Por Martín Fernández Nadale - En una licitación de deuda clave, el gobierno de Javier Milei consiguió otros USD 700 millones mediante la emisión de dos bonos en dólares y, en simultáneo, adjudicó $8,11 billones tras recibir ofertas por $9,19 billones, lo que representó una renovación del 102,15% sobre los vencimientos del día.El menú de instrumentos abarcó desde letras capitalizables en pesos hasta bonos en dólares, con los títulos hard dollar AO27 y AO28 como los de mayor atención del mercado.El foco principal de la jornada estuvo en los dos Bonares. El AO27, con vencimiento el 29 de octubre de 2027, se adjudicó por USD 350 millones a una TIREA del 5,16% (equivalente a una tasa nominal anual de 5,04%). El AO28, con vencimiento el 31 de octubre de 2028, también captó USD 350 millones, pero a una tasa sustancialmente más alta: 8,77% de TIREA (8,44% TNA), reflejo de la mayor prima que exige el mercado por el plazo adicional de un año. En ambos casos, se registró un leve aumento de las tasas respecto a la subasta previa.Cabe destacar que el miércoles, hasta las 13, la Secretaría de Finanzas abrirá una segunda rueda exclusiva para los bonos AO27 y AO28 al precio de corte fijado este martes, con un cupo adicional de USD 100 millones por tramo.La semana pasada, el equipo económico amplió la acumulación del cupo de emisión de sus bonos en moneda extranjera en las licitaciones de deuda pública. La medida apunta a acelerar la acumulación de dólares de cara al vencimiento de USD 4.300 millones previsto para principios de julio de 2026.Hasta ahora, las subastas de los Bonares tenían un techo de USD 150 millones por título en la primera rueda. El nuevo esquema eleva ese límite en USD 200 millones por instrumento, lo que lleva el monto máximo posible a USD 900 millones por licitación, siempre que la demanda de los inversores acompañe.Uno de los rasgos salientes de la última licitación fue la tendencia a la baja en las tasas que el Tesoro logró en cada nueva colocación, algo que no ocurrió este martes. El Bonar 2027 debutó con una adjudicación de USD 250 millones al 5,74%, y en la segunda rueda repitió monto pero con un costo financiero menor, del 5,45 por ciento. En la tercera subasta, el instrumento captó USD 247 millones, mientras que el Bonar 2028 hizo su primera aparición con USD 184 millones colocados. En la ronda anteúltima ronda, ambos títulos se adjudicaron por USD 250 millones cada uno, con tasas del 5% y 8,20%, respectivamente.En el segmento en pesos, el equipo económico evitó inyectar pesos al mercado, al entender que las tasas de interés se encuentran en un nivel aceptable. Mediante esta estrategia, el Tesoro absorbe parte de los pesos que emite el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para comprar reservas y, en paralelo, regula el flujo monetario para evitar saltos de la inflación y el tipo de cambio.

En cuanto a los instrumentos licitados, la LECAP con vencimiento el 12 de junio de 2026 (S12J6) concentró la más del 60% de la adjudicación: $4,94 billones a una tasa efectiva mensual del 2,10%, equivalente a una TIREA del 28,32 por ciento.El resto de los títulos en moneda local se distribuyó entre cuatro instrumentos. El bono CER a septiembre de 2028 (TZXS8) recibió $1,04 billones a una TIREA del 8,41%, mientras que el bono TAMAR a agosto de 2028 (TMG28) captó $1,03 billones con un margen de 6,90% sobre esa tasa de referencia.Por otra parte, el bono DUAL CER/TAMAR +3% con vencimiento en junio de 2029 (TXMJ9) se adjudicó por $0,95 billones a una TIREA del 7,31%. En el extremo más corto del segmento en moneda local, el título dólar linked al 30 de junio de 2026 (D30S6) captó apenas $0,16 billones a una TIREA del 2,52 por ciento.“El menú de esta licitación muestra una clara intención de extender duration y despejar vencimientos de 2026 y 2027. Hay un único instrumento corto y una fuerte presencia de instrumentos a 2028 y 2029, incluyendo opciones duales que combinan cobertura de tasa e inflación”, analizó Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital horas antes de conocerse el resultado de la subasta. Infobae.

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a respaldar el programa económico del Gobierno y aseguró que el proceso de desaceleración inflacionaria continuará en los próximos meses, pese al repunte registrado en marzo. Durante una exposición ante empresarios e inversores en la Ciudad de Buenos Aires, afirmó que el 3,4% de ese mes representó un “pico” y que desde abril la tendencia será descendente.El funcionario destacó que, desde su llegada al Ministerio en diciembre de 2023, la inflación viene mostrando un recorrido descendente luego del salto inicial. En aquel inicio de gestión, el índice mensual había superado el 25%, para luego comenzar una baja progresiva: niveles cercanos al 20% en enero, alrededor del 13% en febrero, cifras de un dígito en los meses posteriores y ahora una etapa de estabilización con variaciones más moderadas. En ese marco, Caputo consideró que el actual escenario refleja una “normalización” de la economía.Durante su intervención, el ministro subrayó que el país logró atravesar el impacto internacional de la suba del petróleo —en el contexto del conflicto en Medio Oriente— sin sobresaltos, y lo atribuyó a la “solidez” del programa económico. También aseguró que comienzan a aparecer señales de mejora en distintos indicadores, como la recaudación y algunos sectores productivos.En particular, mencionó que la industria y la construcción, que venían mostrando caídas, empiezan a evidenciar una recuperación incipiente. “Esto recién empieza”, sostuvo, al tiempo que insistió en que el proceso de estabilización tendrá efectos graduales sobre la actividad.En cuanto al frente fiscal, Caputo ratificó que el superávit es el eje central del plan económico y confirmó que la meta oficial es alcanzar un superávit primario del 1,4% del PBI durante este año, en línea con los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional. Según explicó, esto se logrará mediante un control estricto del gasto público.El ministro también trazó una proyección optimista a mediano plazo, al señalar que, si se cumplen las estimaciones del organismo internacional, la economía podría crecer alrededor de un 20% entre 2023 y 2027.En materia laboral, reconoció que el empleo registrado sufrió una caída en los primeros meses de gestión, aunque aseguró que ya se generaron cerca de 100.000 nuevos puestos de trabajo desde el inicio del gobierno de Javier Milei, en un escenario que, según indicó, comienza a mostrar signos de reactivación.

Por Lucrecia Eterovich - La inflación en Alimentos y bebidas se aceleró sobre el final de abril y complica el objetivo del Gobierno de que el índice del mes desacelere fuertemente tras el 3,4% de inflación de marzo. La dinámica de los precios volvió a presionar sobre la Canasta Básica Total (CBT) y Alimentaria (CBA), que el mes pasado tuvo un incremento menor al promedio general, dato que el ministro de Economía, Luis Caputo había referido para destacar la evolución del poder adquisitivo.El reporte más duro fue de la consultora LCG: marcó un incremento del 1,4% en alimentos y bebidas durante la tercera semana, un importante salto respecto de elevamientos anteriores, en que había registrado un aumento del 0,5% en la segunda e incluso deflación de 0,4% en la primera semana del mes. Con este dato, la inflación promedio de las últimas cuatro semanas cortó la racha de descensos que tenía desde febrero y aceleró 0,3 puntos porcentuales (p.p.) a 1,5 por ciento.Dentro de la canasta, los productos de panificación, cereales y pastas encabezaron los incrementos con una suba semanal de 3,2%, seguidos por lácteos y huevos (2,6%) y frutas (0,9%). Las carnes registraron un aumento de 0,8%, por debajo del promedio del segmento. Otros rubros, como aceites, verduras y bebidas, presentaron variaciones menores, y algunos subgrupos se mantuvieron estables o con leves bajas. El informe de LCG destacó que el 60% de la inflación mensual promedio de las últimas cuatro semanas se debió a la suba de los lácteos, mientras que la carne perdió peso en el índice mensual.La consultora Analytica también indicó una aceleración durante la tercera semana de abril al relevar una variación del 0,5% en los precios de alimentos y bebidas comercializados en cadenas de supermercados en todo el país, ya que en los registros anteriores fue de 0,2% y 0,3%. Así, el promedio móvil de cuatro semanas se ubicó en 1,2%. Pese a ello, para el nivel general de precios estiman una suba del 2,8% durante abril, un dato que, de confirmarse, implicaría una desaceleración de 0,6 p.p. respecto a marzo.En el promedio de cuatro semanas del nivel general, el mayor aumento lo tuvieron aguas, gaseosas y jugos con 2,3% y azúcar, dulces, chocolates, etc., con 2,2%. Mientras que entre las categorías con menor incremento estuvieron pan y cereales, y verduras, ambas con 0,6%. Frutas fue el único segmento que bajó, con una caída del 2,1%. En el análisis regional de Analytica, remarcó que la Patagonia encabezó el alza semanal, con 0,8%, mientras la región Pampeana y Cuyo quedaron en 0,4 por ciento.La medición de EconViews sobre la tercera semana de abril también arrojó una aceleración, ya que la suba promedio en la canasta de alimentos y bebidas en supermercados fue del 0,7%, mientras que las dos semanas anteriores fue de 0% y 0,2% respectivamente. El informe puntualizó que en la última semana destacaron los incrementos de lácteos, con 1,1% de aumento, mientras que carnes tuvo una baja de 0,2%. Frente a ello, el promedio de cuatro semanas descendió a 1,1 por ciento.Los datos de las tres consultoras privadas exhiben diferencias en las cifras puntuales, pero coincidieron en el cambio de ritmo del alza de precios en la última semana medida. Todas observaron que la dinámica semanal de alimentos y bebidas se aceleró y que las subas mostraron variaciones según la región y la categoría. Bebidas y productos azucarados presentaron mayores incrementos, mientras frutas y carnes mostraron retrocesos o incrementos inferiores al promedio.Los informes de LCG, Analytica y EconViews permiten advertir que los precios de alimentos y bebidas sostuvieron una tendencia alcista en abril, con aceleraciones puntuales que impactan sobre los consumos de las familias y ponen en tensión los objetivos de desaceleración oficial. Las variaciones regionales y por producto muestran que la inflación en este rubro no se comportó de manera uniforme, mientras el seguimiento de estos indicadores resulta clave para anticipar el impacto sobre la canasta básica.Cuando se conoció el 3,4% de inflación de marzo, el ministro de Economía, Luis Caputo, resaltó que la CBA subió 2,2% en marzo, mientras que en febrero ese incremento fue de 3,2%. Esta canasta determina la línea de indigencia en Argentina. Por su parte, la CBT aumentó 2,6%, por debajo del 2,7% de febrero. Este descenso en el ritmo de crecimiento de ambas canastas representó un dato relevante para Caputo, para el análisis de la situación social y el poder adquisitivo de la población.Esto se debe, en gran parte, a que en marzo el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo un incremento del 3,4%, igual que el nivel general, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), lo que no sumó presión adicional sobre la CBT y CBA. Pero ahora en abril, los relevamientos de las consultoras marcan que la dinámica de los precios del rubro es otra, en un contexto donde los salarios siguen perdiendo contra la inflación, lo que complica el bolsillo de las familias. Infobae. 

