Por Lucrecia Eterovich - Luego de que en junio el Gobierno registrara déficit, en julio volvió el superávit en las cuentas públicas. En el séptimo mes del año, el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $2.960.333 millones y uno financiero de $244.897 millones, con lo que se acercó a la meta que pactó con el Fondo Monetario Internacional (FMI): así como el mal resultado previo se había explicado en buena parte por la postergación del pago del Impuesto a las Ganancias, el pago por ese mismo tributo fue clave para definir el resultado positivo al mes siguiente.El Ministerio de Economía informó que el resultado positivo del mes se produjo en un contexto marcado por una alta concentración de vencimientos de intereses de deuda, fundamentalmente por los pagos de cupones de los bonos Globales y Bonares. El pago de intereses de deuda pública netos de tenencias intra sector público alcanzó $2.715.436 millones en julio, según los datos oficiales.El ministro de Economía, Luis Caputo, subrayó que el superávit fiscal alcanzado en julio se obtuvo en medio de una política de reducción de impuestos, que ya suma casi tres puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) desde el inicio de la actual gestión. Con este último dato, el Gobierno nacional acumuló en los primeros siete meses de 2026 un superávit primario de aproximadamente 0,9% del PIB y un superávit financiero de cerca del 0,1% del PIB.En cuanto al gasto primario se redujo 7% interanual en términos reales, es decir, con el efecto de la inflación descontado. Aunque, los destinados a la Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentaron 3,8% respecto al mismo mes del año anterior. Aunque si se mira en su conjunto el gasto en prestaciones sociales se redujo de de $11,6 billones en junio a $8 billones.Donde si aumento el gasto primario fue en Subsidios económicos que pasó de $1 billón en junio a $1,1 billones en julio; en Gastos de funcionamiento y otras de $2,1 billones a $2,8 billones; en Transferencias corrientes a las provincias de $133.000 millones a $181.000 millones; en Transferencias a las universidades de $50.000 millones a $697.000 millones.En cuanto a los de capital los de Energía pasaron de $30.000 millones a $70.000 millones; los de Transporte de $50.000 millones a $109.000 millones; Educación de $547 millones a $692 millones; Vivienda de $2.700 millones a $7.500 millones. Mientras que cayeron los de Agua potable y alcantarillado de $52.000 millones a $46.000 millones; y Otros de $87.000 millones a $46.000 millones.

Meta con el FMICon el resultado en las cuentas públicas de julio, el Gobierno se acercó a la meta que pactó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de que este año el superávit fiscal primario sea de 1,4% del PBI en diciembre. En los primeros siete mes del año ya logró acumular el 0,9%/PBI. Sin embargo, el objetivo del primer semestre del 0,7%/PBI se incumplió.Pese a ello, lograr la meta de diciembre constituye un desafío para el ministro Caputo. El espacio para profundizar el recorte de partidas por el lado de lo que gasta el Estado nacional se redujo de forma considerable. Según la consultora Invecq, cerca de dos tercios del gasto primario corresponde a partidas indexadas por fórmula, como jubilaciones, pensiones y asignaciones, sobre las que el Ejecutivo no puede intervenir sin modificar la ley. El 30% restante abarca partidas discrecionales —subsidios, gastos de funcionamiento, transferencias y gasto de capital—, que ya experimentaron recortes durante tres años consecutivos.

“Si bien mantenemos nuestra proyección de superávit primario en 2026, ancla del programa económico, alcanzar el 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) previsto para 2026 —el mismo nivel con el que cerró 2025— luce desafiante. Para lograrlo la recuperación de la actividad y la recaudación deberá ser mayor que en la primera mitad del año, o se deberá profundizar el ajuste sobre el gasto”, marcaron en un informe.

Una situación que ya había sido reconocida por el propio ministro Caputo, quien meses atrás habló sobre la necesidad de aumentar los ingresos de la administración central y los límites de la motosierra libertaria. “Para eso tenés que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil. Estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del PIB. Para dar una idea, es el nivel de gasto que había en los 90 y es 10 puntos menos de lo que fue el pico hace ocho años”, explicó Caputo en el programa Economía de quincho.Pese al buen número que informaron en el Ministerio de Economía sobre el resultado de las cuentas públicas, en el mercado sospechan respecto a lo que sucedió con la deuda pública en ese mes. En el sentido, de que pagos piso el Gobierno para que el superávit primario sea de $2,9 billones. Aunque es un dato que se conocerá más adelante. Como referencia se tiene que en junio, según la consultora Eco Go, la deuda flotante aumentó $2,2 billones. Infobae.

El presidente Javier Milei celebró el dato en sus redes y sostuvo que “al final, julio empezó con cero”. Así, la inflación mayorista fue la más baja desde mayo de 2025 y la menor —para un mes de julio— en siete años.En el acumulado del año, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un alza de 16,6% contra el mismo período (enero-julio) de 2025.La inflación mayorista mantiene un sendero bajista desde hace tres meses, cuando cortó con la escalada en mayo (2,5%).También quedó por debajo de la inflación minorista (2,1%), la cual volvió a acelerarse tras tres meses a la baja e hizo que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumule un alza de 33,8% interanual.

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron “Productos agropecuarios” (0,39 p.p.), “Sustancias y productos químicos” (0,19 p.p.), “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos” (0,17 p.p.) y “Alimentos y bebidas” (0,16 p.p.), compensados por “Petróleo crudo y gas” (-0,91 p.p.).El nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un aumento de 0,8% en julio, explicado por la suba de 0,9% en los “Productos nacionales” y de 0,6% en los “Productos importados”.Mientras que el índice de precios básicos del productor (IPP) registró un aumento de 0,9% en el mismo período, como consecuencia de la baja de 1% en los “Productos primarios” y la suba de 1,7% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.Como es recurrente, el ministro de Economía, Luis Caputo, hizo un posteo en sus redes donde detalló cuáles fueron los principales factores que incidieron en la desaceleración del IPIM.

Minutos después, recibió los elogios del presidente Javier Milei, quien utilizó su frase recurrente para celebrar el nuevo dato del INDEC: “¡VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO VLLC!”.En otro posteo aparte, el mandatario se refirió al dato en sí y sostuvo que “al final, julio empezó con cero”, en referencia a unas declaraciones que había hecho meses atrás. Agencia NA.

La actividad metalúrgica en Argentina registró una variación interanual negativa del 4,4% durante el mes de julio, según un informe sectorial.Con este resultado, acumula una contracción de 5,5% en lo que va del año, operando en niveles que la industria define como “un piso históricamente bajo”. En la comparación con el mes anterior la producción presentó un incremento del 0,1%.A pesar de este leve movimiento mensual, el uso de la capacidad instalada se ubicó en el 39,2%, lo que representa una caída de 6,0 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025 y refleja un uso acotado del aparato productivo.Los datos surgen del informe mensual elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) y que procesó Agencia Noticias Argentinas.El documento confirma que el escenario industrial actual mantiene características recesivas similares a los períodos de salida de la pandemia de 2020.En el análisis sectorial, la mayoría de los rubros mostraron retrocesos. Los sectores de Bienes de Capital (-9,5%) y Maquinaria Agrícola (-7,7%) encabezaron las bajas, seguidos por Equipos y Aparatos Eléctricos (-4,3%) y Equipamiento Médico (-3,9%).El único rubro con signo positivo fue Autopartes, que creció 1,9% mensual, aunque mantiene una baja acumulada del 3,1% en el último semestre.El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, detalló que “la producción metalúrgica continúa estancada, con índices de productividad históricamente bajos, que configura un escenario de mucha incertidumbre que nos permita avizorar un sendero de recuperación”.Asimismo, el directivo señaló que la baja demanda afecta la operatividad y que “se torna vital el desarrollo de herramientas tendientes a promover la inversión para de este modo poder sostener el empleo en todo el entramado industrial”.A nivel geográfico, la caída afectó a todas las provincias analizadas. Córdoba registró el retroceso más pronunciado con un 7,9%, seguida por Buenos Aires con un 5,8%.Por su parte, Mendoza y Entre Ríos mostraron bajas de 4,6% y 4,2% respectivamente, mientras que Santa Fe presentó la caída más acotada del conjunto con un 3,8%. Finalmente, el nivel de empleo del sector registró una caída interanual de 2,2%.Las expectativas para el corto plazo son de cautela, ya que 7 de cada 10 empresas no prevén cambios en sus niveles de producción para el próximo trimestre. Agencia NA.

El Gobierno de La Rioja puso nuevamente en circulación los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), más conocidos como “Chachos”, una cuasimoneda provincial que será utilizada para otorgar un refuerzo extraordinario de 50.000 unidades a cerca de 80.000 personas, lo que representa una inyección de alrededor de $4.000 millones al circuito comercial local.La medida alcanza a empleados de la administración pública provincial, jubilados de la Policía, contratados y beneficiarios de distintos programas estatales.El ministro de Hacienda riojano, Fabián Blanco, explicó que la decisión busca atender la situación económica de los trabajadores y, al mismo tiempo, estimular la actividad comercial. Según sostuvo, la experiencia de 2024 fue positiva y generó confianza tanto entre los beneficiarios como en los comerciantes que aceptaron este medio de pago.Los “Chachos” fueron autorizados por la Legislatura provincial en enero de 2024 y comenzaron a circular meses después, convirtiéndose en la única cuasimoneda emitida por una provincia argentina desde la crisis de 2001. En aquella oportunidad, el Gobierno nacional dejó en claro que no asumiría ningún compromiso de rescate de esos títulos.Con una equivalencia de un Chacho por un peso, los bonos podrán utilizarse en comercios adheridos, además de servir para cancelar impuestos provinciales, tasas municipales y servicios de empresas estatales. Actualmente, unas 800 firmas comerciales aceptan este sistema de pago.La nueva emisión tendrá vigencia hasta el 29 de diciembre. Quienes conserven los bonos hasta su vencimiento recibirán un interés del 1%, aunque desde el Gobierno provincial aclararon que el objetivo es que los recursos circulen rápidamente en el mercado para incentivar el consumo interno.Además, las autoridades no descartaron que este refuerzo pueda mantenerse en el futuro e incorporarse de manera permanente al esquema salarial, aunque aclararon que esa decisión dependerá de la evolución de las finanzas provinciales. Según señalaron, la asistencia no resolverá por completo las dificultades económicas de los riojanos, pero busca aliviar el impacto de la actual situación y fortalecer la actividad comercial.

