El próximo 9 de noviembre, en Buenos Aires, el papa León XIV tiene previsto reunirse con representantes del mundo del trabajo. No parece un detalle menor.

Entre ceremonias y encuentros institucionales, habrá un espacio dedicado a quienes sostienen la economía con su esfuerzo cotidiano.

Y allí aparece una pregunta decisiva para nuestro país: ¿qué significa hablar de progreso cuando tantas personas trabajan y aun así no logran asegurar condiciones de vida dignas para sus familias?

La visita, prevista del 8 al 11 de noviembre, encuentra a una Argentina acostumbrada a discutir la inflación, el dólar, la actividad económica y las cuentas públicas.

Son temas importantes, pero ninguno explica por sí solo si un joven encuentra su primer empleo, si una familia puede proyectar su futuro o si un pequeño comerciante consigue sostener su negocio. La mirada del Papa invita a examinar esa distancia entre las estadísticas y la vida cotidiana.

Lo que León XIV pone en discusiónEn Magnifica Humanitas, su encíclica de mayo de 2026 dedicada a la dignidad humana ante los avances de la inteligencia artificial, León XIV plantea que el desarrollo necesita medirse con indicadores complementarios al Producto Bruto Interno.

No desconoce el valor de producir más: propone observar también la calidad del trabajo, la prosperidad compartida y la reducción de las desigualdades.

En otras palabras, importa cuánto crece una economía, pero también quiénes participan de ese crecimiento.

El documento va un paso más allá: sostiene que la justicia social no debería ser una tarea que comienza recién después de crear riqueza. Debe estar presente desde el inicio, en las condiciones de producción, en el acceso al crédito, en el sistema tributario y en las oportunidades de empleo.

Es una idea que cuestiona dos respuestas insuficientes: confiar en que la prosperidad llegará sola a los sectores rezagados o creer que es posible repartir bienestar sin ampliar la capacidad de producirlo.

También reconoce el valor de la iniciativa empresarial para generar riqueza y trabajo digno, y recupera la función social del crédito cuando financia proyectos productivos.

Su mensaje no es elegir entre Estado y mercado, sino recordar que ambos, junto con trabajadores y organizaciones sociales, tienen responsabilidades concretas en el desarrollo de una comunidad.

Cuando la macroeconomía no alcanza a explicar la vida real Las cifras argentinas le dan especial actualidad a esa reflexión.

Según el INDEC, durante el primer semestre de 2026 la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas en los 31 aglomerados urbanos relevados. No se trata de una diferencia menor: en nuestro aglomerado, más de la mitad de la población no contó con ingresos suficientes para cubrir una canasta básica total.

La estadística tiene rostros concretos: jóvenes que postergan sus proyectos, familias que reducen consumos esenciales, trabajadores que buscan completar sus ingresos y pequeños emprendedores que enfrentan dificultades para sostenerse. En una Argentina, hablar de crecimiento sin mirar esas realidades deja una parte sustancial del problema fuera del análisis.

León XIV advierte además sobre una paradoja del progreso tecnológico: una sociedad puede volverse más productiva y, al mismo tiempo, excluir a quienes no logran acceder a nuevas capacidades y empleos.

Esa preocupación es plenamente económica. Si la inversión no crea oportunidades locales, si la capacitación no se conecta con el trabajo o si la innovación beneficia solamente a unos pocos, el aumento de la riqueza no se traduce necesariamente en desarrollo humano.

De las planillas a los resultadosDesde las finanzas públicas, las reflexiones del Papa permiten incorporar una pregunta más exigente a la discusión presupuestaria: ¿qué resultados concretos estamos comprando con los recursos de la sociedad?

Además de conocer cuánto se destina a educación, deberíamos saber si mejoran los aprendizajes; junto con el presupuesto sanitario, si se acortan las esperas; y al evaluar programas de empleo, cuántas personas consiguen trabajo formal y sostenible.

Ese cambio de mirada no significa gastar sin límites.

Significa distinguir los gastos que reproducen problemas de las inversiones que amplían capacidades. Una política pública merece sostenerse por sus efectos comprobables, no por el tamaño de su partida ni por el valor de su anuncio.

En ese sentido, medir la eficiencia también es medir la dignidad y las oportunidades que se generan.

En Argentina, el desafío exige coordinación entre Nación, provincia, municipio, empresas, universidades y organizaciones sociales. La formación para el empleo, el acceso al financiamiento productivo, la infraestructura en los barrios y el apoyo a quienes emprenden no pueden ser esfuerzos aislados.

Deben integrarse en una estrategia de desarrollo que llegue a quienes hoy permanecen al margen.

Tres objetivos que deben avanzar juntosAquí aparece un punto de encuentro entre la responsabilidad económica y la preocupación social de León XIV: estabilidad, crecimiento e inclusión deben avanzar al mismo tiempo.

La estabilidad crea previsibilidad; la inversión y la productividad generan recursos; y las políticas educativas, laborales, tributarias y sociales ayudan a convertir esas posibilidades en oportunidades efectivas. Ninguna de esas dimensiones reemplaza a las demás.

El Papa insiste especialmente en la dignidad del trabajo y en la necesidad de preparar a los jóvenes para las transformaciones tecnológicas.

Para la Argentina, eso implica discutir no sólo cuántos puestos de trabajo se generan, sino su calidad, sus remuneraciones y las herramientas disponibles para mejorar. El desafío es que una recuperación económica pueda sentirse también en el ingreso familiar y en la posibilidad de construir un proyecto de vida.

El verdadero balanceLeón XIV no viene a presentar un plan económico ni a resolver, desde una visita pastoral, los problemas estructurales de nuestro país.

Sus palabras, sin embargo, proponen un criterio para juzgar nuestros avances: observar si el progreso abre puertas o si deja a buena parte de la sociedad mirando desde afuera.

Cuando termine la visita y se apaguen las cámaras, la pregunta seguirá entre nosotros: ¿estamos construyendo una economía que únicamente produce mejores indicadores o una sociedad donde más personas puedan vivir de su trabajo, estudiar, emprender y proyectar su futuro?

Quizás ese sea el mensaje económico más profundo de estos días: la verdadera medida del desarrollo no está solamente en cuánto produce un país, sino en cuántas vidas logra mejorar.

Pero la mayor contribución de León XIV podría ser otra: recordarnos que los grandes problemas de un país no se resuelven desde un solo sector ni enfrentándonos permanentemente. En Magnifica Humanitas afirma: «Ninguna mano, por sí sola, basta para sostener el peso de los desafíos que atraviesa el mundo».

Esa idea puede ser especialmente valiosa para la Argentina: recuperar la capacidad de encontrarnos, escucharnos y trabajar por objetivos comunes, desde el Estado, las empresas, los trabajadores y las organizaciones sociales.

Si su visita consigue sembrar esa convicción, nos dejará mucho más que cuatro días de emoción y una fotografía histórica.

Su verdadero legado estará en lo que seamos capaces de construir después de que se haya ido.

Octubre, noviembre, diciembre y parte de enero pondrán a prueba no solamente la organización operativa del municipio, sino su capacidad para proteger el trabajo, la economía local y las finanzas públicas.

El último dato del INDEC es tan preocupante como revelador: en el primer semestre de 2026, el 56,2% de los habitantes de Concordia estaba bajo la línea de pobreza y el 12,7% en la indigencia.

Hay una comparación que no debería pasar inadvertida: el 56,2% es exactamente el mismo porcentaje registrado en el segundo semestre de 2023, cuando comenzaba la actual gestión municipal. Hubo oscilaciones entre ambas mediciones, pero casi tres años después volvemos al mismo punto.

Al menos en este indicador decisivo, todavía no aparece el cambio sostenido que nuestra ciudad necesita.Detrás de esos porcentajes hay miles de familias para las cuales una evacuación no significa solamente dejar una vivienda: significa perder días de trabajo, mercadería, herramientas, muebles, ingresos y, muchas veces, la posibilidad de recuperarse sin ayuda. El agua no afecta a todos por igual: castiga con más fuerza a quienes menos tienen.

El impacto no termina en las viviendas anegadas. Una creciente prolongada puede retraer el consumo, interrumpir el transporte, desalentar visitas, afectar servicios y complicar al comercio, el turismo, la gastronomía y la hotelería. Particular preocupación merece la Costanera y todo su corredor comercial y gastronómico: allí trabajan familias, empleados, pequeños empresarios y emprendedores cuya subsistencia depende de la continuidad de la actividad.

¿Cuánto tiempo puede resistir un establecimiento con ingresos mínimos o nulos, mientras siguen venciendo alquileres, salarios, servicios e impuestos?

Una contingencia de larga duración pone en juego mucho más que una temporada turística: puede comprometer la supervivencia de negocios y puestos de trabajo.

Y sus efectos se trasladan al resto de Concordia, porque cada peso que deja de circular en ese corredor también deja de alimentar otras actividades locales. No estamos hablando solamente de daños materiales; hablamos del riesgo de perder capacidad productiva y empleo.

Desde las finanzas públicas, la ecuación es particularmente exigente. Una emergencia aumenta las erogaciones en evacuación, alimentación, salud, limpieza, traslado, mantenimiento y reparación de infraestructura.

Al mismo tiempo, el deterioro de la actividad comercial y la imposibilidad de pago de los contribuyentes pueden reducir la recaudación municipal. Es el peor cruce para cualquier administración: necesidades crecientes y recursos potencialmente menguantes.

Por ello se necesita un presupuesto de contingencia identificable, un flujo de fondos actualizado y prioridades explícitas. ¿Qué partidas se reasignarán? ¿Qué gastos podrán postergarse sin afectar servicios esenciales? ¿Qué respaldo se buscará de la Provincia y de la Nación? ¿Cómo se financiará la asistencia si el fenómeno continúa durante el verano? No alcanza con facultades excepcionales: cada peso debe tener destino, control y rendición pública.

En otras emergencias, la respuesta fiscal suele limitarse a eximir uno o dos períodos de la tasa comercial o de la tasa inmobiliaria a los contribuyentes inundados. Frente a una afectación prolongada, eso podría resultar insuficiente. El comerciante que permanece cerrado, o que vuelve a abrir con ventas muy reducidas, no recupera sus ingresos por el solo hecho de dejar de pagar una o dos anticipos.

Habrá que estudiar un régimen extraordinario de estímulo fiscal para los contribuyentes efectivamente afectados: exenciones o reducciones escalonadas según el daño y la duración de la interrupción, prórrogas amplias, planes especiales sin recargos desproporcionados y medidas de acompañamiento para el reinicio de actividades. También será importante gestionar financiamiento accesible para capital de trabajo y recuperación de instalaciones.

Los beneficios deberán ser temporales, verificables y financieramente sostenibles. El propósito no es resignar recursos sin criterio, sino evitar que el municipio termine cobrando tasas sobre actividades que ya no existen.

La infraestructura debe ocupar un lugar central. Desagües, canales, arroyos, calles, accesos a barrios, saneamiento y recolección de residuos necesitan mantenimiento y coordinación permanentes. A la amenaza del río Uruguay se suman las inundaciones urbanas por lluvias intensas. Hay que identificar puntos críticos, ejecutar trabajos preventivos y comunicar mapas de riesgo y vías de asistencia. Desde la economía pública, la prevención es una inversión: su costo debe compararse con el daño social, productivo y patrimonial que permite evitar.

La política social tampoco puede agotarse en una cama y un plato de comida durante la evacuación. Hace falta prever medicamentos, escolaridad, acompañamiento a personas mayores, reposición de elementos básicos, reparación de viviendas y herramientas para recuperar ingresos. La asistencia debe continuar después de que baja el agua: para muchas familias, allí comienza la etapa más difícil.

El municipio cuenta con una emergencia hídrica y climática declarada y se han comunicado medidas operativas de preparación. Es un punto de partida, pero la comunidad necesita conocer un plan integral que articule protección civil, política social, actividad económica, infraestructura, política tributaria y financiamiento.

Sería oportuno que el intendente presentara públicamente los escenarios previstos, las prioridades, los responsables y los mecanismos de evaluación. La incertidumbre climática no justifica la incertidumbre en la gestión.

Además, los últimos meses del año concentran salarios, aguinaldo, compromisos con proveedores, fiestas y expectativas sobre la temporada turística. Ese calendario añade presión sobre las familias y sobre la caja municipal. En este contexto, la discusión de candidaturas para 2027 puede esperar. No se trata de suspender la política, sino de ponerla al servicio de las urgencias de Concordia.

Una convocatoria del intendente a todas las fuerzas políticas, las instituciones, los sectores productivos y las organizaciones sociales sería una señal valiosa. Para construir respuestas compartidas hacen falta humildad institucional, escucha y apertura; también una oposición dispuesta a proponer, controlar y colaborar sin renunciar a sus convicciones. La inundación no distingue oficialismo y oposición: las soluciones tampoco deberían hacerlo.

Tal vez estos sean los meses más difíciles de la actual gestión municipal. No porque pueda exigírsele a un intendente controlar el clima, sino porque sí puede exigírsele anticipación, planificación, prioridades claras, sensibilidad social, prudencia fiscal y capacidad de conducción.

Concordia enfrenta esta amenaza con más de la mitad de su población en la pobreza, exactamente la misma proporción que registraba al inicio de la gestión. No podemos permitirnos que una emergencia climática profundice una crisis económica y social que todavía no hemos logrado revertir.

En definitiva, esta verdadera tormenta perfecta, donde confluyen dificultades económicas, vulnerabilidad social y riesgos climáticos de consecuencias potencialmente graves, pondrá a prueba la capacidad de respuesta del gobierno municipal.

Será el momento de demostrar si está preparado para enfrentar semejante desafío, porque el verdadero cambio no se anuncia: se demuestra con decisiones, resultados y, fundamentalmente, estando a la altura de las circunstancias cuando la comunidad más lo necesita.

El Proyecto de Presupuesto Nacional 2027 mantiene con claridad el eje que el Gobierno viene sosteniendo desde fines de 2023: equilibrio fiscal, restricción del financiamiento monetario del Tesoro, administración del frente cambiario y un Estado nacional de menor tamaño relativo.

La meta fiscal vuelve a ocupar el centro del programa. Para la Administración Nacional se proyecta un superávit primario cercano al 1,1% del PBI y también un resultado financiero positivo. Desde el punto de vista de las finanzas públicas, preservar el equilibrio fiscal es una condición importante: reduce la necesidad de emisión para financiar al Tesoro, limita el crecimiento de la deuda originada en déficits recurrentes y contribuye a la previsibilidad.

Pero el presupuesto se construye sobre supuestos. Y allí comienza la discusión más interesante. Para 2027 el Gobierno proyecta un crecimiento real del PBI del 4%, una inflación de diciembre contra diciembre del 18% y un dólar oficial de $1.847,6 al finalizar el año. A su vez, el propio proyecto estima un crecimiento del 3% y una inflación del 29% para 2026. Es decir, supone que el año próximo la economía acelerará su crecimiento mientras la inflación volverá a reducirse de manera considerable.

Cada uno de estos supuestos podría resultar alcanzable si se lo analiza de manera aislada. La verdadera cuestión, sin embargo, es si todos pueden cumplirse simultáneamente. Lograr que la economía crezca un 4%, mientras la inflación desciende al 18%, se mantiene el superávit fiscal y el tipo de cambio aumenta por debajo del nivel general de precios exige una combinación particularmente favorable de crecimiento, inversión, consumo, expectativas y estabilidad cambiaria. El desafío del Presupuesto 2027 no está, entonces, solamente en la razonabilidad individual de cada proyección, sino en la consistencia del escenario macroeconómico completo sobre el cual fueron calculados los ingresos y los gastos del Estado.

No son metas imposibles. Pero sí son exigentes. Y lo son todavía más porque 2027 será un año electoral. La experiencia argentina demuestra que los procesos electorales suelen aumentar la incertidumbre, postergar algunas decisiones de inversión y elevar la sensibilidad sobre el dólar y las expectativas de inflación.

No significa que necesariamente deba producirse una crisis cambiaria o inflacionaria; significa que el margen de error de las proyecciones debería ser contemplado con especial prudencia.

Además, el punto de partida de 2026 obliga a moderar el entusiasmo. El PBI del segundo trimestre creció 2% frente al mismo período del año anterior, pero cayó 0,6% respecto del trimestre previo en términos desestacionalizados. En julio, el estimador mensual de actividad económica volvió a mostrar una caída, mientras industria, construcción y algunos indicadores de consumo presentaron debilidad.

Las ventas reales de supermercados, por ejemplo, acumulaban una reducción durante los primeros siete meses del año. La economía no está detenida, pero tampoco muestra todavía una expansión suficientemente sólida y generalizada como para considerar asegurado un crecimiento del 4% en 2027.

Este punto es fundamental porque las variables macroeconómicas no son decorativas. Si la economía crece menos de lo previsto, la recaudación puede ser menor. Si la inflación supera el 18%, cambian los gastos indexados y las partidas que permanecen nominalmente fijas pierden poder de compra. Si el tipo de cambio aumenta más que el 15,5% implícito en el proyecto, aparecen efectos sobre precios, subsidios, deuda y costos del propio Estado. El presupuesto puede conservar el objetivo de equilibrio fiscal, pero para hacerlo probablemente deba modificar durante el año la composición o el nivel real del gasto.

Por eso hubiera sido particularmente útil que el Proyecto 2027 incorporara escenarios de sensibilidad. No alcanza con saber qué ocurrirá si todo sucede como está previsto. También sería conveniente conocer qué pasaría con las cuentas públicas si la inflación terminara, por ejemplo, en 25% en lugar de 18%; si la economía creciera 2% en vez de 4%; o si el dólar finalizara por encima de lo presupuestado. En un país con la volatilidad histórica de la Argentina, presupuestar escenarios alternativos no es pesimismo: es mejorar la calidad de la planificación.

El gasto público muestra, al mismo tiempo, algunos cambios que deben reconocerse. El proyecto no plantea una reducción uniforme de todas las partidas respecto de 2026. Hay recomposiciones reales en determinadas prestaciones sociales y áreas del Estado. El problema aparece cuando la comparación se extiende hasta 2023. Educación, ciencia y tecnología, infraestructura y otras funciones estratégicas continúan en varios casos por debajo de aquellos niveles reales, aun cuando mejoren respecto del piso alcanzado después del ajuste.

La obra pública merece un capítulo especial. La inversión nacional continúa en niveles reducidos y el modelo apuesta a una mayor participación privada, concesiones y transferencia de responsabilidades. La participación privada es necesaria y puede ser muy eficiente allí donde existe una rentabilidad económica capaz de financiar el proyecto. Pero no toda obra pública tiene esa característica. Un camino secundario, una obra hídrica, un sistema de saneamiento, una escuela o determinada infraestructura urbana pueden tener una enorme rentabilidad social y, al mismo tiempo, una rentabilidad privada insuficiente para atraer capital. Pretender que el mercado sustituya integralmente al Estado en esos casos puede significar, sencillamente, que esas obras no se realicen.

A esto se agrega una discusión que la Argentina posterga desde hace décadas: el federalismo fiscal. En los últimos años se transfirieron o redujeron funciones nacionales que terminaron recayendo sobre provincias y municipios, pero esa descentralización de responsabilidades no siempre estuvo acompañada por una descentralización equivalente y permanente de recursos.

El problema no es solamente quién ejecuta una política, sino quién la financia. Transferir una función sin los recursos correspondientes no reduce necesariamente el gasto público consolidado: muchas veces solamente cambia el nivel de gobierno que debe afrontarlo.

También debe analizarse con cuidado la apuesta a que el sector privado sea el gran motor del crecimiento. El razonamiento oficial es comprensible: estabilizadas las cuentas públicas, reducida la inflación y mejoradas las reglas económicas, deberían aumentar la confianza, la inversión y el consumo.

Sin embargo, esa transmisión no es automática. Una empresa no invierte solamente porque exista equilibrio fiscal; invierte cuando, además, espera vender más, encuentra financiamiento, percibe reglas sostenibles y considera rentable inmovilizar capital durante varios años. Y una familia no aumenta su consumo únicamente porque baje la inflación; lo hace cuando mejora su ingreso disponible y tiene confianza sobre su empleo y su futuro.

Ésa es quizás la principal incógnita que deja el Presupuesto 2027. El Gobierno ha demostrado que coloca el equilibrio fiscal como una restricción central y ha conseguido avances importantes en materia de estabilización. Pero el desafío que comienza ahora es diferente: transformar esa estabilidad en inversión productiva, empleo formal, aumento sostenido del consumo y crecimiento. El equilibrio fiscal puede ser una condición necesaria para conseguirlo, pero por sí solo no lo garantiza.

