Sin embargo, en un mundo globalizado, ningún conflicto energético, financiero o geopolítico queda encerrado dentro de sus fronteras. Los precios internacionales, el crédito, las inversiones, el comercio y hasta las decisiones de política económica local pueden verse condicionadas por hechos que ocurren a miles de kilómetros.

Pero la mirada no debería ser únicamente defensiva ni alarmista. Argentina no solo enfrenta riesgos frente a este nuevo escenario. También cuenta con oportunidades concretas si logra actuar con previsión, inteligencia y una estrategia de largo plazo.

El punto más sensible del conflicto es la energía. El Estrecho de Ormuz sigue siendo una de las rutas más importantes del comercio energético mundial: por allí circuló en 2024 alrededor del 20% del consumo global de líquidos petroleros, además de una proporción relevante del comercio mundial de gas natural licuado. Por eso, cualquier amenaza sobre esa zona impacta rápidamente en los precios del petróleo, los combustibles, los fletes y los costos de producción.

Ese dato no es menor para la economía mundial. Cuando sube el petróleo, se encarece el transporte, aumenta el costo de producir alimentos, bienes industriales y servicios, y reaparecen presiones inflacionarias.

En Estados Unidos, ese escenario se vuelve políticamente más delicado porque 2026 es año de elecciones de medio término, en las que se renueva toda la Cámara de Representantes y parte del Senado. Esas elecciones definen qué partido controlará el Congreso durante los dos años siguientes, y por lo tanto pueden modificar el margen de acción del gobierno norteamericano.

La política exterior de Estados Unidos no se define únicamente en la Casa Blanca. El Congreso influye en presupuestos, autorizaciones, sanciones, financiamiento internacional y prioridades estratégicas. Por eso, una guerra prolongada, combinada con inflación, combustibles caros y malestar social, puede terminar incidiendo no solo en la política interna norteamericana, sino también en su vínculo con el resto del mundo. El Council on Foreign Relations ya advierte que el conflicto con Irán puede agravar tensiones económicas internas en Estados Unidos en un año electoral.

Para Argentina, este contexto tiene dos caras. La primera es el riesgo. Una economía mundial más inestable puede encarecer el financiamiento, aumentar la volatilidad financiera, presionar sobre el riesgo país y dificultar el acceso a crédito para los países emergentes. También puede generar tensiones sobre los precios internos si el aumento internacional del petróleo se traslada a combustibles, transporte y alimentos.

Pero hay una segunda cara, más interesante: Argentina llega a esta etapa con un activo estratégico que antes no tenía en la misma dimensión. Vaca Muerta cambia la forma en que el país se para frente a una crisis energética global.

La Bolsa de Comercio de Rosario proyectó que la producción petrolera argentina de 2026 podría alcanzar los 54,5 millones de metros cúbicos, un crecimiento del 16% respecto de 2025 y el mayor nivel de la historia nacional. Además, casi el 70% del petróleo argentino ya proviene de producción no convencional, principalmente de Vaca Muerta.

Este dato permite pensar el escenario con otra lógica. Durante décadas, Argentina sufrió los shocks energéticos internacionales como un país vulnerable, obligado a importar energía cara, perder divisas y trasladar costos al resto de la economía. Hoy, aunque todavía quedan cuellos de botella, infraestructura pendiente y desafíos regulatorios, el país empieza a tener condiciones para ser parte de la solución energética regional y global.

Incluso YPF mostró en el primer trimestre de 2026 una mejora significativa de sus resultados, explicada por mejores precios y mayor producción shale, con un crecimiento interanual del 39% en la producción de shale oil. Reuters señaló además que Vaca Muerta es clave para fortalecer exportaciones energéticas, reservas e inversión.

Esto no significa celebrar una guerra ni depender de una crisis externa. Significa comprender que el mundo está demandando energía segura, alimentos, minerales críticos y proveedores confiables. Y Argentina tiene potencial en todas esas áreas.

El desafío es evitar una lectura improvisada. No alcanza con decir que sube el petróleo y entonces Argentina gana. La pregunta correcta es otra: ¿cómo se transforma una ventaja natural en una política de desarrollo?Primero, Argentina necesita acelerar la infraestructura energética. Gasoductos, oleoductos, plantas de procesamiento, puertos, almacenamiento y proyectos de GNL no son obras aisladas: son la diferencia entre tener recursos bajo tierra o tener una plataforma exportadora capaz de generar dólares, empleo e inversión.

Segundo, el país debe cuidar el equilibrio interno. Si los precios internacionales suben, parte del sector energético puede beneficiarse, pero la economía doméstica puede sufrir por combustibles más caros. Por eso se necesita una política inteligente que combine incentivos a la producción con mecanismos de previsibilidad para consumidores, transporte, pymes y economías regionales.

Tercero, Argentina debe diversificar su inserción internacional. Mantener una buena relación con Estados Unidos es importante, pero no puede ser la única estrategia. En un mundo más multipolar, el país necesita vínculos inteligentes con América Latina, Europa, China, India, Medio Oriente y los organismos multilaterales. La política exterior económica debe ser pragmática, profesional y orientada al interés nacional.

Cuarto, el país debería utilizar esta etapa para fortalecer reservas y estabilidad macroeconómica. Si la energía empieza a generar superávit externo, ese ingreso no debería diluirse en gasto corriente ni en parches coyunturales. Debería servir para estabilizar la economía, reducir vulnerabilidades, financiar infraestructura y construir una política de desarrollo de largo plazo.

Quinto, hay que pensar federalmente. Vaca Muerta no puede ser solo una buena noticia para Neuquén o para un conjunto de empresas. Su potencial debe integrarse a una estrategia nacional que incluya empleo, proveedores locales, universidades, tecnología, municipios, provincias, logística y agregado de valor. La energía debe convertirse en una política de desarrollo federal.

La guerra en Irán y las elecciones en Estados Unidos muestran algo más profundo: el mundo está entrando en una etapa donde la energía, la seguridad alimentaria, la tecnología y los recursos naturales vuelven a ocupar el centro del poder económico. Los países que tengan esos recursos, pero no tengan estrategia, seguirán siendo espectadores. Los países que tengan recursos y planificación podrán ganar relevancia.

Argentina no puede controlar el resultado electoral norteamericano ni el curso de la guerra en Medio Oriente. Pero sí puede decidir cómo se prepara frente a ese contexto. Puede actuar tarde, como tantas veces, o puede anticiparse. Puede mirar el conflicto solamente como una amenaza, o puede entender que el nuevo orden global también abre espacios para países con capacidad energética, alimentaria y minera.

La clave está en no confundir oportunidad con azar. Una oportunidad sin política pública, sin infraestructura, sin financiamiento y sin estabilidad institucional puede perderse rápidamente. En cambio, una oportunidad acompañada por planificación puede convertirse en desarrollo.

En definitiva, el mundo está enviando una señal clara. La energía volvió a ser poder. Los alimentos volvieron a ser seguridad. Los recursos naturales volvieron a ser estrategia. Y Argentina tiene mucho para ofrecer.

La pregunta es si vamos a mirar este escenario desde la preocupación o desde la responsabilidad histórica. Porque en tiempos de incertidumbre global, los países no se salvan por casualidad: se salvan cuando saben qué tienen, qué quieren y hacia dónde van.

El problema es que, mientras el país discute cómo apagar la urgencia inmediata, muchas veces deja de construir las bases del futuro.Ese es uno de los grandes dramas argentinos: no solo tenemos crisis recurrentes, sino que además esas crisis nos impiden pensar estratégicamente. La emergencia se transforma en método de gobierno. La coyuntura reemplaza al proyecto. El ajuste desplaza a la planificación. Y el presupuesto público, que debería ser una herramienta para ordenar prioridades nacionales, termina reducido a una planilla contable de supervivencia.

Pero hay un punto que la Argentina ya no puede seguir postergando: la educación. No como consigna vacía, no como frase políticamente correcta, sino como prioridad fiscal, productiva, institucional y nacional. Porque en el siglo XXI, un país que no invierte en conocimiento no solo pierde competitividad: pierde soberanía económica.Desde una mirada de finanzas públicas, no todo gasto tiene la misma naturaleza. Hay erogaciones que sostienen el funcionamiento cotidiano del Estado, otras que responden a la emergencia, y otras que constituyen inversión estratégica. La educación pertenece a esta última categoría. Recortarla puede mejorar transitoriamente un resultado fiscal, pero deteriora silenciosamente el balance patrimonial de la Nación.Ese deterioro no siempre se ve en el corto plazo. No aparece inmediatamente en el déficit primario, ni en el resultado financiero, ni en la caja mensual del Tesoro. Pero se acumula en forma de menor productividad, menor innovación, menor movilidad social, menor calidad institucional y menor capacidad de crecimiento. En otras palabras: se paga más adelante, con intereses.

Los datos educativos son una señal de alarma. En las pruebas PISA 2022, Argentina se ubicó por debajo del promedio de la OCDE en matemática, lectura y ciencias. Solo el 27% de los estudiantes alcanzó al menos el nivel básico en matemática, frente al 69% promedio de la OCDE; en lectura lo hizo el 45%, y en ciencias el 46%.  No estamos ante una simple estadística educativa. Estamos ante un indicador anticipado de productividad futura.

Una economía moderna necesita trabajadores capaces de interpretar información, resolver problemas, adaptarse a nuevas tecnologías, innovar, emprender y participar en procesos productivos cada vez más complejos. Si el sistema educativo no garantiza esas capacidades básicas, el país queda condenado a competir por salarios bajos, recursos naturales o ventajas transitorias. Ese camino no conduce al desarrollo: conduce al estancamiento.Aquí aparece un concepto central para entender el problema: la trampa del ingreso medio. El Banco Mundial advierte que muchos países logran crecer durante una primera etapa, pero luego se estancan porque no consiguen pasar de una economía basada en inversión y bajos costos a otra basada en innovación, productividad y conocimiento. Desde 1990, solo 34 economías de ingreso medio lograron dar el salto hacia el ingreso alto, mientras que muchas otras quedaron atrapadas.

La trampa del ingreso medio no es una abstracción académica. Es una advertencia concreta para la Argentina. Un país puede tener recursos naturales, talento individual, historia productiva y capacidad empresarial, pero si no construye instituciones, infraestructura, educación, ciencia y tecnología, no logra sostener el crecimiento en el tiempo. El Banco Mundial plantea que las economías de ingreso medio necesitan avanzar desde la inversión hacia la incorporación de tecnología y, finalmente, hacia la innovación. Es decir, no alcanza con ordenar la macroeconomía, atraer capitales o estabilizar algunas variables. Para dar el salto se necesita construir capacidades internas: talento, investigación, empresas dinámicas, competencia, instituciones modernas y un Estado inteligente.

Philippe Aghion, uno de los economistas más influyentes en la teoría del crecimiento basado en innovación, sostiene que el desarrollo depende de la transformación estructural, la competencia, la creatividad y las instituciones que permiten la llamada “destrucción creativa”.  Esto significa que el crecimiento no surge simplemente de hacer más de lo mismo. Surge de cambiar cómo se produce, cómo se aprende, cómo se innova y cómo se asignan los recursos.Ese es el núcleo de la discusión argentina. No alcanza con estabilizar. No alcanza con ajustar. No alcanza con equilibrar las cuentas públicas si ese equilibrio se consigue debilitando las capacidades futuras del país.

La universidad pública, en este contexto, no puede ser vista como un gasto sectorial ni como una corporación que defiende privilegios. Las universidades son parte de la infraestructura productiva de un país. Forman médicos, ingenieros, docentes, investigadores, abogados, científicos, programadores, economistas, especialistas en energía, tecnología, salud, ambiente y gestión pública. También producen conocimiento, investigación aplicada, innovación tecnológica y pensamiento crítico.Cuando se debilita el sistema universitario, se afecta la capacidad nacional de agregar valor. Se debilita la posibilidad de desarrollar sectores productivos complejos.Por eso preocupa la situación presupuestaria del sistema universitario nacional. Según el Consejo Interuniversitario Nacional, las transferencias a las universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, mientras que los salarios universitarios perdieron alrededor del 32% de poder adquisitivo entre noviembre de 2023 y febrero de 2026.  Estos datos no deben leerse solo como un conflicto salarial o presupuestario. Deben leerse como una señal de deterioro institucional.

En finanzas públicas existe una diferencia fundamental entre ajustar el gasto improductivo y desfinanciar capacidades estratégicas. El primer camino puede ordenar al Estado. El segundo puede achicar el futuro. Una cosa es revisar programas ineficientes, mejorar compras públicas, eliminar privilegios, ordenar transferencias mal diseñadas o profesionalizar la administración. Otra muy distinta es debilitar educación, ciencia, salud, infraestructura básica o capacidades estatales esenciales.

La Argentina necesita equilibrio fiscal, sin dudas. Pero también necesita equilibrio intergeneracional. Y esa dimensión casi nunca aparece en la discusión pública. Cada vez que el Estado decide no invertir en educación, traslada un costo al futuro. Cada vez que se deteriora el salario docente, se deteriora la calidad del sistema. Cada vez que se paraliza una investigación, se pierden años de acumulación de conocimiento. Cada vez que un joven abandona la universidad porque no puede sostenerse, el país pierde una posibilidad de innovación.El problema es que esas pérdidas no tienen una factura inmediata. Nadie recibe mañana una boleta que diga: “costo fiscal futuro por haber desfinanciado la educación”. Pero esa factura existe. Llega en forma de baja productividad, informalidad, pobreza persistente, menor recaudación, dependencia tecnológica, fuga de talentos y menor crecimiento potencial.El mundo se está reorganizando alrededor de la inteligencia artificial, la transición energética, la biotecnología, la automatización, los datos, la robótica, la industria del conocimiento y las nuevas cadenas de valor. Los países que lideren esas transformaciones serán los que inviertan de manera sostenida en capital humano.

La Argentina no puede mirar esta transformación desde la tribuna. Tiene universidades, científicos, profesionales, emprendedores, industria del software, recursos naturales estratégicos, energía, alimentos y talento. Pero todo eso necesita una arquitectura de desarrollo. Necesita ciencia aplicada. Necesita financiamiento. Necesita reglas estables. Necesita un Estado que no confunda austeridad con abandono.

La Argentina necesita una regla de responsabilidad educativa tan importante como la regla de responsabilidad fiscal. Una regla política, institucional y presupuestaria que establezca que ningún programa de estabilización puede considerarse exitoso si destruye capital humano. Porque el verdadero equilibrio no es solo entre ingresos y gastos. Es entre presente y futuro.

La educación debe ser la gran causa nacional de los próximos años. Si bien lo urgente importa,  en este tiempo histórico, la prioridad no puede ser solamente cerrar el mes: tiene que ser abrir el siglo.

Más allá de la exactitud histórica de la frase, la imagen conserva una potencia extraordinaria. Gobernar no consiste solamente en mandar, ni en administrar desde arriba, ni en mostrar resultados en una planilla prolija. Gobernar también exige sensibilidad para percibir lo que todavía no hace ruido, pero ya duele; lo que todavía no estalla, pero ya se está acumulando debajo de la superficie.Si traemos esa imagen a la Argentina actual, la pregunta es inevitable: ¿quién está escuchando crecer la hierba? Y la respuesta, por incómoda que resulte, es que hoy todo indica que el Gobierno nacional no lo está haciendo. O, al menos, no lo está haciendo con la profundidad que la hora exige.

Porque si algo define al presente argentino es precisamente esa distancia cada vez mayor entre los datos que el poder exhibe y la experiencia concreta que vive la sociedad. Una distancia que no es meramente técnica. Es política, social y, sobre todo, humana.

Desde el Gobierno se insiste en un relato de ordenamiento. Y es cierto que hay números que muestran una mejora en determinadas variables macroeconómicas. En marzo de 2026, el Sector Público Nacional registró un superávit financiero de $484.789 millones y acumuló en el primer trimestre un superávit equivalente a alrededor de 0,2% del PBI. También es cierto que el IPC de marzo fue de 3,4% y que acumuló 9,4% en el año, muy lejos del vértigo inflacionario del inicio de la gestión. Esos datos existen, son relevantes y no deben ser negados. El problema empieza cuando se pretende que esos datos alcancen por sí solos para describir la realidad entera.

Porque mientras el Gobierno celebra la consistencia del programa fiscal y la desaceleración inflacionaria, abajo, en la economía real, la hierba sigue creciendo y crujiendo. En febrero de 2026, el EMAE cayó 2,1% interanual y 2,6% respecto del mes anterior en la serie desestacionalizada. Ese mismo mes, las ventas en supermercados a precios constantes bajaron 3,1% frente a febrero de 2025. Y los salarios, medidos por el índice oficial, acumularon 5,0% entre diciembre y febrero, contra una inflación acumulada de 9,4% hasta marzo. Es decir: la macro puede ofrecer señales de estabilización, pero la actividad, el consumo y los ingresos todavía muestran que para amplios sectores la vida diaria sigue retrocediendo.

Y ahí es donde aparece el verdadero sentido de la metáfora. Escuchar crecer la hierba no es mirar el Excel del Ministerio de Economía. Es advertir que el salario ya no alcanza con la misma holgura, que el comercio de barrio vende menos, que el jubilado vuelve a hacer cuentas frente al mostrador de la farmacia, que la familia posterga gastos básicos, que la clase media deja de proyectar y empieza simplemente a defenderse. No es una discusión abstracta sobre indicadores. Es la mesa que se achica, el consumo que se restringe, el miedo que vuelve a instalarse como método de organización de la vida cotidiana.

Eso se percibe, además, en la calidad del trabajo y en la estructura social que está quedando. En el cuarto trimestre de 2025, la desocupación subió al 7,5%, por encima del 6,4% de un año antes. La informalidad laboral siguió en niveles altísimos y, según el informe del INDEC, 64,1% de la población asalariada informal no realiza aportes propios. En paralelo, la pobreza alcanzó al 28,2% de las personas en el segundo semestre de 2025 y entre los menores de 18 años trepó al 42,3%.