El reporte de las economistas María José Medin y Gimena Abreu destaca que la inflación en Argentina —especialmente en Alimentos y Bebidas— y los movimientos del tipo de cambio (baja en Argentina y suba en Uruguay) fueron determinantes.De hecho, es la menor diferencia de precios desde mayo de 2025 (cuando era de 14,2%). Vale destacar que en setiembre de 2023, cuando la Argentina estaba «baratísima» para los uruguayos, la brecha de precios entre Concordia y Salto llegó a ser de 180,2%.

CategoríasEn Alimentos y Bebidas no alcohólicas, la diferencia de precios se reduce significativamente, llegando a 14,7%, cuando en la medición de enero había llegado a 38%. En esta división, hay seis artículos que muestran precios promedio más baratos en Salto que en Concordia. Aquí se encuentran el yogurt común (21,9% más barato en Salto), jamón cocido (-17,6%), arvejas enlatadas (-4,2%), polvo de hornear (-3,5%), pan blanco envasado en rebanadas (-2,7%) y chorizo (-2,7%). Por otro lado, 19 artículos presentan diferencias de precios inferiores a 50%, con Salto más caro que Concordia. Entre otros están: pescado enlatado (+0,7%), carne picada (+3,9%), leche entera larga vida en caja (+5,8%), aceite de girasol (+6,1%), agua de mesa en supermercados (+6,9%), manteca (+7,6%), azúcar (+17%), alfajores (+27,7%), arroz (+27,7%), café soluble instantáneo (+29,7%), queso rallado (+39,9%), sal (+40,8%), galletitas dulces (+41,8%), caldo en cubos (+41,8%), mayonesa (+42,1%), yerba mate (+45,4%), huevos de gallina (+45,4%), lentejones (+47,5%) y harina de trigo (+49,7%). Además, hay cuatro artículos con una diferencia de precios entre 50% y 100%. Allí se encuentran: refrescos (+50,4%), papas fritas con o sin sal para copetín (+56,3%), pulpa de tomate (+71,2%) y fideos (+77,4%). Luego, los postres en polvo tienen una diferencia de 242,9%, siempre más caro Salto que Concordia. En cuanto a la división de Bebidas alcohólicas y Tabaco, se verifica una leve caída de la brecha, alcanzando 41%, cuando en enero de este año era de 52%.“Continúa verificándose una diferencia importante en el precio del vino, alcanzando 83,6%, seguido por los cigarrillos con 52% y cerveza con 25%. La diferencia de precios en el whisky es favorable a Salto y es de –12,8%”, indicó la UCU en su informe.Con respecto a prendas de vestir y calzado, hay precios más bajos en Salto que en Concordia y la brecha es de -1,7%. Aquí hay un gran cambio en comparación a la medición anterior, ya que la brecha en enero era de 13%, por lo que en ese momento era más favorable comprar en Concordia.Salto presenta precios promedio más bajos que Concordia en jeans de mujeres (-16,9%) y de hombre (-6,6%), calzado deportivo de mujeres (-5,1%) y de hombre (-2,4%). El calzado deportivo de niños presenta una diferencia de precios más amplia alcanzando 27%, al igual que la remera de niños, donde la diferencia observada es de 45,5%.En la división Productos del hogar, la brecha se reduce significativamente, alcanzando 20,5%, cuando en la medición anterior era de 42%. Las toallas (-27,1%) y las sábanas (-24,4%) presentan precios promedio más baratos en Salto. El resto de los artículos se encuentran más caros en Salto con las siguientes diferencias de precios: lámparas eléctricas (+54,8%), pilas y baterías (+43,7%), jabones de limpieza en polvo y en barra y suavizante (+43,5%) y detergente (+10,2%). Con respecto a Transporte y combustible, hay una nueva configuración de los precios de los combustibles en la frontera. En este caso, la brecha de precios para la nafta súper se ubica en -11,43%. El beneficio de Imesi fue de 32% en el mes de marzo. Sin considerar tal beneficio, esta diferencia subiría a 30%. Por otra parte, el gasoil presenta una brecha de -14,3%. En tanto, la brecha de precios para las cubiertas es de -2,5%. “En marzo, el IPC de la división ´Transporte´ en la región pampeana, referencia para este informe, mostró un incremento de 1,9% en febrero y de 3,6% en marzo, acumulando 5,5% en dos meses. Mientras que en Uruguay el incremento de la misma división fue de 0,3% en febrero y 0,94% en marzo. Sin embargo, se destaca la baja de precio en combustibles para transporte personal, el gas oil –3,23% y nafta –1.16%”, agregó la UCU en su informe.En Comidas fuera del hogar, la brecha se reduce significativamente, llegando a 34%, cuando en la medición anterior se ubicaba en 74%. Las diferencias de precios para adquirir comidas fuera del hogar en restaurantes se muestran de la siguiente manera: refrescos (+44,2%), agua de mesa (+20,9%), hamburguesa de carne roja al pan (+31,9%) y pizzeta grande o familiar (+32,1%).Por último, en Bienes diversos sigue en descenso la diferencia de precios, pasando a 46%, cuando en la medición anterior se ubicaba en 56%. Las brechas de precios alcanzan 100% para el desodorante, 33% para la pasta dental, 61% para el shampoo. Para el jabón de tocador la diferencia es de 5% y en el caso del papel higiénico se ubica en 28%.(I:El Telégrafo) 

En lo que va del año el peso argentino tuvo una apreciación nominal del 5,1% y real del 12,2% respecto del dólar, en un contexto de fuerte intervención del Banco Central y ampliación de la brecha entre el valor oficial de la divisa y el límite superior de la banda cambiaria.El informe de la consultora destaca que el precio del dólar oficial cerró el 22 de abril en $1.379, mientras que el techo de la banda se ubicó en 1.758 pesos. Este diferencial se amplió a la par del fortalecimiento del saldo comercial argentino, que superó los USD 5.000 millones en el primer trimestre, impulsado por un aumento de las exportaciones y una reducción de las importaciones.La evolución del peso se inserta en un marco de apreciaciones cambiarias regionales. Según el informe, en igual periodo el real brasileño se apreció un 7,3%, el peso colombiano un 5,5% y el peso mexicano un 2%, siempre en términos reales, considerando la inflación acumulada entre enero y marzo. En contraste, el renminbi chino mostró una apreciación real del 1,4% y el euro se depreció un 2,6% en el mismo lapso.El análisis señala que en abril el índice DXY, que mide la evolución del dólar frente a una canasta de monedas, retrocedió un 1,5% nominal. La depreciación fue más marcada frente a las monedas latinoamericanas: 4,3% ante el real, 3,8% frente al peso chileno, 2,5% ante el colombiano y 3,4% respecto del mexicano. Frente al peso argentino, la caída fue de apenas 0,4%.

