Para ilustrar la indefensión de los uniformados, Pereyra utilizó una contundente definición sobre sus condiciones laborales: “Lo que la gente debe saber es que un trabajador que no puede protestar por el salario, no puede agremiarse y obviamente no puede hacer huelga, literalmente es un esclavo”.

Según explicó el ex uniformado, el origen de los problemas estructurales de la fuerza se remonta a 1975, con la sanción de la Ley Orgánica 5654, que copió reglamentos militares e instauró un sistema obsoleto. Esta organización ha generado una estructura desproporcionada que él mismo describió como “una tribu con muy pocos indios”, donde abundan los jefes que ascienden por el paso del tiempo, pero escasean los efectivos en las calles.

Como ejemplo de estas distorsiones, señaló que la policía ha funcionado como “agencia de colocaciones”, permitiendo que incluso un sacerdote llegara al grado de comisario general solo “dando misa”, desplazando a quienes realmente “se gastaron los zapatos en la calle”.En el plano económico, el panorama no es más alentador. Pereyra advirtió que el personal gana poco, no cuenta con feriados y sobrevive a base de “adicionales” que realizan en bancos, casinos o canchas de fútbol. Aclaró, además, que estos adicionales no funcionan como las “horas extras” que se pagan en la Policía de Buenos Aires, lo que obliga a los agentes entrerrianos a sacrificar su tiempo de descanso y familiar para llegar a fin de mes.

El malestar también apunta hacia la cúpula de Seguridad provincial. Al ser consultado sobre si confía en la gestión del actual ministro Néstor Roncaglia para solucionar el conflicto, Pereyra fue categórico al descartarlo y cuestionó sus declaraciones públicas. Respecto a la afirmación de que los policías de Entre Ríos ganan mejor que la Policía Federal, el retirado sentenció: “Es una mentira grande como una casa”.

Frente a este escenario de tensión, Pereyra confirmó que un grupo de autoconvocados llevará adelante una protesta pacífica en las Plazas de toda la provincia  el próximo martes 12 de marzo. La manifestación, aseguró Pereyra, será respetuosa hacia las autoridades locales, pero con un mensaje claro “contra el sistema y contra el gobierno”.

Sin embargo, cada convocatoria abre una discusión más profunda: ¿cuándo es defensa de derechos y cuándo se convierte en disputa de poder?

La democracia argentina ha atravesado crisis severas. El recuerdo del 2001 permanece como advertencia de lo que significa la desestabilización institucional. Las interrupciones abruptas de mandatos siempre dejan heridas sociales profundas. Por eso, la responsabilidad colectiva es mayor en tiempos de tensión.

La actual reforma laboral llega con un dato insoslayable: casi el 42% de los trabajadores se desempeña en la informalidad.Es decir, una porción sustancial del mercado laboral está por fuera del esquema tradicional que se busca proteger. Esa realidad obliga a pensar si el debate debe limitarse a conservar estructuras o si necesita adaptarse a nuevas formas de empleo. El sindicalismo enfrenta, además, un desafío propio: la caída de su imagen pública y la dificultad para convocar masivamente. En una sociedad fragmentada, el paro general ya no genera el mismo consenso que décadas atrás. Tampoco el mismo temor.

Al mismo tiempo, el oficialismo tiene la obligación de garantizar que el debate parlamentario se desarrolle sin sobresaltos y con pleno respeto institucional. La protesta no puede transformarse en presión que altere el funcionamiento del Congreso, así como el tratamiento legislativo no debe ignorar las voces disidentes.

En democracia, el conflicto es inevitable. Lo que no es inevitable es la ruptura.

La historia reciente muestra que los gobiernos caen cuando pierden legitimidad social, no solo por la presión callejera. Y las reformas perduran cuando logran construir mayorías amplias, no solo aritméticas.

El desafío de este jueves no es únicamente aprobar o frenar una ley. Es demostrar que el país puede discutir cambios estructurales dentro de las reglas del juego democrático.Porque las reformas pasan. Las instituciones, si se cuidan, quedan.

El Gobierno provincial confirmó el inicio formal de las paritarias correspondientes al año 2026 y puso fecha a las primeras reuniones con los gremios de la administración pública y del sector docente.

