El girasol vuelve a ocupar un lugar central en los esquemas agrícolas. Con su silueta inconfundible y una capacidad de adaptación que marca la diferencia, el cultivo atraviesa una etapa de expansión que combina rendimiento, resiliencia y oportunidades productivas. Ese impulso no solo se mide en hectáreas, sino también en decisiones estratégicas dentro del campo.Durante la campaña 2025/26, la superficie nacional superó las 3 millones de hectáreas y la producción estimada alcanzó las 7,2 millones de toneladas.

Este volumen representa un incremento del 28,6 % respecto al ciclo anterior. La tendencia también se refleja en Santa Fe, donde la siembra llegó a las 500 mil hectáreas, con un crecimiento sostenido en distintas zonas.Uno de los factores clave detrás de esta expansión radica en la adaptación del cultivo a ambientes con limitaciones hídricas. En regiones donde la disponibilidad de agua condiciona las decisiones productivas, el girasol aparece como una alternativa confiable.En el norte santafesino, este comportamiento se traduce en una mayor presencia dentro de las rotaciones agrícolas. A eso se suma el interés de la industria aceitera, que demanda materia prima y acompaña el crecimiento del cultivo con señales claras de mercado.

El desarrollo no ocurre de manera uniforme. Los departamentos del centro-norte concentran los mayores incrementos, con un caso destacado: 9 de Julio. Allí, la superficie sembrada pasó de 48.500 hectáreas en la campaña 2024/25 a más de 152 mil en el ciclo actual, lo que evidencia un cambio significativo en la planificación agrícola.

Decisiones que definen resultadosEl avance del girasol no depende solo de su rusticidad. La elección del material genético y el momento de siembra inciden de manera directa en los resultados. Ensayos comparativos realizados en la región muestran diferencias claras entre estrategias.

Las siembras tempranas, realizadas en agosto, alcanzaron rendimientos superiores frente a las implantadas en octubre. Además, los lotes tempranos presentaron mayores porcentajes de aceite en grano, un aspecto determinante para la industria.A su vez, los resultados evidenciaron variabilidad entre híbridos. Esta diferencia refuerza la necesidad de ajustar la selección genética según el ambiente y la fecha de implantación, con el objetivo de maximizar el potencial del cultivo.

Una pieza clave en el sistemaMás allá de los números, el girasol gana protagonismo como herramienta para diversificar esquemas productivos. Su inclusión mejora las rotaciones, favorece la planificación agrícola y abre la puerta a cultivos sucesores como trigo o soja de segunda.

En un contexto donde cada decisión cuenta, el girasol deja de ser una opción secundaria para transformarse en un componente estratégico.Su crecimiento no responde a una sola causa, sino a una combinación de factores que encuentran en este cultivo una respuesta concreta y adaptable a distintos escenarios productivos. Fuente: Inta 

La Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Diputados dio dictamen favorable a un proyecto que establece un mecanismo que autoriza la restricción temporal de las importaciones de arroz cuando los precios externos sean inferiores al costo de producción nacional.

La propuesta (proyecto de ley 690/2026) crea una suerte de “mecanismo de protección” para el mercado interno, permitiendo la suspensión de las importaciones durante “períodos de desequilibrio”, siempre que exista suficiente stock para garantizar el abastecimiento a la población.

El dictamen del proyecto arrocero, diseñado por la diputada Geovania de Sá, está vigente desde a semana pasada, lo que habilita el tratamiento de la iniciativa en las comisión de Agricultura y de Constitución y Justicia, luego de lo cual será remitido al Senado.

Durante 2025, el 60% de las exportaciones argentinas de arroz se dirigieron a mercados de América frente al 51% del año anterior. En contraste, Europa redujo su participación del 37% al 31%. Brasil fue uno de los principales destino regionales.

(Bichos de campo)

La campaña de trigo 2026/27 comenzó a delinearse bajo una señal alentadora para el campo argentino: la excelente disponibilidad de agua en los perfiles del suelo en gran parte del área agrícola. A esto se suma la proyección de un posible episodio de “El Niño”, cuyas primeras manifestaciones podrían sentirse desde el invierno y consolidarse hacia la primavera. Este escenario climático, con perspectivas de lluvias superiores a lo normal en etapas clave del cultivo, genera expectativas de un “gran año triguero” si la humedad logra sostenerse durante el otoño, señala en su informe de pre-campaña de siembra de trigo, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA).

Pero el optimismo climático choca de frente con un contexto económico desafiante. Los elevados costos de producción, encabezados por el fuerte encarecimiento de la urea, ponen un freno a las decisiones de siembra. Hoy, más que la disponibilidad de agua —factor determinante en campañas anteriores—, la rentabilidad aparece como la variable central. La relación insumo-producto empeoró de manera significativa: para comprar una tonelada de urea se necesita un 55% más de trigo que un año atrás, mientras que también subieron con fuerza el gasoil, el fosfato diamónico y los herbicidas.El mapa triguero muestra contrastes marcados. En el NOA y el NEA, la intención de siembra crece impulsada por la abundante humedad acumulada tras las lluvias de marzo y abril. En localidades como Anta y Santa Rosa predomina la idea de ampliar el área sembrada si continúan las buenas condiciones. También en el centro-oeste agrícola hay expectativas de mantenimiento o leve crecimiento, aunque con planteos más cautelosos en materia tecnológica. En cambio, en la región núcleo, Santa Fe, Entre Ríos y el sur bonaerense crece la tendencia a reducir superficie y reemplazar trigo por cebada, colza, carinata o incluso soja de primera.