Al superávit comercial se suman las liquidaciones de emisiones de deuda corporativa y provincial en dólares, así como los préstamos en moneda extranjera de bancos locales al sector privado. Esta mayor disponibilidad de dólares –subraya- contribuye a la estabilidad cambiaria y al fortalecimiento de la moneda local.El estudio advierte que para dimensionar el impacto en los ingresos y egresos de los productores es fundamental considerar la evolución de los precios internacionales. Durante el primer trimestre, el valor general de las exportaciones argentinas subió un 8,5%, con incrementos relevantes en Combustibles y Energía (15%), Productos Primarios (8,1%) y Manufacturas de Origen Industrial (8,3%). Las importaciones también aumentaron de precio, aunque en menor proporción (6,8%), lideradas por bienes intermedios y automotores.Quantum identifica que, en este escenario, el valor del comercio exterior argentino creció no solo por el impulso de los precios sino también por el incremento en las cantidades exportadas e importadas. El informe subraya que las políticas diferenciadas entre países y productos generan crecientes discrepancias en precios y flujos de comercio, lo que añade complejidad al panorama cambiario y comercial.En comparación con otras monedas de países con los que Argentina mantiene relaciones comerciales, el peso se apreció en menor medida, según el análisis de la consultora. No obstante, el agregado de los ingresos netos se vio favorecido tanto por la mejora de los precios internacionales como por el aumento en las cantidades exportadas.El informe también señala posibles riesgos hacia adelante, vinculados a eventuales subas en los precios de bienes intermedios, de capital y de piezas y accesorios importados. Estos incrementos podrían afectar la ecuación de costos de las empresas y condicionar el proceso de inversión necesario para mejorar la competitividad y la eficiencia.En cuanto al balance comercial, el superávit argentino superó los 5.000 millones de dólares en el primer trimestre, resultado de exportaciones por 21.853 millones de dólares (un crecimiento interanual del 16,8%) y de importaciones por 16.345 millones de dólares (una caída del 7,3% en igual comparación). Esta mejora en la balanza de bienes se complementó con el ingreso de divisas provenientes de fuentes financieras, lo que fortaleció la oferta global de dólares en el mercado local.

Por Martín Fernández Nadale - En los últimos doce meses, la morosidad en los créditos otorgados a las familias experimentó un aumento significativo. Las estadísticas oficiales indican que la proporción de préstamos en situación irregular para personas físicas subió de 2,94% en febrero de 2025 a 11,2% al cabo de un año, alcanzando así el mayor nivel en más dos décadas. Dentro de este escenario, los préstamos personales muestran los índices de incumplimiento más altos de los últimos quince años.

Según se desprende del Informe de Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en febrero de 2026, el porcentaje de créditos en situación irregular para el sector privado alcanzó el 6,7% en el total de entidades, lo que representa un aumento de 0,3 puntos porcentuales respecto a enero y 4,9 puntos más que un año atrás. Este incremento se registró en todos los grupos de entidades financieras. En el segmento de familias, casi se cuadruplicó en la medición interanual y avanzó 0,6 puntos porcentuales en relación con el mes previo.A comienzos de 2026, todos los tipos de crédito alcanzaron sus picos más altos de morosidad. Si bien en 2019 y 2021 ya se habían registrado subas importantes, los valores actuales superan ampliamente esos antecedentes. El incremento reciente en la irregularidad representa el nivel más elevado desde, por lo menos, 2004.“En el caso de familias, la mora con entidades financieras subió por decimosexto mes consecutivo y alcanzó su valor más alto desde el año 2004. El dato consolida la idea de que hay una economía con récord de PBI e incluso con récord de consumo privado, pero que al mismo tiempo está mostrando dificultades para derramar en amplios sectores de la sociedad”, señaló un informe de la consultora 1816 en base a datos del BCRA.En el segundo mes del año, la proporción de créditos personales en situación irregular llegó a 13,8%, lo que implica un aumento de 0,6 puntos porcentuales frente a enero. Los préstamos con garantía hipotecaria alcanzaron un nivel de irregularidad de 1,4%, con una suba de 0,1 puntos. En las líneas prendarias, el indicador se ubicó en 6,8%, tras crecer 0,5 puntos en el mes. Por último, la morosidad en tarjetas de crédito subió a 11,6%, con un incremento de 0,6 puntos respecto a la medición previa.En declaraciones recientes, el ministro de Economía, Luis Caputo, abordó la situación del endeudamiento de los hogares y consideró clave “seguir bajando la inflación, que bajen las tasas y que los bancos den plazos para que la gente se vaya acomodando”. Sobre las complicaciones que enfrentan las familias, Caputo sostuvo que “esto es un coletazo del ataque político del año pasado: las tasas subieron fuertemente y algunas personas tienen y tuvieron dificultades. Eso se va a ir acomodando. No es problemático a futuro”.En el caso del financiamiento a empresas, también se observó un aumento en la morosidad, aunque en menor magnitud. En febrero, la tasa de irregularidad alcanzó el 2,9%, lo que representa una suba de 0,1 puntos porcentuales respecto a enero. Si se compara con el mismo mes de 2025, el indicador creció 2,1 puntos porcentuales desde el 0,8% registrado un año antes.De acuerdo al documento oficial del Central, el sistema financiero continuó mostrando altos niveles de cobertura mediante previsiones. En febrero, las previsiones totales del sector representaron el 90% de la cartera irregular, con una suba de 0,9 puntos porcentuales frente a enero, aunque 63,8 puntos menos que hace un año. En cuanto al total de créditos otorgados al sector privado, las previsiones equivalieron al 6%, lo que implica un incremento mensual de 0,4 puntos y una variación interanual de 3,3 puntos porcentuales.“Además, cabe considerar que en febrero el conjunto de entidades preservó elevada cobertura frente al riesgo de crédito asumido, teniendo en cuenta los niveles de exposición, morosidad, previsiones y capital disponible. En particular, el saldo de crédito en situación irregular neto de las previsiones en términos de la RPC se ubicó en 1,4% en el mes, ligeramente por debajo del registro de enero”, concluye el reporte de la autoridad monetaria.

La morosidad en billeteras virtualesSegún los economistas de LCG, el alza de la mora en los préstamos a las familias responde a la combinación de tasas de interés activas elevadas y la falta de crecimiento de los salarios. Además, señalaron que la tasa de interés real se ubica por encima de la inflación, por lo que las deudas mantienen su valor y no se licúan con el paso del tiempo.El incremento de la irregularidad crediticia también alcanza a billeteras virtuales y entidades financieras no bancarias, donde en algunos casos las estimaciones superan el 30 por ciento. Esta situación refleja la presión que enfrentan los sectores que recurren a microcréditos para cubrir gastos diarios fuera de los canales tradicionales.Un relevamiento privado con datos de diciembre de 2025 mostró diferencias marcadas en los niveles de morosidad entre las principales empresas de crédito no bancario y bancos digitales. Tarjeta Naranja registró el mayor porcentaje, con un 35,7% de préstamos irregulares; Cencosud informó un 25,5% y Credicuotas Consumo, un 25,4%. Mercado Libre, a través de Mercado Pago, reportó una tasa del 14,7% en enero de este año. Infobae.

Si bien, a partir de la gestión del Sindicato, se han destrabado expedientes y hoy se efectivizaron algunos pagos por prolongación de jornada, esto está muy lejos de dar respuesta al conjunto de trabajadores a quienes se les adeudan estos conceptos. Ante tal situación, y a pocos días de la apertura de la paritaria, UPCN se encuentra estado de alerta “para profundizar y hacer oír el reclamo de los compañeros, que es totalmente justo”.

“Estamos en estado de alerta”, anunció la secretaria adjunta, Carina Domínguez, quien señaló que existe “un enorme malestar en el sector salud, donde no se está pagando la prolongación de jornada, ni el horario atípico, ni tampoco las jefaturas”. Remarcó que “se trata de trabajo que los compañeros ya cumplieron hace meses, pero que siguen sin cobrar”.

Si bien se destrabaron algunos expedientes vinculados a la prolongación de jornada para enfermeros y hoy se efectivizaron los pagos, son muy pocos y está muy lejos de dar respuesta a todos los trabajadores alcanzados. “Reconocemos que el reclamo que veníamos haciendo se empezó a efectivizar, pero todavía falta muchísimo”, apuntó. Además, remarcó que las autoridades continúan sin brindar certezas respecto del resto de los conceptos adeudados.

En este contexto, UPCN anunció que iniciará medidas sorpresivas la semana próxima “para profundizar y hacer oír el reclamo de los trabajadores, que es totalmente justo”, subrayó la dirigente gremial, y expuso que el mayor malestar se concentra en el Hospital San Martín.

En relación con los cambios de tramo en enfermería, anticipó que UPCN trabaja en la presentación de un centenar de amparos. “El cambio de tramo es algo que la Ley 10.930 de Enfermería establece como automático. Sin embargo, hay presentaciones realizadas desde 2023 cuyos expedientes van y vienen entre ministerios sin resolverse”, expuso, y denunció que se está imponiendo un requisito que calificó como ridículo, por lo que consideró que se trata de una “maniobra para dilatar” su cumplimiento efectivo.

“En este clima nos vamos a sentar en la paritaria”, advirtió, por último.

El evento reunió a empresas, entidades financieras y actores clave del sistema con el objetivo de acercar herramientas concretas de financiamiento y fortalecer el acceso al crédito del entramado productivo.En este contexto, CREAR SGR se posiciona como la entidad estructuradora de las operaciones de garantías sindicadas dentro del sistema SGR, en articulación con CASFOG, mientras que Banco Entre Ríos participa como entidad monetizadora de las operaciones, permitiendo canalizar financiamiento hacia empresas con mayor escala y mejores condiciones.

Las garantías sindicadas permiten que múltiples SGR y el FOGAER (Fondo de Garantías de Entre Ríos) trabajen de manera coordinada para respaldar operaciones de mayor volumen, ampliando la capacidad del sistema y facilitando el acceso al crédito productivo para las empresas.Si bien este tipo de esquemas viene desarrollándose dentro del sistema de garantías a nivel nacional, la iniciativa presentada marca la primera estructuración con foco específico en la provincia de Entre Ríos, con el objetivo de potenciar el financiamiento del entramado productivo local.