La inflación de julio alcanzó el 2,1% y, con ese dato, el incremento acumulado en los últimos doce meses llegó al 33,8%. Tras la publicación oficial, diversas consultoras y organismos difundieron sus previsiones para agosto y para lo que resta de 2026, en medio de un proceso de desinflación que diferentes analistas consideran sostenido pero sujeto a factores estacionales y cierta volatilidad.El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central (BCRA) ubicó la proyección de inflación para agosto en 1,8%. De acuerdo con ese informe, la expectativa para septiembre también se mantiene en 1,8%, mientras que para octubre se prevé una leve baja a 1,7%. El REM, compuesto por estimaciones de distintas consultoras y entidades financieras, anticipó que el índice se mantendrá en torno al 1,8% en diciembre y proyectó una tasa anual del 29,8% para 2026.La consultora Libertad y Progreso coincidió en su estimación para agosto, al señalar que su nowcast propio arrojó un 1,8% para ese mes. El equipo de economistas vinculado a la entidad sostuvo que la inflación mensual para el resto del año se ubicará por debajo del 2%. Además, proyectó una inflación anual cercana al 30% para 2026. El análisis de Libertad y Progreso atribuyó el 2,1% registrado en julio a factores estacionales y efectos transitorios, lo que explicaría la diferencia con los meses previos.Desde EcoAnalytics, la inflación núcleo de julio se situó en 1,8%. La consultora proyectó un cierre de año en torno al 30% anual y anticipó que la tendencia de la inflación núcleo será descendente. Sin embargo, advirtió que la dinámica será lenta y con oscilaciones a lo largo de los próximos meses. El informe remarcó que el proceso de desinflación no presenta una trayectoria lineal y que pueden existir repuntes puntuales en algunos períodos.En el caso de Eco Go, la estimación para agosto es cualitativa pero mantiene la misma línea: ubicó la inflación del mes por debajo del 2%. Si bien no precisó un número concreto, el informe remarcó la continuidad del proceso de desinflación observado en los últimos meses.La visión de PUENTE también se apoyó en la continuidad de la baja de la inflación mensual, aunque advirtió sobre la posibilidad de cierta volatilidad. La entidad no especificó un porcentaje puntual para agosto ni para diciembre, pero subrayó que el proceso de desinflación continuará, aunque con variaciones de un mes a otro.El panorama que surge de los distintos informes y proyecciones muestra coincidencias en que la inflación de agosto se ubicará en torno al 1,8% y que las tasas mensuales para lo que resta del año seguirán por debajo del 2%. Los analistas consultados por el BCRA y las consultoras privadas atribuyeron la aceleración de julio a circunstancias puntuales y consideraron que ese registro no pone en duda la tendencia a la baja.En cuanto a la inflación núcleo, el relevamiento de EcoAnalytics destacó que la desaceleración será más paulatina y que la dinámica de los precios puede exhibir cierta irregularidad en los próximos meses. A nivel anual, tanto el REM como Libertad y Progreso y EcoAnalytics se ubicaron en un rango cercano al 30% para el cierre de 2026.Las estimaciones para septiembre y octubre, según el REM, proyectan una inflación mensual de 1,8% y 1,7% respectivamente. Para noviembre, la previsión es de 1,6%, y en enero de 2027 se espera un repunte leve hasta 1,7%. En todos los casos, los informes señalan que la inflación mensual se mantendrá estabilizada por debajo del 2%, lo que marcaría una diferencia respecto a los niveles registrados en años recientes.El informe de Libertad y Progreso insistió en que el dato de julio respondió a factores transitorios y que la tendencia general sigue siendo descendente. La entidad remarcó que sus proyecciones para agosto y los meses siguientes se basan en una combinación de variables macroeconómicas y evolución de precios mayoristas, entre otros indicadores.EcoAnalytics, por su parte, subrayó que la inflación núcleo constituye un indicador relevante para anticipar la dinámica futura, y advirtió que la baja será paulatina. El informe consideró que pueden registrarse aumentos puntuales en algunos rubros, pero que la tendencia general continuará siendo a la baja.PUENTE, aunque no publicó cifras concretas para los próximos meses, coincidió en que la desinflación continuará. El informe agregó que la volatilidad mensual puede estar asociada a factores externos o a movimientos en algunos precios regulados, pero no identificó riesgos de un cambio de tendencia significativo.Las expectativas reunidas por el Banco Central y las consultoras privadas muestran un alto grado de consenso sobre la trayectoria a corto y mediano plazo. La inflación mensual para agosto y los meses que siguen se proyecta por debajo del 2%, mientras que las previsiones anuales para 2026 oscilan entre el 29,8% y el 30%. Los analistas incorporaron en sus cálculos la posibilidad de repuntes puntuales, pero recalcaron que la tendencia general se mantiene descendente.Los informes consultados destacaron la importancia de monitorear factores estacionales y transitorios que pueden incidir en la variación mensual. Sin embargo, el proceso de desinflación exhibe un patrón sostenido en las proyecciones de los principales actores del mercado, aunque con advertencias sobre la posibilidad de oscilaciones mensuales.

Hay momentos en la vida de una sociedad en los que la acumulación de problemas termina generando algo distinto: la convicción de que ya no alcanza con seguir haciendo lo mismo. Desde hace años, los argentinos vienen expresando una voluntad de cambio y una expectativa muy concreta: volver a creer que trabajar, estudiar, producir y esforzarse pueden conducir a una vida mejor. Ese deseo también existe en Concordia. Y allí puede estar nuestra mayor oportunidad.  El cuadro económico y social es difícil, pero no constituye una condena. Las ciudades pueden transformarse cuando convierten la voluntad de cambio en planificación, educación, inversión, tecnología y empleo. Por eso, en una Concordia donde la mitad de la población está debajo de la línea de pobreza, defender y reconstruir la clase media debería convertirse en una de las principales políticas públicas de los próximos años.

Volver a creer en el progreso  Durante décadas, pertenecer a la clase media argentina significó mucho más que alcanzar determinado ingreso. Era tener un trabajo relativamente estable, educar a los hijos, acceder a una vivienda, cambiar el auto cada ciertos años, tomarse algunos días de vacaciones, afrontar un imprevisto y, sobre todo, conservar la expectativa de que la próxima generación viviría un poco mejor. Ese modelo de movilidad social está hoy fuertemente tensionado, pero precisamente por eso reconstruirlo debe ser una prioridad.  La Argentina consiguió reducir significativamente la inflación respecto de los niveles extremos de años anteriores. En junio de 2026 el IPC aumentó 1,9% mensual, acumuló 16,8% durante el primer semestre y llegó al 33,5% interanual. Son cifras considerablemente menores que las padecidas no hace mucho tiempo, aunque todavía elevadas para cualquier economía normal.  Además, la inflación no impacta igual sobre todos los gastos. Mientras la inflación general interanual fue del 33,5%, los servicios aumentaron 42,4%. Vivienda, electricidad, gas, educación, salud, transporte, alquileres y otros gastos que una familia no puede eliminar pesan cada vez más sobre el presupuesto. Por eso puede bajar la inflación y, al mismo tiempo, muchas familias sentir que viven peor.Una clase media vulnerable, pero todavía defendible  Un reciente trabajo del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA permite dimensionar esa transformación. Su pirámide socioeconómica ubica solamente al 3% de los hogares entre los sectores ricos y al 7% en el segmento medio alto. Luego aparece una extensa franja de sectores medios integrados, aspiracionales y, especialmente, una clase media baja vulnerable que representa alrededor del 20% de los hogares. El desafío no consiste únicamente en sacar de la pobreza a quienes ya están dentro de ella. También debemos impedir que quienes todavía conservan empleo, vivienda, educación, cobertura médica o algún pequeño patrimonio comiencen a perderlos. La UCA describe a esa amplia clase media y media baja como un sector cuya estabilidad depende críticamente del ciclo económico y que, pese a la incertidumbre, todavía conserva aspiraciones de progreso.  Otro dato es igualmente revelador: cerca del 46% de la población vive en hogares que manifiestan estrés económico, es decir, sienten que sus ingresos resultan insuficientes para cubrir adecuadamente sus necesidades. La pobreza muchas veces comienza antes de que una estadística lo determine: cuando desaparece el ahorro, se usa la tarjeta para alimentos, se refinancian saldos, se posterga una reparación o se acumulan facturas. La caída social suele ser un proceso y, justamente por eso, puede ser detenida antes de que se consolide.

El peligro silencioso: vivir del crédito  Según el Banco Central, la morosidad de las financiaciones otorgadas a las familias alcanzó en mayo de 2026 el 12,8%, ocho puntos porcentuales más que un año antes. Fuera del sistema bancario tradicional el problema puede ser todavía mayor: entre los proveedores no financieros de crédito, la irregularidad alcanzaba en febrero el 26,9% de las financiaciones y llegaba al 34,1% en los préstamos personales. Hay una enorme diferencia entre utilizar crédito para adquirir un activo y utilizarlo permanentemente para completar el ingreso mensual. Cuando se financian alimentos, servicios, combustible o gastos corrientes porque el sueldo no alcanza, el crédito deja de ser una herramienta y empieza a convertirse en un sustituto artificial del ingreso. Ninguna familia puede sostener indefinidamente ese mecanismo. Frente a este escenario, recuperar el presupuesto familiar, conocer la deuda completa y no sólo el valor de la cuota, evitar refinanciaciones permanentes y reconstruir un pequeño fondo para imprevistos son conductas básicas. Pero hay otra inversión decisiva: el conocimiento. Educación financiera, nuevas tecnologías, inteligencia artificial, herramientas digitales, idiomas, comercio electrónico, capacitación laboral y actualización profesional pueden marcar la diferencia entre integrarse o quedar afuera del nuevo mercado de trabajo.

Concordia: el desafío es mayor, pero también la oportunidad  Cuando trasladamos este problema a nuestra ciudad, la dimensión cambia. En el primer semestre de 2026, el 30% de los argentinos se encontraba debajo de la línea de pobreza. En Concordia la cifra llegó al 52,5% de las personas y al 11,2% en indigencia. Fueron aproximadamente 90.000 concordienses pobres. No hay manera de minimizar esos números. Pero tampoco deberíamos asumirlos como un destino irreversible. Los indicadores describen dónde estamos; no determinan necesariamente hacia dónde tenemos que ir. En una ciudad donde cada dos personas ya está debajo de la línea de pobreza, permitir que continúe descendiendo la clase media agravaría todavía más una estructura social extremadamente frágil. Concordia necesita atender la pobreza, obviamente, pero también necesita una política de prevención de la pobreza. Eso significa defender el empleo privado, facilitar pequeños emprendimientos, capacitar trabajadores, acompañar a comerciantes y profesionales, promover vivienda, mejorar infraestructura, facilitar el acceso tecnológico y crear condiciones para nuevas actividades económicas. No alcanza con administrar planes sociales después de que las familias cayeron.

Producir movilidad social  Nuestra ciudad posee condiciones productivas, comerciales, turísticas y geográficas capaces de generar mucho más desarrollo del que actualmente genera. Tiene recursos naturales, universidades, profesionales, trabajadores, emprendedores y una ubicación estratégica. Ese capital existe. El desafío es organizarlo y convertirlo en oportunidades mediante capital humano, inversión, infraestructura, instituciones y planificación. Concordia ha dedicado históricamente mucho esfuerzo a administrar sus problemas y demasiado poco a modificar las causas que los generan. Eso puede cambiar. El objetivo no debería ser sólo reducir algunos puntos la pobreza, sino aumentar sistemáticamente el tamaño de la clase media concordiense durante los próximos diez o veinte años.  Que una familia pobre pueda convertirse en trabajadora integrada; que una familia vulnerable pueda ingresar a la clase media; que un joven capacitado encuentre razones para quedarse; que un pequeño comercio pueda transformarse en empresa; que un emprendimiento acceda a tecnología y mercados; que trabajar, estudiar, invertir y producir vuelva a ofrecer una posibilidad concreta de progreso. Ese debería ser uno de los grandes acuerdos de la ciudad.

2027: una oportunidad para discutir el futuro  En poco tiempo comenzará nuevamente la discusión electoral rumbo a 2027. Sería un error limitarla a nombres, candidaturas o consignas. Concordia necesita preguntarle a quienes pretendan gobernarla qué modelo productivo proponen, cómo piensan generar empleo privado, cómo formarán trabajadores para las nuevas tecnologías, qué harán por las pymes, cómo utilizarán las compras públicas, qué infraestructura priorizarán y, especialmente, cómo harán para que dentro de diez años tengamos más clase media y menos pobreza. Pero la transformación tampoco depende exclusivamente de un gobierno. Hace falta una sociedad que estudie, trabaje, emprenda, invierta, participe, controle y exija instituciones a la altura de sus posibilidades.  El problema social más peligroso no es solamente la pobreza que vemos. También es la pobreza que puede generarse silenciosamente cuando una familia de clase media pierde primero el ahorro, después el crédito, luego capacidad de consumo y finalmente la esperanza de progresar.  Y allí está el punto central: una sociedad empieza verdaderamente a retroceder cuando deja de creer que puede estar mejor. Concordia no debe resignarse a eso. Tenemos dificultades enormes, pero también capacidades enormes, y una sociedad que desde hace años viene reclamando cambios y nuevas respuestas.  En 2027 no deberíamos elegir simplemente quién administrará la ciudad durante cuatro años. Deberíamos discutir quién  tiene un proyecto capaz de hacer que Concordia deje de administrar pobreza y empiece a producir movilidad social, oportunidades y futuro. Si transformamos el deseo de cambio en planificación, educación, inversión, producción y trabajo, este momento difícil puede ser recordado no solamente como una crisis, sino como el comienzo de una nueva etapa. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió el dato de inflación correspondiente a julio, que experimentó una variación mensual de 2,1%, un alza de 33,8% en la comparación interanual y una aumento acumulado de 19,3% en lo que va del año.De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) interrumpió una racha de tres meses de baja y registró un alza de 0,2 puntos porcentuales respecto al 1,9% que había arrojado en junio.