La negociación con los sindicatos estatales comenzará el jueves 19 de febrero a las 14, cuando fueron convocadas la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Allí se abrirá la instancia de discusión salarial para los trabajadores de la administración central.

En tanto, el turno de los gremios docentes será el lunes 23 de febrero a las 16. A esa mesa asistirán representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

Con estas convocatorias, la Provincia pone en marcha la paritaria 2026 y formaliza el proceso de negociación con los distintos sectores, en un contexto donde los reclamos salariales y las expectativas por recomposición marcan el pulso de la agenda laboral.

Será también el momento de hilar fino y mostrar su esencia el ministro de Gobierno y Trabajo, el concordiense Manuel Troncoso. En una etapa de recursos comprimidos y demandas que tensionan al máximo, su capacidad para comprender situaciones límites y que mediar entre lo necesario y lo posible será determinante. 

Ese equilibrio difícil —que define a esta época— exige claridad política para evitar cualquier ruptura. Los gremios entrerrianos reconocen en el ministro una sencillez creíble y una dedicación plena para buscar entendimientos. Y sabe el gobernador Rogelio Frigerio que, en tiempos donde “solo se trata de vivir” como la vida lo impone, es Troncoso el hombre indicado para tender puentes cuando más se necesita.

La postal es inquietante. Afuera, 40 grados. Adentro, frío comercial.La televisión repite que la inflación desacelera, que los índices se ordenan, que los números cierran mejor que antes. Sin embargo, en la economía doméstica la sensación es distinta. El consumidor común —ese que alguna vez integró con orgullo la amplia y sólida clase media argentina, admirada en la región— siente que cada compra exige un cálculo más fino. La cuenta del supermercado, la cuota del colegio, el combustible, los servicios. Todo parece administrado al límite.No es solo una cuestión de precios. Es la percepción de que el dinero circula menos. Los comerciantes lo dicen en voz baja: “La gente entra, pregunta, mira… y se va”. No importa el rubro. Indumentaria, electrodomésticos, gastronomía, materiales de construcción. Sin movimiento real de efectivo, no hay ventas que sostengan estructura, empleados, impuestos, alquileres.Y entonces surge una pregunta incómoda: ¿nos acostumbramos durante años a vivir con inflación como si fuera el motor invisible del consumo? Cuando los precios subían mes a mes, muchos corrían a comprar antes del próximo aumento. El dinero quemaba en el bolsillo y se transformaba rápido en bienes. Ese vértigo, aunque dañino en el largo plazo, generaba una ilusión de movimiento permanente.Hoy, con una inflación que en teoría se modera, el consumo no despega con la misma fuerza. Tal vez porque los ingresos quedaron rezagados. Tal vez porque el miedo a no llegar a fin de mes pesa más que la tentación de gastar. Tal vez porque la clase media —columna vertebral histórica del país— siente que perdió poder y seguridad.En las calles calurosas de este verano se percibe algo más que altas temperaturas. Hay incertidumbre. Hay prudencia extrema. Hay comerciantes que esperan y consumidores que postergan.La economía no es solo un índice en la pantalla. Es la mesa familiar, el mostrador del barrio, la fábrica que produce, el servicio que se presta. Si no hay circulación, todo se enfría.Calles a alta temperatura y veredas congeladas. Una imagen que resume un momento. Un desafío que exige algo más que estadísticas: recuperar confianza, ingreso real y movimiento genuino. Porque sin eso, ningún termómetro económico logra reflejar lo que verdaderamente se vive.

