de la rentabilidad. En ese tablero movedizo, su tarea no será sencilla. Pero justamente ahí aparece su valor político: entender a ambas partes, marcar reglas claras y evitar que los conflictos escalen a escenarios de ruptura social.

El ministro —con raíces en Concordia y lectura profunda de la entrerrianía— actúa como garante de algo que hoy escasea: previsibilidad. No promete soluciones mágicas ni discursos grandilocuentes. Interviene, convoca, escucha y busca salidas posibles. Lo hizo en Concepción del Uruguay y, todo indica, será una constante en los meses que vienen.

Los vientos que soplan no son favorables. Hay incertidumbre, temores y resistencias al cambio. Pero también hay una certeza: sin diálogo real, sin Estado presente y sin figuras capaces de tender puentes, los conflictos se multiplican. Troncoso asumió ese rol. Y en una provincia que empieza a sentir el impacto de transformaciones profundas, su capacidad para marcar el rumbo y sostener la paz social será tan necesaria como exigente.

La responsabilidad política y operativa recae de lleno en el Ministerio de Seguridad, conducido por Néstor Roncaglia, un funcionario que fue elevado a rango ministerial con la expectativa de profesionalizar el área, pero cuya gestión viene acumulando señales de desgaste dentro de las propias fuerzas. La presencia —o permanencia— de dispositivos de vigilancia en oficinas clave del poder provincial evidencia una alarmante falta de control interno y prevención básica, una omisión que habla muy mal tanto del ministro como de la conducción policial.

Desde hace tiempo circulaban versiones en ámbitos políticos sobre un posible final de ciclo de Roncaglia hacia fin de año. El episodio de las cámaras no solo refuerza esas versiones, sino que instala un interrogante mayor: ¿cómo es posible que no se haya revisado ni asegurado el despacho del gobernador, máxima autoridad institucional de la provincia?

La gravedad se amplifica si se considera el contexto. Frigerio no es un gobernador encapsulado: se mueve con su familia, practica actividades al aire libre y ha optado por un estilo personal sin grandes aparatos de custodia. Esa elección, legítima, lo deja aún más expuesto en una provincia donde el narcotráfico ya dejó de ser un fenómeno marginal y pasó a confrontar abiertamente con la Policía de Entre Ríos.

En las islas frente a Victoria se registraron episodios de tiroteos contra personal policial. Pescadores nocturnos relatan el paso de avionetas a baja altura y el movimiento silencioso de lanchas de escasa potencia que, en la madrugada, recogen “paquetes” en zonas donde el control estatal es casi inexistente. Tras esas alertas, no hubo un refuerzo sostenido ni una estrategia visible. El problema quedó diluido entre vacaciones, silencios oficiales y acciones de alto impacto mediático, pero baja eficacia real.

A esto se suma una dimensión aún más preocupante y menos atendida: los niños atrapados por el narcotráfico. En distintas ciudades entrerrianas ya se observan chicos de entre 6 y 12 años deambulando de noche en los barrios, hijos de dos generaciones expulsadas del sistema. Días atrás, en el hospital de Victoria, fue atendido un niño de siete años que sufrió un cuadro grave tras consumir marihuana facilitada por otros menores. No se trata de casos aislados: es el anticipo de una inseguridad futura mucho más violenta si no se actúa ahora.

El Ministerio de Seguridad no está para un esquema de gestión a distancia ni para viajes constantes a Buenos Aires. Está para poner horas, territorio y decisión política en una transformación profunda. El escándalo institucional de las últimas horas no es solo un papelón nacional: es una advertencia. Todo indicaría que el gobernador ya estaría poniendo situaciones en la balanza y el dibujo tendría otro destino.

Porque cuando fallan los controles básicos, cuando el narcotráfico avanza y cuando la infancia queda librada a su suerte, la seguridad deja de ser marketing y pasa a ser una deuda urgente.