En el desagregado por categorías, el IPC Núcleo, que no contempla precios estacionales ni regulados, registró un alza de 1,8%, impulsada principalmente por aumentos en Alquiler de la vivienda y Servicios culturales. Esta suba se vio atenuada por la baja en expensas, tras la eliminación del adicional del 20% que se había aplicado en junio.

Los precios Estacionales avanzaron 4,5% debido a incrementos en Verduras, Paquetes turísticos y Servicios de alojamiento. En tanto, los precios Regulados aumentaron 2,1%, con subas en Transporte público, Gastos de prepagas y Electricidad.La división con mayor aumento durante el mes fue Recreación y cultura, que registró una suba de 5,0% debido a incrementos en paquetes turísticos y servicios culturales. Restaurantes y hoteles se ubicó en segundo lugar, con un alza de 2,8 por ciento. Por el contrario, las menores variaciones a nivel nacional se observaron en Prendas de vestir y calzado, que retrocedió 1,3%, y en Bebidas alcohólicas y tabaco, con un aumento de 1,5 por ciento.En las regiones GBA, Noreste, Noroeste, Pampeana y Patagonia, la división que más influyó en la variación mensual fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsada por subas en Verduras, Productos lácteos y Pan y cereales. En la región Cuyo, la mayor incidencia correspondió a Transporte, por ajustes en el Transporte público y en el Funcionamiento de equipos de transporte personal.“Más allá del número, tenemos una confianza plena en lo que venimos haciendo. Mientras mantengamos este rumbo de una política fiscal y de equilibrio financiero como el que tenemos. Esto permite tener un Banco Central independiente y que está controlando fuertemente la emisión. Entonces, es un tema de tiempo hasta que la inflación converja a la inflación internacional”, señaló el ministro de Economía, Luis Caputo, minutos antes de la publicación de la estadística oficial.

En la conferencia de prensa en la que se anunció la flexibilización de los créditos en dólares para empresas, Caputo señaló que el número del séptimo mes “no es una sorpresa porque julio es un mes estacionalmente alto”.Y argumentó: “Otra cosa que es importante es que el precio del petróleo prácticamente se duplicó en los últimos ocho meses. Entonces, la realidad es que todos los países están sufriendo una mayor inflación y un menor crecimiento como consecuencia de eso. Esperamos que la situación internacional se aclare”.El informe oficial era esperado tanto por el mercado como por los analistas privados, ya que los principales sondeos anticiparon que el incremento de precios mensual había superado el nivel registrado en junio.En efecto, la consultora C&T Asesores Económicos, dirigida por Camilo Tiscornia, calculó una variación del 1,9%, mientras que Analytica, EconViews y Eco Go habían estimado un rango de entre 2% y 2,1 por ciento. El consenso entre las consultoras privadas había mostrado que en julio la inflación mostró una aceleración, impulsada sobre todo por los rubros relacionados con el receso invernal.De acuerdo al último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la mediana de las proyecciones situó la inflación de julio en 2 por ciento. En tanto, los participantes del sondeo previeron un leve descenso del ritmo inflacionario de cara a los meses siguientes: 1,8% en agosto; 1,8% en septiembre; 1,7% en octubre; 1,6% en noviembre. Para diciembre, anticiparon una tenue suba a 1,8%, seguida de una nueva reducción a 1,7% en enero de 2027.

El antecedente de CABAEl Gobierno ya había recibido una señal desfavorable respecto a la inflación del séptimo mes del año. El viernes pasado se difundió que el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) subió 2,9% en julio, lo que representa un aumento de 1,1 puntos porcentuales frente a junio.

De este modo, la variación interanual alcanzó el 33,2% y el acumulado en los primeros siete meses del año llegó al 19,4 por ciento.Según el informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad (Idecba), los principales aportes al aumento provinieron de los sectores de Restaurantes y hoteles, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, Alimentos y bebidas no alcohólicas, y Recreación y cultura. Estas categorías sumaron en conjunto 2,11 puntos porcentuales al índice general del IPCBA.El rubro con mayor alza fue Restaurantes y hoteles, con un incremento promedio de 5,3%, debido a subas en tarifas de alojamiento y precios de comidas fuera del hogar por las vacaciones de invierno. El sector de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles se elevó 2,7% e incidió en 0,54 puntos porcentuales del índice general, a raíz de aumentos en gastos comunes, alquileres y tarifas eléctricas.No obstante, es relevante señalar que la metodología para calcular la inflación en la Ciudad de Buenos Aires difiere de la utilizada a nivel nacional. En la capital, la canasta de referencia asigna mayor peso a los servicios frente a los bienes, mientras que a nivel nacional la ponderación es opuesta. Por esta razón, los datos de inflación de CABA no pueden equipararse directamente con los del resto del país. Infobae.

Por Lola Loustalot - La petrolera de mayoría estatal YPF presentará este jueves en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) su proyecto Argentina LNG, la iniciativa de exportación de gas natural licuado que demandará un desembolso estimado de USD 51.000 millones, el mayor presentado hasta el momento.

El proyecto que la compañía lleva adelante junto a la italiana Eni y la emiratí ADNOC a través de su brazo inversor XRG no es nuevo, y apunta a producir un mínimo de 12 millones de toneladas de gas licuado por año, con una meta de escalar hasta 18 millones. Hasta ahora es el proyecto más grande que se sumó al programa de beneficios para inversiones.Según pudo confirmar Infobae, la presentación ante el RIGI marca un hito formal en el avance de un proyecto que, una vez en plena operación, podría generar exportaciones por USD 10.000 millones anuales durante dos décadas y que no hubiera sido posible sin el nuevo marco regulatorio. El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, había resaltado en una nota con este medio la importancia del régimen para este tipo de proyectos: “Sin RIGI hoy no hay LNG. Lo dije al principio y lo sigo diciendo. Era muy necesario ese cambio y esa apertura a los negocios”.La infraestructura que demandará el proyecto es de escala inédita para la Argentina. El plan contempla la construcción de un gasoducto de 527 kilómetros entre Meseta Buena Esperanza, en Neuquén, y Sierra Grande, en Río Negro, con un diámetro de 48 pulgadas y una capacidad proyectada de alrededor de 100 millones de metros cúbicos diarios.

En paralelo, se construirá un poliducto para el transporte de líquidos asociados al gas, plantas de tratamiento y al menos dos barcos fábrica licuefactores frente al Golfo San Matías. Un gasoducto de ese diámetro no existe actualmente en el país.El financiamiento del proyecto se estructura como el mayor esquema de project finance de América Latina. El desarrollo total demandará unos USD 51.000 millones, distribuidos entre las etapas de upstream, midstream y downstream, con un 70% cubierto mediante crédito internacional y el 30% restante con aportes directos de los socios. El foco inmediato está en cerrar el financiamiento de la primera etapa, que asciende a USD 15.500 millones, con JP Morgan a cargo del diseño financiero. Según reveló Marín a Infobae, 47 bancos presentaron números y el total ofrecido llegó a 2,4 veces lo requerido. “Cuando tenés un book que sobrepasa lo que necesitás, eso significa más plazo y menos tasa”, explicó Marín. Entre las entidades que participarían se destaca el Santander.El plan de inversiones contempla un desembolso total de USD 51.000 millones a lo largo de todo el proyecto. Hasta 2031, fecha prevista para la puesta en operación de las dos unidades flotantes de licuefacción, se estima una inversión cercana a los USD 29.000 millones: unos USD 24.000 millones destinados a infraestructura estratégica —complejos industriales, ductos, instalaciones portuarias y las dos unidades FLNG— y alrededor de USD 5.000 millones para el desarrollo del upstream y la perforación de pozos. Los bloques que alimentarán el proyecto ya están definidos. Tras la compra de Meseta Buena Esperanza I y II, Aguada Villanueva Norte y Las Tacanas I y II —que pertenecían en partes iguales a YPF y Pluspetrol—, un swap de activos dejó la distribución en 36% para YPF y 32% para cada socio internacional. La administración de esas áreas quedó en manos de UPCO ARLNG I S.A.U., la sociedad creada específicamente para el proyecto.El impacto sobre el empleo también figura entre los compromisos del proyecto. Durante la etapa de construcción, prevista entre 2026 y 2030, Argentina LNG generará aproximadamente 20.000 puestos de trabajo anuales, con picos de hasta 40.000 trabajadores en los períodos de mayor actividad. Ya en la fase de operación, el proyecto sostendrá alrededor de 8.000 empleos anuales entre directos e indirectos. A eso se suma una contratación estimada de USD 15.000 millones en bienes y servicios a proveedores nacionales, lo que impulsaría el desarrollo de la industria local en Neuquén, Río Negro y el resto de la cadena de valor energética del país.Entre las obras que demanda el proyecto, la licitación de los caños para el gasoducto es una de las más esperadas por la industria, dado el volumen y la escala del contrato. Tenaris estudia una inversión para participar al menos en el revestimiento, aunque la fabricación completa en el país es inviable por el diámetro requerido. El holding que lidera Paolo Rocca busca revancha en la compulsa principal tras perder la última licitación de caños frente a la india Welspun, que se quedó con el contrato para proveer los tubos al otro proyecto de GNL del país, Southern Energy (SESA), liderado por Pan American Energy (PAE).De hecho, SESA ya firmó un contrato por USD 7.000 millones con la empresa estatal alemana Securing Energy for Europe (SEFE) para exportar 2 millones de toneladas anuales de GNL durante ocho años a partir de fines de 2027. Ese volumen cubrirá cerca del 80% de la capacidad del primer buque licuador, el Hilli Episeyo, frente al Golfo San Matías. Los buques de SESA tienen entre un 40% y un 60% menos de capacidad que los previstos para Argentina LNG, cuyo inicio de operaciones está proyectado entre 2029 y 2031. Infobae. 

La letra chica del BCRA permitirá a las entidades financieras otorgar préstamos a un universo más amplio de empresas y personas jurídicas que no están vinculadas al sector exportador, bajo nuevos límites y requisitos macroprudenciales.

La decisión, informada oficialmente por el BCRA, busca “preservar la solvencia y la liquidez del sistema financiero” en un contexto donde la canalización del ahorro doméstico en moneda extranjera a través del sistema bancario cobra especial relevancia: los depósitos en dólares ya superaron los USD 40.000 millones hace varias semanas.La medida surge tras la modificación del artículo 23 del Decreto 905/02, anunciada por el Poder Ejecutivo Nacional. El BCRA adecuará el marco regulatorio de las financiaciones en moneda extranjera, ampliando los destinos admitidos para la utilización de depósitos en dólares.Según la entidad conducida por Santiago Bausili, esta normativa apunta a “incrementar el financiamiento disponible para la inversión privada”, lo que, en palabras del Central, podría “impulsar la actividad económica, la productividad y el empleo, y reducir la dependencia del financiamiento externo”.

En la comunicación, el BCRA explicó que en economías bimonetarias, como la argentina, una intermediación financiera más desarrollada contribuye a reducir el desbalance entre el ahorro doméstico y la inversión privada. “La canalización del ahorro doméstico en moneda extranjera a través del sistema bancario permite ampliar la oferta de crédito”, remarcó el comunicado oficial.No obstante, la flexibilización estará acompañada por un esquema prudencial. El texto enfatizó que “la expansión del financiamiento se desarrollará de manera sostenible, resguardando la solvencia y la liquidez del sistema financiero y limitando los riesgos asociados al potencial descalce de moneda de los tomadores de crédito”.Para esto, la autoridad monetaria estableció un límite: “Las financiaciones provenientes de los depósitos en moneda extranjera otorgadas a clientes que no se encuentren comprendidos en los destinos previamente admitidos por la regulación no podrán superar, en conjunto, el 15% de los depósitos en moneda extranjera de cada entidad financiera”.El objetivo central de la medida es ampliar el universo del crédito en dólares sin comprometer la estabilidad de las entidades financieras. El BCRA remarcó que la normativa responde a la necesidad de potenciar la inversión privada y la actividad productiva, a la vez que mantiene controles para proteger el sistema financiero argentino.