Concordia atraviesa desde hace años una situación estructural compleja, con dificultades económicas reconocidas en todo el país. Ese dato no puede quedar al margen cuando se analiza cualquier decisión vinculada a la presión tributaria local.Comerciantes y contribuyentes advierten que el problema no es una cifra aislada, sino la acumulación de obligaciones en un escenario de bajo consumo, caída en la actividad y recursos familiares cada vez más ajustados.A esto se suma un dato estructural que ya fue reconocido por distintos intendentes entrerrianos el año pasado: la cobrabilidad en algunos municipios no alcanza el 40%. Cuando la base contributiva es reducida, el equilibrio fiscal se vuelve más delicado.El desafío es complejo.Una ciudad extensa necesita sostener alumbrado, mantenimiento, servicios urbanos y asistencia social. Pero también necesita preservar su tejido comercial y no asfixiar a quienes todavía cumplen.La pregunta no es solamente cuánto se cobra, sino cuánto se puede pagar en una comunidad con ingresos limitados.Si una parte importante no paga y luego se recurre a moratorias, el esquema pierde previsibilidad. Y cuando el que cumple siente que carga con el peso mayor, aparece el malestar.Concordia enfrenta un equilibrio delicado entre orden fiscal y realidad social. Gobernar no es solo cuadrar números; es entender el pulso de la calle.Porque cuando una comunidad con dificultades económicas profundas siente que cada ajuste cae siempre sobre los mismos, el problema ya no es tributario: es de confianza.

Y sin confianza, ningún sistema de recaudación —por más ordenado que sea— logra sostenerse en el tiempo 

El caso del acero es  paradigmáticoEn el mercado interno, el kilo de acero producido por Techint, empresa líder en Sudamérica, se comercializa a valores que superan el dólar con treinta centavos en zonas cercanas a los grandes centros de distribución. Pero esa cifra se multiplica cuando la compra se realiza en el interior profundo del país: en ciudades del centro bonaerense, ese mismo kilo puede alcanzar los tres dólares. El contraste es elocuente. *En el mercado internacional, el acero cotiza por debajo de un dólar el kilo.                  *En China, ronda los treinta centavos.La pregunta no es ideológica, es económica y productiva: ¿cómo puede competir una pequeña o mediana empresa argentina cuando su insumo básico cuesta entre cuatro y diez veces más que en los principales países industriales del mundo?Más aún: ¿cómo se explica que un producto terminado, fabricado y mecanizado en China, transportado miles de kilómetros, descargado en un puerto argentino y gravado con impuestos locales, llegue al mercado a un precio inferior al de un producto nacional?

La respuesta no está en la productividad.El trabajador argentino no es menos eficiente ni menos capacitado que el alemán, el norteamericano, el japonés o el chino. Por el contrario, la mano de obra argentina es reconocida y demandada a nivel internacional por su versatilidad, capacidad técnica y adaptación. El problema es estructural y también, geopolítico.Cuando los insumos estratégicos se venden en el mercado interno a valores divorciados del contexto global, la industria nacional queda fuera de competencia antes de comenzar. No hay esfuerzo individual que alcance cuando la ecuación económica está desequilibrada desde el origen.La discusión superficial —reducida a consignas, eslóganes o debates estériles— suele tapar la verdadera cuestión: sin energía accesible, sin acero a precios razonables y sin reglas previsibles, no hay desarrollo posible, no hay entramado pyme sostenible y no hay país federal que resista.El gasoducto no es solo una obra de infraestructura, es una decisión estratégica.Como lo es el modo en que se fijan los precios de los insumos clave para producir.La Argentina enfrenta una disyuntiva clara: seguir exportando materias primas con bajo valor agregado o construir una economía que transforme, industrialice y genere empleo genuino.Para eso, el debate debe correrse del ruido ideológico y concentrarse en lo esencial: producir en la Argentina no puede ser más caro que importar desde el otro lado del mundo.

El fenómeno se repite con mayor crudeza en el norte del país. La llamada Cuesta del Ipán, un tramo de la Ruta Nacional 54, alcanza los 4.170 metros sobre el nivel del mar y conecta el extremo noroeste argentino con Chile. Es, además, la principal vía de acceso a dos minas activas y a otros cuatro proyectos de litio en la provincia de Jujuy.Mientras el gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, redujo en un 72% la inversión vial, por esta ruta circulan cada vez más camiones cargados con litio e insumos mineros. El tránsito pesado, constante y creciente, acelera un deterioro que ya resulta evidente y peligroso.

Los pobladores de las Salinas Grandes lo viven a diario. Denuncian desniveles pronunciados, curvas dañadas, sectores desbordados y falta total de mantenimiento. La situación afecta a residentes, turistas y transportistas, y se agrava por las condiciones geográficas extremas del lugar.