Dicho de otra manera: aun cuando algunas variables macro se ordenan, la estructura social sigue siendo extraordinariamente frágil. Y cuando una economía convive con esa fragilidad, cualquier celebración prematura se vuelve peligrosa.Porque no alcanza.

Por eso, el punto de fondo no es si los números oficiales son verdaderos o falsos. El punto es si alcanzan. Y no alcanzan. No alcanzan porque una sociedad no vive adentro de una planilla. No alcanza con decir que hay superávit si para millones de personas la vida sigue en déficit. No alcanza con mostrar que la inflación bajó si el trabajo es cada vez más precario, si el consumo sigue sin reaccionar y si la sensación dominante en una parte muy amplia de la sociedad es la de estar haciendo un esfuerzo enorme para apenas no caerse. Las estadísticas sin lugar a dudas son herramientas valiosas; el problema empieza cuando se las convierte en un sustituto de la realidad.

Ahí es donde la crítica al Gobierno debe ser más clara. El oficialismo parece escuchar con mucha atención a los mercados, a los analistas financieros, a los organismos internacionales y a su propio relato de eficiencia.

Pero escucha poco el murmullo social que viene de abajo. Escucha poco la angustia de los sectores medios que se achican. Escucha poco a los jubilados que ya no pueden sostener gastos elementales. Escucha poco a los trabajadores formales que descubrieron que tener empleo dejó de ser garantía de tranquilidad. Escucha poco, en definitiva, a una sociedad que no necesariamente cuestiona la necesidad de ordenar la macroeconomía, pero que sí empieza a preguntarse para qué sirve ese orden si no mejora de manera visible su propia vida.Y ese déficit de escucha ya está dejando señales. Las protestas de jubilados frente al Congreso continuaron en abril de 2026, con reclamos centrados en medicamentos, prestaciones y pérdida del ingreso real. En febrero, miles de personas marcharon contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno y la protesta terminó con enfrentamientos y detenidos.

Es decir: la conflictividad no es una hipótesis académica ni una exageración opositora. Es una advertencia. Es la forma en que la hierba deja de crecer en silencio y empieza a hacerse oír cuando nadie la quiso escuchar a tiempo.Dicho de otro modo: no alcanza con que cierre la planilla si no cierra la vida.

Y eso no significa caer en un facilismo demagógico ni negar la importancia del equilibrio fiscal. Sería absurdo. Una economía desordenada no ofrece futuro a nadie. Pero una economía ordenada que no logra traducirse, en plazos razonables, en alivio social, recuperación de ingresos, mejora del trabajo y recomposición de expectativas, empieza a quedar atrapada en su propia lógica contable. Puede volverse técnicamente consistente y políticamente sorda.

Ese parece ser hoy el principal riesgo del Gobierno de Javier Milei. No sólo el de ajustar. No sólo el de sostener un programa duro. Sino el de convencerse de que escuchar a la sociedad es una debilidad, de que toda queja es resistencia corporativa, de que todo reclamo social es una amenaza al plan, de que todo malestar es una incomodidad transitoria que debe ser soportada en nombre de un futuro que siempre se promete, pero que para muchos todavía no llega.

La historia enseña que los gobiernos rara vez tropiezan sólo por un mal indicador. Muchas veces tropiezan por algo más elemental: por confundir estabilización con legitimidad, alivio técnico con bienestar real, y éxito contable con paz social.

Ese es el riesgo de la Argentina actual. No el de carecer de números, sino el de enamorarse de ellos. No el de no tener rumbo, sino el de creer que el rumbo es correcto sólo porque algunas variables lo confirman, aun cuando debajo de esas variables una parte creciente de la sociedad se siente afuera, sola o simplemente ignorada.

Escuchar crecer la hierba, en este contexto, no es una consigna poética. Es una obligación política. Porque cuando un gobierno deja de escuchar el temblor de la vida cotidiana, cuando sólo se oye a sí mismo, cuando se convence de que la sociedad debe adaptarse indefinidamente a su programa sin reclamar alivio, contención ni horizonte, entra en una zona de peligro.

La hierba siempre avisa antes. El problema es que, cuando finalmente todos la oyen, muchas veces ya es demasiado tarde.

Durante décadas, el mundo aprendió a mirar la economía a través de una cifra casi sagrada: el Producto Interno Bruto. Si sube, se celebra; si baja, se encienden las alarmas.

Gobiernos, bancos centrales, organismos internacionales y medios de comunicación lo siguen como si fuera el termómetro definitivo del progreso. Pero en medio de una revolución tecnológica sin precedentes, empieza a imponerse una pregunta tan incómoda como necesaria: ¿y si la economía no estuviera realmente estancada, sino que la estamos midiendo mal?

La pregunta no es antojadiza. Vivimos en una época en la que nunca hubo tanto acceso a información, conocimiento, conectividad y capacidad de procesamiento en manos de una sola persona como hoy. Un teléfono celular concentra funciones que hasta hace pocos años requerían decenas de bienes y servicios distintos: cámara, agenda, mapas, enciclopedia, calculadora, correo, música, noticias y acceso inmediato a casi cualquier dato del planeta. Sin embargo, buena parte de ese salto en bienestar no aparece reflejado con claridad en la métrica que seguimos usando para diagnosticar la salud económica de los países.

Ahí aparece el primer punto clave: el PIB mide actividad económica monetaria, no bienestar. Sirve para cuantificar producción, valor agregado y movimiento de mercado, pero no fue diseñado para medir felicidad, calidad de vida o progreso humano integral. Y esa diferencia, que durante mucho tiempo pasó relativamente desapercibida, hoy se vuelve central.

Durante buena parte del siglo XX, el PIB funcionó razonablemente bien como brújula general porque la economía estaba dominada por bienes físicos: acero, cemento, automóviles, rutas, energía, maquinaria, cosechas. Era un mundo donde crecer significaba producir más cosas materiales y venderlas a precios fácilmente observables.Pero el siglo XXI cambió las reglas de juego. Cada vez más valor económico proviene de software, plataformas, automatización, inteligencia artificial, datos, diseño, conocimiento y servicios digitales. Es decir, de activos que muchas veces mejoran la vida de las personas sin traducirse de manera proporcional en mayores precios de mercado.

Y ahí nace la gran paradoja de nuestro tiempo: cuando la tecnología hace algo más barato, más eficiente y más accesible, el bienestar puede aumentar mientras el valor monetario registrado crece menos o incluso cae. Dicho de otro modo: la sociedad puede estar mejor, aunque la estadística lo capte mal o de manera incompleta.

La historia ofrece un ejemplo brillante. Antes de la imprenta, los libros eran bienes caros, escasos y reservados a una minoría. Con la irrupción de Gutenberg, el costo de reproducción cayó de manera drástica. Si uno se quedara solamente con la lógica del mercado anterior, podría haber dicho que el “negocio del libro” se había desplomado. Pero lo que realmente ocurrió fue exactamente lo contrario: se multiplicó el acceso al conocimiento, se expandió la alfabetización y cambió la historia de la civilización. El precio bajó, pero el valor social se disparó.Ese mismo fenómeno, salvando las distancias, se repite hoy con internet y con la inteligencia artificial. Hace treinta años, acceder a una enciclopedia exigía comprar tomos costosos; hoy buena parte de esa información es gratuita. Antes, orientarse en una ciudad requería mapas de papel o guías especializadas; hoy basta con abrir una aplicación. Lo mismo ocurrió con la fotografía, la música, la comunicación, la banca cotidiana, los archivos y buena parte de la formación profesional.El consumidor ganó tiempo, capacidad de acción, acceso al conocimiento y comodidad. Pero una porción importante de ese beneficio no aparece del todo en las cuentas nacionales tradicionales.Esto no significa que el PIB no sirva. Para quienes trabajamos en finanzas públicas, sigue siendo una herramienta indispensable. Permite analizar el tamaño relativo de la economía, la presión tributaria, la sostenibilidad de la deuda, la capacidad fiscal del Estado y la dinámica general de la actividad.

El problema surge cuando se le pide que mida más de lo que puede medir. El PIB sirve para cuantificar producción; no alcanza para resumir bienestar. Y confundir esas dos dimensiones puede llevarnos a diagnósticos equivocados y, peor aún, a políticas públicas mal orientadas.La irrupción de la inteligencia artificial vuelve esta discusión todavía más urgente. Si una IA puede redactar informes, traducir textos, analizar contratos, programar o asistir en diagnósticos médicos en segundos y a costos mínimos, la consecuencia natural será una caída del costo de muchos servicios. Desde el punto de vista de la productividad social, eso es una gran noticia: significa hacer más con menos. Pero desde la lógica del valor monetario registrado, el fenómeno puede resultar ambiguo. Habrá tareas que seguirán generando enorme valor real, aunque ya no demanden el mismo nivel de gasto, de empleo o de facturación que antes.

Dicho más claramente: la tecnología puede destruir valor monetario medido mientras multiplica valor real para la sociedad. Y ese es uno de los principales límites del PIB en la economía digital.

Todo esto debería obligarnos a repensar qué significa crecer en el siglo XXI. Porque si la innovación seguirá empujando hacia abajo el precio de muchas cosas, mientras el verdadero valor diferencial se desplaza hacia la creatividad, la interpretación, el juicio humano, la empatía y la capacidad de innovar, entonces no sólo hay que revisar cómo medimos la economía: también hay que revisar cómo educamos.

Ese punto es decisivo. Durante décadas, buena parte del sistema educativo estuvo organizado para entrenar memoria, repetición y procesamiento rutinario. Pero ese mundo se está agotando. Las máquinas ya son extraordinariamente eficaces para almacenar información, buscar datos y ejecutar tareas repetitivas. El valor humano pasa, cada vez más, por otro lado: pensamiento crítico, creatividad, criterio, capacidad de formular buenas preguntas, trabajo colaborativo y formación ética. Si no entendemos eso, corremos el riesgo de seguir preparando a las nuevas generaciones para competir precisamente en el terreno en el que las máquinas las van a superar.

Aquí aparece una derivación política de enorme importancia. Si seguimos evaluando el éxito de una sociedad únicamente con indicadores centrados en gasto y producción monetaria, podemos terminar premiando lo equivocado y subestimando lo esencial.

Por eso, la discusión seria no debería ser reemplazar el PIB por una consigna vacía, sino dejar de tratarlo como si fuera la medida absoluta del progreso. El desafío es complementarlo. Medir no sólo cuánto se produce, sino cuánto valor real se crea, cómo se distribuye, qué calidad de vida genera y qué capacidades deja instaladas para el futuro.Hoy una porción creciente de la riqueza adopta formas menos visibles: ahorro de tiempo, reducción de costos, acceso masivo a servicios antes inaccesibles, automatización de tareas, inteligencia distribuida y creatividad potenciada por tecnología. Si no actualizamos las herramientas de medición, corremos el riesgo de interpretar como estancamiento lo que en parte podría ser una transformación profunda del modo en que se genera valor.

Tal vez el problema no sea sólo que la economía mundial crece poco. Tal vez el problema también sea que una parte de la nueva prosperidad no entra con facilidad en las viejas planillas. Y si eso es así, entonces la discusión sobre el PIB deja de ser un debate técnico reservado a especialistas. Pasa a ser una cuestión política, educativa y cultural.Porque cuando una sociedad sigue usando un mapa viejo para leer un territorio nuevo, el riesgo no es sólo equivocarse en la medición.El riesgo es equivocarse en el rumbo.

No era un acto aislado. Era sistemático. Violento. Creían que el grito —ese alarido desgarrador— tenía poder. Que si el dolor era suficiente, si el ruido era lo bastante intenso, el cielo finalmente iba a ceder.

Pero la lluvia seguía. Entonces hacían lo único que su creencia les permitía: azotar más fuerte. Más tiempo. Más animales. Más gritos.Y en ese estruendo, en ese sufrimiento inútil, esperaban encontrar la señal de que todo iba a cambiar. Nunca cambiaba.

Ese relato no habla solamente del pasado. Habla, en realidad, de una forma de pensar. Del pensamiento mágico. De esa lógica según la cual, cuando la realidad contradice una idea, el problema no es la idea sino la realidad. Entonces, en lugar de revisar el rumbo, se profundiza. En lugar de corregir, se insiste. En lugar de preguntarse si el camino sigue siendo el correcto, se redobla la apuesta con la esperanza de que esta vez, sí, ahora sí, el resultado finalmente aparezca.La metáfora resulta inquietante porque describe con demasiada precisión ciertos momentos de la política económica argentina. Momentos en los que un gobierno deja de leer los hechos como señales de advertencia y empieza a tratarlos como obstáculos pasajeros en el camino hacia una promesa superior. Momentos en los que toda evidencia adversa se vuelve justificable, todo costo se convierte en sacrificio necesario y todo deterioro pasa a interpretarse como parte del precio inevitable del orden futuro.

La Argentina ya conoce demasiado bien ese mecanismo. Lo conoció antes de la crisis de 2001-2002 y vuelve a asomarse hoy, en medio de un programa económico que todavía conserva respaldo político y capacidad discursiva, pero que empieza a exhibir fisuras cada vez más visibles en la economía real.

Porque más allá de los números oficiales que el Gobierno presenta como prueba de éxito, hay datos que tienen una materialidad imposible de ocultar. Puede discutirse una metodología, una canasta, una proyección o el modo en que se construyen ciertos indicadores.

Pero hay realidades que no se dejan domesticar fácilmente. La caída del consumo. El enfriamiento de la actividad. El deterioro del empleo y de su calidad. La recesión persistente en sectores clave como la industria y la construcción. El mayor endeudamiento de las familias. El aumento de la morosidad. La pérdida de dinamismo de la recaudación en términos reales. La fragilidad de un crecimiento sostenido en pocos sectores, mientras gran parte del entramado productivo continúa resentido. Ese conjunto de alertas ya está planteado en tu borrador como una señal de fondo que empieza a gritar.

Y ahí es donde el paralelismo con el pasado deja de ser una exageración para convertirse en una advertencia seria.

La convertibilidad también comenzó envuelta en expectativas positivas. También ofreció orden, previsibilidad y una caída drástica de la inflación después del caos. También permitió instalar la idea de que, por fin, la Argentina había encontrado una arquitectura económica estable. Durante un tiempo, los resultados parecían darle la razón al modelo. El problema fue que, debajo de esa superficie de estabilidad, comenzaron a acumularse desequilibrios que no eran secundarios ni circunstanciales.Primero aparecieron como síntomas dispersos. Sectores productivos que perdían competitividad. Economías regionales que se apagaban. Empresas que dejaban de resistir. Un desempleo que dejaba de ser transitorio para volverse estructural. Un Estado crecientemente condicionado por la necesidad de sostener un esquema que empezaba a depender más de la deuda que de la vitalidad genuina de la economía.

Después, esos síntomas dejaron de ser aislados. Se volvieron frecuentes, visibles, imposibles de ignorar. Y, sin embargo, la respuesta no fue revisar el rumbo. Fue insistir.

Más ajuste. Más endeudamiento. Más presión sobre la economía real. Más confianza en que el mismo programa, llevado un poco más lejos, iba finalmente a corregirse a sí mismo. Como si el problema no estuviera en la naturaleza del esquema, sino en la falta de intensidad para aplicarlo. Como si todo lo que hacía ruido en la realidad no fuera una advertencia, sino apenas una incomodidad transitoria.

Ese fue, precisamente, uno de los errores más graves de los años previos al colapso de 2001. Confundir la resistencia social con fortaleza del programa. Confundir la prolongación del sufrimiento con prueba de seriedad. Confundir la persistencia del ajuste con la cercanía de la solución.

No fue un derrumbe repentino ni una fatalidad imprevisible. Fue el desenlace de un proceso largo de señales ignoradas, advertencias desoídas y una negativa persistente a aceptar que el problema no era cuánto más se insistía, sino en qué se estaba insistiendo.

Hoy vuelve a aparecer esa misma lógica de impermeabilidad frente a la evidencia. Si cae el consumo, se responde que todavía falta ajustar. Si sube el desempleo, se lo presenta como parte del sinceramiento. Si una pyme cierra, se la describe como una víctima necesaria de la depuración. Si la industria se retrae, se la relativiza con el desempeño de otro sector menos intensivo en empleo. Si las familias pierden poder adquisitivo, se les pide paciencia. Si se endeudan para sostener gastos corrientes, se promete que se trata apenas de una transición dolorosa hacia un futuro mejor.

Todo encuentra justificación dentro del mismo dogma. Nada parece suficiente para poner verdaderamente en duda el rumbo. Y ese es el núcleo del problema. Porque cuando una política económica se vuelve inmune a la evidencia, deja de ser un programa técnico para transformarse en un acto de fe. Ya no importa demasiado lo que pasa en la calle, en el comercio, en la fábrica, en la pyme, en el salario o en el bolsillo. Lo central pasa a ser sostener la narrativa del éxito próximo, aun cuando la economía real empiece a enviar señales en dirección contraria.

Más todavía: aun cuando algunos indicadores muestren mejoras parciales, el problema puede seguir agravándose. Porque no todo crecimiento significa recuperación sana. No toda desaceleración inflacionaria implica alivio social duradero. No todo equilibrio fiscal es sostenible si se obtiene al precio de debilitar el consumo, erosionar la producción, resentir la recaudación futura y volver más frágil el tejido económico que debe sostener, en definitiva, cualquier estabilización seria.Ese fue también uno de los grandes errores de lectura en los años previos a 2001: creer que mientras algunos números cerraran, el resto podía esperar. Pero la economía no se rompe solo cuando saltan las variables financieras. Muchas veces se rompe antes, lentamente, cuando se deterioran las bases productivas, laborales y sociales sobre las que descansa cualquier programa de estabilización.