“Las garantías sindicadas representan una evolución del sistema que ya se viene consolidando en el país. Este paso nos permite focalizar ese desarrollo en Entre Ríos, acompañando a empresas con necesidades de financiamiento más complejas y generando mayor escala en el acceso al crédito”, destacó Ignacio Valente, gerente general de CREAR SGR.Por su parte, Rodrigo Córdoba, responsable del segmento empresas de Banco Entre Ríos, explicó que: “La articulación con CREAR SGR y el sistema de garantías nos permite canalizar financiamiento de manera más eficiente hacia las PyMEs de la provincia, ampliando el alcance del crédito y mejorando sus condiciones”.

La iniciativa se enmarca en una agenda de trabajo conjunto orientada a fortalecer el acceso al financiamiento productivo y promover el desarrollo de las economías regionales.

Más allá de la exactitud histórica de la frase, la imagen conserva una potencia extraordinaria. Gobernar no consiste solamente en mandar, ni en administrar desde arriba, ni en mostrar resultados en una planilla prolija. Gobernar también exige sensibilidad para percibir lo que todavía no hace ruido, pero ya duele; lo que todavía no estalla, pero ya se está acumulando debajo de la superficie.Si traemos esa imagen a la Argentina actual, la pregunta es inevitable: ¿quién está escuchando crecer la hierba? Y la respuesta, por incómoda que resulte, es que hoy todo indica que el Gobierno nacional no lo está haciendo. O, al menos, no lo está haciendo con la profundidad que la hora exige.

Porque si algo define al presente argentino es precisamente esa distancia cada vez mayor entre los datos que el poder exhibe y la experiencia concreta que vive la sociedad. Una distancia que no es meramente técnica. Es política, social y, sobre todo, humana.

Desde el Gobierno se insiste en un relato de ordenamiento. Y es cierto que hay números que muestran una mejora en determinadas variables macroeconómicas. En marzo de 2026, el Sector Público Nacional registró un superávit financiero de $484.789 millones y acumuló en el primer trimestre un superávit equivalente a alrededor de 0,2% del PBI. También es cierto que el IPC de marzo fue de 3,4% y que acumuló 9,4% en el año, muy lejos del vértigo inflacionario del inicio de la gestión. Esos datos existen, son relevantes y no deben ser negados. El problema empieza cuando se pretende que esos datos alcancen por sí solos para describir la realidad entera.

Porque mientras el Gobierno celebra la consistencia del programa fiscal y la desaceleración inflacionaria, abajo, en la economía real, la hierba sigue creciendo y crujiendo. En febrero de 2026, el EMAE cayó 2,1% interanual y 2,6% respecto del mes anterior en la serie desestacionalizada. Ese mismo mes, las ventas en supermercados a precios constantes bajaron 3,1% frente a febrero de 2025. Y los salarios, medidos por el índice oficial, acumularon 5,0% entre diciembre y febrero, contra una inflación acumulada de 9,4% hasta marzo. Es decir: la macro puede ofrecer señales de estabilización, pero la actividad, el consumo y los ingresos todavía muestran que para amplios sectores la vida diaria sigue retrocediendo.

Y ahí es donde aparece el verdadero sentido de la metáfora. Escuchar crecer la hierba no es mirar el Excel del Ministerio de Economía. Es advertir que el salario ya no alcanza con la misma holgura, que el comercio de barrio vende menos, que el jubilado vuelve a hacer cuentas frente al mostrador de la farmacia, que la familia posterga gastos básicos, que la clase media deja de proyectar y empieza simplemente a defenderse. No es una discusión abstracta sobre indicadores. Es la mesa que se achica, el consumo que se restringe, el miedo que vuelve a instalarse como método de organización de la vida cotidiana.

Eso se percibe, además, en la calidad del trabajo y en la estructura social que está quedando. En el cuarto trimestre de 2025, la desocupación subió al 7,5%, por encima del 6,4% de un año antes. La informalidad laboral siguió en niveles altísimos y, según el informe del INDEC, 64,1% de la población asalariada informal no realiza aportes propios. En paralelo, la pobreza alcanzó al 28,2% de las personas en el segundo semestre de 2025 y entre los menores de 18 años trepó al 42,3%.

Dicho de otra manera: aun cuando algunas variables macro se ordenan, la estructura social sigue siendo extraordinariamente frágil. Y cuando una economía convive con esa fragilidad, cualquier celebración prematura se vuelve peligrosa.Porque no alcanza.

Por eso, el punto de fondo no es si los números oficiales son verdaderos o falsos. El punto es si alcanzan. Y no alcanzan. No alcanzan porque una sociedad no vive adentro de una planilla. No alcanza con decir que hay superávit si para millones de personas la vida sigue en déficit. No alcanza con mostrar que la inflación bajó si el trabajo es cada vez más precario, si el consumo sigue sin reaccionar y si la sensación dominante en una parte muy amplia de la sociedad es la de estar haciendo un esfuerzo enorme para apenas no caerse. Las estadísticas sin lugar a dudas son herramientas valiosas; el problema empieza cuando se las convierte en un sustituto de la realidad.

Ahí es donde la crítica al Gobierno debe ser más clara. El oficialismo parece escuchar con mucha atención a los mercados, a los analistas financieros, a los organismos internacionales y a su propio relato de eficiencia.

Pero escucha poco el murmullo social que viene de abajo. Escucha poco la angustia de los sectores medios que se achican. Escucha poco a los jubilados que ya no pueden sostener gastos elementales. Escucha poco a los trabajadores formales que descubrieron que tener empleo dejó de ser garantía de tranquilidad. Escucha poco, en definitiva, a una sociedad que no necesariamente cuestiona la necesidad de ordenar la macroeconomía, pero que sí empieza a preguntarse para qué sirve ese orden si no mejora de manera visible su propia vida.Y ese déficit de escucha ya está dejando señales. Las protestas de jubilados frente al Congreso continuaron en abril de 2026, con reclamos centrados en medicamentos, prestaciones y pérdida del ingreso real. En febrero, miles de personas marcharon contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno y la protesta terminó con enfrentamientos y detenidos.

Es decir: la conflictividad no es una hipótesis académica ni una exageración opositora. Es una advertencia. Es la forma en que la hierba deja de crecer en silencio y empieza a hacerse oír cuando nadie la quiso escuchar a tiempo.Dicho de otro modo: no alcanza con que cierre la planilla si no cierra la vida.

Y eso no significa caer en un facilismo demagógico ni negar la importancia del equilibrio fiscal. Sería absurdo. Una economía desordenada no ofrece futuro a nadie. Pero una economía ordenada que no logra traducirse, en plazos razonables, en alivio social, recuperación de ingresos, mejora del trabajo y recomposición de expectativas, empieza a quedar atrapada en su propia lógica contable. Puede volverse técnicamente consistente y políticamente sorda.

Ese parece ser hoy el principal riesgo del Gobierno de Javier Milei. No sólo el de ajustar. No sólo el de sostener un programa duro. Sino el de convencerse de que escuchar a la sociedad es una debilidad, de que toda queja es resistencia corporativa, de que todo reclamo social es una amenaza al plan, de que todo malestar es una incomodidad transitoria que debe ser soportada en nombre de un futuro que siempre se promete, pero que para muchos todavía no llega.

La historia enseña que los gobiernos rara vez tropiezan sólo por un mal indicador. Muchas veces tropiezan por algo más elemental: por confundir estabilización con legitimidad, alivio técnico con bienestar real, y éxito contable con paz social.

Ese es el riesgo de la Argentina actual. No el de carecer de números, sino el de enamorarse de ellos. No el de no tener rumbo, sino el de creer que el rumbo es correcto sólo porque algunas variables lo confirman, aun cuando debajo de esas variables una parte creciente de la sociedad se siente afuera, sola o simplemente ignorada.

Escuchar crecer la hierba, en este contexto, no es una consigna poética. Es una obligación política. Porque cuando un gobierno deja de escuchar el temblor de la vida cotidiana, cuando sólo se oye a sí mismo, cuando se convence de que la sociedad debe adaptarse indefinidamente a su programa sin reclamar alivio, contención ni horizonte, entra en una zona de peligro.

La hierba siempre avisa antes. El problema es que, cuando finalmente todos la oyen, muchas veces ya es demasiado tarde.

La actividad económica anotó su peor caída desde diciembre del 2023 y retrocedió un 2,6% respecto de enero, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Así, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) obtuvo la peor merma desde el último mes del 2023, cuando el índice consignó la misma caída del 2,6%.

En la medición interanual, la actividad económica cayó 2,1% frente al mismo mes de 2025, quedando por detrás de septiembre del 2024 (-2,4%).Con respecto al componente tendencia-ciclo, el mismo tuvo una variación positiva de 0,1%.

La disparidad entre los sectores sigue siendo un factor clave que explica la caída en el índice: mientras que el agro, la minería e intermediación financiera siguen con alzas por encima del EMAE, los rubros de la industria y el comercio no logran repuntar.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, ocho de los quince sectores que conforman el EMAE registraron subas en febrero, entre los que destacaron Pesca (14,8%) y Explotación de minas y canteras (9,9%). A contramano quedaron la Industria manufacturera (-8,7%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-7%).