“La ruta está cada vez más rota. Hay desniveles en las curvas y el riesgo es permanente. Pasan equipos pesados todo el tiempo y estamos muy abandonados”, señalan desde la zona. A las dificultades físicas se suman impactos ambientales que generan preocupación en las comunidades locales.La paradoja es evidente y no se limita a Jujuy. Para captar inversiones en minerales e hidrocarburos, la Argentina reduce impuestos y ofrece condiciones favorables. Los proyectos avanzan, generan empleo y aumentan la actividad exportadora, pero al mismo tiempo deterioran la infraestructura que los sostiene. Luego, tanto las provincias como las empresas reclaman rutas en condiciones para poder operar.Desde el gobierno jujeño aseguran que mantuvieron conversaciones con las compañías mineras y que existe predisposición para que aporten fondos destinados a la reparación de los caminos. Sin embargo, mientras las definiciones se demoran, las rutas siguen rompiéndose.

La falta de obra pública no solo se traduce en viviendas que no se construyen o en rutas inseguras: también frena el desarrollo, pone en riesgo vidas y debilita la competitividad de sectores clave como el litio, una de las grandes apuestas productivas del país.Sin infraestructura, no hay inversión sostenible. Sin rutas seguras, no hay desarrollo posible.

Desde presentaciones multitudinarias hasta intervenciones cargadas de épica, la imagen construida se apoya en la idea de un dirigente convencido de su propio rumbo. Sin embargo, mientras el relato político se fortalece en el escenario, la economía cotidiana ofrece un contraste más sobrio: comercios que bajan sus persianas, actividad industrial que pierde ritmo y trabajadores que enfrentan un horizonte incierto.

Gobernar exige algo más que convicciones. Supone equilibrar tensiones sociales, sostener el entramado productivo y evitar que la apertura o la presión de los mercados termine debilitando la estructura económica nacional. Allí es donde la teoría se enfrenta con la práctica, y donde los resultados comienzan a ser la medida más concreta de cualquier proyecto.

Algunos observadores interpretan que el mandatario busca demostrar fortaleza y autonomía en cada paso. Otros advierten que esa construcción puede derivar en una narrativa excesivamente personalista, donde la política se acerca al espectáculo y se aleja de la gestión silenciosa que demandan los problemas estructurales.

La historia enseña que el poder no se legitima sólo con discursos ni con gestos simbólicos, sino con realidades palpables en la vida de la sociedad. En definitiva, más allá de las interpretaciones psicológicas o políticas, el desafío sigue siendo el mismo para cualquier administración: transformar expectativas en resultados y épica en bienestar concreto.

La prensa que cubre el Carnaval fue ubicada en un espacio reducido e inadecuado, sin condiciones mínimas para desarrollar su trabajo. Cámaras, micrófonos y cronistas trabajaron apretados, en un sector que evidenció una falta de planificación y consideración profesional por parte del Ente Permanente del Carnaval.

Mientras otros públicos contaron con espacios cómodos y diferenciados, la prensa —que sostiene el relato del carnaval durante todo el año— quedó relegada, como si la comunicación ya no necesitara lugar ni condiciones, bajo la idea de que “todo es redes”.

El reclamo no apunta a privilegios, sino a respeto. El Carnaval necesita una prensa que pueda trabajar dignamente para estar a la altura del espectáculo que se pretende mostrar. Cuando uno de los actores fundamentales queda marginado, algo del espíritu de la fiesta se pierde. Y eso no debería ocurrir.

En medio de un escenario social y productivo cada vez más tenso, Manuel Troncoso volvió a ocupar el rol que mejor lo define dentro del gobierno entrerriano: el del hombre del diálogo. Con conocimiento del territorio, lectura política fina y capacidad para sentarse a la mesa incluso con los “dientes apretados”, el ministro de Gobierno y Trabajo fue la figura clave para destrabar el conflicto en la planta La China de Granja Tres Arroyos, en Concepción del Uruguay.

No se trató de un episodio menor. Más de 900 trabajadores, tres turnos, una región que vive de esa actividad y un conflicto sensible por salarios adeudados y el SAC. En ese contexto, la intervención provincial no fue testimonial. Hubo presencia, hubo escucha y hubo una mediación concreta que permitió abrir un canal de negociación, compromisos de pago y, sobre todo, el levantamiento de la medida de fuerza para normalizar la producción.