Pese a las dudas económicas, las proyecciones ubican la superficie nacional de trigo en 6,5 millones de hectáreas, apenas un 3% menos que en la campaña anterior, aunque todavía un 2,8% por encima del promedio de los últimos cinco ciclos. Los especialistas advierten que, de consolidarse “El Niño”, la primavera podría traer precipitaciones abundantes y temperaturas moderadas, condiciones ideales para el llenado de grano. En síntesis, el ciclo podría pasar de una implantación inicial ajustada a una fase crítica de definición de rendimiento con óptima disponibilidad hídrica, abriendo la puerta a una cosecha de alta productividad.En el plano internacional, el trigo enfrenta un mercado más holgado. El USDA proyecta una cosecha mundial récord de 844,15 millones de toneladas para 2025/26, con una recuperación de stocks globales que presiona sobre los precios. Sin embargo, persisten focos de incertidumbre por sequías en Estados Unidos, menores producciones previstas en Canadá, Rusia y Australia, y tensiones geopolíticas que mantienen alta volatilidad. A favor de la Argentina aparece Brasil, principal comprador del trigo nacional, que seguirá dependiendo del mercado externo con importaciones cercanas a 8 millones de toneladas debido a una menor producción interna.

Con un precio local del trigo a cosecha de 217 dólares por tonelada —levemente superior al año pasado, pero aún por debajo del promedio de los últimos cinco años—, el verdadero desafío será lograr que el potencial climático se traduzca en rentabilidad. El negocio dependerá de cómo evolucionen los costos, de posibles mejoras en los mercados internacionales y, sobre todo, de los rindes que puedan alcanzarse.

Según informó la Comisión Directiva de la entidad, la decisión responde a la continuidad de las obras de infraestructura y adecuación necesarias, que actualmente se encuentran en ejecución. En este contexto, se consideró que no están dadas las condiciones óptimas para el normal desarrollo de uno de los eventos más importantes del calendario local.

Desde la institución destacaron que la medida busca garantizar estándares adecuados de seguridad y calidad, priorizando tanto a los expositores y productores como al público en general, con el objetivo de preservar la relevancia y el nivel que caracteriza históricamente a la muestra.

Asimismo, remarcaron que los trabajos avanzan de manera sostenida, con la meta de concretar la próxima edición de la Exposición Rural en el nuevo predio una vez finalizadas las obras.

El Gobierno presentó al campo su propuesta para fiscalizar semillas. Funcionarios del Gobierno Nacional mantuvieron ayer una nueva reunión con representantes del sector agropecuario y semillero para presentarle su esquema de fiscalización de semillas, en el cual se destaca la participación privada en el control, aunque no se modificaría la ley actual. Además, según destacó una de las entidades de la Mesa de Enlace, esta nueva reglamentación alcanzaría a las nuevas variedades que se inscriban.El encuentro se llevó a cabo en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y fue encabezada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien fue acompañado por el titular de la cartera agropecuaria, Sergio Iraeta, y del presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase), Martín Formulari.Por parte de las entidades, participaron representantes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, CREA, Aapresid y representantes del sector semillero.

HerramientasDespués de varias reuniones e idas y vueltas, donde el sector agropecuario presentó su plan para impulsar una nueva ley, mientras que la industria semillera bregaba por la adopción del convenio internacional UPOV 91, el Gobierno puso su propuesta sobre la mesa, que busca “fortalecer el control sobre semillas”, pero que “no modifica la ley de fondo, sino que propone herramientas para hacerla efectiva”.Según detalló el Ministerio de Desregulación, uno de los principales ejes es el establecimiento de controles en el primer punto de entrega del grano, como acopios, plantas de procesamiento y puertos. “Este es el nodo más eficiente para el monitoreo, ya que concentra el flujo previo a su dispersión”, argumentaron desde el Gobierno.Asimismo, se prevé la integración con el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), por lo cual todos los establecimientos que operen como punto de entrega primaria deberán estar registrados en dicha plataforma. “Esto permitirá articular el control de identidad varietal con la infraestructura de trazabilidad fiscal ya existente”, agregaron.

Sector privadoOtro punto sobresaliente es la incorporación del sector privado al control. En este sentido, el esquema contempla la participación de Cámaras Arbitrales y entidades que hayan suscripto convenios con el Inase o estén habilitadas por el mismo, “en un modelo de articulación público-privada que permite aprovechar la capacidad técnica e infraestructura del sector sin reemplazar el rol de la autoridad de aplicación”.En cuanto a los métodos de identificación varietal, los análisis se realizarán mediante métodos reconocidos por el organismo público, con resguardo de muestras de respaldo, detallaron desde el Ejecutivo y agregaron que los resultados “serán remitidos directamente a los titulares de las variedades inscriptas en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, quienes podrán, en caso de corresponder, efectuar denuncias ante el Inase, que dará curso a las acciones sumarias pertinentes”.En este sentido, el titular podrá además promover las acciones civiles o penales que considere corresponda, mientras que las infracciones serán sancionadas según el artículo 38 de la Ley 20.247.Al respecto, el presidente de CRA, Carlos Castagnani, consideró a la reunión como “positiva” y agregó un detalle que desde el Gobierno no difundieron. Según el ruralista, “la nueva reglamentación se pondría en marcha únicamente con las nuevas variedades”.

“El esquema plantea que, a partir de muestras, se podrán determinar las variedades mediante análisis en laboratorios que deberán inscribirse. En una primera etapa, el control se realizaría sobre las bolsas”, adujo.

“Principio de solución”Para Castagnani, esta propuesta es “un adelanto importante” y consideró al proyecto como “el principio de una solución que estábamos buscando todos, y lo más importante para el productor es que es de acá en adelante”.“No es retroactivo, así que, en ese sentido, no hay manera de que el productor esté peor o menos protegido que ahora. Desde ese punto de vista lo veo positivo. Puede haber algunos matices, pero creería que en general es un proyecto que puede ser beneficioso y creo que va a lograr un consenso que sería bueno”, concluyó el titular de CRA.

Por último, la SRA ponderó el “espacio de diálogo” y consideró que se está transitando “el camino correcto y se respeta el compromiso de la Secretaría de Agricultura de trabajar en la jerarquización del INASE. La entidad se compromete a seguir trabajando para estudiar el alcance de este proyecto, analizando su practicidad y el impacto real que tendrá sobre el productor agropecuario”.