En ese sentido, el ministro de Economía Luis Caputo afirmó que, a pesar de la caída en febrero, la tendencia es “subyacente” y argumentó que el 2026 contó con dos días hábiles menos que el 2025, además de haberse registrado un paro general.

El EMAE de cada sector en febrero de 2026Pesca: 14,8%.Explotación de minas y canteras: 9,9%.Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 8,4%.Intermediación financiera: 6%.Hoteles y restaurantes: 1%.Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: 1%.Servicios sociales y de salud: 0,9%.Enseñanza: 0,1%.Transporte y comunicaciones: -0,3%.Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: -0,5%.Construcción: -0,6%.Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -1,5%.Impuestos netos de subsidios: -4,2%.Electricidad, gas y agua: -6%.Comercio mayorista, minorista y reparaciones: -7%.Industria manufacturera: -8,7%.

El mercado de la carne vacuna atraviesa un escenario de ajuste en Argentina, que impacta directamente sobre el consumo interno. En el primer trimestre de 2026, la producción totalizó 700,19 mil toneladas res con hueso, lo que representó una caída del 5,1% interanual, es decir, unas 37,5 mil toneladas menos que en el mismo período del año anterior, indica un informe elaborado por la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).

En paralelo, las exportaciones mostraron un fuerte dinamismo: alcanzaron las 187,4 mil toneladas en el primer trimestre, con un incremento del 11,4% respecto de 2025. Este crecimiento en los envíos al exterior, combinado con la menor oferta, redujo la disponibilidad de carne en el mercado local.Como consecuencia, el consumo aparente de carne vacuna se ubicó en 512,8 mil toneladas, lo que implicó una caída del 10% interanual. En términos absolutos, se consumieron 56,7 mil toneladas menos que un año atrás, reflejando el impacto de la menor oferta y de un contexto de precios en alza.

El deterioro también se observa en el consumo por habitante. El promedio móvil de los últimos doce meses se ubicó en 47,3 kilos por persona al año, con una baja del 3,7% frente a marzo de 2025. Este indicador confirma una tendencia descendente en el consumo interno, que se consolida en un contexto económico desafiante.

Detrás de esta dinámica, puntualiza el reporte de CICCRA, se encuentra una menor disponibilidad de hacienda para faena, producto de factores climáticos acumulados —sequías e inundaciones— que afectaron el stock ganadero y el índice de preñez.

Esto derivó en un aumento significativo del precio del ganado en pie, que alcanzó los niveles más altos de los últimos quince años, trasladándose luego a los valores al consumidor. Infobae. 

Por Lola Loustalot - El proceso para asegurar la importación de gas natural licuado (GNL) durante el invierno de 2026 en la Argentina experimentó un giro inesperado: ante la paridad en las ofertas de Naturgy y Trafigura, y en medio de una coyuntura internacional marcada por precios elevados y menor disponibilidad, será finalmente el Estado, a través de Enarsa, quien asumirá la responsabilidad de compra y logística de este recurso esencial.Fuentes oficiales señalaron a Infobae que la decisión obedece “a la suba y volatilidad del precio internacional, agravada por el conflicto en Medio Oriente: no es momento de convalidar condiciones que puedan sumar costos al sistema justo cuando Argentina está bajando el uso de GNL”. “La estrategia no cambia: seguimos convencidos de privatizar esta operatoria y avanzar hacia un esquema competitivo, transparente y con señales de precio para que se conozca el costo real de la energía”, agregaron.El objetivo inicial era que el sector privado se hiciera cargo de todo el proceso: desde la coordinación de los buques y la gestión de inventarios, hasta la operación de la terminal y la asunción de los riesgos comerciales, es decir, cualquier variación en los costos o en la demanda. Para esto, se preveían contratos anuales y la licitación debía adjudicarse a la empresa que ofreciera el menor costo total, sumando tanto el precio internacional del GNL como los gastos logísticos asociados. Tiempos y costos habría demorado el esquema, que se espera se implemente en 2027.Según estimaciones de la industria, este año se deberían importar entre 20 y 24 buques de GNL. A pesar del superávit energético récord que viene mostró la Argentina en el primer trimestre —con un saldo positivo de USD 2.405 millones— el país todavía necesita importar GNL durante los meses de invierno. La razón no es falta de recursos, sino una combinación de factores estructurales. Por un lado, la demanda de gas se dispara de forma estacional con las bajas temperaturas, especialmente en el consumo residencial. Por otro, la infraestructura de transporte y almacenamiento no alcanza para trasladar todo el gas desde las cuencas productoras hacia los centros de consumo. En ese contexto, el GNL funciona como un seguro para cubrir esos faltantes puntuales y garantizar el abastecimiento del sistema. Sin embargo, la mayor parte del gas importado será destinado a la industria.

Cabe destacar que hasta el año pasado, el Estado importaba GNL a precios internacionales—entre USD 15 y USD 17 por millón de BTU—y lo revendía en el mercado local subsidiando hasta cerca de USD 2,7 por millón de BTU. El Gobierno quería eliminar esta intervención pública.La licitación inició en febrero y llegó a su instancia final con dos propuestas. Una, de la firma española Naturgy y la otra, del gigante petrolero Trafigura que en la Argentina comercializa la marca de combustibles Puma. Ya por esos momentos, referentes de la industria energética alertaban sobre la necesidad de acelerar los plazos, ya que, históricamente, el Estado concretaba la compra de los buques de GNL para el invierno durante los primeros meses del año.Sin embargo, la ronda siguió hasta la semana pasada. La diferencia entre las propuestas económicas de las empresas en la última ronda de la licitación fue inferior al 1%, un margen particularmente estrecho. Naturgy ofertó USD 4,50 por millón de BTU, mientras que Trafigura presentó USD 4,57. Esta paridad se produce en un contexto donde, según precisó la Secretaría de Energía, el precio spot internacional del GNL trepó hasta USD 22 por millón de BTU, más del doble del valor observado en febrero, tras la escalada del conflicto armado que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.Juan José Carbajales, economista especializado en energía, calculó, en diálogo con Infobae, que la compra de GNL para cubrir el invierno de 2026 podría alcanzar USD 1.400 millones, una cifra que duplica la estimada para el año anterior. El incremento en el costo, explicó Carbajales, obedece principalmente a la disparada global de los precios de la energía producto de la crisis en Medio Oriente, que no solo elevó los valores sino que complicó la disponibilidad de cargas y buques en el circuito internacional.De esta manera, la incertidumbre sobre la adjudicación y los valores ajustados también reflejan el nuevo esquema de consulta que implementó la Secretaría de Energía este año. Por primera vez, la administración consultó directamente a las distribuidoras, omitiendo la habitual intervención de Enarsa, las transportistas y el Enargas. El cambio obedeció a la urgencia de definir el volumen de importación ante el impacto de las fluctuaciones internacionales y de la menor oferta vinculada al conflicto bélico, tal como detalló Carbajales.En la licitación vigente, la diferencia de precios entre los oferentes había generado una situación inusual: en la primera ronda, Trafigura había presentado una oferta de USD 4,91 por millón de BTU, apenas USD 0,04 por debajo de los USD 4,95 propuestos por Naturgy.

Esta diferencia mínima activó el mecanismo de desempate contemplado en el pliego, lo que derivó en una nueva reducción de los precios en la última ronda. Pero el contexto internacional alteró los supuestos iniciales: la volatilidad de los costos y la incertidumbre global hicieron que la definición quedara en manos de la Secretaría de Energía, que postergó la adjudicación definitiva y anunció una nueva revisión de “costos y condiciones”.Frente a este escenario, Enarsa, la empresa estatal con casi dos décadas de experiencia en el proceso, retomó un papel protagónico. Según adelantó el medio especializado Econojournal, Enarsa ya inició gestiones para asegurar la llegada de los dos primeros buques en mayo, anticipándose a la baja de temperaturas propia del inicio del invierno. Infobae.

Entre Ríos atraviesa un deterioro marcado de su entramado económico: desde fines de 2023 cerraron 854 empresas, lo que representa una caída del 5,5%, un porcentaje que supera el promedio nacional y que refleja con claridad el impacto de la actual coyuntura sobre la provincia.El dato no es aislado. Sectores clave de la economía entrerriana comenzaron a mostrar señales de debilitamiento, con dificultades en la industria avícola, la cadena citrícola y la actividad vinculada a la construcción. A esto se suman cierres y retracciones de pymes en ciudades como Paraná, Concordia y Gualeguaychú, donde comercios y pequeñas industrias vienen reduciendo actividad o directamente bajando persianas ante la caída del consumo y el aumento de costos.

Según indicadores del propio INDEC, la actividad industrial y la construcción registraron retrocesos sostenidos durante los últimos meses, con impacto directo en provincias con fuerte dependencia de estos sectores, como Entre Ríos. La menor inversión pública y la paralización de obras también afectaron de manera directa al empleo local.A nivel nacional, el panorama es igualmente preocupante. Desde noviembre de 2023 se perdieron más de 206.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado, con caída en 22 de las 24 jurisdicciones del país. En paralelo, desaparecieron más de 24.000 empresas, lo que implica una contracción del 4,7% del total.

Sin embargo, en términos relativos, Entre Ríos muestra un deterioro más profundo. La pérdida de empresas no responde a un proceso de modernización ni a una reconversión productiva, sino a un contexto de retracción económica generalizada.

