La reciente reunión de mujeres peronistas en Concordia volvió a poner esa discusión sobre la mesa: la necesidad de avanzar hacia una paridad real, promover la renovación generacional y reconstruir una alternativa política frente al actual contexto socioeconómico. La convocatoria reunió a mujeres de distintas corrientes internas del peronismo y de organizaciones gremiales que, más allá de sus diferencias, demostraron la madurez necesaria para construir un posicionamiento común.En Entre Ríos, el protagonismo femenino excede ampliamente lo numérico: somos una pieza fundamental del entramado social y comunitario. Muchas veces somos las mujeres quienes sostenemos el hogar, los comedores comunitarios y las tareas cotidianas de salud, educación y cuidado. Frente a las dificultades, respondemos con sacrificio, organización y creatividad. Que las mujeres movemos el mundo es una realidad que todavía encuentra resistencia en las miradas patriarcales que persisten en nuestra sociedad.Por eso la paridad no puede agotarse en el cumplimiento formal de un porcentaje: debe traducirse en una participación efectiva en la conducción y en la definición de los procesos electorales.Desde Concordia buscamos recuperar y fortalecer la organización de la rama femenina del Movimiento Nacional Justicialista, cuya participación algunos han pretendido descalificar estigmatizando al feminismo. No aceptamos quedar relegadas a un papel testimonial: queremos intervenir en las decisiones, aportar nuestra experiencia y asumir responsabilidades en la construcción política.En la sede del Partido Justicialista de Concordia se planteó la necesidad de unificar criterios y se advirtió sobre el impacto de la quita de políticas sociales en los sectores más vulnerables. A través de un documento conjunto, dirigentes y militantes llamaron a construir una “gran mesa de unidad”, con la mirada puesta en la reconstrucción de una alternativa electoral para 2027.“No vamos a resignarnos, no vamos a naturalizar el abandono y no vamos a aceptar que los derechos conquistados sean presentados como privilegios”, sintetizó la declaración emitida tras la reunión.De allí surge también un fuerte llamado a la unidad: Unidad para afrontar un proceso de reorganización partidaria y los desafíos electorales que vienen.Unidad para recordar que quienes aspiren a ocupar lugares de responsabilidad deberán poner entre sus prioridades la recuperación de los derechos perdidos y la situación de las mujeres, otra vez relegadas por las políticas públicas.Unidad aun cuando existan diferencias internas sobre las respuestas que debemos dar a los problemas generados por la derecha extrema liberal que gobierna.El llamado surgido en Concordia trasciende las paredes del partido. La reconstrucción del peronismo entrerriano no será posible a espaldas de las mujeres que sostienen el territorio en los momentos más difíciles.La unidad demostrada no puede quedar reducida a una foto de ocasión: es también una exigencia dirigida a las estructuras partidarias tradicionales. Nuestra participación debe expresarse en la conducción del proceso político hacia 2027.La paridad no se negocia: se ejerce. Y debe ser parte fundamental de un proyecto que aspire a recuperar la esperanza, la justicia social y el gobierno de Entre Ríos.

Bajo la premisa de otorgar mayor flexibilidad a las 22 cajas de Jubilaciones y Pensiones municipales de Entre Ríos, la reforma aprobada elimina el tope máximo del 16% de aporte previsional y conserva únicamente el piso mínimo del 12%. Lo que se presenta como un remedio contra el déficit actuarial oculta una profunda asimetría respecto del régimen provincial y de los municipios que integran el sistema general.

Hoy, un trabajador o funcionario que aporta a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia (CJPER) realiza un aporte obligatorio del 19%. La reforma mantiene así la posibilidad de que un funcionario político de una ciudad con caja propia —como Federación o Colón— aporte hasta 7 puntos porcentuales menos que un funcionario de Concordia o de cualquier otra localidad adherida al sistema provincial. ¿Con qué criterio de equidad o de solidaridad social se justifica que la planta política de un municipio aporte sustancialmente menos que la de otro por el solo hecho de contar con una estructura previsional local?

