Esta doctrina del shock y ajuste nos ha retrogradado a debates económicos superados desde fines del XIX. Así el desarrollo, cuando es mencionado desde el oficialismo, lo es a partir de las “facilidades de negocio” de rápida rentabilidad y la “necesaria” desprotección laboral. Mucho de ello se expresa en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la Ley Bases, objeto de nuestro análisis desde los anteojos de la sociología latinoamericana.

La consolidación académico-institucional de la ciencia sociológica latinoamericana fue al calor de la reflexión sobre las posibilidades de desarrollo económico de nuestras sociedades. Las teorías del desarrollo latinoamericanas evidenciaron el “deterioro en los términos del intercambio” entre las naciones desarrolladas exportadoras de productos manufacturados que tendencialmente se aprecian, y las subdesarrolladas exportadoras de materias primas que tendencialmente se deprecian. Es decir, históricamente las naciones pobres deben exportar cada vez más materias primas para conseguir los mismos productos manufacturados de las naciones ricas. Esto llevó a la teoría del desarrollo a recomendar en los sesentas formas de “crecimiento hacia adentro”, que no se centren exclusivamente en el comercio internacional, que si lo hacen sea en un intercambio regional (sur-sur), y/o incluso sustituir dichas importaciones con productos de fabricación local.

En un estadio analíticamente superior, la Teoría socioeconómica de la Dependencia de principios de los setentas sostuvo que las relaciones entre el “centro global” (en ese momento Europa y los Estados Unidos) y las “periferias globales” (principalmente África y Latinoamérica) establecían “relaciones asimétricas” basadas en dicho deterioro del intercambio. Sin embargo, la Teoría de la Dependencia incorporó elementos históricos y sociológicos, reflexionando sobre la naturaleza política del desarrollo. En resumidas cuentas, se descubrió que: los sectores sociales económicamente más acomodados de las sociedades periféricas funcionan de manera más integrada con los centros globales que con sus propias economías nacionales, estableciendo un vínculo de mera extracción de recursos con sus propios territorios.

En consecuencia, el estudio sistemático de normativas de beneficios fiscales para los sectores económicamente dirigentes de los países dependientes no redundaba en la consabida reinversión en el proceso productivo, y acumulación local de capital, como sí sucedía en las economías centrales. Este tipo de esfuerzo fiscal en promocionar las inversiones sin las debidas regulaciones del flujo internacional de activos, simplemente abonaba a la fuga de capitales hacia casas matrices y/o los paraísos fiscales internacionales nacientes en la década del 1970.

Esta lógica de la dependencia económica, en su punto más crítico es conceptualizada como “economía de enclave”. En la misma, el control total de los procesos productivos más importantes de la economía de un país está en manos de intereses extranjeros. Dicha lógica de enclave le cabe a cualquier sector: agrícola, ganadero, minero, etc.

En cualquiera de sus facetas, se comporta meramente como una máquina perfecta (normativas + represión estatal) de extracción de recursos sin generar mayores beneficios sobre el territorio que extrae y completamente “libre” a formas de regulación económica. Aquí cabe retornar al RIGI.

La lógica de enclave que propone la estructura el RIGI no es innovadora; replica la Ley de Inversiones Mineras de 1993.

La única diferencia entre ambas es que mientras la más añosa beneficiaba a un sector económico específico, su reedición 30 años después beneficia (con exenciones de impuestos, eliminaciones arancelarias, flexibilizaciones laborales, desobligaciones de compre local y de transferencia técnica) a todo capital corporativo transnacional que quiera enclavarse en el suelo argentino.

Los casos de Catamarca y San Juan son señeros en las lógicas del enclave minero: máximos beneficios a la inversión internacional, escaso o nulo “derrame” en el territorio y quiebre de matrices agropecuarias locales que competían con la minería por el agua de uso productivo. La única ganancia local que se percibe es el tímido ascenso de la recaudación fiscal, haciendo socia de la depredación a las dirigencias políticas provinciales.