El informe advierte que 21 de los 25 sectores relevados están en caída, incluyendo áreas estratégicas como la industria, la construcción y los servicios. En la provincia, esto se traduce en menos actividad, menor generación de empleo y una creciente incertidumbre en el sector privado.Uno de los factores determinantes es la fuerte reducción de la inversión pública nacional. Gran parte del superávit fiscal se explica por el freno a la obra pública, un ajuste que repercute directamente en economías provinciales como la entrerriana, donde la obra estatal tiene un peso significativo en la generación de empleo.

A este escenario se suma una inflación que sigue erosionando el poder adquisitivo, el aumento de tarifas y una caída sostenida del consumo interno, elementos que terminan configurando un cuadro complejo para la producción y el trabajo.

El resultado es visible: menos empresas, menos empleo y una economía provincial que empieza a sentir con mayor intensidad el impacto del contexto nacional.

El panorama para la industria nacional mantiene una tendencia desfavorable de cara al segundo trimestre del año. De acuerdo con los resultados de la última Encuesta de Tendencia de Negocios de la Industria Manufacturera relevada por el Indec, el 20,1% de los empresarios del sector prevé que su nivel de producción disminuirá durante el período comprendido entre abril y junio de 2026. Esta cifra confirma la persistencia de un clima de retracción en la actividad productiva, donde solo una porción minoritaria de los consultados vislumbra una mejora en el corto plazo.La medición del Indec refleja que la mayoría de las unidades de negocios, específicamente el 63,1%, estima que el nivel de fabricación se mantendrá sin cambios respecto a los niveles actuales. No obstante, el dato de que una de cada cinco fábricas anticipe una nueva caída resulta relevante en un contexto donde los indicadores sectoriales ya muestran retrocesos significativos. Las expectativas de aumento en la producción se ubican en el 16,8%, lo que arroja un balance de respuestas negativo de 3,3 puntos porcentuales.Esta perspectiva se apoya en un escenario de arrastre complejo. Según los últimos datos oficiales, la industria manufacturera registró en febrero una caída del 8,7% en términos interanuales y una baja de 4% con relación al primer mes del año. Los números demuestran además que la crisis de ha ido profundizando en los últimos meses, afectando a casi la totalidad de las ramas de actividad. De las 16 divisiones que integran el índice, 14 presentaron variaciones negativas en febrero, destacándose sectores sensibles como maquinaria y equipo, que retrocedió un 29,4%, y la industria automotriz, con una baja del 24,6% interanual.

Crece la preocupación por la demanda internaUn aspecto central que explica la cautela y el pesimismo de los industriales es el comportamiento del consumo doméstico. El informe del Indec señala que el factor identificado como el principal obstáculo para aumentar la producción es la demanda interna insuficiente, mencionada por el 52,5% de las empresas consultadas. Al profundizar en las expectativas para el próximo trimestre, se observa un deterioro en la visión de los fabricantes sobre este punto específico.De acuerdo con los datos comparativos procesados entre la encuesta realizada en febrero y la actual correspondiente a marzo, la proporción de empresas que esperan una profundización en la caída de las ventas locales ha ido en ascenso. Mientras que en la medición de febrero el 23% de los industriales preveía que la demanda interna disminuiría en el corto plazo, en el relevamiento de marzo ese porcentaje escaló al 24,3%.Este incremento de 1,3 puntos porcentuales en la expectativa de caída del consumo interno se produce en un marco donde el 58,2% de los consultados cree que el mercado local no presentará cambios y solo un 17,5% apuesta por una recuperación. El deterioro de las expectativas internas es un motor determinante para la decisión de las plantas de mantener o reducir sus ritmos de fabricación, dado que el mercado doméstico es el destino principal de la mayor parte de la producción nacional.

Impacto en el empleo y las horas de trabajoLa continuidad de la crisis industrial y la falta de señales claras de recuperación en la demanda también tienen su correlato en las previsiones sobre el mercado laboral dentro de las fábricas. La encuesta de expectativas del Indec muestra que las empresas están ajustando sus planes respecto a la utilización de mano de obra para el trimestre abril-junio.En cuanto a la dotación de personal, el 17,3% de las firmas anticipa una disminución en el número de empleados para los próximos tres meses. En contrapartida, apenas un 3,7% de los industriales planea incorporar trabajadores, mientras que el 79% estima que mantendrá su plantilla actual sin variaciones. Estas cifras revelan un balance negativo de 13,5 puntos en las expectativas de contratación, lo que sugiere que la tendencia de desvinculaciones o no renovación de contratos podría mantenerse vigente.En sintonía con esto, las horas trabajadas por el personal afectado al proceso productivo también muestran una tendencia a la baja. El 18,7% de los establecimientos prevé que la cantidad de horas trabajadas disminuirá, frente a un 6,3% que espera un incremento. El 75% restante no anticipa cambios en este indicador.

Qué se espera para las exportacionesEl frente externo tampoco parece ofrecer un alivio inmediato para compensar la debilidad del mercado local. Según el Indec, el 15,6% de los exportadores industriales estima que sus ventas al exterior caerán en el próximo trimestre. El 66% no prevé cambios significativos y el 18,4% anticipa un crecimiento en sus despachos internacionales.En definitiva, los datos de las encuestas de tendencia de negocios ratifican que el sector industrial atraviesa un período complejo. La combinación de una demanda interna en retroceso, una caída ya consolidada en los niveles de actividad y expectativas que no logran perforar el piso del pesimismo, coloca a la industria en una posición de vulnerabilidad para el cierre de la primera mitad del año. Infobae.

La balanza comercial interanual de marzo arrojó que las exportaciones subieron 30,1%, mientras que las importaciones fueron de 1,7%, por lo que resultó un superávit de US$ 2.523 millones, según consignó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).El resultado de las exportaciones y las importaciones “implicó un incremento de US$ 1.899 millones respecto del mismo mes de 2025”, de acuerdo al INDEC. En este sentido, el informe del instituto indicó que “el índice de términos del intercambio disminuyó, reflejo de una mejora en los precios de las importaciones y un deterioro de las exportaciones. En el análisis por cantidades se destacó la suba de las exportaciones”.Con este escenario, en el mes de marzo, tal como informó el INDEC en su informe, el porcentaje de las exportaciones alcanzaron un récord histórico, lo cual se traduce en US$ 8.645 millones. A su vez, el instituto dio cuenta de que el ascenso estuvo marcado por un alza de 25,3% en las cantidades exportadas y en los precios de 3,9%. “La serie desestacionalizada se elevó 19,8% y la tendencia-ciclo, 1,2% en comparación con el mes anterior”, detalló en el texto al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.Por otro lado, en relación a las importaciones durante marzo, las mismas “alcanzaron un total de US$ 6.122 millones, lo que representó un incremento interanual de 1,7%. Esta suba se atribuyó a la suba de los precios de 5,8%, ya que las cantidades disminuyeron 3,7%”. Así, “la serie desestacionalizada y la tendencia-ciclo registraron un incremento de 0,4% y 0,2% respectivamente, en comparación con febrero de 2026”.

¿Con qué países tuvo más intercambio la Argentina en marzo 2026?Brasil, China, Unión Europea, Estados Unidos y la India son con quienes más tuvo intercambio.Por otro lado, el intercambio comercial aumentó 16,6% en relación a marzo de 2025 y así llegó a un total de 14.766 millones de dólares. Las exportaciones fueron récord con 8.645 millones y las importaciones ascendieron a 6.122 millones, de modo tal que la balanza comercial tuvo un superávit de 2.523 millones de dólares, redondeando un resultado positivo por 28° mes consecutivo.

¿Cuáles fueron los rubros que más intercambio comercial tuvieron?Según la información oficial del INDEC, “las exportaciones en marzo aumentaron USD 2.002 millones, lo que implicó un incremento de 30,1% respecto a igual mes de 2025. Las cantidades vendidas crecieron 25,3% y los precios se elevaron 3,9%”.En tal sentido, el informe marca que “todos los rubros subieron con relación al mismo período del año anterior: los productos primarios registraron un alza de 56,2%, con US$ 845 millones. Las cantidades se incrementaron 62,7% y los precios descendieron 3,8%. Cereales fue el subrubro que tuvo la mayor suba, con US$ 421 millones”.También, “las manufacturas de origen industrial se elevaron 26,4%, con una diferencia interanual de US$ 502 millones; las cantidades y los precios aumentaron 13,6% y 10,8% respectivamente”.Asimismo, el informe indica que “los combustibles y energías alcanzaron US$ 1.235 millones, el valor más alto registrado, con un incremento de US$ 232 millones y una variación de 23,2% respecto de marzo de 2025. Este desempeño estuvo impulsado principalmente por el aumento en las exportaciones de carburantes y petróleo crudo. Las cantidades exportadas crecieron 29,1%, mientras que los precios registraron una caída de 4,5%. Si bien las cotizaciones internacionales del petróleo crudo muestran una marcada tendencia alcista, los valores correspondientes a marzo reflejan operaciones aduaneras iniciadas hasta 45 días antes de la fecha de exportación”.Y “las ventas de manufacturas de origen agropecuario fueron de US$ 2.659 millones, con una variación positiva de 18,9% con respecto al mismo período del año anterior, con una suba de las exportaciones por US$ 423 millones. Los precios ascendieron 9,7% y las cantidades, 8,5%”.