La historia argentina enseña, además, que las crisis no siempre explotan de golpe. Antes de estallar, se naturalizan. Primero sorprende el deterioro; después se tolera. Primero alarma la caída de la actividad; después se vuelve paisaje. Primero preocupa el cierre de una empresa; después deja de ser noticia. Primero conmueve la pérdida del empleo; después se la transforma en estadística. Primero inquieta el retroceso del salario; después se lo acepta como un costo inevitable del orden.Ese proceso de naturalización es quizá el momento más delicado de todos. Porque cuando el deterioro deja de interpelar, también se debilita la reacción política y social. Y cuando eso ocurre, la capacidad de corregir a tiempo empieza a desaparecer.

La lección de 2001 no debería leerse solo como un recuerdo traumático ni como una comparación automática. Debería leerse, sobre todo, como una advertencia metodológica. No fue por falta de señales. Fue por falta de decisión para cambiar.Y esa es la discusión de fondo que hoy la Argentina debería animarse a dar: si este modelo, tal como está planteado, tiene capacidad de sostenerse sin seguir deteriorando el empleo, el consumo, la producción y la cohesión social.

La Argentina no está condenada a repetir 2001. Pero sí puede volver a acercarse peligrosamente a esa lógica si insiste en ignorar las señales.

La tormenta no se detuvo entonces por los gritos. Y tampoco se va a detener ahora por el relato.

Cuando un plan empieza a fallar, insistir no siempre es valentía. A veces es apenas una forma más sofisticada de no querer ver. Y cuando la política decide no ver, la realidad termina corrigiendo de la manera más cruel.

La experiencia argentina ya enseñó cuánto cuesta llegar tarde. Por eso, corregir a tiempo no es una señal de debilidad. Es, muchas veces, la última oportunidad de evitar que el final vuelva a escribirse como ya lo vimos una vez: con el modelo agotado, la sociedad exhausta y la crisis imponiendo por la fuerza las decisiones que la política no quiso tomar a tiempo.

Lo que este informe internacional intenta capturar es algo mucho más profundo: cómo evalúan las personas su propia vida en un contexto determinado y qué condiciones económicas, institucionales y sociales ayudan a explicar esa valoración.

En la edición 2025, Argentina volvió a quedar rezagada en la comparación internacional y se ubicó en el puesto 42 del mundo, con un puntaje de 6,397, detrás de varios países de América Latina y el Caribe que hoy muestran un mejor desempeño relativo.

El dato, en sí mismo, ya merece atención. Pero lo más relevante aparece cuando se lo observa en perspectiva regional. En América Latina y el Caribe, Costa Rica quedó 6° en el mundo, México 10°, Belice 25°, Uruguay 28°, Brasil 36°, El Salvador 37% y Panamá 41°, todos por delante de la Argentina.

Apenas por debajo aparece Chile, en el puesto 45. Es decir: Argentina no solo perdió centralidad en la comparación global, sino que además quedó superada por varios países de la región, incluso por algunos que históricamente no figuraban por encima suyo en este tipo de indicadores.

Ese contraste regional obliga a hacer una lectura menos superficial. Porque el informe no mide “felicidad” en el sentido liviano del término, ni releva un estado emocional pasajero. La base del ranking es la llamada Cantril Ladder, una pregunta que realiza Gallup World Poll en más de 140 países y que pide a las personas evaluar su vida actual en una escala de 0 a 10, donde 0 representa la peor vida posible y 10 la mejor. El ranking se construye con promedios de tres años, lo que reduce el ruido coyuntural y permite captar tendencias más estructurales. En el caso del reporte 2025, la medición toma el promedio del período 2022-2024.

Además, el informe no se limita a ordenar países. También trabaja con una serie de variables explicativas que ayudan a entender por qué algunas sociedades evalúan mejor su vida que otras.

Entre esos factores aparecen el PBI per cápita, el apoyo social, la esperanza de vida saludable, la libertad para tomar decisiones de vida, la generosidad y la percepción de corrupción.

No se trata, por supuesto, de una fórmula mágica ni de una relación causal lineal, pero sí de una aproximación muy útil para pensar el vínculo entre economía, instituciones y bienestar.

Desde la óptica de las finanzas públicas, esto vuelve al índice particularmente interesante. Un Estado puede exhibir orden en ciertas variables fiscales y, aun así, estar fracasando en la generación de bienestar si no logra traducir estabilidad en calidad de vida.

A la inversa, una economía puede no ser la más grande de su región y, sin embargo, construir mejores condiciones de satisfacción social si combina ingresos razonables, instituciones más confiables, vínculos comunitarios sólidos y servicios públicos que funcionen.

Justamente por eso el ranking de felicidad no debería leerse como un adorno blando del debate económico, sino como una señal complementaria sobre la calidad del desarrollo.

En ese punto, el caso latinoamericano resulta especialmente revelador. El propio World Happiness Report subraya que las sociedades de América Latina suelen exhibir fortalezas vinculadas a los lazos familiares, los hogares más amplios y las redes de apoyo, elementos que muchas veces permiten explicar niveles de bienestar superiores a los que sugeriría el ingreso por sí solo.

El informe 2025 vuelve a remarcar que esas tramas relacionales ofrecen lecciones valiosas para otros países, porque muestran que el bienestar no depende exclusivamente del consumo o del tamaño de la economía, sino también de la calidad de los vínculos sociales.

Y allí aparece, justamente, una de las preguntas más incómodas para la Argentina. Si la región tiene una base social y cultural que suele empujar sus indicadores de bienestar por encima de lo que explicaría la renta, ¿por qué nuestro país no logra aprovechar ese activo relativo?

La respuesta no puede buscarse en una sola causa, pero sí en una combinación bastante conocida: inestabilidad macroeconómica persistente, deterioro del poder adquisitivo, incertidumbre normativa, desconfianza en las instituciones y fatiga social acumulada. Cuando una sociedad transita durante años entre crisis recurrentes, reglas cambiantes y expectativas volátiles, la evaluación de vida también se resiente.

Ese deterioro no debe interpretarse solo en clave anímica. También tiene consecuencias económicas concretas. Una sociedad que se siente más insegura respecto de su presente y de su futuro tiende a reducir horizontes de planificación, debilitar sus expectativas de movilidad y aumentar su demanda de protección.

Eso termina presionando sobre la política fiscal, sobre el gasto social, sobre la legitimidad tributaria y sobre la capacidad del Estado para sostener consensos básicos. En otras palabras, cuando cae el bienestar, no solo se resiente el clima social: también se complica la sustentabilidad económica.

Por eso el ranking mundial de felicidad merece ser leído con más seriedad de la que suele concedérsele. No reemplaza a los indicadores clásicos, pero los complementa. No sustituye al análisis de inflación, actividad o empleo, pero ayuda a entender si esos números están logrando traducirse en una mejora tangible en la experiencia cotidiana de la población. Y eso, para cualquier especialista en políticas públicas, debería ser central. Porque una economía puede estabilizar algunas planillas y, al mismo tiempo, empeorar la forma en que la sociedad percibe su vida, sus oportunidades y su futuro.

El mensaje que deja el informe 2025 para la Argentina es claro. El país no solo necesita ordenar variables macroeconómicas: necesita reconstruir condiciones de bienestar más estables y más creíbles. Necesita que la mejora económica, cuando exista, sea percibida como durable; que las reglas sean previsibles; que el esfuerzo social tenga algún horizonte reconocible; y que el Estado vuelva a ofrecer un marco de confianza mínima.

En ese sentido, la caída argentina en el ranking no debería ser leída como una anécdota de temporada. Debería ser tomada como una advertencia.

Porque cuando un país pierde posiciones en bienestar relativo frente a sus vecinos, lo que está en juego no es solo una imagen internacional: también es la evidencia de que algo importante no está funcionando del todo bien dentro de sus fronteras.

Un enfrentamiento armado en Medio Oriente puede terminar impactando, meses después, en los precios de los alimentos, los combustibles o los productos importados en cualquier ciudad del planeta.

En ese contexto, la actual escalada de tensiones en la región vuelve a poner en evidencia el llamado “efecto mariposa” del comercio global: pequeñas alteraciones en puntos estratégicos del planeta pueden desencadenar consecuencias económicas de gran magnitud en lugares muy distantes.

El sistema de comercio internacional depende en gran medida de rutas marítimas altamente concentradas. Buques cargados de petróleo, gas, granos, insumos industriales y productos manufacturados atraviesan diariamente corredores logísticos que conectan Asia, Europa y América. Cuando alguno de esos corredores se vuelve inseguro o directamente queda bloqueado por un conflicto, toda la red logística mundial comienza a tensionarse.

En Medio Oriente existen varios de estos puntos críticos del comercio global, conocidos como “cuellos de botella”. Uno de los más importantes es el Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo. Otro paso estratégico es el Estrecho de Malaca, fundamental para el transporte entre Asia y Europa. Si la seguridad en alguno de estos pasos se deteriora, el impacto es inmediato en los mercados energéticos. El temor a interrupciones en el suministro suele disparar el precio del petróleo en cuestión de horas.

Cuando el precio del crudo sube, la reacción en cadena es casi automática. El combustible es uno de los insumos centrales de la economía mundial: mueve barcos, camiones, aviones y maquinaria industrial. Un aumento del petróleo encarece el transporte global, y ese aumento se traslada gradualmente a cada eslabón de la cadena productiva.

El primer impacto suele sentirse en la logística marítima. Las grandes navieras deben modificar sus rutas para evitar zonas consideradas de riesgo, lo que implica más días de navegación y mayor consumo de combustible.

A esto se suma el incremento de las primas de seguro para las cargas, que se disparan cuando los barcos deben atravesar áreas potencialmente expuestas a ataques o incidentes militares. En algunos casos, las aseguradoras directamente dejan de cubrir determinados trayectos, obligando a los buques a rodear regiones enteras.

Estos cambios generan demoras, congestión en puertos alternativos y encarecimiento de los fletes. Lo que comienza como una medida de seguridad termina alterando la eficiencia de todo el sistema logístico internacional. El resultado es un aumento del costo del transporte de mercancías que termina repercutiendo en los precios finales de miles de productos.

Aunque parezca lejano, este tipo de situaciones tiene efectos concretos en países como Argentina. La economía local depende en gran medida del comercio exterior, tanto para exportar su producción agroindustrial como para importar insumos esenciales para la industria. Cuando las rutas marítimas se vuelven más costosas o más lentas, las empresas comienzan a enfrentar demoras en la llegada de componentes, materias primas y bienes intermedios necesarios para la producción.

La consecuencia más visible es el aumento de costos para las empresas, que deben pagar fletes más caros y esperar más tiempo para recibir mercancías. En sectores industriales que funcionan con cadenas de suministro ajustadas, una demora en la llegada de piezas puede paralizar líneas de producción completas. Este fenómeno ya se observó durante la pandemia, cuando la crisis logística mundial provocó escasez de insumos en múltiples industrias.

El aumento del precio del combustible se convierte en uno de los principales motores de inflación global. El transporte es un componente presente en prácticamente todos los productos de la economía. Cuando ese costo aumenta, termina filtrándose gradualmente en toda la estructura de precios.

Los alimentos son uno de los sectores más sensibles a este fenómeno. Desde la producción agrícola hasta la llegada a las góndolas, los productos recorren largas distancias que dependen del combustible. Un aumento sostenido del petróleo encarece la maquinaria agrícola, los fertilizantes —muchos de ellos derivados del gas— y el transporte de la producción.En el plano internacional, un encarecimiento de la energía también afecta los costos de producción industrial, desde la fabricación de plásticos hasta la producción de acero o productos químicos. Esto genera un nuevo impulso inflacionario que se traslada al comercio global.

Para países con economías frágiles o con historiales inflacionarios persistentes, como Argentina, este tipo de shocks externos pueden amplificar los problemas internos. Los aumentos en los costos logísticos internacionales se reflejan en precios de importación más altos, presionando sobre la inflación local.Además, el aumento del petróleo suele fortalecer el dólar a nivel global y generar mayor volatilidad financiera, lo que complica aún más a las economías emergentes que dependen del acceso al comercio y al crédito internacional.

En definitiva, el escenario muestra hasta qué punto la economía mundial funciona como un sistema interdependiente. Un conflicto en una región estratégica puede alterar rutas comerciales, modificar precios energéticos y desencadenar presiones inflacionarias que terminan afectando la vida cotidiana en países situados a miles de kilómetros.

Por eso, cada vez que aumenta la tensión en Medio Oriente, los mercados no solo miran el desarrollo militar del conflicto. También observan con atención el comportamiento del petróleo, las rutas marítimas y el comercio global. Porque en ese delicado equilibrio se juega buena parte de la estabilidad económica mundial.

Qué debería hacer el GobiernoFrente a este escenario, el peor error sería la pasividad. O peor todavía: el relato tranquilizador sin preparación real. El Gobierno debería hacer varias cosas al mismo tiempo.La primera es reconocer el riesgo. No minimizarlo, no actuar como si se tratara de una noticia internacional sin efectos domésticos, no descansar en slogans. Un gobierno serio no espera que el problema le explote encima para empezar a diagnosticarlo.

La segunda es anticiparse en materia energética. Garantizar abastecimiento, revisar escenarios de invierno, monitorear costos de importación, asegurar logística y prever mecanismos de contingencia. En contextos de guerra, la improvisación cuesta carísima.

La tercera es construir un esquema de protección inteligente para los sectores más sensibles. No se trata de volver al desorden macroeconómico ni de abrir la canilla sin criterio. Se trata de entender que, si hay un shock externo que encarece costos básicos, los sectores vulnerables, las pymes y ciertas actividades estratégicas no pueden quedar librados a la intemperie.

La cuarta es fortalecer reservas y prudencia fiscal. Justamente porque el mundo se puede volver más hostil, la política económica debería extremar el cuidado de divisas, evitar errores que aumenten la vulnerabilidad y priorizar decisiones que reduzcan exposición externa.

La quinta, y quizás más importante, es pensar más allá de la coyuntura. La Argentina necesita usar este tipo de episodios como recordatorio brutal de una deuda pendiente: construir una economía menos vulnerable a los shocks internacionales. Eso exige infraestructura, diversificación, previsibilidad y una estrategia de desarrollo. Ningún país se vuelve fuerte solo por tener recursos. Se vuelve fuerte cuando organiza políticamente esos recursos en un proyecto de estabilidad y crecimiento.

La guerra podrá estar lejos en el mapa. Pero si la Argentina no se prepara, sus consecuencias pueden sentirse demasiado cerca.

Hay discusiones que no pueden seguir postergándose. La previsional es una de ellas.En Entre Ríos, como en casi todas las jurisdicciones del país, el problema existe y se agrava con el tiempo. La mayor expectativa de vida, la informalidad laboral, la menor densidad contributiva y la creciente presión sobre el Tesoro configuran una combinación que ya no admite negacionismos ni discursos de ocasión. El sistema necesita ser revisado. No hay demasiada discusión seria sobre eso. La verdadera discusión empieza después: cómo se reforma, quién fija las reglas y qué nivel de precisión y legitimidad tendrá esa reforma.Porque una cosa es reconocer que hay que cambiar. Otra, muy distinta, es aceptar que cualquier cambio sea bueno por el solo hecho de llamarse “reforma”. Eso obliga a mirar con mucha atención lo que hoy circula en la provincia. Lo que hasta acá se conoce no es todavía un proyecto de ley articulado y completo, sino un conjunto de “vectores” o lineamientos generales. Y ese dato, lejos de ser menor, ya es un problema.Si se baja el análisis a lo concreto, hay cinco cambios sustanciales que deberían quedar absolutamente claros en el debate público.El primero es el aumento de la edad jubilatoria y de los años de aporte. La jubilación ordinaria pasaría de 62 a 65 años para varones y de 57 a 60 años para mujeres, mientras que los años de servicios exigidos subirían de 30 a 35. Es cierto que el esquema prevé una transición gradual. Pero también es cierto que el efecto de fondo es inequívoco: se posterga el acceso al beneficio y se endurecen las condiciones de elegibilidad. En términos fiscales, puede entenderse la lógica. En términos sociales, el costo recae sobre el trabajador activo, especialmente sobre quienes tuvieron trayectorias laborales interrumpidas, precarias o informales.El segundo cambio es el de la base de cálculo del haber inicial. Acá está una de las claves menos transparentadas del debate. El 82% se mantiene en el discurso, pero cambia la base sobre la cual se aplica. En vez de calcularse sobre el tramo final de la carrera —como ocurre hoy—, pasaría a calcularse sobre la historia laboral real de 30 años de aportes, actualizada a valores actuales. En carreras salariales ascendentes, un promedio de 30 años tiende a ser inferior al promedio del tramo final. Dicho sin eufemismos: no se toca de frente el 82%, pero sí puede reducirse materialmente el beneficio.El tercer cambio es la modificación de la movilidad. El régimen vigente tiene una lógica simple y conocida: cuando aumentan los salarios del personal activo, se reajustan los haberes del pasivo. La propuesta rompe ese vínculo directo y lo reemplaza por índices sectoriales que definiría el Poder Ejecutivo. Este punto es central. No se trata de una cuestión secundaria ni meramente técnica. La movilidad integra el corazón del derecho previsional. Si la ley no fija con precisión la fórmula, las variables, la periodicidad, la fuente estadística y las salvaguardas, entonces la Legislatura no estaría regulando el núcleo del sistema: lo estaría delegando. Y eso es exactamente lo que no debería ocurrir.El cuarto cambio es la habilitación de aportes solidarios previsionales y topes máximos ante eventuales desequilibrios financieros o actuariales. Este es, probablemente, el aspecto más delicado de toda la propuesta. Porque no estamos hablando ya del acceso al beneficio, sino del contenido económico mismo del haber. El borrador sostiene, por un lado, que no se afectarían derechos adquiridos ni beneficios ya otorgados. Pero, al mismo tiempo, deja abierta la posibilidad de imponer descuentos o límites sobre quienes ya están jubilados o pensionados. Esa tensión es demasiado evidente. No se puede prometer que no se tocará a los pasivos y, a la vez, dejar abierta la puerta para tocarlos por otra vía.El quinto cambio sustancial aparece en la vaguedad sobre regímenes especiales, invalidez, pensión y edad avanzada. Se habla de armonización con sistemas nacionales y provinciales, de junta médica externa y de continuidad formal de algunos regímenes, pero sin un desarrollo normativo suficientemente claro. En derecho previsional, esa ambigüedad no es flexibilidad: es fuente de litigiosidad. Una reforma de esta magnitud no puede dejar aspectos esenciales librados a fórmulas abiertas o a reglamentaciones posteriores.Si se observa el cuadro completo, el saldo para el trabajador activo es bastante claro: jubilarse más tarde, acreditar más años de aporte, cobrar potencialmente menos en términos relativos y enfrentar mayor incertidumbre sobre la movilidad futura. El propio informe técnico lo resume de manera nítida: la orientación general de la reforma es ahorrativa, pero el costo recae principalmente sobre las cohortes activas. Para el jubilado actual, la principal amenaza no pasa por la edad de acceso sino por la eventual afectación futura del haber mediante topes, aportes solidarios o una movilidad menos favorable.