Este tipo de regímenes de depredación están armados para (y por los abogados de) jugadores internacionales que se pueden contar con los dedos de una mano. Sus raíces filosóficas están en la interpretación del “progreso” que tenían los liberales latinoamericanos de fines del siglo XIX. Sus problemas fueron descritos por la Teoría de la Dependencia en los setentas.

Sus autores se repiten y acceden -como en esta semana- una vez más a conducir ministerios. Su repetición en el siglo XXI, solo habilita dos reflexiones históricas. Primero, en el mediano plazo, los sectores empresarios nacionales han fracasado estrepitosamente desde 1973 en conducir el proceso nacional de acumulación de capital.

Siendo conscientes de ello, simplemente, renuncian a hacerlo y aceptan un jugoso puesto en la gerencia de las transnacionales. Una segunda reflexión, de corto plazo, se recoge de los resultados parlamentarios: el RIGI y sus “Bases” no son más que la repetición de una estrategia infructuosa de una dirigencia política agotada, sin ideas, sin memoria histórica, que se ahoga en peleas y descalificaciones de bajo vuelo, para correr luego a vaya a saber que pactos en Tucumán.

En fin, verá el lector que del enclave a la colonia hay un pasito. Para reflexionar nuestro julio de independencia recomiendo el visionado de una peli pochoclera de ciencia ficción que, por mala, es simple y clara en su mensaje: Oblivion (2013).