La asfixia programadaPero la trampa de fondo es aún mayor: pretender solucionar el problema previsional modificando las alícuotas de las cajas locales es ignorar deliberadamente quién genera el verdadero agujero negro del sistema. El déficit previsional en Entre Ríos es una «asfixia programada» producida por la propia evasión de aportes en la que incurre el Estado provincial y municipal.El rojo de la Caja de Jubilaciones no surge por casualidad ni por el mero aumento de la expectativa de vida. Es consecuencia directa del pago de salarios con más del 50% en códigos no remunerativos: se ha consolidado una estructura en la que más de la mitad del haber de funcionarios y empleados públicos se liquida mediante sumas “en gris”, no bonificables o no remunerativas.Al pagar en negro, el Estado actúa como el principal evasor de sus propias cajas previsionales, abonando conceptos sobre los cuales no se tributa un solo peso para las jubilaciones de hoy ni del futuro.A esto se suma la precarización del empleo público. El sostenimiento masivo de trabajadores bajo la figura de contratos de obra, locación de servicios, contratos basura y otras formas análogas “en negro” destruye la relación entre aportantes y beneficiarios. Son miles de agentes prestándole servicios al Estado sin realizar una sola contribución ni aporte al sistema previsional.No se puede hablar de austeridad, sustentabilidad ni de responsabilidad fiscal mientras se vacía la base de ingresos del sistema a través de la precarización y la informalidad salarial promovidas desde los propios despachos oficiales. Decir que el sistema quebró por culpa de los jubilados mientras el Estado evade aportes con códigos no remunerativos no es solo un diagnóstico falso; es una maniobra para justificar el ajuste sobre los sectores más vulnerables.Cómplice de esta situación es la actual gestión de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, que, conociendo los recientes fallos que declaran la inconstitucionalidad de los códigos no remunerativos, no resuelve denuncias concretas ni realiza las auditorías que demostrarían la verdadera dimensión del fraude.Por su parte, los municipios son los autores materiales del delito de evasión al no informar correctamente al organismo previsional el número exacto de agentes municipales, los códigos no remunerativos abonados y el incumplimiento del pago de la antigüedad al personal contratado.

Una reforma que no resuelve nadaLa eliminación del tope del 16% en las cajas municipales no garantiza la solvencia de regímenes que, en su mayoría, no gozan de superávit estructural; por el contrario, habilita un margen de discrecionalidad política para fijar aportes a medida y consolida desigualdades que terminaremos pagando todos los entrerrianos.La verdadera reforma previsional no se logra manteniendo la posibilidad de que la planta política local aporte sustancialmente menos que quienes integran el régimen provincial. Exige blanquear los salarios de manera transparente, erradicar la contratación precarizada en el Estado y garantizar la estricta igualdad de cargas entre todos los que ejercemos la función pública en la provincia.El proyecto de ley del senador Vergara convalida inequidades y fragiliza el patrimonio de los trabajadores. No pretende más que una “cobertura legislativa” para encubrir el fraude previsional del propio Estado.

Por eso, el debate en la Cámara de Diputados debe marcar una divisoria de aguas ética y política: o los legisladores eligen actuar como escribanía del ajuste, convalidando privilegios para las plantas políticas y la complicidad con la evasión municipal, o asumen la responsabilidad histórica de defender el salario de los trabajadores, la transparencia institucional y la dignidad de las jubilaciones entrerrianas.

Dra. María de los Ángeles Petit

Sin embargo, cuando las acciones trascienden los colores políticos y benefician a la ciudadanía, es importante reconocerlas y valorarlas.

Desde la Agrupación Justa, Libre y Soberana, valoramos positivamente el reciente anuncio del gobernador Rogelio Frigerio respecto a la implementación de concursos públicos transparentes para el ingreso a la administración provincial y la eliminación de los contratos laborales precarios.

Estas medidas no solo representan un paso hacia la profesionalización del empleo público, sino que también reafirman valores que siempre hemos defendido: la transparencia, el mérito y la justicia social.Estas políticas encuentran un antecedente inmediato en la gestión de Enrique Cresto como intendente de Concordia entre 2015 y 2023. Durante su administración, Cresto estableció un sistema de concursos públicos abiertos para regular el ingreso de personal al municipio, priorizando la idoneidad y el mérito por sobre los vínculos personales o partidarios. Además, impulsó programas de capacitación integral para los trabajadores municipales, contribuyendo a su profesionalización y fomentando una cultura de trabajo basada en el compromiso y la eficiencia.