Las reglas macroprudencialesDe acuerdo a lo informado por el organismo monetario, el financiamiento en moneda extranjera quedará sujeto a un tratamiento prudencial “más exigente”:En materia de capital, el requisito de capital mínimo será equivalente al 125% del aplicable a otras financiaciones de características comparables.A los efectos de los límites de exposición crediticia, estas financiaciones computarán por 1,25 veces la exposición que correspondería de no encontrarse alcanzadas por este tratamiento específico.Las entidades deberán evaluar la capacidad de repago de los tomadores bajo escenarios de variación del tipo de cambio de diferente magnitud.“Estas medidas buscan reforzar la cobertura de los riesgos asumidos por las entidades financieras y establecer límites de exposición más restrictivos para las financiaciones alcanzadas por el nuevo régimen”, concluyeron desde el Central.

Los detalles de la flexibilizaciónEl Gobierno presentó esta tarde la modificación en las condiciones para acceder a créditos en dólares dirigidos a todas las empresas. Con esta nueva disposición, los bancos estarán habilitados a otorgar préstamos en moneda extranjera por hasta el 15% de sus depósitos en dólares, sin limitarse únicamente a compañías que generen esas divisas o cuenten con garantías en dólares.

“Hasta ahora los bancos con sus depósitos en dólares le podían prestar a las empresas que generaban dólares o tenían la garantía de empresas que generaban dólares. Hoy estamos extendiendo esa posibilidad a todas las empresas, pero dentro de un marco macroprudencial. Solo van a poder prestar los bancos hasta un 15% de los depósitos en dólares”, detalló Caputo.

El ministro de Economía señaló que la iniciativa busca aumentar el volumen de crédito disponible, en respuesta a los reclamos de sectores industriales, especialmente la construcción, que opera en dólares y emplea a un gran número de personas, así como la automotriz. Según Caputo, “Hoy nos parece que es el timing apropiado porque por un lado, las tasas en pesos todavía son altas, y esas tasas altas para muchos de los negocios hacen que sea más dificultoso hacerlo rentable y también es importante por el lado de la Ley de Inocencia Fiscal. El objetivo es que haya un mayor crédito”.Sobre la operatoria, Caputo explicó que las empresas que accedan a estos préstamos deberán vender los dólares en el Mercado Libre de Cambio (MLC) y transformarlos en pesos, evitando así el efecto multiplicador y contribuyendo a una mayor oferta de dólares.En relación con las tasas de interés de estos créditos, el ministro aclaró que dependerán del mercado y que “no pueden saber”. “El objetivo es que las empresas tengan una opción de financiamiento a una tasa razonable y que el depositante tenga un interés que le justifique sacar los dólares del colchón. La tasa la determinará el mercado“, marcó. Infobae.

Como todos los meses, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió los valores que permiten establecer si los ingresos de una familia alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. El cálculo, elaborado a partir de distintos tipos de hogares en el Gran Buenos Aires, determina quiénes quedan por debajo de la línea de pobreza y quiénes, en un escalón más bajo, no logran cubrir ni siquiera el costo de la alimentación.De acuerdo con el informe correspondiente a julio de 2026, un hogar compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8 necesitó ingresos de $1.564.715,90 para no ser considerado pobre. Ese monto corresponde a la Canasta Básica Total (CBT), el indicador que fija la línea de pobreza para ese grupo familiar.Para el mismo hogar, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) —que delimita la línea de indigencia— se ubicó en $708.016,24 durante julio. Un ingreso familiar por debajo de esa cifra implica que el grupo no logra cubrir el costo de los alimentos considerados imprescindibles, más allá de otros gastos como vivienda, transporte o salud.

Un mes de aceleraciónEn junio, ese mismo hogar había necesitado $1.531.472,91 para superar la línea de pobreza y $689.852,67 para no caer en la indigencia. Es decir que la CBT avanzó 2,2% respecto del mes anterior, mientras que la CBA lo hizo a un ritmo mayor, del 2,6 por ciento. Ambos indicadores mostraron así una aceleración frente a junio, cuando las variaciones mensuales habían sido de 2,2% y 1,3%, respectivamente.

Ahora bien, en lo que va de 2026, la CBT acumula una suba de 19,6%, mientras que la CBA lo hace en 20,1 por ciento. Ambos porcentajes toman como punto de partida los valores de diciembre de 2025 y reflejan el ritmo de encarecimiento que sostienen las canastas a lo largo del primer semestre y el arranque del segundo.

En la comparación interanual, la distancia se amplía todavía más. La CBT registró un incremento de 36,1% frente a julio de 2025, en tanto que la CBA aumentó 37,4% en el mismo lapso. De hecho, la canasta alimentaria volvió a mostrar el mayor incremento entre los dos indicadores, tal como había ocurrido en la mayoría de los meses previos.

Otros tipos de hogarAdemás del hogar tipo, el Indec releva mensualmente los valores de otras dos composiciones familiares, que sirven como referencia adicional. Para un hogar de tres integrantes, conformado por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61, la CBT de julio fue de $1.245.696,15 y la CBA de $563.663,42. Se trata, entre los tres ejemplos que difunde el organismo, del que registra el costo de vida más bajo.En el otro extremo, un hogar de cinco integrantes, compuesto por un varón y una mujer de 30 años y tres hijos de 1, 3 y 5 años, registró en julio una CBT de $1.645.736,79 y una CBA de 744.677,28 pesos. Este grupo familiar enfrenta, por lo tanto, el costo de vida más alto entre los tres casos que publica el Indec.Por encima de la inflaciónLa suba de las canastas se dio en un contexto en el que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en julio una variación mensual de 2,1%, un acumulado de 19,3% en los primeros siete meses del año y una interanual de 33,8 por ciento.De esta manera, tanto la CBT como la CBA crecieron por encima del nivel general de precios en las tres comparaciones disponibles: la mensual, la acumulada y la interanual. La distancia fue más marcada en la variación interanual, donde la CBA superó al IPC por 3,6 puntos porcentuales y la CBT lo hizo por 2,3 puntos.En lo que va del año, en cambio, la brecha entre las canastas y la inflación general resultó más acotada. La CBT acumula 0,3 puntos porcentuales por encima del IPC, mientras que la CBA se ubica 0,8 puntos por delante del índice general de precios. Infobae.

Por Martín Fernández Nadale - El Gobierno renovó el 100% de los vencimientos de deuda pública en la licitación de este miércoles y no liberó pesos al mercado. Además, colocó USD 50 millones en el bono en dólares que utilizará para pagar futuros compromisos de deuda.Según informó la Secretaría de Finanzas, la colocación total alcanzó los $4,49 billones, frente a vencimientos por $4,48 billones, lo que representó un rollover del 100,26 por ciento. De esta manera, el equipo económico se aseguró de no inyectar liquidez, aunque, a contramano de lo que ocurrió en subastas anteriores, prácticamente no retiró pesos de circulación.

El instrumento más demandado fue la LECAP con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 (S30N6), que concentró 3,29 billones de pesos adjudicados, con una tasa efectiva mensual (TEM) de 2,11% y una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) de 28,54 por ciento. De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Economía, las ofertas totales presentadas por el mercado ascendieron a 6,49 billones de pesos.Por el lado de los instrumentos ajustados por inflación (CER), la colocación del bono X29E7 con vencimiento el 29 de enero de 2027 sumó 0,65 billones de pesos y se adjudicó a una TIREA CER de 4,51 por ciento.En el segmento dollar linked, el Gobierno adjudicó 0,23 billones de pesos en el bono D30S6 (vencimiento 30 de septiembre de 2026) a una TIREA de 7,33%, y 0,32 billones de pesos en el bono D30O6 (vencimiento 30 de octubre de 2026) a una TIREA de 6,91 por ciento.“Al haber resultado una colocación prácticamente equivalente al nivel de vencimientos en pesos, el efecto directo de la licitación sobre la liquidez del sistema financiero resulta neutro. Si bien la liquidez general continuará respondiendo en los próximos días a la dinámica de otros factores (como la actividad en la ventanilla de pases o el mercado secundario), el resultado elimina cualquier efecto inmediato de absorción o expansión de liquidez sobre las tasas de corto plazo”, evaluó Eric Ritondale, economista jefe de Puente.

En paralelo, Ritondale remarcó que en respuesta a la volatilidad reciente del mercado local de renta fija, el Tesoro “optó por un menú de instrumentos concentrado exclusivamente en el corto plazo (sin vencer más allá de la gestión actual)”. “Esta estrategia de pausar el estiramiento de duration permitió evitar una presión adicional sobre el tramo largo de la curva en pesos, priorizando una renovación limpia de los vencimientos”, sumó el analista.

El único instrumento en dólares, el bono AO29 con vencimiento el 31 de octubre de 2029, adjudicó USD 50 millones a una TIREA de 8,72% (8,39% TNA). En este caso, Economía tuvo que ofrecer una tasa algo más alta que en licitaciones anteriores para conseguir los fondos.La modalidad adoptada en esta licitación introdujo una diferencia respecto a los esquemas anteriores. La Secretaría de Finanzas decidió limitar la emisión a USD 50 millones en la primera ronda y otros USD 50 millones en la segunda, montos por debajo de los utilizados en licitaciones previas. Analistas atribuyen esta modificación tanto al clima internacional como a la intención oficial de moderar el costo de financiamiento.

En ciclos anteriores, la estrategia para los títulos en dólares permitía una colocación sin límite en la primera vuelta y un tope de hasta USD 150 millones en la segunda, en un intento por captar la mayor cantidad de divisas disponible. Ahora, el recorte en los montos parece vincularse con una postura más prudente ante la volatilidad internacional y el incremento en las tasas para la deuda soberana.

El programa financiero diseñado por el ministro Luis Caputo para afrontar vencimientos por USD 19.200 millones durante el año incluyó emisiones de deuda en el mercado de capitales por USD 6.000 millones. De esa suma, USD 4.000 millones se obtuvieron a través de los bonos Bonar 2027 (AO27) y Bonar 2028 (AO28), por lo que quedan pendientes USD 2.000 millones a cubrir mediante las licitaciones en curso del Bonar 2029 (AO29).De acuerdo con la evolución del plan de financiamiento, el Gobierno mantiene margen para dosificar la oferta de deuda en los próximos meses. Con las emisiones del Bonar 2029, la Secretaría de Finanzas lleva reunidos USD 1.176 millones, restando aún USD 824 millones para completar el objetivo. El cupo total autorizado para este bono asciende a USD 2.000 millones, cifra que delimita la meta máxima de colocación bajo la estrategia vigente. Infobae.

El Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) pasó de representar el 8,9% del precio final de la nafta súper en noviembre de 2023 al 19,25% en julio. En términos reales, el monto incluido en cada litro pasó de $116 a $400. El dato surge en medio de la polémica por la colocación de los fondos recaudados en instrumentos financieros.El aumento del impuesto, destacó un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), fue del 1.265% entre noviembre de 2023 y junio de 2026, mientras que la inflación acumulada durante ese período fue del 320%. Es decir, el ICL se incrementó casi cuatro veces por encima de la inflación.Ello se explica por la actualización del impuesto, que consiste en un monto fijo por litro y no en una tasa aplicada sobre el precio del combustible. Durante la gestión anterior, su actualización quedó rezagada, pese a que la ley establecía que debía ajustarse por inflación.Con el argumento de recomponer ese atraso, el Gobierno actualizó el impuesto por encima de la evolución del IPC. El resultado fue un fuerte aumento de su incidencia sobre el precio que paga el consumidor en el surtidor.El IAG precisó que a diferencia de un impuesto general, una parte de lo recaudado por el impuesto a los combustibles está afectada por ley a fines determinados: el 28,58% se destina al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte. Dentro de ese fideicomiso, tras deducir un 1,5% de reserva de liquidez, el 50% va al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), la vía por la que estos recursos financian a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), mientras que el otro 50% se reparte entre el transporte automotor (SISTAU, 32,5 puntos porcentuales) y el ferroviario (SIFER, 17,5 p.p.).Esto significa que cada litro de nafta paga un impuesto con destino, en parte, al mantenimiento y desarrollo de la red vial.“Producto del aumento del monto fijo, el impuesto a los combustibles es el impuesto cuya recaudación más creció en términos relativos desde el cambio de gestión: en 2025 recaudó 91% más que en 2023 en términos reales”, remarcó el informe.Sin embargo, el gasto de la DNV se encuentra en niveles históricamente bajos. En 2025, la entidad registró un gasto inferior al observado durante la década de 1990, con excepción de los años 2001 y 2002. En comparación con 2023, el gasto se redujo un 71%.La tendencia continuó durante 2026: en el primer semestre, el gasto devengado por la DNV fue un 42% inferior al registrado en el mismo período de 2025, lo que sugiere que el gasto anual podría ubicarse por debajo del nivel del año anterior.La reducción del gasto devengado por la DNV se observa en todas las provincias, aunque con distinta intensidad. Buenos Aires se encuentra entre las jurisdicciones más afectadas: en 2025, los recursos destinados a obras viales se redujeron un 85% en términos reales respecto de 2023. San Luis registra la mayor contracción en ese período (-95,6%), mientras que Jujuy se destaca por una evolución positiva, con un incremento de los montos ejecutados (+184%).“La DNV viene gastando menos dinero que lo que podría gastar solamente por el impuesto a los combustibles, aún cuando tiene otras fuentes de financiamiento (como transferencias del Tesoro Nacional o créditos externos)”, resaltó el IAG.“Por esto, si desde el cambio de gestión la DNV hubiese gastado la totalidad de lo que le ingresó por el ICL, habría podido gastar más dinero del que gastó efectivamente bajo todo concepto (ICL + Tesoro + créditos externos). En cambio, la DNV gastó solamente el 33% del monto recaudado por el ICL que le corresponde”, agregó.De acuerdo al reporte, la DNV podría haber destinado $1,35 billones adicionales, a precios de junio de 2026, si hubiera ejecutado la totalidad de los fondos provenientes de la recaudación del ICL, lo que representa $534.000 millones más por año.Esta suma, sin necesidad de transferencias del Tesoro y utilizando únicamente los recursos del ICL, habría permitido cubrir el mantenimiento anual de 9.148 kilómetros de la red vial nacional. Esa extensión equivale a una cuarta parte de toda la red nacional, que abarca 40.000 kilómetros, y supera dos veces la distancia entre Ushuaia y La Quiaca.En este marco, el vocero presidencial, Adrián Ravier, señaló en conferencia de prensa que una parte de los impuestos que financian el SISVIAL es administrada por el Ministerio de Economía con el objetivo de “lograr el equilibrio fiscal”, aunque no pudo precisar qué proporción de esos recursos se destina efectivamente al mantenimiento de las rutas.Entre enero de 2024 y mayo de 2026, el fideicomiso recaudó $1,503 billones —provenientes de una porción del ICL—, pero destinó apenas $394.406 millones a obras viales. Esto implica que el 73,8% de los recursos no fue ejecutado en ese destino. El resto permaneció colocado en plazos fijos, títulos públicos y una cuenta corriente, sin traducirse en obras de infraestructura vial.Ravier indicó que el ministro de Economía, Luis Caputo, lleva adelante “un proceso de transformación donde las rutas no se hacen con el dinero de los pagadores de impuestos, sino con inversiones privadas”. También destacó los acuerdos alcanzados con algunas provincias para transferirles la administración de las rutas nacionales que atraviesan sus territorios. Hasta el momento, solo se concretaron convenios con Santa Fe y San Juan. 

 El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este miércoles que la Argentina “ha sido arrasada en los últimos 25 años” y sostuvo que en estos tiempos “se necesita reconstruir este país”, mientras que anunció la llegada de nuevas inversiones por más de US$ 50.000 millones.El titular del Palacio de Hacienda recordó distintas crisis que atravesó Argentina a lo largo de su historia, en las que nombró la etapa del corralito y el default de la deuda en 2001, entre otros sucesos.Adelantó, además, la llegada de nuevas inversiones en el marco del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) de hasta US$ 50.000 millones. “En breve se van a enterar de los proyectos aprobados que son solo un cuarto, porque va a venir algún que otro RIGI por hasta US$ 50.000 millones”, destacó.“A pesar de no haber estado en ninguna guerra, Argentina ha sido arrasada en los últimos 25 años y hoy necesitamos reconstruir este país. Hemos vivido agresiones constantes que hoy hacen que la gente tenga ese temor nato. La política les inculcó ese temor; no es que los argentinos nacieron con ese don”, precisó el ministro durante su exposición en el Ciclo de Coyuntura de la Bolsa de Comercio de Córdoba.Allí defendió el programa económico y señaló que el Gobierno decidió “atacar el problema de raíz”, algo que “no se hizo por más de 100 años”.“El problema era la deuda, el dólar y la inflación; cuando en realidad esas eran las consecuencias de cómo financiaban el déficit. Esto es un programa de estabilización: si vos creés que vamos a ser Suiza mañana, estás equivocado”, aseveró.Referido a las crisis del país, agregó: “Nos han estado haciendo bullying por años, y hay gente que lo supera con el tiempo; hay algunos que tardan más y hay otros que no lo superan. Por más que hagamos lo que hagamos, hay personas que no van a poder sacarse de encima todo lo que vivieron”.El funcionario también se refirió a la situación de los distintos sectores de la economía, donde hay una marcada heterogeneidad entre los que crecen de manera constante -como la energía y la minería- y los que se encuentran más rezagados, como es el caso de la industria y el comercio.En ese sentido, indicó que el buen pasar de la energía y la minería permitió tener un mayor ingreso de dólares y, a su vez, sirve para recomponer el balance del Banco Central (BCRA).“Que le vaya bien a estos sectores permite que haya suficientes dólares para que haya estabilidad cambiaria y que no tengamos que vivir la locura que fue hace años”.Caputo criticó al modelo económico del último gobierno nacional, el cual “no servía” y generó “más inflación y más pobreza”. “No creció la industria, no creció el comercio y no creció la construcción. Claramente queremos salir de ese modelo”.“Es la primera vez que vamos por el camino correcto; siempre Argentina fue para abajo. ¿Qué hay que hacer? Perseverar y profundizar todos estos cambios”, detalló.Y agregó: “Cuando uno ve los resultados de este programa comparado con otros considerados exitosos, este rankea arriba de cualquiera de esos programas. Hay una buena razón para ser optimistas”.También se refirió a las elecciones de 2027 y a una posible continuidad del presidente Javier Milei en el poder. En esa línea, manifestó que el país necesita a “alguien con la convicción y personalidad del Presidente”, aunque puede no ser el mismo mandatario quien se mantenga en el sillón de Rivadavia.Lo que sí aseguró, bajo su mirada, es que “no hay ninguna posibilidad” de que vuelva a gobernar el kirchnerismo y afirmó que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no será presidente de la Argentina, recordando la interna que atraviesa el peronismo y la fragmentación que hay en la oposición.“Tenés al caballo ganador y nadie se quiere juntar con él. Tienen al tipo que puede ganar, ¿pero no lo quiere nadie? La realidad es que todo el mundo sabe que no hay ninguna posibilidad de que Kicillof vaya a ser presidente. Entonces, ¿por qué lo levantan? Porque el que gana en Argentina no gana por mérito propio, gana porque le está yendo mal al que está gobernando”. Agencia NA

Mientras Marcos Galperin destacó el fuerte avance de Mercado Libre, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) respondieron que las ventas online no reflejan la realidad del comercio pyme tradicional.

El debate sobre el estado del consumo volvió a instalarse luego de que el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, cuestionara un informe de la CAME que mostró una caída en las ventas minoristas durante julio.

El empresario sostuvo que las ventas de Mercado Libre crecieron un 38% en términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación, y utilizó ese dato para poner en duda el diagnóstico de retracción del consumo elaborado por la entidad que representa a las pequeñas y medianas empresas.La publicación recibió el respaldo del presidente Javier Milei, quien la compartió en sus redes sociales.

Dos mediciones diferentesSin embargo, desde la CAME respondieron que ambas cifras no son comparables porque miden universos distintos.Mientras Mercado Libre refleja exclusivamente la actividad de su plataforma de comercio electrónico, el Índice de Ventas Minoristas releva miles de pequeños comercios físicos de todo el país, como almacenes, ferreterías, panaderías, kioscos, zapaterías y otros negocios de cercanía.

En otras palabras, que una plataforma digital aumente sus ventas no significa necesariamente que el comercio tradicional también esté creciendo.

El comercio electrónico sigue siendo una parte del mercadoLos datos muestran que el comercio electrónico continúa  expandiéndose en Argentina y gana participación año tras año.No obstante, todavía representa una parte limitada del consumo total. Según estimaciones privadas, durante 2025 el e-commerce explicó alrededor del 18,7% de todas las ventas minoristas, mientras que el resto continúa realizándose en locales físicos.

Desde la CAME sostienen que muchas pymes aún no venden a través de plataformas digitales y dependen casi exclusivamente de las compras presenciales, por lo que la realidad de esos comercios puede ser muy diferente a la de una empresa líder en comercio electrónico.

Mercado Libre también reconoce un contexto complejoEl propio balance trimestral de Mercado Libre refleja que, pese al fuerte incremento de las ventas, el contexto económico continúa siendo desafiante.La empresa informó que logró crecer gracias a fuertes inversiones en envíos gratuitos, promociones, nuevas herramientas tecnológicas, inteligencia artificial y beneficios para los usuarios.Esa estrategia permitió aumentar las operaciones, aunque redujo considerablemente la rentabilidad de la compañía. El margen de ganancias descendió del 12,2% al 6,7% respecto del mismo período del año anterior.Además, en su informe a los inversores, Mercado Libre reconoció que el consumo en Argentina continúa atravesando un escenario complejo.

La realidad de las pymesSegún la CAME, las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas cayeron 3,8% interanual en julio y retrocedieron 2,1% respecto de junio, una baja que atribuyen al menor impulso del consumo luego del pago del aguinaldo y al mayor peso que tuvieron las tarifas de invierno sobre el presupuesto familiar.Para la entidad, no existe contradicción entre ambos datos.Es posible que una gran plataforma digital aumente sus ventas porque capta clientes, concentra operaciones o desplaza compras que antes se realizaban en comercios tradicionales, mientras que miles de pequeños negocios registran menores niveles de actividad.Por eso, los especialistas coinciden en que ambas mediciones describen fenómenos diferentes y, lejos de excluirse, pueden reflejar al mismo tiempo distintas realidades del consumo argentino.

En medio de las polémicas por los números vinculados al poder adquisitivo de los argentinos, la Agencia Noticias Argentinas entrevistó en exclusiva a Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), entidad que en 2024 cumplió un siglo de vida.En su despacho de la sede central de la entidad, el dirigente asegura que, mientras los indicadores del sector reflejan una recuperación heterogénea, con actividades que aún enfrentan dificultades y otras que muestran un mayor dinamismo, el sector debe “prepararse para competir”.

¿Cómo describiría la situación actual del comercio y los servicios en la Argentina? - La situación es muy heterogénea. Hay sectores que están con muchos problemas, otros no tanto, y otros que están bien. Pero forma parte de un modelo que hay que asumir, que es complejo. La Argentina viene de muchos años de políticas económicas equivocadas que nos llevaron a esta situación. En los sectores de consumo masivo hay caídas interanuales del 4%, el 6% o hasta el 7%, mientras que otros muestran bajas menores. El consumo depende mucho del poder adquisitivo y hoy el salario real todavía está alrededor de un 10% por debajo de la inflación. Además, la gente hoy debe destinar una mayor parte de sus ingresos a pagar tarifas que se están normalizando después de muchos años de subsidios. Primero paga la luz, el gas, el transporte o la prepaga y recién después decide si compra ropa o consume otros bienes. Eso naturalmente contrae el consumo. Si una persona tiene que elegir entre pagar la luz o renovar una prenda de vestir, primero paga la luz. Después compra alimentos y, probablemente, elija segundas marcas. Esa es la realidad. Ahora bien, yo estoy absolutamente convencido de que esto se va a solucionar. Lleva tiempo. Los salarios tienen que recomponerse y eso va a suceder a medida que la economía se vaya normalizando.