Consideramos que, tomada seriamente, la empírica ciencia social no debe gastar una gota de tinta ni un minuto de gabinete en el análisis de esta catástrofe pergeñada por promotores de la entrega y traidores a sueldo. Como frente a la barbarie de la inquisición, la ciencia debe sostener sus principios: execrar públicamente los dogmas ortodoxos y esperar la venida de su turno, inevitable por la celeridad de los acontecimientos.Entonces ¿qué hacer? Proponemos centrarnos en la socioeconomía real para pensar y organizar la supervivencia con otros hasta que aclare.Frente a estas distópicas promociones de rebaja de la patria a las corporaciones, humildemente entendemos que su contracara no radica solo en la planificación estatal bastante desgastada como estrategia en la última década. Sino en la economía social: un sistema histórico de valores, prácticas, organizaciones e instituciones más o menos formales que sirven a las comunidades para organizar y regular el proceso de producción y reproducción de su vida material.Aquí, por supuesto, entra la metáfora del mercado. Ahora bien, un mercado que es más parecido a una feria de cercanía, con múltiples jugadores, real competencia, real inversión de riesgo y mutua confianza. Un mercado que poco se parece a la actual imagen lúgubre de las mesas de dinero de whiskería, en que grandes jugadores están apostando como fichas suyas la promoción estatal, el capital fijo del sector público y las cláusulas indemnizatorias. Como sistema histórico, la economía social no tiene nada que ver con la novedad de los sellos de calidad o el packaging de “lo artesanal”. Esta experimentación socioeconómica tiene larga data en nuestro país, a través de cooperativas de crédito y de construcción de la vivienda obrera que ya tienen más de 80 años. Con el mismo principio de solidaridad se fundaron las mutuales de inmigrantes prestadoras de servicios de salud y de aprovisionamiento de productos de primera necesidad. En esa dirección, se practicó el deporte y se enriqueció la vida sociocultural a través de clubes ingleses, alemanes, italianos y españoles. También así se acercó el veraneo a las clases medias a través de los hoteles sindicales en la década de 1950.Como formas de reproducción de la vida material, estas instituciones creadas por la sociedad desde principios del XX, permitieron controlar precios de alimentos y vestimenta sindicando el poder de los consumidores en ciclos inflacionarios pasados, financiaron microemprendimientos que fortalecieron un capitalismo nacional en plena industrialización en la década de 1940, proveyeron y proveen servicios de energía y agua, agruparon los sueños de deportistas e hinchas en torno al aliento en la cancha y el festejo de terceros tiempos. Finalmente, crearon virtuosos ciclos de acumulación económica en tiempos de bonanza y nunca cometieron la canallada de dejar de abrir sus comedores en tiempos de depresión.Al incorporar la dimensión social, solidaria y popular, la economía supera las frías obviedades matemáticas de fines del siglo XIX. En esta sociodiversidad de experiencias humanas la rentabilidad empresaria tiene lugar; claro, es poco menos que un supuesto, es una obviedad sin relevancia analítica en la economía capitalista. Sin embargo, como en las viejas ferias y mercados de cercanía también hay lugar para poner en juego lo colectivo, los valores comunitarios, el deseo del encuentro con un otro, lo cívico, lo público, la identidad del propio lugar. La incompatibilidad entre competencia empresarial y la convivencia comunitaria es meramente una fantasía morbosa. El pensamiento de una mentalidad perturbada que festeja como competencia la destrucción mutua e interpreta que la convivencia es opresión.Dos imágenes de cierre sirven para ilustrar los latrocinios que atisban la tragedia del presente. La primera, el pequeño kiosco o tienda puesta en funcionamiento con los restos de la indemnización o los préstamos familiares es rápidamente absorbida por la competencia desleal que propone la libertad amañada del presente. ¿La imagen? Búsquela usted entre las ruinas de los comercios de cercanía abiertos y poco tiempo después cerrados en los últimos 12 meses. La segunda, el ataque sistemático (medios y política partidaria institucional) a los referentes de cooperativas de trabajo y comedores populares de los últimos seis meses. Ambas imágenes responden a la misma abstracción impracticable: pensar a la economía desde la rentabilidad individual y al entorno (personas, cosas y naturaleza) como meros instrumentos de mi crecimiento individual.Rasgados los restos del entramado social primero por la inflación y luego por la desregulación, ahora se busca liquidar las últimas organizaciones que proponen recomponer el lazo en el comedor, la educación en oficios, el trabajo cooperativo y la empresa familiar.Como comunidad ¿Atravesaremos esa última frontera propuesta por el egoísmo exacerbado?Viendo la agenda ejecutiva, legislativa y judicial, ya es evidente que la tormenta se descarga DESDE las instituciones públicas. El dogma ortodoxo parece, una vez más, necesitar al “instrumento Estado”; por tanto ahora orienta su ataque a lo que de solidario queda en las prácticas económicas. Es decir, ahora el enemigo es la sociedad. Recompuesta la definición de economía como ese complejo entramado histórico en que la reproducción material tiene lugar en la diversidad social y el acervo cultural, parece que ejercer la solidaridad en nuestras prácticas económicas es defender la sociedad y deviene una de las tantas formas de resistencia.Para más información, visionar dos clásicos de la filmografía nacional: “Luna de Avellaneda” e “Industria Argentina”.

Podríamos referirnos a la circulación de ideas ilustradas del liberalismo burgués, en su fase crítica antiabsolutista. Podríamos relacionarlo con las transformaciones en Buenos Aires tras las invasiones inglesas, ya que pusieron en sintonía antihispánica a las élites, interesadas en abrir el comercio internacional, y a las mayorías populares que ya con armas saboreaban sueños de justicia y libertad.Ahora bien, los últimos tres siglos de historia dejan una enseñanza: el ritmo de cualquier revolución en mucho depende de la capacidad de influencia que tengan sus disidentes internos. Así, entender Mayo implica reconocer los bandos patriotas de la Primera Junta. Un bando conducido por Mariano Moreno, radicalmente revolucionario y tendencialmente independentista. Otro bando conducido por Cornelio Saavedra, fuertemente conservador y que apuntaba a aprovechar el momento para sacar la mayor tajada al monopolio comercial imperial español. Así, en el puerto se dividían las aguas entre los ansiosos por acelerar el proceso y aquellos timoratos que, como un Presidente dijo en 2016, habrán sentido “angustia de tomar la decisión, querido Rey, de separarse de España”.Entender Mayo también impone comprender la mirada del puerto hacia el interior profundo. Primero, con el fusilamiento de Santiago de Liniers (agosto 1810), un héroe de la reconquista de Buenos Aires a mano de los ingleses (1806-1807), que sostenía su lealtad a España y resistía como ultimo realista desde Córdoba. Segundo, con el asiento en Buenos Aires de los representantes del interior (Junta Grande, diciembre 1810) de mayoría saavedrista conservadora. Por tanto, si había desacuerdos porteños, parecía haber acuerdos tácitos sobre el rol de subordinación que recibirían las delegaciones del interior ante cualquier disidencia.