Desde la puesta en marcha del nuevo esquema monetario en enero de 2026, la entidad monetaria incorporó USD 6.151 millones, cifra que ya representa más de la mitad del objetivo anual para 2026. En abril, el ritmo de compras se aceleró en comparación con los meses anteriores: en la última semana se sumaron 595 millones de dólares.

El Banco Central ya logró el 61% de la meta anual de adquisiciones de divisas. Sin embargo, la acumulación de reservas internacionales se vio afectada por los pagos de deuda realizados por el Tesoro, que obtuvo parte de los dólares a través del propio Banco Central, lo cual moderó el crecimiento neto de los activos en moneda extranjera.

Para mantener el ritmo comprador, la entidad emitió pesos sin utilizar mecanismos de esterilización, mientras que el Tesoro implementó la colocación de títulos en moneda local con el fin de absorber liquidez y evitar un incremento en la expansión monetaria, buscando así contener eventuales presiones sobre el tipo de cambio y la inflación.Proyecciones oficiales indican que, acorde con la demanda de pesos y la oferta de divisas, el saldo neto de compras podría ubicarse entre 10.000 y 17.000 millones de dólares en 2026. El titular del BCRA, Santiago Bausili, señaló que estos factores serán determinantes para el resultado final.Al finalizar la última jornada, las reservas internacionales alcanzaron los USD 45.747 millones, con una caída diaria de 44 millones de dólares. En febrero, el stock llegó a USD 46.905 millones, el nivel más alto desde 2018 y el máximo en la gestión actual. Los movimientos recientes se explican tanto por pagos de deuda en divisas como por variaciones en la valuación de activos, como el oro y los bonos, en un entorno internacional volátil.

De forma paralela, el volumen negociado en el segmento de contado llegó este lunes a 514,7 millones de dólares, con una demanda fortalecida que sostuvo el dólar mayorista en 12,50 pesos o 0,9 por ciento, a 1.377 pesos, retornando al valor registrado el 9 de abril.El Banco Central fijó la banda superior de su esquema cambiario en 1.687,07 pesos, lo que dejó el tipo de cambio oficial a 310,07 pesos o 22,5 por ciento por debajo de ese tope, permitiendo continuar con las compras oficiales en el mercado mayorista.

Las medidas para reactivar el créditoEl Banco Central decidió flexibilizar los requisitos de encajes bancarios y reabrir la ventanilla de pases activos, con el objetivo de avanzar en la normalización del mercado financiero. Esta medida restablece el corredor de tasas de interés, que actúa como un marco para reducir la volatilidad de los tipos de interés a corto plazo y ofrecer mayor previsibilidad a las entidades financieras.

El corredor funciona con un límite inferior representado por los pases pasivos, que actualmente se sitúan en 20% y corresponden a la tasa que el Central paga a los bancos por los fondos excedentes. El límite superior lo marcan los pases activos, con una tasa de 25%, que es la que el Banco Central cobra a las entidades cuando estas requieren liquidez inmediata.Este sistema contribuye a que la tasa de interés de mercado se mantenga dentro de un rango definido, evitando variaciones abruptas en el costo del dinero. El propósito es estabilizar el sistema financiero y crear condiciones adecuadas para impulsar el crédito y la actividad económica. Infobae.

La economía argentina atraviesa una etapa de reordenamiento con señales mixtas. Por un lado, se definieron nuevas metas de acumulación de reservas que apuntan a reforzar la posición del Banco Central, con un objetivo de compra de divisas cercano a los 10.000 millones de dólares y una acumulación efectiva de al menos 8.000 millones. La estrategia busca fortalecer la capacidad de respuesta frente a eventuales tensiones, especialmente en un contexto atravesado por compromisos de deuda y factores políticos propios de un año preelectoral.En ese marco, la acumulación de reservas aparece como un factor clave para reducir vulnerabilidades. La experiencia reciente muestra que, ante escenarios de incertidumbre política, pueden generarse movimientos bruscos en los depósitos en dólares y en la demanda de divisas, lo que refuerza la necesidad de contar con un “colchón” financiero más amplio.Al mismo tiempo, el esquema económico vigente mantiene el foco en la estabilidad de precios. La inflación, si bien aún elevada, muestra indicios de desaceleración y se proyecta una tendencia descendente en los próximos meses que no tendra servicios en aumento. La estabilidad cambiaria relativa, la menor presión de ajustes tarifarios y la estacionalidad juegan a favor de ese proceso, que busca consolidarse como uno de los pilares del programa económico.En paralelo, la política financiera se orienta a fortalecer el mercado en moneda local. Se observa una estrategia de mayor colocación de deuda en pesos, con extensión de plazos y reducción del peso de los compromisos en moneda extranjera. Este esquema apunta a disminuir riesgos externos y ordenar las cuentas públicas sin recurrir a una expansión monetaria significativa.En cuanto al nivel de actividad, el comportamiento es heterogéneo. Algunos sectores muestran señales incipientes de recuperación, especialmente aquellos que venían más rezagados, como la construcción. Sin embargo, el crecimiento general se mantiene moderado, condicionado por el impacto de los costos energéticos y el ajuste en el consumo.El frente externo presenta datos alentadores. Se proyecta un aumento significativo de las exportaciones, impulsado en parte por el sector energético. La puesta en marcha de nuevas infraestructuras, como oleoductos, podría aportar miles de millones de dólares adicionales al año, generando un flujo creciente de divisas en el mediano plazo.No obstante, el escenario también presenta interrogantes. La evolución de acuerdos financieros internacionales, como los swaps de monedas, y el comportamiento del contexto político serán variables determinantes. Además, el proceso de transformación económica genera diferencias marcadas entre sectores, con actividades que crecen y otras que aún enfrentan dificultades, especialmente en materia de empleo formal.

En este contexto, la economía se encamina hacia una etapa donde la estabilidad macroeconómica convive con desafíos sociales y productivos. La consolidación del rumbo dependerá de la capacidad de sostener las variables clave —inflación, reservas y financiamiento— mientras se recupera gradualmente el nivel de actividad.

Los ingresos de los argentinos experimentan notorias asimetrías según la zona del país donde residen, ya que mientras en la Ciudad de Buenos Aires se perciben US$25 diarios, en provincias del norte no se alcanzan los US$9, según expuso un informe de la consultora Focus Market.El reporte reflejó que el ingreso individual promedio en Argentina es de US$671,08 medido al tipo de cambio oficial. Esta cifra ubica al país por encima de Bolivia (US$607,81), Paraguay (US$598,40) y Brasil (US$620,00), aunque aún se encuentra considerablemente por debajo de Uruguay (US$1.273,00) y Chile (US$1.518,00).Más allá de la comparativa regional, el análisis, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, puntualizó que el promedio nacional “oculta disparidades que condicionan el acceso a salud, educación y alimentación según el lugar de residencia”.En este sentido, la consultora advirtió que el aumento del ingreso medido en dólares, enfatizado por el Gobierno como signo de reactivación, no llega de forma equitativa a las provincias al evidenciar una marcada disparidad entre el centro-sur y el norte del país.Al respecto, señaló que “cuando los ingresos se distribuyen de manera desigual entre provincias, el dato agregado no refleja la situación real de amplias franjas de la población” y remarcó que “para evaluar genuinamente el impacto en la calidad de vida, es indispensable considerar el poder adquisitivo en cada territorio y qué bienes y servicios pueden efectivamente adquirirse con ese ingreso”.El mayor ingreso per cápita familiar se detecta en CABA con una suma de US$762,34. El podio lo completan dos provincias patagónicas, ya que en segunda instancia aparece Tierra del Fuego (US$635,52) y en tercera posición se ubica Neuquén (US$610,75).En el extremo opuesto, La Rioja (US$247,20), Chaco (US$255,74) y Formosa (US$266,65) registran los ingresos más bajos, que representan apenas un tercio de lo percibido en la zona metropolitana.De esta manera, a nivel diario, el ingreso en CABA es de US$25,41, en Tierra del Fuego y Neuquén alcanza US$21,18 y US$20,36 respectivamente. Mientras que en La Rioja se vive con apenas US$8,24 diarios, en Chaco con US$8,52 y en Formosa con US$8,89.Para dimensionar concretamente lo que implica esta brecha en la vida cotidiana, Focus Market reveló qué puede comprar un trabajador con un día de ingreso según la provincia donde vive. En La Rioja, una jornada de trabajo alcanza para medio kilo de bifes, o medio kilo de helado, o cinco empanadas. En Salta la situación es similar: 700 gramos de bifes, o 600 gramos de helado, o cinco empanadas.A medida que se avanza hacia provincias con mayores ingresos, el poder adquisitivo mejora: en San Luis rinde para tres cuartos de kilo de bifes, o 650 gramos de helado, o seis empanadas; en Santa Fe para un kilo de bifes, o 900 gramos de helado, o nueve empanadas.En CABA, en cambio, un día de trabajo permite comprar un kilo y tres cuartos de bifes, o un kilo y medio de helado, o catorce empanadas. La misma jornada laboral, arroja resultados radicalmente distintos según el lugar del país donde se viva.El informe también expuso la brecha que existe entre los trabajadores formales, con aportes jubilatorios, y los informales, como otro punto que refleja marcadas distancias entre provincias.En Santa Cruz, un trabajador informal gana un 67,3% menos que uno formal, marcando la mayor brecha del país. Le siguen Chaco (63,9%) y San Luis (62,7%). Por el contrario, la menor brecha se encuentra en Tierra del Fuego (31,6%), seguida por La Rioja con 42,5% y CABA con 42,6%.En este marco, el director de la consultora, Damián Di Pace, sostuvo que “mientras persistan diferencias de tres a uno en los ingresos diarios entre provincias, y brechas de más del 60% entre trabajadores formales e informales en buena parte del país, cualquier discurso sobre recuperación económica será parcial”.Asimismo, planteó que “estabilidad, inversión y formalización son las tres condiciones necesarias para que el crecimiento se traduzca en mejoras reales y sostenidas para el conjunto de la población”.