Hay además una omisión que no debería pasar en silencio: la cuestión de género. La reforma no corrige la brecha histórica entre varones y mujeres. Es decir, la diferencia sigue siendo exactamente la misma: cinco años. No hay una revisión de fondo, ni una propuesta consistente desde la igualdad formal, ni una mirada integral sobre cuidados, interrupciones de carrera, densidad de aportes o trayectorias laborales femeninas. En una reforma que pretende ser estructural, eso no es un detalle. Es una oportunidad perdida.Tampoco habría que perder de vista a los municipios. El informe marca con claridad que el eventual alivio del sistema provincial puede coexistir con una mayor presión sobre las haciendas locales, porque la carga del desequilibrio seguiría recayendo sobre la patronal municipal. Traducido: una parte del ordenamiento provincial puede terminar desplazando tensión fiscal hacia gobiernos locales con menor autonomía financiera, menor capacidad tributaria y alto peso del gasto en personal. Una reforma que ordena arriba pero complica abajo no resuelve todo: a veces solo cambia el lugar donde explota el problema.Pero el punto más delicado de todos sigue estando en otro lado: en la delegación de facultades al Poder Ejecutivo. Ahí aparece el núcleo más serio del problema jurídico e institucional.No todo cambio severo es automáticamente inconstitucional. El aumento de la edad jubilatoria, la suba de años de aporte o el cambio en la base de cálculo pueden ser medidas discutibles, duras e incluso regresivas, pero no por eso son inválidas por sí mismas. Una ley puede reformar expectativas no consolidadas si lo hace de manera gradual, razonable y prospectiva. El problema de mayor intensidad constitucional aparece cuando la ley deja sin definir el corazón del régimen y entrega esa definición al Ejecutivo.Eso ocurre, sobre todo, en dos puntos. Primero, en la movilidad. Si la futura ley no fija por sí misma los elementos esenciales de la fórmula y deja que el Ejecutivo determine sectores, metodología, ponderaciones, periodicidad y salvaguardas, entonces la delegación sería excesiva en una materia alcanzada por la reserva de ley. Segundo, en la facultad de imponer aportes solidarios previsionales y topes máximos sobre beneficios ya en curso. Ahí confluyen todos los riesgos: afectación del haber, delegación abierta y contradicción con la cláusula de no afectación de derechos adquiridos. El informe es terminante: ese es el punto de mayor vulnerabilidad constitucional del esquema.Por eso, las recomendaciones para el debate legislativo son tan importantes como la discusión misma. La Legislatura no debería tratar lineamientos generales, sino exigir un proyecto articulado completo. Debería reclamar un informe actuarial independiente. Debería definir por ley —y no por reglamentación— la fórmula de movilidad. Debería precisar el alcance de los regímenes especiales. Debería aclarar con exactitud si los aportes solidarios y topes alcanzan o no a beneficios ya otorgados. Debería incorporar una evaluación real del impacto de género. Y debería agregar un capítulo específico de transición fiscal para municipios y comunas adheridos. Eso no es sofisticación académica. Es el mínimo de seriedad que un debate así exige.En definitiva, Entre Ríos necesita discutir su sistema previsional. Pero discutir no es obedecer. Y reformar no es firmar un cheque en blanco.

Por eso, si la provincia va a avanzar en una reforma de esta magnitud, que lo haga bien. Con texto completo. Con estudio actuarial. Con debate político real. Con perspectiva de género. Con precisión legislativa. Y, sobre todo, sin dejar en manos del Poder Ejecutivo facultades que la Constitución y la prudencia exigen que defina la ley.Porque en materia previsional, tan grave como no reformar es reformar mal.

El sistema sigue líquido, capitalizado y con márgenes regulatorios holgados. Pero sí muestran otra cosa: una caída marcada de la rentabilidad, un deterioro fuerte de la cartera crediticia y un cambio estructural en el negocio financiero, cada vez más condicionado por la economía real y cada vez menos protegido por las rentas extraordinarias del pasado.

Ese punto es central. El dato más importante de 2025 no es que los bancos hayan prestado menos, sino que prestar más empezó a rendirles menos. Según el Banco Central, el crédito total al sector privado creció 36,9% real durante el año y la exposición del sistema a empresas y familias pasó a representar 43,9% del activo total, mientras que el financiamiento al sector público redujo su peso relativo.Es decir: el sistema volvió a hacer más banca tradicional. Sin embargo, en ese mismo movimiento, la irregularidad del crédito privado saltó de 1,6% al cierre de 2024 a 5,5% al cierre de 2025. En los hogares, el deterioro fue todavía más severo: la mora pasó de 2,5% a 9,3%. En empresas subió de 0,8% a 2,5%.Allí está la verdadera fotografía del año. La intermediación creció, pero la calidad del activo empeoró en forma acelerada.

El verdadero problema: crece el crédito, pero empeora la capacidad de pagoPor eso la explicación no puede reducirse a una sola variable. No alcanza con decir “bajó la actividad” ni tampoco con repetir que “el crédito volvió”. La economía argentina de 2025 fue más contradictoria.

El financiamiento avanzó con fuerza, pero hacia el final del año el consumo financiado empezó a mostrar fatiga: el propio BCRA registró en diciembre una caída mensual real de 0,6% en las financiaciones con tarjeta de crédito y de 0,7% en los préstamos personales, prolongando una tendencia descendente iniciada en septiembre. Es decir, aun con más crédito en términos interanuales, el tramo más sensible del financiamiento a los hogares empezó a enfriarse justo cuando la mora se aceleraba.

Eso ayuda a entender por qué los balances privados se deterioraron. Grupo Financiero Galicia reportó en el cuarto trimestre de 2025 una pérdida neta atribuible de $83.544 millones, mientras que su ganancia acumulada del año cayó 91%. BBVA Argentina cerró 2025 con una ganancia neta de $267.420 millones, pero 43,2% menor a la de 2024. Banco Macro mostró una rentabilidad menor que la del año previo: obtuvo $290.704 millones en 2025 y en el cuarto trimestre ganó $100.079 millones, por debajo del mismo período de 2024 y luego de haber registrado un trimestre negativo en el tercero. Supervielle, por su parte, cerró el año con una pérdida atribuible de $48.582 millones y un ratio de cartera irregular total de 5,0%, contra 1,3% un año antes.

El viejo monopolio bancario ya no existeA la presión derivada de la economía real se le suma otro frente, menos visible pero igualmente decisivo: la competencia por el negocio transaccional y por la captura del cliente cotidiano. Durante años, gran parte de los movimientos de dinero, los cobros, los pagos y las comisiones del sistema pasaban casi exclusivamente por los bancos.

Ese monopolio de hecho se rompió. El ecosistema financiero argentino ya no se agota en las entidades bancarias. Las billeteras virtuales, los proveedores de servicios de pago y los fondos comunes de dinero se convirtieron en actores masivos que disputan saldos, comisiones, transacciones y vinculación con el usuario.Los datos del Banco Central lo muestran con claridad. A septiembre de 2025, 27,6 millones de personas tenían simultáneamente cuenta bancaria y cuenta de pago. En diciembre había 68,7 millones de cuentas de pago, de las cuales 15 millones tenían saldo. Sumados los saldos en cuentas de pago y los fondos invertidos a través de PSP, ese universo ya equivalía al 7,4% de los depósitos privados en pesos del sistema. Además, en enero de 2026 el 54,3% de las operaciones de QR interoperable acreditó en cuentas de pago y sólo el 45,7% en cuentas bancarias. El mensaje es evidente: la relación diaria con el dinero dejó de estar cautiva dentro del banco.

La competencia fintechEso no implica que los bancos hayan quedado fuera del juego. Siguen siendo actores centrales en crédito, depósitos, tesorería, comercio exterior y regulación prudencial. Pero sí significa que el negocio financiero es hoy más abierto, más competitivo y con menor capacidad de apropiarse rentas por simple posición dominante. La consecuencia es que, cuando la cartera se deteriora y la economía se enfría, la rentabilidad se resiente más rápido que antes.

También hay un elemento adicional que ayuda a explicar la comparación desfavorable contra 2024. Varios balances del año pasado habían sido beneficiados por condiciones extraordinarias: mayores ganancias sobre títulos públicos, resultados asociados a un contexto de inflación más alta y, en algunos casos, efectos contables puntuales. En 2025 esos colchones se redujeron o desaparecieron. Por eso el deterioro actual no debe leerse sólo como un problema de gestión crediticia; también refleja el agotamiento de un régimen de rentabilidad apoyado más en el entorno financiero que en la intermediación genuina.

No hay crisis de solvencia, pero sí un problema de rentabilidadAhora bien, que la rentabilidad haya caído no significa que el sistema esté al borde de una crisis de solvencia. Ese sería un diagnóstico equivocado. El BCRA informó que el sistema cerró 2025 con un capital regulatorio equivalente al 28,6% de los activos ponderados por riesgo, un exceso de capital de 253% sobre el mínimo exigido y un ratio de apalancamiento de 19,7%, muy por encima del umbral regulatorio del 3%. En otros términos: el problema actual de la banca argentina no es, por ahora, de liquidez ni de patrimonio; es de rentabilidad, costo de riesgo y calidad de cartera.

Y justamente por eso el tema importa tanto para el país. Porque cuando un banco gana menos por prestar, no sólo ajusta su balance: ajusta su conducta. Se vuelve más selectivo, endurece originación, recorta plazos, sube spreads, exige mejores garantías y concentra recursos en clientes de menor riesgo.

Ese proceso excluye primero a quienes más necesitan financiamiento: familias que refinancian consumo, PyMEs que dependen del capital de trabajo, comercios que venden en cuotas y sectores que requieren crédito largo para invertir o construir.En un país con baja profundidad financiera, ese efecto es especialmente grave. Si además el costo del crédito sigue siendo elevado, la situación se agrava. A comienzos de marzo de 2026, la tasa de préstamos personales informada por el BCRA se ubicaba en torno al 71,7% nominal anual. Incluso las nuevas líneas en dólares muestran el problema: Banco Macro lanzó recientemente créditos hipotecarios en esa moneda con tasa del 11,5% anual, plazo de cinco años y financiamiento de hasta 50% del valor del inmueble. Son productos que pueden reabrir nichos de mercado, pero todavía están lejos de constituir una solución masiva para vivienda o inversión productiva.

Qué significa esto para el paísLa conclusión de fondo es que el deterioro de los balances bancarios no es una anécdota sectorial. Es un espejo de la economía argentina. Cuando la mora sube, lo que se deteriora no es sólo un renglón contable: se deteriora la capacidad de sostener pagos, de financiar consumo, de encarar proyectos y de transformar recuperación macro en mejora micro. Cuando además esa pérdida de rentabilidad ocurre en un contexto de mayor competencia fintech, el sistema financiero deja de tener margen para absorber sin costo las tensiones de la economía real.Por eso la señal que dejan los balances 2025 es políticamente incómoda y económicamente relevante.

La Argentina puede haber logrado cierta normalización monetaria y una expansión del crédito desde niveles muy bajos, pero todavía no resolvió el problema decisivo: cómo construir una economía en la que el financiamiento crezca sin que, al mismo tiempo, se deteriore la capacidad de pago de quienes lo toman. Mientras esa ecuación no cierre, los bancos seguirán mostrando algo más que sus propios problemas. Seguirán mostrando, con números, las limitaciones del país.No se trata, entonces, de llorar por los bancos. Se trata de entender que, cuando hasta los balances bancarios empiezan a reflejar fragilidad, lo que está en discusión no es sólo la rentabilidad de las entidades sino la sustentabilidad del proceso económico en su conjunto. En la Argentina de hoy, un banco que gana menos no es simplemente una mala noticia financiera: es una advertencia sobre la debilidad de empresas, comercios y familias que están del otro lado del mostrador.

En la Argentina, la discusión económica suele girar siempre alrededor de las mismas variables: inflación, dólar, ajuste, actividad, tasas de interés. Pero mientras el debate público sigue atrapado en esa coyuntura, debajo de la superficie se está desarrollando un problema mucho más profundo, más silencioso y probablemente más decisivo para el futuro del Estado: la crisis de adecuación entre los sistemas tributarios vigentes y la nueva estructura de la economía.

No es un problema ideológico. Tampoco es una discusión entre más impuestos o menos impuestos. Es un problema estructural de capacidad estatal. En otras palabras: el mundo cambió más rápido que las administraciones tributarias. Y cuando la economía cambia de naturaleza, también cambia la posibilidad real del Estado de identificar, medir y gravar aquello que genera ingresos, valor y acumulación.Ese diagnóstico ya no surge solamente de la academia. En la reunión de administradores tributarios organizada por el CIAT en Montevideo en 2025 se identificaron 120 desafíos y oportunidades para las administraciones fiscales, agrupados en cinco grandes bloques: recursos humanos, tecnología, gestión de riesgos, gestión institucional y sistema tributario. Es decir: los propios organismos recaudadores del mundo ya están admitiendo que el problema excede la evasión tradicional y que compromete el funcionamiento futuro de la recaudación.

Uno de los datos más reveladores aparece en el plano de los recursos humanos. En el bloque específico sobre capital institucional, la principal preocupación fue la pérdida de talento por jubilaciones, salarios poco competitivos, condiciones laborales menos atractivas y cambio generacional. El CIAT la ubicó al tope de ese bloque con una valoración promedio de 8,2. La OECD, por su parte, agregó otro dato igual de elocuente: en promedio, 28% del personal de las administraciones tributarias relevadas ya tiene 55 años o más, lo que anticipa una pérdida adicional de conocimiento acumulado en los próximos años.Esto obliga a reinterpretar algo que muchas veces se presenta como simple “modernización”. La automatización del control tributario no es solo una mejora tecnológica: en buena medida es una respuesta defensiva frente al deterioro del capital humano especializado. A escala internacional, la OECD registra que 72% de las administraciones tributarias ya utiliza inteligencia artificial; sus usos más frecuentes son la detección de evasión y fraude, la evaluación de riesgos y la asistencia virtual al contribuyente. Al mismo tiempo, el organismo aclara que ninguna administración reportó utilizar IA para adoptar decisiones administrativas finales. En paralelo, alrededor de 85% ya dispone de sistemas que detectan automáticamente errores o inconsistencias en los datos provistos por los contribuyentes.Pero la tecnología no resuelve por sí sola el problema central. El verdadero desajuste está en la base económica sobre la cual fue construido el sistema tributario moderno. Durante décadas, los tributos se diseñaron para gravar hechos relativamente visibles y localizables: producción fabril, comercio físico, trabajo asalariado registrado, consumo presencial, patrimonio identificable territorialmente.