¿Cuáles son hoy los principales desafíos que enfrenta el sector? - El principal desafío es entender que no existen soluciones mágicas. Es fácil decirlo desde este lado. El que no llega a fin de mes y tiene hambre la pasa mal. Pero la realidad no cambia porque uno quiera que cambie. Argentina vivió muchos años en una especie de isla de la fantasía, donde parecía que todo era barato porque había tarifas subsidiadas, transporte subsidiado y emisión permanente para sostener ese esquema. Eso terminó generando inflación, que siempre perjudica más a quienes menos tienen. El desafío hoy es atravesar este proceso entendiendo que no hay nada sin sacrificio.

¿Qué diferencias observa entre el escenario actual y el que existía al inicio de esta gestión? - La principal diferencia es que hoy se empezó a corregir un problema estructural que Argentina arrastra desde hace décadas. Durante muchos años vivimos con inflación muy alta, déficit fiscal, emisión monetaria y falta de divisas. Además, Argentina siempre tuvo otro problema histórico: la falta de dólares genuinos. Todos los países necesitan divisas. El 80% de lo que importamos son insumos imprescindibles para producir. Una caja de jugo puede estar hecha en Argentina, pero el conservante es importado, el colorante es importado, muchas veces hasta el envase es importado. Lo mismo pasa con la ropa, con la industria y con prácticamente cualquier actividad. Por eso digo que la integración al mundo es imprescindible. Ningún país produce absolutamente todo lo que necesita. Hoy Argentina está empezando a cambiar esa realidad. Tenemos sectores como el petróleo, el gas y la minería que van a generar una cantidad de divisas que nunca tuvimos. En 2023 cerramos con déficit comercial. Después pasamos a tener superávit y las proyecciones muestran que ese superávit va a seguir creciendo durante los próximos años. No existen soluciones mágicas, pero sí un camino que, si se sostiene, puede cambiar definitivamente la economía argentina.

¿Qué lectura hace de la evolución del consumo durante el último año? - El consumo sigue siendo muy heterogéneo. Hay sectores que están muy complicados y otros que muestran un comportamiento distinto. Por ejemplo, el consumo en supermercados cayó, también cayó la venta de indumentaria y otros rubros vinculados al consumo masivo. En cambio, los autos eléctricos están teniendo muy buen desempeño. Ahí influyen la financiación, algunos beneficios impositivos y un cambio en las preferencias de los consumidores. Muchas veces se dice que la caída del consumo tiene que ver con las importaciones, pero no es cierto. El problema principal sigue siendo el poder adquisitivo. El comerciante vende menos porque la gente tiene que destinar una mayor parte de sus ingresos a gastos que no puede postergar. Eso explica por qué algunos sectores están sufriendo mucho más que otros.

¿Cómo cambió el comportamiento de los consumidores en este nuevo contexto económico? - Hoy el consumidor prioriza. Antes de comprar una prenda de vestir o cambiar algún bien para el hogar, primero cumple con los gastos esenciales. Si tiene que elegir entre pagar la luz o renovar la ropa, paga la luz. Si puede ahorrar en alimentos, compra segundas marcas. Ese cambio en las prioridades es lo que explica buena parte de la caída del consumo. Pero tampoco podemos analizar esto sin mirar de dónde venimos. Durante muchos años hubo consumos que parecían posibles porque estaban sostenidos por subsidios y emisión monetaria. Hoy esos costos aparecen y las familias tienen que reorganizar sus gastos. Por eso digo que la situación existe, nadie la puede negar. Hay gente que no llega a fin de mes y eso es una realidad. Pero también creo que es una situación que, gradualmente, se va a ir corrigiendo a medida que mejoren los salarios y aumente la actividad económica.

¿Qué sectores están liderando la recuperación y cuáles continúan mostrando mayores dificultades?  - Hoy conviven realidades muy distintas. Los sectores vinculados a los autos eléctricos están creciendo. También todas las actividades relacionadas con la energía, el petróleo, el gas y la minería tienen perspectivas extraordinarias. En cambio, el comercio minorista, la indumentaria y buena parte del consumo masivo siguen atravesando dificultades porque dependen directamente del ingreso disponible de las familias. Hay que entender que Argentina está atravesando un cambio de modelo económico. Algunos sectores se adaptan más rápido y otros necesitan tiempo.

¿Son competitivas hoy las empresas argentinas? - Sí. Puertas adentro somos competitivos. El problema aparece cuando el producto sale de la empresa. Ahí empezamos a perder competitividad por muchas razones: la presión tributaria, los costos logísticos, la infraestructura y una estructura de costos que hace muy difícil competir con otros países. Argentina tiene entre 160 y 170 impuestos de distinta naturaleza entre Nación, provincias y municipios. Con apenas diez impuestos se recauda alrededor del 90% de los recursos. Todo el resto genera costos administrativos, tiempo y burocracia. Hay que hacer una limpieza de impuestos inútiles y bajar gradualmente la presión tributaria.

¿Qué factores explican hoy la pérdida de competitividad de muchas empresas argentinas? - Hay varios factores. Uno es la carga tributaria, que sigue siendo muy alta. Otro son los costos logísticos. Hoy un flete desde Salta hasta Buenos Aires puede costar más que enviar esa misma mercadería desde Buenos Aires hasta Ámsterdam. Eso demuestra el enorme problema de infraestructura que todavía tiene el país. También hay un cambio cultural que las empresas tienen que hacer. Durante muchos años, en Argentina el negocio terminó siendo financiero. El gerente más importante de una empresa era el financiero y no el de producción. En un país normal ocurre exactamente lo contrario. El objetivo es producir cada vez más, al menor costo posible, para vender más y ganar por productividad. Ahora muchas empresas tienen que volver a aprender a competir produciendo.

¿Cómo influye el costo argentino sobre la capacidad de crecer, invertir y generar empleo? - Influye muchísimo. Cuando una empresa tiene una carga tributaria elevada, costos logísticos altos y dificultades para acceder al crédito, pierde capacidad para invertir, contratar personal y crecer. Por eso hablamos siempre del costo argentino. No alcanza con que una empresa sea eficiente puertas adentro. También necesita un entorno que le permita competir en igualdad de condiciones con el resto del mundo.¿Qué cambios considera indispensables para que las empresas puedan competir en igualdad de condiciones con el resto del mundo? - Lo primero es bajar la presión tributaria. Después hay que mejorar la infraestructura, recuperar el crédito y seguir integrando la Argentina al mundo. Durante muchos años creímos que podíamos vivir solamente con lo nuestro y eso no existe. No hay ningún país que produzca absolutamente todo lo que necesita. Argentina tiene que integrarse para aprender, competir y ofrecer mejores productos a mejores precios. No hay que tenerle miedo a la competencia. Hay que prepararse para competir. El Gobierno plantea que el crecimiento de sectores como la energía y la minería terminará derramando sobre el resto de la economía. Otros advierten sobre el riesgo de la llamada “enfermedad holandesa”.

¿Cómo analiza ese debate? - Ese efecto derrame se va a producir. Argentina va camino a generar una cantidad de divisas que nunca tuvo. Vaca Muerta, el petróleo, el gas, la minería y también el agro van a aportar un volumen muy importante de dólares. Naturalmente, cuando un país genera muchas divisas, se convierte en un país más caro en dólares. Pero eso, por sí solo, no es un problema. El problema sería que el país se encarezca y los salarios sigan siendo bajos. Si, en cambio, aumentan los ingresos de la gente, bajan los impuestos y mejora el acceso al crédito, la situación es completamente distinta. Lo importante es que el poder adquisitivo también crezca. Hoy muchas familias todavía no llegan a fin de mes porque los salarios vienen de perder mucho contra la inflación. Pero si el ingreso de divisas permite bajar impuestos, atraer inversiones y mejorar la productividad, eso termina reflejándose también en los salarios. Yo soy optimista con ese proceso. Hoy tenemos un círculo vicioso: las empresas venden menos porque cayó el consumo y, al vender menos, no pueden pagar mejores salarios. Al mismo tiempo, el consumo no se recupera porque los salarios todavía no alcanzan. Ese círculo solo se rompe con crecimiento, inversión y generación genuina de divisas. La CAC viene planteando desde hace años la necesidad de modernizar la legislación laboral.

¿Qué aspectos mejoraron tras los cambios implementados? - El mundo cambió muchísimo. Hoy existe el trabajo remoto, nuevas modalidades laborales y formas de contratación que hace algunos años prácticamente no existían: la legislación tiene que acompañar esos cambios. Ahora bien, siempre dijimos que una reforma laboral, por sí sola, no genera empleo. El empleo aparece cuando las empresas venden más, invierten más y la economía crece. No hay una ley que, por sí misma, cree puestos de trabajo.

¿Cómo impacta hoy el marco laboral sobre las decisiones de contratación? - Influye, pero no es el único factor. Una empresa toma gente cuando tiene más trabajo y perspectivas de crecimiento. Si vende menos, difícilmente incorpore personal aunque cambie la legislación. Por eso creemos que la recuperación del empleo depende mucho más del crecimiento económico que de una sola reforma. Las dos cosas son importantes, pero una acompaña a la otra.

¿Qué señales esperan hoy las empresas para acelerar sus planes de inversión? - La principal señal es la estabilidad. Cuando una empresa sabe cuál va a ser el rumbo económico, empieza a pensar en inversiones de largo plazo.  Después aparece otro elemento fundamental, que es el crédito. Hoy muchas empresas necesitan financiamiento para modernizarse, incorporar tecnología o ampliar su producción. Sin crédito, todo ese proceso es mucho más lento.

¿Qué papel puede desempeñar el crédito en una nueva etapa de crecimiento? - Es fundamental. No existe ningún país desarrollado sin crédito. El crédito permite comprar viviendas, ampliar fábricas, incorporar maquinaria, invertir en tecnología y aumentar la producción. Durante muchos años Argentina prácticamente perdió el mercado de crédito. Recuperarlo va a ser una de las claves para acelerar el crecimiento de la economía.

¿Qué medidas de desregulación implementadas por el Gobierno tuvieron mayor impacto sobre el comercio y los servicios? - Todo lo que sea eliminar burocracia ayuda. El Gobierno habla de miles de desregulaciones y muchas de ellas eran necesarias porque existían normas que ya no tenían sentido. Cuando una empresa pierde tiempo haciendo trámites innecesarios, ese tiempo también tiene un costo. Todo lo que simplifique procesos administrativos mejora la competitividad.

¿Qué trabas regulatorias continúan afectando la actividad cotidiana de las empresas? - Todavía queda mucho por hacer. Hay empresas que necesitan pasar por distintos organismos para obtener una autorización que podría resolverse de una manera mucho más simple. Ese exceso de burocracia termina generando costos, pérdida de tiempo y menor productividad. Nosotros creemos que hay que seguir avanzando en la simplificación de los procedimientos administrativos.

¿Qué peso tiene hoy la carga tributaria sobre la competitividad del comercio formal? - Tiene un peso enorme. Argentina sigue teniendo una presión tributaria muy alta. Entre Nación, provincias y municipios existen alrededor de 160 o 170 impuestos. Sin embargo, con apenas diez impuestos se recauda cerca del 90% de los recursos. Eso demuestra que hay una enorme cantidad de tributos que generan más burocracia que recaudación. El desafío es ir simplificando ese esquema sin perder el equilibrio fiscal. Lo primero es preservar el equilibrio fiscal. El Gobierno nacional ya hizo un esfuerzo muy importante reduciendo el gasto público y bajando todo lo que podía bajar. A medida que aumenten las exportaciones, ingresen más divisas y crezca la economía, será posible continuar reduciendo impuestos. Pero también las provincias y los municipios deberán hacer su parte. Muchas jurisdicciones todavía no ordenaron sus cuentas y mantienen estructuras de gasto que hacen muy difícil avanzar con una baja de la presión tributaria.