Durante décadas, el mundo aprendió a mirar la economía a través de una cifra casi sagrada: el Producto Interno Bruto. Si sube, se celebra; si baja, se encienden las alarmas.

Gobiernos, bancos centrales, organismos internacionales y medios de comunicación lo siguen como si fuera el termómetro definitivo del progreso. Pero en medio de una revolución tecnológica sin precedentes, empieza a imponerse una pregunta tan incómoda como necesaria: ¿y si la economía no estuviera realmente estancada, sino que la estamos midiendo mal?

La pregunta no es antojadiza. Vivimos en una época en la que nunca hubo tanto acceso a información, conocimiento, conectividad y capacidad de procesamiento en manos de una sola persona como hoy. Un teléfono celular concentra funciones que hasta hace pocos años requerían decenas de bienes y servicios distintos: cámara, agenda, mapas, enciclopedia, calculadora, correo, música, noticias y acceso inmediato a casi cualquier dato del planeta. Sin embargo, buena parte de ese salto en bienestar no aparece reflejado con claridad en la métrica que seguimos usando para diagnosticar la salud económica de los países.

Ahí aparece el primer punto clave: el PIB mide actividad económica monetaria, no bienestar. Sirve para cuantificar producción, valor agregado y movimiento de mercado, pero no fue diseñado para medir felicidad, calidad de vida o progreso humano integral. Y esa diferencia, que durante mucho tiempo pasó relativamente desapercibida, hoy se vuelve central.

Durante buena parte del siglo XX, el PIB funcionó razonablemente bien como brújula general porque la economía estaba dominada por bienes físicos: acero, cemento, automóviles, rutas, energía, maquinaria, cosechas. Era un mundo donde crecer significaba producir más cosas materiales y venderlas a precios fácilmente observables.Pero el siglo XXI cambió las reglas de juego. Cada vez más valor económico proviene de software, plataformas, automatización, inteligencia artificial, datos, diseño, conocimiento y servicios digitales. Es decir, de activos que muchas veces mejoran la vida de las personas sin traducirse de manera proporcional en mayores precios de mercado.

Y ahí nace la gran paradoja de nuestro tiempo: cuando la tecnología hace algo más barato, más eficiente y más accesible, el bienestar puede aumentar mientras el valor monetario registrado crece menos o incluso cae. Dicho de otro modo: la sociedad puede estar mejor, aunque la estadística lo capte mal o de manera incompleta.

La historia ofrece un ejemplo brillante. Antes de la imprenta, los libros eran bienes caros, escasos y reservados a una minoría. Con la irrupción de Gutenberg, el costo de reproducción cayó de manera drástica. Si uno se quedara solamente con la lógica del mercado anterior, podría haber dicho que el “negocio del libro” se había desplomado. Pero lo que realmente ocurrió fue exactamente lo contrario: se multiplicó el acceso al conocimiento, se expandió la alfabetización y cambió la historia de la civilización. El precio bajó, pero el valor social se disparó.Ese mismo fenómeno, salvando las distancias, se repite hoy con internet y con la inteligencia artificial. Hace treinta años, acceder a una enciclopedia exigía comprar tomos costosos; hoy buena parte de esa información es gratuita. Antes, orientarse en una ciudad requería mapas de papel o guías especializadas; hoy basta con abrir una aplicación. Lo mismo ocurrió con la fotografía, la música, la comunicación, la banca cotidiana, los archivos y buena parte de la formación profesional.El consumidor ganó tiempo, capacidad de acción, acceso al conocimiento y comodidad. Pero una porción importante de ese beneficio no aparece del todo en las cuentas nacionales tradicionales.Esto no significa que el PIB no sirva. Para quienes trabajamos en finanzas públicas, sigue siendo una herramienta indispensable. Permite analizar el tamaño relativo de la economía, la presión tributaria, la sostenibilidad de la deuda, la capacidad fiscal del Estado y la dinámica general de la actividad.

El problema surge cuando se le pide que mida más de lo que puede medir. El PIB sirve para cuantificar producción; no alcanza para resumir bienestar. Y confundir esas dos dimensiones puede llevarnos a diagnósticos equivocados y, peor aún, a políticas públicas mal orientadas.La irrupción de la inteligencia artificial vuelve esta discusión todavía más urgente. Si una IA puede redactar informes, traducir textos, analizar contratos, programar o asistir en diagnósticos médicos en segundos y a costos mínimos, la consecuencia natural será una caída del costo de muchos servicios. Desde el punto de vista de la productividad social, eso es una gran noticia: significa hacer más con menos. Pero desde la lógica del valor monetario registrado, el fenómeno puede resultar ambiguo. Habrá tareas que seguirán generando enorme valor real, aunque ya no demanden el mismo nivel de gasto, de empleo o de facturación que antes.

Dicho más claramente: la tecnología puede destruir valor monetario medido mientras multiplica valor real para la sociedad. Y ese es uno de los principales límites del PIB en la economía digital.

Todo esto debería obligarnos a repensar qué significa crecer en el siglo XXI. Porque si la innovación seguirá empujando hacia abajo el precio de muchas cosas, mientras el verdadero valor diferencial se desplaza hacia la creatividad, la interpretación, el juicio humano, la empatía y la capacidad de innovar, entonces no sólo hay que revisar cómo medimos la economía: también hay que revisar cómo educamos.

Ese punto es decisivo. Durante décadas, buena parte del sistema educativo estuvo organizado para entrenar memoria, repetición y procesamiento rutinario. Pero ese mundo se está agotando. Las máquinas ya son extraordinariamente eficaces para almacenar información, buscar datos y ejecutar tareas repetitivas. El valor humano pasa, cada vez más, por otro lado: pensamiento crítico, creatividad, criterio, capacidad de formular buenas preguntas, trabajo colaborativo y formación ética. Si no entendemos eso, corremos el riesgo de seguir preparando a las nuevas generaciones para competir precisamente en el terreno en el que las máquinas las van a superar.

Aquí aparece una derivación política de enorme importancia. Si seguimos evaluando el éxito de una sociedad únicamente con indicadores centrados en gasto y producción monetaria, podemos terminar premiando lo equivocado y subestimando lo esencial.

Por eso, la discusión seria no debería ser reemplazar el PIB por una consigna vacía, sino dejar de tratarlo como si fuera la medida absoluta del progreso. El desafío es complementarlo. Medir no sólo cuánto se produce, sino cuánto valor real se crea, cómo se distribuye, qué calidad de vida genera y qué capacidades deja instaladas para el futuro.Hoy una porción creciente de la riqueza adopta formas menos visibles: ahorro de tiempo, reducción de costos, acceso masivo a servicios antes inaccesibles, automatización de tareas, inteligencia distribuida y creatividad potenciada por tecnología. Si no actualizamos las herramientas de medición, corremos el riesgo de interpretar como estancamiento lo que en parte podría ser una transformación profunda del modo en que se genera valor.

Tal vez el problema no sea sólo que la economía mundial crece poco. Tal vez el problema también sea que una parte de la nueva prosperidad no entra con facilidad en las viejas planillas. Y si eso es así, entonces la discusión sobre el PIB deja de ser un debate técnico reservado a especialistas. Pasa a ser una cuestión política, educativa y cultural.Porque cuando una sociedad sigue usando un mapa viejo para leer un territorio nuevo, el riesgo no es sólo equivocarse en la medición.El riesgo es equivocarse en el rumbo.

En la variación interanual, contra el mismo mes del 2025, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) aumentó 27,9%; en los primeros tres meses, la variación escaló hasta el 27,9%.Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la inflación mayorista volvió a acelerarse tras haber culminado dos meses con desaceleraciones: enero (1,7%) y febrero (1%). A su vez, se posicionó en igual medida que el IPC del tercer mes.

El IPIM se vio influenciado por por la suba de 3,5% en los “productos nacionales” y de 1,1% en los “productos importados”.Dentro de los nacionales, las divisiones con mayor incidencia en el IPIM fueron “Petróleo crudo y gas” (2,02%); “Productos refinados del petróleo” (0,77%); “Alimentos y bebidas” (0,31%); “Sustancias y productos químicos” (0,13%); a contramano, compensó “Productos agropecuarios”, con una caída de 0,4%.La escalada de la inflación mayorista también estuvo dada por el salto que registró, medido contra febrero, el petróleo crudo y gas, tras haber registrado un alza del 27,3%. Este incremento se explica por el incremento que registró el precio internacional del petróleo tras la escalada en la guerra en Medio Oriente. Los agropecuarios compensaron esa suba con una merma del 3,2% mensual.Por otro lado, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso del 3% contra febrero, explicado por la suba de 3,1% en los productos nacionales y de 1,2% en los importados.Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 3%, dada la suba de 5,4% en los productos primarios y de 2% en los productos manufacturados y energía eléctrica.