Definidos los límites de expansión hacia el norte (Salta y Jujuy), muerto Moreno y abierto el frente federal en el interior, la Declaración de la independencia (1816) fue el último acuerdo posible en un tablero de ajedrez ya dispuesto para una larga guerra civil. Aquí Bernardino Rivadavia hereda un rol central. Vinculado con la gesta de mayo, Rivadavia representa la descomposición de esos ideales criollos liberales antiabsolutistas, en una ignominiosa felonía pro británica, que se proyecta en la política exterior del presente, entre la sinofobia, la anglofilia y en el abrazo Milei-Abascal. Las disidencias vistas en la ¿angustia? conservadora saavedrista y la felonía rivadaviana condicionaron los tiempos revolucionarios y se proyectan en la discursividad política hasta nuestros días. A 214 años, resta preguntarnos ¿Para qué sirve la memoria de nuestro Mayo revolucionario? ¿Será para quitar otra capa de polvo a sonrientes bustos de yeso y mármol? ¿Será para volver a ver a las élites del puerto jugarse al póker los intereses provinciales? Entendemos que la memoria de Mayo sirve para diferenciar al liberalismo revolucionario de Moreno, de su posterior descomposición en el bando unitario de las guerras civiles. Mayo está en el idealismo que sacó a Belgrano del cómodo escritorio y lo puso al frente de la batalla. Mayo resuena en la eliminación de los títulos de nobleza, de los trabajos obligatorios indígenas, de la tortura y la esclavitud (1813). Mayo revive en la Declaración de Independencia traducida al Quechua y al Aymara. Mayo nos debe recordar que hubo una relación – actualmente bastante desgastada – entre liberalismo, industria, instrucción científica y pública presente en los escritos de los proceres de carne y hueso. Mayo no es angustia, ni pacto, ni claudicación. Mayo es debate de ideas y revolución.

Señalamos lo obvio: el patético simulacro de superávit fiscal se construyó con un insostenible congelamiento de las obras públicas y atraso de haberesprevisionales. De cara al mediano plazo, el gobierno nacional pretende sostener los modestos números verdes de la caja chica con la liquidación de las empresas públicas nacionales. Las joyas de la abuela, una vez más como en los noventas, tendrán que soportar el peso de la desregulación del mercado cambiario (“cepo”) y la sistemática fuga de capitales que supone el modelo de promoción a la inversión presente en los proyectos legislativos oficiales. En fin, una conducta financiera que recuerda a un deudor alimentario víctima de consumos problemáticos. Del debate parlamentario dependerá si la ecuación fiscal cierra, como pretende la biblia libertaria, con una fenomenal transferencia de las cargas impositivas desde los mayores ingresos (bienes personales a la baja) hacia los sectores medios (ganancias) y bajos (desregulación de precios).

Con el plan a medio aplicar, apoyándose en el colaboracionismo parlamentario y el silencio pusilánime (la nueva epidemia en las capitales provinciales), surge una pregunta retrospectiva ¿Este des-ajuste era necesario? ¿Existía una vía socialmente más justa?