La producción se proyecta en 455.255 toneladas, que implicaría una caída del 19% en comparación con la campaña anterior. El último reporte del Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (Siber) precisó que “los Colaboradores reportan que en pocos días finalizarían las labores” y que “en cuanto a la dinámica de cosecha, la campaña 2025/26 hacia mediados de marzo, evidenció un inicio levemente adelantado respecto al promedio histórico”.El reporte consignó que “sin embargo, hacia fines de abril el avance tendió a converger con la media de las últimas campañas, sin registrar desvíos significativos. Este comportamiento se desarrolló en un contexto de abundantes precipitaciones durante la segunda quincena del período analizado”. En este marco, se indicó que “la cosecha atravesó su fase de mayor intensidad durante abril, alcanzando niveles cercanos al 85 – 90% hacia finales del mes, en línea con el patrón histórico”. Asimismo, se expuso que “el rendimiento promedio provincial se ubica en 8.300 kg/ha, valor cercano al registrado en el ciclo previo. A nivel de lotes, se observan rendimientos que oscilan entre los 6.000 kg/ha en materiales de tipo largo ancho y máximos de hasta 10.000 kg/ha en el tipo comercial largo fino”. Finalmente, el reporte sostuvo que “en función de este rendimiento medio, la producción provincial se proyecta en 455.255 toneladas, lo que implicaría una caída del 19% en comparación con la campaña anterior”. 

Una fuerte queja contra la deserción del Gobierno Nacional en materia de inversión y prestación de servicios básicos se escuchó en la Bolsa de Comercio de Rosario. El reclamo se oyó durante el acto de remate del primer lote de soja arribado a la plaza de la vecina provincia contra la exacción de recursos que se generan en la región pero no vuelven. Y también presentaron uninforme sobre que pasaría si los derechos de exportación se dejaran de cobrar de inmediato.El presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato, reconoció la reducción de Derechos de Exportación instrumentada el año pasado por el gobierno nacional pero pidió más. De hecho, el departamento de estudios económicos de la Bolsa presentó poco antes del remate una proyección elaborada en base al modelo econométrico Agmemod sobre el impacto que tendría la eliminación de las retenciones en la producción agropecuaria. Para 2036, según el trabajo, aumentarían 2,2 millones las hectáreas cultivadas, se sumarían 17 millones de toneladas a la producción y crecería en u$s 6.300 millones el valor de las exportaciones.

El estudio presentado por los economistas Tomás Rodríguez Zurro, Franco Ramseyer, Emilce Terré y Julio Calzada fue desarrollado a partir del modelo Agmemod Argentina, una herramienta de proyección económica utilizada a nivel internacional y adaptada por la institución a las particularidades del país, que permite simular distintos escenarios y proyectar la evolución de variables clave del agro en un horizonte de diez años.El informe compara un escenario base, con las alícuotas vigentes, frente a otro en el que las retenciones se eliminan de manera gradual en dos años. Bajo el escenario actual, se proyecta que la producción total de granos pase de 39,9 a 41,1 millones de hectáreas entre 2026 y 2036, y la producción de 134,6 millones de toneladas a 165,9 millones, por con exportaciones por 112 millones de toneladas y un valor cercano a los u$s 44.000 millones.En cambio, en un escenario sin retenciones, la producción podría ascender a 183 millones de toneladas, las exportaciones a 126 millones y el valor exportado a unos u$s 50.000 millones. Este crecimiento, señalan los economistas de la Bolsa, estaría acompañado por una expansión del área sembrada de 2,2 millones de hectáreas adicionales, impulsada por “mejores incentivos económicos para el productor”.En términos fiscales, el análisis señala que, si bien el Estado nacional enfrentaría una caída inicial en la recaudación por la eliminación de los derechos de exportación, el incremento de la actividad económica permitiría compensar esa pérdida a través de otros tributos.Para la Nación, el aumento en la recaudación de otros tributos genera que a partir del cuarto año desde la eliminación el resultado neto sea positivo. Es decir, a partir del cuarto año desde la eliminación de derechos de exportación, la expansión en la superficie, la producción y la actividad económica general hace que la recaudación del Estado Nacional resulte superior en el escenario de eliminación de la gabela que en el escenario base.La pérdida de recaudación por retenciones para la Nación es compensada por dos vías. La primera es directa: la mayor rentabilidad del productor amplía la base imponible del impuesto a las ganancias y el impuesto a los débitos y créditos. La segunda es indirecta: la expansión de la producción y la mayor inversión se propaga al conjunto de la economía vía multiplicador, generando una expansión de la actividad económica que también resulta gravada por otros impuestos nacionales.El informe aclara que las provincias “resultan beneficiarias directas de la reforma desde el comienzo”. Por un lado, la eliminación de los DEX no supone ninguna pérdida para éstas ya que es un impuesto no coparticipable.Por el otro, la mayor actividad económica en el sector amplía directamente la base imponible de Ingresos Brutos e impuesto de sellos, a la vez que la expansión de la actividad económica que se genera incrementa también su recaudación por vía indirecta a través del multiplicador.Según el estudio, en el año 2036, las provincias recaudarán un adicional de u$s 989 millones en el escenario de eliminación de DEX respecto del base.Si consolidan las estimaciones de resultados fiscales en Nación y provincia como consecuencia de la eliminación de retenciones, se obtiene que el equilibrio comenzaría “hacia el segundo año del escenario de eliminación”, y hacia 2036 el balance total entre Nación y provincias sería positivo.El informe estima que la recaudación adicional derivada del crecimiento económico superaría en aproximadamente u$s 1.300 millones de dólares a la pérdida por retenciones hacia el final del período analizado, con un aporte cercano a u$s 300 millones para Nación y alrededor de u$s 1.000 millones para las provincias. El trabajo también destaca “el efecto multiplicador sobre la economía”.(Campo en Accion)