Por eso, más que discutir si el Presupuesto 2027 es optimista o pesimista, deberíamos preguntarnos si es suficientemente realista. Un presupuesto serio debería preservar la disciplina fiscal, pero también contemplar márgenes de contingencia; recuperar gradualmente la inversión pública que tenga alta rentabilidad social; fortalecer educación, ciencia, tecnología y capital humano; avanzar hacia un federalismo en el que las funciones transferidas tengan recursos asociados; y establecer mecanismos claros para actuar cuando las variables reales se aparten de las previstas.

Después de varios años en los que la discusión económica argentina estuvo dominada por el déficit y la inflación, alcanzar mayor orden macroeconómico es un avance relevante. Pero no debería confundirse el instrumento con el objetivo final. El equilibrio fiscal no es un fin en sí mismo, del mismo modo que tampoco lo es una determinada tasa de inflación o un determinado valor del dólar. Son condiciones que deberían permitir construir una economía más estable y previsible.

La verdadera prueba del Presupuesto 2027 será, entonces, mucho más sencilla de entender para cualquier ciudadano que sus cientos de planillas: si dentro de un año la Argentina tiene más inversión, más empresas produciendo, más empleo privado formal, mejores ingresos reales y una economía capaz de crecer sin volver a desequilibrarse. Porque un presupuesto puede cerrar perfectamente en una planilla y, sin embargo, quedar lejos de la realidad. La calidad de las finanzas públicas consiste precisamente en evitar esa distancia.

Por eso, la presentación del Presupuesto 2027 debería haber abierto una discusión de enorme relevancia institucional. Sin embargo, apenas ingresó al Congreso, una parte del debate quedó atrapada en la interna del propio oficialismo.

Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, manifestó públicamente que desconocía modificaciones incorporadas al proyecto vinculadas con discapacidad y llegó a calificarlas como una “bomba atómica”. Después, un video suyo utilizando una canción de Lali Espósito terminó agregando otro capítulo político a la controversia.

Más allá de las diferencias internas, el episodio deja una imagen preocupante: una de las principales autoridades parlamentarias del oficialismo diciendo que no conocía aspectos relevantes de la principal ley económica que el Poder Ejecutivo acababa de enviar al Congreso. El problema, entonces, no es la anécdota ni quién tiene razón en esa discusión. El problema es qué lugar le estamos dando institucionalmente al presupuesto.

La cuestión adquiere mayor dimensión por los antecedentes recientes. Durante 2024 y 2025 el Gobierno nacional administró mediante la prórroga del Presupuesto 2023. La legislación permite la reconducción cuando no existe una nueva ley aprobada, pero que sea jurídicamente posible no significa que sea institucionalmente deseable. Mucho menos en una economía atravesada por inflación, cambios profundos en precios relativos, reorganización del Estado y modificaciones sustanciales en la composición del gasto público.

Recién para 2026 volvió a existir un presupuesto aprobado por el Congreso. Y ahora estamos frente al proyecto para 2027, el último ejercicio completo del actual mandato presidencial. Después de aquella experiencia, cabría esperar que su presentación y discusión recuperaran toda la centralidad que una ley de esta naturaleza merece.

En cuanto a sus números, el proyecto proyecta para 2027 un crecimiento del PBI del 4%, una inflación anual del 18% y un dólar mayorista de aproximadamente $1.847 hacia diciembre. Mantiene además como eje el superávit fiscal. La disciplina fiscal es un objetivo relevante: ningún Estado puede sostener indefinidamente un nivel de gasto incompatible con sus recursos. Pero equilibrio fiscal y calidad presupuestaria no son exactamente lo mismo.

El primer interrogante está en la consistencia de los supuestos. Crecer 4% mientras la inflación baja al 18% supone consolidar simultáneamente la recuperación de la actividad, la desinflación, el equilibrio de las cuentas públicas y un sector externo capaz de acompañar ese crecimiento. Son metas oficiales que el Congreso debería examinar con detenimiento, especialmente después de que para 2026 el propio presupuesto había proyectado un crecimiento del 5% y el proyecto actual redujo esa estimación al 3%.

También existen cuestionamientos importantes sobre el articulado. Entre otros puntos, el proyecto propone eliminar el mecanismo legal de actualización automática de las asignaciones familiares, incluida la AUH, sin establecer en ese artículo una fórmula automática equivalente que lo sustituya.

Además, incorpora modificaciones relevantes al régimen de prestaciones y pensiones vinculadas con discapacidad. Son decisiones que pueden ser propuestas por el Poder Ejecutivo, pero precisamente por sus consecuencias fiscales y sociales deberían ser identificadas, explicadas y discutidas con absoluta claridad.

Y allí aparece otra cuestión central. Una ley de presupuesto no debería transformarse en un vehículo para introducir modificaciones sustanciales que terminen descubriéndose después de su ingreso al Congreso. La complejidad técnica de un presupuesto no puede convertirse en una forma de opacidad. Por el contrario, cuanto más compleja es la herramienta, mayor debería ser la obligación de transparentar sus supuestos, prioridades y consecuencias.

La Argentina ha discutido durante décadas déficit, emisión, deuda, inflación y presión tributaria. Mucho menos hemos discutido la calidad de nuestras instituciones fiscales. Y esa dimensión también importa. Un país necesita equilibrio fiscal, pero también presupuestos realistas, información confiable, control parlamentario, previsibilidad y rendición de cuentas.

El presupuesto es, además, una expresión concreta del sistema republicano: el Ejecutivo propone y el Congreso autoriza. No es un trámite administrativo. Tampoco debería ser una formalidad que se cumple simplemente enviando cientos de páginas y planillas antes de una fecha determinada. Es el momento en que una administración explica cómo piensa utilizar los recursos de toda la sociedad y se somete al control de sus representantes.

Por eso resulta paradójico que la discusión inicial del Presupuesto 2027 haya quedado asociada a “bombas”, videos y disputas internas. Las verdaderas preguntas son otras: si las proyecciones macroeconómicas son consistentes, si los recursos estimados son realistas, cuáles son las prioridades del gasto, qué ocurre si las variables no se cumplen y cuánto margen efectivo conservará el Congreso sobre aquello que finalmente apruebe.

Después de dos años de presupuestos prorrogados, la Argentina debería aprovechar la recuperación del debate presupuestario para fortalecer su institucionalidad. Porque ordenar las cuentas públicas es indispensable, pero no suficiente. La calidad de una administración financiera también se mide por la forma en que planifica, autoriza, ejecuta y controla los recursos públicos.

Y quizás allí esté la verdadera “bomba” del Presupuesto 2027: que mientras la política discute quién puso una bomba en el proyecto, quién sabía que estaba allí y qué canción eligió después una senadora para responder, terminemos perdiendo de vista algo mucho más importante: que estamos hablando de la ley que define cómo el Estado argentino piensa administrar los recursos de toda la sociedad durante el próximo año.

Después de tantos años de debilidad institucional, el país debería poder discutir su Presupuesto con bastante más seriedad.

Porque cuando hasta la principal herramienta de administración financiera del Estado termina absorbida por el espectáculo y la interna política, el problema ya no es solamente económico.

Es la institucionalidad argentina la que vuelve a quedar en deuda.

El debate ya no es si hay que digitalizarse, sino cómo acompañar desde las políticas públicas este proceso sin que el comercio local pierda rentabilidad, competitividad y el vínculo con sus propios clientes.

Hay cambios económicos que avanzan casi sin ruido hasta que un día descubrimos que las reglas ya son distintas. Durante décadas, para un comerciante era decisivo elegir una buena ubicación, cuidar los costos y construir una relación con sus clientes. Hoy todo eso sigue siendo importante, pero ya no alcanza. La vidriera más transitada de muchos negocios está dentro de un teléfono y, en esa vidriera, el comerciante no siempre decide qué producto aparece primero ni qué competidor queda a su lado. Lo decide una plataforma.

Los datos locales muestran que no estamos hablando del futuro. Durante 2026, el 58,3% de los comerciantes relevados por el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia ya realiza operaciones online. Para el 34,8%, ese canal representa entre el 1% y el 25% de sus operaciones, mientras que un 41,7% todavía no vende por internet. Desde las finanzas públicas y el desarrollo económico local, este dato merece atención: cuando cambia el comercio, también deben cambiar las políticas destinadas a sostener la actividad económica de una ciudad.

Ya no competimos solamente entre nosotrosLa primera realidad que hay que asumir es que desaparecieron buena parte de las antiguas fronteras comerciales. Una empresa de Concordia puede ofrecer sus productos en cualquier punto del país sin abrir sucursales ni montar una estructura propia de cobranzas y logística. Es una oportunidad extraordinaria para las PyMEs. Pero la misma puerta funciona en sentido contrario: todos los comercios del país pueden competir hoy por el consumidor concordiense.

La dimensión del fenómeno lo confirma. Durante el primer semestre de 2026, el comercio electrónico argentino movilizó más de $19,5 billones, con una facturación 28% superior a la del mismo período de 2025; se realizaron 181,5 millones de órdenes de compra y se comercializaron 248 millones de artículos. Incluso quien termina comprando en un local físico llega condicionado por esa nueva realidad: durante 2025, el 85% de los consumidores buscó información online antes de concretar una compra. Muchas veces entra al comercio con el precio de internet en la cabeza.

Vender más no significa necesariamente ganar másDesde una mirada financiera, éste es uno de los puntos centrales. Mercado Libre informa cargos por vender productos en Argentina que pueden ubicarse entre el 11,62% y el 17,75% del valor comercializado, según categoría y provincia. A ello pueden agregarse costos por unidad, logística, publicidad, impuestos y determinados esquemas de financiación cuyos cargos pueden superar por sí mismos el 10%. Las plataformas brindan servicios reales y valiosos -acceso a millones de consumidores, medios de pago, reputación, prevención de fraude, financiamiento y logística-, pero todo eso tiene un costo que debe entrar en la cuenta.

Para una gran empresa, algunos puntos porcentuales pueden absorberse con escala. Para una PyME con márgenes reducidos, pueden transformar una operación aparentemente exitosa en una venta de rentabilidad mínima o incluso negativa. Por eso la pregunta relevante no es sólo cuánto se vende por una plataforma, sino cuánto se gana efectivamente por cada peso vendido. Confundir facturación con rentabilidad puede ser uno de los errores más costosos de una digitalización sin control de números.

El verdadero poder está en la informaciónExiste, además, un activo todavía más estratégico que la comisión: los datos. En el comercio tradicional, la relación con el cliente permitía conocer quién compraba, qué buscaba y cuándo regresaba. En las plataformas, una parte significativa de esa información pasa por un tercero capaz de procesar millones de búsquedas, ventas, precios, medios de pago y preferencias. Mientras cada comercio observa una pequeña porción del mercado, la plataforma puede observar prácticamente todo lo que ocurre dentro de su ecosistema.Por eso competir digitalmente ya no depende solamente de precio, calidad o servicio: también depende de ser visible para el algoritmo. Antes una esquina estratégica podía ser una ventaja competitiva; hoy también puede serlo aparecer entre los primeros resultados de una pantalla cuyas reglas el comerciante no controla. El material incorpora además estudios sobre inteligencia artificial aplicada a la fijación de precios, lo que abre un interrogante sobre el creciente peso de sistemas automatizados capaces de procesar información a una escala imposible para un comerciante individual.

La política pública también tiene que digitalizarseFrente a esta realidad, sería un error plantear una batalla entre comercio tradicional y plataformas. El comercio local conserva ventajas que ninguna plataforma puede reproducir completamente: conocimiento personal del cliente, asesoramiento, entrega inmediata, atención posventa y confianza dentro de una comunidad. La estrategia debería ser combinar esas fortalezas con las posibilidades del mundo digital.

Allí aparece un espacio concreto para la política pública local. Más de cuatro de cada diez establecimientos relevados todavía no realizan ventas online. El material plantea programas conjuntos entre municipio, universidades, cámaras empresarias y entidades profesionales para capacitar a las PyMEs en costos digitales, comercio electrónico, inteligencia artificial, publicidad online, logística, manejo de datos y estrategias omnicanal. También propone servicios compartidos de fotografía de productos, catálogos, tiendas digitales, gestión de clientes y logística urbana, herramientas costosas para una empresa individual pero posibles si se organizan colectivamente.

En este contexto, el gobierno local debería asumir un rol activo de articulación y acompañamiento, no para sustituir al comerciante, sino para darle herramientas que hoy resultan decisivas para competir. Esto implica impulsar, junto con universidades, cámaras empresarias y entidades profesionales, capacitación permanente en costos digitales, comercio electrónico, inteligencia artificial, publicidad online, logística y manejo de datos; y facilitar servicios compartidos de fotografía, catálogos, tiendas digitales, gestión de clientes y logística urbana. El objetivo debe ser reducir las barreras de entrada a la economía digital y fortalecer la autonomía comercial de las PyMEs locales.No se trata de construir un “Mercado Libre local” ni de competir contra la escala de las grandes plataformas. La tarea es otra: preparar al comercio de Concordia para utilizar esas herramientas sin perder identidad, rentabilidad ni la relación directa con sus clientes. Digitalizar no significa simplemente abrir una cuenta en una red social; significa conocer costos, medir márgenes, administrar información y comprender dónde termina la conveniencia de utilizar una plataforma y dónde comienza una dependencia que puede debilitar al negocio.

El mostrador no desapareció: cambió de lugar. Una parte continúa en la calle, detrás de una vidriera; otra está dentro de un teléfono. Para Concordia, la oportunidad es enorme porque sus empresas pueden acceder a mercados antes inalcanzables, pero el riesgo también existe porque el consumidor local quedó abierto a la competencia de todo el país.

La verdadera pregunta, entonces, es si el comercio concordiense ingresará a esta nueva economía preparado para aprovecharla o simplemente obligado a adaptarse a reglas diseñadas por otros. Y allí las políticas públicas tienen una responsabilidad concreta: no reemplazar al empresario ni competir con las plataformas, sino generar capacidades para que las PyMEs puedan utilizarlas como una herramienta de crecimiento y no terminar dependiendo de ellas para sobrevivir. Porque en la economía digital hay algo tan importante como vender: conservar la rentabilidad, la información y el vínculo con el cliente.

Existe una paradoja que comienza a atravesar a la sociedad argentina y que puede convertirse en uno de los fenómenos políticos más importantes de los próximos años. Los jóvenes fueron protagonistas centrales del fenómeno que llevó a Javier Milei a la Presidencia de la Nación. No fueron solamente electores: fueron, en buena medida, el combustible cultural de aquella ruptura. En 2023, mientras buena parte de la política tradicional intentaba interpretar qué estaba sucediendo, una generación cansada de inflación, crisis recurrentes, falta de oportunidades y discursos que ya no la representaban encontró en Milei una expresión de rebeldía.Los estudios previos al balotaje ya mostraban claramente esa tendencia. Una encuesta de Explanans ubicaba a Milei con el 61,2% de intención de voto entre los jóvenes de 18 a 30 años frente al 37,4% de Sergio Massa. Otros relevamientos coincidían en señalar al voto joven como uno de los pilares fundamentales de la construcción libertaria. Muchos de esos jóvenes no votaron solamente un programa económico: votaron contra algo. Contra la inflación, contra una política que consideraban envejecida, contra la dificultad de acceder a una vivienda, contra empleos que no permitían independizarse y contra un país donde estudiar, trabajar y esforzarse había dejado de garantizar movilidad social. Votaron, esencialmente, buscando futuro.

Casi tres años después aparece una pregunta inevitable: ¿ese futuro llegó?Los últimos datos conocidos obligan, como mínimo, a discutirlo. Un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina muestra una realidad profundamente preocupante: entre los jóvenes de 18 a 25 años, solamente el 14,2% posee un empleo formal; el 22,5% se encuentra en empleos irregulares, changas, actividades intermitentes o atravesó recientemente el desempleo; otro 10,7% lleva más de seis meses sin trabajo y el 36,6% permanece económicamente inactivo. En conjunto, prácticamente siete de cada diez jóvenes se encuentran inactivos, desempleados o vinculados a empleos irregulares.El problema se vuelve todavía más grave cuando se observa la relación entre trabajo y educación. Solamente el 26,6% puede dedicarse exclusivamente a estudiar, un 39,7% trabaja pero no estudia y apenas el 13% consigue estudiar y trabajar simultáneamente. Mientras tanto, el 20,7% de los jóvenes directamente no estudia ni trabaja. 

Detrás de esos promedios aparece una desigualdad todavía más profunda: entre los sectores socioeconómicos más bajos, la proporción de jóvenes que no estudia ni trabaja alcanza el 34,2%, mientras que en los sectores medios altos es apenas del 8,3%. El lugar donde una persona nace continúa condicionando demasiado el lugar al que puede llegar, y ese es probablemente uno de los mayores fracasos que puede tener una sociedad.Sería intelectualmente incorrecto atribuir toda la precariedad juvenil al actual Gobierno. Argentina arrastra desde hace muchos años problemas estructurales de informalidad, baja productividad, estancamiento económico y dificultades para incorporar a los jóvenes al empleo formal.La propia UCA describe este deterioro como un proceso de largo plazo. Pero reconocer la herencia recibida no significa eximir al presente de sus responsabilidades, porque un gobierno debe ser evaluado no solamente por los problemas que recibió sino también por los problemas que comienza a resolver.Y los datos recientes del mercado laboral muestran señales preocupantes. Según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el CONICET basado en datos del INDEC, la informalidad laboral alcanzó el 44,2% de los ocupados durante el primer trimestre de 2026, dos puntos porcentuales más que un año atrás. La UCA, por su parte, encontró que entre 2023 y 2025 aumentó el peso del sector microinformal dentro del empleo y que la precariedad laboral pasó del 51,9% al 54,5% de los trabajadores relevados.

Puede existir estabilidad fiscal, puede descender la inflación y puede ordenarse la macroeconomía. Todo eso es necesario. Pero ninguna estabilización económica puede considerarse completa mientras millones de argentinos —y especialmente los más jóvenes— permanezcan fuera del empleo productivo, formal y bien remunerado. La estabilidad debe ser el punto de partida del desarrollo, no su punto de llegada.La otra dimensión del problema es la educación.Durante décadas, uno de los grandes mecanismos de movilidad social argentina fue relativamente sencillo de explicar: una familia trabajadora podía imaginar que sus hijos, mediante la educación pública y especialmente la universidad, alcanzarían una situación económica y profesional mejor que la de sus padres. Ese contrato social comenzó a deteriorarse y, en los últimos años, el conflicto por el financiamiento universitario agregó una nueva señal de incertidumbre.

El Consejo Interuniversitario Nacional estimó que las transferencias a las universidades nacionales acumularon una caída real del 45,6% entre 2023 y comienzos de 2026 y calculó que los salarios universitarios habían perdido alrededor del 32% de su poder adquisitivo entre noviembre de 2023 y febrero de este año. Durante 2026 el Gobierno acordó una recomposición salarial del 24,33%, un incremento del 20% para gastos de funcionamiento y una actualización del 50% para las becas Manuel Belgrano. El propio CIN consideró esos avances positivos, aunque insuficientes, y continúa reclamando la aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario. El Gobierno, por su parte, sostiene que viene cumpliendo las transferencias y los compromisos asumidos en el acuerdo de junio.Más allá de esa controversia, hay algo que debería preocupar a cualquier gobierno independientemente de su ideología: un país que reduce las expectativas educativas, científicas y profesionales de sus jóvenes está comprometiendo su propia capacidad de desarrollarse. Porque el futuro económico no se construye únicamente disminuyendo el gasto público; también se construye formando ingenieros, médicos, programadores, científicos, docentes, técnicos, investigadores y emprendedores.Aquí aparece entonces la gran contradicción. La generación que probablemente más creyó en la promesa de romper con el pasado comienza a enfrentarse con una realidad en la cual independizarse sigue siendo difícil, conseguir un empleo formal continúa siendo una excepción para muchos, acceder a una vivienda parece cada vez más lejano y completar una carrera universitaria supone un esfuerzo económico creciente. Pero sería un error político enorme interpretar automáticamente esa frustración como un regreso al pasado.Los jóvenes que votaron a Milei no necesariamente se están haciendo peronistas, radicales o del Pro. Muchos continúan rechazando precisamente aquello contra lo que votaron en 2023. Y allí aparece el dato posiblemente más revelador: un relevamiento reciente realizado entre jóvenes de barrios populares encontró que, de cada diez que votaron a Milei en 2023, cuatro aseguran que hoy no volverían a hacerlo. Pero solamente la mitad de esos jóvenes migraría hacia el peronismo u otra fuerza política; la otra mitad permanece indecisa o podría directamente no votar. Eso significa que el desencanto existe, pero todavía no encontró representación.También las encuestas nacionales aconsejan evitar conclusiones apresuradas.