En nuestro artículo de marzo sosteníamos que el ideal de una “reforma laboral progresista o expansiva” no es más que una contradicción práctica. Con la actual orientación de ideas preponderante entre los proyectos parlamentarios, dicho posicionamiento solo serviría para abrir una oportunidad más para la retracción de los derechos laborales y sociales. Toda esa afirmación es extrapolable a los planes de ajuste fiscal y reforma del Estado. 

Nada nuevo bajo el sol. La trayectoria misma del actual plan económico inició con una (sobre) devaluación por encima de las expectativas de mercado y la aceleración del, ya problemático, ritmo inflacionario. El objetivo fue claro: escalar el shock social. La inseguridad social, económica y política de los últimos 8 meses fue el caldo de cultivo para que la sociedad argentina acepte algo que ya se probó y falló en sucesivos momentos históricos: el disciplinamiento social, laboral, fiscal, cultural y el incentivo a la concentración económica como prenda para el “derrame” de inversiones. 

El último mes las inseguridades del modelo se hicieron evidentes. Las prepagas, sabiendo de la inviabilidad de la nueva situación, aprovecharon la “libertad de mercado” y aceleraron los aumentos. A tal punto fue así que el mismo Presidente tuvo que salir a poner frenos, por lo menos discursivos. Las idas y vueltas de las reformas laborales, vía decreto o ley, reordenan las normativas hacia una plena incertidumbre en los derechos indemnizatorios y hacia la inestabilidad de la contratación. Con la derogación de la ley de alquileres, vía decreto, los propietarios salieron corriendo a cerrar contratos con actualizaciones cada 6 meses, o incluso 3 en las grandes ciudades, antes que el inevitable retorno de la (re)regulación les alcance. Otro tanto cabe a las petroleras y distribuidoras de combustibles. 

En esta nueva experiencia de ajuste, el que se vean las inseguridades del modelo parece fortalecerlo en vez de debilitarlo. ¿Cómo es esto posible? La novedad es que se ha confundido en un mismo ovillo las dos fases de este tipo de planes. Por un lado, el shock de incertezas, para que la sociedad acepte cualquier plan de estabilización, no se ubica solo en el momento inicial, sino que es permanente. Por otro, el plan de estabilización propiamente dicho, basado en la desregulación de los grandes jugadores, recupera un vetusto mantra: la teoría del derrame.

En medio de esta “estabilización de las incertezas”, el desfinanciamiento a las universidades y el sistema científico nacional es una buena síntesis del presente por tres razones. En primer lugar, la Universidad pública argentina es una de las pocas trincheras en que se resguarda una certeza del pasado: la esperanza de movilidad social ascendente.  Quien suscribe encuentra en ello una explicación a la masividad de su defensa callejera el 23 de abril a la que acudí sorprendido con mi humilde librito (el “Artigas” de Jesualdo). 

En segundo lugar, podemos señalar el compromiso/responsabilidad social de la academia que maduró y socializó el enfoque multidisciplinar que, por el espanto, ha amalgamado a todos los sectores que conforman al gobierno y su coalición parlamentaria: la perspectiva de género. Ello no es meramente, como sostienen las consultoras, antifeminismo. Durante el primer debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo (2018) para amplios sectores conservadores de la sociedad argentina se desacoplaron dos términos de una visión civilizatoria: progreso y fundamentos científicos. Encontramos en ello la tercera razón para mirar con interés el desfinanciamiento universitario. Entendemos que este desacoplamiento se consolidó en la discursividad antivacunas durante la pandemia. Algo ya discutido en el mundo académico global (nociones de “posmodernidad”, crítica al “discurso científico”), es reapropiado por un sector de la dinámica sociopolítica. Nació así un “neoconservadurismo libertario antiacadémico” que en mucho explica la amalgama ideológica del oficialismo y suanimosidad con los templos del saber.