La eliminación de los Derechos de Exportación (DEX) redundaría en exportaciones por encima de los US$50.000 millones en 2036 y el Estado pasaría a recaudar US$296 millones adicionales en comparación con los ingresos del esquema actual.La estimación surge de un análisis de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en el que proyecta el horizonte productivo hasta la campaña 2035/36, reflejando que la eliminación gradual de las retenciones no solo es sostenible, sino que resulta fiscalmente rentable para el Estado en el mediano plazo.El informe, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, compara un escenario de continuidad (“Baseline”) frente a uno de reducción gradual de las alícuotas de retenciones al agro en un plazo de dos años, hasta su eliminación total a partir de 2028.El modelo AGMEMOD Argentina, sostiene que la quita de los DEX actuaría como un multiplicador directo sobre el área sembrada. Mientras que con las políticas actuales el área crecería apenas un 3% en una década, la eliminación del tributo llevaría la superficie implantada a 43,4 millones de hectáreas en 2036.Este incremento de la superficie, sumado a una mayor inversión en tecnología por parte del productor, dispararía la producción total a 182,6 millones de toneladas. De esta manera, se daría un incremento del 10,1% respecto al escenario base, liderado principalmente por el complejo soja y seguido por el maíz.En un contexto donde la acumulación de reservas es crítica para la macroeconomía, el estudio destacó que el complejo agroindustrial podría aportar un flujo de divisas significativamente mayor.Al respecto, detalló que para el año 2036, las exportaciones bajo un esquema sin retenciones alcanzarían los US$50.500 millones anuales, superando en US$6.400 millones lo que se obtendría manteniendo el esquema actual. La simulación desmiente la idea de que eliminar retenciones desfinancia al Estado de forma crónica, señalando que el fisco compensaría la pérdida inicial de recaudación en apenas dos años gracias al aumento en otros impuestos y la reactivación económica en las provincias.A nivel nacional, el reporte expuso que “la pérdida de recaudación por DEX para la Nación es compensada por dos vías”. Por un lado menciona que la mayor rentabilidad del productor amplía la base imponible del Impuesto a las Ganancias y el impuesto a los Débitos y Créditos. Mientras que por otro, sostuvo que “la expansión de la producción y la mayor inversión se propaga al conjunto de la economía vía multiplicador”.En este sentido, afirmó que “a partir del ciclo 2029/30, la recaudación total del Estado Nacional resulta superior en el escenario de eliminación de DEX que en el escenario base de continuidad de las alícuotas actuales”, indicando que “hacia el año 2036, la Nación recauda US$296 millones adicionales eliminando retenciones que en el escenario donde se mantienen constantes”.Al referirse al efecto en las provincias, la BCR sostuvo que “resultan beneficiarias directas de la reforma desde el comienzo” al señalar que al ser los DEX un impuesto no coparticipable, su eliminación no les resta recursos, pero la mayor actividad en los pueblos y ciudades del interior dispara la recaudación de Ingresos Brutos y Sellos. Para 2036, las provincias recaudarían US$989 millones adicionales.Al sumar Nación y Provincias, para la entidad el “punto de quiebre fiscal se alcanza en 2028”. El único año con saldo negativo sería 2027, cuando la primera reducción de alícuotas genera un costo de US$153 millones.A partir de allí, el panorama se vuelve positivo y el informe estimó que “para el 2036, la recaudación consolidada del escenario de eliminación supera al escenario con derechos de exportación constantes en US$1.286 millones anuales”.De esta manera, la BCR consideró que la eliminación de las retenciones “constituye una reforma con beneficios verificables y robustos en producción, divisas y recaudación fiscal de mediano plazo”, asegurando que “el costo de transición es marginal y temporal, mientras que los beneficios son permanentes, crecientes y se distribuyen entre todos los niveles de gobierno”.

“El beneficio más destacable de esta modificación impositiva es que otorga una mayor liquidez mensual a las empresas, con un significativo ahorro financiero en actividades agropecuarias con producciones anuales y/o bianuales”, aseguró el director del sector de Economías Regionales de CAME, Eduardo Rodríguez.

La energía es un insumo crítico en la agroindustria, sobre todo en las producciones electrointensivas. En la olivicultura, por ejemplo, tiene una incidencia estimada del 25% en la estructura de costos fijos. “Desde CAME celebramos este logro, fruto de más de una década de gestión comprometida con la mejora de la rentabilidad y competitividad de los productores pymes agropecuarios.

‘‘El próximo paso será obtener incentivos para reconvertirnos a renovables”, agregó Rodríguez.

Si bien la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 había dado respuesta a uno de los reclamos históricos de los regantes electrodependientes nucleados en el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), reduciendo la alícuota del IVA del 27% al 10,5%, los productores estaban a la espera de su implementación.

La campaña agrícola avanza con ajustes relevantes en las principales variables productivas. La expansión del área sembrada de maíz en 300.000 hectáreas elevó la estimación total a 8,1 millones de hectáreas, lo que a su vez impulsó la proyección de producción a 61 millones de toneladas. Este cambio responde a un reanálisis del área agrícola, validado mediante imágenes satelitales y relevamientos a campo en el centro del país, según indica en su panorama agrícola la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA).

