El interbloque Frente Peronista que integraba contaba con 23 diputados. De todos ellos, sólo cuatro votamos a favor de la estatización: Alfredo Atanasof, Ramona Pucheta, Alberto Roberti —secretario general de los petroleros— y yo.No fueron momentos sencillos. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y una parte del peronismo entrerriano teníamos diferencias que no eran menores. Votar a favor de aquella ley no era un acto de disciplina kirchnerista. Era, sencillamente, una posición nacional. YPF era y es un activo estratégico irrenunciable, y entregársela indefinidamente a una empresa extranjera que la vaciaba de inversiones era una forma de hipotecar el futuro energético argentino. Lo dije entonces y lo sostengo ahora, cuando han pasado catorce años de aquella votación. Y los hechos lo confirman: tener la principal petrolera en manos del Estado no es una cuestión ideológica sino estratégica. Es lo que hoy hace posible el superávit energético que la Argentina está alcanzando, con exportaciones que generan divisas genuinas y alivian una restricción externa que durante décadas fue un lastre estructural para la economía nacional. Sin YPF en manos argentinas, ese horizonte sería impensable.También quiero destacar algo de lo que me siento especialmente orgullosa: de los nueve diputados nacionales que representábamos a Entre Ríos en aquella sesión, ocho votamos a favor. Sólo hubo una abstención.Durante años, quienes apoyamos esa decisión soberana debimos soportar un relato que la presentaba como un manotazo populista, una expropiación “mal hecha”, un capricho que tarde o temprano nos iba a costar caro. Los fondos buitre construyeron una arquitectura judicial en Nueva York destinada a confirmar esa narrativa y, de paso, a llevarse más de dieciséis mil millones de dólares del patrimonio de los argentinos. Durante más de una década, esa espada estuvo suspendida sobre la Argentina.El viernes 27 de marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York la sacó de escena. Por dos votos contra uno, los jueces Chin y Robinson revocaron la condena que había dictado la jueza Preska y concluyeron que los reclamos de los fondos demandantes no eran reconocibles bajo el derecho argentino. La expropiación, determinaron, fue un acto de derecho público soberano, regido por la legislación nacional y avalado por el Congreso. Lo que hicimos en 2012 estaba dentro de la ley. Lo que hicimos fue correcto.Noto, con cierta perplejidad, que hoy varios se disputan la paternidad del triunfo. El presidente Milei salió en cadena nacional a celebrar lo que él mismo —y su coalición, y sus aliados ideológicos, como la entonces diputada Patricia Bullrich— cuestionaron durante años. El mismo espacio político que calificó la estatización como un “impuesto Kicillof”, que la presentó como un símbolo del desquicio intervencionista, hoy la defiende ante los tribunales extranjeros y la celebra como un logro propio. No hay que escandalizarse: la política tiene esa capacidad de apropiar victorias ajenas. Pero los registros están, y la historia tiene memoria.Pero lo que importa subrayar, más allá del ruido circunstancial, es el fondo del asunto. La Argentina actuó conforme a derecho. El Congreso votó una ley. Los gobiernos que siguieron —de distintos signos— sostuvieron la misma posición jurídica ante los tribunales norteamericanos. Y esa continuidad institucional fue, precisamente, la que permitió este resultado. Cuando un país defiende sus decisiones soberanas con argumentos sólidos, más allá de la politiquería de cotillón, con abogados capaces y con coherencia en el tiempo, los resultados llegan. Aunque tarden.

Desde Entre Ríos, desde el federalismo que siempre defendió el espacio político en el que milito, quiero decirlo sin eufemismos: aquellos que en 2012 votamos a favor de recuperar YPF no nos equivocamos. Lo hicimos pensando en el interés nacional, en la soberanía energética, en el derecho de la Argentina a decidir sobre sus propios recursos. Eso no tiene bandera partidaria. Tiene, simplemente, el nombre de una convicción. 

A más de 70 años de su partida, Evita sigue siendo un símbolo de lucha y justicia, no solo para las mujeres, sino para todos aquellos que creemos en la igualdad y la dignidad.