¿Qué impacto tiene la economía informal sobre el comercio registrado? - Tiene un impacto enorme. Nosotros integramos una asociación sudamericana de lucha por el comercio lícito y recientemente organizamos un encuentro con representantes de varios países de la región para abordar este problema. Argentina tiene un gravísimo problema de contrabando.  Hoy estimamos que uno de cada tres celulares que se venden en el país ingresó de contrabando. Lo mismo ocurre con cigarrillos, bebidas, ropa y muchos otros productos. Todo eso representa una pérdida para el Estado cercana a los US$2.500 millones anuales. Los organismos de control tienen que fortalecer la fiscalización y verificar el origen de la mercadería. No hablamos del turista que trae un teléfono del exterior para uso personal, sino del ingreso masivo de productos que luego se comercializan ilegalmente.

¿Qué evaluación hace de los acuerdos comerciales impulsados por el Gobierno? - Nosotros somos una cámara liberal desde nuestra fundación en 1924. Siempre defendimos la apertura comercial y la mayor cantidad posible de acuerdos de libre comercio. Durante muchos años miramos con cierta envidia a Chile, que tiene muchos acuerdos comerciales con distintos países y bloques económicos. Argentina recién ahora está empezando a recorrer ese camino. El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea es muy importante. Pasamos de un mercado de 200 millones de habitantes a uno cercano a los 700 millones de consumidores. Uno de los problemas estructurales que suele mencionar el sector es la infraestructura.

¿Quién debería liderar ese proceso de inversión? - Hay un escenario ideal y otro posible. En países como Estados Unidos el Estado participa fuertemente en las obras de infraestructura y luego recupera esa inversión mediante impuestos o peajes. En Argentina la inversión necesaria es enorme y hoy el Estado no dispone de esos recursos. Por eso es lógico que el Gobierno busque participación privada. El problema es que los privados también necesitan financiamiento y garantías. Hoy existen unos 40.000 kilómetros de rutas nacionales y solamente unos 9.000 pueden ser rentables mediante peajes. Si una empresa consigue financiamiento para construir una autopista, necesita la seguridad de que podrá recuperar esa inversión. Si las tarifas quedan congeladas por decisión política, el negocio deja de ser viable. Por eso el Estado debería aportar mecanismos de garantía para facilitar el acceso al crédito.

Caída del consumo pyme: las ventas minoristas se retrajeron 3,8% en julio¿Cómo describiría la relación que mantiene hoy la cámara con el Gobierno nacional? - Nosotros dialogamos con todos los gobiernos. La cámara no pertenece a ningún partido político. Nuestro trabajo consiste en representar al sector privado y acercar propuestas. Después cada gobierno decide qué medidas toma, siempre tratamos de mantener un diálogo institucional serio y constructivo. Todos los días acercamos propuestas y planteamos problemas que afectan al sector. Nuestro trabajo consiste en señalar qué cuestiones necesitan solución; después son los gobiernos quienes deciden cómo avanzar.

¿Cuáles son las principales coincidencias en materia económica? - Coincidimos con la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, reducir el gasto público, fortalecer la moneda, generar divisas, aumentar las exportaciones y avanzar hacia una economía más abierta. Creemos que ese es el camino para que Argentina vuelva a crecer de manera sostenida.  

¿En qué temas considera que todavía quedan reformas pendientes? - Quedan muchas reformas por delante. Hay que seguir bajando impuestos, mejorar la infraestructura, profundizar las desregulaciones, recuperar el crédito y continuar modernizando el Estado. Además, las provincias y los municipios también tienen que acompañar ese proceso. No alcanza con que haga el esfuerzo solamente el Gobierno nacional.

¿Qué lugar deberían ocupar el comercio y los servicios dentro del modelo económico de la Argentina? - Un lugar central. Argentina necesita muchas más empresas. Siempre doy el mismo dato: nuestro país tiene alrededor de 13 empresas cada 1.000 habitantes. Brasil tiene cerca de 26. Uruguay alrededor de 36. Chile supera las 40. Eso muestra todo el camino que todavía tenemos por recorrer. Cuantas más empresas haya, más empleo privado habrá. Y cuanto más empleo privado exista, menos dependerá el crecimiento del Estado. Argentina tiene recursos naturales extraordinarios. Petróleo, gas, minería y agro van a generar un ingreso de divisas muy importante durante los próximos años. Eso permitirá bajar impuestos, mejorar salarios y consolidar un crecimiento más sostenible.

Si tuviera que establecer tres prioridades para la agenda económica de los próximos años, ¿cuáles serían? - La primera es mantener la continuidad del modelo económico y no volver al populismo. La segunda es seguir generando condiciones para que aumente la inversión privada. Y la tercera es crear las condiciones para que existan cada vez más empresas, porque ahí está la base del crecimiento del empleo y del desarrollo económico. Siempre digo que necesitamos multiplicar la cantidad de empresas. Si Argentina lograra acercarse a los niveles que tienen otros países de la región, el empleo privado crecería de una manera extraordinaria. Ahí está, para mí, la verdadera transformación que necesita el país.  Agencia NA.

Por Lucrecia Eterovich - En la última licitación de deuda pública, la Secretaría de Finanzas obtuvo un rollover de 144%, es decir, consiguió que el mercado suscriba deuda en pesos por el equivalente a $4 billones de más de los vencimientos que necesitaba refinanciar. Nada muy lejano a lo que venía sucediendo en las últimas licitaciones. Sin embargo, el mercado quedó despistado cuando esos pesos no se depositaron en la cuenta del Tesoro en el Banco Central (BCRA) -como sucede habitualmente-, sino que se giraron a bancos comercial. Ante las dudas de los operadores, en el Ministerio de Economía aseguran que va el cambio de destino de esos fondos va en línea con el objetivo de extender los plazos al menor costo posible y sobre la que se puede dar marcha atrás ante cambios en las condiciones de liquidez.El viernes 31 de julio, la atención del sector financiero se centró en el destino de los fondos provenientes de la licitación, que habitualmente se reflejan como un incremento en los depósitos del Tesoro en el BCRA, donde se depositan a rendimiendo cero y, mientras quedan allí depositados, no forman parte de la oferta monetaria y reducen el dinero en circulación. Sin embargo, los registros oficiales mostraron un incremento menor al esperado. Según datos del BCRA, al jueves 30 de julio los depósitos del Tesoro ascendían a $8,5 billones y al día siguiente, tras la liquidación, la cifra bajó a $8,3 billones. El ingreso esperado de los $4 billones no se materializó en la cuenta del Tesoro, lo que abrió interrogantes sobre el recorrido de esos fondos.Consultado en conferencia de prensa sobre el destino de esos fondos, el presidente del BCRA, Santiago Bausili respondió: “No tengo mucha respuesta para darte porque es una pregunta que corresponde hacerle al Tesoro. No creo que hayan desaparecido, puede ser que no lo haya traído acá. Estoy seguro de que si buscamos bien, en algún lado están; son bastantes como para no encontrarlo”.Fuentes del Ministerio de Economía aseguran que la liquidez la maneja el Banco Central y que el objetivo de la licitación es extender el plazo de los vencimientos a la menor tasa.Ante la consulta de Infobae, fuentes del Ministerio de Economía, explicaron que no hay que asociar que un rollover de 144% en una licitación del Tesoro, donde el objetivo es extender duration a la menor tasa posible, con que va a tener un impacto en la liquidez. “La liquidez la maneja el BCRA, el Tesoro no. Lo que pasó en esta licitación es que tuviste un rollover de 144% y en realidad los pesos nunca se absorbieron porque en la licitación Finanzas priorizó el objetivo de extender duration a la menor tasa posible, pero al mismo tiempo se intentó no generar un impacto negativo en la liquidez del sistema”, comentaron.Es por eso que en el Palacio de Hacienda tomaron la decisión de que buena parte de los pesos que el Tesoro obtuvo en la licitación no fueron al BCRA sino al resto de los bancos para evitar un efecto negativo en la curva de las LECAPs. “Hay que separar lo que es un objetivo de licitación del Tesoro y un determinado rollover de la deuda que tiene que ver con la estrategia de Finanzas de extender plazo, al menor costo financiero posible, manteniendo un perfil de vencimiento ordenado a lo largo del tiempo. Después, lo que suceda con la liquidez va por otro carril; tiene que ver con lo que esté sucediendo con la demanda de dinero y el BCRA”, agregaron.Y remarcaron que la absorción o no va a depender del contexto monetario, como ahora hay un contexto de liquidez apretada, Economía decidió no agudizar ese proceso. Lo que no implica que cuando se modera la tensión en los mercados monetarios, esos pesos no puedan volver a la cuenta del BCRA.Efectos colateralesLa consultora Eco Go analizó el desvío y estimó que los depósitos del Tesoro en el BCRA debían haber aumentado en $3,8 billones ese día, pero en cambio se registró una caída de $0,3 billones. “¿Qué pasó con esos $4,1 billones que faltan? Entendemos que el Tesoro transfirió esos pesos a la cuenta en el Banco Nación para financiar gasto y/o mejorar el fondeo del Banco Nación. Recordemos que en junio la deuda flotante había aumentado en $2,2 billones y el último dato de recaudación muestra que la porción que va a Nación volvió a caer en términos reales”, comentaron en el informe.Según Eco Go, aunque los depósitos del Tesoro en el sistema financiero al último dato disponible (mayo) eran de $14 billones, estos no resultan íntegramente líquidos y disponibles para financiar gasto. Más bien, constituyen un fondeo de mayor duración para el Banco Nación. Esto respalda la hipótesis de que el financiamiento neto absorbido en la licitación resultó en un traslado de liquidez general del sistema financiero al Banco Nación.El informe identificó dos posibles efectos de este movimiento: uno fiscal, por la potencial cancelación de deuda flotante, que implica un aumento del gasto público base caja, con impacto en sectores como construcción, industria y comercio. El otro, crediticio, por el mayor fondeo de la banca pública, con capacidad para habilitar líneas de refinanciamiento o préstamos subsidiados al consumo, lo que también puede estimular la actividad en esos sectores.En la misma línea fue el economista Alejandro Giacoia, de EconViews, quien aseguro que la idea de no depositarlos en la cuenta del BCRA y dejarlos depositados en la cuenta del BNA es que no saca liquidez del sistema. “Si los depositara en el BCRA, quedaría menos liquidez en el sistema y podría subir la tasa de interés. En cambio, depositándolos en el BNA, evita eso”, marcó.Pero en el mercado también hay voces críticas sobre la lógica de la operación. Una fuente en off the record dijo: “La verdad, no entendemos por qué el Gobierno pagó más tasa para retirar esos $4 billones y después los devolvió al sistema. Hay una cosa ilógica. Entiendo que ellos querían quitar liquidez para que no existan pesos excesivos, para que no compren dólares y siga subiendo el tipo de cambio. Ahora parece que retiraron demasiado en exceso y que estaban forzando mucho al sistema porque podían generar una suba de tasas mucho más alta”, comentó.