En julio de 2026, el Índice de Confianza en el Gobierno elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella registró una caída del 23% entre los jóvenes de 18 a 29 años, llevando el indicador juvenil a 1,68 puntos. La caída encendió alarmas dentro del propio oficialismo, donde comenzaron a reconocer dificultades para retener parte del electorado joven. Sin embargo, durante agosto ocurrió exactamente lo contrario: la confianza de los jóvenes rebotó fuertemente hasta 2,80 puntos y volvió a convertirse en la más alta entre los diferentes grupos etarios.Es decir, todavía no existe un divorcio definitivo entre Milei y los jóvenes. Lo que existe es algo políticamente quizá más importante: una generación extraordinariamente volátil, sin fidelidades partidarias demasiado sólidas y dispuesta a cambiar nuevamente si siente que el proyecto que eligió dejó de representar sus expectativas. Incluso la participación electoral muestra señales de esa distancia. En las elecciones de 2025 votó aproximadamente el 65,5% de los jóvenes de 18 a 29 años, frente al 73,4% de quienes tenían entre 30 y 49 años y alrededor del 80% de los electores entre 50 y 69. El primer destino del desencanto político puede no ser otra fuerza; puede ser la abstención.Aquí aparece probablemente la principal enseñanza para quienes pretendan construir una alternativa política. No alcanza con decirles a los jóvenes que Milei fracasó, y mucho menos alcanza con proponerles regresar exactamente al modelo que rechazaron en 2023.La discusión que viene será mucho más profunda: habrá que ofrecerles estabilidad económica y desarrollo, equilibrio fiscal y movilidad social, un Estado eficiente y una economía productiva, inversión privada y educación pública de calidad, competencia y protección frente a la precariedad, tecnología, innovación, ciencia, crédito, vivienda y empleo formal.Porque ninguna sociedad puede considerarse exitosa cuando sus jóvenes sienten que trabajar no alcanza, estudiar resulta cada vez más difícil y tener una casa propia se transforma en una fantasía. La Argentina necesita volver a construir algo mucho más importante que un indicador económico: la expectativa de progreso. Que un joven pueda imaginar que dentro de cinco años estará mejor que hoy; que estudiar tendrá sentido; que trabajar permitirá independizarse; que ahorrar permitirá construir patrimonio; que emprender no será una aventura imposible; y que quedarse en la Argentina pueda volver a ser una decisión racional y no solamente afectiva.La gran disputa política de los próximos años puede estar justamente allí. Milei entendió antes que buena parte de la dirigencia que existía una generación cansada del pasado y logró transformarla en una enorme fuerza electoral. Pero ahora enfrenta un desafío mucho más difícil: demostrar que aquella ruptura puede convertirse efectivamente en futuro. Porque los jóvenes probablemente no quieran regresar al pasado, pero tampoco permanecerán indefinidamente en un presente que no les ofrezca futuro.

La Argentina se prepara para incorporar, a partir del 1° de noviembre de 2026, una innovación relevante dentro de su sistema laboral: el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Más allá del debate político que acompaña toda modificación de las reglas laborales, resulta conveniente analizar el instrumento desde una perspectiva económica y financiera: qué problema intenta resolver, cuáles pueden ser sus beneficios y qué condiciones deberán cumplirse para que funcione adecuadamente. El sistema indemnizatorio tradicional genera para las empresas un pasivo potencial que aumenta con la antigüedad de los trabajadores y la evolución de los salarios, pero que normalmente no cuenta con un activo específicamente reservado para afrontarlo. Así, una empresa económicamente viable puede enfrentar dificultades de liquidez cuando debe atender varias desvinculaciones simultáneas.

El FAL intenta modificar esa lógica. No elimina la indemnización ni libera al empleador de su obligación. Prefinancia parcialmente determinadas contingencias laborales, constituyendo durante la vigencia de la relación de trabajo recursos específicamente afectados a su eventual cancelación.De pagar cuando ocurre a comenzar a prever antes La lógica es conocida en administración financiera: distribuir en el tiempo el financiamiento de una obligación futura. Las grandes empresas deberán destinar al Fondo el equivalente al 1% de las remuneraciones computables, mientras que para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas la contribución será del 2,5%. Los recursos se integrarán mensualmente en una cuenta correspondiente a cada empleador y quedarán afectados a las obligaciones previstas por el régimen. No se trata de una cuenta individual perteneciente al trabajador. Por eso tampoco resulta técnicamente correcto identificar automáticamente el sistema con la denominada “mochila austríaca”. El FAL argentino se aproxima más a un mecanismo de prefinanciamiento empresarial del pasivo laboral. Para una PyME esto puede representar una ventaja importante. Ante indemnizaciones significativas, contará previamente con una parte de los recursos necesarios. La obligación no desaparece ni necesariamente estará totalmente cubierta, pero disminuye el impacto inmediato sobre el flujo de caja.

Y en administración financiera esto es relevante: muchas veces la dificultad de una empresa no reside en su solvencia patrimonial, sino en disponer de liquidez cuando las obligaciones se vuelven exigibles.También puede mejorar la seguridad del trabajador El mecanismo puede producir además un efecto favorable para el trabajador. La existencia jurídica de un crédito laboral no garantiza siempre su cobro inmediato. Frente al cierre, insolvencia o deterioro económico de una empresa, el trabajador puede enfrentar importantes dificultades para hacer efectiva su acreencia. La existencia de activos previamente constituidos y afectados a estas obligaciones puede aumentar la disponibilidad de recursos al momento de la desvinculación. En ese sentido, la previsión financiera podría beneficiar tanto a quien debe pagar como a quien debe cobrar. Pero existe una condición fundamental: el Fondo debe preservar su valor a través del tiempo.

El activo debe crecer al ritmo del pasivo Este es probablemente uno de los principales desafíos del sistema. Las indemnizaciones evolucionan en función de los salarios, la antigüedad y las normas laborales. Los activos del FAL, en cambio, crecerán según los aportes realizados y la rentabilidad obtenida por sus inversiones. Si los salarios aumentan más rápidamente que el rendimiento neto de los activos, podría producirse un descalce entre el patrimonio acumulado y las obligaciones que debe contribuir a financiar. Por eso no será suficiente conocer cuánto dinero acumula el Fondo. La verdadera variable será qué proporción del pasivo laboral potencial logra cubrir. La regulación establece principios de seguridad, liquidez, diversificación, transparencia y preservación del capital. Los recursos podrán invertirse, entre otros instrumentos, en títulos públicos nacionales, deuda provincial, depósitos bancarios y obligaciones negociables, manteniendo además determinados niveles mínimos de liquidez. El diseño es razonable, aunque la clave estará en su aplicación efectiva. Deberá observarse especialmente la composición de las carteras, su diversificación y la rentabilidad real obtenida. La posibilidad de invertir en deuda pública no constituye, por sí misma, un problema. Los fondos institucionales de numerosos países utilizan este tipo de instrumentos. Sin embargo, en una economía que ha atravesado períodos de elevada inflación, volatilidad financiera y reestructuraciones de deuda, la diversificación y preservación del capital adquieren una importancia particular.

Una cuestión que también involucra a las finanzas públicasExiste además una dimensión fiscal que merece seguimiento. La Ley 27.802 establece, con determinadas excepciones, una reducción de contribuciones patronales destinadas a la seguridad social equivalente a la contribución realizada al FAL. En buena medida, estamos frente a una reasignación de recursos: fondos que anteriormente contribuían al financiamiento de la seguridad social pasarán a constituir activos destinados a contingencias laborales. Esto no invalida el mecanismo, pero obliga a medir sus consecuencias. Si el sistema contribuye a generar nuevas contrataciones, mayor registración laboral y una ampliación de la base contributiva, ese crecimiento podría compensar total o parcialmente la reducción inicial de recursos. Si esa mayor formalización no se produce, el sistema previsional podría perder ingresos y aparecer un costo fiscal adicional. Por eso, el impacto del FAL debe analizarse conjuntamente con la evolución del empleo registrado y del financiamiento de la seguridad social.

Lo que enseña la experiencia internacional La experiencia internacional demuestra que el prefinanciamiento de obligaciones laborales no constituye una novedad. Austria implementó en 2003 el denominado Abfertigung Neu. Colombia posee desde hace décadas fondos de cesantías y Chile combina cuentas individuales con un Fondo de Cesantía Solidario. Existen diferencias importantes entre esos esquemas y el modelo argentino, tanto en su diseño como en el contexto institucional y económico en el que funcionan. Por ello, ninguno puede trasladarse mecánicamente a nuestro país. Sin embargo, comparten una idea: constituir recursos durante la vigencia de la relación laboral para evitar que todo el costo aparezca recién en el momento de la desvinculación. La experiencia internacional demuestra también que la eficacia de estos sistemas depende principalmente de su administración, regulación, transparencia y capacidad para preservar el valor de los recursos acumulados.

Cómo deberíamos medir si funciona El FAL deberá evaluarse por sus resultados y no solamente por el volumen de dinero que consiga acumular. Habrá que observar si reduce las dificultades financieras de las PyMEs frente a una desvinculación; si mejora las posibilidades de cobro de los trabajadores; qué proporción de las indemnizaciones consigue financiar; si sus inversiones preservan valor frente a la inflación y los salarios; si favorece nuevas contrataciones y formalización laboral, y qué impacto produce sobre los recursos de la seguridad social. Estos indicadores deberían ser públicos y periódicos. Para economías como la de Concordia y buena parte de Entre Ríos, caracterizadas por una fuerte presencia de comercios, prestadores de servicios y pequeñas y medianas empresas, el seguimiento será particularmente importante. Una gran compañía con acceso al crédito enfrenta una contingencia laboral de manera muy distinta a una PyME que depende fundamentalmente de su flujo operativo mensual. El FAL parte de una idea económicamente razonable: es preferible comenzar a constituir recursos mientras se genera una obligación que intentar conseguirlos todos cuando esa obligación se vuelve exigible. Pero transformar parcialmente un riesgo laboral en un activo financiero no elimina el riesgo: modifica su naturaleza. Aparecen riesgos de inversión, inflación, liquidez, concentración, regulación y suficiencia del patrimonio acumulado. Por eso, más que calificar anticipadamente al Fondo como un éxito o un fracaso, corresponde analizarlo como lo que realmente es: una nueva herramienta financiera aplicada al mercado laboral.

 Su verdadero éxito no debería medirse por cuánto dinero acumule, sino por si logra brindar mayor previsibilidad a las empresas, mayor seguridad a los trabajadores y mayor dinamismo al empleo formal, sin generar desequilibrios sobre la seguridad social ni deteriorar el valor real de los recursos administrados. Si consigue ese equilibrio, el Fondo de Asistencia Laboral podrá constituirse en una innovación útil. Como ocurre tantas veces en las finanzas públicas y privadas, el desafío no estará solamente en crear el instrumento, sino en administrarlo correctamente, controlar sus resultados y corregir oportunamente los desvíos que puedan aparecer.

Hay momentos en la vida de una sociedad en los que la acumulación de problemas termina generando algo distinto: la convicción de que ya no alcanza con seguir haciendo lo mismo. Desde hace años, los argentinos vienen expresando una voluntad de cambio y una expectativa muy concreta: volver a creer que trabajar, estudiar, producir y esforzarse pueden conducir a una vida mejor. Ese deseo también existe en Concordia. Y allí puede estar nuestra mayor oportunidad.  El cuadro económico y social es difícil, pero no constituye una condena. Las ciudades pueden transformarse cuando convierten la voluntad de cambio en planificación, educación, inversión, tecnología y empleo. Por eso, en una Concordia donde la mitad de la población está debajo de la línea de pobreza, defender y reconstruir la clase media debería convertirse en una de las principales políticas públicas de los próximos años.

Volver a creer en el progreso  Durante décadas, pertenecer a la clase media argentina significó mucho más que alcanzar determinado ingreso. Era tener un trabajo relativamente estable, educar a los hijos, acceder a una vivienda, cambiar el auto cada ciertos años, tomarse algunos días de vacaciones, afrontar un imprevisto y, sobre todo, conservar la expectativa de que la próxima generación viviría un poco mejor. Ese modelo de movilidad social está hoy fuertemente tensionado, pero precisamente por eso reconstruirlo debe ser una prioridad.  La Argentina consiguió reducir significativamente la inflación respecto de los niveles extremos de años anteriores. En junio de 2026 el IPC aumentó 1,9% mensual, acumuló 16,8% durante el primer semestre y llegó al 33,5% interanual. Son cifras considerablemente menores que las padecidas no hace mucho tiempo, aunque todavía elevadas para cualquier economía normal.  Además, la inflación no impacta igual sobre todos los gastos. Mientras la inflación general interanual fue del 33,5%, los servicios aumentaron 42,4%. Vivienda, electricidad, gas, educación, salud, transporte, alquileres y otros gastos que una familia no puede eliminar pesan cada vez más sobre el presupuesto. Por eso puede bajar la inflación y, al mismo tiempo, muchas familias sentir que viven peor.Una clase media vulnerable, pero todavía defendible  Un reciente trabajo del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA permite dimensionar esa transformación. Su pirámide socioeconómica ubica solamente al 3% de los hogares entre los sectores ricos y al 7% en el segmento medio alto. Luego aparece una extensa franja de sectores medios integrados, aspiracionales y, especialmente, una clase media baja vulnerable que representa alrededor del 20% de los hogares. El desafío no consiste únicamente en sacar de la pobreza a quienes ya están dentro de ella. También debemos impedir que quienes todavía conservan empleo, vivienda, educación, cobertura médica o algún pequeño patrimonio comiencen a perderlos. La UCA describe a esa amplia clase media y media baja como un sector cuya estabilidad depende críticamente del ciclo económico y que, pese a la incertidumbre, todavía conserva aspiraciones de progreso.  Otro dato es igualmente revelador: cerca del 46% de la población vive en hogares que manifiestan estrés económico, es decir, sienten que sus ingresos resultan insuficientes para cubrir adecuadamente sus necesidades. La pobreza muchas veces comienza antes de que una estadística lo determine: cuando desaparece el ahorro, se usa la tarjeta para alimentos, se refinancian saldos, se posterga una reparación o se acumulan facturas. La caída social suele ser un proceso y, justamente por eso, puede ser detenida antes de que se consolide.

El peligro silencioso: vivir del crédito  Según el Banco Central, la morosidad de las financiaciones otorgadas a las familias alcanzó en mayo de 2026 el 12,8%, ocho puntos porcentuales más que un año antes. Fuera del sistema bancario tradicional el problema puede ser todavía mayor: entre los proveedores no financieros de crédito, la irregularidad alcanzaba en febrero el 26,9% de las financiaciones y llegaba al 34,1% en los préstamos personales. Hay una enorme diferencia entre utilizar crédito para adquirir un activo y utilizarlo permanentemente para completar el ingreso mensual. Cuando se financian alimentos, servicios, combustible o gastos corrientes porque el sueldo no alcanza, el crédito deja de ser una herramienta y empieza a convertirse en un sustituto artificial del ingreso. Ninguna familia puede sostener indefinidamente ese mecanismo. Frente a este escenario, recuperar el presupuesto familiar, conocer la deuda completa y no sólo el valor de la cuota, evitar refinanciaciones permanentes y reconstruir un pequeño fondo para imprevistos son conductas básicas. Pero hay otra inversión decisiva: el conocimiento. Educación financiera, nuevas tecnologías, inteligencia artificial, herramientas digitales, idiomas, comercio electrónico, capacitación laboral y actualización profesional pueden marcar la diferencia entre integrarse o quedar afuera del nuevo mercado de trabajo.

Concordia: el desafío es mayor, pero también la oportunidad  Cuando trasladamos este problema a nuestra ciudad, la dimensión cambia. En el primer semestre de 2026, el 30% de los argentinos se encontraba debajo de la línea de pobreza. En Concordia la cifra llegó al 52,5% de las personas y al 11,2% en indigencia. Fueron aproximadamente 90.000 concordienses pobres. No hay manera de minimizar esos números. Pero tampoco deberíamos asumirlos como un destino irreversible. Los indicadores describen dónde estamos; no determinan necesariamente hacia dónde tenemos que ir. En una ciudad donde cada dos personas ya está debajo de la línea de pobreza, permitir que continúe descendiendo la clase media agravaría todavía más una estructura social extremadamente frágil. Concordia necesita atender la pobreza, obviamente, pero también necesita una política de prevención de la pobreza. Eso significa defender el empleo privado, facilitar pequeños emprendimientos, capacitar trabajadores, acompañar a comerciantes y profesionales, promover vivienda, mejorar infraestructura, facilitar el acceso tecnológico y crear condiciones para nuevas actividades económicas. No alcanza con administrar planes sociales después de que las familias cayeron.

Producir movilidad social  Nuestra ciudad posee condiciones productivas, comerciales, turísticas y geográficas capaces de generar mucho más desarrollo del que actualmente genera. Tiene recursos naturales, universidades, profesionales, trabajadores, emprendedores y una ubicación estratégica. Ese capital existe. El desafío es organizarlo y convertirlo en oportunidades mediante capital humano, inversión, infraestructura, instituciones y planificación. Concordia ha dedicado históricamente mucho esfuerzo a administrar sus problemas y demasiado poco a modificar las causas que los generan. Eso puede cambiar. El objetivo no debería ser sólo reducir algunos puntos la pobreza, sino aumentar sistemáticamente el tamaño de la clase media concordiense durante los próximos diez o veinte años.  Que una familia pobre pueda convertirse en trabajadora integrada; que una familia vulnerable pueda ingresar a la clase media; que un joven capacitado encuentre razones para quedarse; que un pequeño comercio pueda transformarse en empresa; que un emprendimiento acceda a tecnología y mercados; que trabajar, estudiar, invertir y producir vuelva a ofrecer una posibilidad concreta de progreso. Ese debería ser uno de los grandes acuerdos de la ciudad.

2027: una oportunidad para discutir el futuro  En poco tiempo comenzará nuevamente la discusión electoral rumbo a 2027. Sería un error limitarla a nombres, candidaturas o consignas. Concordia necesita preguntarle a quienes pretendan gobernarla qué modelo productivo proponen, cómo piensan generar empleo privado, cómo formarán trabajadores para las nuevas tecnologías, qué harán por las pymes, cómo utilizarán las compras públicas, qué infraestructura priorizarán y, especialmente, cómo harán para que dentro de diez años tengamos más clase media y menos pobreza. Pero la transformación tampoco depende exclusivamente de un gobierno. Hace falta una sociedad que estudie, trabaje, emprenda, invierta, participe, controle y exija instituciones a la altura de sus posibilidades.  El problema social más peligroso no es solamente la pobreza que vemos. También es la pobreza que puede generarse silenciosamente cuando una familia de clase media pierde primero el ahorro, después el crédito, luego capacidad de consumo y finalmente la esperanza de progresar.  Y allí está el punto central: una sociedad empieza verdaderamente a retroceder cuando deja de creer que puede estar mejor. Concordia no debe resignarse a eso. Tenemos dificultades enormes, pero también capacidades enormes, y una sociedad que desde hace años viene reclamando cambios y nuevas respuestas.  En 2027 no deberíamos elegir simplemente quién administrará la ciudad durante cuatro años. Deberíamos discutir quién  tiene un proyecto capaz de hacer que Concordia deje de administrar pobreza y empiece a producir movilidad social, oportunidades y futuro. Si transformamos el deseo de cambio en planificación, educación, inversión, producción y trabajo, este momento difícil puede ser recordado no solamente como una crisis, sino como el comienzo de una nueva etapa. 