El congelamiento de la planta de empleados y el equilibrio de los gastos salariales fueron otras decisiones destacadas de su gestión. Estas acciones no sólo garantizaron la previsibilidad y estabilidad financiera del municipio, sino que también sentaron las bases de una administración pública más moderna y eficiente.Hoy, vemos con satisfacción que estas políticas, que consideramos un éxito en Concordia, están siendo adoptadas a nivel provincial por el gobernador Frigerio. El fin de los contratos basura y la implementación de concursos abiertos representan avances significativos para la calidad del empleo público y la dignidad de los trabajadores del Estado.Como agrupación política comprometida con el desarrollo de nuestra provincia, celebramos estas coincidencias. Reconocer lo positivo en la gestión del otro no nos debilita; por el contrario, nos fortalece como sociedad.

La experiencia de Concordia bajo la conducción de Cresto es un ejemplo de que la transparencia y la profesionalización del empleo público son posibles. Estamos seguros de que estas medidas, si se implementan con la misma responsabilidad y compromiso, marcarán un antes y un después en la administración provincial.Desde nuestra agrupación, renovamos nuestro compromiso de trabajar en favor de políticas que pongan al Estado al servicio de la gente. Porque cuando se trata del bienestar común, no hay banderas que valgan más que la bandera del pueblo.

(Militante de la Agrupación Justa, Libre y Soberana - Ex Diputada Nacional - Ex Coordinadora del Gabinete Municipal) 

Su presencia y protagonismo en el escenario político despierta opiniones divididas en un escenario donde la falta de liderazgos claros es evidente.

Históricamente, los cargos partidarios se han alineado con el poder del gobernante de turno, lo que explica el olvido de la función esencial del partido: adoctrinar y formar nuevos cuadros políticos. Esta desatención ha resultado no solo en la falta de renovación generacional, sino en la carencia de conocimiento necesario para defender las posiciones ideológicas.

En tiempos de victorias, estos problemas pasan desapercibidos, pero en la derrota, la falta de estructura se siente más agudamente.

Los cambios dentro del partido han reducido la participación y fortalecido el poder de quienes gobiernan.

La eliminación de minorías, la desaparición de la representatividad departamental en la Cámara de Diputados de la Provincia y la tendencia a evitar internas han sido errores que el peronismo ha pagado caro en las últimas décadas. Se ha intentado demostrar que quienes ocupan roles de gobierno no son los más indicados para liderar una estructura política.

En este marco, Cristina se presenta hoy como la persona más adecuada para dirigir al PJ Nacional. Su experiencia, conocimiento y liderazgo se combinan con una cualidad esencial que otros posibles contendientes, como Quintela, no tienen: independencia.

El peronismo necesita una voz firme, decidida, que exprese con claridad lo que el oficialismo se niega a admitir. Hoy, 25 millones de personas viven en la pobreza (6 millones más que en el segundo semestre de 2023), de las cuales 8,5 millones son indigentes, según la EPH.

La pobreza alcanzó el 52,9 % en el primer semestre de 2024, un aumento de 12,8 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2023 (40,1 %). La indigencia casi se duplicó en un año, pasando del 9,3 % al 18,1 %.

La pobreza y la indigencia han diezmado a la clase media, una conquista histórica del peronismo, cuyos trabajadores hoy ven vulnerados sus derechos laborales, adaptados a una nueva visión de un capitalismo despiadado.

No se toma dimensión del peligro que enfrenta la educación y la salud pública gratuita y universal, ni un achicamiento del Estado que, lejos de buscar eficiencia, solo se enfoca en reducir costos.

En este contexto, la defensa de la historia y los ideales peronistas debe estar en manos de alguien que no dependa del poder central, que mantiene su presión sobre los gobiernos provinciales y locales para garantizar alineamientos políticos.

Un claro ejemplo de esta situación es la imagen de gobernadores como Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Hugo Passalacqua (Misiones), junto a algunos dirigentes e intendentes provinciales sin poder real, utilizados como trofeos de una foto para luego ser descartados sin mayor relevancia.

Cristina expresó recientemente: “Estoy convencida de que debemos dar voz y protagonismo a los castigados por este proceso de caos y destrucción liderado por Milei, desde la política partidaria”. Señaló al Gobierno Nacional como “una demolición social planificada, ejecutada con crueldad” por “teóricos y prácticos de la odiología”.

Hoy, dentro del peronismo, no hay nadie más capacitado para enfrentar este momento histórico. Es un desafío que va más allá del debate sobre el kirchnerismo; se trata de redefinir el eje de discusión y acción del movimiento.