Hoy, en cambio, una parte creciente del valor se genera a través de servicios digitales, plataformas, activos intangibles, comercio transfronterizo, trabajo remoto, criptoactivos y esquemas empresariales con localización difusa.Ese corrimiento ya aparece explícitamente en la agenda internacional. En el bloque “sistema tributario” del trabajo del CIAT, los desafíos más relevantes fueron la legislación y gestión de criptoactivos (8,8 puntos), la legislación y supervisión de servicios digitales prestados por no residentes (7,9), las nuevas reglas tributarias internacionales vinculadas a intangibles y planificación global (7,9) y, además, la informalidad y la administración de regímenes simplificados (7,3). La señal es inequívoca: las dificultades centrales ya no están solo en la vieja evasión, sino en la creciente distancia entre normas tributarias pensadas para economías territoriales y una economía que se desmaterializa.Por eso, del lado de las oportunidades, el mismo estudio ubica en el primer lugar la simplificación y modernización de la normativa tributaria y de la comunicación con el contribuyente, con una valoración promedio de 8,4. En paralelo, también aparece como prioridad institucional la confianza de contribuyentes y ciudadanos en la administración tributaria. Esto es clave: cuando la economía se vuelve más compleja y menos observable, la sustentabilidad recaudatoria depende no solo de fiscalizar mejor, sino también de reducir costos de cumplimiento, dar previsibilidad y reconstruir legitimidad.La OECD viene formulando este mismo diagnóstico desde otra perspectiva. Su enfoque de Tax Administration 3.0 parte de una idea sencilla pero disruptiva: la administración tributaria del futuro ya no puede descansar únicamente en controles ex post y declaraciones juradas tradicionales, sino que debe integrarse a los “sistemas naturales” en los que operan empresas y contribuyentes. En otras palabras, la tributación tiende a desplazarse desde el expediente y la inspección hacia el dato, la interoperabilidad y la trazabilidad en tiempo real.Argentina no está fuera de este proceso. Al contrario: ya exhibe varios síntomas de esta transición. La actual ARCA mantiene y actualiza regímenes informativos sobre operaciones financieras, aplica percepciones de IVA sobre servicios digitales, prevé regímenes especiales para operaciones concertadas a través de plataformas digitales, desarrolla esquemas de presentaciones digitales y participa en mecanismos de intercambio internacional de información financiera bajo estándares CRS/FATCA.Todo eso muestra un Estado que intenta ampliar su capacidad de observación a través de datos, interfaces y trazabilidad porque la economía real se le escapa cada vez más por los canales tradicionales.Sin embargo, esa expansión de información no equivale, por sí sola, a una solución estructural. De hecho, en la Argentina convive una mayor densidad de controles digitales con niveles todavía muy elevados de informalidad. En la medición específica difundida por INDEC para el cuarto trimestre de 2024, la tasa de empleo informal alcanzó el 42,0%. Eso sugiere que el problema no pasa solamente por recolectar más datos, sino por la dificultad de gravar de manera consistente una economía crecientemente fragmentada, precarizada y desplazada hacia formas de inserción más difíciles de capturar.Por eso, seguir discutiendo el sistema tributario solo en términos de presión fiscal, alícuotas o incentivos aislados es mirar una parte muy limitada del problema. El interrogante de fondo es otro: si el Estado del siglo XXI puede seguir financiándose con instrumentos diseñados para la economía del siglo XX. Y la respuesta, al menos hoy, no es obvia.La cuestión decisiva no será únicamente cuánto se paga, sino qué se puede gravar, dónde se lo puede gravar y con qué capacidades institucionales se lo puede administrar.Si el valor económico se vuelve más intangible, más móvil y menos territorial; si el empleo se informaliza o se fragmenta; si el conocimiento técnico escasea dentro del propio Estado; y si la legitimidad fiscal se deteriora, entonces la crisis ya no es meramente tributaria: es una crisis de sustentabilidad del financiamiento público.El mundo ya lo está viendo: recaudar dejó de ser sólo un tema de voluntad y pasó a ser un problema de capacidad. Cuando el valor se mueve por lo intangible, lo digital y lo transfronterizo, el Estado no pierde sólo ingresos: pierde trazabilidad y control. Y cuando eso ocurre, el financiamiento público entra en crisis no por una decisión política, sino porque el sistema quedó viejo para la economía real.

Un grupo de profesionales de Concordia presentó ante el Concejo Deliberante una propuesta de ordenanza que busca reorganizar el funcionamiento del Estado municipal mediante la disolución de entes autárquicos que, según sostienen, generan superposición de funciones y elevados costos administrativos.

El proyecto fue impulsado por el abogado Pablo Lapiduz, el contador Guido Longo y el contador Álvaro Sierra quienes solicitaron hacer uso de la Banca del Pueblo para exponer formalmente la iniciativa. La propuesta cuenta con el respaldo de más de un centenar de vecinos que acompañaron el pedido con sus firmas, lo que refleja una preocupación creciente por la eficiencia del gasto público y la transparencia en la gestión local.

La iniciativa apunta concretamente a disolver el Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal y el Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto Concordia, integrando sus funciones directamente a las áreas correspondientes del municipio. Los autores sostienen que estos organismos mantienen estructuras propias que implican costos significativos, pese a no contar con autonomía financiera real ni requerir necesariamente un funcionamiento independiente.Según explicaron, el presupuesto conjunto de ambos entes supera los 5.000 millones de pesos anuales, cifra que consideran relevante y que, a su entender, justifica abrir un debate público sobre la conveniencia de mantener estructuras separadas cuando sus funciones podrían ejecutarse desde la administración central con mayor control y menor costo.

La propuesta no implica eliminar programas ni afectar servicios, sino reorganizar su ejecución para evitar duplicaciones, agilizar la gestión administrativa y fortalecer los mecanismos de control. Además, se plantea preservar la estabilidad laboral del personal existente, garantizando la continuidad de los trabajadores dentro del ámbito municipal.Los impulsores consideran que esta reorganización permitiría al municipio optimizar recursos y destinarlos a áreas prioritarias, en un contexto económico que anticipa mayores exigencias financieras para los gobiernos locales. También señalan que la simplificación de la estructura estatal contribuiría a mejorar la transparencia y facilitar el seguimiento del destino de los fondos públicos.El planteo surge desde el ámbito ciudadano y profesional, con el objetivo de instalar un debate sobre el tamaño, el funcionamiento y la eficiencia del Estado municipal, en momentos donde la sociedad reclama mayor responsabilidad en el uso de los recursos públicos.Resta ahora observar cómo impactará esta propuesta en el ámbito político. También será clave analizar si la participación previa del contador Álvaro Sierra en la gestión del exintendente Enrique Cresto puede transformarse en un obstáculo o condicionante para el avance de la iniciativa. Su creciente presencia en distintos espacios mediáticos, además, abre interrogantes sobre si este impulso responde exclusivamente a una inquietud técnica y ciudadana o si forma parte de una proyección más amplia vinculada a la construcción de posicionamiento dentro del escenario político municipal.

Era el corazón del contrato social implícito: podía haber inflación, turbulencia cambiaria o inestabilidad política, pero cuando la producción repuntaba, también lo hacía el empleo.En 2025 esa lógica empezó a fallar de manera visible. La economía mostró señales de crecimiento, pero el mercado laboral no mejoró en la misma dirección. La consecuencia es más que estadística: la macro puede “ordenarse” en algunos indicadores, mientras la vida cotidiana —consumo, ingresos, expectativas— no recupera estabilidad. Y esto no parece un bache de ciclo: tiene rasgos de cambio estructural.

La mejor forma de ver la anomalía es mirar qué está creciendo y qué empleo genera ese crecimiento. El gráfico de “sectores ganadores” (SIPA para empleo formal e INDEC–EMAE para actividad, comparando promedio 2023 vs promedio 2025) deja una conclusión contundente: de los tres sectores que más crecieron, dos incluso redujeron el empleo formal.

El agro aparece como el gran ganador en actividad (+40,9%), pero el empleo formal apenas se mueve (+1,9%). Hasta ahí, podría decirse: “crece, pero contrata poco”. Lo verdaderamente disruptivo está en los otros dos ganadores. Minas y canteras muestran un avance de actividad (+15,0%) y, sin embargo, el empleo formal cae (-3,3%). La intermediación financiera también crece fuerte (+18,7%) y al mismo tiempo reduce empleo formal (-2,0%).

Dicho sin vueltas: dos de los tres motores del crecimiento terminan expulsando trabajadores en lugar de incorporarlos, lo que empuja desempleo abierto y/o desplazamiento hacia informalidad y cuentapropismo precario.Esto no es un “error de medición”. Es una característica del tipo de crecimiento vigente. Los sectores que lideran el repunte son, en general, altamente capitalizados, intensivos en tecnología, con mayor automatización y escalas productivas grandes. Pueden producir más valor agregado con menos mano de obra. En términos simples: la economía puede exportar más, facturar más, acumular divisas e incluso mostrar mejoras macro… sin que eso se traduzca en más empleo formal.La contracara es igual de relevante: los sectores históricamente más “empleadores” —industria, construcción, comercio y servicios asociados al mercado interno— enfrentan un contexto mucho más adverso. Y ahí aparece la asimetría social: los sectores que ganan no necesitan trabajadores; los sectores que emplean masivamente no están ganando. Por eso el crecimiento no “derrama” en empleo, y por eso el bienestar no mejora, aunque la macro muestre alivio.

¿Por qué pasa?Primero, por la propia estructura productiva: el agro moderno no contrata al ritmo que crece su producción porque crece por productividad (tecnología, maquinaria, logística, genética, servicios especializados) más que por incorporación masiva de mano de obra. En minería y energía, la lógica es similar: mucha inversión, mucha escala, mucho capital fijo, pero poca densidad laboral. En finanzas, la digitalización hace el resto: aumenta el volumen de transacciones y la rentabilidad sin necesidad de expandir planteles; incluso puede reducirlos.Segundo, por el entorno macro y de costos. Si el programa económico estabiliza nominalidad, pero deja crédito carísimo, la empresa que duda no contrata: ajusta estructura, terceriza, estira tiempos, automatiza o directamente achica. Si además la competencia importada se vuelve más fuerte —por precios relativos, por apertura o por apreciación real— y la producción local enfrenta costos logísticos, tarifas, presión tributaria y costos laborales en dólares elevados, el resultado es conocido: cae la producción local en rubros sensibles, y cuando cae la producción… cae el empleo. La apertura no es el problema “en sí”; el problema es transitarla sin política productiva, sin financiamiento razonable y sin herramientas para que el entramado local compita y se reconvierta.Tercero, porque el mercado laboral se está reacomodando de forma defensiva. Cuando la economía crece sin empleo asalariado formal, el “ajuste” se manifiesta en una combinación de desempleo, subocupación e informalidad. Puede aumentar el trabajo independiente, pero no necesariamente como elección virtuosa: muchas veces es autoempleo de subsistencia. Eso sostiene una parte de la ocupación estadística, pero no construye estabilidad social ni base fiscal futura.

Este punto es central para entender el riesgo hacia adelante: un programa económico puede bajar la inflación, ordenar las cuentas públicas y mejorar reservas, pero si debilita el mercado laboral, la estabilidad será frágil. Porque el empleo no es una variable más: es el principal organizador social. Sin trabajo formal no hay consumo sostenible, no hay movilidad social, no hay previsibilidad en los hogares y tampoco hay una recaudación robusta a mediano plazo. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy en la Argentina: la pérdida de empleo asalariado privado y la dificultad para crear puestos formales están dejando como “salida” dominante un mercado laboral más frágil, y con mayor informalidad.En otras palabras: la Argentina puede estabilizar la macroeconomía, pero si no estabiliza el empleo, esa estabilidad no va a ser sostenible. La discusión económica de 2026 y 2027 debería dejar de obsesionarse sólo con “cuánto crece” y empezar a medir “cómo crece” y “a quién incluye”.La nueva vara no puede ser únicamente el promedio del PBI o del EMAE: tiene que ser la elasticidad empleo–producto, es decir, cuántos puestos formales se crean (o se destruyen) por cada punto de actividad y en qué sectores.

¿Dónde debería ponerse el foco?En tres frentes simultáneos. Primero, en una estrategia de inversión que convierta el impulso de los sectores dinámicos (agro, energía/minería, finanzas) en infraestructura, crédito productivo y tecnología aplicada al entramado urbano, que es el que más empleo genera. Segundo, en un esquema de competitividad realista: integración al mundo, sí, pero con condiciones de transición. Eso incluye financiamiento posible para pymes, reducción de costos no salariales que encarecen producir localmente, mejoras logísticas y reglas estables. Tercero, en una agenda laboral y de capital humano: capacitación, reconversión y productividad. La tecnología no va a retroceder; entonces el desafío no es “frenarla”, sino construir empleabilidad y facilitar el pasaje desde sectores que retroceden hacia sectores que crecen, con redes de protección que no condenen a la informalidad permanente.

El dato más inquietante de 2025 no es sólo que “faltó empleo”: es que el crecimiento puede convivir con destrucción de puestos formales en sectores ganadores, como muestra el gráfico (minería y finanzas creciendo con empleo formal en baja). Esa es la señal de época. Y es también el aviso político y económico: si no se corrige el modo en que crece la economía, podemos tener una macro más prolija, pero una sociedad más frágil.

Por eso, la pregunta decisiva ya no es si la Argentina crece. La pregunta es si puede volver a crecer con trabajo, y con trabajo formal. Ese debería ser el norte: no un crecimiento que “cierra” en los promedios, sino un crecimiento que se sostenga en el tiempo porque incluye, integra y reconstruye el tejido productivo que le da estabilidad a los hogares. Si esa brújula no se recupera, el país podrá mostrar números mejores… pero seguirá acumulando una deuda social que, tarde o temprano, vuelve a la economía.

En esa ecuación está todo: la capacidad de compra de los hogares, el apetito inversor (o su retiro), el rol del Estado y el aporte —o el lastre— del frente externo. Y si a ese cuadro le sumamos el dato que más importa en finanzas públicas —la sostenibilidad intertemporal del Estado y su credibilidad institucional—, el cierre de 2025 deja una advertencia nítida: hubo rebote, sí; pero también hubo pérdida de impulso y deterioro de “calidad” del crecimiento.

Antes de avanzar, una aclaración metodológica necesaria: al día de hoy, el último dato oficial de cuentas nacionales del INDEC corresponde al 3° trimestre de 2025. Por eso, cuando hablamos de “cómo cerró 2025”, combinamos: lo que muestran las cuentas nacionales hasta el 3T, los indicadores de actividad del final de año (EMAE), y el cierre completo del comercio exterior (enero–diciembre).Consumo: el termómetro social en zona de enfriamientoEl consumo privado —que históricamente explica más del 65% del PBI argentino— volvió a mostrar en 2025 un comportamiento contractivo.

Pero la lectura decisiva para “cómo se cerró el año” está en la dinámica reciente: en términos desestacionalizados, el consumo privado apenas avanzó +0,2% trimestral (prácticamente cero), mientras el consumo público subió +0,5%.

Desde el enfoque de finanzas públicas, el retroceso del consumo responde a varios vectores simultáneos: caída del salario real durante gran parte del año, recomposición tarifaria y aumento de precios regulados, política fiscal contractiva, y mayor incertidumbre sobre ingresos futuros.

Ese dato (0,2%) es el tipo de número que a veces pasa desapercibido en los titulares, pero en la economía real se siente: un consumo que deja de empujar. Y cuando el consumo se aplana, la recaudación (IVA, internos, combustibles) deja de tener “piso”, justo en un país donde el Estado depende de flujos tributarios sensibles al ciclo.

Inversión: el eslabón que todavía no reaccionaLa formación bruta de capital fijo (inversión) creció 10,3% interanual en el 3T25. Hasta ahí, podría parecer una buena noticia. Pero el dato que cambia el diagnóstico es el desestacionalizado: la inversión cayó -6,0% respecto del trimestre anterior.Pese al discurso pro-mercado y a la expectativa de un “rebote inversor”, los datos de 2025 muestran un desempeño débil.¿Por qué no despega la inversión? Hoy persisten factores que explican la cautela inversora: alta incertidumbre macro de transición, debilidad del crédito de largo plazo, volatilidad normativa, crisis de representación política, y fragilidad del mercado interno.

La inversión no responde solo al ajuste fiscal: responde a expectativas de rentabilidad sostenible. Y esas expectativas todavía lucen frágiles.

Ahorro: la variable silenciosa que se está erosionandoUn punto menos visible, pero central desde la macro de mediano plazo, es el comportamiento del ahorro interno. En 2025 se observa: recomposición parcial del ahorro público (por el ajuste), pero debilitamiento del ahorro privado real.

Esto es relevante porque, en economías con restricción externa estructural como la argentina, el ahorro interno es el combustible de la inversión.Cuando el ahorro cae: aumenta la dependencia del financiamiento externo, se limita la profundidad del crédito, y se restringe el crecimiento potencial.

El equilibrio fiscal por sí solo no garantiza acumulación de capital si el sector privado no logra recomponer su capacidad de ahorro.

Sector externo: una balanza comercial menos holgadaEl cuarto componente del PBI —exportaciones netas— también mostró en 2025 una contribución menos dinámica.  Lo que se observa:  recuperación de importaciones por normalización económica. exportaciones creciendo, pero a menor ritmo, y tipo de cambio real que vuelve a generar debate.En el cierre anual del comercio exterior: el superávit cae fuerte: Exportaciones 2025: USD 87.077 millones (+9,3% i.a.), y Importaciones 2025: USD 75.791 millones (+24,7% i.a.). Saldo comercial 2025: USD 11.286 millones.

En 2024, el saldo había sido USD 18.928 millones. Es decir: el superávit se redujo en USD 7.642 millones, una caída cercana al 40%.

Este punto es decisivo para la Argentina: cuando el superávit comercial se achica, el programa macro queda más expuesto. Porque el país no tiene un mercado de capitales profundo ni acceso estable y barato al financiamiento externo. Sin dólares, todo se recalienta: tipo de cambio, expectativas, tasas, y finalmente actividad.

La foto del PBI 2025: una economía que pierde impulsoSegún el INDEC, en el 3° trimestre de 2025 el PBI creció 3,3% interanual. En la comparación desestacionalizada contra el trimestre anterior, mostró una suba muy acotada (+0,3%) y el acumulado del año a ese momento (primeros tres trimestres) se ubicó en +5,2%.Traducido: 2025 tuvo recuperación (en parte por arrastre estadístico y base de comparación), pero el motor empezó a “ratear” hacia el final. Y cuando la macro argentina pierde impulso, el problema no suele ser solo el crecimiento: suele ser la consistencia del programa económico frente al frente externo, las expectativas y la institucionalidad.No se trata de una crisis abierta, pero sí de una zona de riesgo macroeconómico. Y aquí es donde la política económica debe mostrar reflejos.

En síntesis: 2025 termina con números que todavía muestran recuperación respecto del año previo, pero con señales claras de agotamiento del impulso: consumo casi plano, inversión cayendo en el margen y un frente externo que deja menos aire.

Un cierre que invita a reaccionarEn un país normal, el debate sería técnico: cómo mejorar productividad, cómo financiar inversión, cómo coordinar el ciclo. En Argentina, a eso hay que agregarle un factor determinante: institucionalidad.