 La vuelta del crédito hipotecario en la Argentina podría interpretarse como una buena noticia después de muchos años de financiamiento prácticamente inexistente. Pero basta observar los números para comprender que todavía está muy lejos de constituir una solución habitacional para la mayoría. Una simulación para una propiedad de USD 100.000 muestra que, para obtener un crédito de USD 75.000 a 30 años en el Banco Nación, una familia necesita ingresos netos conjuntos cercanos a $3,5 millones mensuales, afrontar una cuota inicial próxima a $870.000 y disponer previamente de USD 25.000. El crédito volvió. Pero volvió fundamentalmente para hogares de ingresos medios y medios-altos, con empleo formal, capacidad de ahorro y cierto patrimonio previo.  La realidad social de Concordia es muy diferente: la última información oficial disponible ubicaba al 52,5% de las personas debajo de la línea de pobreza y al 11,20% en la indigencia. Para miles de familias, el problema no consiste en decidir qué crédito tomar, sino en sostener un alquiler, mejorar una vivienda precaria, conseguir un terreno o imaginar alguna vez la posibilidad de tener una casa propia.

Un problema que ya es estructural Los números del Censo 2022 ayudan a dimensionar la magnitud del problema. En el departamento Concordia había 64.806 hogares. De ellos, 11.569 —el 17,9%— habitaban viviendas consideradas deficitarias y 12.239 presentaban hacinamiento, equivalente al 18,9% del total.  Las categorías se superponen y no corresponde sumarlas, pero revelan con claridad que estamos frente a un problema estructural y no frente a situaciones aisladas. Además, sólo el 68% de los hogares ocupaba viviendas ubicadas en la mejor categoría de calidad material, lo que deja a miles de familias con necesidades de mejora, ampliación o condiciones constructivas más precarias.  En el conjunto de Entre Ríos, la Dirección de Estadística estimó que 122.284 hogares requerían algún tipo de intervención habitacional. La vivienda, además, no se resuelve solamente construyendo casas. Algunas familias necesitan una vivienda nueva; otras, un lote, infraestructura, ampliaciones, regularización dominial, acceso a servicios o mejoras importantes sobre la vivienda que ya poseen. Y allí aparece uno de los principales problemas de Concordia: el suelo. A fines de 2025, el Instituto de Vivienda y Tierras Autárquico Municipal reconocía que no contaba con terrenos libres para adjudicar. Existían 6.523 beneficiarios de tierras municipales y otras 920 familias postulantes. Sin tierra disponible y urbanizada, cualquier política habitacional comienza varios pasos atrás.

Construir también se alejó de los ingresos Aun para quien ya posee un terreno, construir una vivienda se convirtió en un desafío enorme. El Colegio de Arquitectos de Entre Ríos estimó para junio de 2026 un costo directo de $1.257.539 por metro cuadrado para una vivienda urbana individual. Incorporando gastos generales, financieros, impositivos y beneficio empresario, el valor de referencia se elevaba hasta $1.902.014 por metro cuadrado. Una casa de apenas 50 metros cuadrados puede representar aproximadamente $63 millones de costo directo y acercarse a $95 millones considerando el costo integral. El problema habitacional queda así atrapado entre tres restricciones: ingresos familiares insuficientes, tierra escasa y costos de construcción cada vez más difíciles de afrontar. A esto debe agregarse un cambio relevante en el esquema de políticas públicas. En 2025 el Gobierno nacional disolvió la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda y, previamente, había dispuesto la liquidación del fondo fiduciario del PROCREAR. La orientación fue trasladar mayor responsabilidad hacia provincias, municipios y sector privado.  Entre Ríos mantiene herramientas concretas: el IAPV dispone de programas como Ahora Tu Hogar y lanzó Raíces, una línea para construcción, ampliación y refacción que puede financiar hasta 46.000 UVI para familias que ya poseen terreno, con una cuota que puede afectar hasta el 20% de sus ingresos. También continúan las obras directas: en abril de 2026 se firmaron contratos para construir 18 viviendas tipo dúplex en Concordia, con una inversión superior a $1.191 millones. No sería correcto afirmar, entonces, que no existen políticas. El problema es la escala. Dieciocho viviendas constituyen una respuesta concreta para dieciocho familias, pero deben ser analizadas frente a una ciudad en la que miles de hogares presentan déficit, hacinamiento o precariedad.  La verdadera pregunta no debería ser cuántas viviendas se anuncian, sino cuántas soluciones necesita producir Concordia cada año para comenzar a reducir el déficit acumulado.

La oportunidad que Concordia ya tuvo Hay además una experiencia que merece ser recuperada. Concordia intentó durante años desarrollar viviendas utilizando madera de eucalipto producida en la propia región. La propuesta vinculaba política habitacional, industria forestal, cooperativas, capacitación laboral, empleo y agregado de valor local.  Un proyecto PROCODAS documentado por el CONICET trabajó específicamente en el desarrollo de tecnología para viviendas de madera en Concordia y en la gestión del Certificado de Aptitud Técnica (CAT), requisito para incorporar sistemas constructivos no tradicionales a planes públicos. Es decir, no se partía de cero: existían conocimiento técnico, experiencia institucional y una materia prima abundante en el territorio. El proyecto Agua Patito llegó a proyectar alrededor de 250 viviendas de madera de alta prestación, entre otros objetivos para relocalizar familias de zonas inundables. En 2022 se informaba una primera etapa de 145 unidades y otras 105 para una etapa posterior. Hubo certificaciones, tecnología, capacitación y experiencia constructiva.  Sin embargo, las demoras, paralizaciones, rescisión de contratos y renegociaciones impidieron transformar aquella experiencia en una política de escala. Incluso se conocieron episodios de vandalismo sobre viviendas inconclusas, algunas con niveles de avance cercanos al 80%, una imagen que sintetiza el costo económico y social de la falta de continuidad. La enseñanza es importante: el problema de Concordia no ha sido solamente la ausencia de ideas, sino la dificultad para sostenerlas en el tiempo. Una ciudad ubicada en el corazón de una de las principales regiones forestales del país podría volver a pensar una industria de vivienda en madera, articulando Estado, empresas, cooperativas, universidades, sistema financiero y cadena foresto-industrial.  Construir viviendas podría convertirse, al mismo tiempo, en política social y política de desarrollo económico.

Lo que no se planifica hoy se paga mañana El déficit habitacional no permanece quieto mientras el Estado decide qué hacer. Cada año se forman nuevas familias. Jóvenes que quieren independizarse, parejas que conforman nuevos hogares, familias que se separan o personas que comienzan a vivir solas generan una nueva demanda de viviendas aun cuando la población total crezca lentamente. La experiencia reciente lo demuestra: entre 2010 y 2022, en la Argentina los hogares urbanos crecieron con mucha mayor intensidad que la población y aumentaron fuertemente los hogares unipersonales. Esto significa que una ciudad puede tener un crecimiento demográfico moderado y, sin embargo, necesitar cada vez más unidades habitacionales. Si la cantidad de viviendas y lotes urbanizados aumenta por debajo de esa demanda, el resultado es previsible: más hacinamiento, mayor presión sobre los alquileres, jóvenes que postergan su independencia y nuevas ocupaciones en sectores periféricos o ambientalmente vulnerables. Por eso, Concordia necesita un plan habitacional de largo plazo, con banco de tierras permanente, urbanización anticipada de suelo, metas anuales de generación de lotes y viviendas, créditos accesibles, participación provincial y privada, cooperativas y una estrategia que recupere la construcción industrializada en madera.  Sobre todo, necesita medir cuánto déficit tiene, cuánto aumenta cada año y cuántas soluciones debe producir para empezar efectivamente a reducirlo. Planificar, en este contexto, significa actuar antes de que la urgencia defina por sí sola dónde y cómo crece la ciudad. Un banco de tierras no puede limitarse a administrar lo que ya existe: debe anticipar adquisiciones, regularizaciones y urbanizaciones, prever redes de agua, cloacas, energía, calles y transporte, y vincular esas decisiones con la localización de nuevas viviendas. Cuando el suelo se incorpora tarde, el costo público aumenta y la respuesta suele llegar detrás de la necesidad. La política habitacional empieza, por lo tanto, mucho antes de colocar el primer ladrillo. También hace falta una medida concreta de gestión: conocer cada año cuántos hogares se incorporan a la demanda, cuántos lotes urbanizados se generan, cuántas viviendas nuevas se terminan y cuántas soluciones de ampliación, mejoramiento o regularización se concretan. Sin ese balance anual, puede ocurrir algo paradójico: inaugurar viviendas y, al mismo tiempo, aumentar el déficit.  La falta de planificación también es una política pública. Sólo que sus resultados aparecen después: barrios que crecen sin infraestructura, familias hacinadas, alquileres cada vez más difíciles de pagar, jóvenes que postergan su independencia y generaciones que descubren que aquella casa propia que alcanzaron sus padres se convirtió para ellas en un horizonte cada vez más lejano. El verdadero costo de no planificar vivienda no se mide solamente en cantidad de casas faltantes. Se mide en tiempo perdido, en oportunidades que no llegan, en familias que viven durante años en condiciones inadecuadas y en jóvenes que empiezan a preguntarse si podrán construir su futuro en la misma ciudad en la que crecieron. Detrás de cada número del déficit hay una historia familiar que no puede esperar indefinidamente a que las políticas públicas encuentren continuidad.Concordia todavía está a tiempo de cambiar esa trayectoria. Pero necesita algo más que anuncios o programas aislados: necesita una política habitacional que sobreviva a los gobiernos, que convierta tierra en ciudad, que articule financiamiento con producción local y que establezca metas concretas de lotes, infraestructura y viviendas para los próximos diez o veinte años.Si no se empieza ahora, dentro de una década la discusión ya no será cómo prevenir el problema, sino por qué dejamos que se volviera mucho más grande.Una vivienda es mucho más que cuatro paredes: es seguridad, arraigo, patrimonio y futuro. Una ciudad que ofrece a sus familias la posibilidad de construir un hogar también les ofrece una razón para quedarse, trabajar, invertir y proyectar su vida en ella. Por eso, cuando una ciudad no planifica dónde van a vivir sus próximas generaciones, no deja simplemente un problema pendiente: termina tomando una decisión sobre su futuro. Y, aunque no lo advierta, una ciudad que no planifica vivienda termina planificando exclusión. 

Un ministro de Economía puede prometer tres objetivos que, por separado, parecen razonables: un dólar estable, tasas de interés adecuadas para la economía local y libertad para que los capitales entren y salgan del país. El problema aparece cuando intenta sostener los tres al mismo tiempo. La macroeconomía denomina a esta incompatibilidad “trinidad imposible” o “trilema de la política económica”. Un país puede alcanzar plenamente solo dos de tres objetivos: estabilidad cambiaria, autonomía monetaria y libre movilidad internacional de capitales. Cuando el dinero puede desplazarse sin restricciones, busca las monedas y los activos con mejor rendimiento. Si el Gobierno pretende fijar el dólar y, al mismo tiempo, establecer tasas muy diferentes de las internacionales, los capitales reaccionan. Para defender la paridad, el Banco Central debe intervenir, modificar las tasas o imponer controles.

La convertibilidad: estabilidad a cambio de autonomía La convertibilidad eligió una combinación definida: tipo de cambio fijo y apertura financiera, a cambio de resignar gran parte de la política monetaria. La paridad de un peso por un dólar y el respaldo de la emisión con reservas permitieron reducir drásticamente la inflación y facilitaron el crédito durante los primeros años. Pero el esquema dejó a la economía con escaso margen para responder cuando cambiaron las condiciones externas, aumentó el riesgo argentino y comenzaron a retirarse los capitales. La Argentina no podía emitir ni bajar libremente las tasas sin poner en peligro la paridad. Después de una prolongada recesión y del default soberano, la convertibilidad terminó en enero de 2002. El objetivo sacrificado había sido la autonomía monetaria.

El cepo: controlar los capitales para administrar el dólar Desde 2011 se ensayó la combinación opuesta: un tipo de cambio oficial administrado y mayor capacidad para emitir, regular las tasas y financiar al Estado. Para intentar sostener esos dos objetivos se restringió el tercero: la movilidad de capitales. Los límites para comprar divisas, las obligaciones de liquidar exportaciones, las autorizaciones para girar utilidades y los distintos tipos de cambio permitieron postergar algunos ajustes, pero no resolvieron los desequilibrios fiscales, monetarios y externos. Cuando el dólar oficial perdió credibilidad aparecieron la brecha, los mercados paralelos y crecientes distorsiones sobre la producción, el comercio y la inversión. En esta etapa, la punta sacrificada fue la libertad de capitales.

¿Dónde está la Argentina en 2026? La Argentina actual no tiene un tipo de cambio fijo ni una flotación completamente libre. Desde abril de 2025 funciona un sistema de bandas y, desde enero de 2026, sus límites se actualizan mensualmente según la inflación informada por el INDEC con dos meses de rezago. Al 31 de julio, la banda se extendía desde $754,14 hasta $1.844,87 por dólar: una amplitud que confirma que el Gobierno acepta un margen considerable de fluctuación, aunque conserva la posibilidad de intervenir ante movimientos extremos. En materia monetaria, el Banco Central prioriza el control de los agregados y conserva instrumentos para administrar la liquidez, los encajes y las operaciones con títulos. Sin embargo, ese margen está condicionado por la demanda de pesos, la inflación, las necesidades financieras del Tesoro, las reservas y el comportamiento del dólar. La movilidad de capitales también es parcial. Las personas pueden comprar moneda extranjera sin límite mediante débito en una cuenta bancaria, pero las empresas todavía enfrentan autorizaciones y condiciones para determinadas operaciones, mientras continúan la obligación de liquidar exportaciones y otras restricciones cruzadas. Por eso, no puede afirmarse que el cepo haya desaparecido por completo. El desafío de este esquema no consiste únicamente en levantar restricciones, sino en lograr que la apertura sea compatible con una acumulación sostenida de reservas y con una mayor demanda de pesos. Si la liberalización avanza más rápido que la capacidad del Banco Central para fortalecer su posición externa, cualquier cambio en las expectativas puede traducirse en presión cambiaria, suba de tasas o pérdida de reservas. La transición, por lo tanto, exige algo más que modificar regulaciones: requiere consistencia fiscal, confianza y un ingreso genuino de divisas.

La combinación elegida La orientación oficial puede resumirse así: mayor movilidad de capitales y una política monetaria basada en el control de la cantidad de dinero, a cambio de aceptar una mayor flexibilidad del tipo de cambio. La punta que la Argentina comenzó a soltar es la del dólar completamente estable. El proceso, sin embargo, permanece incompleto. Las bandas limitan la flotación y las regulaciones empresariales restringen la apertura financiera. El país se encuentra en un punto intermedio del triángulo: intenta conservar parcialmente los tres objetivos, sin alcanzar plenamente ninguno. Un esquema híbrido puede ser razonable durante una transición; el error sería presentarlo como si hubiese eliminado las restricciones económicas. En una economía con un mercado de crédito reducido y una fuerte referencia al dólar, el equilibrio es especialmente frágil. Una entrada de capitales puede ayudar a financiar inversiones y ampliar el crédito, pero también puede apreciar artificialmente el peso y generar una sensación transitoria de estabilidad. Del mismo modo, una salida brusca puede obligar a corregir el tipo de cambio o endurecer las condiciones monetarias. El problema no es solamente cuánto se abre la economía, sino con qué reservas, qué nivel de confianza y qué capacidad productiva se sostiene esa apertura.

Las tres alternativas que enfrenta el Gobierno Si la Argentina continúa liberalizando el movimiento de capitales y quiere mantener una política monetaria propia, deberá aceptar que el dólar se mueva con mayor libertad. Ese movimiento podría ayudar a absorber crisis externas, aunque también trasladarse rápidamente a precios en una economía altamente dolarizada. Si, por el contrario, el Gobierno pretende evitar cualquier aumento del dólar mientras abre completamente la cuenta de capital, deberá adaptar las condiciones monetarias a las exigencias del mercado. Esto puede significar tasas de interés más elevadas, menor crédito y mayores costos para la actividad económica. Finalmente, si busca mantener simultáneamente un dólar controlado y tasas compatibles con la recuperación económica, necesitará conservar restricciones cambiarias o utilizar reservas para intervenir. El dato de inflación de junio de 2026, con una variación mensual del 1,9% y un acumulado del 16,8% durante el primer semestre, muestra un proceso de desaceleración respecto de los niveles extremos anteriores, pero también confirma que la estabilización todavía no está concluida.

Una economía que no permite milagros El trilema muestra que la política cambiaria no puede analizarse de manera aislada. El dólar depende de las tasas, la cantidad de pesos, las reservas, la confianza, el riesgo soberano y la posibilidad de mover fondos hacia el exterior. La Argentina no resolvió el triángulo imposible: simplemente cambió la combinación. El anuncio realizado el 30 de julio de enviar al Congreso una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central —con la prohibición del financiamiento monetario al Tesoro y sanciones para quienes vulneren esa regla— busca convertir la disciplina monetaria en una restricción institucional permanente. Si se aprueba y se cumple, puede reducir el riesgo de volver a financiar el déficit con emisión y fortalecer la credibilidad de la moneda. Pero cerrar esa vía no crea reservas, no reduce por sí solo el riesgo país ni garantiza crédito y crecimiento. También implica que, ante un desequilibrio, el ajuste deberá recaer con mayor fuerza sobre las cuentas fiscales, el endeudamiento, las tasas de interés, el tipo de cambio o el uso de reservas. La reforma puede modificar las reglas del juego; no puede abolir las restricciones de la economía. La prohibición de financiar al Tesoro puede funcionar como una señal relevante, pero su eficacia dependerá de que el Estado mantenga un resultado fiscal compatible con esa regla y no reemplace la emisión por un endeudamiento creciente o por mecanismos indirectos de asistencia. Una norma puede limitar una herramienta, pero no sustituye la necesidad de ordenar el gasto, mejorar los ingresos públicos y recuperar el acceso a financiamiento sostenible. La verdadera prueba llegará cuando la economía enfrente una recesión, una caída de exportaciones o una salida de capitales: será entonces cuando el Gobierno deberá decidir qué variable ajusta y qué sector absorbe el costo. La Argentina puede elegir qué vértice resignar, a qué velocidad y con qué instrumentos. Lo que no puede es sostener los tres al mismo tiempo ni borrar el costo de la transición. En el triángulo imposible no hay milagros: hay decisiones económicas y una definición política inevitable sobre quién termina pagando cada elección. 

Hay una clase de déficit que no aparece con claridad en los balances públicos. No figura como deuda bancaria, no devenga intereses y tampoco obliga a realizar pagos mensuales. Sin embargo, puede generar consecuencias económicas duraderas.Es el déficit que se acumula cuando una ciudad deja de mantener su infraestructura, posterga inversiones necesarias, reduce sus compras dentro del territorio y pierde capacidad para impulsar la actividad económica.Concordia podría estar atravesando precisamente esa situación: un escenario en el que el equilibrio financiero convive con un creciente déficit de inversión y desarrollo.Los últimos datos del sector comercial ofrecen una señal de alerta. El 69,6% de las empresas relevadas por el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia registró una caída de ventas durante el primer semestre de 2026. El 68,7% informó una reducción de su rentabilidad y casi tres de cada diez anticiparon que podrían disminuir personal.No se trata solamente de un mal momento para algunos comercios. Cuando caen las ventas, se reducen las compras a proveedores, se postergan inversiones, aumenta el endeudamiento tributario y se debilita el empleo. La contracción se transmite de una actividad a otra y termina afectando al conjunto de la economía local.En ese contexto, las decisiones del sector público adquieren una importancia mayor. No porque el Estado pueda reemplazar al sector privado, sino porque administra dos instrumentos con capacidad para movilizarlo: las compras públicas y la inversión en infraestructura.Hoy, ambos motores funcionan por debajo de sus posibilidades.

 El dinero público también tiene territorioCuando el Estado realiza una compra no sólo adquiere un producto o contrata un servicio. También decide dónde se generarán la facturación, los salarios, los impuestos y la actividad económica asociada con ese gasto.La reciente discusión sobre el sistema provincial de provisión de alimentos para los comedores escolares permite observar este fenómeno. Entre Ríos anunció una modalidad centralizada para abastecer desayunos y meriendas en 996 establecimientos, mediante una contratación cuyo presupuesto supera los $42.669 millones.El objetivo de mejorar la calidad nutricional, fortalecer los controles y unificar la prestación es atendible. Sin embargo, el Centro de Comercio de Concordia cuestionó que la provisión se concentrara en una empresa radicada fuera de la provincia, desplazando a proveedores que operaban dentro del territorio.La cuestión no consiste en defender automáticamente a cualquier empresa local. El Estado debe exigir precios razonables, calidad, capacidad técnica, transparencia y cumplimiento.Pero una evaluación económica completa no puede detenerse en el precio unitario.Cuando una contratación recae en una empresa de la región, una parte del dinero vuelve a circular en salarios, combustible, alquileres, transporte, servicios profesionales, impuestos y compras a otros proveedores. Si la adjudicación se concentra fuera del territorio, una proporción de ese movimiento económico se traslada a otra jurisdicción.En economía regional, esta salida puede entenderse como una fuga del gasto público: recursos obtenidos, en gran medida, de los contribuyentes de un territorio que terminan produciendo efectos económicos en otro.La centralización puede generar economías de escala. Pero también puede reducir la competencia, aumentar la dependencia respecto de un solo proveedor y excluir a pequeñas empresas que no cuentan con capacidad para disputar contratos de gran magnitud.Por eso, comprar bien no significa comprar localmente a cualquier precio, pero tampoco significa comprar lejos por definición. Significa evaluar el costo total: precio, calidad, logística, cumplimiento, concentración de riesgos e impacto económico regional.Las contrataciones pueden dividirse en lotes, organizarse por zonas, permitir la participación asociada de pequeñas empresas y establecer condiciones que mantengan la competencia. No se trata de cerrar el mercado, sino de evitar que la dimensión de los procedimientos excluya de antemano al entramado empresarial local.