La cosecha maicera avanzó hasta cubrir el 24,7 % del área apta, con un rinde promedio de 87,5 qq/Ha. A nivel regional, se destacan los resultados en el Núcleo Norte (100 qq/Ha) y el Núcleo Sur (94,8 qq/Ha). Además, el maíz tardío transita etapas clave de definición de rendimiento bajo condiciones mayormente favorables, con el 98,6 % del área en estado Normal a Excelente.En paralelo, la cosecha de soja muestra un avance incipiente, alcanzando el 6,2 % del área apta tras un progreso intersemanal cercano a los 4 puntos porcentuales. Sin embargo, las lluvias registradas en las últimas 48 horas dificultaron el acceso a los lotes, generando un retraso de casi 2 puntos porcentuales respecto del promedio de las últimas cinco campañas.En cuanto a los rendimientos, la soja de primera presenta un promedio nacional de 37,5 quintales por hectárea, con desempeños destacados en el Norte de La Pampa y el Oeste de Buenos Aires, donde los valores iniciales superan los registros históricos. También se observan rindes superiores a la media en las zonas núcleo, con 39,6 qq/Ha en el Núcleo Norte y 42 qq/Ha en el Núcleo Sur.Por su parte, la soja de segunda evidencia una mejora en su condición general, favorecida por las recientes precipitaciones que recargaron los perfiles de humedad. Actualmente, el 80,5 % de los cultivos se encuentra en estado Normal a Bueno, mientras que el 63 % atraviesa la etapa de llenado de grano. En este contexto, se mantiene la proyección de producción de la BCBA en 48,5 millones de toneladas. Infobae.

Del total, el 34% fue ocupado por la soja de primera con 416.000 hectáreas, mientras que el 66% restante perteneció a la soja de segunda, que con 803.500 hectáreas marcó un máximo histórico.

En cuanto a las labores de cosecha, durante la primera quincena de abril, la frecuencia e intensidad de las precipitaciones dejaron muy pocos días aptos para la recolección de la oleaginosa. En este contexto, se estima que a nivel provincial se ha cosechado aproximadamente el 1% del área.

Cabe recordar que el año pasado, a igual fecha, el avance era similar, ubicándose en el 3%. En comparación con el promedio de los últimos cinco años el valor se ubica en el 9% y, por lo tanto, se observa un retraso de 7 puntos porcentuales.

Por otra parte, el acumulado de las lluvias registradas a partir del martes 14 de abril en gran parte del territorio superaron los 80 mm. En consecuencia, se proyecta que las labores de cosecha podrían reanudarse a comienzos esta  semana, siempre que las condiciones climáticas resulten favorables.

El encuentro, que se desarrolló en instalaciones del Club Social y Deportivo San Antonio, contó con diversos expositores del sector privado y público, como de instituciones científicas y técnicas, y el público estuvo representado por asesores fitosanitarios, operarios de equipos aplicadores y otros miembros de la comunidad.

Allí, la directora provincial de Agricultura, Carina Gallegos, abrió la jornada con un panel sobre alcances y obligaciones de la Ley Provincial Nº 11.178 de buenas prácticas en materia de fitosanitarios y sus normas reglamentarias, el Decreto Nº 1719/25 y las Resoluciones Nº 1109/25 y 1472/25. “Es de suma importancia la capacitación de todas las personas humanas o jurídicas que hacen uso y manipulación de fitosanitarios. Principalmente, tanto los operarios como productores deben saber diferenciar las zonas de exclusión y amortiguamiento a la hora de trabajar en cercanías de áreas sensibles.

Estas pueden ser zonas con o sin asentamientos de personas, plantas urbanas y escuelas rurales”, explicó la funcionaria.Por su parte, el coordinador de la Mesa BPA Entre Ríos, Pablo Guelperín, indicó: “Estas jornadas son muy valiosas para concientizar sobre el uso correcto de equipos aplicadores. Estas buenas prácticas son el camino para garantizar una producción sostenible en el tiempo que provea alimentos seguros para los consumidores”.

A su vez, tuvieron lugar charlas técnicas sobre pulverización selectiva, nuevas tecnologías de aplicación, y equipos de monitoreo y trazabilidad, entre otros tópicos. Asimismo, se llevó a cabo una demostración de vuelo de drones agrícolas en el predio del club.Participó también, por el Ministerio de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, la subdirectora de Asuntos Municipales, Celia Campos Turdo.

Para acceder a las normativas vigentes, ingresar en: https://portal.entrerios.gov.ar/desarrolloeconomico/agriculturayganaderia/ps/sanidad/7246 . Para más información, comunicarse al número 343-4208318, o al mail sanidadvegetal.dga@gmail.com

La antesala de una nueva campaña de cosecha gruesa en Argentina vuelve a poner en primer plano la coordinación operativa en los puertos. En este contexto, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) impulsó un espacio de trabajo conjunto con actores del comercio exterior para fortalecer la integración entre organismos públicos y operadores privados, con impacto directo en la eficiencia logística de las exportaciones.El encuentro reunió a entidades vinculadas a la operatoria de granos en los principales nodos portuarios del país (ubicados en Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos) con el objetivo de revisar procesos, detectar cuellos de botella y avanzar en una dinámica más ágil dentro de la cadena de suministro agroexportadora.

Integración operativa y foco en la eficiencia portuariaUno de los ejes centrales del intercambio estuvo puesto en la necesidad de mejorar la articulación entre los distintos actores que intervienen en la operatoria portuaria. En particular, se analizaron los procesos asociados al control de aptitud de carga, la supervisión de buques y la gestión de requisitos sanitarios, todos factores que inciden directamente en los tiempos de permanencia y rotación de embarcaciones.Desde el organismo se destacó la intención de mantener los estándares técnicos vinculados a la sanidad e inocuidad, pero al mismo tiempo avanzar en la identificación de instancias que generan demoras innecesarias. El objetivo es evolucionar hacia un esquema donde los controles convivan con una operatoria más dinámica, reduciendo fricciones en la logística portuaria.En este sentido, se trabajó sobre herramientas como el Sistema de Gestión de Bodegas, el Programa de Residuos Regulados y las normativas aplicables a terminales, con foco en su simplificación y en la mejora de su aplicación práctica dentro del circuito exportador.