Cuando el programa económico descansa casi exclusivamente en el “ancla fiscal”, corre el riesgo de perder de vista que el crecimiento sostenido no se decreta. Los datos de consumo, inversión, ahorro y sector externo no son alarmantes de manera aislada. Pero en conjunto configuran una señal de advertencia que el Gobierno haría bien en leer a tiempo.La experiencia argentina muestra que los programas económicos no suelen fracasar de manera abrupta: primero aparecen estos síntomas de enfriamiento gradual. Si no se corrigen, el margen de maniobra se reduce.Todavía hay tiempo para reaccionar. Pero la ventana no es infinita.

El desafío de 2026 no será solo sostener el orden macroeconómico, sino lograr que la economía real vuelva a mostrar dinamismo genuino. Porque, en definitiva, la estabilidad se consolida no cuando cierran las planillas fiscales, sino cuando se reactiva la producción, el empleo y la inversión.La señal está sobre la mesa. La decisión, ahora, es política.

El dólar, mientras tanto, se mantiene estable o sube por debajo de los precios internos. Pero después ocurre lo inevitable: faltan divisas, se deterioran las reservas, aparecen tensiones, se abre la brecha y, tarde o temprano, llega la devaluación. La estabilidad desaparece de golpe.Es tentador atribuir el fenómeno a “mala administración” o a “especulación” según la preferencia política de turno. Pero esa lectura suele fallar en lo más importante: no explica por qué la película se repite incluso cuando cambian gobiernos, ideologías y programas.Para entender el mecanismo hay que mirar una variable menos visible —pero determinante—: el tipo de cambio real, es decir, el precio relativo que define si el país está caro o barato frente al mundo.El concepto clave: el tipo de cambio real y el atraso que se acumulaCuando hablamos del “dólar” en la conversación cotidiana solemos pensar en el tipo de cambio nominal (pesos por dólar). Sin embargo, el dilema argentino no se juega solo ahí. Se juega en el tipo de cambio real (TCR): una medida que compara los precios internos con los precios externos ajustados por el tipo de cambio. En simple, el TCR responde a una pregunta práctica: ¿producir en Argentina resulta caro o barato comparado con el exterior?Cuando los precios internos suben más rápido que el dólar, el TCR se aprecia: el país se encarece en dólares. Importar se vuelve relativamente barato, exportar se vuelve relativamente difícil y la economía empieza a demandar más divisas de las que genera. Por eso, el problema no aparece cuando el dólar sube, sino cuando queda demasiado bajo durante demasiado tiempo. Eso es atraso cambiario: un dólar que no acompaña la inflación y que, por ende, erosiona la competitividad y prepara la próxima corrección.En la práctica, el atraso cambiario funciona como una ilusión de bienestar inmediato. Mejora la sensación de poder de compra internacional, abarata transitoriamente importados y viajes, pero lo hace a costa de debilitar la fuente de divisas que sostiene esa misma normalidad: exportaciones netas, inversión productiva orientada a transables y acumulación de reservas.

Lo que muestra un estudio regional de la CEPALUn trabajo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó el tipo de cambio real de equilibrio para 17 países de la región y encontró un mecanismo recurrente: períodos de apreciación real (sobrevaluación del TCR) que tienden a finalizar en crisis cambiarias con depreciaciones abruptas y costos elevados para la actividad.El aporte del estudio es doble. Primero, pone en evidencia que la apreciación real no es un “capricho local”, sino un fenómeno regional asociado a economías dependientes de divisas (exportaciones concentradas, endeudamiento o capitales financieros) y expuestas a shocks externos. Segundo, muestra que la sobrevaluación del TCR altera incentivos: desplaza recursos desde sectores transables (exportables o sustitutos de importaciones) hacia sectores no transables. Ese corrimiento cambia la rentabilidad relativa, modifica la asignación de inversión y empleo, y reduce la capacidad de generar dólares genuinos cuando más se los necesita.En otras palabras: cuando el país se “abarata” en dólares para consumir, muchas veces se “encarece” para producir y exportar. Esa contradicción puede sostenerse mientras entren dólares; cuando dejan de entrar, el ajuste llega igual, pero suele ser más desordenado y más costoso.

La historia argentina: la misma lógica con distintos nombresLa tablita cambiaria de fines de los años 70, la convertibilidad en los 90, el atraso previo a la crisis de 2018 y otras etapas posteriores siguieron, con diferencias, una lógica similar: usar el tipo de cambio como herramienta de estabilización (o sostenerlo por debajo de la inflación) para moderar precios y expectativas. El efecto inicial fue positivo: inflación a la baja, crédito, consumo y “sensación de normalidad”. El problema apareció después: el país se volvió caro en dólares, la competitividad se deterioró, el déficit externo creció y la sostenibilidad quedó atada a que siguieran entrando dólares (por deuda o capitales). Cuando ese flujo se detuvo, el esquema colapsó y el ajuste llegó de forma traumática.Este repaso importa porque muestra que el atraso cambiario no es un accidente. Suele ser la consecuencia de intentar resolver un problema nominal (inflación) con un precio relativo (el dólar), sin atacar de manera consistente el núcleo fiscal-monetario y sin construir capacidad estructural de generación de divisas. El tipo de cambio puede ayudar a estabilizar, pero difícilmente pueda reemplazar un programa integral.

La singularidad argentina: cuatro rasgos que agravan el patrón regionalArgentina comparte el patrón regional, pero lo amplifica por cuatro rasgos estructurales.Primero, la inflación crónica. Con inflación alta, sostener un dólar “quieto” —o que suba menos que los precios— implica, casi mecánicamente, apreciación real. En este contexto, el atraso cambiario no es una decisión aislada: es el resultado natural de usar el tipo de cambio como ancla sin una desinflación creíble y sostenible.Segundo, el bimonetarismo social. El dólar funciona como reserva de valor y unidad de cuenta para ahorro, inmuebles y expectativas. Esa demanda estructural de divisas hace que la presión cambiaria exista incluso en fases de aparente normalidad. No se trata de una corrida ocasional: es una preferencia arraigada, producto de décadas de pérdida de poder adquisitivo del peso.Tercero, la respuesta institucional típica ante la escasez: controles, segmentación y brecha. En lugar de un ajuste con reglas claras, Argentina suele racionar divisas, multiplicar tipos de cambio y habilitar arbitrajes. Esa dinámica distorsiona precios relativos, castiga exportaciones, incentiva conductas defensivas y termina reduciendo la oferta genuina de dólares, que es lo que se necesita para estabilizar.Cuarto, la fragilidad financiera y el peso de pasivos en moneda dura (públicos y privados). Un ciclo de dólar atrasado suele convivir con endeudamiento externo o con instrumentos indexados. Cuando llega la corrección cambiaria, el servicio de esa deuda se encarece, sube el riesgo país y se estrecha el margen fiscal y financiero. Eso amplifica el carácter recesivo del ajuste.

El ángulo que suele faltar: el impacto fiscal del atraso cambiarioEl atraso cambiario no es solo un problema del sector externo: en Argentina también es un problema fiscal, porque termina afectando la recaudación, el gasto, la deuda y la gobernabilidad del presupuesto. Un tipo de cambio real apreciado puede sostener por un tiempo consumo y “sensación de estabilidad”, pero debilita inversión, producción y empleo formal, y con rezago erosiona bases tributarias como IVA, Ganancias y contribuciones. A la vez, vuelve más volátil la caja del Tesoro al distorsionar exportaciones, liquidación de divisas e ingresos vinculados al comercio exterior, mientras la brecha y los “parches” cambiarios agregan discrecionalidad e incertidumbre. Además, presiona sobre subsidios y tarifas (energía y transporte) y, cuando llega la corrección, el ajuste reaparece por tarifa, impuesto o deuda. En paralelo, una devaluación brusca encarece el financiamiento, empeora la dinámica de la deuda y fuerza decisiones difíciles entre licuar o recomponer ingresos públicos. Finalmente, el golpe se transmite a provincias y municipios vía coparticipación y costos dolarizados, desordenando licitaciones, contratos, redeterminaciones y planificación.En suma: el atraso cambiario no solo prepara una crisis de balanza de pagos; también prepara una crisis presupuestaria, porque erosiona la recaudación futura, agrava subsidios y vuelve más frágil la deuda.Conclusión: el problema no es que el dólar suba; es el dólar que se atrasaLa CEPAL muestra que América Latina atraviesa, con distintos matices, episodios de sobrevaluación del tipo de cambio real que terminan colapsando en crisis. Argentina comparte ese patrón, pero lo vuelve más virulento por una combinación singular: inflación crónica, bimonetarismo social, baja credibilidad y una respuesta institucional basada en segmentación y controles que suele profundizar el problema de fondo.Por eso, la estabilidad cambiaria no se logra con un dólar congelado ni con devaluaciones recurrentes. Se logra con un programa integral que reduzca la nominalidad, acumule reservas y, sobre todo, aumente la generación genuina de divisas.Hasta que esa base no cambie, cada período de calma puede ser apenas la antesala de la próxima corrección.

Durante el año pasado, en esta misma columna, sostuvimos una idea que hoy vuelve con forma de datos: el ajuste puede ser un instrumento de emergencia en el corto plazo, pero no puede ser el único motor de la sostenibilidad fiscal. Si el equilibrio presupuestario se logra por shock de gasto y sin una estrategia consistente para sostener actividad, inversión y consumo, el resultado es un círculo vicioso: más ajuste - más recesión - menos recaudación - necesidad de más ajuste.La política fiscal queda atrapada en la lógica de “cerrar la caja” mientras la base imponible se erosiona. El gráfico es, justamente, la visualización de esa erosión.

Lo que muestra el gráfico: de la expansión real al terreno negativo persistenteLos números son elocuentes. En los primeros meses de 2025, la recaudación nacional aparece con variaciones reales positivas: +5,8% en enero, +11,8% en febrero, +5,7% en marzo, +7,2% en abril. Luego llega un quiebre: mayo marca -17,4% real.Después se observa un rebote breve (+2,8% en junio; +4,5% en julio) y, a partir de allí, se instala un patrón preocupante: agosto -2,2%; septiembre -8,7%; octubre -3,7%; noviembre -8,8%; diciembre -3,5%; enero 2026 -7,4%.

¿Qué significa esto, en términos simples y técnicos a la vez?“En términos reales” implica que la recaudación se está mirando descontando inflación. No alcanza con que los pesos recaudados suban nominalmente: si suben menos que los precios, caen en poder de compra, que es lo que importa para pagar sueldos, comprar insumos, financiar hospitales o sostener servicios.La recaudación es, además, un termómetro de actividad. Con matices, los impuestos más relevantes se mueven con el nivel de consumo, producción, importaciones, empleo formal y rentabilidad. Si la economía se enfría, el Estado lo siente en la caja.Y aquí aparece la primera conclusión: no estamos ante un “bache” aislado, sino ante una trayectoria que, desde agosto, muestra caídas reales repetidas y profundas, con dos meses —septiembre y noviembre— cerca de -9%.

Del equilibrio contable al problema de base imponible: la microeconomía como condición fiscalUno de los errores más frecuentes del debate público es suponer que el equilibrio fiscal es solo una cuestión de voluntad o de “austeridad”. Desde finanzas públicas, el equilibrio no es una consigna: es una identidad.Si se recorta gasto a un ritmo superior a la caída de ingresos, el resultado mejora. Pero eso no responde la pregunta clave: ¿qué pasa con los ingresos cuando el recorte afecta la actividad?El gasto público no es solo “un costo”. También es demanda, es ingreso de hogares, es compras a proveedores, es obra, es transferencias.En una economía con restricciones estructurales como la nuestra (crédito caro, inversión frágil, alta informalidad, capacidad ociosa), un ajuste de shock puede acelerar la recesión y golpear el consumo. Y el consumo —nos guste o no— es una de las bases imponibles más rápidas y sensibles: cuando cae, se resienten tributos asociados a transacciones, ventas, servicios, combustibles, comercio exterior, actividad formal.

Esto explica por qué insistimos el año pasado: el equilibrio fiscal sin plan productivo termina devorando su propia recaudación. Porque la sostenibilidad fiscal no es solo “gastar menos”: es recaudar de manera estable, lo cual exige una economía que al menos no se achique en términos reales.En otras palabras: se puede “cerrar” el resultado por un tiempo con tijera, pero no se puede sostener indefinidamente una caja pública sobre una sociedad que pierde empleo, salario real y consumo.El punto ciego del discurso nacional: cuando cae Nación, se desploman provincias y municipiosAcá aparece el corazón federal del problema. La recaudación nacional no es solo “plata de Nación”. En un país con fuerte desequilibrio vertical, la Nación concentra tributos potentes y luego distribuye una parte vía coparticipación y transferencias.Por eso, cuando se enfría la recaudación real, no cae una sola caja: cae un sistema de financiamiento intergubernamental.En provincias como Entre Ríos, la dependencia es estructural: la coparticipación y transferencias automáticas suelen representar más del 80% de los ingresos corrientes provinciales.Este dato, más allá de la cifra exacta en cada año, describe un hecho financiero esencial: el presupuesto provincial está atado al pulso de la recaudación nacional. Y los municipios, a su vez, quedan atados al pulso provincial y a su propia recaudación local, que también depende de la actividad.

Entonces, cuando el gráfico muestra caídas reales persistentes de la recaudación nacional, lo que está mostrando —en cadena— es: 1) menor masa de recursos a distribuir (cuando cae la masa coparticipable real) o mayor presión sobre transferencias no automáticas; 2) presupuestos provinciales más frágiles, con gasto rígido (salud, educación, seguridad, salarios); y 3) Municipios asfixiados, porque sus fuentes propias suelen ser estrechas y políticamente sensibles, y porque la demanda de servicios sociales crece justo cuando los recursos reales caen.Dicho sin eufemismos: la recaudación nacional en caída real es una fábrica de problemas fiscales subnacionales.

Conclusión: el gráfico no anuncia un problema contable, anuncia un límite de modeloLa enseñanza del gráfico es clara: cuando el equilibrio fiscal se sostiene solo por la tijera, la recaudación tarde o temprano pasa factura. Y cuando pasa factura, el ajuste se vuelve adictivo: hace falta más recorte para compensar menos ingresos, y ese recorte vuelve a dañar la actividad que alimenta la recaudación.Por eso lo dijimos el año pasado: el equilibrio fiscal es condición necesaria, pero no suficiente. Sin crecimiento económico no hay equilibrio sostenible. No es una consigna partidaria: es una restricción presupuestaria intertemporal aplicada a un país real. Y el país real es federal. Cuando cae la recaudación nacional en términos reales, no cae solo “la Nación”: caen también Entre Ríos, sus municipios y cada comunidad que depende de esos recursos para sostener servicios esenciales.La discusión que viene, entonces, no debería ser “cuánto más ajustar”, sino cómo sostener el orden fiscal sin destruir la base económica que lo financia. Porque el equilibrio fiscal, para ser virtud, tiene que ser duradero. Y para ser duradero, necesita aquello que ningún recorte puede reemplazar: una economía que vuelva a crecer. 

En términos de finanzas públicas (y de economía cotidiana), el diagnóstico es claro: Argentina se encareció en dólares para consumir y se encareció en pesos para habitar. No es una frase efectista. Es la fotografía que surge cuando se ponen en diálogo dos datos simples: el precio local de un bien masivo medido en dólares y el peso creciente de la vivienda sobre el salario.

Lo que emerge de esa comparación es incómodo: nos parecemos a un país rico en precios, pero seguimos siendo un país latinoamericano en ingresos. Y esa brecha no es neutra: se traduce en caída de bienestar, frustración, endeudamiento doméstico y un retroceso social silencioso.

Argentina “cara en dólares”: el Big Mac como termómetro del costo de vidaUn ranking internacional difundido en redes ubica a Argentina como el segundo país del mundo con el Big Mac más caro en dólares, a US$ 7,37, apenas por debajo de Suiza (US$ 7,99). En la lista aparecen también economías como Uruguay, Noruega, Italia, Estados Unidos, Reino Unido, Suecia y Dinamarca.

El dato puede parecer anecdótico, pero funciona como un termómetro brutal del costo de vida: si un producto masivo, simple y estandarizado cuesta como en países desarrollados, entonces no estamos frente a un “problema de nicho”, sino frente a un fenómeno general: los precios internos están altos en comparación internacional.

Dicho en criollo: Argentina se volvió un país caro medido en dólares para el consumo cotidiano.Y cuando los precios se “europeizan” pero los salarios no, el efecto no tarda en aparecer: la clase media queda atrapada en un estándar de costos que no puede sostener.

El verdadero derrumbe no está en el promedio: está en el hogarEl segundo dato es todavía más revelador porque mide la angustia real: cuánto del salario se va en vivir.Un gráfico sobre el “Impacto del costo de vivienda en los salarios” entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 muestra una dinámica clave: Salarios registrados: suben a 347 (base 100) y la Inflación general (IPC): sube a 341.Es decir: en promedio, el salario registrado acompaña la inflación general. No la “gana”, pero tampoco queda destruido por el IPC. Sin embargo, el problema —como suele ocurrir en economía real— no está en el promedio. Está en los rubros que determinan el bienestar.Porque, en el mismo período: los alquileres: subieron un 556 y los servicios (luz/gas) un 633.

No es una corrección leve. Es un salto de precios relativos. Mientras el ingreso corre al ritmo del índice general, el costo de sostener el hogar corre casi al doble.Y el dato final es el que explica por qué “no alcanza” aun cuando algunos números macro parezcan ordenarse:La vivienda (alquiler + servicios) pasó de representar 39,9% del salario a 58,6%.En menos de dos años, la clase media pasó de destinar cuatro de cada diez pesos a sostener el hogar, a destinar casi seis de cada diez. Lo que queda para el resto —alimentos, salud, transporte, educación, vestimenta, recreación— empieza a pelear por migajas.