El segundo motor detenido es la inversión municipalDurante los primeros años de la actual gestión, la obra pública efectivamente ejecutada se ubicó aproximadamente en el 5% del gasto. En 2025 habría alcanzado cerca del 4%, frente a un promedio histórico del 14% al 15%.La diferencia no es menor. Significa que por cada $100 administrados por el municipio, sólo alrededor de $4 se transformaron efectivamente en calles, desagües, edificios, redes, espacios públicos u otros activos de infraestructura.El presupuesto 2026 prevé aproximadamente $18.850 millones para trabajos públicos, equivalentes al 15,2% del total. Pero en finanzas públicas una autorización presupuestaria no equivale a una inversión ejecutada.El impacto económico comienza cuando la obra se proyecta, se licita, se adjudica, se construye, se certifica y se paga. Una partida que permanece sin ejecutar no mejora una calle, no compra materiales y no genera empleo.Reducir la obra pública puede contribuir transitoriamente a mejorar el resultado financiero. Sin embargo, también genera una obligación futura que pocas veces aparece reflejada en las cuentas: el costo del mantenimiento postergado.Una calle que no se conserva, un desagüe que no se amplía o un edificio que no se repara continúan deteriorándose. Cuando finalmente se interviene, el costo suele ser mayor. El ahorro inicial termina convertido en una erogación futura más elevada.Esto constituye una forma de pasivo oculto. No aparece registrado como deuda, pero representa una obligación que la ciudad deberá afrontar tarde o temprano.Desde el punto de vista patrimonial, una administración no mejora necesariamente por gastar menos si, al mismo tiempo, permite que sus activos pierdan valor. El resultado financiero puede ser positivo mientras el patrimonio público se deteriora.Además, la construcción posee un efecto multiplicador importante. Cada obra moviliza trabajadores, corralones, transportistas, profesionales, talleres, pequeñas constructoras, comercios y prestadores de servicios.Por eso, cuando la inversión municipal cae a niveles mínimos, no sólo se posterga infraestructura. También se retira demanda de una economía que ya muestra caída de ventas, menor rentabilidad y riesgo de pérdida de empleos.

 No todos los superávits son igualesLa responsabilidad fiscal es indispensable. Un municipio no puede gastar permanentemente más de lo que recauda, acumular obligaciones sin respaldo ni sostener estructuras que no puede financiar.Pero no todos los superávits tienen la misma calidad. Un resultado positivo puede obtenerse mediante una mejor recaudación, reducción de gastos innecesarios, modernización administrativa y mayor eficiencia. Pero también puede lograrse postergando obras, reduciendo mantenimiento o acumulando necesidades que deberán ser atendidas en el futuro.Contablemente, ambos resultados pueden parecer iguales. Económicamente, son muy distintos.El verdadero análisis fiscal no debe limitarse al saldo de caja. También tiene que observar la composición del gasto, la conservación del patrimonio, la calidad de los servicios y la capacidad del presupuesto para producir desarrollo.Esa es la diferencia entre administrar solamente el flujo de fondos y administrar verdaderamente el patrimonio de una ciudad.

Del equilibrio financiero al equilibrio de desarrolloConcordia no resolverá sus problemas esperando únicamente una recuperación nacional ni dependiendo de transferencias extraordinarias. Necesita construir una estrategia propia, basada en sus capacidades productivas, comerciales, turísticas y logísticas.El primer cambio debe ser conceptual: el presupuesto no puede considerarse solamente un instrumento para controlar gastos. Debe ser también una herramienta de desarrollo.Eso requiere publicar un programa anual de compras y obras, establecer metas verificables de ejecución, mejorar los plazos de pago, facilitar la participación competitiva de las pymes y evaluar el impacto territorial de las contrataciones.También resulta necesario definir un nivel mínimo de inversión real, acompañado por una planificación plurianual de infraestructura. No toda obra es conveniente, pero la ausencia prolongada de obras tampoco es una política neutral.Las prioridades deberían orientarse hacia proyectos que mejoren los servicios, reduzcan costos logísticos, fortalezcan las zonas productivas, recuperen espacios urbanos y estimulen la inversión privada.No se trata de gastar más sin control. Se trata de evitar que el equilibrio fiscal se construya trasladando costos hacia el futuro.Concordia necesita pasar de una administración concentrada en conservar recursos a otra capaz de transformarlos responsablemente en infraestructura, actividad y oportunidades.En resumen, una ciudad no progresa porque acumula dinero en sus cuentas, sino porque convierte sus recursos en activos que mejoran la vida de su población y amplían su capacidad de producir. El verdadero desafío no es elegir entre equilibrio fiscal y desarrollo, sino lograr que el equilibrio sea precisamente la base del desarrollo.

—Pero esa información ya la tiene el Estado —responde el hombre.—Sí, pero pertenece a otro organismo.

El hombre guarda todo, respira profundo y se retira pensando que, tal vez, Javier Milei tenga razón cuando describe al Estado argentino como una máquina que muchas veces fabrica obstáculos en lugar de soluciones.

Esa misma tarde recibe una llamada. Su madre se descompensó y fue trasladada a un hospital público. La atendieron profesionales formados en una universidad nacional, llegó hasta allí por una calle construida con recursos públicos y accedió a medicamentos mediante un sistema que, aun con carencias y demoras, no le preguntó primero cuánto dinero tenía en su cuenta bancaria.En pocas horas, el mismo ciudadano conoció las dos caras del Estado: la burocracia que demora y la institución que protege. Por eso, la discusión central no consiste en elegir entre tener Estado o eliminarlo. La pregunta seria es otra: qué Estado necesitamos, para cumplir qué funciones, con qué recursos, con qué resultados y al servicio de quién.

Orden fiscal: un acierto necesarioHay que reconocerlo, incluso cuando incomode a una parte de la oposición: varias reformas impulsadas por el Gobierno nacional eran necesarias. La Argentina llevaba demasiado tiempo naturalizando el déficit permanente, la emisión monetaria, la inflación crónica y la utilización del aparato público como refugio de militantes, familiares, asesores y estructuras cuya utilidad concreta nadie podía demostrar.

El equilibrio fiscal no es una extravagancia ideológica ni una obsesión contable. Es una condición básica de estabilidad. Un Estado que gasta sistemáticamente más de lo que recauda termina financiándose con impuestos, deuda o emisión. Las tres vías tienen límites y, tarde o temprano, trasladan el costo a la sociedad, especialmente a quienes menos herramientas poseen para protegerse.

La baja de la inflación no es solamente una mejora estadística. Permite que un comerciante calcule sus costos con algo más de previsibilidad, reduce la pérdida de ingresos entre el comienzo y el final del mes y evita que una familia deba convertirse en especialista financiera para defender sus ahorros. La estabilidad también es una política social, porque la inflación castiga con mayor dureza a quienes viven de ingresos fijos y conservan sus recursos en pesos.

La política de desregulación tuvo, además, aspectos positivos. Según la información oficial, hasta junio de 2026 se habían dictado 689 normas de desregulación, modificado o eliminado 2.699 normativas y revisado más de 16.000 artículos. Detrás de esos números existen trámites redundantes, registros superpuestos y exigencias que, muchas veces, protegían más a una burocracia o a intereses establecidos que al ciudadano.

Eliminar formularios inútiles, digitalizar expedientes, simplificar habilitaciones, compartir información entre organismos y revisar estructuras duplicadas son reformas razonables.Cuando la motosierra deja de distinguirEl problema aparece cuando una herramienta necesaria se transforma en una identidad política. Una motosierra puede cortar una rama seca, pero también puede dañar el tronco que sostiene al árbol. El Estado argentino requería una revisión profunda; revisar, sin embargo, no es arrasar. Reducir cargos políticos, organismos superpuestos o gastos sin finalidad no equivale a debilitar hospitales, universidades, infraestructura, ciencia, políticas de discapacidad o capacidades de regulación.

Desde la perspectiva de las finanzas públicas, el equilibrio de las cuentas responde solamente a una de las preguntas que debe formularse un gobierno. La buena gestión fiscal exige contestar al menos tres: cuánto se gasta, en qué se gasta y qué resultados produce ese gasto. Reducir el déficit puede resolver la primera dimensión, pero no garantiza por sí mismo una asignación inteligente ni una prestación eficiente.

La disciplina fiscal es indispensable, pero necesita criterio. Sin prioridades, el ajuste puede ser contablemente exitoso y económicamente miope.Una parte del orden fiscal se obtuvo mediante la compresión de gastos y transferencias que cumplen funciones económicas y sociales relevantes.

La postergación de obras, el deterioro real de remuneraciones en áreas sensibles, la incertidumbre presupuestaria y la pérdida de equipos técnicos no siempre aparecen de inmediato en el resultado mensual del Tesoro. Sus efectos surgen después: rutas deterioradas, proyectos demorados, profesionales que se alejan, menor investigación, servicios saturados y costos productivos más altos.

La pregunta incómoda es inevitable: ¿qué ocurre cuando la macroeconomía comienza a ordenarse, pero una parte de las familias, las industrias, las pequeñas empresas y las economías regionales todavía no encuentra su lugar dentro de ese orden? No alcanza con responder que el mercado resolverá todo en algún momento. La política debe administrar la transición, porque las reformas estructurales generan costos concretos y no todos los sectores disponen del mismo tiempo ni de la misma capacidad para absorberlos.

Una economía no se desarrolla solamente porque el Tesoro deja de tener déficit. También necesita inversión, infraestructura, crédito, educación, innovación, empresas competitivas y trabajadores con ingresos suficientes para consumir.

El mercado necesita libertad, pero también caminos, energía, justicia, seguridad y capital humano. Y necesita un Estado capaz de impedir que la desregulación termine reemplazando la competencia por posiciones dominantes. Retirar controles inútiles puede ampliar la libertad; destruir toda capacidad de control puede dejar al ciudadano solo frente a actores mucho más poderosos.

Milei interpretó un enojo verdadero. Pero la casta no es la maestra que enseña en una escuela rural, el médico que cumple una guardia, el investigador que trabaja en un laboratorio, el empleado municipal que recoge residuos ni el administrativo que atiende correctamente a un contribuyente. La casta aparece cuando el poder se utiliza para colocar amigos, garantizar impunidad, obtener negocios, eludir controles o convertir recursos públicos en patrimonio partidario.Además, los privilegios no existen solamente dentro del Estado. También pueden aparecer en empresas protegidas de la competencia, sindicatos cerrados, corporaciones profesionales, concesionarios y organizaciones privadas que utilizan su influencia para obtener ventajas.

La reforma que todavía faltaLa Argentina no necesita regresar al Estado desordenado, deficitario y colonizado por intereses políticos. Pero tampoco debe avanzar hacia un Estado ausente, incapaz de garantizar derechos, planificar el desarrollo o intervenir frente a desigualdades profundas.

El equilibrio fiscal debe incorporar una mirada intertemporal: no todo gasto es consumo y no todo ahorro genera riqueza. Postergar mantenimiento o inversión puede mejorar el presente contable a costa de empeorar el futuro económico.

En un país federal, además, el rediseño debe incluir a provincias y municipios, responsables de buena parte de los servicios que la población utiliza cada día. No existe un Estado nacional eficiente si el ajuste simplemente traslada obligaciones sin recursos a los niveles subnacionales.

La coordinación fiscal debe premiar la responsabilidad, pero también asegurar estándares mínimos de educación, salud, infraestructura y protección social en todo el territorio.

La Argentina necesita salir de la falsa elección entre un Estado elefante y un Estado fantasma. No debe volver al aparato burocrático que multiplicaba oficinas mientras los problemas seguían intactos. Pero tampoco puede aceptar un Estado reducido hasta la impotencia, que se retire de funciones esenciales bajo la expectativa de que todo será resuelto espontáneamente por el mercado.

La moderación no significa tibieza, neutralidad ni falta de convicciones. Significa distinguir. Defender con la misma firmeza el equilibrio fiscal y la inversión estratégica; eliminar privilegios sin abandonar derechos; promover la libertad económica sin renunciar a la competencia; reducir burocracia sin destruir capacidades; y comprender que el orden de la caja debe estar al servicio de un proyecto de desarrollo.

Significa reconocer que Milei tuvo razón al cuestionar el déficit, la inflación y una burocracia muchas veces ineficiente, pero también advertir que la motosierra, cuando deja de diferenciar entre lo inútil y lo indispensable, puede debilitar aquello que después resulta mucho más costoso reconstruir. Reconocer un acierto no obliga a justificar todas sus consecuencias; señalar un daño no exige negar todo el proceso de estabilización.

Los extremos ofrecen respuestas simples a problemas complejos. Uno promete que el Estado puede resolverlo todo sin restricciones; el otro sostiene que casi cualquier problema se resuelve retirándolo. Ambos alimentan la frustración y la división.

Tal vez el hombre de nuestra historia regrese algún día a aquella oficina. Quizás ya no tenga que llevar una carpeta ni presentar información que el propio Estado posee. Tal vez pueda completar el trámite desde su teléfono en pocos minutos, conocer el estado del expediente y reclamar si el plazo no se cumple.

Y si esa misma tarde su madre vuelve a necesitar atención, encontrará un hospital equipado, profesionales reconocidos y medicamentos disponibles. Ese sería un verdadero Estado moderno: uno que no molesta cuando no es necesario y que nunca desaparece cuando la sociedad más lo necesita.

El equilibrio fiscal debe ser el punto de partida, no el punto de llegada. Pero convertir la caja en la única medida del éxito también es una forma de fracaso: un presupuesto puede cerrar y, al mismo tiempo, dejar abiertas las heridas de una sociedad que pierde producción, infraestructura, conocimiento y oportunidades.

El país se reconstruirá cuando el orden fiscal se transforme en desarrollo, la eficiencia en confianza y la libertad en una posibilidad concreta para todos.

Ni elefante ni fantasma: un Estado que sepa retirarse donde estorba, actuar donde hace falta y permanecer, con firmeza, allí donde se juega el futuro de su gente. 

Ese fenómeno no se explica solamente por el fútbol. El fútbol es apenas el disparador visible de algo mucho más profundo. Lo que aparece en esos días es una identidad colectiva que muchas veces permanece escondida bajo la superficie de la discusión cotidiana. El Mundial nos recuerda que, cuando tenemos un objetivo común, los argentinos tenemos la capacidad de emocionarnos juntos, organizarnos espontáneamente, acompañarnos y celebrar sin preguntarle al otro de dónde viene ni qué piensa.Pero lo más valioso no sucede únicamente dentro de la cancha. Sucede afuera. En las calles, en las plazas, en las avenidas, en los barrios, en las familias, en los comercios, en los lugares de trabajo. Las caravanas y los festejos muestran una Argentina distinta. Jóvenes ayudando a cruzar a personas mayores para que puedan sumarse a la celebración. Gente haciendo lugar para quienes tienen dificultades de movilidad. Familias enteras compartiendo una bandera. Desconocidos abrazándose por un gol. Personas que jamás se habían visto compartiendo una sonrisa sincera.Es como si, por un instante, recordáramos quiénes somos realmente. Entonces surge una pregunta inevitable: si somos capaces de convivir así durante un Mundial, ¿por qué nos cuesta tanto hacerlo el resto del tiempo?

La Argentina tiene una enorme capacidad para unirse detrás de una ilusión deportiva, pero una enorme dificultad para construir acuerdos duraderos en torno a sus problemas estructurales. Nos emocionamos juntos con una camiseta, pero nos dividimos rápidamente cuando hay que discutir educación, trabajo, seguridad, impuestos, deuda pública, infraestructura, producción o desarrollo. Allí donde deberíamos construir políticas de largo plazo, muchas veces caemos en la lógica del enfrentamiento permanente.Uno de los grandes problemas nacionales ha sido haber reemplazado el debate por la pertenencia. En demasiadas ocasiones no analizamos las ideas por su contenido, sino por quién las propone. Aplaudimos o rechazamos según el color político, no según la razonabilidad de la propuesta. Esa forma de convivencia pública tiene costos enormes. No solo deteriora la calidad institucional. También afecta la economía, las finanzas públicas y la vida cotidiana de la gente.

Porque la economía no se ordena únicamente con medidas técnicas. También necesita confianza. Y la confianza requiere previsibilidad, diálogo, reglas claras y acuerdos mínimos. Ningún país logra desarrollarse si cada cambio de gobierno implica empezar de cero, deshacer todo lo anterior y construir un relato nuevo como si la historia comenzara otra vez. Ninguna sociedad puede progresar si convierte cada discusión pública en una batalla entre vencedores y vencidos.La Argentina necesita consensos básicos. Consensos sobre la estabilidad macroeconómica, la responsabilidad fiscal, la calidad del gasto público, la educación, la infraestructura, la producción, el empleo privado, el federalismo, la seguridad jurídica y la inserción inteligente en el mundo. No se trata de que todos pensemos igual. Eso sería imposible y, además, indeseable. Se trata de aceptar que existen temas que deberían estar por encima de cualquier gobierno y de cualquier coyuntura electoral.

En materia fiscal, por ejemplo, el país arrastra desde hace décadas una discusión pendiente. Hemos tenido ciclos de expansión del gasto sin financiamiento genuino, períodos de endeudamiento excesivo, ajustes abruptos, presión tributaria mal distribuida, inflación persistente y una enorme dificultad para transformar los recursos públicos en servicios de calidad. Un país serio no puede discutir sus cuentas públicas cada cuatro años como si fueran un botín electoral. La responsabilidad fiscal debería ser una política de Estado. Pero también debería serlo la sensibilidad social. Ordenar las cuentas no puede significar abandonar a los sectores más vulnerables. Y sostener políticas sociales no puede ser excusa para destruir el equilibrio fiscal.La verdadera discusión está en encontrar un Estado que sea financieramente responsable, socialmente presente y administrativamente eficiente.

La Argentina ha sufrido tanto por el despilfarro como por los ajustes mal diseñados. Ha conocido gobiernos que gastaron más de lo que podían y gobiernos que, en nombre del orden fiscal, descuidaron áreas estratégicas para el desarrollo. La salida no está en elegir entre Estado ausente o Estado desordenado. La salida está en construir un Estado inteligente, moderno, transparente, que mida resultados y que ponga los recursos donde realmente generan valor público.Lo mismo ocurre con el sistema tributario. Hace años que se habla de la necesidad de una reforma integral, pero casi nunca se avanza con la profundidad necesaria. Argentina tiene una estructura impositiva compleja, distorsiva y muchas veces injusta. Se grava demasiado a quienes producen, trabajan y cumplen, mientras amplios sectores quedan fuera del sistema o encuentran formas de eludirlo. La carga tributaria termina afectando la inversión, la formalización del empleo y la competitividad.También necesitamos consensos sobre la inversión pública. Durante años, la obra pública fue usada muchas veces como herramienta electoral, con proyectos anunciados, demorados, paralizados o ejecutados sin planificación. Pero un país no se desarrolla sin infraestructura. Rutas, puertos, energía, conectividad, saneamiento, viviendas, escuelas, hospitales y logística son condiciones básicas para crecer. La discusión no debería ser obra pública sí u obra pública no. La discusión seria es qué obras, con qué financiamiento, con qué controles, con qué prioridades y con qué impacto productivo y social.