Ella, con su incansable trabajo, logró trascender las barreras de su tiempo, dejando una marca profunda en la política, la cultura y, sobre todo, en la vida de millones de mujeres argentinas.Eva entendió como pocas la necesidad de visibilizar y poner en el centro de la escena a las mujeres que históricamente fueron relegadas.

No solo impulsó la obtención del voto femenino, sino que también luchó por mejorar las condiciones laborales, de salud y educativas para las mujeres de todos los rincones del país.

Su visión transformadora fue un faro en un momento histórico donde las mujeres aún no tenían voz ni voto en las decisiones que afectaban su futuro.

El sufragio femenino, logrado en 1947 y consagrado en 1951, fue una conquista monumental gracias a la perseverancia de Evita, una mujer que sabía que la inclusión política era la llave para que las mujeres pudieran decidir sobre sus vidas y su destino.

En este sentido, también quiero destacar el compromiso de Jorge Busti con el legado de Eva Perón. En 1987, cuando él era candidato a gobernador, recuerdo que tomó una iniciativa planteada por mujeres nucleadas en el Sindicato de Amas de Casa: en actos públicos, ante miles de ellas, que en muchos casos por primera vez salían de sus hogares para movilizarse por un derecho que sentían les correspondía, se comprometió a trabajar para promulgar la ley de jubilación para las amas de casa entrerrianas.

Rescatando el planteo histórico de Eva, quien siempre sostuvo que las mujeres que se dedicaban a las tareas del hogar merecían un reconocimiento social y económico, Busti hizo realidad esa reivindicación.

Así, en nuestra provincia, casi veinte años antes, impulsamos el primer antecedente de lo que más tarde Néstor Kirchner incluiría a nivel nacional con la jubilación para amas de casa en 2005.

Jorge siempre se sintió profundamente orgulloso de haber sido el impulsor de esa política pública.

Hasta los últimos días de su vida, se encontraba en distintos rincones de la provincia con alguna beneficiaria que, agradecida, le recordaba la importancia de ese derecho para un sector que había estado históricamente invisibilizado.

El resultado de este compromiso fue la Ley 8017, presentada el 8 de marzo de 1988 y sancionada el 31 de agosto del mismo año, fechas que han quedado grabadas a fuego en la memoria colectiva.

Esta ley permitió que las amas de casa entrerrianas, que no podían desarrollar actividades en otros ámbitos y por lo tanto carecían de aportes previsionales, pudieran acceder al sistema con el pago de una cuota mínima.

Este beneficio, que llegó a más de 25.000 mujeres en nuestra provincia, fue absolutamente innovador en su época, y garantizó a muchas amas de casa una pensión digna, rompiendo con la dependencia total de los ingresos de sus maridos.Un valioso aporte para comprender todo este proceso es el libro “Mujeres en marcha”, de otra protagonista de aquella gesta, Sara Liponezky de Amavet, que narra en detalle este importante hito en la historia de nuestra provincia y el país. Esta obra será presentada oficialmente el próximo 13 de marzo a las 19 horas en el Salón Mariano Moreno del HCD de Paraná, y servirá como un testimonio para que las futuras generaciones comprendan la magnitud de las luchas que han permitido conquistar los derechos que hoy tenemos.

Actualmente, en un contexto nacional complejo, donde los derechos conquistados están en riesgo, el peronismo tiene la obligación histórica de dar un paso adelante con audacia y creatividad. No basta con el diagnóstico de los retrocesos: es necesario proyectar el futuro con propuestas innovadoras y superadoras, que respondan a las nuevas realidades sin perder de vista los principios de justicia social y equidad.

Evita nos enseñó que la verdadera transformación surge cuando se enfrenta al statu quo con valentía, y ese es el desafío que debemos asumir hoy.

La patria demanda un peronismo que no solo defienda los derechos adquiridos, sino que también sea capaz de imaginar y construir un futuro mejor para todas y todos. Que la historia nos encuentre luchando, con el ejemplo de Evita siempre presente.