Datos operativos y gestión basada en riesgoDurante la jornada también se compartieron indicadores que reflejan la magnitud de la operatoria. En el primer trimestre de 2026, el sistema de gestión registró el ingreso de 630 buques en 18 puertos y 41 terminales, junto con la realización de 912 inspecciones por parte de entidades certificadoras. Estos datos no solo evidencian el volumen de actividad, sino también la importancia de contar con procesos eficientes para evitar congestiones y sobrecostos en la cadena. En este marco, uno de los puntos abordados fue la actualización de la matriz de riesgo, herramienta clave para definir el nivel de supervisión requerido en cada operación.El enfoque apunta a consolidar un esquema de controles más inteligentes, donde la evaluación previa permita optimizar recursos y reducir intervenciones innecesarias, sin comprometer los estándares sanitarios. Esta lógica se alinea con tendencias globales en gestión portuaria, donde la digitalización y el uso de datos permiten mejorar la toma de decisiones.

Simplificación normativa y trazabilidadOtro de los temas relevantes fue la necesidad de avanzar en la simplificación de normativas vinculadas a la operatoria portuaria, en particular aquellas relacionadas con terminales de carga. La revisión de estos marcos regulatorios busca reducir complejidades administrativas que impactan en los tiempos logísticos.A su vez, se discutieron mejoras en la calidad y disponibilidad de la información, incluyendo la ampliación de datos sobre características de bodegas inspeccionadas y el fortalecimiento de los sistemas estadísticos. Este punto resulta clave para mejorar la trazabilidad y la planificación dentro de la cadena exportadora.También se propuso extender la vigencia de ciertos certificados a cinco días, una medida que podría contribuir a reducir tiempos operativos sin afectar los controles, generando mayor previsibilidad para los distintos actores involucrados.

Un enfoque colaborativo en la cadena de suministroLa participación de cámaras empresarias, agencias marítimas, certificadoras y actores internacionales refleja la necesidad de abordar los desafíos logísticos desde una mirada integral. La operatoria portuaria, especialmente en el segmento agroexportador, depende de una coordinación precisa entre múltiples eslabones.En este sentido, el encuentro puso en evidencia que la mejora de la competitividad exportadora no depende únicamente de infraestructura o volumen, sino también de la capacidad de integrar procesos, compartir información y alinear criterios operativos.

Desarrollada en la sede central del organismo, se convocó a entidades ligadas al comercio exterior y operadores de granos (cereales y oleaginosas) para propiciar una mejora continua en el sistema de control de aptitud de carga y procedimiento de supervisión y acciones específicas oficiales sobre buques.

Se abordaron temas operativos en los puertos, la atención de buques en cuanto al Sistema de Gestión de Bodegas, al Programa de Residuos Regulados (PRR) y a las regulaciones atenientes a las terminales portuarias, con el objetivo de dialogar acerca de aspectos a simplificar y mejorar.Se destacó que el Senasa, sin dejar de lado su rol y la rigurosidad técnica que requiere dar garantías de sanidad e inocuidad en la certificación de exportaciones de productos y subproductos, busca detectar puntos de demoras y retrasos, a los fines de promover una logística ágil y dinámica en la operatividad de los puertos.

Durante el encuentro se informó que en el primer trimestre de 2026 el SIG Bodegas del Senasa consignó el ingreso de 630 buques en 18 puertos y 41 terminales, y se realizaron 912 inspecciones por parte de las entidades certificadoras.Asimismo, se planteó la mejora de la matriz de riesgo que utiliza el Senasa para realizar una evaluación y determinar las supervisiones y se asumió el compromiso de que la acción sobre los buques se aborde transversalmente desde lo sanitario, a fin de agilizar los controles sobre programas oficiales que aplican a los buques (aviso de llegada, aptitud de bodegas, residuos regulados, Lymantria).

También, se dialogó acerca de la incorporación de la vigencia de 5 días para el certificado, las mejoras continuas dentro del SIG Bodegas en cuanto a la especificación de las características de las bodegas que fueron inspeccionadas, la necesidad de simplificación normativa asociada a la Resolución 215/2024 de Terminales de Carga y sobre el fortalecimiento de la información estadística y de la gestión de los datos.Participaron representantes de la Red Marítima Anticorrupción -que nuclea a 230 empresas de la cadena de transporte marítimo a nivel global-, de la Cámara de Exportadores de Cereales y Oleaginosas, el Centro de Navegación Argentina -que representa a todas las agencias marítimas del país-, de las entidades certificadoras de bodegas, de Cofco International Argentina y del Consorcio de Puertos Privados de Argentina.

En tanto que por el Senasa, la directora nacional de Operaciones, el coordinador general de Fronteras y Barreras Sanitarias, agentes de las direcciones nacionales de Inocuidad, de Protección Vegetal y los directores de los centros regionales Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires Norte y Sur y sus referentes operativos.

El Ministerio de Agricultura chino comunicó el viernes que afectó a dos establecimientos, con un total de 6.229 bovinos, y que ya ha empezado a tomar medidas para su control, incluyendo el sacrificio de animales.

El virus detectado es de la cepa SAT-1 que es originario de África y que se ha expandido hacia Medio Oriente y Asia. Las vacunas disponibles no dan inmunidad contra esta cepa, pero ya se habrían logrado desarrollar vacunas en un laboratorio especializado.

“El brote actual amenaza una amplia región y la prevención y el control se encuentran bajo una gran presión”, afirmó Rosa Wang, analista de Shanghai JC Intelligence Co.

En este contexto, la Filial señaló que la actividad enfrenta un marcado “efecto pinza” que compromete la sostenibilidad de las explotaciones:

Gestiones ante autoridades nacionales y provinciales

Frente a este panorama, la conducción de la Filial intensificó las gestiones ante distintos niveles del Estado con el objetivo de impulsar soluciones urgentes y herramientas de asistencia para el sector.

En el ámbito nacional, el director del Distrito III Entre Ríos, Matías Martiarena, facilitó instancias de contacto con la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, canalizando las demandas a través de la subsecretaría de Economías Regionales. El objetivo es avanzar en mecanismos de asistencia financiera y medidas fiscales que contribuyan a aliviar la situación de los productores.