El Mundial nos muestra algo que la política y la economía deberían aprender: cuando el objetivo es claro, todos entendemos el rol que nos toca. Nadie le pide al arquero que juegue de delantero ni al defensor que haga lo que corresponde al técnico. Hay estrategia, preparación, liderazgo, equipo y confianza. Cada uno cumple una función, pero todos comparten una misma meta.En la vida pública debería ocurrir algo parecido. El sector privado tiene un rol central en la generación de empleo, inversión e innovación. El Estado debe crear condiciones, regular con inteligencia, garantizar derechos, invertir en infraestructura y asegurar servicios públicos de calidad. Las universidades deben aportar conocimiento, investigación y formación. Los sindicatos deben defender derechos laborales, pero también participar de una discusión moderna sobre productividad y empleo. Las organizaciones sociales deben ser parte de la reconstrucción del tejido comunitario. Los medios de comunicación deben informar, controlar y promover debates honestos. La ciudadanía debe involucrarse más allá del enojo circunstancial.Nadie puede ganar solo el partido del desarrollo.

La Argentina tiene recursos naturales, talento humano, capacidad productiva, creatividad, ciencia, cultura, turismo, energía, campo, industria y una sociedad solidaria que el mundo admira cada vez que llega un Mundial. Pero todo ese potencial necesita ordenarse detrás de un proyecto común. Quizás el verdadero desafío no sea ganar otra Copa del Mundo. Quizás el desafío sea conservar ese espíritu cuando el árbitro marca el final del partido.

Porque el país no va a salir adelante por la voluntad de un solo dirigente, de un solo partido, de un solo sector o de una sola generación. La salida será colectiva o no será. El día que entendamos que pensar distinto no significa ser enemigos, que reconocer un acierto ajeno no implica renunciar a las propias ideas y que el bien común debe estar por encima de cualquier fanatismo, habremos dado un paso más importante que cualquier victoria deportiva.

Cuando Argentina juega unida, demuestra que puede lograr cosas extraordinarias. La pregunta es si estaremos dispuestos a hacer lo mismo cuando el partido más importante no se juegue en una cancha, sino en el futuro del país y de nuestra propia ciudad.

Durante los últimos años, la Argentina cambió varias veces de orientación económica. Cambiaron los discursos, las prioridades y los nombres de los programas. Pero hubo algo que no cambió: la ausencia de una reforma tributaria integral, seria y duradera.El país pasó del modelo de Mauricio Macri, orientado a aliviar la carga sobre empresas y sectores de mayor capacidad económica; al modelo de Alberto Fernández, centrado en sostener ingresos, consumo y gasto público; y luego al modelo de Javier Milei, basado en el equilibrio fiscal, el blanqueo de activos y los incentivos a las grandes inversiones.Sin embargo, los tres modelos dejaron la misma deuda pendiente: ninguno logró construir confianza tributaria.

Macri: bajar impuestos para atraer inversiónEl gobierno de Mauricio Macri llegó con una promesa clara: reducir la presión tributaria, normalizar la economía y generar condiciones para que el sector privado invirtiera.La reforma tributaria de 2017 fue la expresión más clara de ese enfoque. En materia de Ganancias, se dispuso una reducción gradual de la alícuota para sociedades, del 35% al 30% y luego al 25%, acompañada por un impuesto sobre dividendos. La lógica era simple: si las empresas pagaban menos impuestos sobre utilidades reinvertidas, habría más inversión, más producción y más empleo.A eso se sumaron reducciones de derechos de exportación, beneficios para ciertos sectores productivos y el gran Sinceramiento Fiscal de 2016. Ese blanqueo fue, desde el punto de vista cuantitativo, uno de los más exitosos de la historia argentina: se exteriorizaron activos por USD 116.800 millones, de los cuales USD 93.300 millones estaban en el exterior.Pero el resultado final mostró los límites del enfoque. La baja selectiva de impuestos no alcanzó para consolidar inversión sostenida ni confianza duradera. La fragilidad fiscal, el endeudamiento, la inestabilidad cambiaria y la falta de dólares terminaron obligando al país a recurrir nuevamente al Fondo Monetario Internacional. En junio de 2018, el FMI aprobó un acuerdo Stand-By por USD 50.000 millones para la Argentina.La enseñanza de ese período es importante: bajar impuestos a sectores de mayor capacidad contributiva puede mejorar incentivos, pero no garantiza inversión si no existe estabilidad macroeconómica, previsibilidad cambiaria, solvencia fiscal y reglas duraderas.

Alberto Fernández: aliviar a trabajadores, recaudar en emergencia y sostener consumo

El gobierno de Alberto Fernández asumió con otra prioridad. Su política tributaria estuvo más orientada a sostener ingresos, financiar el gasto público, asistir a sectores afectados por la pandemia y apuntalar el consumo interno.La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva declaró la emergencia pública y creó, entre otros instrumentos, el Impuesto PAIS, aplicado inicialmente sobre operaciones vinculadas a la compra de divisas, consumos en el exterior y servicios contratados fuera del país.También se modificó Bienes Personales, se aprobó el Aporte Solidario y Extraordinario sobre grandes patrimonios y se impulsaron moratorias. El aporte extraordinario fue presentado como una medida excepcional para atender los efectos de la pandemia y alcanzó a patrimonios superiores a $200 millones, con alícuotas diferenciadas para bienes en el país y en el exterior.En Ganancias, el gobierno buscó aliviar la carga sobre trabajadores. En 2021 se promulgó una modificación que eximía del pago del impuesto a más de 1,2 millones de asalariados, trabajadores y jubilados.Pero al mismo tiempo, la política tributaria sobre empresas tuvo un giro distinto. La reforma de Ganancias para sociedades reemplazó la alícuota fija del 30% por una escala progresiva del 25% al 35%, según el nivel de ganancia neta imponible.El problema central de ese período fue que la inflación terminó deformando todo. Muchas empresas y contribuyentes pagaron impuestos no porque hubieran mejorado realmente su rentabilidad, sino porque sus ventas, ingresos o patrimonios aumentaban nominalmente por efecto de la inflación.De esa manera, el sistema tributario perdió equidad y previsibilidad. La intención de sostener el consumo terminó conviviendo con más presión sobre la actividad formal, más distorsiones y una inflación que en 2023 alcanzó el 211,4% anual, con una economía que cerró ese año en contracción.El resultado fue otra frustración: se alivió parcialmente a trabajadores, se gravó más a patrimonios y empresas, pero tampoco se logró un sistema más ordenado, más simple ni más confiable.

Milei: equilibrio fiscal, blanqueo y beneficios para grandes inversiones

El El gobierno de Javier Milei plantea un tercer modelo. Su eje es el equilibrio fiscal, la reducción del déficit, la desregulación y la atracción de capital privado.El instrumento más representativo de este enfoque es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido como RIGI. El régimen fue diseñado para grandes proyectos y ofrece beneficios tributarios, aduaneros, cambiarios y estabilidad normativa por un plazo prolongado. La lógica oficial es clara: si el país garantiza reglas estables, menor carga fiscal y seguridad jurídica para grandes inversiones, el capital privado debería llegar, producir, exportar y generar empleo.Desde ese punto de vista, puede decirse que el gobierno de Milei fue, al menos en términos normativos y discursivos, uno de los que más hizo para seducir al capital privado y a la inversión extranjera. Pocas veces se ofreció un paquete tan amplio de beneficios fiscales, estabilidad y garantías para grandes proyectos.Sin embargo, allí aparece una paradoja que no puede ser ignorada. A pesar de haber impulsado uno de los esquemas más favorables para las grandes inversiones, los resultados iniciales no estuvieron a la altura de esa expectativa. Según datos de la CEPAL, en 2024 la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe creció 7,1%, pero Argentina estuvo entre los países donde los ingresos de inversión extranjera directa fueron inferiores a los de 2023.Ese dato obliga a formular una pregunta incómoda pero necesaria: si el gobierno que más beneficios ofreció al capital no logró, en su primer año, una respuesta contundente de la inversión extranjera, ¿el problema argentino es solamente tributario? ¿O estamos frente a una dificultad más profunda vinculada con la confianza, la estabilidad política, la previsibilidad macroeconómica, el mercado interno, el cepo, el riesgo país y la historia recurrente de cambios de reglas?La respuesta parece evidente. Los beneficios fiscales pueden ser importantes, pero no alcanzan por sí solos para reconstruir confianza. Una empresa puede valorar una menor carga tributaria, pero también mira la estabilidad cambiaria, la seguridad jurídica efectiva, la demanda futura, la infraestructura, el financiamiento, la conflictividad política y la capacidad real del país para sostener las reglas que promete.A su vez, el modelo también presenta una tensión distributiva. Mientras se otorgan beneficios relevantes a grandes inversiones y patrimonios, se restituyó el Impuesto a las Ganancias para una parte de los trabajadores formales. La Ley 27.743, además, incluyó una moratoria, un nuevo régimen de regularización de activos y un régimen especial vinculado a Bienes Personales.Por eso, más que una baja generalizada de la carga tributaria, lo que se observa es una estrategia selectiva: alivio, estabilidad y beneficios para ciertos patrimonios y grandes proyectos, mientras continúa siendo elevada la presión sobre el consumo, el trabajo formal y las actividades económicas tradicionales.

La deuda común: todos recurrieron a parches

Macri apostó a bajar impuestos a empresas y grandes patrimonios. Alberto Fernández buscó aliviar a trabajadores y gravar patrimonios, consumo externo y sectores de mayor capacidad contributiva. Milei volvió a poner el foco en grandes inversiones, blanqueo, estabilidad fiscal selectiva y simplificación para ciertos contribuyentes.

Son tres modelos distintos. Pero los tres compartieron un problema: ninguno resolvió el desorden estructural del sistema tributario argentino. La Argentina sigue sin generar la confianza suficiente para que el contribuyente cumpla con convicción, el capital se quede, la inversión llegue y el sistema tributario sea percibido como justo.

Después de Macri, Alberto Fernández y Milei, la conclusión es evidente: la Argentina no necesita otro parche tributario. Necesita un sistema tributario serio, equitativo, progresivo y confiable.Porque sin confianza no hay inversión. Sin inversión no hay crecimiento. Y sin un Estado que cobre bien, gaste mejor y trate con justicia al contribuyente, no hay desarrollo posible.

La economía argentina vuelve a mostrar señales de recuperación en algunos indicadores generales. Sin embargo, cuando se analiza con mayor detalle, aparece una realidad más compleja: no todos los sectores crecen al mismo ritmo, no todos generan el mismo impacto sobre el empleo y no todos reciben las mismas condiciones para desarrollarse.

Por eso, al momento de evaluar el crecimiento de un país, no alcanza con mirar solamente si el nivel de actividad sube o baja. También es necesario observar qué sectores impulsan ese crecimiento, cuántos puestos de trabajo generan, qué capacidad tienen para integrar proveedores locales, cuánto valor agregan dentro del territorio y de qué manera ese dinamismo llega —o no llega— a la vida cotidiana de las familias.

En la Argentina actual conviven actividades que muestran una mayor capacidad de expansión, apoyadas en ventajas competitivas, precios internacionales, grandes inversiones, tecnología, escala productiva o beneficios fiscales específicos. Pero, al mismo tiempo, existen otros sectores que avanzan con muchas más dificultades: el comercio local, las pequeñas y medianas empresas, la construcción, la gastronomía, los servicios personales y buena parte de las actividades vinculadas al consumo interno.

Allí aparece la idea de una Argentina a dos velocidades.

La primera velocidad: los sectores beneficiados

En la primera velocidad aparecen los sectores vinculados con grandes inversiones, exportaciones, recursos naturales, energía, minería, agroindustria, determinadas actividades financieras y empresas de gran escala. Son actividades importantes para el país porque generan divisas, inversión, producción y, en algunos casos, desarrollo tecnológico.

El problema no es que estos sectores crezcan. Argentina necesita exportar, atraer inversiones y aumentar su productividad. El problema aparece cuando el Estado concentra en ellos la mayor parte de los beneficios fiscales, mientras los sectores que más empleo generan quedan prácticamente sin herramientas equivalentes.

Las grandes empresas y los proyectos de inversión de escala cuentan con regímenes promocionales, estabilidad tributaria, beneficios aduaneros, ventajas cambiarias, reducción de cargas, tratamientos especiales o facilidades que buscan garantizar rentabilidad y previsibilidad. A eso se suman condiciones externas favorables en algunos rubros: precios internacionales, demanda global, acceso a financiamiento, tecnología y mayor capacidad para absorber crisis.

Es decir, no solo parten de una posición competitiva más fuerte, sino que además reciben del Estado un conjunto de incentivos que mejora todavía más su situación relativa.

Esta no es una discusión contra la inversión. Sería absurdo negar la necesidad de que Argentina produzca más, exporte más y atraiga capitales. La cuestión central es otra: ¿por qué los sectores que ya tienen ventajas competitivas reciben los mayores beneficios, mientras el comercio local, las pymes y las familias siguen soportando una pesada carga tributaria?

La segunda velocidad: comercio, pymes y familias

En la otra velocidad están los comercios de barrio, las pequeñas y medianas empresas, la construcción local, la gastronomía, el transporte, los servicios profesionales, los talleres, los emprendimientos familiares y las actividades que dependen del consumo interno.

Estos sectores son los que sostienen buena parte del empleo real de las ciudades. Son los que toman trabajadores, contratan proveedores locales, alquilan locales, pagan tasas municipales, compran insumos, financian clubes, colaboran con instituciones y mantienen viva la economía cotidiana.

Sin embargo, son justamente los que menos alivio reciben. Mientras una gran inversión puede acceder a estabilidad fiscal por décadas, una pyme no sabe si el mes próximo podrá pagar sueldos, alquiler, luz, tasas, impuestos, cargas sociales y proveedores. Mientras una empresa de escala negocia condiciones especiales, un comerciante local paga IVA, Ingresos Brutos, tasas municipales, contribuciones, impuestos bancarios y costos laborales sobre márgenes cada vez más reducidos.

La diferencia es brutal: unos reciben incentivos para invertir; otros apenas intentan sobrevivir.

Además, las pymes y comercios enfrentan un fenómeno nuevo y mucho más complejo: ya no compiten solamente con el negocio de la esquina. Compiten con plataformas digitales, importaciones, grandes cadenas, comercio electrónico, empresas extranjeras, automatización, inteligencia artificial y modelos de escala global.

Es decir, se les exige competir como si fueran grandes empresas, pero se los sigue tratando tributariamente como si tuvieran espaldas financieras ilimitadas.

No se trata de enfrentar sectores, sino de equilibrar el desarrollo

Sería un error plantear esta discusión como una guerra entre campo e industria, entre grandes empresas y pymes, o entre exportadores y mercado interno. El país necesita a todos. Necesita exportadores, energía, minería, agroindustria, tecnología, industria nacional, comercio, servicios, turismo, construcción y economía del conocimiento.

El problema es cuando el Estado elige, por acción u omisión, a quién le ofrece un puente y a quién lo deja cruzar el río nadando.

Un modelo de desarrollo equilibrado debería utilizar la potencia de los sectores más competitivos para fortalecer cadenas de valor locales, proveedores nacionales, pymes regionales, empleo formal, infraestructura, capacitación e innovación tecnológica.

Si una gran inversión se instala en el país, debería generar una red de proveedores locales. Si una actividad exportadora recibe beneficios, debería integrarse con la industria nacional. Si un sector obtiene estabilidad fiscal, debería comprometer empleo, transferencia tecnológica y compras regionales. Si el Estado resigna recaudación para promover inversiones, también debe garantizar que esa resignación vuelva a la sociedad en forma de trabajo, desarrollo territorial y mayor productividad.

El beneficio fiscal no puede ser solamente una concesión. Debe ser una herramienta de desarrollo.

Concordia también tiene dos velocidades

Esta discusión nacional tiene una expresión muy concreta en Concordia. Nuestra ciudad también convive con dos realidades. Por un lado, existen actividades con potencial: citricultura, madera, producción agroindustrial, turismo, servicios, logística, comercio regional y economía del conocimiento. Hay sectores que podrían insertarse mejor en cadenas de valor provinciales, nacionales e internacionales.

Pero por otro lado, Concordia tiene una enorme economía urbana que depende del ingreso de las familias: comercios, pequeños prestadores de servicios, construcción, gastronomía, transporte, profesionales, emprendedores, talleres, feriantes y trabajadores independientes.

Cuando cae el consumo, Concordia lo siente inmediatamente. Lo siente el almacén, la carnicería, la farmacia, el kiosco, el corralón, el remisero, el gastronómico, el profesional independiente y el pequeño contribuyente municipal. Lo siente también el municipio, porque baja la recaudación, aumenta la morosidad y se debilita la capacidad de financiar servicios públicos.

Por eso, hablar de “dos velocidades” en Concordia no es una metáfora. Es una realidad económica y social.

Hay sectores que pueden tener alguna oportunidad vinculada con exportaciones, turismo, producción primaria o servicios especializados. Pero hay una gran parte de la ciudad que depende del mercado interno, del salario, de la jubilación, del empleo público, del empleo privado local y del movimiento comercial diario.

Si esa segunda velocidad se frena, se frena Concordia.

Qué debería hacer Concordia

El municipio no puede resolver por sí solo los problemas macroeconómicos del país. No maneja el tipo de cambio, la inflación, las tasas de interés, el IVA ni la política comercial nacional. Pero sí puede hacer algo muy importante: diseñar una política local para que Concordia no quede atrapada en la velocidad lenta.

Primero, debe identificar con precisión cuáles son los sectores que generan más empleo local y cuáles tienen mayor potencial de crecimiento. No alcanza con discursos generales. Se necesita información: cuántas empresas abren, cuántas cierran, qué sectores pierden empleo, cuáles demandan trabajadores, qué actividades tienen capacidad exportadora y qué pymes podrían integrarse como proveedoras.

Segundo, debe revisar la presión tributaria municipal sobre el comercio y las pymes. En una ciudad con baja actividad, alta informalidad y fuerte dependencia del consumo interno, no se puede pensar la política fiscal únicamente desde la necesidad de recaudar. También hay que pensarla desde la necesidad de sostener actividad económica.

Tercero, Concordia necesita una estrategia de compre local, proveedores locales y encadenamientos productivos. Cada obra, cada contratación pública, cada evento turístico y cada política municipal debería preguntarse cuántos pesos quedan en la ciudad y cuántos empleos locales genera.

Cuarto, debe acompañar la transformación tecnológica de las pymes. La competencia digital no va a desaparecer. El comercio local necesita herramientas para vender mejor, cobrar mejor, administrar mejor, promocionarse mejor y competir en un mercado donde las plataformas ya no son una opción, sino una realidad.

Quinto, la política social y la política productiva no pueden caminar separadas. En Concordia, la salida de fondo no puede ser solamente asistencia. Tiene que ser empleo, capacitación, formalización, pequeñas inversiones, apoyo a emprendedores, créditos accesibles y reducción de trabas burocráticas.

La pregunta que importa

La verdadera pregunta no es si Argentina va a crecer. La pregunta es quiénes van a participar de ese crecimiento.

El punto central no es negar la importancia de los sectores que crecen. Al contrario: Argentina necesita que esos sectores se expandan. La cuestión de fondo es analizar si ese crecimiento alcanza para generar empleo suficiente, fortalecer las economías regionales, sostener a las pymes y mejorar el ingreso de las familias.

Concordia necesita mirar este debate con mucha atención. Porque si el país consolida un modelo donde los beneficios se concentran arriba y los costos se pagan abajo, las ciudades más vulnerables serán las primeras en sentirlo.

No se trata de castigar a los que invierten. Se trata de no abandonar a los que trabajan, producen, venden, emplean y sostienen la economía diaria.

Esa es la discusión que debemos dar también en Concordia: cómo interpretar esta economía de dos velocidades y, sobre todo, qué puede hacer la ciudad para que el crecimiento no quede concentrado en pocos sectores, sino que se traduzca en más actividad, más empleo y más oportunidades para todos.

Una Argentina a dos velocidades puede mostrar buenos números en algunos despachos, pero dejar demasiada gente al costado del camino. Y una ciudad como Concordia no puede darse ese lujo.

Por eso, al momento de evaluar el crecimiento de un país, no alcanza con mirar solamente si el nivel de actividad sube o baja. También es necesario observar qué sectores impulsan ese crecimiento, cuántos puestos de trabajo generan, cuánto valor agregan y de qué manera ese dinamismo llega —o no llega— a la vida cotidiana de las familias.

En la Argentina actual conviven actividades con mayor capacidad de expansión, apoyadas en ventajas competitivas, precios internacionales, grandes inversiones, tecnología, escala productiva o beneficios fiscales específicos. Pero también existen sectores que avanzan con muchas más dificultades: el comercio local, las pequeñas y medianas empresas, la construcción, la gastronomía, los servicios personales y buena parte de las actividades vinculadas al consumo interno.Allí aparece la idea de una Argentina a dos velocidades.