La pinza: consumo caro + vivienda impagableAquí aparece la relación entre ambos datos. El Big Mac caro sugiere un país con precios elevados incluso en bienes masivos.

El costo de vivienda confirma que el gasto fijo más importante del presupuesto familiar se disparó.

Es una pinza perfecta sobre la clase media: precios cotidianos altos, gasto fijo desbordado, y poco margen para absorber shocks.

Cuando la vivienda se lleva cerca del 60% del salario, el resto de la economía doméstica se reorganiza de manera automática: cae el consumo no esencial, desaparece el ahorro, la tarjeta se convierte en “puente” permanente, crecen las cuotas para gastos básicos, se ajusta en salud, educación y movilidad, se posterga mantenimiento de la vivienda y del auto, se vende el “colchón” (ahorros, dólares, activos).La clase media deja de planificar. Empieza a resistir.

Finanzas públicas: cuando el ajuste de los hogares reemplaza al EstadoEsta dinámica tiene una lectura inevitable desde las finanzas públicas. Cuando se encarecen fuerte los componentes esenciales del bienestar (vivienda y servicios), los hogares hacen lo que haría un Estado en crisis: recomponen su presupuesto recortando gasto discrecional, agotando reservas y financiándose con deuda.

Es decir: la clase media vive una suerte de “programa de estabilización” doméstico. Y eso erosiona su rol histórico: el de ser columna vertebral de la economía formal, contribuyente neto, sostén del consumo y base de estabilidad social.

En términos políticos, es una fábrica de malestar. Porque el “orden macro” puede mostrar números consistentes, pero la legitimidad económica no se gana en una planilla: se gana cuando la gente llega a fin de mes.

La nueva pobreza silenciosaEl fenómeno más grave es que no se presenta necesariamente como indigencia, ni siempre aparece de inmediato en las estadísticas. Es una pobreza distinta: pobreza silenciosa por retroceso social.

Es la clase media que: sigue trabajando, sigue pagando impuestos, sigue en blanco, pero ya no sostiene su estándar de vida, pierde previsibilidad, pierde movilidad, y vive bajo la lógica del ajuste permanente.

No es solo menos consumo. Es pérdida de estatus económico y social.

Conclusión: un país inviable para su clase mediaLos dos datos, combinados, muestran una verdad incómoda: Argentina se volvió “Suiza en precios” para el consumo cotidiano y “América Latina en ingresos” para los salarios.

Esa brecha es el núcleo del problema. Y si no se corrige, no hay relato que aguante.

Porque la clase media fue históricamente el estabilizador social: la que ahorra, invierte, estudia, trabaja, paga y empuja.Pero cuando el hogar se vuelve impagable y los precios cotidianos se dolarizan a niveles europeos, esa clase media deja de ser motor y pasa a ser víctima.

Argentina puede ordenar números. Pero si no vuelve viable la vida cotidiana, el ajuste no será una solución: será apenas una forma elegante de empobrecer sin estallar.

El orden económico y financiero internacional atraviesa una etapa de transformación profunda, marcada por una creciente inestabilidad política, el debilitamiento de las normas multilaterales y una fragmentación progresiva de los flujos comerciales y financieros. Lejos de tratarse de un episodio coyuntural, el escenario actual sugiere una transición sistémica cuyos efectos se extienden al corazón del sistema monetario global: el rol del dólar estadounidense como principal moneda de reserva y de intercambio internacional.Pero la advertencia central no es que el dólar vaya a colapsar mañana. El dato verdaderamente relevante —más silencioso y más estructural— es otro: el mundo empezó a dejar de confiar en el dólar de manera automática. Y cuando una moneda deja de ser refugio por inercia y pasa a ser refugio bajo evaluación, algo profundo cambia en su naturaleza financiera. El dólar puede seguir siendo dominante, pero ya no es incuestionable.En términos económicos, eso implica una consecuencia directa: su función de reserva de valor comienza a erosionarse, gradualmente, por pérdida de confianza sistémica.En este contexto, el retorno de Donald Trump al centro de la escena política internacional ha funcionado como un catalizador de tensiones preexistentes. Su estrategia de confrontación directa —basada en aranceles generalizados, sanciones unilaterales y un abierto cuestionamiento al multilateralismo— ha incrementado de manera significativa la volatilidad global.A diferencia de crisis anteriores, la incertidumbre actual no proviene únicamente de desequilibrios macroeconómicos, sino de la imprevisibilidad política como variable dominante del sistema.Las decisiones unilaterales en materia comercial y financiera han erosionado uno de los principales activos del orden internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial: la previsibilidad normativa. La ruptura o relativización del derecho internacional económico, el debilitamiento de organismos multilaterales y el uso del sistema financiero como herramienta de presión geopolítica han generado un entorno en el que los Estados y los mercados operan crecientemente a la defensiva. En este marco, la confianza —elemento central para el funcionamiento del sistema financiero global— comienza a resentirse.Y aquí aparece el punto medular: una moneda es reserva de valor cuando no depende de una fe diaria del mercado, sino de un entramado institucional estable. La reserva de valor no se impone solo por tamaño económico o potencia militar: se sostiene con reglas, previsibilidad y certeza jurídica.Durante décadas, el dólar fue precisamente eso: no solo un medio de intercambio dominante, sino una promesa implícita de estabilidad. Pero cuando el orden global se vuelve impredecible, esa promesa deja de ser automática. Y sin confianza automática, la reserva de valor se vuelve condicional.El dólar estadounidense continúa siendo, en términos objetivos, la principal moneda de reserva, de facturación comercial y de denominación financiera a nivel mundial.La profundidad del mercado de bonos del Tesoro, la liquidez del sistema financiero estadounidense y la capacidad de intervención de la Reserva Federal no tienen, por el momento, un equivalente funcional. Sin embargo, el debate ya no se centra en la fortaleza presente del dólar, sino en su sostenibilidad a largo plazo en un mundo crecientemente fragmentado.Desde una perspectiva académica, la hipótesis de un colapso abrupto del dólar resulta poco plausible en el corto y mediano plazo. No obstante, gana terreno la idea de un declive relativo y gradual, caracterizado por una pérdida progresiva de centralidad, mayor volatilidad en su cotización y una diversificación de los mecanismos de pago y reserva a nivel internacional. En otras palabras, más que un derrumbe, el sistema parece encaminarse hacia una transformación lenta pero estructural. Y esa transición tiene un contenido financiero concreto: el dólar deja de ser “la reserva por defecto” y pasa a ser “una reserva más”, dentro de una canasta de coberturas.Un actor clave en este proceso es China, segunda economía mundial y protagonista central de la arquitectura financiera global. Durante años, Pekín fue uno de los principales tenedores de deuda pública estadounidense, llegando a acumular más de 1,3 billones de dólares en bonos del Tesoro. Sin embargo, en la última década —y con mayor claridad en los últimos años— China ha reducido de manera sostenida su exposición a estos activos, situando sus tenencias en torno a los 750–800 mil millones de dólares.Esta reducción no ha sido abrupta ni desordenada, sino gradual y estratégica. Responde a una lógica de largo plazo orientada a disminuir la dependencia del sistema financiero estadounidense y a reducir la vulnerabilidad frente al uso político del dólar. Paralelamente, China ha incrementado de forma significativa sus reservas de oro, consolidándose como uno de los principales acumuladores del metal a nivel mundial. El oro, a diferencia de los bonos soberanos, no depende de un emisor, no está sujeto a sanciones y conserva históricamente su función como reserva de valor en contextos de alta incertidumbre sistémica.Este comportamiento no implica un abandono del dólar, sino una reconfiguración del portafolio de reservas acorde a un escenario internacional percibido como menos estable y menos confiable desde el punto de vista institucional. De manera similar, otros países han comenzado a diversificar sus reservas, fortalecer acuerdos bilaterales en monedas locales y explorar sistemas de pago alternativos. El mensaje subyacente es claro: cuando la moneda dominante deja de ser neutral y previsible, deja de ser el único refugio.Es decir, en paralelo, emergen iniciativas que, aunque aún fragmentarias, reflejan un cambio de época: el uso creciente de monedas locales en el comercio bilateral, la expansión regional del yuan, el desarrollo de monedas digitales de bancos centrales y una renovada centralidad de activos físicos como el oro. Ninguna de estas alternativas posee, por sí sola, la capacidad de reemplazar al dólar como moneda hegemónica. El escenario más probable es el de un sistema monetario internacional más multipolar, con múltiples centros de poder y sin una moneda claramente dominante.En definitiva, el mundo no se dirige hacia un colapso inmediato del dólar ni hacia el fin repentino del sistema financiero internacional, pero sí hacia una transición estructural marcada por mayor volatilidad, menor coordinación y un debilitamiento de las reglas comunes. Se ve con claridad lo que venimos diciendo: el problema no es el fin del dólar, sino el fin del dólar como refugio automático. La respuesta global está siendo la diversificación: más oro, más monedas regionales y mecanismos alternativos. En ese marco, sorprende que Argentina, en lugar de fortalecer activos duros, haya optado por sacar el oro del país y sostener un esquema donde, en los hechos, todo vuelve a descansar en el dólar, como si el mundo no estuviera cambiando.Y si bajamos al plano local, el diagnóstico se vuelve todavía más incómodo: la Caja Municipal de Préstamos —con participación municipal del 50%— resolvió el año pasado desarmar por completo sus reservas en oro. El resultado fue previsible: se perdieron millones por haber vendido antes de la suba y, peor aún, se renunció a un activo que cumple una función clave en cualquier institución financiera: respaldo, cobertura y reserva de valor.O sea, no solo liquidó un activo que luego se revalorizó con fuerza, sino que además dejó a la Caja sin un resguardo patrimonial hacia adelante, debilitando su capacidad de cobertura futura en un contexto donde el mundo, justamente, está haciendo lo contrario: diversificando y fortaleciendo reservas.

En síntesis, mientras el mundo redefine el mapa monetario con más diversificación y más coberturas, Argentina —y también algunas decisiones locales— parecen moverse en sentido inverso: desarmar reservas y apostar todo a una sola ancla, justo cuando esa ancla dejó de ser garantía.

Y ahí está el punto final, el que conviene mirar sin eufemismos: el problema ya no es si el dólar seguirá siendo “la” moneda del mundo, sino cuánto tiempo más podrá sostener su rol de reserva de valor sin el combustible que lo hizo hegemónico: la confianza automática.

Cuando esa confianza se rompe, el mundo se cubre: diversifica, compra oro, reduce dependencia, arma circuitos alternativos. No por ideología, sino por cálculo racional.Por eso: ojo con el dólar. No porque vaya a desaparecer, sino porque dejó de ser garantía. 

La economía argentina volvió a recibir esta semana una señal que no admite eufemismos: el dinero sigue siendo caro. En la primera licitación del Tesoro de 2026, el Estado logró renovar casi la totalidad de sus vencimientos, pero pagando tasas que rozaron el 50% anual en instrumentos de corto plazo.El dato no es menor: implica que, aun con disciplina fiscal y un discurso oficial enfocado en “orden macro”, el mercado sigue exigiendo una prima elevada para prestarle a Argentina, incluso a plazos breves. El resultado oficial de la licitación lo confirma con precisión: en la reapertura de una letra capitalizable con vencimiento en febrero, la tasa efectiva anual convalidada fue 49,16%. Ese número no queda encerrado en una planilla del Ministerio de Economía. Funciona como “tasa madre” del sistema. Si el Tesoro —que es el demandante dominante de fondos en pesos— paga ese rendimiento para refinanciarse, el sistema financiero replica el costo hacia abajo: los bancos se fondean más caro, el crédito al sector privado se encarece, los plazos se acortan y el financiamiento productivo pasa a ser un lujo. En la Argentina real, la tasa no es un indicador técnico: es una frontera concreta entre producir o achicarse, invertir o sobrevivir, competir o resignarse.Para las pymes, el impacto es inmediato. Una empresa que trabaja con márgenes ajustados necesita crédito para capital de trabajo: comprar insumos, financiar inventarios, cubrir logística, pagar salarios entre la compra y el cobro, descontar cheques, sostener exportaciones hasta el ingreso de divisas. Cuando el costo financiero se dispara, la pyme queda atrapada en una “pinza”: por un lado, los costos operativos y tributarios; por el otro, una tasa que actúa como impuesto adicional al capital. El crédito deja de ser herramienta y se vuelve castigo.

Para las familias ocurre algo similar, aunque con otro lenguaje: tasa de tarjeta, préstamo personal, crédito prendario, refinanciación, mora, sobreendeudamiento. Con dinero caro, el consumo durable cae, la renovación de bienes se posterga, la vivienda se vuelve inaccesible y el salario real queda más expuesto a shocks. Y hay un efecto silencioso, pero decisivo: cuando el crédito formal se restringe, crece el financiamiento informal (más caro y más riesgoso), con consecuencias sociales que luego terminan absorbiéndose en el sistema de asistencia pública, en la litigiosidad y en la conflictividad cotidiana.

El problema no es solo que la tasa sea alta. Es que la tasa alta convive con una estructura financiera todavía frágil y poco profunda. Según el propio Banco Central, a fines de 2025 el crédito al sector privado (incluyendo préstamos en dólares) alcanzó 11,6% del PIB.

Es un número bajo para cualquier economía que aspire a crecer sostenidamente con inversión privada. En países vecinos, el crédito funciona como transmisión de productividad: financia tecnología, moderniza procesos, permite exportar más, multiplica escala. En Argentina, el crédito aparece como un fenómeno episódico, corto, defensivo, y altamente sensible al riesgo soberano.Aquí aparece el núcleo del problema: el Estado y el sector privado compiten por el mismo ahorro disponible. Cuando el Tesoro necesita refinanciar vencimientos grandes y lo hace ofreciendo tasas elevadas, produce un efecto clásico de crowding out: desplaza al sector productivo del mercado de fondos prestables. Y como el ahorro en moneda local es escaso —por razones históricas y presentes—, la puja se resuelve siempre de la misma forma: sube el precio del dinero.

En este punto, la comparación internacional no busca humillar a la Argentina, sino dimensionar la desventaja competitiva. En Estados Unidos, la tasa de referencia se ubica en un rango cercano a 3,50%–3,75%.  En Chile, la tasa de política monetaria cerró 2025 en 4,5%. En México, el banco central la redujo a 7% en diciembre y discute ajustes graduales.  En Brasil, aun con una de las tasas más elevadas de la región, la Selic se encuentra en 15%.

Argentina, en cambio, opera con instrumentos cortos del Tesoro con tasas cercanas a 50% anual, que terminan filtrándose al resto del sistema. Esa brecha no es un detalle: es un diferencial de costo de capital que define quién puede invertir, innovar y exportar, y quién queda condenado a administrar urgencias.

El Gobierno suele responder que la tasa alta es el costo inevitable de estabilizar: que hay que “pagar por la credibilidad”, sostener la demanda de pesos y evitar tensiones cambiarias.

En términos macroeconómicos, el argumento tiene lógica: con inflación todavía elevada, el mercado exige un premio para quedarse en moneda local; además, con restricciones en el balance del Banco Central, la política monetaria tiende a ser contractiva. El problema es que la estabilización, si no reconstruye el mercado de crédito, se vuelve un programa sin motor. Ordena, pero no tracciona.

Cuando el riesgo argentino se mantiene elevado, el mercado interpreta que cualquier flujo futuro está bajo amenaza: cambios regulatorios, controles, restricciones a pagos, eventuales reestructuraciones, conflictos judiciales. Y eso se traduce en spreads. En síntesis: Argentina paga caro porque el mundo todavía percibe que el contrato financiero argentino es frágil.La consecuencia competitiva es brutal. Una pyme argentina que exporta o compite con importados enfrenta costos dolarizados en insumos, tecnología, energía y logística, pero debe financiarse con una tasa que no existe en sus competidores. A igual productividad, pierde. A igual calidad, queda más cara. A igual precio, reduce margen y capitaliza menos.

La macro puede celebrar el equilibrio fiscal o la desaceleración inflacionaria, pero la micro vive otra película: empresas que no pueden financiar un ciclo de producción, que cortan turnos, que bajan stock, que se achican por prevención y no por falta de demanda.

Y esto no afecta solo al sector privado: también daña las finanzas públicas. Cuando el crédito se encarece y la actividad se frena, la recaudación se debilita. Se reduce el IVA, cae el impuesto a las ganancias, se resiente la seguridad social, se desploman ingresos provinciales y municipales atados al consumo y a la actividad.

En finanzas públicas, esto tiene un nombre: inconsistencia intertemporal. Podes ajustar hoy, pero si destruís el crédito y la inversión, comprometés la base tributaria del mañana.

Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque el Gobierno —y parte del debate público— tiende a confundir dos planos. Cree que estabilizar precios equivale automáticamente a reconstruir crédito. Pero el crédito no nace de la inflación baja únicamente. El crédito nace de tres pilares: confianza contractual, profundidad financiera y reglas de juego estables. Argentina arrastra décadas de reestructuraciones, cambios de moneda, controles, defaults selectivos, alteraciones regulatorias y shocks políticos. El mercado no presta a largo plazo porque no puede proyectar a largo plazo. Y si presta, lo hace caro.

Además, el programa económico parece subestimar que una economía puede ordenar nominalidad, podes bajar la inflación, pero si el riesgo país permanece alto, el crédito en dólares seguirá siendo caro; y si el Tesoro necesita seguir refinanciando a tasas elevadas, el crédito en pesos seguirá caro también. El sistema queda atrapado entre dos techos: el riesgo país y el rollover permanente.

El dilema, en definitiva, es político y económico a la vez. La sociedad está dispuesta a tolerar un esfuerzo de estabilización cuando percibe un horizonte de mejora. Pero si ese esfuerzo se convierte en una trampa donde el crédito no aparece, la inversión no despega y la competencia se pierde, la estabilización se vuelve socialmente inviable.