Toda esta rearticulación es revisable en el debate sobre el ajuste. El vínculo entre el ataque a la universidad y los fundamentos teóricos de la teoría del derrame es eminentemente político. Este último, como dogma oficial, choca frontalmente con dos de los factores principales de la construcción de un campo científico. Por un lado, la teoría del derrame es un enfoque ya probado en diversas latitudes sin resultados visibles, contraponiéndose así con el “carácter empírico” de la ciencia. Por otro lado, el dogma oficial señala todo contrapunto y disidencia como adoctrinamiento; de esta manera la teoría del derrame no entra en el debate abierto que supone el quehacer científico. Habiendo entendido a la reactualizada teoría del derrame como un discurso descarrilado de la revisión de pares académicos, nos damos cuenta que entrar en el debate sobre el ajuste, aquí y ahora, es una trampa argumentativa. El posicionamiento de un ajuste en un sentido progresista sufre coyunturalmente de una imposibilidad práctica histórica. Hay una ciencia que estudia los equilibrios históricos en las prácticas del poder, y se llama ciencia política. Una ciencia que estudia un antiguo oficio, en el que, como en todos los demás, se pondera positivamente a quienes saben esperar y dar los debates cuando es oportuno. 

Habiendo visto este ciclo de shock y ajuste tantas veces en la historia nacional, uno tiende a pensar que restan solamente dos papeles para quienes insisten en asistir a un debate falseado: el disfraz de la colaboración o la desnudez en la traición. 

Durante la primera mitad del siglo XIX, los primeros países industriales constituyeron una disciplina de trabajo fabril que destruía en cuerpo y ánima a la masa humana que excretaba la vetusta ruralidad feudal europea. Las principales víctimas eran las infancias que morían y/o perdían sus extremidades en tropel frente a las hiladoras y las máquinas a vapor, por la mitad del salario de sus padres. Sin embargo, desde 1850 vemos la extensión de la niñez y el nacimiento de la adolescencia como marca de época sociocultural. Se extendieron los niveles escolares obligatorios y se retiró a amplias capas etarias del mercado laboral. En ese sentido se expresaban los primeros sindicatos ya que así se descargaba el mercado laboral y estabilizaban los salarios en un mejor nivel. También así legislaron las clases económicamente dominantes, para evitar la mortalidad infantil en el puesto de trabajo y asegurar la reproducción biológica de la clase trabajadora en futuras generaciones. Las responsabilidades civiles y penales de esos nuevos “menores de edad” recaían sobre quién detentase la patria potestad. Entendiendo que solo tardíamente y ya bien entrado el siglo XX, la niñez y adolescencia devinieron una cuestión de derechos diferenciados, podemos caer en la cuenta que el cuidado de nuestras infancias y juventudes es cosa de todos los días.

No somos innovadores aquí. El capitalismo industrial desde sus fases más tempranas es antropófago: consume humanidad y excreta “mano de obra”. Pero entendemos que una de las derivaciones de dicho proceso es la pedofagia. Como Saturno, secuencialmente el régimen político y económico contemporáneo deglute a su propia progenie. Esto se actualiza hoy. Con el lento proceso de desfinanciamiento educativo en marcha, la dirigencia política oferta a la muchachada solo una opción: ser carne de cañón en un nuevo sistema penal juvenil. Sin ninguna sutileza, se levanta el dedo acusador sobre todas las juventudes, pero siempre espeja, y nos devuelve la imagen de nuestro propio fracaso generacional como padre, madre, tutor/ra o encargado/a. Fracaso que sumamos a una larga lista heredada de un pasado de silencios o complicidades.