La primera velocidad: los sectores beneficiados

En la primera velocidad aparecen los sectores vinculados con grandes inversiones, exportaciones, recursos naturales, energía, minería, agroindustria, determinadas actividades financieras y empresas de gran escala. Son actividades importantes porque generan divisas, inversión, producción y, en algunos casos, desarrollo tecnológico.

El problema no es que estos sectores crezcan. Argentina necesita exportar, atraer inversiones y aumentar su productividad. El problema aparece cuando el Estado concentra en ellos la mayor parte de los beneficios fiscales, mientras los sectores que más empleo generan quedan sin herramientas equivalentes.

Las grandes empresas y los proyectos de escala cuentan con regímenes promocionales, estabilidad tributaria, beneficios aduaneros, ventajas cambiarias, reducción de cargas, tratamientos especiales o facilidades que buscan garantizar rentabilidad y previsibilidad. A eso se suman condiciones externas favorables: precios internacionales, demanda global, financiamiento, tecnología y mayor capacidad para absorber crisis.

Es decir, no solo parten de una posición competitiva más fuerte, sino que además reciben del Estado incentivos que mejoran todavía más su situación relativa.

Esta no es una discusión contra la inversión. Sería absurdo negar la necesidad de que Argentina produzca más, exporte más y atraiga capitales. La cuestión central es otra: ¿por qué los sectores que ya tienen ventajas competitivas reciben los mayores beneficios, mientras el comercio local, las pymes y las familias siguen soportando una pesada carga tributaria?

La segunda velocidad: comercio, pymes y familias

En la otra velocidad están los comercios de barrio, las pequeñas y medianas empresas, la construcción local, la gastronomía, el transporte, los servicios profesionales, los talleres, los emprendimientos familiares y las actividades que dependen del consumo interno.

Estos sectores sostienen buena parte del empleo real de las ciudades. Son los que toman trabajadores, contratan proveedores locales, alquilan locales, pagan tasas municipales, compran insumos y mantienen viva la economía cotidiana.

Sin embargo, son justamente los que menos alivio reciben. Mientras una gran inversión puede acceder a estabilidad fiscal por décadas, una pyme no sabe si el mes próximo podrá pagar sueldos, alquiler, luz, tasas, impuestos, cargas sociales y proveedores. Mientras una empresa de escala negocia condiciones especiales, un comerciante local paga IVA, Ingresos Brutos, tasas municipales, contribuciones, impuestos bancarios y costos laborales sobre márgenes cada vez más reducidos.La diferencia es brutal: unos reciben incentivos para invertir; otros apenas intentan sobrevivir.

Además, las pymes y comercios ya no compiten solamente con el negocio de la esquina. Compiten con plataformas digitales, importaciones, grandes cadenas, comercio electrónico, empresas extranjeras, automatización, inteligencia artificial y modelos de escala global.

Es decir, se les exige competir como si fueran grandes empresas, pero se los sigue tratando tributariamente como si tuvieran espaldas financieras ilimitadas.

No se trata de enfrentar sectores, sino de equilibrar el desarrollo

Sería un error plantear esta discusión como una guerra entre campo e industria, entre grandes empresas y pymes, o entre exportadores y mercado interno. El país necesita a todos: exportadores, energía, minería, agroindustria, tecnología, industria nacional, comercio, servicios, turismo, construcción y economía del conocimiento.

El problema es cuando el Estado elige, por acción u omisión, a quién le ofrece un puente y a quién lo deja cruzar el río nadando.Un modelo de desarrollo equilibrado debería utilizar la potencia de los sectores más competitivos para fortalecer cadenas de valor locales, proveedores nacionales, pymes regionales, empleo formal, infraestructura, capacitación e innovación tecnológica.

Si una gran inversión se instala en el país, debería generar una red de proveedores locales. Si una actividad exportadora recibe beneficios, debería integrarse con la industria nacional. Si un sector obtiene estabilidad fiscal, debería comprometer empleo, transferencia tecnológica y compras regionales. El beneficio fiscal no puede ser solamente una concesión. Debe ser una herramienta de desarrollo.

Concordia también tiene dos velocidades

Esta discusión nacional tiene una expresión muy concreta en Concordia. Nuestra ciudad también convive con dos realidades.

Por un lado, existen actividades con potencial: citricultura, madera, producción agroindustrial, turismo, servicios, logística, comercio regional y economía del conocimiento. Hay sectores que podrían insertarse mejor en cadenas de valor provinciales, nacionales e internacionales.

Pero por otro lado, Concordia tiene una enorme economía urbana que depende del ingreso de las familias: comercios, pequeños prestadores de servicios, construcción, gastronomía, transporte, profesionales, emprendedores, talleres, feriantes y trabajadores independientes.

Cuando cae el consumo, Concordia lo siente inmediatamente. Lo siente el almacén, la carnicería, la farmacia, el kiosco, el corralón, el remisero, el gastronómico, el profesional independiente y el pequeño contribuyente municipal. Lo siente también el municipio, porque baja la recaudación, aumenta la morosidad y se debilita la capacidad de financiar servicios públicos.

Por eso, hablar de “dos velocidades” en Concordia no es una metáfora. Es una realidad económica y social.

Hay sectores que pueden tener oportunidades vinculadas con exportaciones, turismo, producción primaria o servicios especializados. Pero hay una gran parte de la ciudad que depende del mercado interno, del salario, de la jubilación, del empleo público, del empleo privado local y del movimiento comercial diario.

Si esa segunda velocidad se frena, se frena Concordia.

Qué debería hacer Concordia

El municipio no puede resolver por sí solo los problemas macroeconómicos del país. No maneja el tipo de cambio, la inflación, las tasas de interés, el IVA ni la política comercial nacional. Pero sí puede diseñar una política local para que Concordia no quede atrapada en la velocidad lenta.

Primero, debe identificar con precisión cuáles son los sectores que generan más empleo local y cuáles tienen mayor potencial de crecimiento. No alcanza con discursos generales. Se necesita información: empresas que abren y cierran, sectores que pierden empleo, actividades con capacidad exportadora y pymes que podrían integrarse como proveedoras.

Segundo, debe revisar la presión tributaria municipal sobre el comercio y las pymes. En una ciudad con baja actividad, alta informalidad y fuerte dependencia del consumo interno, no se puede pensar la política fiscal únicamente desde la necesidad de recaudar. También hay que pensarla desde la necesidad de sostener actividad económica.

Tercero, Concordia necesita una estrategia de compre local, proveedores locales y encadenamientos productivos. Cada obra, contratación pública, evento turístico y política municipal debería preguntarse cuántos pesos quedan en la ciudad y cuántos empleos locales genera.

Cuarto, debe acompañar la transformación tecnológica de las pymes. La competencia digital no va a desaparecer. El comercio local necesita herramientas para vender, cobrar, administrar, promocionarse y competir mejor en un mercado donde las plataformas ya no son una opción, sino una realidad.

Quinto, la política social y la política productiva no pueden caminar separadas. En Concordia, la salida de fondo no puede ser solamente asistencia. Tiene que ser empleo, capacitación, formalización, pequeñas inversiones, apoyo a emprendedores, créditos accesibles y reducción de trabas burocráticas.

La pregunta que importa

La verdadera pregunta no es si Argentina va a crecer. La pregunta es quiénes van a participar de ese crecimiento.

El punto central no es negar la importancia de los sectores que crecen. Al contrario: Argentina necesita que esos sectores se expandan. La cuestión de fondo es analizar si ese crecimiento alcanza para generar empleo suficiente, fortalecer las economías regionales, sostener a las pymes y mejorar el ingreso de las familias.

Concordia necesita mirar este debate con mucha atención. Porque si el país consolida un modelo donde los beneficios se concentran arriba y los costos se pagan abajo, las ciudades más vulnerables serán las primeras en sentirlo.

No se trata de castigar a los que invierten. Se trata de no abandonar a los que trabajan, producen, venden, emplean y sostienen la economía diaria.

Esa es la discusión que debemos dar también en Concordia: cómo interpretar esta economía de dos velocidades y qué puede hacer la ciudad para que el crecimiento no quede concentrado en pocos sectores, sino que se traduzca en más actividad, más empleo y más oportunidades para todos.

Una Argentina a dos velocidades puede mostrar buenos números en algunos despachos, pero dejar demasiada gente al costado del camino. Y una ciudad como Concordia no puede darse ese lujo.

Hay transformaciones que no hacen ruido, pero cambian el destino económico de una ciudad. La baja sostenida de la natalidad es una de ellas. No produce una crisis visible de un día para otro, pero altera lentamente la estructura de la población y obliga a mirar mucho más allá del próximo presupuesto municipal.

La Argentina está viviendo una transformación demográfica acelerada. En 2024 se registraron 413.135 nacidos vivos en todo el país. Diez años antes, la cifra superaba los 777.000. En apenas una década, la cantidad anual de nacimientos se redujo casi a la mitad. A su vez, las proyecciones oficiales del INDEC muestran una tasa global de fecundidad para 2025 de apenas 1,27 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo generacional, que se ubica en torno a 2,1.

En el departamento Concordia, la señal es aún más clara. La tasa bruta de natalidad pasó de niveles superiores a 20 nacimientos cada mil habitantes en 2014 a poco más de 10 en 2024. La reducción es prácticamente del 50% en una década. 

Esta información no debe leerse como una simple curiosidad estadística. Para una ciudad que ya convive con altos niveles de pobreza, baja tasa de actividad y dificultades estructurales para generar empleo privado formal, el cambio demográfico tiene consecuencias económicas directas.

La primera consecuencia está en el mercado laboral. Una ciudad con menos nacimientos hoy tendrá, en algunos años, menos jóvenes ingresando al sistema educativo, luego menos personas ingresando al mercado de trabajo y, finalmente, una base más reducida de contribuyentes y trabajadores activos. Si al mismo tiempo aumenta la proporción de adultos mayores, la presión sobre los sistemas de salud, cuidados y protección social será cada vez mayor.

El problema no es solamente cuántos habitantes tendrá Concordia dentro de veinte años. El verdadero problema es cuántos trabajadores tendrá, cuántos empleos formales podrá generar, cuánta productividad será capaz de construir y qué capacidad fiscal tendrá el Estado local para financiar servicios cada vez más complejos.

Hoy Concordia ya parte de una situación delicada. Según los últimos datos oficiales publicados por la DGEC, en el cuarto trimestre de 2025 la tasa de actividad del aglomerado Concordia fue del 43,1% y la tasa de empleo del 40,7%. Esto significa que una parte importante de la población no participa activamente del mercado laboral o no logra insertarse en un empleo. A su vez, en el segundo semestre de 2025, el 49,9% de las personas del aglomerado Concordia se encontraba bajo la línea de pobreza y el 13,6% bajo la línea de indigencia.

Estos datos son centrales para interpretar el fenómeno. La baja natalidad no ocurre en una ciudad rica, con pleno empleo y alta productividad. Ocurre en una ciudad donde muchas familias postergan decisiones, donde criar un hijo implica un esfuerzo económico enorme y donde el futuro laboral de los jóvenes aparece muchas veces limitado. Por eso, el debate no puede reducirse a pedir que “nazcan más chicos”. La pregunta económica es otra: qué condiciones ofrece Concordia para que formar una familia, trabajar, estudiar y proyectar una vida en la ciudad sea posible.

El costo de crianza ayuda a comprender parte del problema. El INDEC mide una canasta de crianza que incluye bienes, servicios y el valor del tiempo de cuidado. Para marzo de 2026, esa canasta se ubicaba entre casi $500.000 y más de $630.000 mensuales según la edad del niño. Lo más relevante es que una parte sustancial de ese costo no corresponde solamente a alimentos, ropa o transporte, sino al tiempo de cuidado. Ese tiempo, en la práctica, sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres y tiene un impacto directo en su inserción laboral, sus ingresos y su autonomía económica.

Desde una mirada de finanzas públicas, esto exige repensar prioridades. Una ciudad que envejece y tiene menos nacimientos no puede seguir planificando su presupuesto como si la estructura social fuera la misma de hace treinta años. La demanda de jardines, escuelas primarias y servicios pediátricos puede modificarse gradualmente. Pero al mismo tiempo crecerá la demanda de atención médica, rehabilitación, medicamentos, acompañamiento domiciliario, accesibilidad urbana, transporte adecuado, centros de día y servicios vinculados al cuidado de personas mayores.

Ahí aparece un punto clave: el envejecimiento no es solamente un problema de gasto. También puede ser una oportunidad económica si se planifica con inteligencia. 

Concordia tiene condiciones para desarrollar una economía de la longevidad: servicios de salud, termalismo, espacios verdes, cercanía con Salto, escala urbana intermedia y potencial turístico. Pero esas ventajas no se transforman solas en desarrollo. Requieren inversión, capacitación laboral, infraestructura, regulación adecuada y una estrategia público-privada sostenida.

La ciudad debería mirar esta tendencia como una agenda de desarrollo. Servicios domiciliarios, enfermería, acompañantes terapéuticos, turismo de salud, recreación para adultos mayores, viviendas adaptadas, alimentación saludable, movilidad urbana accesible y tecnología aplicada al cuidado pueden convertirse en fuentes de empleo y actividad económica. Pero para eso se necesita anticipación. Si se espera a que la presión del envejecimiento estalle, el Estado solo llegará tarde y gastará peor.

También habrá impacto sobre la educación. Menos nacimientos implicarán, con el tiempo, cohortes escolares más pequeñas.

Esto puede llevar a revisar la distribución de cargos, edificios e infraestructura. Pero sería un error interpretar la baja de matrícula solamente como una oportunidad para recortar gasto. En una ciudad con altos niveles de pobreza, cada niño que nace vale aún más desde el punto de vista económico y social. Menos alumnos deberían significar mejor inversión por estudiante, más jornada escolar, más apoyo temprano, más tecnología y más calidad educativa. Si las próximas generaciones serán menos numerosas, no podemos permitirnos que además estén peor formadas.

El mismo razonamiento vale para los jóvenes. Concordia no solo debe preocuparse por cuántos nacen, sino por cuántos se quedan. Si la ciudad pierde jóvenes por falta de oportunidades educativas, laborales o profesionales, el problema demográfico se agrava. Una comunidad que expulsa jóvenes pierde trabajadores futuros, emprendedores, contribuyentes, innovación y renovación institucional.

Por eso, la agenda demográfica debe cruzarse con la agenda productiva. No alcanza con mirar estadísticas de nacimientos.

Hay que vincularlas con empleo, pobreza, inversión, educación técnica, conectividad, logística, turismo, economía del conocimiento y desarrollo regional. La pregunta de fondo es si Concordia será capaz de ofrecer oportunidades suficientes para que sus jóvenes quieran quedarse y sus familias puedan proyectar un futuro.

Concordia necesita incorporar esta discusión a su planificación pública. No hacen falta grandes estructuras burocráticas, pero sí indicadores concretos: nacimientos por año, matrícula escolar por barrio, migración juvenil, población adulta mayor, demanda de cuidados, cobertura de salud, empleo formal, informalidad, pobreza y localización territorial de los servicios. Sin información no hay planificación; y sin planificación, el Estado siempre termina reaccionando tarde.

La caída de la natalidad no es una catástrofe inevitable. Tampoco significa que Concordia vaya a despoblarse en el corto plazo. Pero sí marca un cambio profundo. Durante décadas, muchas políticas públicas se pensaron sobre la base de una población joven y creciente. Ese mundo empieza a cambiar.

El desafío económico de Concordia será producir más riqueza, más empleo formal y mejores servicios con una estructura poblacional distinta: menos niños, menos jóvenes en proporción y más adultos mayores. Eso obliga a ordenar prioridades, invertir mejor y pensar la ciudad a veinte o treinta años.

La demografía no se corrige con discursos. Se enfrenta con desarrollo, educación, empleo, productividad y planificación fiscal. Concordia tiene que empezar a discutirlo ahora, porque cuando los efectos sean plenamente visibles, el margen de maniobra será mucho menor.

Concordia tiene una paradoja que duele. Es una de las ciudades con mayores potencialidades productivas de Entre Ríos y, al mismo tiempo, una de las que más dificultades sociales arrastra desde hace décadas. Tiene río, frontera, producción citrícola, forestal y agroindustrial, Parque Industrial, aeropuerto renovado, termas, turismo, conexión con Uruguay, cercanía al corredor del Mercosur, instituciones técnicas y capital humano. Sin embargo, buena parte de esa riqueza potencial todavía no se traduce en empleo formal, inversión sostenida, mejores ingresos ni movilidad social.

El problema de Concordia no es la falta absoluta de oportunidades. El problema es que esas oportunidades no han sido integradas dentro de una estrategia de ciudad.

Durante años discutimos la coyuntura: la crisis de la citricultura, la pérdida de empleo, el atraso de infraestructura, la pobreza, la informalidad, la caída del comercio, la falta de inversión, la presión tributaria, el costo de los servicios o la falta de crédito.

Todos esos temas son reales y urgentes. Pero hay una pregunta más profunda que la ciudad debe animarse a responder: ¿qué Concordia queremos construir en los próximos 30 años?

Esa pregunta no puede contestarse con slogans, obras aisladas ni anuncios de ocasión. Se responde con planificación, datos, prioridades, financiamiento, continuidad institucional y participación de los sectores que realmente producen, trabajan, invierten, enseñan y generan conocimiento en la ciudad.

Concordia necesita dejar de pensar su desarrollo como una suma de partes inconexas. El turismo por un lado, el Parque Industrial por otro, la citricultura por otro, el aeropuerto por otro, el comercio por otro y la logística por otro. Esa mirada fragmentada es una de las razones por las cuales tantas potencialidades quedan a mitad de camino.

La ciudad debe pasar de la lógica de los proyectos sueltos a la lógica de un sistema de desarrollo.

La producción citrícola, forestal, hortícola y alimentaria debe estar conectada con la industrialización, el envasado, la conservación, la trazabilidad, la exportación, la innovación tecnológica y la logística. No alcanza con producir materias primas si el mayor valor agregado se genera fuera del territorio. Concordia debe preguntarse cuánta riqueza se produce en la región, cuánta se transforma localmente y cuánta se pierde por falta de infraestructura, escala, financiamiento o coordinación.

El Parque Industrial puede ser una pieza central, pero no puede limitarse a ser un predio donde se ofrecen lotes. Debe transformarse en una plataforma de desarrollo productivo. Para eso necesita servicios confiables, conectividad, accesos adecuados, seguridad jurídica, gestión ambiental, reglas claras e incentivos inteligentes. Pero, sobre todo, necesita una política industrial local: saber qué tipo de empresas se quieren atraer, qué cadenas productivas se busca fortalecer, qué empleo se pretende generar y qué compromisos deben asumir quienes reciban beneficios públicos.

El aeropuerto Comodoro Pierrestegui también debe ser pensado dentro de una estrategia mayor. No alcanza con tener una obra moderna si no se la conecta con turismo, eventos, servicios, comercio exterior, logística liviana, salud, conocimiento y vinculación regional. Lo mismo ocurre con la posibilidad de desarrollar una zona logística, un puerto de barcazas o una mayor integración con Uruguay. Son oportunidades importantes, pero deben ser evaluadas con seriedad técnica, estudios ambientales, análisis económico y etapas verificables.

Concordia no necesita promesas grandilocuentes. Necesita una hoja de ruta. Esa hoja de ruta debería tener horizonte 2056.

Treinta años no significan mirar demasiado lejos. Significan empezar a tomar decisiones que no se agoten en una gestión municipal. Las ciudades que progresan no son las que cambian de rumbo cada cuatro años, sino las que logran acuerdos básicos sobre su perfil productivo, su infraestructura, su ordenamiento territorial, su sistema educativo y su política fiscal.

Pensar Concordia a 30 años exige una visión estadística. Esto es fundamental. No puede haber política pública seria sin medición. La ciudad debería contar con un tablero público de indicadores productivos, sociales, fiscales, ambientales y urbanos. ¿Cuántas empresas se radican por año? ¿Cuántos empleos privados formales se crean? ¿Cuánto pesa la economía informal? ¿Cuánto valor agregado queda en la ciudad? ¿Cuántos jóvenes se capacitan en oficios demandados? ¿Cuánto tarda una habilitación comercial? ¿Qué sectores exportan? ¿Qué inversiones se concretan? ¿Qué obras mejoran efectivamente la competitividad?