Y si esto no se revierte, el riesgo es claro y tiene nombre: desindustrialización silenciosa. No porque “cierren fábricas” de un día para otro, sino porque el tejido pyme se achica lentamente: menos reposición, menos tecnología, menos capital humano, menos exportación, menos escala. Las familias ajustan consumo y se endeudan peor. El Estado recauda menos y enfrenta más demandas. La economía se vuelve más chica, más rígida y más desigual.El costo del dinero no es un tema de banqueros: es un tema de competencia, empleo y desarrollo. Y mientras Argentina siga pagando tasas que no existen en el mundo para financiar lo básico, las pymes y las familias seguirán corriendo una carrera internacional con una mochila de plomo. Sin crédito accesible, no hay capitalismo posible; y sin inversión sostenida, no hay estabilidad durable. 

Si tuviera que resumir el año en una sola frase, diría esto: la macroeconomía puede ordenar números, pero si no ordena expectativas, instituciones y vida cotidiana, el ajuste se vuelve frágil.

El hilo conductor fue siempre el mismo: mirar la economía con lentes de finanzas públicas. No para “hacer contabilidad”, sino para entender el poder real del Estado —nación, provincias y municipios— para sostener reglas, financiar derechos, invertir con inteligencia y, a la vez, no asfixiar al contribuyente que produce y trabaja.

En ese recorrido, una de las discusiones que reapareció varias veces fue el choque entre estabilidad y calle. En notas como “La Paradoja Milei: estabilidad macroeconómica, crisis en la calle” y también en textos sobre el “Modelo Milei” o “Argentina en recesión: ¿ajuste necesario o error histórico?”, intenté ponerle nombre a un fenómeno que suele quedar oculto: se puede mostrar orden en ciertas variables, pero si el tejido social y productivo se rompe, el costo no es solo humano; también es fiscal, político y, finalmente, macroeconómico. La idea fuerza fue clara: no hay programa económico sostenible si la economía real no empieza a mejorar de manera verificable, porque la legitimidad social es un insumo del equilibrio fiscal tanto como lo son la recaudación o el gasto.

Por eso, otra pieza central del año fue la recaudación y su relación con la actividad. En la columna “La recaudación que cae y la actividad que no arranca” tomé la recaudación como termómetro: cuando el ingreso público cae en términos reales, no estamos ante un dato técnico aislado, sino ante el retrato de una economía que no rebota y de un Estado que, por más que ajuste, se enfrenta a la “manta corta” de siempre. Allí la conclusión fue incómoda, pero necesaria: sin crecimiento y sin bases imponibles sanas, el orden fiscal se vuelve un equilibrio inestable, más cercano a una tregua que a una consolidación.

En paralelo, la discusión de fondo fue institucional: cómo se gobierna un ajuste, cómo se diseña un presupuesto, cómo se construye credibilidad. En “Presupuesto 2026: equilibrio fiscal, vulnerabilidad política y la prueba del realismo” el foco estuvo en que el presupuesto no es un trámite; es el contrato fiscal y político que le dice a la sociedad qué se prioriza, qué se posterga y con qué supuestos se está jugando. Un presupuesto creíble reduce discrecionalidad y baja incertidumbre; uno irrealista alimenta desconfianza. Y esa desconfianza se paga con tasa de interés, con riesgo país, con falta de inversión, y, al final, con más ajuste.

Ese mismo eje político-institucional lo abordé desde otro ángulo en “El gobierno de Milei: el Teorema de Baglini y la teoría del ‘pato rengo’” y en la nota sobre el país “modelo” que vota en contra de su propio “éxito”. Allí el mensaje fue directo: cuando el discurso de éxito no coincide con la vida cotidiana, aparece el voto castigo; y cuando las promesas son maximalistas pero la gobernabilidad es limitada, la realidad impone límites. La conclusión, sin vueltas, fue que la política condiciona a la economía: sin construcción legislativa, sin acuerdos mínimos y sin reglas claras, las reformas se vuelven frágiles, aunque sean técnicamente defendibles.

Otra línea fuerte del año fue el debate sobre informalidad, control estatal y moral tributaria, un tema que vuelve cada vez que se pretende “normalizar” la economía apelando a mecanismos extraordinarios. En “Remonetización o impunidad: el riesgo de premiar la informalidad” y, ya hacia fin de año, en “Ley de Inocencia Fiscal: ¿alivio para el contribuyente o premio para el evasor?”, busqué separar el eslogan del problema real: es atendible revisar regímenes informativos masivos que se volvieron caros e ineficientes, pero es peligroso construir la idea de que el que incumple siempre termina ganando. La idea fuerza fue que el Estado no necesita mirar a todos todo el tiempo; necesita mirar mejor, con inteligencia, proporcionalidad y foco en quienes realmente operan por fuera del sistema. Y la conclusión fue que, si la desburocratización no se integra en una estrategia macro-institucional consistente, puede deteriorar la confianza, alimentar la informalidad y, en el mediano plazo, debilitar el propio financiamiento del Estado.

El año también tuvo capítulos dedicados a reformas estructurales: tributarias, laborales y previsionales. En la nota “Hacia un rediseño integral del sistema previsional argentino: equidad, sostenibilidad y racionalidad fiscal” el punto fue que el sistema previsional se transformó en uno de los nudos más pesados y delicados de la Argentina. No hay sostenibilidad fiscal sin una discusión previsional seria, pero tampoco hay justicia social sin un sistema que sea equitativo y comprensible. Allí la conclusión buscó correr la discusión del prejuicio: ordenar previsión no es una bandera ideológica; es una necesidad estructural, y cuanto más se patea, más se paga en crisis recurrentes y litigiosidad.

En el plano productivo, varias columnas giraron alrededor de una pregunta central: ¿cómo crecer de verdad en un mundo que cambió? En “Apertura comercial sin estrategia: ¿exportar más para producir menos?” y en textos sobre la industria y las estructuras productivas desequilibradas, la idea fuerza fue que abrirse no es malo en sí mismo, pero abrirse sin competitividad sistémica puede destruir tejido local. No se trata de “cerrar” o “abrir” como dogma, sino de construir capacidades: logística, crédito, infraestructura, tecnología y reglas estables. El corolario fue que Argentina no puede volver a equivocarse: si la apertura llega antes que la productividad, el resultado es desindustrialización; si la productividad llega con una estrategia, el resultado puede ser exportación y empleo formal.

A ese debate se sumó el capítulo de inversión. En “Inversión extranjera en espera: claves para entender la caída de la IED” el mensaje fue simple: las inversiones no llegan por deseo, llegan por previsibilidad. Y esa previsibilidad es macro, pero también micro e institucional: reglas de juego, justicia, estabilidad tributaria razonable, capacidad estatal y un horizonte de demanda.Pero 2025 no se explicó solo con Nación y mundo. Una parte clave de la agenda —y una de las más sensibles para el elector— fue la relación Nación–provincias–municipios. En “El desfinanciamiento de las provincias como pilar del superávit nacional” y en “Nación y provincias: ¿el conflicto que se viene?” el eje fue el federalismo fiscal real: cuando la Nación logra orden a costa de recortar o trasladar cargas hacia provincias y municipios, se genera una tensión que tarde o temprano vuelve en forma de conflicto político, caída de inversión local o deterioro de servicios. La idea fuerza fue que sin coordinación fiscal, el país entra en una pelea por recursos. Y la conclusión: el orden nacional puede ser frágil si el interior se vuelve inviable.

En esa misma clave trabajé específicamente Entre Ríos en “El nuevo endeudamiento de Entre Ríos: un problema de ingresos más que de deuda”. Allí la idea fuerza fue diferenciar deuda como herramienta versus deuda como síntoma: muchas veces el problema central no es el stock de deuda, sino la caída de ingresos, la rigidez del gasto y la falta de un plan plurianual serio. La conclusión fue que el endeudamiento puede ser razonable si financia inversión y si existe estrategia de repago; pero se vuelve una carga cuando se usa para tapar agujeros sin corregir la estructura.

Y si hay un nivel del Estado donde los debates se vuelven tangibles, es el municipal. Por eso, varias notas se apoyaron en un mensaje insistente: los municipios no pueden quedar como espectadores. En “El rol protagónico de los gobiernos municipales en los próximos años” sostuve que lo local ya no es administración de rutina; es desarrollo, datos, digitalización, ordenamiento, planificación y cercanía con el ciudadano. En esa línea, también abordé uno de los golpes más directos a la caja municipal: el debate sobre la tasa de alumbrado y su financiamiento. En las columnas “Tasa de alumbrado: el golpe a las finanzas locales que nadie quiso ver” y “Tasa de Alumbrado Público: procrastinar no ayuda”, el mensaje fue que los cambios regulatorios y judiciales pueden desfinanciar a los municipios en muy poco tiempo, y que negar el problema es la peor estrategia. La conclusión fue que se necesita reacción técnica y política: diversificar recursos, modernizar la administración tributaria y diseñar instrumentos más transparentes y defendibles.Una parte del año estuvo dedicada a pensar el largo plazo: capital humano, demografía, juventud, tercera edad y el impacto tecnológico. En “Juventud y Tercera Edad: un equilibrio necesario para el desarrollo argentino” trabajé el desafío intergeneracional: sin empleo joven y sin protección razonable para mayores, el contrato social se rompe y la sostenibilidad fiscal también. En esa misma línea, en notas sobre educación y el caso chino, sostuve que el debate sobre ciencia, educación e innovación no es ornamental: es el corazón del desarrollo. La idea fuerza fue que los países que hoy lideran invirtieron durante décadas en cerebros, y la conclusión fue una advertencia: recortar capacidades en nombre del corto plazo es “ahorrar” futuro.Por eso cerré el año con una reflexión que, de algún modo, resume todo: en “La trampa del ingreso medio: el error de recortar donde se crece” y también en la columna sobre la Ley de Inocencia Fiscal, la preocupación de fondo fue la misma: Argentina corre el riesgo de discutir solo el día a día —la coyuntura, la urgencia, la pelea— y descuidar lo esencial: instituciones, productividad, capital humano, federalismo y un Estado capaz. Ajustar sin plan de desarrollo es un equilibrio contable; no es un proyecto.Si algo quise dejarle al lector a lo largo de 2025 es una convicción: la economía no se arregla con slogans ni con milagros; se arregla con reglas, coordinación y trabajo sostenido. Y, sobre todo, con una política que tenga la madurez de pensar más allá del próximo titular.Para terminar, quiero agradecer especialmente a Diario El Heraldo por el espacio y por la posibilidad de analizar y opinar durante todo 2025 con total libertad, como especialista en finanzas públicas. En tiempos donde la discusión pública muchas veces se simplifica o se polariza, contar con un ámbito para argumentar, proponer y debatir con seriedad es, también, un servicio a la democracia y a la ciudadanía. 

Esta estrategia suele presentarse como sinónimo de racionalidad, eficiencia y modernización del Estado. Sin embargo, desde el punto de vista económico, constituye un error de diagnóstico.

No se trata solo de una discusión distributiva o social. Se trata de un error conceptual profundo. El ajuste se concentra precisamente en el componente del gasto que está sometido a una presión estructural de costos que no puede corregirse por decreto: el trabajo humano en los servicios públicos. Para comprender por qué esta estrategia no solo es ineficiente sino contraproducente, es necesario introducir un concepto central de la economía del sector público: la llamada Enfermedad de Baumol.

La Enfermedad de Baumol: una teoría sobre costos, no sobre despilfarro

La Enfermedad de Baumol —o “enfermedad de costos de Baumol”— fue formulada por el economista William J. Baumol en la década de 1960 para explicar por qué ciertas actividades de servicios se encarecen persistentemente en términos reales aun en ausencia de ineficiencia. Su argumento parte de una observación simple: no todos los sectores de la economía pueden aumentar su productividad al mismo ritmo.Baumol distingue entre dos grandes sectores. Por un lado, los sectores “progresivos”, caracterizados por aumentos sostenidos de productividad gracias al cambio tecnológico y la acumulación de capital, como la industria, el agro moderno o la tecnología. Por otro lado, los sectores “estancados”, intensivos en trabajo humano y con escaso margen para incrementos de productividad física, como la educación, la salud, la justicia, la seguridad y la administración pública en general.

Un docente no puede duplicar la cantidad de alumnos por clase sin afectar la calidad educativa; un médico no puede triplicar la cantidad de pacientes atendidos por hora sin reducir el tiempo de consulta; un inspector no puede controlar cientos de establecimientos por día sin volver ficticio el control. La productividad, entendida como cantidad de servicios por trabajador, está tecnológicamente limitada.Sin embargo, los salarios de estos trabajadores deben crecer en línea con el resto de la economía para evitar su expulsión hacia sectores más dinámicos. El resultado es que el costo por unidad de servicio aumenta estructuralmente. Este aumento no es producto de la ineficiencia ni del despilfarro, sino de la propia naturaleza tecnológica de los servicios.

Qué muestra realmente la teoría

La Enfermedad de Baumol permite comprender tres cuestiones fundamentales.En primer lugar, que el crecimiento del gasto en servicios públicos no es necesariamente un signo de mala gestión. En segundo lugar, que los recortes lineales de gasto en estos sectores no corrigen la causa del problema. Y en tercer lugar, que el ajuste vía salarios y empleo tiene costos reales sobre la calidad, la capacidad y la legitimidad del Estado.Dicho de otro modo: el problema del gasto público no es solamente cuánto se gasta, sino por qué ese gasto tiende a crecer y qué funciones cumple.

El error del ajuste en el empleo público

Cuando un gobierno enfrenta restricciones fiscales, suele actuar sobre lo que puede controlar rápidamente: salarios y empleo. Desde el punto de vista contable, el gasto en personal es una variable fácilmente ajustable. Desde el punto de vista económico, es la peor variable sobre la cual operar.

Reducir empleo público en sectores intensivos en trabajo no reduce proporcionalmente la demanda de servicios. La población sigue necesitando atención médica, educación, seguridad, justicia, control y asistencia social. Lo único que cambia es que el mismo volumen de necesidades debe ser atendido por menos personal, con menor salario real y menores incentivos.Esto genera una cadena de efectos bien conocida: sobrecarga laboral, pérdida de calidad, fuga de trabajadores calificados, aumento del ausentismo y la rotación, mayor informalidad en la provisión de servicios y creciente conflictividad. El ajuste no genera eficiencia; genera precarización.

Ajuste sin reforma: una falsa solución

La única forma estructuralmente consistente de enfrentar la Enfermedad de Baumol no es ajustar, sino reformar. Reformar implica invertir en tecnología que permita liberar tiempo humano, digitalizar trámites, simplificar normas, reorganizar funciones y evitar superposiciones. Implica también proteger y profesionalizar el capital humano crítico del Estado.

Sin embargo, esto es precisamente lo que hoy no está ocurriendo en el orden nacional, provincial y municipal: se ajusta sin reformar, se recorta sin modernizar y se licúan salarios sin mejorar la eficiencia del Estado. El esfuerzo se concentra casi exclusivamente en la contención del gasto de corto plazo, mientras se posterga —o directamente se abandona— la agenda de transformación organizacional que permitiría una mejora genuina y sostenible.Nada de esto se logra con despidos ni con licuación salarial. Por el contrario, estas políticas destruyen justamente el capital humano que se necesita para llevar adelante cualquier proceso serio de modernización estatal y terminan dejando un Estado más barato, pero también más débil, menos profesional y menos capaz.En provincias y municipios argentinos el problema es aún más agudo. Allí se concentran los servicios más intensivos en trabajo humano y, al mismo tiempo, las mayores restricciones fiscales. Cuando el ajuste baja a este nivel, el efecto no es macroeconómico: es microeconómico y social. No se ve en el déficit, se ve en el hospital sin insumos, en el aula saturada, en la calle sin mantenimiento, en el trámite que demora meses.

Conclusión

Si los distintos gobiernos continúan aplicando el ajuste exclusivamente a través del despido de empleados públicos o de la licuación sistemática de los salarios reales, el resultado no será un Estado más eficiente, sino un deterioro progresivo y acumulativo de la calidad de los servicios públicos.No se trata de una hipótesis ideológica ni de una advertencia retórica: es la consecuencia económica directa de operar sobre sectores intensivos en trabajo humano, donde la productividad no puede comprimirse por decreto.

Cada ronda de ajuste que se apoya en reducir personal o ingresos reales no elimina el problema estructural de costos; lo traslada. Se traslada al trabajador, que pierde incentivos y capacidad profesional; al usuario, que recibe un servicio más lento, más precario y más desigual; y al propio Estado, que pierde capital humano, memoria institucional y capacidad de gestión.

El efecto no es instantáneo, sino gradual: no se ve el primer mes, pero se vuelve evidente al cabo de algunos años, cuando los sistemas colapsan silenciosamente.

Lo más grave es que este proceso suele ser políticamente legitimado mediante un relato simplificador: que el Estado está lleno de “ñoquis”, que sobra gente, que el problema es el exceso de empleo público y que por lo tanto despedir y licuar salarios es “hacer lo que hay que hacer”. Ese relato cumple una función clave: convencer a la sociedad de que el desmantelamiento del Estado es una forma de modernización, cuando en realidad es su debilitamiento.

La Enfermedad de Baumol muestra exactamente lo contrario: que en los servicios públicos el trabajo no es el problema, sino el insumo central; que no sobra gente donde la demanda social crece; y que el ajuste mal diseñado no genera eficiencia, sino precariedad institucional.

Persistir en esta estrategia no conduce a un Estado más chico y mejor, sino a un Estado más chico y peor. Y eso no es un éxito fiscal: es, en realidad, un proceso silencioso pero sostenido de debilitamiento institucional, que degrada la capacidad del Estado para cumplir sus funciones esenciales y erosiona —paso a paso— la calidad del contrato social.