Asimismo, a nivel provincial, se concretaron reuniones con el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, con el propósito de coordinar una agenda de trabajo conjunta que priorice el sostenimiento de la cuenca arrocera entrerriana, pilar clave de la economía regional.

La entidad reafirmó su compromiso con la defensa de los pequeños y medianos productores, y señala que continuará trabajando para que se reconozca el valor estratégico del arroz dentro de la matriz productiva nacional.

A través de la publicación de la Comunicación “A” 8418, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializó la remoción de una normativa que imponía costos financieros adicionales a los productores agropecuarios que mantenían existencias de granos en sus acopios.

La medida, que entró en vigencia inmediata para las operaciones concertadas a partir del 10 de abril de 2026, pone fin a una restricción que durante años afectó la estructura de costos del sector primario al vincular el acceso al financiamiento bancario con el ritmo de comercialización de la cosecha.

La resolución de la autoridad monetaria impacta directamente sobre el cálculo de las exigencias de capital mínimo por riesgo de crédito que deben cumplir las entidades financieras.

Según establece el documento oficial, se dispuso “dejar sin efecto las disposiciones que refieren a la mayor exigencia de capital mínimo por riesgo de crédito sobre las financiaciones a clientes con actividad agrícola no Mipyme que mantienen acopios de su producción superiores al 5% (cinco por ciento) de su capacidad de cosecha anual”.

Esta disposición técnica se traduce en la eliminación de un factor multiplicador que encarecía significativamente las tasas de interés. Hasta la publicación de esta nueva norma, el sistema financiero estaba obligado a aplicar un coeficiente igual a 4 sobre la exigencia de capital para préstamos otorgados a grandes productores que conservaran un stock superior al umbral mencionado. Al eliminarse este “castigo” regulatorio, el costo de las líneas de crédito debería alinearse con los valores estándar del mercado, sin distinciones basadas en el volumen de granos almacenados por el solicitante.

Un esquema de presión sobre la liquidaciónLa normativa que ahora se deroga tenía sus raíces en una estrategia de política económica implementada en mayo de 2020. En aquel contexto, el objetivo central era incentivar una liquidación más acelerada de las exportaciones agrícolas, especialmente de soja y trigo, para fortalecer las reservas de divisas del Banco Central. Al encarecer el crédito para quienes no vendían su producción, el Estado forzaba a los productores a utilizar sus propios granos como fuente de liquidez en lugar de recurrir al apalancamiento bancario.La penalización financiera se aplicaba específicamente a las empresas que no calificaban como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas (MiPyME).

Para este universo de contribuyentes, mantener más del 5% de su capacidad de cosecha en silos significaba enfrentar intereses sustancialmente más elevados que el resto de los actores económicos. Según estimaciones del sector productivo, este sobrecargo podía representar una diferencia de hasta 20 puntos porcentuales en el costo financiero total de un crédito en pesos.El texto ordenado de la normativa del BCRA detalla que estas condiciones restrictivas se aplicaron sobre las financiaciones acordadas desde el 18 de mayo de 2020 hasta el 31 de octubre de 2024, y se mantuvieron para los créditos en pesos gestionados entre el 1 de noviembre de 2024 y el 10 de abril de 2026. Con la firma de los funcionarios Darío C. Stefanelli y Marina Ongaro, la entidad central da por cerrada esta etapa de regulaciones diferenciales para el agro.

Semana de desregulaciónLa decisión del BCRA se enmarca en un proceso más amplio de flexibilización de las restricciones que pesan sobre la economía argentina. Junto con la baja del sobrecargo al crédito agrícola, la autoridad monetaria también avanzó en la simplificación de otras normativas relacionadas con el mercado de cambios y el acceso a divisas para operaciones de comercio exterior.

Desde el punto de vista técnico, la Comunicación “A” 8418 modifica el punto 11.5 del Texto Ordenado sobre Capitales Mínimos de las Entidades Financieras.

Al remover este inciso, se eliminan las distorsiones que afectaban la oferta crediticia de los bancos, que en muchos casos preferían evitar este tipo de operaciones debido a la alta carga de capital que les exigía el regulador. Infobae. 

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) dio a conocer el calendario de exposiciones rurales 2026 de las entidades que la integran, consolidando una agenda que año tras año reafirma su importancia para el sector agropecuario y el entramado económico provincial. El cronograma dará inicio el próximo 31 de julio en Villaguay y se extenderá hasta octubre, con los cierres previstos en Chajarí y Victoria.Las exposiciones rurales constituyen uno de los pilares fundamentales para las sociedades rurales entrerrianas, no sólo como instancia institucional, sino también como espacios de visibilización del trabajo productivo, la innovación tecnológica y el esfuerzo diario de productores y empresas vinculadas al agro. Cada muestra representa una oportunidad única para exhibir genética, maquinaria, insumos y servicios, fortaleciendo vínculos comerciales y promoviendo el desarrollo del sector.Asimismo, estas exposiciones trascienden lo estrictamente productivo para convertirse en verdaderos dinamizadores de las economías locales. Durante su realización, generan un impacto directo en múltiples actividades como el comercio, la gastronomía y los servicios, movilizando recursos y potenciando a las comunidades anfitrionas. En este sentido, FARER destacó el rol estratégico de estos eventos como motores de crecimiento regional.Otro aspecto central es su valor como espacio de encuentro entre el campo y la ciudad. Las exposiciones rurales permiten acercar la producción agropecuaria a la sociedad, generando un ámbito de intercambio, conocimiento y diálogo. Familias, estudiantes, productores y público en general encuentran en estas muestras una oportunidad para comprender la importancia del campo en la vida cotidiana y en el desarrollo del país.Con una agenda que recorrerá distintos puntos de la provincia, las exposiciones rurales 2026 se preparan para volver a ser protagonistas, reafirmando su lugar como uno de los eventos más representativos del calendario productivo y social de Entre Ríos. En ese sentido, el calendario completo es el siguiente:

Villaguay - 31 de julio al 2 de agosto. Feliciano - 8 y 9 de agosto. Federal - 14, 15 y 16 de agostoNogoyá - 14, 15 y 16 de agostoHasenkamp - 22 y 23 de agostoColón - 28, 29 y 30 de agostoLa Paz - 3, 4, 5 y 6 de septiembreGualeguay - 4, 5 y 6 de septiembreGualeguaychú - 11, 12 y 13 de septiembreMaría Grande - 19 y 20 de septiembreConcepción del Uruguay - 25, 26 y 27 de septiembreConcordia - 25, 26 y 27 de septiembreChajarí - 2, 3 y 4 de octubreVictoria - 2, 3 y 4 de octubre 

El Gobierno de Entre Ríos oficializó la declaración de emergencia y desastre agropecuario para un sector de la comuna de La Criolla, en el departamento Concordia, tras los severos daños ocasionados por la tormenta de granizo del 15 de diciembre de 2025. La medida quedó formalizada a través del Boletín Oficial Nº 28.310 y alcanza a los viveros de plantines cítricos certificados instalados en el Distrito Suburbios.

La decisión se apoya en informes técnicos elaborados por el INTA y la Secretaría de Agricultura, que dan cuenta de la magnitud del fenómeno climático. Según esos relevamientos, el temporal afectó unas 20.000 hectáreas, con perjuicios especialmente graves en alrededor de 1.200 hectáreas. Entre los daños más importantes se registró la destrucción de cubiertas indispensables para la producción, con la rotura de más de 29.800 metros cuadrados de techos de polietileno y mallas antigranizo.El decreto establece que la emergencia regirá desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el 14 de diciembre de 2026, y comprende exclusivamente a la producción de plantines de citrus certificados bajo normativa del SENASA en la zona alcanzada.

La resolución advierte que, en la mayoría de los casos relevados, las pérdidas superan el 50 por ciento, una situación que golpea de lleno la capacidad de producción, más aún tratándose de una actividad que debe cumplir estrictas exigencias sanitarias y desarrollarse bajo cobertura.

Como parte de las medidas de acompañamiento, la Provincia dispuso alivio tributario para los productores damnificados. En ese marco, ATER deberá postergar hasta el 14 de junio de 2027 los vencimientos de los anticipos del Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural 2026 que operen durante el período de vigencia de la emergencia. Además, en los casos encuadrados como desastre agropecuario, se prevé la exención de pago en proporción al nivel de pérdidas certificado.Para acceder a estos beneficios, los productores deberán presentar una declaración jurada, en formato papel o digital, con la firma de un profesional matriculado en el COPAER. La documentación será recibida por el Ministerio de Desarrollo Económico, a través de la Dirección de Agricultura, durante un plazo de 45 días corridos desde la entrada en vigencia del decreto.

A su vez, el Ejecutivo entrerriano avanzará ante Nación con el pedido de homologación de esta declaración, con el fin de que los afectados también puedan acceder a las herramientas contempladas en la Ley Nacional de Emergencia Agropecuaria.

El crecimiento en unidades no logró compensar la caída real de los ingresos en un contexto de mayor competencia externa y cambios en el mercado.En 2025, se vendieron 17.049 unidades de maquinaria agrícola, un 5% más que en 2024, aunque los ingresos ajustados por inflación cayeron un 11%, según un informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA).

El mercado de maquinaria agrícola cerró 2025 con una aparente contradicción: aumentaron las unidades comercializadas, pero la facturación real retrocedió con fuerza. En total, se vendieron 17.049 equipos, un 5% más que en 2024, aunque los ingresos ajustados por inflación cayeron un 11%, reflejando un escenario de mayor competencia y presión sobre los precios.

Un informe elaborado por la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA) indica que el dinamismo en las ventas estuvo impulsado principalmente por una mayor apertura de las importaciones y condiciones económicas más competitivas, que facilitaron el ingreso de maquinaria extranjera. Este fenómeno amplió la oferta disponible en el mercado, aunque también contribuyó a una baja en los valores reales de comercialización.El comportamiento a lo largo del año fue dispar. El segundo trimestre concentró la mayor actividad, con 4.880 unidades vendidas, mientras que el primero fue el más débil, con 3.628 operaciones. Esta estacionalidad responde en parte a los ciclos productivos del agro y a la disponibilidad de financiamiento.Al analizar por tipo de maquinaria, se destacan fuertes subas en cosechadoras e implementos, con incrementos interanuales del 37% y 17%, respectivamente. En contraste, los tractores y sembradoras mostraron caídas del 3% y 11%, lo que evidencia un mercado heterogéneo según el segmento.

En cuanto al origen, el 83% de las unidades comercializadas fueron de fabricación nacional, aunque el dato más relevante fue el crecimiento del 82% en las importaciones, que pasaron de 1.384 unidades en 2024 a 2.525 en 2025. Este avance se vincula a políticas de apertura comercial y a la simplificación de trámites para adquirir maquinaria usada del exterior.Sin embargo, pese a este crecimiento, los niveles de importación aún se encuentran lejos de los máximos históricos registrados a comienzos de los años 2000, especialmente del récord de 2008, lo que sugiere que todavía hay margen para una mayor penetración de equipos extranjeros.En términos de facturación, el panorama fue menos alentador. Los ingresos reales se ubicaron en $2.865 mil millones a valores de diciembre de 2025, el nivel más bajo desde 2019. Solo el segundo y tercer trimestre lograron superar el promedio histórico, con $835 y $733 mil millones respectivamente.El patentamiento de maquinaria agrícola también mostró señales mixtas. En 2025 se registraron 6.643 unidades, un 2% más que el año anterior, aunque por debajo del promedio de los últimos seis años. Las cosechadoras lideraron el crecimiento con una suba del 19%, mientras que los tractores se mantuvieron estables y las pulverizadoras registraron una leve caída.