Sin datos, la política se transforma en relato. Con datos, puede convertirse en gestión.

El municipio no tiene recursos ilimitados.. No se trata de agrandar el Estado ni de achicarlo por consigna. Se trata de construir un Estado municipal inteligente, capaz de ordenar prioridades, facilitar inversiones, controlar resultados y generar confianza.

Concordia necesita un banco de proyectos estratégicos: obras, programas y reformas previamente estudiadas, con costos estimados, impacto esperado, fuentes de financiamiento posibles y etapas de ejecución. Eso permitiría gestionar recursos provinciales, nacionales, internacionales o público-privados con mayor seriedad. Muchas veces las oportunidades de financiamiento se pierden no porque falten ideas, sino porque no existen proyectos técnicamente preparados.

También hace falta una ventanilla única de inversión. Quien quiera invertir en Concordia no debería perderse en un laberinto administrativo. La ciudad debe simplificar trámites, digitalizar procesos, reducir tiempos, ordenar normas y ofrecer información clara. La seguridad jurídica también es política productiva.

Pero el desarrollo no puede depender solamente del municipio. Deben participar empresarios, comerciantes, productores, sindicatos, universidades, escuelas técnicas, colegios profesionales, instituciones intermedias, emprendedores, sector turístico, organismos técnicos como el INTA, Provincia y Nación. La planificación de una ciudad no puede ser una carpeta cerrada en un despacho. Debe ser un contrato social de desarrollo.

El turismo merece una consideración especial. Concordia tiene termas, río, historia, naturaleza, eventos, cercanía con Salto Grande y una localización privilegiada para construir una oferta regional integrada. Pero el turismo tampoco debe mirarse como una actividad aislada. Debe conectarse con gastronomía, cultura, producción local, transporte, comercio, hotelería, formación laboral, servicios digitales y promoción inteligente. El turismo genera empleo cuando se lo profesionaliza y se lo integra al resto de la economía.

La educación es otro eje central. Concordia no podrá cambiar su matriz productiva si no vincula mejor la formación con el empleo. Escuelas técnicas, universidades, institutos terciarios y centros de capacitación deben dialogar con las necesidades reales y futuras de la economía local: agroindustria, logística, mantenimiento industrial, programación, análisis de datos, energías renovables, gestión ambiental, turismo, comercio exterior y economía del conocimiento.

La gran batalla del futuro será por el talento. Si Concordia no ofrece oportunidades a sus jóvenes, seguirá formando capacidades que luego emigran. Una ciudad que pierde a sus jóvenes pierde futuro.

Por eso, hablar de producción no es hablar solamente de empresas. Es hablar de movilidad social, arraigo, educación, infraestructura, tecnología, ambiente y calidad de vida. El desarrollo productivo bien diseñado reduce pobreza, fortalece el comercio, mejora la recaudación, amplía la base tributaria y permite financiar mejores servicios públicos sin asfixiar al contribuyente.

La ciudad tiene que sentar en una misma mesa a todos los sectores relevantes de su economía y construir una agenda común: producción con valor agregado, turismo integrado, logística regional, modernización del Parque Industrial, aeropuerto articulado al desarrollo, educación vinculada al trabajo, infraestructura priorizada, reglas claras, sustentabilidad ambiental e indicadores públicos.

El futuro no se improvisa. Se diseña, se financia, se mide y se sostiene en el tiempo. Para es hay que dejar de empezar de nuevo cada cuatro años. Dejar de mirar sólo la emergencia. Dejar de discutir el desarrollo como una promesa abstracta.

Es hora de pensar Concordia a 30 años, porque las ciudades no progresan únicamente por lo que tienen. Progresan cuando saben hacia dónde van.

La Argentina atraviesa una paradoja económica que merece ser analizada con seriedad y sin simplificaciones. El país creó incentivos, prometió reglas más favorables y buscó seducir al capital internacional. Sin embargo, los últimos datos muestran que la inversión extranjera directa cayó con fuerza. La pregunta, entonces, no es si Argentina necesita inversiones, sino por qué todavía no logra convertir las reformas en desembolsos reales.

Probablemente, pocos gobiernos hayan puesto tanto énfasis discursivo y normativo en atraer inversiones extranjeras como el actual. Desde la desregulación económica hasta la apertura comercial, desde los beneficios impositivos hasta el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, el mensaje oficial fue claro: había que remover obstáculos, ofrecer rentabilidad, reducir la intervención estatal y generar un marco más amigable para el capital privado.Con un programa basado en ajuste fiscal extremo, desregulación acelerada, apertura comercial y reducción del Estado, el Gobierno apostó desde el primer día a una idea central: que la confianza de los mercados y la llegada masiva de inversiones extranjeras terminarían ordenando la economía. La lógica parecía sencilla. Si el Estado se ordenaba fiscalmente, si se reducían regulaciones, si se ofrecían beneficios extraordinarios y si se alineaban las señales con los mercados internacionales, la inversión extranjera directa debía llegar. Argentina hizo mucho para mostrar voluntad de apertura, pero esa voluntad todavía no se tradujo en una llegada significativa de capital productivo.En apenas meses, el Gobierno impulsó flexibilizaciones regulatorias, incentivos fiscales, apertura de importaciones, reducción de controles estatales, beneficios para grandes grupos económicos y señales permanentes de alineamiento con los mercados internacionales. El discurso oficial prometía que la “lluvia de inversiones” llegaría rápidamente una vez eliminado el “peso del Estado”. Pero esa lluvia todavía no aparece. El último informe de la OCDE sobre inversión extranjera directa permite dimensionar mejor el problema. Durante 2025, la inversión extranjera directa global creció alrededor de 15%. En las economías emergentes del G20 que no integran la OCDE, el crecimiento fue todavía mayor: aproximadamente 42%. Es decir, el mundo no estuvo cerrado a la inversión. Por el contrario, hubo una recuperación importante de los flujos internacionales de capital. El problema es que Argentina quedó prácticamente afuera de esa recuperación. La comparación regional e internacional es contundente. Brasil recibió en 2025 cerca de 76.877 millones de dólares de inversión extranjera directa. China captó aproximadamente 79.980 millones. India recibió 39.099 millones. México superó los 40.000 millones. Chile, con una economía mucho más pequeña, recibió más de 13.000 millones. Argentina, en cambio, apenas alcanzó los 3.134 millones de dólares. El contraste no solo es importante por el monto absoluto, sino también por la tendencia. El país había recibido 11.644 millones de dólares en 2024 y más de 24.000 millones en 2023. La caída de 2025 fue, por lo tanto, muy significativa y obliga a mirar el fenómeno con mayor profundidad.El Banco Central también aporta una explicación técnica que conviene tener en cuenta. En el cuarto trimestre de 2025, Argentina registró salidas netas de inversión extranjera directa por 4.687 millones de dólares. Buena parte de ese movimiento estuvo explicada por cancelaciones de deuda comercial entre empresas vinculadas. Esto significa que la caída de la inversión extranjera directa no debe leerse solamente como ausencia de nuevos anuncios, sino también como parte de un proceso financiero de reordenamiento intrafirma, desendeudamiento y cambios contables de empresas extranjeras ya instaladas en el país.Aun así, la señal general sigue siendo preocupante. Porque mientras Argentina retrocedía, otros países emergentes sí lograban captar capital. Brasil no solo atrajo más inversión: también comenzó a posicionarse en sectores estratégicos vinculados a infraestructura tecnológica, energías renovables y centros de datos. La OCDE destacó, por ejemplo, grandes proyectos internacionales asociados a inteligencia artificial, semiconductores, infraestructura digital y transición energética. Esa es una señal del tipo de inversión que hoy se está disputando en el mundo.Ahí aparece la pregunta central: ¿por qué, si Argentina hizo tanto para atraer inversiones, los resultados todavía no aparecen? La primera respuesta es que las normas ayudan, pero no alcanzan. La inversión extranjera directa no responde únicamente a beneficios fiscales, desregulaciones o declaraciones de confianza hacia los mercados.La inversión productiva, la que construye plantas, desarrolla infraestructura, incorpora tecnología y genera empleo, necesita algo más profundo: horizonte de largo plazo, estabilidad macroeconómica, previsibilidad cambiaria, seguridad jurídica sostenida, infraestructura disponible y una demanda razonablemente estable.Un inversor puede valorar positivamente el equilibrio fiscal, la desregulación o el RIGI. Pero antes de poner capital irreversible en un país también observa otros factores: si podrá girar dividendos, importar insumos, acceder a divisas, sostener contratos, proyectar costos, vender en un mercado interno que no se derrumbe y operar en un contexto social políticamente sostenible. En otras palabras, la decisión de invertir no depende solo de la rentabilidad prometida, sino de la confianza integral en el funcionamiento futuro de la economía. Por eso el problema argentino no parece estar solamente en la falta de incentivos. El problema está en la confianza estructural del sistema. Y la confianza no se decreta. Se construye con consistencia, con reglas sostenidas en el tiempo, con estabilidad política, con instituciones previsibles y con una economía capaz de mostrar un sendero de crecimiento más allá del ajuste inicial.Ese punto es clave. La inversión extranjera directa actual ya no se mueve solamente por bajos impuestos o salarios competitivos. Se mueve por cadenas globales de valor, infraestructura digital, energía disponible, logística, estabilidad institucional, talento humano y capacidad de integración tecnológica. El capital busca países que no solo prometan rentabilidad, sino que ofrezcan ecosistemas productivos.Argentina tiene recursos naturales extraordinarios, energía, litio, alimentos, capacidad agroindustrial, talento profesional y ubicación estratégica en áreas relevantes para el comercio internacional. Pero todavía no logra convertir ese potencial en una plataforma sostenida de inversión. En parte porque muchos proyectos requieren infraestructura previa. En parte porque la macroeconomía sigue en transición. En parte porque la recuperación del consumo y del crédito todavía es débil. Y en parte porque los inversores internacionales observan con atención la sustentabilidad política y social del programa económico. La experiencia internacional muestra que los incentivos pueden acelerar decisiones, pero difícilmente compensen por sí solos la incertidumbre. Un régimen promocional puede mejorar la ecuación de rentabilidad de un proyecto, pero no elimina el riesgo de un país con antecedentes de crisis recurrentes, restricciones cambiarias, cambios bruscos de reglas, conflictos distributivos y ciclos de endeudamiento y ajuste. El inversor extranjero no mira solamente la foto del presente. Mira la película completa. En ese sentido, el debate argentino debería correrse de una discusión demasiado simple. No se trata de elegir entre Estado o mercado, ni entre apertura o aislamiento. Se trata de construir condiciones para que el capital productivo encuentre en el país una oportunidad real de largo plazo. Eso requiere estabilidad macroeconómica, pero también infraestructura, capital humano, integración regional, desarrollo de proveedores locales, seguridad jurídica, coordinación público-privada y una política productiva inteligente.El desafío no debería ser abandonar los incentivos, sino complementarlos con una estrategia más amplia. El RIGI puede ser una herramienta útil. La apertura puede ayudar en determinados sectores. La disciplina fiscal puede mejorar la percepción externa. Pero ninguna de esas medidas, por sí sola, garantiza inversión productiva. La inversión no llega solo porque un país ofrece beneficios. Llega cuando el inversor cree que el proyecto será viable durante diez, veinte o treinta años. La paradoja argentina, entonces, no es que el país no haya hecho nada para atraer capitales. Al contrario: hizo mucho. La paradoja es que hizo mucho en el plano normativo, pero todavía no resolvió los factores estructurales que convierten una oportunidad legal en una decisión efectiva de inversión. Puede haber leyes favorables, beneficios tributarios y discursos de apertura, pero si persisten dudas sobre el crecimiento, el acceso a divisas, la estabilidad política y la paz social, la inversión productiva seguirá esperando. El mensaje constructivo debería ser claro. Argentina necesita inversión extranjera directa, pero no cualquier inversión ni bajo cualquier condición. Necesita inversión que amplíe capacidad productiva, genere empleo formal, incorpore tecnología, aumente exportaciones y fortalezca el desarrollo nacional. Para eso, los incentivos son apenas el punto de partida. El verdadero desafío es construir confianza de largo plazo. Y esa confianza no depende solamente de bajar impuestos o desregular. Depende de que el país logre demostrar que puede crecer, sostener reglas, ordenar su macroeconomía, cuidar su tejido social y ofrecer un horizonte razonable de estabilidad. Para los mercados internacionales, una cuenta fiscal equilibrada importa. Pero una economía socialmente inviable también es un riesgo. Y la inversión extranjera directa, a diferencia del capital financiero, no entra y sale con la misma velocidad: exige tiempo, confianza, estabilidad y futuro.

Pero el mundo cambió, y ese cambio ya no es una hipótesis futura: es una realidad cotidiana. Hoy una persona compara precios desde el celular, paga con una billetera virtual, consulta redes sociales antes de comprar y espera recibir un producto en su casa con rapidez, financiación y seguimiento.El comercio digital no es una moda pasajera. Es una transformación estructural de la economía. En Argentina, según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, el comercio online alcanzó en 2025 una facturación superior a los 34 billones de pesos, con un crecimiento nominal del 55% respecto del año anterior, 253 millones de órdenes de compra y 645 millones de unidades vendidas.El dato más importante no es solamente el volumen, sino el cambio cultural: el consumidor incorporó el canal digital como parte normal de su vida. Además, el Litoral ya representa una porción relevante de la facturación nacional, lo que demuestra que esta dinámica no pertenece solo al AMBA ni a las grandes ciudades.Para una ciudad como Concordia, donde el comercio, los servicios y las pequeñas unidades económicas tienen un peso decisivo, el desafío es enorme. No estamos hablando de un sector marginal. La actividad comercial en nuestra ciudad sostiene empleo, alquileres, proveedores, recaudación municipal, consumo familiar y movimiento urbano. Cuando el comercio se enfría, la ciudad lo siente rápidamente: cae la venta, se achican márgenes, se posterga inversión, se reduce contratación de personal y también se debilitan los ingresos públicos. Por eso la discusión digital no debe mirarse como un tema tecnológico, sino como un tema de desarrollo local.El problema es que el comercio tradicional enfrenta hoy una doble presión. Por un lado, el consumo interno sigue condicionado por la pérdida de poder adquisitivo, el aumento de costos fijos, alquileres, servicios, impuestos y financiamiento limitado. CAME informó que las ventas minoristas pyme cayeron 3,2% interanual en abril de 2026 y acumularon una baja del 3,5% en el primer cuatrimestre.Por otro lado, las plataformas digitales, las compras internacionales y los nuevos hábitos del consumidor avanzan a una velocidad que muchas veces supera la capacidad de adaptación de los comercios locales.Frente a este escenario, sería un error plantear la discusión como una pelea entre comercio físico y comercio digital. El verdadero camino es la integración. El local no tiene que desaparecer: tiene que ampliarse. La vidriera ya no termina en la vereda; debe continuar en Instagram, WhatsApp, una tienda online, una plataforma de pagos y un sistema de entrega eficiente. El mostrador sigue teniendo valor, pero debe convivir con la pantalla. La confianza personal del comerciante concordiense es una ventaja competitiva, siempre que se combine con herramientas modernas.

La primera transformación necesaria es cultural. Muchos comercios todavía piensan lo digital solo como “publicar algo en redes”. Pero vender digitalmente implica mucho más: ordenar stock, responder rápido, mostrar precios claros, aceptar medios de pago, ofrecer promociones, medir qué productos se consultan más, segmentar clientes, mejorar la presentación visual y garantizar una experiencia de compra simple. Es importante entender que hoy la competencia no está únicamente en el local de al lado; también está en una plataforma nacional o internacional que ofrece precio, financiación y logística.La segunda transformación es financiera. En la nueva economía, el medio de pago es parte de la venta. Las tarjetas, las billeteras virtuales, los pagos con QR, las cuotas y los descuentos bancarios se transformaron en instrumentos comerciales decisivos. CACE señala que las tarjetas de crédito siguen liderando las compras online y que ocho de cada diez consumidores consideran clave la posibilidad de pagar en cuotas. En una economía donde el ingreso familiar está tensionado, la financiación puede definir si una operación se concreta o no. El comerciante que no ofrece alternativas de pago pierde competitividad antes de discutir precio.La tercera transformación es logística. El consumidor actual no solo compra un producto: compra tiempo, comodidad y previsibilidad. Quiere saber si hay stock, cuándo llega, cuánto cuesta el envío y cómo reclamar si algo falla. En las grandes plataformas, la logística se convirtió en una ventaja estratégica. Pero eso no significa que el comercio local esté condenado. Concordia puede aprovechar su escala urbana para construir soluciones más simples y rápidas: acuerdos entre comercios, servicios de reparto local, puntos de retiro, compras agrupadas, entregas programadas y una mejor articulación con emprendedores de la ciudad.La cuarta transformación es el uso de datos. El comercio moderno no puede tomar decisiones solamente por intuición. Necesita saber qué se vende, cuándo se vende, qué cliente vuelve, qué producto rota poco, qué promoción funciona y qué canal genera consultas. No hace falta una gran inversión para empezar. Un registro ordenado de ventas, una base de clientes, una agenda de WhatsApp bien segmentada, estadísticas de redes sociales o un sistema simple de gestión pueden marcar una diferencia importante. En la economía digital, los datos son una nueva forma de capital.También aparece un punto central desde las finanzas públicas: el Estado local no puede mirar este proceso desde afuera. Si el comercio cambia, las políticas públicas también deben cambiar. La tarea municipal no debería limitarse a cobrar tasas o habilitar locales, sino a crear condiciones para que el entramado comercial pueda modernizarse. Capacitación digital, simplificación administrativa, incentivos para la formalización, mejora de conectividad en zonas comerciales, acompañamiento a emprendedores, acuerdos con universidades e instituciones intermedias y una estrategia de ciudad para el comercio electrónico son herramientas posibles y necesarias.En Concordia, este proceso debe ser asumido como una política pública municipal estratégica. El comercio local tiene un peso decisivo en la actividad económica, en la generación de empleo y en la recaudación de la ciudad; por eso, frente a una transformación digital que desde 2023 se aceleró de manera permanente, el municipio no puede ser un actor pasivo.El desafío impositivo también merece una mirada equilibrada. La economía digital obliga a modernizar los sistemas tributarios para evitar competencia desleal entre quienes cumplen y quienes operan sin registración. Pero al mismo tiempo hay que evitar que la presión fiscal termine castigando al pequeño comerciante que intenta formalizarse, invertir y adaptarse. En este punto, la inteligencia fiscal debe reemplazar a la lógica meramente recaudatoria: reglas claras, controles razonables, trámites simples y una estructura tributaria que premie la actividad formal, la generación de empleo y la inversión tecnológica.Concordia tiene una oportunidad. Su comercio conserva cercanía, conocimiento del cliente, identidad local y capacidad de respuesta. Pero necesita ganar velocidad.La transformación digital no espera a que todos estén listos. Los hábitos de consumo cambian más rápido que las ordenanzas, que los mostradores y que los planes de negocio tradicionales. Por eso, cada comercio debería hacerse una pregunta concreta: ¿cómo me encuentra hoy un cliente que no pasa por mi puerta? Si la respuesta es “no me encuentra”, el problema ya empezó.La salida no es resignarse, sino adaptarse con inteligencia. Un comercio local puede vender en el local, por redes, por WhatsApp, mediante una tienda online o en plataformas nacionales, sin perder su identidad. Puede usar tecnología para mejorar la atención, no para deshumanizarla. Puede aprovechar la cercanía para entregar más rápido, resolver mejor los reclamos y construir fidelidad. Puede convertir su reputación de años en una marca digital confiable.El comercio que viene no será exclusivamente físico ni exclusivamente virtual. Será híbrido. Ganarán quienes logren unir confianza, precio, financiación, logística, información y buena atención.

Para Concordia, esta discusión es mucho más que una cuestión comercial: es una estrategia de desarrollo, empleo y recaudación futura. El comercio digital ya llegó. La pregunta no es si debemos incorporarnos, sino a qué velocidad vamos a hacerlo y si tendremos la inteligencia colectiva para que esa transformación fortalezca al comercio local en lugar de dejarlo atrás.La ciudad necesita asumir este desafío como una política de futuro. Porque detrás de cada persiana abierta hay trabajo, inversión, familia y movimiento económico. Y detrás de cada comercio que se digitaliza hay una oportunidad de ampliar mercados, sostener empleo y construir una Concordia más competitiva, moderna e integrada al nuevo tiempo económico.