La última edición del Monitor Sociopolítico y Electoral de julio de 2026, elaborada por el Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), revela un escenario marcado por el pesimismo respecto de la economía argentina. Dentro de la agenda de preocupaciones, los problemas económicos se imponen de manera transversal.El 59% de las personas encuestadas califica la situación económica del país como mala o muy mala, mientras que apenas un 19% mantiene una visión positiva. El estudio, realizado sobre una muestra nacional de 2.895 casos, expone un clima general de malestar que se refleja tanto en las respuestas sobre el presente como en las expectativas para el próximo año.En la consulta sobre los principales problemas que enfrenta el país, la economía ocupa un lugar central en las preocupaciones. La falta de trabajo o desempleo encabeza el ranking con el 61% de las menciones, seguida de los bajos salarios (57%) y la inseguridad (46%). También figuran en los primeros puestos la corrupción (45%), las medidas de ajuste del Gobierno (45%) y el funcionamiento de la Justicia (43%). El listado continúa con la pobreza (39%), la actividad económica (38%) y la falta de educación (37%).El Monitor Sociopolítico indaga, además, sobre las expectativas a futuro. El 53% de los encuestados prevé que la economía nacional no mejorará durante los próximos doce meses, mientras solo un 35% anticipa una evolución favorable. Respecto de la economía personal o familiar, el 41% la califica como mala o muy mala, y el 34% se inclina por una valoración positiva. La perspectiva para el año próximo mantiene esa tendencia: el 36% piensa que su situación económica personal empeorará, frente a un 33% que espera mejoras.El informe de la UBA detalla que la percepción negativa de la economía se extiende a otros campos. Al consultar sobre la situación política nacional, el 56% la califica como mala o muy mala y solo el 30% otorga una valoración positiva. En el plano social, el 60% considera que la situación es desfavorable, frente a un 20% que la juzga de manera positiva. Además, al comparar la economía actual con la de un año atrás, el 54% sostiene que la situación empeoró, mientras solo el 30% percibe mejoras.El análisis por segmento electoral muestra diferencias notables según el voto en el ballotage de 2023. Entre quienes acompañaron a La Libertad Avanza, el 37% califica positivamente la economía y el 29% la ve de manera negativa. En contraste, entre quienes votaron por Unión por la Patria, la visión negativa alcanza el 95% y la positiva apenas llega al 1 por ciento. El diagnóstico se repite en la percepción sobre la política y la situación social, donde las opiniones se polarizan de acuerdo a la filiación política previa.

La lista de problemas prioritarios también varía según el electorado. Para quienes votaron a Milei, tras la inseguridad y el desempleo, aparecen como temas centrales los bajos salarios, la oposición kirchnerista y la falta de educación. Para los votantes de Unión por la Patria, las medidas de ajuste del actual gobierno lideran el ranking, seguidas por el desempleo, los bajos salarios, la corrupción y el endeudamiento externo.El clima de desaprobación se refleja también en la gestión del gobierno nacional. El 58% señala que desaprueba la administración de Javier Milei, frente a un 42% que la aprueba. En el análisis segmentado, el 74% de los votantes de La Libertad Avanza mantiene su apoyo, mientras que entre los seguidores de Unión por la Patria la desaprobación trepa al 95%. La memoria sobre gobiernos recientes evidencia que el 48% dice haber vivido mejor durante la gestión de Alberto Fernández / Cristina Kirchner, mientras que el 26% elige el actual mandato.El relevamiento, realizado entre el 28 y el 31 de julio, recoge el pulso de un electorado que, según el informe, mantiene una evaluación crítica del presente económico y político. La fragmentación de las preferencias y el predominio de expectativas negativas delinean el escenario social y electoral a un año de las próximas elecciones presidenciales. Infobae.

El Puerto de Concepción del Uruguay carga 20.000 toneladas de madera y prepara otra exportación de harina de soja, en el marco de dos nuevas operaciones internacionales que permitirán alcanzar los 12 embarques realizados durante 2026. La actividad se mantuvo con normalidad pese a la creciente registrada en el río Uruguay.El pasado viernes ingresó al puerto entrerriano el buque Beyond 2, de bandera de las Islas Marshall y proveniente del puerto de Abiyán, en Costa de Marfil. La embarcación comenzó a recibir unas 20.000 toneladas de troncos de pino y eucalipto a granel.La mercadería tendrá como destino el puerto de Kandla, ubicado en la costa oeste de India y considerado uno de los puntos de mayor movimiento de cargas de ese país. La empresa Urcel Argentina se encuentra a cargo de la operación integral del embarque.Doce exportaciones durante 2026Mientras se desarrolla la carga del Beyond 2, comenzó la preparación logística para una nueva operación prevista para el viernes 14 de agosto, cuando está programado el arribo del buque Windermere.El ultramarino, de bandera liberiana, llegará procedente del puerto de Douala, en Camerún, y cargará 16.000 toneladas de harina de soja genéticamente no modificada, que tendrá como destino el mercado europeo.La operación será realizada por Entre Ríos Crushing y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), mientras que la mercadería será exportada hacia Dinamarca. Con estos dos movimientos, el Puerto de Concepción del Uruguay sumará 12 exportaciones en lo que va del año.

Más de 1,3 millones de toneladas exportadasSegún la información oficial, el puerto recibió 73 buques durante los últimos tres años y alcanzó un volumen acumulado de 1,3 millones de toneladas exportadas desde Concepción del Uruguay.El presidente del Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay (EAPCU), Marcos Di Giuseppe, destacó el trabajo necesario para sostener las operaciones en un escenario económico cambiante.“Gestionar en la incertidumbre implica el esfuerzo de todos los días para lograr seguir exportando, proteger la infraestructura y dar respuesta al sector privado en sus actividades comerciales. Eso es lo que nos permite no solo exportar, sino también proteger las fuentes de ingreso”, remarcó.

La creciente no afectó las operacionesLa actividad portuaria continuó desarrollándose con normalidad pese al aumento experimentado por el río Uruguay durante los últimos días. Los trabajos se concentraron en los muelles 14, 15 y 16.Desde el puerto explicaron que estos sectores se encuentran ubicados a una cota de 7,70 metros, casi dos metros por encima del pico máximo alcanzado por la reciente creciente frente a Concepción del Uruguay.Esta característica de la infraestructura permitió mantener las operaciones y continuar con el cronograma establecido para los embarques internacionales, mientras se monitoreó la evolución del río.El impacto de las exportaciones en el empleoDi Giuseppe también destacó la importancia de ampliar los tipos de productos que salen desde la terminal entrerriana y sumar nuevos destinos internacionales.“La diversificación de cargas y la sumatoria de mercados internacionales potencia el trabajo portuario, sosteniendo y fortaleciendo una fuente laboral cuyo impacto económico se refleja directamente en la economía de nuestra ciudad, ya que cada uno de estos embarques demanda más de 400 puestos de trabajo directo, a lo que hay que sumar las implicancias indirectas a lo largo de las diferentes cadenas productivas”, afirmó.De esta manera, después de completar el embarque de las 20.000 toneladas de madera hacia India, el puerto se prepara para recibir el viernes 14 al Windermere y avanzar con una nueva exportación de harina de soja hacia Dinamarca. 

 La inflación de julio se ubicaría entre 1,9% y 2,1% según las proyecciones de las consultoras relevadas por la Agencia Noticias Argentinas, un registro levemente superior al 1,9% de junio.El escenario coincide con las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que proyecta para julio un IPC de entre 1,9% y 2%. De confirmarse, el índice nacional quedaría por debajo del 2,9% registrado en la Ciudad de Buenos Aires durante el mismo mes.Uno de los factores que habría ejercido mayor presión sobre los precios fue el período de vacaciones de invierno. El movimiento turístico generó aumentos en los rubros vinculados con turismo y recreación, mientras que el Mundial 2026 también habría tenido incidencia, especialmente sobre los valores de los pasajes aéreos.La consultora C&T estimó una inflación similar a la de junio y señaló que tanto la inflación núcleo como los componentes estacionales mostraron una mayor incidencia, mientras que los precios regulados se mantuvieron moderados.“Como suele suceder en los meses de julio, los componentes vinculados al turismo se aceleraron por la influencia de las vacaciones de invierno, a lo que se sumó el Mundial de fútbol, que impactó en los pasajes de avión especialmente. Esto explicó la dinámica del componente estacional”, explicó la consultora.Otro elemento que podría haber contribuido al resultado fue el traslado parcial de la suba del dólar registrada entre fines de junio y comienzos de julio. El tipo de cambio aumentó unos $100 durante ese período, un movimiento que podría haber tenido algún impacto sobre determinados precios.Actualmente, el Gobierno atraviesa un proceso desinflacionario marcado. El último mal dato que tuvo que digerir fue el de marzo, cuando la inflación se aceleró al 3,4%. A partir de ahí, transitó un camino que lo llevó a reducir el IPC por debajo de los dos puntos, algo que no se lograba desde agosto de 2025.En concreto, el sendero tuvo una ralentización marcada: en abril fue de 2,6%, pasó a 2,1% en mayo y cerró junio con 1,9%.El Gobierno espera poder continuar demostrando que la inflación es una problemática ya resuelta y poner el ojo en otros aspectos, tanto económicos como políticos en lo referido a la agenda legislativa. Agencia NA.

Las ventas minoristas del sector pyme registraron en julio una caída del 3,8% anual respecto de igual mes del año pasado, según el relevamiento que realiza la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. A su vez, dice el informe, la comparación respecto al mes anterior también mostró una contracción del 2,1%.

“El descenso en la medición interanual obedeció al agotamiento de la liquidez extraordinaria aportada por el aguinaldo en el mes anterior. ‘‘La ausencia de este dinamizador coyuntural, combinada con la mayor incidencia de las tarifas de servicios invernales sobre el presupuesto familiar, profundizó la cautela del consumidor y desaceleró el ritmo general de la actividad”, señala un comunicado de CAME.La percepción de los propios comerciantes pyme sobre el estado de sus actividades marca que el 48,1% de los consultados sostuvo que su nivel de actividad se mantuvo estable con relación al mismo período del año anterior, cifra que evidenció un descenso de dos puntos porcentuales en comparación con el relevamiento del mes de junio. Esta retracción en la lectura neutral se tradujo de forma directa en un incremento de las valoraciones pesimistas, observándose que la proporción de comercios que definió su escenario operativo como desfavorable ascendió del 43,1% al 44,5% en el transcurso del último mes.En cuanto a perspectivas, a la hora de hacer proyecciones a doce meses, el 46,3% de los comerciantes consultados prevé que su nivel de actividad no experimentará cambios significativos, 42,4% estima un escenario futuro más favorable (una mejora de 4,7 puntos porcentuales respecto al mes anterior) y el 11,3% restante cree que habrá un deterioro.Y en lo relativo a las decisiones de financiamiento, el 61,5% de los locales juzgó que la coyuntura resulta desfavorable para concretar nuevas inversiones de capital, en tanto que el 14% la consideró oportuna y el 24,5% optó por no fijar una posición al respecto.La evolución de los resultados a lo largo de este año es claramente negativa. Solo uno de siete sectores evitó en julio, y por muy leve margen, un declive interanual. Y sobre siete meses transcurridos, en solo uno hubo una mejora interanual y en solo dos muy leves mejoras intermensuales.Los mayores descensos se concentraron en Textil e indumentaria (-5,6%), Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-5,5%) y Alimentos y bebidas (-5,4%). El único rubro que logró terreno positivo fue Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción (+1%).El índice general de ventas minoristas informado por CAME mide las ventas realizadas por los comercios relevados bajo cualquier modalidad. Al respecto, cabe destacar la muy dispar evolución entre las ventas presenciales y las ventas online. Durante julio, las ventas online realizadas por los comercios con local a la calle registraron un incremento interanual del 14,9% y una baja intermensual desestacionalizada del -0,1 por ciento.

Marcada desaceleraciónEl desempeño minorista del mes de julio -subraya el informe- “evidenció una marcada desaceleración interanual, explicada por el agotamiento de los impulsos coyunturales y la inyección de liquidez que habían dinamizado el período previo, por el ya mencionado cobro del aguinaldo. La pérdida persistente de capacidad adquisitiva, agravada por la incidencia de los costos de las tarifas de servicios durante el invierno sobre el presupuesto familiar, derivó en una demanda defensiva y fragmentada. En este escenario, el consumo se acotó a la adquisición de bienes indispensables de la canasta básica, fármacos recetados e insumos de reposición inmediata, postergando de manera sistemática las decisiones de compra en bienes durables, indumentaria, amoblamiento y productos de mayor valor unitario”.Por el lado de la oferta, la concreción de operaciones se mantuvo condicionada por el uso de promociones bancarias, billeteras digitales y descuentos por pago al contado, ante la saturación de los márgenes crediticios de los consumidores. En paralelo, los comercios enfrentaron una compresión de sus márgenes de rentabilidad producto de las constantes alzas en los costos de reposición, el encarecimiento logístico y la presión de la competencia informal e importada. Frente a esta coyuntura de costos al alza y de ventas contenidas, el empresariado pyme sostuvo una postura de marcada cautela financiera, congelando planes de inversión de capital y priorizando el sostenimiento del flujo operativo. Infobae.