Como una particular combinación entre neoliberalismo en lo económico y conservadurismo en lo sociocultural, las dictaduras cívico militares del último tercio del siglo XX en Argentina descargaron su expiación sobre la militancia estudiantil secundaria y universitaria, con la excusa de atacar una delincuencia guerrillera urbana que ya había sido vencida para 1976. Así, casi un tercio de las torturas y desapariciones forzadas (1976-1983) recayeron en un rango de edad entre 14 y 18 años. No conforme con ello, el mismo proceso político fagocitó a parte de la siguiente generación empujando al país a una guerra con la tercera potencia militar global del momento. Generales aturdidos de whisky.

Capitanes más acostumbrados a la vigilancia interna que a la batalla frontal. Ergo, desenlace obvio. La guerra de Malvinas envía a la muerte a una nueva generación, que aunque mal alimentada y pertrechada, se niega a ser víctima, actualizando los rostros en tecnicolor de héroes y heroínas de la patria.Tímidamente en los ochentas, determinantes en los noventas, los ajustes fiscales en democracia eliminan la posibilidad de alcanzar la independencia económica y planificar un futuro para toda una nueva generación de jóvenes. A las puertas del XXI, el hilo de Ariadna conectó al piquete con la cacerola, y el siempre hambriento Minotauro neoliberal debió escapar en helicóptero de su propio laberinto. El progresismo del nuevo siglo no pudo, no quiso o no supo volver a ocupar las periferias de las grandes urbes criollas devastadas por años de retiro de las funciones sociales del Estado. Así llegando al presente, otra generación de jóvenes queda a merced, esta vez, de las bandas organizadas y la narco criminalidad. Acorralados en barrios sin servicios públicos y con sistemas educativos y sanitarios para los que “no hay plata”, una vez más, la única cara que la juventud ve del Estado es la boina azul de la policía.

Aprovechando la escalada de violencia narco en Rosario, el gobierno de Milei reabre un debate tan antiguo como la injusticia: una reforma punitivista del sistema penal juvenil. Se usan estadísticas regionales sobre las edades de imputabilidad; por supuesto sin comentar que en todos esos países la violencia y la criminalidad es peor que la nuestra. Se habla de cárceles modelo, sin poder evitar la fuga de meros carteristas en jurisdicciones que controlan hace décadas. En fin. Nuevamente, se usa de animal de sacrificio a nuestras juventudes y esta vez, en un paroxismo morboso, se perfora el techo etario de las infancias. Es lógico que un dogma socioeconómico, que funciona en un estadio teológico, encumbra la sinrazón y enaltece liderazgos mesiánicos encuentre su cenit sacrificando jóvenes a quien sabe qué deidad de manos invisibles y botas omnipresentes. Sin embargo, quien suscribe profesor de secundaria (entre otros trabajos) se permite dirigirse a su generación que ya paterna a esas juventudes, pidiendo un minuto de reflexión.

Ha sido la sutileza la que permitió separar la paja del trigo. Si desde el negacionismo oficial nos atenazan la democracia simplificando con “dos demonios” que ahora aparecen hablando el mismo idioma de la “guerra interna”, recuperemos el espíritu del Juicio a las Juntas (1985) y recompongamos la diferenciación establecida entre asesinato simple y crimen de lesa humanidad perpetrado por el Estado para el disciplinamiento de (aquellas) nuevas generaciones. Ante un militarismo bidimensional oficialista, hay que remalvinizar a la sociedad recordando que aquellas valientes juventudes se sembraron en el sur en defensa de la soberanía nacional y no de la mera simbología fálica del uso de la fuerza pública. Ante un oportunista punitivismo juvenil, retornemos a la exigencia por la doble escolaridad, atenacemos al crimen organizado con ocupación territorial (seguridad ciudadana + política cultural accesible).

Tortura, desapariciones, guerra, desempleo y narcotráfico. La criminalización de la juventud es una capítulo más de las “tradiciones pedofágicas” que, en caso de legislarse, no demuestran más que otro estrepitoso fracaso colectivo de una nueva generación de adultos. Pues rompamos estas tradiciones y evitemos atender con sacrificios nuestras frustraciones generacionales premillennial.