Troncoso no desconoce el clima que se respira. Sabe que vienen tiempos complejos: automatización de tareas, cambios en la legislación laboral que se discuten a nivel nacional, trabajadores que presienten que algunos derechos pueden verse limitados y empresarios que operan al borde de la rentabilidad. En ese tablero movedizo, su tarea no será sencilla. Pero justamente ahí aparece su valor político: entender a ambas partes, marcar reglas claras y evitar que los conflictos escalen a escenarios de ruptura social.

El ministro —con raíces en Concordia y lectura profunda de la entrerrianía— actúa como garante de algo que hoy escasea: previsibilidad. No promete soluciones mágicas ni discursos grandilocuentes. Interviene, convoca, escucha y busca salidas posibles. Lo hizo en Concepción del Uruguay y, todo indica, será una constante en los meses que vienen.

Los vientos que soplan no son favorables. Hay incertidumbre, temores y resistencias al cambio. Pero también hay una certeza: sin diálogo real, sin Estado presente y sin figuras capaces de tender puentes, los conflictos se multiplican. Troncoso asumió ese rol. Y en una provincia que empieza a sentir el impacto de transformaciones profundas, su capacidad para marcar el rumbo y sostener la paz social será tan necesaria como exigente.

La responsabilidad política y operativa recae de lleno en el Ministerio de Seguridad, conducido por Néstor Roncaglia, un funcionario que fue elevado a rango ministerial con la expectativa de profesionalizar el área, pero cuya gestión viene acumulando señales de desgaste dentro de las propias fuerzas. La presencia —o permanencia— de dispositivos de vigilancia en oficinas clave del poder provincial evidencia una alarmante falta de control interno y prevención básica, una omisión que habla muy mal tanto del ministro como de la conducción policial.

Desde hace tiempo circulaban versiones en ámbitos políticos sobre un posible final de ciclo de Roncaglia hacia fin de año. El episodio de las cámaras no solo refuerza esas versiones, sino que instala un interrogante mayor: ¿cómo es posible que no se haya revisado ni asegurado el despacho del gobernador, máxima autoridad institucional de la provincia?

La gravedad se amplifica si se considera el contexto. Frigerio no es un gobernador encapsulado: se mueve con su familia, practica actividades al aire libre y ha optado por un estilo personal sin grandes aparatos de custodia. Esa elección, legítima, lo deja aún más expuesto en una provincia donde el narcotráfico ya dejó de ser un fenómeno marginal y pasó a confrontar abiertamente con la Policía de Entre Ríos.

En las islas frente a Victoria se registraron episodios de tiroteos contra personal policial. Pescadores nocturnos relatan el paso de avionetas a baja altura y el movimiento silencioso de lanchas de escasa potencia que, en la madrugada, recogen “paquetes” en zonas donde el control estatal es casi inexistente. Tras esas alertas, no hubo un refuerzo sostenido ni una estrategia visible. El problema quedó diluido entre vacaciones, silencios oficiales y acciones de alto impacto mediático, pero baja eficacia real.

A esto se suma una dimensión aún más preocupante y menos atendida: los niños atrapados por el narcotráfico. En distintas ciudades entrerrianas ya se observan chicos de entre 6 y 12 años deambulando de noche en los barrios, hijos de dos generaciones expulsadas del sistema. Días atrás, en el hospital de Victoria, fue atendido un niño de siete años que sufrió un cuadro grave tras consumir marihuana facilitada por otros menores. No se trata de casos aislados: es el anticipo de una inseguridad futura mucho más violenta si no se actúa ahora.

El Ministerio de Seguridad no está para un esquema de gestión a distancia ni para viajes constantes a Buenos Aires. Está para poner horas, territorio y decisión política en una transformación profunda. El escándalo institucional de las últimas horas no es solo un papelón nacional: es una advertencia. Todo indicaría que el gobernador ya estaría poniendo situaciones en la balanza y el dibujo tendría otro destino.

Porque cuando fallan los controles básicos, cuando el narcotráfico avanza y cuando la infancia queda librada a su suerte, la seguridad deja de ser marketing y pasa a ser una deuda urgente.